Author: Enrique Díez

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Educar para la solidaridad, la cooperación y la justicia social: ética post-coronavirus

Enrique Díez
Por: Enrique Díez

“Solo juntos lo conseguiremos”. “Este virus lo paramos unidos”. “Es el momento de ayudarnos unos a otros”… Todos y todas hemos oído este tipo de mensajes, que se han repetido, desde el inicio de la crisis del coronavirus. ¿Aprenderemos la lección una vez que pase la crisis?

En la escuela, “educar para cooperar” es un principio básico, que se ha venido planteando y proponiendo desde infantil hasta la Universidad (hasta que llegó la LOMCE, con su “competencia estrella” del emprendimiento neoliberal).

Pero ¿y el resto de la sociedad? ¿Educa para cooperar? Puesto que “para educar se necesita a toda la tribu”, como ahora todo el mundo recuerda.

Lo cierto es que el mensaje que han recibido constantemente nuestros niños, niñas y jóvenes, ha sido, hasta ahora, el de la competencia individualista del modelo neoliberal. Un mantra ideológico, eje esencial del capitalismo. Un mantra constante y persistente que se repite en los medios de comunicación, se ensalza en el deporte, se induce en el trabajo, se insiste en la economía…

Sorprende este dogma tan extendido y difundido por la agenda mediática, política y económica, cuando los seres humanos preferimos cooperar a competir en nuestra vida diaria, especialmente cuando buscamos el bien común. Esto es lo que ha demostrado el estudio antropológico de la universidad de Oxford que ha encabezado titulares en todo el mundo por la universalidad de sus hallazgos (i).

Sorprende cuando incluso desde la biología, la prestigiosa académica Lynn Margullis, una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica, muestra que todos los organismos mayores que las bacterias son, de manera intrínseca, comunidades. Cómo la tendencia es hacia el mutualismo y cómo “la vida no conquistó el planeta mediante combates, sino gracias a la cooperación” (ii). Cómo nuestra evolución no ha sido una competición continuada y sanguinaria entre individuos y especies. Sino que la vida conquistó el planeta no mediante combates, sino gracias a la cooperación. De hecho, los nuevos datos están descubriendo una naturaleza que cuestiona radicalmente la vieja biología: “de cooperación frente a competencia, de comunidades frente a individuos”, como concluye Sandin (iii). La tendencia fundamental en la dinámica de la vida, de toda clase de vida, por lo tanto, es la simbiosis mutualista, la cooperación universal (iv).

Estas investigaciones confirman lo que ha planteado uno de los grandes pensadores de la economía colaborativa: Kropotkin. Frente al darwinismo social, el anarquista ruso Kropotkin, demostraba que el apoyo mutuo, la cooperación, los mecanismos de solidaridad, el cuidado del otro y el compartir recursos son el fundamento de la evolución como especie del ser humano.

Esta realidad, que se nos vuelve obvia en momentos de crisis como ésta, contrasta con los principios y propuestas que rigen el núcleo y finalidad esencial del capitalismo neoliberal: el individualismo competitivo.

Apoyar al grupo, apoyarnos en la comunidad, contrasta con ese dogma de “libertad individual” al margen del bien común. La solidaridad, el no dejar a nadie atrás, choca con la competitividad que predica el neoliberalismo económico. El relato del “hombre” hecho a sí mismo, competitivo e individualista, que no le debe nada a nadie y que busca conseguir su “idea de éxito” para enriquecerse y olvidarse de las dificultades, suyas y de los demás. Mito difundido por el populismo empresarial norteamericano y que la ideología neoliberal y neoconservadora ha traducido en la escuela a través del mantra del emprendedor. Ideología que mantiene como dogma de fe esencial que la competencia por la riqueza y el poder es el único motor que mueve al ser humano.

Estamos comprendiendo, porque lo estamos comprobando y constatando con esta crisis, que esta ideología neoliberal, que reivindica regularnos mediante “la mano invisible del mercado” es una postverdad (v), una fábula, una invención que no tiene fundamento real. Que cuando vienen mal dadas, cuando nos jugamos lo vital y esencial de las sociedades, necesitamos el amparo del grupo, de la comunidad, de la solidaridad colectiva para superar las crisis.

Es entonces cuando nos lamentamos, tardíamente, de los recortes de miles de millones que se han hecho en la sanidad pública o en la educación pública. Nos arrepentimos de no haber invertido en suficientes residencias públicas de mayores (las privadas tienen como finalidad obtener beneficios). Nos damos cuenta del error que es no tener ya una banca pública que sostenga la economía y la inversión pública para generar nuevos empleos que sustituyan a los que los “temerosos mercados” van a destruir.

La ideología neoliberal siempre ha sido muy clara: aplicarse a sí mismos el capitalismo de “libre mercado” (subvencionado siempre) cuando obtienen beneficios, para repartírselos entre los accionistas. Pero reclamar el socialismo y la intervención del Estado para que se les rescate cuando tienen pérdidas (hemos rescatado a la banca con más de 60.000 millones de euros, a Florentino Pérez con el Castor, a las autopistas…). Es lo que hacen también ahora, con esta crisis. Aunque a algunos les sigue sorprendiendo todavía que estos “creyentes” exijan más medidas de rescate y de intervención del Estado, renegando de su fanático credo en el “libre mercado” y su “mano invisible”.

A ver si aprendemos por fin. Y superamos el dogma neoliberal y el sistema económico capitalista y avanzamos hacia un sistema económico e ideológico basado en el bien común, la cooperación, la justicia social, la equidad y la solidaridad.

Esperemos que la salida de esta crisis sea “una oportunidad” para ello. Que el “solo juntos lo conseguiremos” no se olvide tras ella. Y que, después del coronavirus, haya un auténtico Pacto de Estado, consensuado por todos, que blinde y destine cantidades escandalosas de nuestros presupuestos a la Sanidad Pública, a la Educación Pública, a los Servicios Sociales Públicos, a las Pensiones Públicas… Que aprendamos de una vez por todas que el capitalismo y la ideología neoliberal que lo sostiene es tóxico para la especie y el planeta. Y que, sin ayuda mutua, sin cooperación, sin solidaridad y justicia social estamos abocados a la extinción como especie y como planeta.

REFERENCIAS

i Scott Curry, O., Mullins, D. A., & Whitehouse, H. (2019). Is it good to cooperate? Current Anthropology, 60(1), 47-69.

ii Margulis, L. et al. (2002). Una revolución en la evolución. Valencia: Universitat de Valéncia.

iii Sandin, M. (2010). Pensando la evolución, pensando la vida. La biología más allá del darwinismo. Cauac: Nativa.

iv Puche, P. (2019). Hacia una nueva antropología, en un contexto de simbiosis generalizado en el mundo de la vida. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 147, 15-34.

v Vivero Pol, J.L. (2019). La España vacía está llena de bienes comunes. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 147, 85-97.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/20/educar-para-la-solidaridad-la-cooperacion-y-la-justicia-social-etica-post-coronavirus/

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La venta de la educación pública con los modelos híbridos de gestión público-privada

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

El esfuerzo de los movimientos sociales, desde la plataforma Aturem la Llei Aragonés ha conseguido parar una legislación que quería externalizar hasta 250 servicios públicos gestionados por la administración.

La movilización social ha conseguido tumbar la “Ley Aragonés”. Toda la oposición en bloque ha rechazado el proyecto de privatización y liberalización de los servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, la denominada Ley Aragonés, por su promotor el vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, de ERC.

Un centenar de entidades y movimientos sociales y ciudadanos se habían unido en el rechazo frontal a esta normativa, que abría las puertas a la aún mayor privatización y mercantilización de los servicios públicos. La Federación de Madres y Padres (Fapac) ha sido una de las más activas, dentro de la plataforma Aturem la Llei Aragonés, denunciando que los servicios susceptibles de ser externalizados aumentaban a más de 250 (desde los comedores escolares hasta las tutorías, pasando por la educación infantil), muchos de los cuales hasta ahora están gestionados públicamente, en una Comunidad que tiene una política activa y constante de privatización o “externalización” de lo público (recordemos la Ley de Educación de Catalunya).

ERC vendía la ley asegurando que así «pararía los pies» a las grandes empresas del IBEX 35 y que «blindaba las entidades del tercer sector, ONG, cooperativas y empresas de economía social». Pero lo cierto es que, como han denunciado reiteradamente los movimientos sociales, esto no era más que un lavado de cara que encubría las masivas privatizaciones que no tienen ningún sentido desde el punto de vista del interés público.

La gestión de los servicios públicos debe ser pública. Debemos blindar los servicios que ya son de gestión directa y que retornen a la gestión directa lo que han sido externalizados. Porque solo la gestión pública directa garantiza que no interviene la finalidad de obtención de ningún beneficio económico, asegurando que el único objetivo es la prestación de un servicio de calidad.

Toda gestión privatizada o externalizada de los servicios a las personas no solo encarece la prestación, sino que deteriora el servicio porque se destinan recursos de forma directa al beneficio de los accionistas de la empresa o de forma indirecta a los sueldos y gestiones de quienes las dirigen, en vez de dedicarlos a la mejora del servicio. Además el Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado duramente la participación privada en servicios públicos, dado que provoca “insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes”.

A lo cual se suma que las condiciones de los profesionales titulados que prestan el servicio, que es el elemento crucial e imprescindible de todos los servicios a las personas, se deterioran porque sobre ellos recaen las medidas de recortes, presión por rendimiento y resultados cuantificados, recargo e intensificación del trabajo y de las jornadas laborales, contratos precarios y sin cualificación para reducir costes, salarios reducidos y mal pagados muchas veces, lo cual implica un deterioro de las condiciones en las que pueden prestar su labor, que las acaban sufriendo también quienes reciben la prestación del servicio.

La “ley Aragonés”, impulsada por el grupo republicano que gobierna Cataluña junto con el grupo conservador JxCat, pretendía privatizar (utilizando los términos “externalizar” o “liberalizar”, eufemismos habituales del lenguaje neoliberal) servicios como la educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza (expresión con una ambigüedad intencionada, que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo), en los que incluían los servicios de acogida, las actividades extraescolares y el tiempo de mediodía. Y así hasta más de 250 servicios públicos.

Lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay que privatizar los servicios públicos. A qué se debe este afán por privatizar y mercantilizar lo público, lo común, lo de todos y todas. Y como en toda novela o película negra, preguntarnos “a quién beneficia el crimen”. E inmediatamente nos saltarán todas las alarmas: la educación mueve 6,5 billones de dólares anuales en todo el mundo (6,1 billones de euros), y se espera un fuerte crecimiento en los próximos años. Su privatización es un suculento negocio al que el mercado no están dispuesto a renunciar.

Este nuevo mercado no se asalta inmediatamente, sino mediante un proceso sutil y progresivo que va “externalizando” pequeñas partes del “pastel” (transporte, libros escolares, catering, evaluaciones estandarizadas, etc.), pero también a través de toda una narrativa, un “relato” de la bondad de los propósitos e intenciones, porque necesita seducir y convencer para ir avanzando, poco a poco. Este nuevo relato lo denominan la “colaboración público-privada”.

Estos modelos de “colaboración público-privada”, como la Ley Aragonés, nos quieren vender la hibridación y la gobernanza compartida, que Bill Gates denomina “capitalismo creativo” y que este multimillonario define como “enfoque donde los gobiernos, las empresas y las ONGs trabajan conjuntamente para ensanchar el alcance de las fuerzas del mercado”.

Pretenden “amazonizar” buena parte del actual sistema educativo, mediante la expansión de esa privatización educativa, amparados por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Unesco, defensores de estas nuevas alianzas híbridas de gobernanza. Bancos y fondos buitres crean fundaciones y entidades del denominado “tercer sector” que se disfrazan como actores de la nueva economía social. Se impulsa el filantropocapitalismo educativo de grandes multinacionales que diseñan reformas educativas globales y publicitan premios al mejor “profesor emprendedor estrella”, olvidando que la educación es una construcción colectiva… Todo un entramado, un “enjambre-red” de relaciones de poder, difusas y complejas, que están definiendo las medidas que se plasman en normas, como esta Ley Aragonés.

El problema es que esta “teología neoliberal” es inquebrantable, en contra de todas las evidencias. Está asentada en una fe fanática y talibán que considera indiscutibles e intocables sus intereses y privilegios. Por lo que, mucho me temo, que volverán a intentarlo. Una y otra vez. Porque el negocio es demasiado jugoso para renunciar a él. Así que tendremos que estar atentos y atentas, si queremos defender el derecho de todos y todas a una educación pública para todos y todas.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/02/17/la-venta-de-la-educacion-publica-con-los-modelos-hibridos-de-gestion-publico-privada/

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La «Ley Aragonés»: radicalizar las políticas educativas neoliberales en Cataluña

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

La Ley de Contratos de Servicios a la Personas catalana prevé la entrada de la gestión privada en algunos servicios educativos comoa educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza y supone la continuación de un proceso privatizador comenzado con la LEC.

Conocí en Granada, donde participaba, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad, en un curso sobre neoliberalismo educativo, la denominada Ley Aragonés. No sabía nada al respecto, porque, al parecer, ha nacido y crecido en la sombra, en silencio y casi con nocturnidad y alevosía y sin que los medios de comunicación se hagan prácticamente eco de lo que supone. Pues bien, supe de ella, a través de otra ponente del curso, Belén Tascón, de Asociaciones Federadas de Familias de Alumnado de Cataluña (antigua FaPaC), que defienden una educación pública, de calidad, catalana, laica, equitativa, inclusiva, gratuita, democrática, coeducativa, ambientalmente sostenible y feminista.

Ella también participaba en el curso y explicó cómo esta Ley pretende “blindar la provisión de servicios desde el mercado. Es decir, la externalización de servicios públicos que ahora se prestan bajo la forma de gestión pública directa y, aquellos que ahora no son públicos, someterlos al régimen de contratación, creando así nuevos nichos de mercado y una demanda cautiva”. Servicios como la educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza (expresión con una ambigüedad intencionada, que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo). Donde se incluyen los servicios de acogida, las actividades extraescolares y el tiempo de mediodía que, como dice la FaPaC, pagan las propias familias y que ahora tendrán que seguir pagando a las empresas adjudicatarias, escogidas por la Administración Pública.

Esta “arma de destrucción masiva”, como la califica Javier Larrauri, llamada Ley de Contratos de Servicios a la Personas (LCSP) está impulsada por ERC (ahora Grupo Republicano, eliminado su primer término “Esquerra”-Izquierda- de su nombre) y el vice president y conseller d’Economia, Pere Aragonés, y es apoyada por casi todos los grupos, excepto la CUP y En Comú Podem.

Todas las críticas hacia la norma, hasta ahora, han sido contestadas alegando que quienes la cuestionan es porque “no se han leído la ley”. Dado que, según sus promotores, es una “Ley Anti-Florentino” que incorpora cláusulas sociales. Como si las empresas de Florentino Pérez fueran las únicas peligrosas a la hora de convertir en negocio los servicios públicos, como dice Larrauri, o como si no establecieran que cláusulas sociales, que son muy subjetivas, pueden ser no incluidas (pues no son obligatorias) o no cumplidas (pues no hay mecanismos de exigencia de las mismas). Pero el problema es que nada varían del fondo del asunto: que con esta Ley se privatiza y precariza la educación y los servicios.

Esta ley no es nada nuevo en el panorama catalán: continúa el proceso privatizador que se implantó en Cataluña, con la ya de por sí radicalmente neoliberal Ley de Educación de Catalunya (LEC). La LCSP lo que hace es profundizar, blindar, radicalizar y extender aún más todavía el carácter neoliberal a todos los servicios públicos. Esconde realmente un verdadero plan a gran escala de privatización de los servicios públicos que conlleva precariedad laboral y priorización del beneficio económico por encima de la atención y prestación del servicio.

Lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay que privatizar los servicios públicos. A qué se debe este afán del grupo republicano, el partido socialista catalán y los grupos políticos de la derecha de Cataluña por privatizar y mercantilizar lo público, lo común, lo de todos y todas.

El modelo neoliberal parte de una premisa falsa y un dogma de fe recurrente: que, frente al servicio público, las empresas privadas ofrecen “buena calidad” y “bajos costes”. A pesar de que todas las evidencias y pruebas en las últimas décadas señalan justamente en sentido totalmente contrario. Así lo ha denunciado recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo que ha criticado duramente la participación privada en infraestructuras y servicios públicos dado que provoca “insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes”. Pero no tenemos más que echar un vistazo a la hemeroteca de la corrupción y el “pelotazo” en la prensa y los medios de comunicación, para apreciarlo por simple sentido común.

Cualquier servicio público educativo que acaba en manos privadas incluye el beneficio económico, beneficio que no opera cuando el servicio lo presta directamente la Administración Pública. Lo cual encarece el servicio y aparecen los copagos. También afecta a la calidad, porque mercantilizar un servicio público lo somete a la exigencia de “reducción de costes” por la ley de la competencia del mercado. Las grandes empresas tratan de convertirlo en “competitivo” recortando costes, mediante subcontrataciones a sub-empresas presionando más por abaratar (como Zara cuando externaliza su producción a las maquilas brasileñas), mediante la precarización de las condiciones y calidad de la prestación, con recortes de plantilla y despidos, con bajadas de salarios y contrataciones a tiempo parcial, es decir, con agudización de la ultra-precariedad, en detrimento de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los y de las trabajadoras y profesionales que los desempeñan.

Pero además, en educación, como explica Pedro Mercadé, es susceptible, como vemos en tantos conciertos educativos, a la discriminación en la contratación laboral por razón de origen, sexo, género, ideológico, sindical, etc. Y tampoco queda exento, igualmente, de prestarse con intenciones adoctrinadoras de tipo religioso, ideológico u otros. No hay más que constatar la profunda y constante intromisión de muchas fundaciones supuestamente «sin ánimo de lucro» de tipo religioso o de entidades bancarias y financieras en el mundo educativo (Geo Saura, 2016).

Pero la “teología neoliberal” es inquebrantable, en contra de todas las evidencias. Está asentada en una fe fanática y talibán que considera indiscutible e intocable. Y, a pesar de que proclamen que es una Ley Anti-Florentino, lo cierto es que, como hemos visto en la larga lista de episodios de corrupción en las últimas décadas por todo el territorio del Estado, lo que parece esconder en muchos casos son intereses muy ligados a los consejos de administración de las empresas afines a los mandatarios que predican esta nueva fe. Gestores públicos que han entrado en la política para legislar en pro de sus afines y patrocinadores, que luego les premian, mediante “puertas giratorias” con puestos en sus consejos de administración o acciones de sus empresas.

Aunque utilizan como excusa una directiva comunitaria, la 24/2014, esta “directiva” solo insta a que los gobiernos den un marco jurídico a la prestación de estos servicios directos a la ciudadanía, pero en ningún momento obliga a privatizarlos. De hecho, estipula taxativamente que «ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que deseen prestar por ellos mismos…» y es una decisión política que corresponde a cada administración decidir si gestiona por sí misma o privatiza y subcontrata los servicios. Tampoco es cierto que estén obligados por “el Estado español”, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, porque esta normativa estatal simplemente transpone la Directiva europea y, por tanto, deja que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, elijan cómo prestar estos servicios.

Como explica Toni Barbará, este es un proyecto de Esquerra Republicana que está privatizando más de lo que había hecho en su momento la derecha, con el eufemismo ahora de la “colaboración público-privada”, que no es más que otro término, en neolenguaje neoliberal, de hablar de privatización y mercantilización de lo público, de lo común, de los bienes colectivos, al servicio de los beneficios y el negocio de unos pocos.

Por eso debemos apoyar, desde las mareas verdes y las mareas por la educación pública, desde los sindicatos de educación y las plataformas en defensa de la educación pública, desde los movimientos de renovación pedagógica y los colectivos educativos progresistas, que conforman “Redes por una nueva política educativa”, a los movimientos sociales catalanes, a la Plataforma “Aturem la Llei Aragonès” y a los partidos que están luchando contra la privatización de servicios públicos y este anteproyecto de ley y exigir una ley que garantice la gestión pública y directa de todos los servicios públicos con garantías y control social.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/01/09/la-ley-aragones-radicalizar-las-politicas-educativas-neoliberales-en-cataluna/

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PISA: evaluación neoliberal en educación

Enrique Díez

Por:Enrique Díez

El impacto que ha adquirido el informe PISA, una prueba de evaluación estandarizada realizada por la OCDE, tiene que ver con el giro económico neoliberal que se está produciendo en la concepción de la educación a nivel mundial.

Como denuncian intelectuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), PISA es un inmenso dispositivo de control que aspira a imponer una perspectiva educativa neoliberal, que nos aleja del reconocimiento de la educación como un derecho y nos aproxima a su interpretación como una inversión pensada de acuerdo con las exigencias del mercado: “competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y abrir las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico” (LOMCE, preámbulo).

Proporcionar mano de obra adaptada a las exigencias de la producción moderna, se ha convertido, con mucho, en la tarea primordial y la más importante de las funciones atribuidas a la enseñanza, en este “giro neoliberal”. El papel público de la educación como lugar de aprendizaje para la democracia y para la ciudadanía democrática se ha pasado a considerar como un despilfarro de la inversión pública y una pérdida de tiempo. Como si los seres humanos se pensaran y definieran únicamente como trabajadores y trabajadoras de la maquinaria laboral.

De esta forma se está produciendo una auténtica mutación en la naturaleza y fines de la educación. La problemática de la inserción laboral prevalece sobre la aspiración a la integración social y política de los futuros ciudadanos y ciudadanas y se ha convertido en la principal línea directriz de las reformas y las políticas educativas y evaluadoras inspiradas por la OCDE.

La OCDE es un organismo internacional creado para “maximizar el crecimiento económico” de los países que lo integran. Es a esta institución, con una clara orientación economicista, a la que nuestros representantes políticos han decidido encomendar ser el árbitro global de las políticas públicas de educación y determinar lo que los estudiantes deben saber y las escuelas enseñar.

El informe PISA, emanado de la OCDE, está exclusivamente centrado en cambiar las escuelas para “mejorar la competitividad económica”, olvidando que hay muchos otros aspectos de la educación: el desarrollo artístico, la reflexión crítica, la educación emocional, la participación cívica, la convivencia, etc. Estos aspectos, menos susceptibles o imposibles de ser medidos, no se tienen en cuenta, reduciendo de esta forma la visión colectiva en torno a lo que es o debería ser la educación.

En este sentido, expertas latinoamericanas se preguntan si lo que mide PISA es la creatividad o la adaptación al modelo neoliberal de nuestros jóvenes: «se pretende presentar la estandarización bajo los ropajes de la objetividad cuando lo cierto es que en el fondo encubre la pretensión de hegemonizar, a través de su medición, los valores de una determinada sociedad”.

“El protagonismo de las pruebas PISA en los últimos años ha tenido un tremendo efecto reduccionista y simplificador sobre el debate educativo. Primero, en lo que casi todo el mundo coincide, al reducir la complejidad del aprendizaje y la educación a unos pocos indicadores cuantitativos; segundo, al concentrar todo el foco sobre el desempeño en las tres disciplinas clásicas que mide (vía competencias, sí, pero disciplinas al fin y al cabo) en detrimento de otras materias; tercero, al reducir la escolarización a la enseñanza y el aprendizaje académicos, ignorando la función de cuidado que igualmente compete a la institución escolar” (Fernández Enguita, 2018, p. 150).

Lo cierto es que cada vez más expertos, como el catedrático de sociología de la educación Julio Carabaña, demuestran sólidamente que este programa de evaluación estandarizada carece de valor para ayudar a mejorar la enseñanza en las aulas y el funcionamiento de las escuelas. Pues las pruebas de este examen miden capacidades muy generales que dependen de la experiencia acumulada en toda la vida del alumnado, desde su nacimiento. Por lo que, como incluso reconoce PISA en sus propios textos “si un país puntúa más que otro no se puede inferir que sus escuelas sean más efectivas, pues el aprendizaje comienza antes de la escuela y tiene lugar en una diversidad de contextos institucionales y extraescolares”.

De ahí, que cuestione la inadmisible pretensión de este organismo económico para “llevar las políticas educativas en una dirección determinada”. No sólo porque las capacidades que mide PISA dependen poco o nada de las escuelas, sino porque ni siquiera dependen de los cambios pedagógicos y políticos que PISA propone. Por eso cada vez más expertos consideran que PISA no solo es un fracaso, sino un fraude, pues no sirve para cumplir su objetivo principal, que es ayudar a la mejora de las escuelas y los sistemas educativos.

Uno de los análisis más pormenorizados de la metodología de evaluación de PISA, recogido en el libro PISA according to PISA, confirma que los rankings “están basados en tantos puntos débiles que deben ser abandonados de inmediato”, y advierte que los análisis sobre cómo deben ser las buenas escuelas o las diferencias entre los distintos sistemas educativos, “van mucho más allá de lo que permite una aproximación cauta a estos datos. Son en su mayoría pura especulación”.

De hecho, PISA no realiza un seguimiento longitudinal de la evolución de los estudiantes (de dónde se partía cuando se inició el proceso educativo o que transformaciones se han logrado), compara lo que no es comparable (no es lo mismo un centro urbano que uno en un área rural o marginal; no es lo mismo educar a jóvenes en situación de riesgo que a estudiantes procedentes de las élites culturales de un país) y solo mide lo que puede ser medido (nada dice acerca de la imaginación o la creatividad de los estudiantes, su capacidad para hacer buenas preguntas, su inventiva, su capacidad crítica y de transformación justa del mundo). Además de su concepción homogeneizadora, sin tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de cada país y región, o los sesgos socioculturales de los ítems de las pruebas. Como si solo existiera un mundo, una única cultura y una única forma de insertarse en el mundo, según este modelo.

Un problema crucial que conlleva también es que está cambiando las prioridades del profesorado, que se ve obligado a centrarse en buscar la forma de obtener resultados, dedicando el tiempo a preparar lo que le piden en las pruebas. El buen docente comienza a ser el que genera buenos resultados conforme PISA. Esto aumenta aún más el ya alto nivel de estrés en las escuelas, con una presión constante por el rendimiento. Lo cual supone que este “régimen PISA” supone un riesgo real de transformar el deseo de aprender en afán de aprobar y tiene el peligro de transformar al alumnado con dificultades en un estorbo para mantenerse en el ranking y la atención a la diversidad en un problema para centrarse en la obtención de resultados.

Debemos reconsiderar este tipo de pruebas estandarizadas. No es admisible creer que unas puntuaciones de las pruebas de PISA muestran la calidad de los sistemas educativos, la capacidad del profesorado, el desarrollo de los estudiantes, y la mejora de la sociedad. Debemos replantear la evaluación como un proceso integral orientado a producir información, contextualizada social y culturalmente, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se están llevando a cabo otro tipo de evaluaciones bastante mejor enfocadas como, por poner un solo ejemplo, las pruebas UNESCO.

Como dice Pablo Gentili, deberíamos salir de PISA, porque “PISA simplifica lo que es complejo. PISA jerarquiza lo que no tiene un orden. PISA compara lo incomparable. PISA silencia lo que la realidad amplifica. PISA distrae lo que merece atención. PISA consagra lo que es banal y trivializa lo que debería ser fundamental”. Y esto sólo exige voluntad política para hacerlo.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/12/12/pisa-evaluacion-neoliberal-en-educacion/

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La “libertad de elegir” ser explotado: la “ubersidad“ que nos viene

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

Me pregunto si no estamos educando a nuestro alumnado universitario para que no solo asuma, sino que incluso defienda su propia “esclavitud”.

Hoy he participado en una concentración en la Universidad pública de León contra la explotación laboral de estudiantes como mano de obra, ya ni siquiera barata, sino gratuita. Es la nueva semiesclavitud del capitalismo uberizado que se instala, incluso, en las universidades públicas como consecuencia de los recortes en su financiación y su gestión como si fueran empresas, avanzando hacia el modelo de “ubersidad” precarizada.

Era una concentración convocada por el Frente de Estudiantes de la Universidad de León. Han sido los propios estudiantes críticos quienes se han movilizado contra estas nuevas formas de precarización y explotación sin límites que, a través de “fundaciones” (la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa) y otras formas de ingeniería de gestión empresarial, invaden nuestra educación superior, con el beneplácito de los equipos rectorales, cuando no su complicidad. Parece que la ideología neoliberal se ha asentado en la mentalidad y la gestión de quienes dirigen universidades públicas.

El sindicato estudiantil denuncia que el alumnado de la Universidad de León está realizando «trabajo gratuito disfrazado de formación y experiencia«, para suplir la «falta de personal» en el Hospital Universitario de la Universidad de León. Este Hospital Veterinario de nuestra Universidad pública, ya ha sufrido varias privatizaciones. Pero nunca se había llegado a esto.

El pasado mes ofertaba 30 plazas a estudiantes de los últimos cursos, ante «la falta de personal». Y, como denuncia el Frente de Estudiantes, en vez de «crear empleo de calidad contratando a nuevos profesionales, se ha optado por cubrir esos puestos con la mano de obra gratuita de los y las estudiantes de Veterinaria» disfrazándolo como “actividades extracurriculares”.

Los sindicatos de la Universidad, tanto Comisiones Obreras como UGT, les hemos apoyado en esta reivindicación de no convertir a los estudiantes en mano de obra barata, en este caso gratuita. Porque ambos sindicatos llevan ya mucho tiempo luchando por una regulación que garantice el carácter formativo de las prácticas, que se perciba una retribución por el trabajo que se realiza. Porque todo trabajo tiene que tener un salario.

Desde CCOO se es consciente de que se están cubriendo puestos de trabajo gratis. De hecho, la jurisprudencia así lo está reconociendo, pues se están ganado sentencias de jóvenes en prácticas sin ningún tipo de garantía laboral o remuneración. Porque, frente al argumento de algunos, de que esto se hace en todas partes, es necesario recordar que “el hecho de que un abuso se realice de forma general, no significa que no sea un abuso”.

Por eso se exige la racionalización de la normativa, la vinculación en todos los casos de las prácticas no laborales a la formación, el desarrollo de un estatuto de la persona en prácticas que regule iguales derechos, así como la promoción de los contratos laborales para facilitar la experiencia en el caso de personas ya tituladas.

Pero lo que más me ha sorprendido esta mañana ha sido la reacción de algunos de los 28 alumnos y alumnas que obtuvieron una de estas plazas (solo se presentaron 31 estudiantes de toda la Facultad a las 30 plazas). Me acerqué a hablar y conocer su opinión, pues estaban situados en frente de quienes participábamos en la concentración y denunciábamos esta explotación. Me contestaron que, tras haberse reunido con la dirección del Hospital y la Facultad de Veterinaria, lo tenían claro, afirmando que “todos nosotros hemos solicitado participar en este programa de prácticas extracurriculares de forma voluntaria, sin percibirlo en forma alguna como una explotación”. Así lo han publicado en un comunicado que sale difundido en algunos medios, junto a las declaraciones de la dirección. Alegando que “así se hace en el resto de Facultades de Veterinaria de España” y que son “actividades totalmente voluntarias”.

Esta reacción me ha escandalizado por la defensa que los propios explotados hacen de su explotación. Me ha llevado a preguntarme si no estamos educando a nuestro alumnado universitario para que no solo asuma, sino que incluso defienda su propia “esclavitud”. En este modelo neoliberal de mercado ultracompetitivo en el que nos obligan a vivir, donde cualquier posibilidad, aunque sea a costa de la propia explotación, puede ser considerada una ventaja en el currículum de competencias y prácticas que se tiene que acumular, para destacar frente al resto, en la carrera por un futuro trabajo, se llega al extremo de defender con uñas y dientes la supuesta “libertad de elegir” ser incluso “mano de obra gratuita” para conseguir una certificación de tener unas “prácticas”.

De hecho, estos estudiantes con quienes hablé me recriminaban que quienes nos manifestábamos en contra, “estábamos conculcando su derecho a ‘elegir libre y voluntariamente’ ser explotados”. Recurrían a la máxima esencial, al núcleo básico y fundamental de la ideología neoliberal: el libre consentimiento (Díez Gutiérrez, 2018). Como plantea el filósofo coreano Byung-Chul Han (2014), la eficiencia de este sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume ampliamente la lógica del mismo, que se adhiere “libremente” a lo que se le induce a creer. Lo que el capitalismo se dio cuenta en la era neoliberal, argumenta Han, es que no necesitaba ser duro, sino seductor. La explotación ya no se tiene que imponer, nos la autoimponemos y la defendemos. Al menos, afirma, en la distopía 1984 de Orwell nadie se sentía libre, pero en 2020 todos nos sentimos libres: ese es el problema.

Las sociedades tardomodernas ya no pueden describirse en términos de sociedades disciplinarias en las que se impone la obediencia. En las actuales sociedades del rendimiento, regidas por la ideología neoliberal, analiza Han (2012), se están abandonando esas formas de dominio externo en beneficio de otras más sutiles, pero no menos férreas, que trasladan la coacción al interior de las personas. Buena parte de las técnicas de poder y control del régimen neoliberal ya no vienen de fuera, ahora se interiorizan, se instalan en la propia “libertad” individual.
Hace tiempo que Gramsci (1981) comprendió que el poder dominante no se ejerce solo por medio de la fuerza física, sino también por medio de la psicología social, buscando que la gente dé su consentimiento a la dominación. Estamos ante la revolución de una “nueva moral neoliberal” que está produciendo mutaciones subjetivas de masas.

Ya no se trata de ejercer el poder mediante la coacción sobre los cuerpos, los pensamientos y los comportamientos, sino que debe acompañarse del deseo individual. Se trata de que cada persona se involucre y participe activamente en la “explotación de sí mismo”. La explotación por otros, queda interiorizada: “la explotación de sí mismo hasta la extenuación es más eficiente que la ajena porque va unida a la idea de libertad”, dice Han.

DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2018). Neoliberalismo Educativo. Educando al nuevo sujeto neoliberal. Barcelona: Octaedro.

GRAMSCI, A. (1981). Cuadernos de la cárcel (vol. 2). México: Era.

HAN, B. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

HAN, B. (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/11/20/la-libertad-de-elegir-ser-explotado-la-ubersidad-que-nos-viene/

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Pacto educativo por una escuela pública, laica e inclusiva

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

Seamos claros. Necesitamos un giro de 180 grados en la política educativa de este país, si queremos una educación para el bien común.

Un cambio de rumbo radical en tres aspectos clave: supresión de conciertos educativos, laicidad en la escuela y blindaje de la financiación de la educación pública por encima del 6% del PIB. A esto se pueden añadir muchos aspectos de mejora pedagógica, metodologías más innovadoras, estabilización de las plantillas del profesorado, formación inicial y permanente mejor y más práctica, medidas efectivas de inclusión educativa y social, de coeducación y feminismo en las aulas y los centros, de ecología y educación para el decrecimiento, potenciar una FP más diversa y dotada, desarrollar el valor de la escuela rural y de la educación de personas adultas, y muchas más propuestas e iniciativas que tenemos en mente y puedan ayudar a construir y asentar una educación más justa, solidaria y mejor en el siglo XXI.

Pero sin las tres primeras, de nada o prácticamente de muy poco servirán. Porque estos tres elementos son la “clave de bóveda” de un sistema público, laico e inclusivo. De poco valen las medidas para remozar o renovar un sistema, si venden, privatizan, deterioran y destruyen el sistema. Porque es a través de estos tres “agujeros negros” por donde se desangra a raudales el actual sistema educativo público. Agujeros negros que se evita abordar de una forma decidida y clara en las propuestas electorales y en las reformas educativas, heredando modelos obsoletos sin cuestionarlos. Agujeros negros que marcan el eje fundamental de una disyuntiva básica: una educación pensada al servicio de todos y para el bien común o centrada en la selección, la segregación y el negocio para una élite.

Porque la educación o es pública, o es segregación por clase social, sexo o ideología. La educación o es laica, o es adoctrinamiento religioso en creencias particulares. La educación o está financiada, o se produce un progresivo deterioro e imposibilidad de una inclusión real con recursos. Es una ecuación bien fácil de entender y de constatar.

Por eso, en una educación pensada para el bien común es necesario y urgente parar y revertir la segregación que supone el sistema de conciertos educativos, una “anomalía española” en el panorama europeo, que sangra las arcas públicas para financiar empresas y opciones privadas. Este modelo de conciertos alienta y naturaliza la selección y la competencia entre la comunidad educativa. Ya no se trata de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sean propios o ajenos. Ya no se trata de que la comunidad educativa luche conjuntamente para que todos los niños y niñas tengan el mejor colegio público al lado de su casa. Lo que se pretende es normalizar un sistema de consumo competitivo y de mercado, donde cada familia se vea como un “avispado inversor” que ha de seleccionar la mejor “inversión educativa” para el futuro de sus hijos e hijas frente a los demás. Ya no se trata de involucrarse en la asociación de madres y padres del colegio al lado de tu casa, para mejorarlo, pensando en el bien común de todos los niños y niñas del centro, sino en ser un “consumidor inteligente” y adelantarte, buscando la oportunidad, para conseguir colocar a tu hijo o hija, aunque sea al otro lado de la ciudad –si tienes recursos y medios para desplazarte diariamente-, en aquel centro privado en el que te han asegurado que estará con los que son de su clase social o, al menos, que no se mezclará con los que no lo son. Recordemos que los centros privados-concertados solo escolarizan a menos del 20% de la población migrante, de minorías o con necesidades educativas.

El otro gran agujero negro de la educación es la imposición de la religión en los centros escolares y en las facultades de Educación de todo el Estado, herencia nacionalcatólica aún de la dictadura fascista. Esta segunda anomalía histórica, que todavía sujeta con mano de hierro la influencia inexplicable de la jerarquía católica en España, impide respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas, educar sin dogmas y eliminar toda forma de adoctrinamiento en el currículo escolar y en la escuela. Además, impide igualmente garantizar una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas, posibilitando la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.

El tercer agujero negro es la financiación de la educación pública. Elemento clave para sentar las bases y los medios para dotar de recursos una educación inclusiva que atienda realmente la diversidad en las aulas y los centros, que permita reducir el número de alumnado por aula en función de las recomendaciones de la UNESCO, que elimine la precariedad del profesorado interino y estabilice plantillas docentes para desarrollar proyectos educativos que necesitan tiempo y persistencia, que impida que 50.000 escolares empiecen el curso en barracones, que se pueda implementar una formación inicial y permanente más práctica, que se potencie una Formación Profesional con recursos y medios, etc., etc.

Si proclamamos que la educación es el futuro de un país, si mantenemos que una sociedad educada es base de la democracia y el desarrollo social y comunitario de la humanidad, si aseguramos incluso que el desarrollo tecnológico y productivo sostenible y respetuoso con el entorno se asegura con más y mejor educación, invirtamos en ella. No hay excusa. No puede haber dilación. En vez de rescatar a bancos, y destinar 60.000 millones de nuestros impuestos a los responsables en buena parte de la crisis, o rescatar autopistas de las grandes empresas y los empresarios de siempre o el Castor…, o tantas barbaridades, destinemos el dinero público a la educación pública. Ha sido voluntad política rescatar a los bancos. Se sacó dinero para ello. Que no nos digan que no se puede blindar la financiación de la educación pública para que, como mínim,o se invierta el 6% del Producto Interior Bruto que producimos anualmente. Y que se blinde constitucionalmente para que ningún gobierno lo pueda modificar. Es cuestión de voluntad política, porque dinero, como se dice tradicionalmente, “haberlo haylo” (si lo hay para rescates o para armamento, no va a haberlo para educación).

Dejemos por tanto de marear la perdiz. Es hora de abordar el futuro educativo en España. Y afrontar de forma clara y decidida el modelo de educación que queremos: pública, laica e inclusiva al servicio del bien común y considerada como un derecho para todos y todas; o concertada y privada, confesional y segregadora al servicio del interés privado y el negocio educativo, al servicio de la selección.

Tras el trabajo de varios años, amplios sectores del mundo de la educación (asociaciones, colectivos y movimientos de renovación pedagógica, sindicatos, organizaciones estudiantiles, confederaciones de asociaciones de familias y partidos políticos), han conseguido consensuar un Acuerdo Social y Político, surgido de la propia comunidad educativa, plasmando en el Documento de bases para una nueva Ley de Educación una alternativa que sirva de base para un Pacto por una Educación Pública, Laica e Inclusiva que dé estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. Nunca antes se había logrado un consenso tan amplio en torno al modelo educativo que necesitamos para el siglo XXI.

Solo es necesaria voluntad política para que se lleve a la práctica en torno a la educación como un bien común, un derecho básico universal que solo se puede garantizar para todos y todas en y por la educación pública, laica e inclusiva.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/08/pacto-educativo-por-una-escuela-publica-laica-e-inclusiva/

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No es otro Congreso de Educación más

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

El I Congreso Internacional “Educación Crítica: hacia una práctica inclusiva y comprometida socialmente” que se celebrará el 27 y 28 de septiembre en la Universidad de León (España) no es otro Congreso de Educación más.

Se trata de un espacio de encuentro de la comunidad educativa y social internacional que tiene una visión emancipadora de la educación. Quizá sorprenda este término para las generaciones jóvenes, pues ya no es un término frecuente en las facultades de Educación, en los claustros docentes, ni en el argot educativo de las reformas o las políticas que orientan el futuro de la educación a nivel mundial.

En la actual sociedad del espectáculo tecnoindustrial, regida por la moral del consumo y la fe en la competitividad y el emprendimiento, términos como emancipación o educación crítica han desparecido del lenguaje cotidiano del mundo educativo. Freire, uno de los referentes básicos de la pedagogía, ha sido proscrito en Brasil, su tierra, e incluso sus ideas perseguidas por la “dictadura” del ultraderechista Bolsonaro. Y no solo en Latinoamérica, en Europa el auge del fascismo está radicalizando aún más la batalla por el control de la educación como espacio de adoctrinamiento en la ideología neoliberal y neconservadora, impulsando una nueva revolución educativa neocon.

Las políticas educativas actuales están siendo dictadas en todo el mundo por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las reformas educativas son debatidas, no a partir de grandes propuestas pedagógicas, sino con grandes empresas tecnológicas (Toshiba, Microsoft, Google o Facebook), que surten de “cacharrería” y gamificación las aulas escolares. Las evaluaciones estandarizadas, un negocio en alza monopolizado por la multinacional Pearson, diseña las clasificaciones y rankings de países y centros como si de ligas de fútbol se tratara. El emprendimiento y el “bilingüismo cañí” son la marca España de las actuales reformas educativas neoliberales, siguiendo la doctrina del ultraderechista exprimer ministro Italiano Silvio Berlusconi, que establecía como elementos fundamentales de la educación las tres “ies”: inglese, internete e imprese (inglés, internet y emprendimiento), para formar a un futuro precariado uberizado, destinado a rotar en trabajos temporales y mal pagados.

En este contexto, parece más importante, necesario y urgente que nada retomar el debate sobre el sentido y la finalidad de la educación. Educar ¿para qué? Aprender ¿para qué?

Lo que este Congreso pretende es convertirse en un espacio para dar voz y potenciar a toda la comunidad educativa crítica que esté dispuesta a reflexionar y analizar el papel y la relevancia de una educación crítica en las aulas, pero también en la formación docente y en el análisis de las políticas socioeducativas neoliberales. Un lugar de encuentro que impulse las propuestas y las luchas que se están llevando a cabo, por hacer realidad y llevar a la práctica alternativas educativas críticas al servicio del bien común y del derecho a una educación pública, universal, gratuita, inclusiva, laica, democrática, ecológica, feminista y radicalmente comprometida con la justicia social y la equidad.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/09/04/no-es-otro-congreso-de-educacion-mas/

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