Author: Eduardo Toche

Guerra y democracia los militares peruanos y la construcción nacional Eduardo toche

Eduardo Toche

Aamerica del Sur/ Perú/Noviembre 2016/Eduardo Medrano/

Esta tesis adolece de generalidad y de una ausencia de diagnóstico histórico que evita abordar dimensiones que han resultado cruciales en el desarrollo de las instituciones militares del continente. Las fuerzas armadas, si bien se convirtieron en un determinado momento en el segmento más calificado del Estado, también debe asumirse que tuvieron un ámbito de acción dentro de los aparatos del Estado que desbordó lo que estrictamente les concernía, debiéndose intentar explicar cómo el control de estos espacios estatales no militares, de acuerdo a los criterios de seguridad que manejaban, fue otorgándoles los componentes esenciales para llevar a cabo su misión.

En el caso peruano, es indudable que durante el siglo XX los militares experimentaron una profunda profesionalización, que no fue acompañada por un proceso similar en los otros sectores estatales, salvo en el sector de Relaciones Exteriores, dándose una disyunción entre los objetivos del Estado y las herramientas para conseguirlos, que intentó ser salvada con el experimento político que iniciaron los militares a fines de los años ‘60. Pero, además, debemos contemplar que los militares no fueron una entidad pública más: fue y es la única presencia del Estado en los espacios de frontera, no sólo físicos sino también culturales. En ese sentido, puede afirmarse que su parte más moderna era, paradójicamente, la que actuaba en los linderos mismos del sistema.

Los resultados de este “diá- logo” múltiple, consistente en ser el intercomunicador entre lo “civilizado” y lo “bárbaro”, actuar como entidad integradora, discernir sobre lo que debía quedar “afuera”, definir al “amigo” y al “enemigo”, fue articulando un discurso que tuvo enormes implicancias para las formas que adquirió el proceso de construcción del Estado nacional peruano.

Ubicados como estaban en el cuadro de roles y funciones estatales, tuvieron la posibilidad de darse una importante autonomía respecto de los intereses generados por los sectores dominantes del país. Esto les permitió la formulación de una doctrina de seguridad que obtuvo altos grados de legitimidad debido, precisamente, a su apariencia “técnica”, totalizante e integradora, que resultaba fácil de identificar con las “necesidades nacionales”. A su vez, estas últimas no podían cumplirse por la importante debilidad de las expresiones políticas que, en la lectura de los militares, aparecía como la primacía de los intereses particulares sobre los comunes, en otras palabras, la expresión del “desorden” propio de los civiles manifestado en la propensión hacia el debate estéril poniendo de lado la acción.

Por otro lado, aunque las fuerzas armadas plantearon su posición, en gran medida antagónica, frente al orden oligárquico que imperó durante gran parte del siglo XX, era obvio que no podían abstraerse de los sentidos y valores que adquirían las relaciones entabladas entre los diferentes grupos que componían la sociedad peruana.

Esto tuvo especial significación cuando debieron construir una imagen del “subversivo”, es decir, del enemigo interno que paulatinamente se les presentó como una de las amenazas más importantes para el país. En efecto, el “subversivo” no pudo entenderse sin la presencia de un “poder externo” cuya intención era la disolución de las bases civilizatorias sobre las que descansaba la armonía social —de allí el importante tributo que tuvo la idea del “bárbaro” y el “salvaje” para formularla—, y la existencia de un sector enquistado en la sociedad que actuaba como operador de estas intenciones, compuesto por personas que debíamos suponer como ajenas.

El caso peruano es importante al respecto porque muestra, en efecto, un derrotero particular en su proceso histórico, que diferencia a las fuerzas armadas peruanas de las otras fuerzas armadas de Latinoamérica pero, también, porque el desenlace ha producido resultados muy negativos en estas instituciones.

Entonces, el neoliberalismo y la contrasubversión se tocaron en más de un punto y se retroalimentaron, dando como resultado un Estado organizado bajo un régimen de excepción cuyo objetivo último fue “disciplinar” la sociedad de acuerdo a las pautas exigidas por el “orden” necesario para imponer las medidas dirigidas a la liberalización de la economía.

Las consecuencias de este proceso fueron muy graves para las instituciones militares peruanas, pues dieron lugar a una generalizada corrupción en su mandos (especialmente los del ejército), denuncias por la aplicación de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos —cuyas sanciones se mantienen pendientes—, la desestructuración de sus jerarquías, la pérdida de identidad institucional, la ausencia de definiciones estratégicas, y la inoperancia ante los nuevos retos que plantea la seguridad del país.

Por otro lado, esta ausencia de objetivos nacionales hizo que se descuidara la evolución del sistema internacional. La crisis del bloque soviético indujo a un cambio de perspectivas en la seguridad hemisférica. En este sentido el “Consenso de Washington” contempló: • Primero, la reducción de los aparatos estatales que exigía la implantación del modelo económico neoliberal, viéndose a los ejércitos nacionales latinoamericanos como una fuente de gastos excesivos que debían limitarse. • Segundo, para lograr estos resultados se debía amenguar o, en su defecto, eliminar los focos de tensiones regionales. Bajo este panorama, las reorientaciones hemisféricas no fueron previstas por los militares peruanos, y esto quedó de manifiesto con el “ciclo del Cenepa”, cuyo momento central fue el choque armado entre las fuerzas armadas del Perú y Ecuador en aquel lugar limítrofe, en 1995. Hacia 1998, dicho conflicto llegó a su fin mediante un tratado que cedía una porción de territorio peruano y concesiones fluviales y comerciales para el Ecuador.

Otra consecuencia del reordenamiento de la seguridad en el Hemisferio para el Perú es el protagonismo que ha empezado a adquirir la región amazónica como espacio estratégico para la seguridad continental. Si bien el 60% del territorio peruano forma parte de la Amazonía, lo cierto es que el fomento para el desarrollo de esa región fue bastante relativo.

Ante este escenario, la construcción democrática escenificada a partir del 2001 tuvo como uno de sus objetivos fundamentales establecer nuevos marcos para la seguridad nacional y los roles de las instituciones militares. Sin embargo, la ausencia de una decisiva voluntad política, así como la vaguedad de los objetivos, han conducido el proceso hacia una situación de entrampe.

Aun así, en los últimos tiempos han empezado a vislumbrarse algunas intenciones ciertas en este sentido, cuando se formó la Comisión Multisectorial que debía elaborar un Plan Integral de Reparaciones y, posteriormente, se anunció la aprobación del mismo y la promesa de su financiamiento.

Fuente:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120419125101/medrano.pdf

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Enmendando rumbos los actores del desarrollo ante el poder

Eduardo Toche

América del Sur/Perú/Octubre 2016/Eduardo Toche/http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/

Decía Chantal Mouffe que cuando la política democrática ya no puede ordenar la discusión sobre cómo deberíamos organizar nuestra vida común, cuando evidencia sus límites para asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento del mercado, es cuando las condiciones están dadas para que entren a tallar los demagogos que aspiran articular la frustración popular.

Así, deberíamos tomar nota de que el éxito de los populistas de derecha se debe al hecho de que proveen alguna forma de esperanza a la población, haciendo creer que las cosas pueden ser diferentes. Desde luego, es una esperanza ilusoria, fundada en falacias y mecanismos inaceptables de exclusión, en los que la xenofobia, por lo general, juega un papel central. Pero cuando estos personajes son los únicos que ofrecen una salida, sus argumentos pueden ser seductores .

En esa línea, una de las mayores paradojas actuales reside, de un lado, en que las expectativas democráticas casi no tienen competencia en el mundo pero, de otro lado, los regímenes que las reivindican provocan fuertes cuestionamientos .

son los casos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , y otros, así como las encuestas anuales de Latinobarómetro , alertan sobre el desafecto a la democracia existente en algunos países —como Perú—, lo que de manera no tan indirecta, también refiere a la creciente diferenciación política, social y económica entre los países que conforman la región.

Los problemas identificados son, todos ellos, varios y complejos. Por ejemplo, se señala la predominancia de partidos políticos débiles, sistemas judiciales con baja confianza, pobres niveles de interés político por parte de la ciudadanía, permanentes bloqueos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, altos niveles de corrupción, entre otros. Como podrá notarse, lo que se tiene es un listado de cuellos de botella que invita a pensar que el problema no se localiza en el plano estructural, sino en la performance de los agentes y las disfunciones que deberían atacarse para lograr mejores rendimientos.

Lo mismo sería, dicho en otras palabras, que la democracia exige tener claro lo que implica extensamente la categoría de «ciudadanía», para derivar de ello prácticas concretas, con objetivos definidos en términos de adquisición de poder. Es decir, el reconocimiento de derechos no implica el ejercicio de los mismos, y para plasmar esto último debe tenerse en cuenta el entrecruzamiento y la colisión de intereses que se forman dentro de la sociedad, así como entre esta, el Estado y el poder económico. En efecto, ante la desconfianza frente al sistema democrático, debido a la precariedad de sus procedimientos de legitimidad, y la creciente sospecha de un aprovechamiento privado de los recursos públicos, la ciudadanía debe dejar de ser recurso retórico y pasar a ser un factor esencialmente político.

Como señala Rosanvallon , hay dos dimensiones que deben tenerse en cuenta para comprender correctamente el movimiento de las diversas experiencias democráticas: el funcionamiento y los problemas de las instituciones electorales-representativas, por un lado, y la constitución de un universo de la desconfianza, del otro.

En fin, todos estos cambios enfatizaron la necesidad de que activistas, investigadores, diseñadores de políticas, así como las agencias de cooperación para el desarrollo, prestaran atención a los procesos en marcha, para analizar y entender las transformaciones que estaban experimentando las relaciones de poder. La necesidad de un enfoque nuevo se debió, en gran medida, al uso cada vez mayor de categorías, conceptos e instrumentos, para generar capacidades en los actores del desarrollo, que a su vez, empezaron a revelar carencias clamorosas, pues —centradas en los aspectos «técnicos»— no prestaron la atención suficiente a las relaciones dentro y en torno al poder.

Bajo estas consideraciones, entonces, ¿cómo podía formularse la acción, o mejor dicho, qué tipo de investigación podía levantarse, dirigida hacia qué tipo de acción? Como premisa, tenemos que el foco debe localizarse en las intersecciones existentes entre el ejercicio del poder y los procesos ciudadanos que generan gobernanza en los niveles locales, nacionales y globales. En ese sentido, una de las claves radica en cómo se fomenta la voz ciudadana, de manera tal que sea efectivamente influyente. Así, el objetivo no es solamente plantear —«decir»— una posición, sino otorgarle probabilidades hegemónicas, en otras palabras, disputarle la dirección moral, intelectual y política, a los detentadores cuasi-monopólicos del poder.

De esta forma, Gaventa intentará poner en relación dinámica la distribución de poder (espacios), la dimensión del ámbito en que juegan los actores (lugares) y el tipo de poder que ejercen.

Una manera de describir los componentes incorporados sería concibiendo «los espacios» como oportunidades, momentos y canales donde los ciudadanos pueden actuar para potencialmente afectar la política, discursos, decisiones y relaciones que afectansus vidas e intereses.

Como afirma Andrea Cornwall14, los espacios para la participación no son neutrales, sino que están configurados por relaciones de poder, que los rodean y penetran. Para el efecto, Cornwall se apoya en los argumentos de Lefebvre, Foucault y Bourdieu, entre otros, quienes comparten la idea de que el poder y el espacio están profundamente ligados.

Entonces, a modo de conclusión, puede afirmarse que las múltiples formas de poder plantean serios desafíos para los actores de la sociedad civil, que tratan de cambiar las relaciones que entablan habitualmente. Algunos grupos pueden desafiar las formas visibles de poder en arenas públicas, en la investigación y trabajando para incidir e influir en los agentes estatales y públicos. Otros pueden enfocarse en la movilización y estrategias de acción colectivas, desafiando las barreras que previenen el ingreso de ciertos actores en los ámbitos públicos.

Otros pueden enfocarse más en el cambio de las formas invisibles, interiorizadas de poder, generando conciencia crítica y campañas que construyen conocimiento alternativo. Sin embargo, a menudo estas son diferentes estrategias que implican organizaciones e intervenciones diferentes, para cambiar los sentidos del poder. La transformación tiene mejores probabilidades cuando los movimientos, o actores sociales, son capaces de trabajar simultáneamente las dimensiones mencionadas.

Sin embargo, no encontramos una acción más integral. El asunto no es generar solamente conciencia crítica, conocimiento alternativo, cambiar normas o controlar autoridades. Es todo eso, en simultáneo y coordinado. Esto último es seguramente el meollo de la propuesta de Gaventa y su cubo. Vistas de esa manera las cosas, el cubo del poder no es una fórmula sino un instrumento, como el mismo Gaventa advierte, para poder actuar políticamente.

En esa fórmula de Butler está contenida la elaboración política de la categoría de no-ciudadano, una manera de calificar a los sin-Estado, a los privados de las garantías para el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, se pregunta Butler, ¿puede hablar un sujeto de estas características? El habla —la voz— instituye nuevas posibilidades para la vida social y política, y, como podría deducirse de evidencias tan obvias como las encuestas referidas al inicio del presente artículo, los Estados nacionales no pueden reclamar legitimidad si expulsan —excluyen— importantes contingentes de personas fuera de sus límites. Sin embargo, la paradoja democrática reside precisamente en que sin esta operación perdería sus fundamentos17.

Fuente:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/desco/20100313082146/01_Toche.pdf

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Guerra y democracia Los militares peruanos y la construcción nacional

Eduardo Toche

América del Sur/Perú/Octubre 2016/Eduardo toche medrano/http://biblioteca.clacso.edu.ar/

Las fuerzas armadas peruanas han venido experimentado en los últimos años un proceso de reforma institucional, cuyo diseño se ha asentado en dos elementos fundamentales. En primer lugar, una evaluación de su desempeño durante las dos últimas décadas, periodo en el que tuvieron que hacer frente a una importante amenaza subversiva contra el Estado, incorporarse a la lucha antinarcóticos, enfrentar un conflicto bélico internacional focalizado con las fuerzas armadas del Ecuador y, además, apoyaron políticamente al régimen autoritario que se instala luego del autogolpe que realizara en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori. En segundo lugar, la forma en que debe realizarse su inserción en la institucionalidad democrática que empezó a construirse luego de que el régimen fujimorista se desmoronara, al sobrevenir una situación en la que se combinaron la recesión económica, la anticonstitucional reelección presidencial del año 2000, la exposición de evidencias incuestionables de una red de corrupción organizada desde el Estado, la movilización social antiautoritaria y la presión internacional.

Tomada la decisión de reformar a las instituciones armadas peruanas, se debió considerar no sólo el nuevo panorama que plantea la seguridad nacional en la actualidad, y los ajustes imprescindibles que deben adoptar para hacerlas funcionales a los criterios democráticos, sino también la manera de revertir la serie de resultados negativos provocados por el tipo de acciones en las que se vieron involucradas durante los años previos, como la alta incidencia que tuvo la corrupción entre sus mandos, la desestructuración organizativa debida a la influencia política que ejerció sobre ellas el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo la conducción del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y las secuelas generadas por una lucha antisubversiva que generó una alta victimización en la población civil —especialmente en los sectores rurales más pobres— y que, a pesar de los tenues avances realizados entre la última etapa del gobierno del presidente Alejandro Toledo y el inicio del periodo gubernamental del presidente Alan García, aún espera una decisiva política de reparaciones y, sobre todo, la debida judicialización a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

La urgencia de los cambios quedó establecida cuando el 28 de julio del 2001, al asumir la presidencia de la República, Alejandro Toledo anunció la conformación del Acuerdo Nacional, espacio concebido para que las diversas fuerzas sociales y políticas del país establecieran consensos respecto de una serie de políticas de Estado. La novena de ellas refiere a la seguridad nacional, mientras que la vigé- simo quinta establece los criterios generales desde los cuáles debe impulsarse la reorganización de los institutos armados1 . Además, el Presidente de la República convocó a una comisión encargada de estudiar y proponer los lineamientos que dirigirían las acciones que debían realizarse en la órbita militar. De esta manera, el gobierno democrático, a través del Ministerio de Defensa, inició el desarrollo de las mismas, teniendo como objetivo modernizar a las fuerzas armadas, y revertir la aguda crisis que atravesaban.

Al cabo de tres años, la evaluación ya era desalentadora. A fines del 2003, una publicación electrónica especializada en la reforma militar, editada por el Instituto de Defensa Legal, afirmaba que “no existía evidencia de una decidida voluntad política en las más altas esferas del ejecutivo y el legislativo para abordar una reforma del sector defensa a fondo”2 . Más aun, desde mediados del 2004 hay indicios claros de que el proceso se ha detenido e, incluso, ha empezado a mostrar claras señales de reversión.

Este panorama indica que lo diagnosticado acerca de los problemas que aquejaban a los institutos militares era cierto, pero desbordaba la simple ausencia de voluntad política por parte de las más altas autoridades del país. La reforma militar intentó llevarse a cabo mediante cambios constitucionales y legales en los roles que deben cumplir los militares y, por otro lado, potenciando al Ministerio de Defensa como el ámbito en donde se formulase y ejecutase la política de defensa del país. Ambas cuestiones, aunque necesarias, no son suficientes.

La búsqueda de mejores marcos legales e institucionales, sin haber procedido a comprender los profundos sentidos que adquirió la cuestión militar en el Perú (en lo que hace a su organización, relaciones con su entorno y justificaciones de su función) pueden dar como resultado, como parece haber sucedido, cambios meramente formales que no provocan efectos sustanciales ni sostenibles. De esta manera, algunas medidas contempladas en el diseño de reorganización que han podido llevarse a cabo, como la sustitución del servicio militar obligatorio por el voluntario, la publicación del Libro Blanco de la Defensa Nacional, la reforma de los planes de estudios de las escuelas de oficiales para dar cabida a cursos de derechos humanos y de derecho humanitario, entre otras, están siendo cuestionadas, y no hay mayor seguridad de que pueda impedirse la distorsión de sus objetivos.

La insuficiencia de estas medidas, así como su relativa eficacia, quedó en evidencia cuando surgió una situación de tensión con Chile durante los primeros meses del 2004, a propósito de la demanda peruana sobre la delimitación marítima entre ambos países. El acontecimiento, que no debió trascender de los marcos diplomáticos, fue aprovechado por las fuerzas armadas de ambos lados para justificar la necesidad de aplicar considerables recursos en gastos de defensa.

En el caso del Perú, la coyuntura sirvió para que el gobierno del presidente Toledo accediera a las presiones de los militares, adquiriendo fragatas misilísticas y, posteriormente, creando un fondo destinado a suplir las demandas del sector Defensa. Paralelo a ello, fue evidente que el gobierno no mostró mayor disposición para implementar las recomendaciones que se indicaron en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aunque finalmente dio señales positivas respecto de la reparación debida a los familiares y víctimas de la violencia política. Pero no ocurrió lo mismo con las sanciones pendientes sobre aquellos efectivos identificados fehacientemente como responsables de violaciones de derechos humanos cuando se aplicó una generalizada política contrasubversiva en el país.

En todo caso, puede decirse que el marco desde el cual se intentó dar curso a la reforma militar en el Perú debió facilitar la realización de los ajustes pertinentes para que tanto la norma como los encargados de hacerla cumplir fueran eficientes; pero la pregunta al respecto sería: ¿qué sucede cuando el fundamento mismo de ambos, el Estado, muestra graves fallas estructurales en su relación con la sociedad? Sobre ello, la conducta de las fuerzas armadas no puede ser desligada del marco institucional-estatal en el que se hayan inscritas, ni de las diversas, continuas y muy complejas relaciones que establecen con los actores civiles.

Bajo estas consideraciones, es muy importante para conocer las consecuencias de la intervención política de los militares en el Perú, remitirse a las conclusiones expuestas en el Informe Final de la CVR que, por lo mismo, resulta ser una herramienta indispensable para analizar los posibles remedios que podrían adoptarse para cancelar la posibilidad de una abierta violencia del Estado en el futuro.

Según la CVR, la importancia que adquirió el fenómeno subversivo en el Perú estuvo en directa relación con las debilidades mostradas por la democracia formal que se desarrolló en el país entre 1980 y 1992. En este sentido, la inoperancia de las autoridades elegidas alimentó la paulatina abdicación del poder civil, permitiendo la creciente presencia política de las fuerzas armadas (CVR, 2003: IX, 91).

El resultado fue la cada vez más evidente autonomización de las fuerzas armadas, que dio lugar a una situación que las alejó de los controles debidos sobre sus funciones, y que permitió la aparición de instancias que fueron usadas contra los opositores al régimen autoritario vigente en los años ’90 (como fue el caso del SIN).

Entonces, lo acontecido en torno a la violencia política ocurrida en el Perú durante las dos décadas previas, y la actuación que tuvieron las fuerzas armadas en este contexto, hace suponer que el problema a considerar cuando se intenta reformar a estas instituciones es más complejo que lo asumido hasta el momento, y sólo puede ser entendido si nos remontamos a periodos anteriores a 1980. En ese sentido, está claro que la manera como concibieron los militares el problema subversivo y, a su vez, cómo asumieron los gobernantes y autoridades civiles los roles que debían cumplir ante esta circunstancia no fueron productos que se elaboraron en el momento en que se presentó el problema. En gran medida, todo parece indicar que lo que allí se desplegó fue un discurso que fue construyéndose desde mucho antes —inscrito, además, en la forma como fue desenvolviéndose la construcción del Estado nacional peruano durante el siglo XX.

En este sentido, lo crucial para los militares peruanos fue definir a los miembros de la comunidad nacional, y a quiénes serían los que estaban fuera de ella. Además, entre los últimos, no hubo homogeneidad de criterios para caracterizarlos, pues —como intentaremos demostrar a lo largo del presente estudio— hubo quienes mostraron aptitudes para ser incorporados en esta comunidad nacional militarmente imaginada, y hubo quienes no. Aun así, la división no fue tajante, y muchos elementos no sólo se intercambiaron entre ambos grupos sino que, con el transcurso del tiempo, tal como afirmamos líneas arriba, ambas dimensiones operaron una especie de retroalimentación entre ellas.

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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120419125101/medrano.pdf

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Seguridad, defensa y la inclusión social: modelo para armar

Eduardo Toche

América del Sur/Perú/Octubre 2016/Eduardo Toche/http://revistaargumentos.iep.org.pe/

Por: Eduardo Toche

Fue innegable la reacción positiva que tuvo el mensaje a la nación del presidente Humala y, luego, la exposición del presidente del gabinete de ministros ante el Congreso de la República. Las encuestas realizadas posteriormente marcaron una considerable popularidad del Gobierno. No era para menos. Fue explícita la voluntad de querer hacer las cosas de manera diferente, y, en ese sentido, propusieron algunos ejes que servirían de derrotero, entre los cuales resaltó la inclusión social.

Lerner señaló que el gabinete tenía muy clara la estrategia para lograr el crecimiento económico con estabilidad, subrayando que sería “radical” en la defensa de la inclusión social, uno de los compromisos del presidente Humala.

De esta manera, el premier Lerner señaló que el gabinete tenía muy clara la estrategia para lograr el crecimiento económico con estabilidad, subrayando que sería “radical” en la defensa de la inclusión social, uno de los compromisos del presidente Humala. Sin embargo, la voluntad expresada, por sí misma, no es garantía suficiente para prever que en la dirección propuesta se arribará a las metas esperadas en el menor plazo posible. La exposición de Lerner propuso algunas, pero no fue explícito en los mecanismos y medios que usaría.
Esto fue muy evidente en lo que concierne a los sectores Interior y Defensa. Al respecto, un primer asunto que dejó muchas dudas fue un aspecto conceptual que deviene en crucial: el hecho de que haya incorporado los anuncios que correspondían a Defensa en el rubro que destinó a tratar los temas de seguridad, denominado Seguridad para Todos.
El escenario cambiante
La imprecisión, tal vez, es una consecuencia de la dinámica que ha adquirido el ámbito de la seguridad y la defensa en las últimas décadas. Latinoamérica comenzó a ser considerada como una de las regiones del mundo con menor conflictividad bélica entre los países, y una manifestación de esta situación son los crecientes cuestionamientos que se imponen sobre el gasto militar y la envergadura de las fuerzas armadas, debido a las crecientes dificultades para justificarlos. Pero, paradójicamente, se convirtió en una de las zonas con mayores índices de criminalidad y violencia. Durante los años ochenta, las tasas de criminalidad en América Latina se duplicaron en comparación con las de la década anterior. En los años noventa se triplicaron, y desde entonces no se han reducido en forma significativa. Hoy, las tasas de criminalidad de la región superan entre tres y cinco veces la tasa promedio mundial. 1
Según el reciente Global Burden of Armed Violence, 2  7 países latinoamericanos están entre los 14 que muestran mayores índices de violencia a nivel mundial, y el Perú se ubica en el puesto 57.

A la incapacidad del Estado para generar desarrollo social se suma el débil desempeño de los sistemas de justicia, fuerzas policiales, ministerios públicos e instituciones penitenciarias, que presentan, en general, inocultables falencias, desequilibrios y problemas.

En efecto, la ciudadanía identifica a la inseguridad ciudadana como el principal problema público, y la traduce como la alta probabilidad de ser víctima de ataques delincuenciales, y es reiterativa en señalar que las causas de esta situación radican en cuestiones sociales, como el desempleo y la pobreza. De igual manera, la evaluación sobre los agentes de seguridad pública es, como podrá suponerse, bastante baja. Estos puntos de vista tienen, sorprendentemente, una alta homogeneidad entre todos los sectores socioeconómicos.
Esto revela, entre otras conclusiones, que la violencia letal está muy vinculada con resultados negativos en materia de desarrollo, en tanto está comprobado que existe un vínculo muy evidente entre las altas tasas de homicidios intencionales y niveles significativamente más altos de pobreza extrema y hambre, menores niveles de escolarización primaria y mayores tasas de mortalidad infantil y de natalidad entre las adolescentes. 3
En esa línea, países como el nuestro —denominados como de renta media— se caracterizan, entre otras cuestiones, por un importante grado de resistencia y desconfianza hacia las instituciones, debido a la alta percepción de fragilidad e inestabilidad. Estos factores hacen que sus estrategias de desarrollo se enfrenten a problemas múltiples, relacionados con la deficiente estructura institucional, la carencia o estrechez de los mercados financieros domésticos, los efectos de la inseguridad sobre el comportamiento de los agentes, la inercia o la corrupción de la administración pública y las limitaciones de los mercados para aprovechar rendimientos crecientes y complementariedades de la producción, entre los más relevantes. 4
Dicho en otras palabras, a la incapacidad del Estado para generar desarrollo social se suma el débil desempeño de los sistemas de justicia, fuerzas policiales, ministerios públicos e instituciones penitenciarias, que presentan, en general, inocultables falencias, desequilibrios y problemas de coordinación que impiden que los operadores estatales cumplan el papel que les corresponde en relación con la seguridad ciudadana. 5
Los primeros anuncios
El presidente Humala y luego el premier Lerner demostraron sintonizar con las demandas de mayor seguridad de la población, aunque, de otro lado, aparentemente los objetivos que se plantearon en este rubro no quedaron claramente alineados con la meta de inclusión social que se han propuesto. Aun así, hubo una medida que apareció como una meta de corto plazo. El premier Lerner, siguiendo las prioridades que ya había anunciado el presidente Humala en su mensaje a la nación, señaló la decisión de reformar el sistema remunerativo y previsional de las fuerzas armadas y policiales, “manteniendo la pensión renovable, realizando los ajustes salariales en forma gradual para lograr el sostenimiento financiero del sistema previsional”.
Para el caso, nadie podría estar en desacuerdo con esta medida, que además es extendible a la función pública en general. Sin embargo, como dicta la experiencia, el solo hecho de aumentar las remuneraciones a un sector de los funcionarios públicos, sin detallar los resultados esperados con ello, conduce a generar dudas razonables sobre el real impacto que tendrán sobre los objetivos que el mismo Gobierno se ha trazado. Más aún si, como es este caso, no se expuso claramente si la medida sería acompañada de una reestructuración de la pirámide funcional del personal que, como concluyeron los diversos diagnósticos previos, se encontraba muy distorsionada.
Pues bien, al parecer, esto último fue lo que finalmente se impuso como criterio inicial para proceder a reformar los aparatos de seguridad. No era ningún secreto que la alta jerarquía de las fuerzas armadas y policía nacional está sobredimensionada, entre otros factores, por la presión que ejerce sobre la pirámide funcional el régimen pensionario y las bonificaciones. Además, como correlato de ello, todo parece indicar que la eficiencia de este número magnificado de generales no era la adecuada, y, asimismo, existen indicios para afirmar que la calidad de los oficiales superiores, aquellos que están inmediatamente debajo de los generales en la jerarquía, era bastante mejor que la de sus superiores.

No puede dejarse de lado el hecho de que se imponga sobre ella una serie de cuestionamientos, especialmente la aparente discrecionalidad que conduce a sospechar sobre la posibilidad de politizar tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional.

Todo ello conducía aseverar que una primera medida a adoptar para reformar los aparatos de seguridad del Estado era, precisamente, el aumento de las remuneraciones de sus efectivos, pero para realizarla se debía operar cambios en la estructura jerárquica, reduciendo el número de generales y buscando formas de promoción de la oficialidad superior, dañando lo menos posible las lógicas de promoción del personal. Ahora bien, seguramente no había casi alternativas sino proceder rápida y sorpresivamente con esta decisión, pero no puede dejarse de lado el hecho de que se imponga sobre ella una serie de cuestionamientos, especialmente la aparente discrecionalidad que conduce a sospechar sobre la posibilidad de politizar tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional.
Más aún, esta posibilidad se potencia debido a la práctica inexistencia de un partido de gobierno, lo cual acrecentaría la necesidad de construir un espacio de apoyo y acción por parte del Ejecutivo. Sin embargo, las críticas que se han formulado en este sentido no han mostrado mayor preocupación por la inoperancia de los mecanismos de control democrático que deberían actuar en estos casos, como, por ejemplo, las comisiones del Congreso que tienen atribuciones sobre esta materia.En idéntica forma, no se puso en el debate la pertinencia que tiene sobre estos asuntos los sistemas de vigilancia y monitoreo ciudadano. 6
Resumiendo, donde se ha querido ver un “remezón” tal vez es un razonable reacomodo que busca armonizar de mejor manera las relaciones entre las jerarquías militar y policial y el Ejecutivo. Sin embargo, todo indicaría que no es una reacción coyuntural, sino que parece ser una primera acción en función de metas de mediano plazo, es decir, unas fuerzas armadas y policiales más propensas a alinearse con los objetivos de inclusión social que se ha trazado el gobierno.
Algunas preocupaciones
Al respecto, el camino es muy largo, y los primeros indicios dados por el Gobierno no son todos auspiciosos. Por ejemplo, sus voceros no han anunciado cómo van a proceder para la urgente reforma de los ministerios de Defensa e Interior. En el primer caso, incluso, el hecho de nombrar como ministro a un general del Ejército —y, junto a él, la práctica militarización del cuadro de altas funciones— viene teniendo como consecuencia lo que se había advertido: que el ministerio no fortalezca su rectoría en la política de defensa y, en su lugar, se convierta en una especie de vocero de las fuerzas armadas ante el Ejecutivo. Para el caso, las cuestionables declaraciones del ministro de Defensa sobre una norma que sancione el “punto final” en materia de violaciones a los derechos humanos muestra su rol como portador de la voz militar en estos asuntos, aunque contradice flagrantemente los objetivos del Gobierno.
Además, para reforzar el planteamiento de la necesidad de actuar sobre la organización de los sectores Interior y Defensa, debemos enfatizar un aspecto subrayado por el propio Gobierno, y que aparece como una de sus fuentes de legitimidad: la lucha contra la corrupción. Sobre ello, una enorme ausencia de los anuncios del Ejecutivo respecto a los sectores mencionados fueron los mecanismos de transparencia que deben implementarse. Para el caso, el premier Lerner señaló que el Gobierno se propone:
“incrementar en un 20% la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas; alcanzaremos los objetivos del Núcleo Básico de Defensa, y en una segunda etapa iniciar la obtención del nivel de disuasión previsto, lograremos la movilidad estratégica de las fuerzas armadas mediante la estandarización en el equipamiento y el empleo conjunto de las fuerzas, así como el despliegue a nivel nacional.” 7
La pregunta obvia que se formula ante ello es ¿cuál es la finalidad de ese incremento? ¿Por qué es 20% y no 30% o 10%? ¿Qué resultado se espera obtener en función de los horizontes que el propio Gobierno se ha trazado en términos de inclusión social?
Si involucramos recursos para las fuerzas armadas y policiales sin realizar los mínimos ajustes para llevar a cabo esta acción de manera transparente, no solo será imposible que articulen sus acciones con los objetivos que se plantean las municipalidades, gobiernos regionales y sectores del Estado, sino, lo que es más, abriríamos las compuertas para una corrupción generalizada que socavaría aun más la mellada imagen de estas instituciones.

En suma, el Gobierno no debería dar ocasión a que se difunda la idea de que actúa por reacción en los asuntos de seguridad y defensa, en otras palabras, que decide por presión. De buenas a primeras, se podría estar a favor de la tesis de un evidente retraso en el equipamiento y remuneraciones de las fuerzas armadas y policiales, pero lo que es inaceptable es que el país termine financiando gastos que no son prioritarios o, peor aún, que aparezca la sospecha de que la finalidad única haya estado centrada en beneficios particulares y no en una estricta necesidad.

* Investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO.
Referencias Bibliográficas
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Eduardo Toche. “LO QUE SEGURIDAD, DEFENSA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: MODELO PARA ARMAR”. En Revista Argumentos, Edición N° 5, Noviembre 2011.  

Fuente :http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/seguridad-defensa-y-la-inclusion-social-modelo-para-armar/
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https://lh3.googleusercontent.com/7TxxcdfmE4aMm8NcYdr-HkwnggJGDLa4_BuTv62MLTotJUCqCmrjhC1UhqjjA9Ml-nIaFg=s85
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