Author: Enrique Díez

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Publicar sin perecer, en la Universidad

Enrique Díez

Por: Enrique Diez

Se ha hecho famoso en el ámbito universitario e investigador un dicho irónico y dramático a la vez: “publica o perece”.

Como ya describí en un artículo anterior en el Diario de la Educación, el actual sistema de evaluación impuesto al profesorado universitario está empujando a centrarse exclusivamente en la loca carrera por “publicar o perecer”, investigando para ello en temas “vendibles comercialmente”, determinados por índices como el JCR (Journal Citation Reports), que son los que contabilizan para la evaluación y promoción. Aunque el número y el índice de publicaciones no acredita ni el acierto en la investigación, ni la correlación con una mejor docencia.

Este modelo presiona a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora, marcado por el “duopolio” de Clarivate y Elsevier, multinacionales que controlan el negocio de los artículos científicos y determinan los criterios para su valoración. La presión de “publicar o perecer” ha generado una inflación de publicaciones inabarcable, que muy pocos leen, y que solo sirve para aumentar este hipertrofiado mercado autorreferencial. Lo cual obliga a un proceso continuo de competición por publicar en las revistas más citadas, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se instala así una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, hiperactiva, regida por el corto plazo. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable en el mercado, aparcando la ciencia de base y la investigación de fondo a largo plazo.

De tal forma que este “efecto ANECA”, el “publicar o perecer” para ser valorado y acreditado, está cambiando la dinámica de investigación y docencia en la Universidad, persuadiendo a la comunidad científica de que una parte, la valoración de una sola forma de generar conocimiento, es el todo, en donde la calidad depende del índice de impacto y lo que está fuera de este sistema “carece de valor” o “no cuenta”.

Por eso es urgente generar un sistema alternativo público de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que suponga una valoración más justa de su producción científica y su labor docente, y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común.

Un Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto

El primer paso, como medida de urgencia, es poner en marcha un Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto. Un sistema que sustituya progresivamente los rankings por la valoración de la actividad científica según criterios acordados de buenas prácticas; que, más allá de la revisión por pares, se evalúe el impacto social de las investigaciones contando con el juicio de los sectores implicados en cada caso: administraciones públicas, agentes sociales o sociedad civil organizada; que los criterios de valoración combinen la trayectoria individual de los investigadores o investigadoras, con la participación en grupos o equipos de investigación, puesto que el conocimiento se genera colectivamente; etc., etc. Este es el primer paso de otro sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que responsa a un modelo de ciencia para el bien común.

El objetivo de esta alternativa es superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares que miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a ese duopolio de empresas privadas que lo controlan y sentar las bases para que la academia acuerde un nuevo sistema de evaluación de la labor docente e investigadora del profesorado universitario que sea comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo.

Este sistema alternativo de ciencia abierta u Open Science supone seguir la propuesta de la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyar la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades, de manera que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica científica solvente, con mecanismos de control del contenido publicado transparente y riguroso (revisión por pares, tal como propone la Beall’s List of Predatory Publishers.

El “acceso abierto” supone su disponibilidad gratuita en la Internet pública, sin que implique ningún cargo ni tasa para poder publicar, para que cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados-as y citadas-os.

Los repositorios de acceso abierto, administrados por universidades u organizaciones de investigación, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Por ejemplo, Open Scholar ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios institucionales. Iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet han intentado ir más allá del modelo descrito, buscando corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina, fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones, manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; o acompañar el acceso a la base de datos, con algunas utilidades de análisis o generación de informes. Como comprobamos, por tanto, se puede hacer.

Además, el acceso abierto, mandato europeo en Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible, sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura relevante, y brinda a los autores y autoras y a sus trabajos dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto.

Ya se han presentado dos iniciativas parlamentarias en este sentido. Por lo tanto, si se quiere, y hay voluntad social y política para ello, se puede. Pongámonos en marcha para plasmarlo cuanto antes y dar un giro completo a esta locura del “publicar o perecer”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/15/publicar-sin-perecer-en-la-universidad/

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El negocio escandaloso y segregador del Bachillerato Internacional

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

El Bachillerato Internacional, título de una empresa privada, está siendo sufragado en buena medida por las administraciones, a pesar de los grandes recortes en la pública.

Cuando entras en clase de 1º de Bachillerato Internacional del Instituto Lancia de la ciudad de León, te quedas perplejo. Hay cinco alumnos y alumnas sentados en el aula. Y toda una plantilla de profesorado para dar clases a estos cinco chicos y chicas. La Junta de Castilla y León financia públicamente para que se dé un trato escandalosamente preferente y segregador a una minoría selecta: 5 alumnos y alumnas en una clase en 1º de bachillerato en este instituto público de León. Mientras se ampara en la escasez de población escolar para explicar recortes de profesorado y unidades en la misma provincia.

Cuando otros institutos de su entorno, de la misma ciudad, y con características similares tienen 36 alumnos y alumnas de media por clase en el mismo bachillerato, como el Legio VII; o 35, en el Ordoño II; o 30, el Instituto Padre Isla, ¿cómo es posible que en el Instituto público Lancia haya un bachillerato de una entidad privada, el denominado “bachillerato internacional”, con 5 alumnos y alumnas en 1º y 13 en 2º? ¿Cómo es posible que la Administración educativa esté ampliando sistemáticamente el número de alumnado por aula en todos los centros públicos, para contratar cada vez menos profesorado, mientras que no pone problema alguno en mantener toda una plantilla de profesorado para atender a estos reducidísimos grupos en un bachillerato de una entidad privada, vendiéndolo, eso sí, como “la atención a la diversidad por arriba”, “una formación de excelencia que equipara con algunos centros educativos de elite” y un “prestigio añadido para el instituto, por ser de los pocos centros donde se ofrece este tipo de enseñanza”? Asegurando incluso un “profesorado motivado” (como si el resto del profesorado estuviera desmotivado) y “estable” (cuando cada vez es mayor la precarización del resto).

En una época de recortes y precarización en educación, que el Partido Popular ha vendido como “racionalización” con sus normativas y decretos, donde los centros educativos han sufrido un permanente recorte de profesorado y personal, con 30.000 docentes menos en la pública para una población escolar que ha aumentado, cómo es posible este “extraordinario fenómeno”. Recordando que el reciente Informe de la OCDE para España, denuncia que la Administración educativa destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, que la inversión en educación supone solo un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de esos países y que, en términos de PIB, se ha recortado hasta el actual 4% (7.000 millones menos), una inversión muy por debajo de la media de los países de la OCDE, el 5,3%. Sabiendo además que el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,8% del PIB en 2018 y descienda hasta el 3,67% en 2020.

En este contexto de saqueo de la educación pública, la Administración educativa está amparando, financiando y potenciando “islas de élite” para una minoría selecta, pagando a una fundación privada, que se ha instalado y parasita la educación pública sin ningún pudor. Porque no se trata solo de mantener plantillas de profesorado para atender grupos reducidísimos, sino el coste que suponen estos bachilleratos internacionales de una entidad privada para las arcas públicas. Ante la penetración de la empresa privada en lo público, a la Administración educativa no parece importarle saltarse todas las normativas y medidas de recortes que ha impuesto a todos los centros educativos públicos a sangre y fuego, con el fin de que esta empresa privada implante su escandaloso modelo de negocio, que vacía aún más las exiguas arcas públicas de la educación, ya recortadas hasta límites insospechados por las políticas neoliberales pactadas entre PP y PSOE y consagradas con la modificación del artículo 135 de la Constitución.
La Organización del Bachillerato Internacional (IBO), fundación privada creada en 1968, con sede en Ginebra (Suiza), por un grupo de familias vinculadas al mundo diplomático y a los organismos internacionales, ha extendido sus redes por toda España.

Los primeros años la mayoría de los colegios que ofertaban el Programa eran centros privados de élite. Cursarlo en el International School of Sotogrande de Cádiz costaba 16.000 euros; en el Aloha College (Marbella, Málaga) 13.670 euros. En Sevilla cursarlo en el IES Martínez Montañés (público) y el San Francisco de Paula costaba entre 11.000 y 12.500 euros, respectivamente. El colegio privado Peñacorada de León también lo implantó hace unos años, pero actualmente se ha deshecho de este programa y habría que preguntarse por qué.

Actualmente casi 100 centros en todas las comunidades –excepto Extremadura, Ceuta y Melilla– ofrecen dicho programa. De los 95 centros que han implantado en España este programa 30 son institutos públicos. Las comunidades con más centros públicos IB son Cataluña y Castilla y León. El Bachillerato Internacional se ha implantado en Primaria (3-12 años), en años intermedios (12-16 años), el Programa de Diploma (16-19 años) y el Certificado de Estudios de Orientación Profesional (16-19 años). Efectivamente, el programa puede comenzarse desde los 3 años, aunque lo más conocido es el programa del Diploma, que corresponde a los dos años de Bachillerato.

El coste para el centro escolar, con el fin de poder anunciar que tiene el diploma de esta “marca” es de 8.350 euros anuales, como indica la propia página del IBO (Bachillerato International). A esta cifra, que esta empresa privada cobra a cada centro solo por anunciar que imparte su programa de bachillerato, hay que sumar el coste por alumno o alumna, que suele superar los 1.000 euros (por asignatura, por prueba, por matrícula y alumno, etc.), y el coste de los exámenes externos que es de 588 euros (una vez se finaliza el programa), además de las tasas que cobra la Organización del Bachillerato Internacional. Algunas administraciones educativas, como las de Castilla y León, financian todo el coste. Otras, utilizan un modelo mixto, en los que la Consejería paga el coste del programa y el alumnado paga el coste del examen externo.

El negocio, en todo caso, está asegurado. Porque además de todo lo anterior, la Organización del Bachillerato Internacional, se encarga también de proporcionar y cobrar por una formación específica al profesorado, por elaborar y corregir las pruebas y exámenes, etc. Además, en función de que esta entidad privada es la que otorga el Diploma, fiscaliza y establece una serie de controles sobre los centros y el profesorado de la educación pública, que tiene que dar cuentas a esta fundación privada. Es poner a la educación pública a los pies de la empresa privada, que es quien, en definitiva, acaba planificando, autorizando, exigiendo y evaluando a la comunidad educativa y el funcionamiento del centro.

Lo único que consigue quien cursa el Bachillerato Internacional es obtener un Diploma acreditativo de que ha hecho este programa. Nada más. “Es igual al Bachillerato normal, solo que al final te dan un diploma que solo sirve para eso, para tenerlo enmarcado y decir que hiciste el bachillerato internacional” denunciaba una de las alumnas que lo han cursado.

Porque la supuesta “ventaja” que anuncia permanentemente de que con el BI ya no se tendrá que hacer la prueba de selectividad (EBAU) para acceder a la Universidad es una mentira a medias. Es decir, una “posverdad”, como ahora se denomina. Es cierto, que desde que el PP impuso la LOMCE eliminó la exigencia de realizar simultáneamente los dos bachilleratos (el público y el privado internacional), pues el ministerio de Wert reconoció a esta fundación la equivalencia de este bachillerato en la LOMCE. Por eso actualmente, en teoría, se permite el acceso directo a la Universidad, pero utilizando como nota de acceso la que se haya obtenido en el curso. Esto conlleva mucha “letra pequeña”, que no se suele leer en el contrato, hasta que no se ha terminado y uno se encuentra con la realidad, que suele ser bastante distinta.

La letra pequeña establece que solo se “convalida la fase general de la EBAU” (la nota que se les aplica es la media de las 6 asignaturas del Programa), con lo que tienen que matricularse en la EBAU de la UNED y examinarse de las específicas o convalidar nuevamente la nota que han sacado en el BI en las asignaturas requeridas como específicas, en aquellas universidades que sí permiten específicamente sumar hasta 4 puntos de la fase específica mediante este sistema de acceso. Además, la convalidación, al tener que hacerse con calificaciones traspuestas de la calificación general, no pueden ponderarse para titulaciones que piden notas de corte para acceder a ellas. A esto se suma que los resultados del Diploma no se conocen hasta el 5 de julio, por lo que llegarían muy tarde para solicitar la carrera que se quiere. Por eso la mayoría de los institutos insisten en que “recomendamos a nuestros alumnos que se presenten a la Selectividad”. Es decir, que a efectos prácticos la única supuesta ventaja que les daría este BI se transforma en nada.

Ante tantos requisitos de exigencia, cuya utilidad real en muchos casos no la ven, y ante la presión a la que se ven sometidos, pues la carga académica y lectiva es mucho mayor (40 horas semanales, en vez de las 30 horas normales) y con muchas más horas de laboratorio, etc., muchos estudiantes se echan atrás y abandonan el programa. “El volumen de trabajo acaba siendo agobiante”, confiesa una estudiante. Todavía se recuerda el escándalo en 2010 del Bachillerato Internacional en un centro en Vigo, denunciado ante la Inspección de Educación de Vigo por estudiantes y familias por “maltrato psicológico” continuado. Ante esta situación, algunos centros han empezado a recurrir al chantaje, como nos relataba una familia: “nos presionan amenazándonos de que si abandonaba nos cobrarían el coste de la matrícula que había abonado el centro, que era –nos dijo- de más de 6.000 euros”.

Esta escandalosa segregación, con financiación pública, en manos de una entidad privada, no es el modelo de educación pública que debemos defender. Una segregación de excelencia por arriba, como nos dicen, para alumnado con notas medias de notable, y sobresaliente para los que vienen de otro colegio o instituto, supone volver a un modelo de escuela selectiva y segregadora, que instaura una concepción no democrática de la educación, de acuerdo con un enfoque ideológico nefasto para la educación y la sociedad. La selección del alumnado, en cualquiera de sus formas, rompe el equilibrio y la cohesión social, convirtiendo la educación en una lucha por el privilegio de la distinción, olvidando los valores de la pluralidad, la cooperación y solidaridad y su ejercicio en un espacio de diversidad. La obligación de la Administración Pública Educativa es garantizar el éxito escolar de todo el alumnado y no el de unos pocos, no recortando y desasistiendo a la mayoría de los centros públicos, mientras financia con el dinero de todos programas de entidades privadas al servicio de una élite. Más y mejor inversión en la educación pública, dotando a todos los centros de los recursos suficientes y las medidas adecuadas para que todos ellos ofrezcan las máximas oportunidades de cara a que todo el alumnado pueda recibir la mejor educación, especialmente el alumnado que más lo necesita, es lo que debe presidir una política educativa justa.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/02/13/negocio-escandaloso-segregador-del-bachillerato-internacional/

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El indignante nuevo sistema de acreditación para el profesorado universitario

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

Es necesario un sistema que valore los méritos académicos de unos profesionales universitarios que están realizando un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales de brutales recortes y precarización.

Mi compañero Vicente es profesor titular en la Universidad de León desde hace 14 años. Hace dos años solicitó acreditarse como catedrático y se quedó a muy poco de conseguirlo. Le faltaban unos pocos méritos de investigación y algo más de docencia que hubiera podido lograr en estos dos años. Pero con el nuevo sistema de acreditación que acaba de implantar la ANECA (agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario), prevé que ahora tardará por lo menos otros 10 años en cumplir las nuevas condiciones, pero cree que nunca llegará porque antes se jubila.

Se está levantando una ola de indignación entre el profesorado universitario que considera desproporcionadas, desorbitadas e inalcanzables las nuevas condiciones de acreditación. Recordemos que la acreditación (proceso de evaluación externa del currículum) es solo un requisito previo al concurso público necesario para acceder a cualquier puesto de profesorado universitario. Por eso, este repentino e injustificado cambio de los criterios de la ANECA, multiplicando los requisitos y haciéndolo inaccesible incluso para muchos que actualmente lo son, se ha tildado de “ANECAZO”.

En el contexto actual de recortes y de desinversión en Educación Superior, el “ANECAZO” entierra definitivamente las perspectivas de estabilidad y de promoción de buena parte del profesorado universitario, a la vez que consolida el control ideológico y político en la Universidad, orientándola más que nunca al servicio de los intereses de mercado.
El ANECAZO probablemente expulsará de la carrera académica a muchas personas que, habiendo cumplido sobradamente con lo que se les exigía para pasar a ser estables, han visto frenada su posibilidad de estabilidad laboral por el estrangulamiento de la Universidad Pública, debido al recorte de plantilla de profesorado decretado por el gobierno Rajoy desde 2012 y estando, además, sin posibilidad de recursos para poder continuar sus investigaciones, también debido a los recortes presupuestarios. De esta forma el ANECAZO se convierte en un ERE encubierto que precariza aún más la Universidad Pública.

Por eso buena parte de la comunidad universitaria lamenta estos dos años perdidos, con el sistema de acreditación paralizado, que sólo han servido para que el Ministerio y la ANECA impongan los criterios ya publicados hace tiempo, incumpliendo el compromiso que ambos adquirieron de revisarlos para hacerlos más racionales, adaptados a la realidad, y similares en cuanto a exigencia a los anteriores.

El endurecimiento de los requisitos es tal que en diversas áreas las exigencias máximas del anterior sistema se han transformado en requerimientos mínimos en el actual modelo. Estos criterios son además generadores de desigualdad y frustración entre el profesorado universitario puesto que algunos de los méritos son prácticamente imposibles de alcanzar en algunas áreas, bloqueando así las aspiraciones legítimas de desarrollo en su trayectoria académica y de promoción de quienes están en el inicio de su carrera docente e investigadora.

En el sistema anterior, en Educación, en la práctica no hacía falta haber publicado en el Journal Citation Reports (JCR) para ser catedrático o catedrática. Ahora, se exigen al menos cuatro publicaciones en lo que se denomina “primer cuartil” (el nivel más restringido) del JCR y otras ocho en otros niveles no tan exigentes, cuando en Educación hay muy pocos profesores y profesoras con estos méritos, ni siquiera en la comisión que ha aprobado esta nueva norma. Los sindicatos estiman que, con los requisitos de ahora, serían suspendidos para catedráticos y titulares más del 80% de los que actualmente desempeñan sus funciones en estos puestos, incluyendo a los recién acreditados.

No solo se exige un exagerado número de publicaciones en revistas de impacto mundial, sino también autorías preferentes (cuando los artículos suelen estar vinculados a proyectos y ser de autoría múltiple), lo cual es especialmente lesivo para el profesorado no permanente o contratado doctor, pues no puede haber sido investigador principal en dos proyectos competitivos, requisito para cumplir esas condiciones. Estos méritos para acceder a un puesto estable son imposibles de lograr para el profesorado con contrato temporal y precario, pues están ligados precisamente a tener un contrato estable. Se convierte así en un círculo vicioso imposible: para dejar de tener un contrato precario, se exigen aportar méritos que solo se pueden conseguir con un contrato estable.

La evaluación en forma de acreditación del profesorado universitario debe ser un proceso transparente, sin criterios que den lugar a la subjetividad, autoevaluable y adecuado a la realidad docente e investigadora de cada área de conocimiento. No puede ni debe fijar máximos, sino los mínimos necesarios para que se pueda acceder a un concurso en el que, como en cualquier oposición, el tribunal sí establezca cuales son aquellos candidatos o candidatas que alcanzan la máxima puntuación con sus méritos.

Lo que se esconde detrás de este nuevo sistema de acreditación es implantar un modelo de corte profundamente neoliberal, competitivo y de hiperproductividad en las condiciones de trabajo del profesorado universitario, que olvida intencionalmente la interdisciplinaridad (especialmente en investigación), impulsando modelos de competencia individual que no se corresponde con el modelo de cooperación científica que hace avanzar la ciencia y el conocimiento.

Reorienta la universidad hacia un modelo gerencial, de corte neoliberal, que privilegia y premia la gestión, como si la Universidad fuera una empresa. El peso que da a la permanencia en determinados cargos universitarios, es claramente desproporcionado. Supuesto “mérito”, que puede ser valorado con el máximo en investigación, como si fuera una actividad científica. Mientras minimiza la valoración positiva de la investigación.

El problema de fondo es que el Ministerio no ha querido sentarse con los agentes sociales para acordar, de una vez por todas, las bases de lo que debe ser un profesor o profesora universitaria, ni establecer, si es necesario, un modelo de carrera profesional académica, a través del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas (contemplado ya en la LOM-LOU 4/2007).

Por lo tanto, esta imposición sin proceso de negociación colectiva y sin justificación del cambio de criterios (no se conocen informes, análisis previos y estudios que lo avalen y justifiquen), se suma a las medidas “de ajuste” implantadas con el RDL 14/2012 que, no solo recortaron la plantilla universitaria, sino que además aumentaron la docencia de gran parte del profesorado y la convirtieron en una suerte de “castigo” o “imposición” a quien no consiguiera acreditarse. Así como los recortes en las ayudas destinadas a investigación. Es decir, una escalada en el desmantelamiento de la Universidad Pública y su precarización, mcdonalización y “gerencialización”.

Nadie está en contra de que haya más y mejor docencia e investigación en la Universidad. Pero elevar los requisitos “de manera desproporcionada”, lo que realmente empuja es a centrarse exclusivamente en la loca carrera por “publicar o perecer”, buscando obtener esos “puntos ANECA” como sea y a cualquier precio, investigando en temas “vendibles”, dejando de lado otras tareas esenciales de la Universidad. Además, que el número de publicaciones no acredita ni el acierto en la investigación, ni las posibilidades de su aplicación ni la correlación con una mejor docencia. El objetivo de la vida académica en la Universidad no puede ser conseguir “puntos Aneca”, sino generar y compartir conocimiento.

Por eso es crucial apoyar la demanda de los sindicatos para que se derogue el RD 415/2015, se habilite el anterior sistema de acreditación (RD 1312/2007) transitoriamente y se negocie un nuevo sistema de acreditación consensuado con la comunidad académica que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y valore los méritos académicos objetivamente. Un sistema que valore los méritos académicos de unos profesionales universitarios que están realizando un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales de brutales recortes y precarización, centradas en rescatar bancos mientras dejan en la ruina la financiación universitaria. Un sistema que asegure la estabilidad y dignidad del profesorado y blinde la Universidad Pública contra la privatización y los recortes.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/11/22/el-indignante-nuevo-sistema-de-acreditacion-para-el-profesorado-universitario/

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Religión fuera de la escuela

Enrique Díez

Por: Enrique Díez

Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos.

Vaya por delante que, como católico practicante y cristiano convencido, defiendo una educación pública, inclusiva y laica, porque considero que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones. Tanto las católicas como las musulmanas, las ateas, las agnósticas o las protestantes, etc.

La actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos.

Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela; que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.

Pero esta separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente durante la Transición. El paso de la escuela nacional-católica de la dictadura franquista a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de esa dictadura franquista, que “obligan” a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado. El PSOE perdió una oportunidad de oro para derogarlos cuando era posible y deseado por la mayor parte de la sociedad.

No obstante, actualmente, en un Estado aconfesional como el que hemos acordado en la Constitución española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.

Por eso, la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos, al margen de cuáles sean nuestras creencias. Creencias personales que son un asunto privado. Por eso, la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente.

La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados en función de las creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia, como recoge la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Separar al alumnado que comparte toda la jornada escolar, a la hora de las clases de religión, dificulta su convivencia y entendimiento, que es de donde nace el afecto y la solidaridad.

Pero es más grave aún si analizamos la normativa que establece el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria actualmente. Ésta convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento”. La jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia de religión, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción. La concepción y la práctica del catolicismo, en donde la mujer es subordinada, que mantiene y justifica un modelo sociedad patriarcal, no es compatible con la educación en igualdad que es un principio pedagógico básico. Hasta el teólogo Juan José Tamayo afirma que “los contenidos son en su totalidad catequéticos con tendencia al fundamentalismo; el pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”.

La religión católica actualmente tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social. Pero es que la religión católica ya se imparte en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia de este país, se acude y se explica en clase la religión católica. Es incomprensible, por tanto, este empeño de la jerarquía católica, en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis.

Sumemos a todo ello que, el acuerdo con el Vaticano, heredado del franquismo, impone que en la Escuela Pública haya “profesores y profesoras de religión” pagados por el Estado (es decir, con los impuestos de todos y todas) pero nombrados a dedo por los obispos, que los seleccionan en función de sus creencias, de su fe, sin haber pasado, como todos los demás docentes, por una oposición en igualdad, mérito y capacidad. Más de quince mil de estos verdaderos “delegados diocesanos” figuran como personal laboral (debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE) en los centros escolares de titularidad pública. Además, los obispos pueden despedirles sin tener que explicar el cese (cosa que suelen hacer en función de avatares de la vida privada de esas personas). De hecho, mientras en las demás asignaturas fomentamos el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, la jerarquía católica despide a profesoras de religión porque se divorcian.

En definitiva, la Escuela debe ser lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, no para el proselitismo o el adoctrinamiento. La Escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas. La religión, que es una creencia entre otras muchas, debe difundirse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto.

Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. El art. 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.

No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. Hasta un país como Irlanda, marcado por una secular tradición católica, va a sacar la religión del horario escolar. Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes. La escuela un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/09/29/religion-fuera-de-la-escuela/

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Sobran razones para la huelga general educativa del 9M

Enrique Díez
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Rebelión

El 9 de marzo se convoca una huelga general de educación con el propósito de exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las «contrarreformas» universitarias y de las prácticas no remuneradas en Formación Profesional, y la bajada de las tasas universitarias.

También para conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

Esta huelga general educativa está apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STES; los Movimientos de Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes y apoyada sin fisuras en León por Marea Verde de León y por Izquierda Unida, al menos.

Desde Izquierda Unida se viene denunciando el continuo menosprecio del Gobierno hacia la escuela pública. Los presupuestos en educación en el conjunto de las Administraciones se han reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España a partir de 2009, pasando de un 5,07% del PIB en ese año a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%), siendo ya uno de los más bajos de Europa. Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por debajo del 4%.

Con las últimas políticas realizadas por sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos/as.

Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más. Si a esto añadimos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros. Y el recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos y que los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidades Públicas.

Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media. Además, encontramos las nuevas tasas de la PAU que suponen una barrera económica más para acceder a la educación superior.

Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta huelga también cuestiona las políticas antisociales que refuerzan la segregación de clases arrebatando al pueblo su mayor fuente de acceso al conocimiento, la educación.

Lo que defendemos con esta huelga es ante todo una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, mediante la supresión progresiva de los conciertos educativos, por ser la única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia. Reclamamos asimismo financiación suficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, incluyendo libros y servicio de comedor y transporte.

Pero también se exigen aspectos claros y concretos:

1. Reversión inmediata de los recortes: no más precariedad del profesorado, ni masificación en aulas, ni recorte de becas y recursos.

2. No a la privatización: supresión progresiva de conciertos mediante integración voluntaria y negociada en una red única pública.

3. Derogación LOMCE: por una nueva ley educativa consensuada con la comunidad educativa: https://porotrapoliticaeducativa.org

4. Incremento inversión en educación pública hasta 7% del PIB.

5. Dignificación de la profesión docente: Derogación RD 14/2012. Estabilidad profesorado interino, cobertura inmediata de bajas.

6. Medidas efectivas de inclusión educativa: recuperación apoyos, desdobles y todas las medidas de atención a la diversidad.

7. Aumento plantillas. 18 horas lectivas. Disminución de ratios (20 en obligatoria).

8. Recuperación sistema becas que garantice igualdad oportunidades.

9. Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.

10. Derogación acuerdos Vaticano. Religión fuera de la escuela.

11. Recuperar autonomía pedagógica con auténtica participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros.

12. Supresión de las prácticas no remuneradas en FP.

13. Eliminación de contrarreformas universitarias.

14. Derechos laborales para investigador@s pre y post doctorales.

15. Recuperación empleo en Universidades públicas.

16. Recuperar tasas universitarias no superiores a las anteriores licenciaturas y avanzar hacia gratuidad estudios universitarios

Sobran, por tanto, razones para apoyar la huelga de la comunidad universitaria el 9 de marzo, en contra este proceso de “liberalización” y privatización de la educación pública que está empeñado en dejar como legado el Gobierno actual.

Pero esta huelga general educativa también pretende visibilizar que la comunidad educativa tiene una alternativa educativa, otra educación posible que se ha construido “desde abajo”. Por eso esta huelga llama también a la sustitución de la LOMCE por una ley fruto del debate con la comunidad educativa mediante un amplio acuerdo social y político, asumiendo como documento de mínimos para ese gran Pacto Nacional el «Documento de bases para una nueva Ley de educación» de Redes por una nueva política educativa, que ha surgido de la propia comunidad educativa y se ha elaborado por una amplia representación de la misma a lo largo de más de dos años de debates, consensos y trabajo compartido por quienes están día a día en las aulas.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Imagen: https://estaticos.sterm.org/ensenanza/upload/2017/02/xHUELGA-9M-1.jpg.pagespeed.ic.61-gPEJhKG.jpg

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Huelga contra las reválidas

Enrique Díez

Por: Enrique Javier Diéz Gutiérrez

La primera huelga general de este curso en contra del decreto de las reválidas por parte del Gobierno en funciones del Partido Popular en julio, está cargada de razones, sobre todo pedagógicas. Estas reválidas que han impuesto suponen que el alumnado de cuarto de la ESO con 16 años y que suspendan la prueba, habiendo superado el curso, serán expulsados del sistema educativo sin ningún título que acredite los años de estudio, o se verán abocados a retroceder en el sistema yendo a la Formación Profesional Básica (FPB), que ofrece un bajo nivel formativo y la cualificación profesional más baja que existe en España. En el caso de aquel alumnado que haya repetido al menos un curso es aún peor, ya que serán expulsados directamente de la educación sin titulación ninguna, al ser un requisito para acceder a la FPB no haber cumplido los 17 años ni cumplirlos durante ese primer curso.

En el caso de la reválida de Bachillerato, después de 360 evaluaciones trimestrales que ha pasado a lo largo de su escolaridad, el PP quiere que los estudiantes se jueguen todos sus estudios en una sola prueba. Si se suspende, supone dejar sin validez alguna todos los años cursados durante cada etapa y afirmar que todas esas 360 evaluaciones no han servido para nada y que el profesorado que las realizado son unos incompetentes.

Como podemos comprobar, este sistema de pruebas es segregador, excluyente y competitivo porque lo que obligan es al alumnado a someterse a un examen, antes de poder obtener el correspondiente título académico, aunque haya aprobado todas las asignaturas. La finalidad de estas reválidas no es mejorar el sistema educativo, sino expulsar a cientos de miles de jóvenes del sistema educativo sin cualificación, de forma prematura, condenándolos a unas condiciones de completa precariedad en el sistema laboral.

La comunidad científica ha probado sobradamente que las reválidas no sirven ni mejoran los resultados escolares, como afirma el Gobierno que las ha implantado. Los estudios e investigaciones muestran que, a pesar de los recursos invertidos en evaluaciones estandarizadas desde los años 90, no hay mejoría consistente y/o significativa en los resultados escolares de los países en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas y problemas de comparabilidad entre ellas.

Por eso la comunidad educativa rechaza este tipo de exámenes memorísticos porque sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas, limitando la valoración del progreso del alumnado al rendimiento académico medido en el momento de la prueba, sin contemplar los avances del alumnado en su proceso y despreciando además otros elementos cualitativos, así como las circunstancias personales del alumnado, que sólo pueden ser valoradas adecuadamente por el profesorado que las conoce y que ha estado presente y acompañado el proceso de aprendizaje. Efectos negativos colaterales

Los efectos negativos añadidos más evidentes que se han observado respecto a este tipo de evaluaciones estandarizadas son: a) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, recurriendo a otros profesionales; b) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos en preparar pruebas y exámenes; c) el coste económico por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años; y el coste para las familias de quienes suspendan pagando academias privadas para repetir la reválida; d) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar estas pruebas a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; e) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera aprender mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la motivación por conocer.

El reciente informe de la Ocde para España concluye de forma tajante: «Una educación de calidad necesita una financiación sostenible», no más recortes. Porque los pagan aquellos que más apoyo y atención necesitan. España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno/a y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la Ocde. Nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc. La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países. En términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% frente a un 6,2% de media europea. Además, el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017. Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España por parte de los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años.

Consecuencia de estas políticas neoliberales de recorte de lo público, pactadas entre PP y PSOE y consagradas con la modificación del artículo 135 de la Constitución, es que la cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años de nuestro Estado ni está estudiando ni puede trabajar. Lo cual tiene su origen en este tipo de políticas educativas que potencian el fracaso y abandono escolar de la población joven que más lo necesitaría.

Creo que había razones de sobra para apoyar estas justas reivindicaciones y participar en las movilizaciones convocadas que también piden la derogación de la Lomce, que prosigue implantándose, pese a haber sido rechazada por la gran mayoría de la comunidad educativa y por el Congreso hasta en dos ocasiones en los últimos meses.

La evaluación es necesaria. Pero otro modelo de evaluación. Ha de ser integral (que analice todos los factores que intervienen) del sistema educativo y que no pierda el carácter formativo (orientada a la mejora). En la educación, y más aún en la obligatoria, la evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje. Una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa es antipedagógica, sancionadora y excluyente. Es apostar por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a otro centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Esta es la apuesta de la comunidad educativa desde un enfoque pedagógico.

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/huelga-revalidas_1110521.html

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Educación pública y gratuita como garante del derecho a la educación

Enrique Díez

Por. Enrique Javier Díez 

Una enseñanza pública y gratuita es condición necesaria para que la educación siga siendo un derecho garantizado por la comunidad social, a través de su financiación pública, y no se convierta en una “oportunidad” o una “inversión” particular de quienes puedan pagársela, con vistas a conseguir una posible ventaja competitiva en su futuro laboral, como pretende el modelo neoliberal.

Garantizar un derecho

El DERECHO UNIVERSAL (con mayúsculas) a la educación tiene que garantizarse para todos y todas por igual. Ello requiere un servicio educativo público (de titularidad y gestión pública) que sea gratuito en todas las etapas y en sentido pleno, es decir, que incluya también el acceso y los materiales didácticos que profesorado y alumnado necesiten para su proceso de aprendizaje.

El derecho a la educación debe entenderse también como derecho de todo el alumnado a aprender con éxito, al margen de su origen o condiciones socioeconómicas, culturales o de índole personal. Se trata de no trasladar el modelo de competitividad y lucha darwinista económica y social a la escuela. No podemos tolerar que el sistema educativo, por falta de recursos y medios suficientes, permita que solo algunos tengan éxito y puedan acceder a todos los niveles educativos, mientras otros fracasan y quedan excluidos de las distintas posibilidades formativas actualmente existentes, o segregados en itinerarios de menor nivel, destinados a vías sociales y laborales de segundo orden. El fracaso escolar acaba siendo la plasmación del “fracaso social” en una sociedad que sigue sin considerar la educación como una prioridad irrenunciable para garantizar el derecho de todos y todas a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Y la única posibilidad real para asegurarlo es un sistema educativo público y gratuito.

Competir por un bien de consumo

Sin embargo, las políticas educativas neoliberales y conservadoras tratan de destruir la concepción de la educación como un derecho social fundamental que ha de ser protegido por el Estado. Bajo este enfoque lo que se persigue, de hecho, es separar progresivamente la educación de la esfera pública, regida por la autoridad política, para confiarla al mercado. En el mercado, cada cual, tanto ofertante como demandante, teóricamente se regula por su cuenta, en función de su fuerza y sus posibilidades. La educación pasa así a ser un elemento de consumo individual, variable según el mérito y la capacidad de los consumidores y las consumidoras. Pasa así del ámbito prioritario de los valores culturales y educativos a la lógica urgente del valor económico.

Este replanteamiento se asienta sobre una suposición básica: la educación, como cualquier otro producto que se compra y vende, es una mercancía con la que aseguramos que determinados niños y las niñas (en algunos casos de nuestra propia familia o grupo) tengan la mejor posibilidad de salir adelante en la lucha despiadada y competitiva de cada uno contra todos en el sistema de darwinismo social del mercado. Y a “los míos” trato de conseguirles las mejores “oportunidades” para que puedan competir en las mejores condiciones.

De esta forma, lejos de ser un derecho del que gozan todas las personas, dada su condición de ciudadanas, la educación se concibe como una “oportunidad” que quien tiene recursos le ofrece a los suyos, en la esfera de un mercado regulado por la oferta y la demanda (el mercado escolar). La ciudadanía, más preocupada por lograr mayores cotas de justicia social e igualdad de oportunidades, queda desplazada por los consumidores y consumidoras para quienes rigen las leyes del mercado: seleccionar las mejores posibilidades y competir para triunfar con ellas.

Pelear por las migajas

Este enfoque no considera que debamos invertir más en educación, sino que justifica incluso la conveniencia de recortar el gasto en educación, dado que hay otros campos, igual o más prioritarios (pagar los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, gastos militares, etc.). Sostiene que se trata de gastarlo de forma “eficaz y eficiente”. Lo cual presupone que no se hace así actualmente y que, efectivamente, saben cómo hacerlo eficazmente (ejemplo de ello debe ser el modelo de gestión financiera, abanderado por este modelo neoliberal, que ha provocado una de las mayores crisis del planeta).

Aparecen así ciertos teóricos de la educación hablando de “reducir” el gasto con la excusa de la crisis. Buscando delimitar qué debe ser gratuito y qué no, incluso en el período de educación obligatoria; o proponiendo aumentar todavía más el coste de los estudios de educación superior, argumentando que así se podrá invertir más en las etapas iniciales. Avalan incluso seguir recortando profesorado manteniendo clases masivas (a no ser que “se demuestre” que esto tiene efectos sobre la educación, lo cual sitúa la carga de la prueba a la inversa); o piden eliminar la jubilación a los 60, con la retórica de “aprovechar el conocimiento y la experiencia de docentes más mayores”. Estos “expertos” no solo parecen pretender gestionar la miseria, sino que acaban justificando el brutal “recorte” educativo que ha tenido la educación en nuestro país.

España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, según los datos de 2013; y los recortes han seguido después. El último informe de la OCDE sobre educación afirma que “el gasto español en educación está por debajo de la media de la OCDE”. Nos sitúa en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE, por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc. Analiza que la inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países. Es más, si se mide en términos de Producto Interior Bruto (PIB), hemos pasado del 5% a solo el 4,3% (7.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea. Y lo peor es que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017. Por el contrario, hasta este informe de un organismo internacional económico de corte neoliberal, asegura que “una educación de calidad necesita una financiación sostenible”.

¿Podemos pagar el precio de la gratuidad?

Como dice el que fuera durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard, Derek C. Bok, “si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”. Ya expresaba esta convicción de forma contundente el famoso dramaturgo Víctor Hugo afirmando: “Cada vez que se abre una escuela se cierra una cárcel”.

Por eso, aparte de la derogación de la LOMCE, que es la consagración normativa de los recortes educativos de este modelo neoliberal, urge revertir todos los recortes y llegar a un pacto estable de inversión educativa que nos sitúe en la senda de alcanzar a medio plazo el 7% del PIB. Es necesario blindar constitucionalmente una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes, pues el alumnado de familias con estudios básicos tienen cinco veces más posibilidades de dejar pronto la escuela. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía James Heckman decía que por cada euro invertido por niña/o el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en educación inicial revierte en ocho euros del producto social en las etapas posteriores, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente.

Blindar constitucionalmente la financiación necesaria

Para ello hay que constitucionalizar la aplicación del porcentaje del PIB destinado al Sistema Educativo, Universitario e Investigador como suelo de financiación en la Constitución, de tal forma que anualmente no se pueda dedicar menos de ese PIB. Claro que para esto necesitamos creernos realmente y poner en práctica las declaraciones que hacemos sobre la “educación como un tesoro”, que pronunciaba el expresidente de la Unión Europea Jacques Delors, y dar prioridad a la inversión en educación. ¿De dónde? Algunas propuestas económicas inmediatamente realizables serían: detraer al menos un 25% de la financiación de gastos militares (5.843,25 millones); dejar de financiar a la jerarquía católica, suprimiendo sus beneficios fiscales y de exención del IBI de sus edificios (11.000 millones); aumentar el impuesto de sociedades al 35% a multinacionales que ganen más de un millón de euros al año (14.000 millones); declarar ilegítimo el pago abusivo de intereses de la deuda (100 millones diarios); suprimir los paraísos fiscales y el fraude fiscal, etc. Si se quiere, se puede.

Es imprescindible establecer además una Ley de Financiación del sistema educativo para garantizar las inversiones y los recursos necesarios al conjunto del servicio público educativo, desde la Educación Infantil hasta la Superior, en sus diferentes etapas y modalidades, evitando vaivenes y drásticos recortes presupuestarios con pretextos como la crisis, el control del déficit público, etc. La financiación educativa ha de ser suficiente, sostenida y equitativa garantizando que la gratuidad incluya la dotación a los centros públicos de enseñanza básica de los libros, recursos y materiales didácticos de uso libre (licencia creative commons) que deba utilizar el alumnado y el profesorado, así como la gratuidad de los servicios de comedor y transporte escolar. Lo cual se debe complementar con un sistema integral de becas, becas de residencia, becas-salario y ayudas al estudio.

La lucha por defender la educación pública de las garras del neoliberalismo y su filosofía de convertir todo lo público y común en negocio y beneficio para unos pocos es más necesaria que nunca. A quienes la defendemos nos mueve ante todo y sobre todo la convicción de que educarse y acceder al conocimiento es un derecho universal, que solo puede ser garantizado por un sistema educativo público y gratuito, desde la Educación Infantil hasta la Universidad. Recordemos además que incluso la Universidad es gratuita en trece países europeos. La gratuidad de los estudios universitarios no solo debe ser defendida porque nadie debe verse excluido del acceso a todos los niveles formativos, sino porque tener estudios universitarios permite que los hijos e hijas sufran menos “abandono y fracaso escolar” posterior, como así lo indica el informe anual elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre indicadores de Educación 2016.

Si se quiere, insistimos, se puede.

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Profesor de la Universidad de León y miembro del Foro de Sevilla. Loles Dolz, Catedrática de Secundaria y activista en defensa de la escuela pública.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/2016/09/29/educacion-publica-gratuita-garante-del-derecho-la-educacion/

Fotografía: youtube

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/educacion-publica-y-gratuita-como-garante-del-derecho-a-la-educacion/

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