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La educación pública está en peligro

Por: El foro de Sevilla

Queremos escuchar a todos los políticos decir que la educación pública en nuestro país está blindada y no corre ningún peligro. Porque todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a disfrutar de una escuela con la misma calidad y plural (Foro de Sevilla).

La modernización conservadora que plantea la derecha quiere que se rompa el derecho a la educación y se convierta en un derecho de mejor escuela para las familias de clase media y alta, y que continúe la reproducción social más fuerte que nunca. Estamos entre los cuatro países europeos que tienen una mayor oferta de plazas en centros privados a través del régimen de conciertos que se creó con la LODE en el año 1985. En concreto España ocupa el tercer lugar de Europa en escuela privada-concertada en primaria (con un 28,5%) y el cuarto lugar en educación secundaria (con un 30,7%) (Eurydice, 2015).

Desde el curso 1990-1991 hasta el curso 2010-2011 (20 años después) las unidades escolares han aumentado un 30,4% en centros públicos y un 45% en centros privados, lo que muestra que, aunque la privada-concertada naciera con la vocación de ser un complemento de la pública, habría ido creciendo en toda España y sobre todo en las comunidades gobernadas por ejecutivos de tendencias conservadora-liberal (PP y nacionalistas).

Dos hechos han sucedido recientemente que nos vuelven a poner en alerta acerca del peligro que corre la educación pública en nuestro país. Se pretende reforzar y acelerar un proceso de desmantelamiento nuevamente y generar una gran desconfianza de todo lo que es público.

Uno es el Decreto que prepara Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, para que los centros privados puedan acceder al sistema de conciertos en las enseñanzas no obligatorias, en bachillerato y Formación Profesional. Que sirve para afianzar y asegurar las políticas de esta Comunidad que ya ofrecían ayudas a las familias que matriculan a sus hijos en las escuelas privadas.

No podemos olvidar que el aumento de la privatización de la educación secundaria ocurrió cuando se amplia con la Logse en dos años la etapa y se reducen las ratios, recurriendo a un periodo transitorio para la ampliación y adecuación de conciertos a estas enseñanzas.

El segundo hecho, la prioridad del PP para negociar con Ciudadanos el gobierno de Andalucía con la rebaja fiscal y el impulso a la educación concertada. Expresado como “el blindaje de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos”. Tema en el que será fácil llegar a acuerdos por la similitud programática en estos temas.

Esto no es algo nuevo porque el PP en las comunidades que ha gobernado ha creado nueva normativa para modificar el espíritu de la LODE cambiando la ampliación de las zonas de influencia, la inclusión de la proximidad al lugar de trabajo, la reducción relativa del peso de la renta familiar o la posibilidad de que los centros contemplen criterios propios de admisión.

La elección de los centros, que siempre ha sido una obstinación de la derecha, es otro de los elementos clave para avivar la competencia y para ello nada mejor que hacer públicos rankingsde centros educativos, que ordenan los resultados de las evaluaciones y ofrecen información a las familias. Como ya se ha hecho también en comunidades autónomas donde ha gobernado el PP. Todo ello conduce a la creación de centros de diferente categoría y a una mayor desigualdad. Se realiza una selección del alumnado, excluyendo los centros privado-concertados a aquellos que pertenecen a los entornos socio-económicos desfavorecidos y, especialmente, a los inmigrantes.

Los centros concertados, sin embargo, no muestran una mayor eficiencia en sus resultados, como informa PISA. La escuela privada-concertada, contrariamente a los criterios de rentabilidad y eficacia con los que se propaga, no ofrece una mejor calidad de aprendizaje y, por supuesto, no ofrece equidad. Las políticas de gestión empresarial y privatizadoras conseguirán centros con desiguales estándares de aprendizaje, en los que la libertad de elección sirve para clasificar en segmentos sociales.

En servicios o bienes que deben tener la misma calidad y proporcionar los mismos derechos básicos para todo el mundo, como es la educación, se genera una creciente diferenciación entre centros que tendrá como resultado una segregación del alumnado que contribuye a la desigualdad de nuestro sistema educativo.

La segregación escolar por nivel socioeconómico conduce a una segmentación del sistema educativo en el que existe una clara diferenciación entre la experiencia escolar a la que acceden la mayoría y la que está reservada a las élites. En España el índice de inclusión social del alumnado, que refleja que en la escuela conviven alumnos y alumnas plurales y diversos, ha pasado de 74 puntos en 2012 a 69 en 2015, ocupando la antepenúltima posición de los países de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE (Rogero, 2017). España segrega por la distribución del territorio (con un sur más pobre), la educación privada (tercer país en Europa con un 32%), clasificación interna en los centros de secundaria por niveles educativos, programas de bilingüismo y de bachillerato de excelencia, que son nuevas formas de ‘apartheid’ dentro de las mismas escuelas y, finalmente, con políticas de elección de centro.

Hemos de evitar dar poder al mercado y a la libre competencia sin ningún tipo de control o regulación por parte del Estado olvidando que el mercado codicioso nunca se preocupará del bienestar común. La educación necesita ser pública para garantizar la formación de una ciudadanía plural con objetivos sociales, bienestar común y cumpliendo el derecho a la educación de nuestra Constitución.

El mercado nunca se preocupará de una oferta de calidad y adecuada para todos porque su objetivo es el negocio y la rentabilidad económica y hemos de preservar y continuar luchando por una educación pública de calidad porque si no se convierte en subsidiaria de la privada y profundiza la brecha social.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/12/19/la-educacion-publica-esta-en-peligro/

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La educación pública está en peligro

Por: Foro de Sevilla.

 Queremos decir que la educación pública en nuestro país está blindada y no corre ningún peligro. Porque todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a disfrutar de una escuela con la misma calidad y plural (Foro de Sevilla).

La modernización conservadora que plantea la derecha quiere que se rompa el derecho a la educación y se convierta en un derecho de mejor escuela para las familias de clase media y alta, y que continúe la reproducción social más fuerte que nunca. Estamos entre los cuatro países europeos que tienen una mayor oferta de plazas en centros privados a través del régimen de conciertos que se creó con la LODE en el año 1985. En concreto España ocupa el tercer lugar de Europa en escuela privada-concertada en primaria (con un 28,5%) y el cuarto lugar en educación secundaria (con un 30,7%) (Eurydice, 2015).

Desde el curso 1990-1991 hasta el curso 2010-2011 (20 años después) las unidades escolares han aumentado un 30,4% en centros públicos y un 45% en centros privados, lo que muestra que, aunque la privada-concertada naciera con la vocación de ser un complemento de la pública, habría ido creciendo en toda España y sobre todo en las comunidades gobernadas por ejecutivos de tendencias conservadora-liberal (PP y nacionalistas).

Dos hechos han sucedido recientemente que nos vuelven a poner en alerta acerca del peligro que corre la educación pública en nuestro país. Se pretende reforzar y acelerar un proceso de desmantelamiento nuevamente y generar una gran desconfianza de todo lo que es público.

Uno es el Decreto que prepara Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, para que los centros privados puedan acceder al sistema de conciertos en las enseñanzas no obligatorias, en bachillerato y Formación Profesional. Que sirve para afianzar y asegurar las políticas de esta Comunidad que ya ofrecían ayudas a las familias que matriculan a sus hijos en las escuelas privadas.

No podemos olvidar que el aumento de la privatización de la educación secundaria ocurrió cuando se amplia con la Logse en dos años la etapa y se reducen las ratios, recurriendo a un periodo transitorio para la ampliación y adecuación de conciertos a estas enseñanzas.

El segundo hecho, la prioridad del PP para negociar con Ciudadanos el gobierno de Andalucía con la rebaja fiscal y el impulso a la educación concertada. Expresado como “el blindaje de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos”. Tema en el que será fácil llegar a acuerdos por la similitud programática en estos temas.

Esto no es algo nuevo porque el PP en las comunidades que ha gobernado ha creado nueva normativa para modificar el espíritu de la LODE cambiando la ampliación de las zonas de influencia, la inclusión de la proximidad al lugar de trabajo, la reducción relativa del peso de la renta familiar o la posibilidad de que los centros contemplen criterios propios de admisión.

La elección de los centros, que siempre ha sido una obstinación de la derecha, es otro de los elementos clave para avivar la competencia y para ello nada mejor que hacer públicos rankings de centros educativos, que ordenan los resultados de las evaluaciones y ofrecen información a las familias. Como ya se ha hecho también en comunidades autónomas donde ha gobernado el PP. Todo ello conduce a la creación de centros de diferente categoría y a una mayor desigualdad. Se realiza una selección del alumnado, excluyendo los centros privado-concertados a aquellos que pertenecen a los entornos socio-económicos desfavorecidos y, especialmente, a los inmigrantes.

Los centros concertados, sin embargo, no muestran una mayor eficiencia en sus resultados, como informa PISA. La escuela privada-concertada, contrariamente a los criterios de rentabilidad y eficacia con los que se propaga, no ofrece una mejor calidad de aprendizaje y, por supuesto, no ofrece equidad. Las políticas de gestión empresarial y privatizadoras conseguirán centros con desiguales estándares de aprendizaje, en los que la libertad de elección sirve para clasificar en segmentos sociales.

En servicios o bienes que deben tener la misma calidad y proporcionar los mismos derechos básicos para todo el mundo, como es la educación, se genera una creciente diferenciación entre centros que tendrá como resultado una segregación del alumnado que contribuye a la desigualdad de nuestro sistema educativo.

La segregación escolar por nivel socioeconómico conduce a una segmentación del sistema educativo en el que existe una clara diferenciación entre la experiencia escolar a la que acceden la mayoría y la que está reservada a las élites. En España el índice de inclusión social del alumnado, que refleja que en la escuela conviven alumnos y alumnas plurales y diversos, ha pasado de 74 puntos en 2012 a 69 en 2015, ocupando la antepenúltima posición de los países de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE (Rogero, 2017). España segrega por la distribución del territorio (con un sur más pobre), la educación privada (tercer país en Europa con un 32%), clasificación interna en los centros de secundaria por niveles educativos, programas de bilingüismo y de bachillerato de excelencia, que son nuevas formas de ‘apartheid’ dentro de las mismas escuelas y, finalmente, con políticas de elección de centro.

Hemos de evitar dar poder al mercado y a la libre competencia sin ningún tipo de control o regulación por parte del Estado olvidando que el mercado codicioso nunca se preocupará del bienestar común. La educación necesita ser pública para garantizar la formación de una ciudadanía plural con objetivos sociales, bienestar común y cumpliendo el derecho a la educación de nuestra Constitución.

El mercado nunca se preocupará de una oferta de calidad y adecuada para todos porque su objetivo es el negocio y la rentabilidad económica y hemos de preservar y continuar luchando por una educación pública de calidad porque si no se convierte en subsidiaria de la privada y profundiza la brecha social.

Carmen Rodríguez, Javier Marrero, Rodrigo J. García y Francisco Imbernón. Comisión Permanente del Foro de Sevilla.

Fuente del artículo: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/12/19/la-educacion-publica-esta-en-peligro/

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Medidas urgentes para el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la LOMCE

Ante la Consulta pública abierta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación, LOMCERedes por una Nueva Política Educativa propone un acuerdo que evite el aumento del fracaso escolar y restituya la democracia y la equidad en el sistema educativo desde sus inicios. Se trata de una serie de medidas urgentes que ya enviamos el día nueve de julio y que volvemos a remitir agregando alguna más, para el próximo curso.

Esto es una contribución inicial que hace Redes, sin menoscabo de futuras sugerencias y aportaciones que hagamos durante los periodos de preparación de la misma por parte del ejecutivo o, en su caso del periodo legislativo.

Además, queremos resaltar la necesidad de recuperar y mejorar en un futuro próximo, pero sin tardanza, los niveles de inversión económica en la educación pública, necesarios para revertir los efectos de los recortes. Asimismo, insistimos en la necesidad de construir una nueva Ley de Educación consensuada por las fuerzas políticas, sociales y con la comunidad educativa, que parta del “Documento de Bases para una nueva ley de educación” y que asegure la calidad educativa en la educación pública en un marco de estabilidad normativa e incremento presupuestario, y que potencie desde el nacimiento una escuela para la vida, laica, inclusiva, coeducativa, democrática y respetuosa con las lenguas propias territoriales.

Por ello solicitamos que se incluya en primer lugar en el anteproyecto de Ley Orgánicaque es una norma transitoria y provisional que subsana los quebrantos de la LOMCE y soluciona de manera urgente los perjuicios que está causando en el sistema educativo, pero el objetivo final es la elaboración de una ley educativa consensuada con la comunidad escolar.

Destacamos en color aquellas propuestas que coinciden con las realizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en su memoria justificativa.

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.

•  Invertir en la universalización del primer ciclo de la Educación Infantil para que pueda ser, además, público y gratuito en todo el Estado.
•  Evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos estudiantes la posibilidad de cursar bachillerato.
• Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.
•  Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica.
•  Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo.
•  Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings, especialmente la nueva prueba de evaluación de Bachillerato que se está utilizando para el acceso a la Universidad.
•  Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la política de becas con el aumento de las mismas.
•  Paralización del 3+2 en las universidades.
•  Aumentar con carácter inmediato los recursos humanos y materiales de los equipos de atención temprana, orientación y específicos así como los departamentos de orientación de los Institutos para hacer real la Educación Inclusiva.
•  Frenar los currículos estandarizados y volver temporalmente a los de la LOE.
•  Supresión del derecho a la elección de centro por parte de las familias, que tiene que regularse mediante criterios que no supongan, en ningún caso, la segregación. por nivel académico, género, etnia o religioso. Eliminar la reserva de un 20% de la puntuación de admisión al criterio de rendimiento académico.
•  Eliminación de la especialización curricular de los institutos de enseñanza secundaria en función del proyecto educativo (art. 121) y que los recursos que reciban estos centros dependan de éstos proyectos y de la Rendición de cuentas (art. 122).

2. Restituir la democracia en los centros escolares

•  Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE y las atribuciones de los equipos directivos que imponen materiales escolares a los claustros.
•  Restituir las competencias de los consejos escolares.

3. Apuesta por la equidad

•  Apuesta por la Educación de titularidad y gestión pública. La privada-concertada ha de ser subsidiaria de la pública, mientras se consolida la supresión progresiva de los conciertos, que debe concretarse en una norma legal antes de acabar la presenta legislatura.
•  Prohibir que haya una red de centros infantiles considerada asistencial de segunda y otra educativa de primera, exigiendo que todos los que acogen regularmente a niños y niñas de cero a seis años cumplan unos requisitos mínimos de centros y de currículo fijados en un Real Decreto para todo el Estado.
•  Volver a establecer la obligatoriedad existente en la LOGSE de impartir el 1º ciclo completo de Educación Infantil para obtener la autorización administrativa.
•  No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho.
•  No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
•  No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho.
•  Detener la privatización y revertir la gestión indirecta de centros de educación infantil que son de titularidad pública.
•  Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
•  Retirada inmediata de los sistemas de conciertos y convenios de escuelas infantiles y casas de niños a los centros que incumplan las exigencias establecidas.
•  Apoyo a la universalización de la educación infantil pública y gratuita y a la educación compensatoria.
•  Restituir los servicios complementarios de comedores, transportes, etc.
•  Religión fuera del currículum y del horario escolar y como medida urgente y transitoria que sea considerada no evaluable y sin valor académico. Pedimos que se cumpla el mandato aprobado por mayoría parlamentaria el pasado 21 de febrero de proceder a la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano que avalan la inclusión obligada de la Religión confesional en todos los currículos.
•  Pedimos la restitución de los contenidos en los currículos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que incluyan la equidad y la igualdad de los sexos y que en ningún caso puede impartirse por profesorado de religión o incluir contenidos religiosos.
• Refuerzo de la coeducación y, para ello, promoción de la enseñanza mixta, evitando los centros y las aulas que segregan al alumnado por razón de sexo. Retirada de conciertos a aquellos centros que practiquen una enseñanza diferenciada a partir de la derogación de la LOMCE.
•  Derogación del RD ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la restitución de las condiciones laborales del profesorado, con efectos desde la nueva normativa para dar cobertura legal a las administraciones educativas que ya han empezado a revertir parcialmente estos recortes.
•  Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación infantil, de adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos, educativos, ILSEs, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral con una consolidación real de sus puestos de trabajo, y tengan en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.
• Derogar el RD 4015/2015 de 29 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007 del 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Acceso al documento en pdf
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Manifiesto por la equidad en educación

La educación debe tener como objetivo la equidad para garantizar los mismos derechos y oportunidades para todos. Para ello debe garantizarse la justicia social y la educación como bien público.

Decía Aristóteles que si el fin de la educación es la justicia, la educación debe ser única y la misma para todos de modo que no sea el dinero y la clase social la que diferencia la educación.

Las personas que formamos parte del Foro de Sevilla queremos manifestarnos para que la educación tenga como objetivo primero la equidad. Porque todos los alumnos y alumnas, sean quienes sean, puedan tener una educación equivalente que les proporcione los mismos derechos y oportunidades ante la vida. Para ello debe garantizarse la justicia social y considerarse la educación como un bien público.

Una nueva ley de educación debe ser consensuada con la comunidad educativa, colectivos y organizaciones sociales que trabajan por la educación y cumplir con los siguientes principios:

Financiación: Un sistema educativo público y de calidad necesita una financiación suficiente y adecuada. Pero tan importante como la inversión es la intencionalidad política que define los fines que pretendemos y los objetivos que le atribuimos. Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidos a compensar las desigualdades y a garantizar una educación de calidad para cualquier persona requiere un esfuerzo económico notable (consiste en que una desigualdad de origen no implique nunca una desigualdad en las oportunidades educativas), pero el retorno exponencial, en términos de progreso, bienestar y cohesión social, es impagable para cualquier país. La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida. Requerimos una ley de Financiación de la educación pública que garantice un nivel de inversión del PIB en educación que se sitúe en la media de los países más avanzados de la Unión Europea. Un 5% en una legislatura con el compromiso a medio plazo del 7%, trasladando ese incremento al gasto por alumno en todos los territorios, vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad (Pedro Badía Alcalá).

Escuela plural: Cada escuela debe ser una foto microscópica del conjunto de la sociedad donde conviven alumnos y alumnas plurales y diversos. En las escuelas de público homogéneo se aprecia una segmentación y segregación de la educación democrática, disminuye el aprendizaje y la capacidad de reconocimiento del “otro”, los y las que son diferentes, hurtando el aprecio por los demás y la capacidad de convivencia. La segregación social también disminuye las posibilidades del sistema educativo para enseñar, se inhibe el efecto de los pares (con quienes se aprende) y son escuelas con menos recursos y menos oportunidades. El efecto principal de obtener menores logros educativos no proviene del origen social individual, sino de agregar estudiantes de similar origen social a la misma escuela; bajan las expectativas hacia los estudios y se producen situaciones de vulnerabilidad y bajo desempeño escolar, mientras el profesorado tiene dificultades, baja motivación para el trabajo y para mantener su estabilidad en estos centros (Carmen Rodríguez Martínez).

Inclusión educativa: El mundo de ideas que orienta la manera de pensar y actuar se encuentra colonizado por un modo de conocer positivisto, centrado en la mejora de la productividad de las sociedades. Esta lógica afianza la línea divisoria entre ‘excluidos’ e ‘incluidos’ y es contraria al principio de inclusión educativa. La comprensión numérica de la realidad contribuye a asociar ‘diferencia’ y ‘déficit’. La imposición administrativa de una práctica racionalista y clasificatoria desvirtúa el significado genuino del principio de inclusión. Apremia romper esta secuencia, en la que al diferente se le asignan espacios marginales, profesorado especial y un currículo degradado. Es preciso dotar a los sistemas escolares de las condiciones estructurales básicas que exige una educación inclusiva, en la que todos y todas tengamos las mismas posibilidades de construirnos como personas comprometidas con una  sociedad más justa en lo económico, sabia en lo social y ecológica en lo ambiental (Rodrigo J. García Gómez).

Red de titularidad y gestión públicas: Sabemos que en nuestra sociedad quien hace suyo el derecho de todos a la educación en condiciones de equidad es la escuela de titularidad y gestión públicas. Su compromiso es garantizar el éxito educativo de todos desde el profundo respeto a la diferencia para conseguir la mayor igualdad. Es el espacio en el que es posible aumentar siempre el grado de justicia escolar y social sin ningún tipo de discriminación y segregación. Es el lugar donde se hace efectivo el derecho a la fraternidad y la fraternidad como derecho. Por ello tenemos la obligación de trabajar en esta dirección para hacer realidad la escuela pública democrática y equitativa, donde el protagonismo de los que aprenden se dé en condiciones de máxima libertad y calidad para garantizar que nadie quede, respetando su singularidad, al margen de su pleno desarrollo y realización humana (Julio Rogero Anaya).

Laicidad: Una educación laica responde a las necesidades de los pueblos, que han aspirado a asegurar no solo la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen; sino también a afianzar, mediante la educación, una forma de organización y un sistema de vida democráticos en los que se pueda expresar el pluralismo ideológico, social y político de toda sociedad, respetando plenamente las garantías individuales y los derechos humanos de cada persona. La educación laica no cuestiona las religiones, que son formas de vida y creencia respetables. Pero tampoco quiere que los contenidos educativos se basen en dogmas y creencias particulares, sino en los resultados del progreso de la ciencia. Prescinde así, de pretensiones dogmáticas y se ubica en la libertad; no se trata de una educación atea o agnóstica, sino de una educación independiente de religiones y creencias particulares. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo (Enrique Javier Díez Gutiérrez).

Coeducación: La educación debe ofrecer a las niñas y a los niños las mismas oportunidades de vida y de conocimiento. En el momento actual la educación tiene que ir eliminando los mensajes relativos a las desigualdades de género y no diferenciar ni las actividades, ni los espacios ni los mensajes que van dirigidos a unos y otras. Pero para ello debemos avanzar en una cultura andrógina que permita valorar igualmente los antiguos saberes masculinos y femeninos, y debemos integrarla en la educación ofreciéndola de modo universal a unas y otros, para que cada criatura pueda encontrar su personalidad y configurar su proyecto, a partir del descubrimiento de sus propias capacidades y posibilidades, y con independencia de su sexo biológico. Sólo así podremos acabar con el androcentrismo en la cultura, superar la violencia de género masculino que se sigue valorando y exigiendo a los chicos, y la inseguridad que se continua transmitiendo a las chicas. Y evitaremos también el sufrimiento de las criaturas que no encajan en los moldes de género, y que ahora se ven obligadas a acogerse a la etiqueta “transgénero”, con las consiguientes dificultades para sí mismas, sus familias y el profesorado. (Marina Subirats Martori).

Participación democrática: La participación plena y efectiva de toda la comunidad educativa debe presidir la ordenación del sistema educativo, el proceso educativo y la gestión y control de los centros educativos, obligando a las administraciones a impulsar y garantizar dicha participación. La educación es democrática o no es educación y sí mera instrucción ideológica. Una sociedad democrática existe cuando sus ciudadanos y ciudadanas se comportan democráticamente, y cuando sus instituciones se rigen por normas democráticas y actúan según ellas. Una escuela democrática es la que enseña a ejercer la democracia, dando ejemplo al plasmarla en todas sus actuaciones y buscando con ello que los menores interioricen el comportamiento democrático en su aprendizaje personal y social. Es imprescindible que la escuela revise sus normas y las formas que mantiene al aplicarlas, abandonando estilos de relación que se muestran inoperantes, alejados de los requerimientos de una sociedad democrática, justa y moderna. (José Luis Pazos).

Saberes contextualizados y aprendizajes relevantes: Si queremos tener alguna posibilidad de influir con las ideas en las instituciones educativas, si pretendemos que estas sean valiosas, relevantes y mejores para los individuos, no deberíamos dejar de contemplarlas como agentes y canales de  conocimiento, de saberes diversos y, en definitiva, de cultura. A eso lo denominamos contenidos de la enseñanza. Estos son inherentes a la actividad de la educación y no podemos entender que hubiera una pedagogía vaciada de  contenidos, pues  eso sería otra cosa y no educación. Una pedagogía liberadora (crítica) somete a escrutinio el valor de las prácticas, de las tradiciones y de los contenidos. El conocimiento puede ser emancipador cuando colabora a la comprensión del mundo físico, el material, el social, el relativo a las actividades humanas, la cultura artística… Elegir contenidos potencialmente valiosos, traducidos a experiencias positivas, donde los tiempos asignados a las tareas sean los necesarios para que la experiencia despliegue sus posibilidades, cambiarían la calidad de los sistemas educativos, de los cuales parece que las administraciones estén más preocupadas por controlarlos desde fuera que mejorarlos por dentro (José Gimeno Sacristán).

Formación del profesorado y equidad: Es importante una formación del profesorado que desarrolle una verdadera autonomía poniendo énfasis en la equidad profesional. Dada la heterogeneidad del alumnado es de importancia fundamental formar al profesorado en procesos educativos no homogeneizadores, en instituciones y organizaciones más flexibles, en inclusión educativa y diversidad en todos sus niveles y ámbitos. La formación del profesorado ha de permitir asumir una profesionalidad basada en la diversidad en las aulas y en los centros. Promover el trabajo colaborativo entre los docentes y con el alumnado y, por supuesto, trabajar conjuntamente con la comunidad que envuelve la escuela ya que la equidad no está únicamente dentro de la institución educativa sino en la sociedad para conseguir un cambio hacia la equidad, el respeto, la convivencia y la democracia en la escuela (Francisco Imbernón Muñoz).

Acción global de la equidad: Existen desigualdades que requieren una acción global, una respuesta integrada que trasciende el centro escolar y que impacta, en gran medida, en la eficacia de las oportunidades educativas. En este sentido, garantizar unas condiciones de educabilidad adecuadas (sean materiales o afectivas), generalmente degradadas en contextos de pobreza, puede resultar tan determinante como contar con un proyecto pedagógico de calidad o con profesionales bien cualificados. Ello exige que cualquier sistema educativo orientado a la equidad considere la necesidad de diseñar estrategias de colaboración y coordinación conjunta, como puedan ser planes interdepartamentales o acciones intersectoriales, para resultar más eficaces (Montse Milan Hernàndez).

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/12/05/manifiesto-por-la-equidad-en-educacion/

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Foro de Sevilla: El gobierno nunca pretendió realizar un Pacto educativo

Por Foro de Sevilla

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

La educación es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, y así transmitirlo a nuestros descendientes” (Hannah Arendt)

El gobierno nunca ha pretendido realizar un pacto por la educación, fue una maniobra disuasoria para conseguir aplicar la LOMCE. Mientras se debatía, quienes querían mantenerla sugerían que el problema de la educación en nuestro país era la cantidad de leyes aplicadas desde los años setenta (en realidad generales solo fueron tres, LOGSE, LOE y LOMCE) y no la falta de democratización y recursos de nuestro sistema educativo.Partidos políticos y comunidad escolar se esforzaron en participar en la Subcomisión, a pesar de que la LOMCE fue rechazada en el Parlamento y en la calle, y el Gobierno puso veto a su derogación y siguió haciéndolo con las propuestas que pretendían conseguir una educación democrática.¿Por qué lo hicimos?, porque la educación es una forma de amar el mundo y nos sentimos responsables y comprometidos con el futuro. Confiados nos sometimos a la necesidad de un “pacto por la educación”, con quienes solo querían maquillar la LOMCE.

El gobierno nunca pretendió modificarla y todas sus propuestas “orillaban” la ley planteando temas o aspectos que no eran centrales en la misma, o que en su propia definición eran ambiguos para la defensa de una educación pública, no discriminatoria y excluyente y que diera cabida a la diversidad y pluralidad de niños y niñas sin estar determinados por el nacimiento o riqueza.

La LOMCE se desarrolló, porque a pesar de que las reválidas estaban en suspenso se aplicaron “descafeinadas” y se sometió la educación a currículos estandarizados y cerrados, que se utilizaron para el acceso a la universidad, improvisando y obteniendo los peores resultados de la historia de la selectividad. Porque a pesar de que las evaluaciones no influyeron en la promoción en secundaria se aplicaron itinerarios, programas de mejora del aprendizaje y rendimiento y una formación profesional básica que dejaron a muchos alumnos y alumnas en la cuneta.

Es una ley, conservadora y neoliberal, porque ofrece autonomía, pero la limita controlando a través de evaluaciones externas las prácticas escolares. Convierte al profesorado en un preparador de exámenes y al alumnado en un sujeto domesticado y pasivo, preparado en conocimientos neutrales y especializados solo para el mundo laboral.

El postulado neoliberal plantea que se puede acceder a todo lo que se desea sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. Desaparecen los derechos colectivos de niñas y niños por derechos de mercado o demandas individuales que afectan a todos. La LOMCE es un paso en firme para lograr un sistema educativo mercantilista basado en la competitividad y, con una mayor eficacia en los resultados con una menor inversión, que solo puede suponer precarización del profesorado, desigualdad en la atención a la diversidad y la constitución de centros de primera, segunda y tercera categoría.

A pesar de que el Tribunal Constitucional pueda incluso validar la segregación por sexos, los itinerarios y la elección de centro por parte de las familias, en realidad se están encubriendo todas estas políticas de selección y elitismo. ¿A quién beneficia esto?

La educación ya no es una promesa de futuro laboral o diferenciación social y las clases altas y medias buscan ese objetivo, que sus hijos e hijas sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones) y de su capital económico (residencia, desplazamientos, actividades suplementarias) accedan a grupos de élite y tengan más posibilidades de éxito. A la vez que los colegios se esfuerzan por escoger al alumnado que le va a garantizar un mejor desempeño.
Pero no solo es una acción de las familias, sino que son teledirigidas por las políticas educativas: Recortes y cierre de aulas en el sector público, desgravaciones en los colegios de pago, apertura de privados concertados con suelo público, implantación del distrito único, evaluaciones con fines comparativos… A lo que añadimos una red privada, que cumple a la perfección con la selección y es financiada públicamente: segrega a los inmigrantes, separa por sexos y distribuye por clases sociales.

En lugar de esto, se trata de conseguir que todas las escuelas públicas estén dotadas de los mejores recursos y posibilidades, en vez de incitar a elegir, seleccionar y competir por las que supuestamente den mayores ventajas competitivas futuras a nuestros hijos e hijas, ya que no solo es más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación.

Lo que nos une a los colectivos que hemos suscrito el documento de bases para una nueva ley educativa es la defensa de una escuela pública democrática. Las escuelas en una sociedad democrática existen para el apoyo y extensión de la democracia, de lo contrario son socialmente inútiles o socialmente peligrosas porque educarán a personas que seguirán su camino y se ganarán la vida indiferentes a las obligaciones de ciudadanía en particular y a una forma de vida democrática en general.

La LOMCE significa un recorrido en sentido contrario al que necesita nuestro sistema educativo porque propugna un Estado empresario que rinde la democracia al sistema económico. Así justificaron la impugnación de la derogación de la LOMCE y siguen sometiendo todas sus actuaciones a la lógica mercantil. El derecho a la educación no se consigue con modelos de gestión que buscan una mayor eficacia reduciendo los costes (hasta un 3,8% del PIB como está proponiendo para 2018 el Gobierno a Bruselas). Además, responsabilizan de los resultados al profesorado, al alumnado y a sus familias, y no a la falta de recursos y al modelo competitivo y selectivo de escuelas que desmantelan el proyecto solidario de vertebración social.

Estando en uno de los países con más segregación escolar por nivel socioeconómico de Europa, el tercero en pobreza infantil después de Rumanía y Grecia y donde han aumentado los casos judiciales de violencia machista en adolescentes en un 30%, no necesitamos un nuevo proyecto de ley que refuerce el privilegio.

Las organizaciones sindicales (CCOO, Stes, CGT), de padres y madres de alumnos (CEAPA), los colectivos sociales (Mareas por la educación pública, Europa Laica, La educación que nos une, MRP, Colectivos de educación infantil, Foro de Sevilla…) y grupos políticos (PSOE y Unidos Podemos) ante la preocupación por la deriva mercantilista de nuestro sistema educativo, fueron convocados por “Redes por otra política educativa” el pasado 15 de marzo en una mesa redonda celebrada en el Parlamento. Coincidieron en una serie de propuestas:

  1. La imposibilidad de seguir participando en un pacto que desprecia a la comunidad educativa y la negociación democrática. Sin recuperar los recortes y tener una financiación suficiente (base el 5% del PIB) no se pueden plantear soluciones. CCOO junto a otros sindicatos y CEAPA decidieron abandonar la comisión técnica del Consejo Escolar del Estado para no dar coartada al gobierno con su participación y validar su trampa a la sociedad con un supuesto pacto social inexistente.
  2. Derogación de la LOMCE y los recortes. Levantar el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y empezar inmediatamente considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo de la comunidad educativa.
  3. Plantear una nueva ley educativa a favor de la mayoría social que debe tomar como punto de partida el Documento de bases en el que han participado las entidades de “Redes por otra política educativa”, que cuenta con un gran consenso y defiende el modelo de escuela pública y el derecho a la educación de alumnos y alumnas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Abierta a que puedan unirse más colectivos en su debate y construcción con un consenso social real.
  4. Conseguir una ley que trabaje por el bienestar común, evitando todas las segregaciones: por sexo, lingüísticas, socioeconómicas, por religión, por talento… Sin concesiones a la enseñanza como negocio. La ideología de la LOMCE supone un aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros con la promoción de itinerarios, las evaluaciones y rankings, la segregación por sexos y la competitividad creada en el sistema educativo por el sentido mercantilista de dicha ley.
  5. Garantizar la democratización de los centros con una autonomía real y la participación de la comunidad escolar. Restituir las competencias del Consejo Escolar del Centro y del Claustro, garantizar su carácter laico, eliminar el modelo autoritario y antidemocrático de nombramiento de directores y directoras de la LOMCE. Así como evitar la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
  6. Generar nuevos currículos y métodos adaptados a las necesidades del alumnado (laicos, plurales, integrales), con conocimientos adaptados al contexto y relaciones educativas inéditas frente a las impuestas. Recursos humanos y materiales para el apoyo a la diversidad en el aula.
  7. Oportunidad de retomar las movilizaciones en torno a propuestas, reforzando alianzas y estableciendo calendarios.

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

Carmen Rodríguez, Julio Rogero, Rodrigo J. García, Francisco Imbernón y Montse Milán. Miembros del Foro de Sevilla.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/23/el-gobierno-nunca-pretendio-realizar-un-pacto-educativo/

Imagen tomada de: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2017/11/espa%C3%B1a3-750×410.jpg

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El gobierno nunca pretendió realizar un Pacto educativo

Por: Foro de Sevilla

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

La educación es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, y así transmitirlo a nuestros descendientes”(Hannah Arendt)

El gobierno nunca ha pretendido realizar un pacto por la educación, fue una maniobra disuasoria para conseguir aplicar la LOMCE. Mientras se debatía, quienes querían mantenerla sugerían que el problema de la educación en nuestro país era la cantidad de leyes aplicadas desde los años setenta (en realidad generales solo fueron tres, LOGSE, LOE y LOMCE) y no la falta de democratización y recursos de nuestro sistema educativo.

Partidos políticos y comunidad escolar se esforzaron en participar en la Subcomisión, a pesar de que la LOMCE fue rechazada en el Parlamento y en la calle, y el Gobierno puso veto a su derogación y siguió haciéndolo con las propuestas que pretendían conseguir una educación democrática.

¿Por qué lo hicimos?, porque la educación es una forma de amar el mundo y nos sentimos responsables y comprometidos con el futuro. Confiados nos sometimos a la necesidad de un “pacto por la educación”, con quienes solo querían maquillar la LOMCE.

El gobierno nunca pretendió modificarla y todas sus propuestas “orillaban” la ley planteando temas o aspectos que no eran centrales en la misma, o que en su propia definición eran ambiguos para la defensa de una educación pública, no discriminatoria y excluyente y que diera cabida a la diversidad y pluralidad de niños y niñas sin estar determinados por el nacimiento o riqueza.

La LOMCE se desarrolló, porque a pesar de que las reválidas estaban en suspenso se aplicaron “descafeinadas” y se sometió la educación a currículos estandarizados y cerrados, que se utilizaron para el acceso a la universidad, improvisando y obteniendo los peores resultados de la historia de la selectividad. Porque a pesar de que las evaluaciones no influyeron en la promoción en secundaria se aplicaron itinerarios, programas de mejora del aprendizaje y rendimiento y una formación profesional básica que dejaron a muchos alumnos y alumnas en la cuneta.

Porque han seguido concertando centros, cerrando escuelas públicas, privatizando la educación y fomentando programas de excelencia y talento, mientras la segregación por nivel socioeconómico entre los centros educativos se disparaba. No solo es necesario pararla sino blindar la nueva ley para que las Comunidades Autónomas no puedan saltarse el derecho a la educación.

Es una ley, conservadora y neoliberal, porque ofrece autonomía, pero la limita controlando a través de evaluaciones externas las prácticas escolares. Convierte al profesorado en un preparador de exámenes y al alumnado en un sujeto domesticado y pasivo, preparado en conocimientos neutrales y especializados solo para el mundo laboral.

El postulado neoliberal plantea que se puede acceder a todo lo que se desea sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. Desaparecen los derechos colectivos de niñas y niños por derechos de mercado o demandas individuales que afectan a todos. La LOMCE es un paso en firme para lograr un sistema educativo mercantilista basado en la competitividad y, con una mayor eficacia en los resultados con una menor inversión, que solo puede suponer precarización del profesorado, desigualdad en la atención a la diversidad y la constitución de centros de primera, segunda y tercera categoría.

A pesar de que el Tribunal Constitucional pueda incluso validar la segregación por sexos, los itinerarios y la elección de centro por parte de las familias, en realidad se están encubriendo todas estas políticas de selección y elitismo. ¿A quién beneficia esto?

La educación ya no es una promesa de futuro laboral o diferenciación social y las clases altas y medias buscan ese objetivo, que sus hijos e hijas sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones) y de su capital económico (residencia, desplazamientos, actividades suplementarias) accedan a grupos de élite y tengan más posibilidades de éxito. A la vez que los colegios se esfuerzan por escoger al alumnado que le va a garantizar un mejor desempeño.
Pero no solo es una acción de las familias, sino que son teledirigidas por las políticas educativas: Recortes y cierre de aulas en el sector público, desgravaciones en los colegios de pago, apertura de privados concertados con suelo público, implantación del distrito único, evaluaciones con fines comparativos… A lo que añadimos una red privada, que cumple a la perfección con la selección y es financiada públicamente: segrega a los inmigrantes, separa por sexos y distribuye por clases sociales.

En lugar de esto, se trata de conseguir que todas las escuelas públicas estén dotadas de los mejores recursos y posibilidades, en vez de incitar a elegir, seleccionar y competir por las que supuestamente den mayores ventajas competitivas futuras a nuestros hijos e hijas, ya que no solo es más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación.

Lo que nos une a los colectivos que hemos suscrito el documento de bases para una nueva ley educativa es la defensa de una escuela pública democrática. Las escuelas en una sociedad democrática existen para el apoyo y extensión de la democracia, de lo contrario son socialmente inútiles o socialmente peligrosas porque educarán a personas que seguirán su camino y se ganarán la vida indiferentes a las obligaciones de ciudadanía en particular y a una forma de vida democrática en general.

La LOMCE significa un recorrido en sentido contrario al que necesita nuestro sistema educativo porque propugna un Estado empresario que rinde la democracia al sistema económico. Así justificaron la impugnación de la derogación de la LOMCE y siguen sometiendo todas sus actuaciones a la lógica mercantil. El derecho a la educación no se consigue con modelos de gestión que buscan una mayor eficacia reduciendo los costes (hasta un 3,8% del PIB como está proponiendo para 2018 el Gobierno a Bruselas). Además, responsabilizan de los resultados al profesorado, al alumnado y a sus familias, y no a la falta de recursos y al modelo competitivo y selectivo de escuelas que desmantelan el proyecto solidario de vertebración social.

Estando en uno de los países con más segregación escolar por nivel socioeconómico de Europa, el tercero en pobreza infantil después de Rumanía y Grecia y donde han aumentado los casos judiciales de violencia machista en adolescentes en un 30%, no necesitamos un nuevo proyecto de ley que refuerce el privilegio.

Las organizaciones sindicales (CCOO, Stes, CGT), de padres y madres de alumnos (CEAPA), los colectivos sociales (Mareas por la educación pública, Europa Laica, La educación que nos une, MRP, Colectivos de educación infantil, Foro de Sevilla…) y grupos políticos (PSOE y Unidos Podemos) ante la preocupación por la deriva mercantilista de nuestro sistema educativo, fueron convocados por “Redes por otra política educativa” el pasado 15 de marzo en una mesa redonda celebrada en el Parlamento. Coincidieron en una serie de propuestas:

  1. La imposibilidad de seguir participando en un pacto que desprecia a la comunidad educativa y la negociación democrática. Sin recuperar los recortes y tener una financiación suficiente (base el 5% del PIB) no se pueden plantear soluciones. CCOO junto a otros sindicatos y CEAPA decidieron abandonar la comisión técnica del Consejo Escolar del Estado para no dar coartada al gobierno con su participación y validar su trampa a la sociedad con un supuesto pacto social inexistente.
  2. Derogación de la LOMCE y los recortes. Levantar el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y empezar inmediatamente considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo de la comunidad educativa.
  3. Plantear una nueva ley educativa a favor de la mayoría social que debe tomar como punto de partida el Documento de bases en el que han participado las entidades de “Redes por otra política educativa”, que cuenta con un gran consenso y defiende el modelo de escuela pública y el derecho a la educación de alumnos y alumnas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Abierta a que puedan unirse más colectivos en su debate y construcción con un consenso social real.
  4. Conseguir una ley que trabaje por el bienestar común, evitando todas las segregaciones: por sexo, lingüísticas, socioeconómicas, por religión, por talento… Sin concesiones a la enseñanza como negocio. La ideología de la LOMCE supone un aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros con la promoción de itinerarios, las evaluaciones y rankings, la segregación por sexos y la competitividad creada en el sistema educativo por el sentido mercantilista de dicha ley.
  5. Garantizar la democratización de los centros con una autonomía real y la participación de la comunidad escolar. Restituir las competencias del Consejo Escolar del Centro y del Claustro, garantizar su carácter laico, eliminar el modelo autoritario y antidemocrático de nombramiento de directores y directoras de la LOMCE. Así como evitar la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
  6. Generar nuevos currículos y métodos adaptados a las necesidades del alumnado (laicos, plurales, integrales), con conocimientos adaptados al contexto y relaciones educativas inéditas frente a las impuestas. Recursos humanos y materiales para el apoyo a la diversidad en el aula.
  7. Oportunidad de retomar las movilizaciones en torno a propuestas, reforzando alianzas y estableciendo calendarios.

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/23/el-gobierno-nunca-pretendio-realizar-un-pacto-educativo/

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2017, otro año perdido para la educación

Por: Foro de Sevilla

El pacto por la educación se ha comido toda la actividad parlamentaria, así como de la atención mediática, sin que en un año se haya hecho mucho. Un año de parálisis. 2018 no parece que vaya a mejorar.

El 2017 fue como la leyenda que marca el inicio del contador de años que usamos, un año plagado de anuncios fantásticos carentes de realidad por un lado y de hechos reales magnificados y deformados para ser vendidos como lo que no han sido por el otro. Dos caras que, en realidad, son de la misma moneda y que, en el fondo, con tanto cuento como se nos ha contado, el resultado no podía haber sido otro que haber agotado el año con la sensación de haberlo perdido, al menos en el ámbito educativo, entre otros.

Quien tenga capacidad de recordar el inicio de 2017 verá que los mensajes eran muy parecidos a los actuales. Todo pivotaba en torno a la supuesta búsqueda de un pacto educativocuyos mimbres se debían forjar en el Congreso de los Diputados, a través de la Subcomisión creada al efecto, y un año después seguimos en las mismas. Muchas voces dijeron entonces, algunas de las nuestras entre ellas, que el tiempo de trabajo de dicha Subcomisión se alargaría para llegar más allá del año de duración, prolongando los seis meses iniciales que, obviamente, casi nadie dio por suficientes ni por un segundo, aunque algunas voces intentaran convencernos de lo contrario. Es decir, que  2017 no vería pacto alguno era un hecho cierto mucho antes de que se iniciara ese año.

Decenas de comparecencias, con personas y entidades que aportaron lo que consideraron conveniente, veremos si servirán para algo más que para que todos los grupos parlamentarios tengan en quién y en qué apoyarse para reafirmarse en sus posiciones previas. Si esto último ocurre, algo bastante posible, no diremos que el tiempo de las comparecencias haya sido tiempo perdido, pero se nos quedarán a todos los rostros con expresiones que puede que vengan a significar que lo pensemos. Algunas de ellas ya han aparecido de nuevo cuando, terminadas las comparecencias, los grupos han acordado un índice de temas a tratar, algo que parecía más adecuado haber hecho antes para trasladárselo a quienes eran llamados a comparecer. Muchas de esas expresiones de perplejidad ante un índice tardío han ido acompañadas de un pensamiento, en ocasiones en voz alta, del tenor de “¿aún estamos así?” y de una respuesta inmediata de “sí, por desgracia”.

Y mientras esto sucedía, ¿qué hacía el Gobierno del Estado? Nada, sencillamente nada. Ha dejado correr el tiempo porque juega a su favor. Si nada se acuerda, si nada se legisla, la LOMCE sigue su camino. Es decir, que el Gobierno sabe que gana en dos escenarios: dejando pasar el tiempo y huyendo hacia el no pacto, o imponiendo uno que no cambie sustancialmente la LOMCE pero que aparente haberlo hecho por consenso para que nadie pueda durante muchos años tocar nada de lo que quede en pie, casi todo.

Para que nada entorpezca el camino diseñado, hemos visto de nuevo esa doble vara de medir que se aplica en política con demasiada facilidad. Si algún partido de la oposición al Gobierno y a los partidos políticos que lo sustentan con sus votos en el Congreso presentaba una iniciativa para tratar de modificar, o siquiera mitigar, los perversos efectos de la LOMCE y sus desarrollos legislativos, rápidamente salían los primeros al ataque del que hubiera osado presentar la iniciativa, acusándole de poner en peligro el pacto educativo y cargando en su debe las supuestas culpas futuras de que no se llegue a buen puerto. Pero si la iniciativa venía desde el Gobierno o esos partidos que le permiten seguir gobernando este país, entonces la iniciativa debía respetarse y eran quienes cuestionaban la iniciativa los que, se decía, realizaban la crítica para usarla en su intento de cargarse el pacto. Sea como fuere, siempre aparecían los mismos como los causantes de los males y también los mismos como los defensores del pacto. Curiosamente, no obstante, al final será justamente al revés; buena prueba de ello la podemos encontrar si recordamos quiénes y por qué se cargaron el último intento serio que hemos vivido. Son los mismos que imponen sus leyes y las aprueban en solitario contra la posición de casi todos los demás.

Demostración palpable y real de la apatía actual que existe en contra de cambiar y mejorar lo educativo se puede encontrar en el máximo responsable educativo. El actual Ministro de Educación ha declinado ejercer como tal hace tiempo, quizás antes de que expirara su primer mandato, aquel que finalizó cuando se convocaron las elecciones generales que luego tuvieron que repetirse y que le mantuvo casi un año en funciones. Quizás, de aquellos polvos estos lodos, tanto tiempo a ralentí por estar interino en espera de que se formara un nuevo Gobierno, parece haberle dejado un cierto placer a no hacer demasiado al frente de un Ministerio que nunca le gustó mucho y que solo aceptó porque, entre otras cosas, alguien tenía que intentar cambiar la imagen que dejó un dinamitador como era su antecesor en el cargo. Pero seguir en el mismo puesto, sin demasiadas ocupaciones, se le debía hacer algo aburrido y, por ello, pasó a desempeñar las funciones de portavoz de un Gobierno que pocas alegrías verdaderas tiene que comunicar, menos aún si de educación hablamos. Mantener una doble ocupación, teniendo en cuenta el actual nivel de trabajo en ambas, no es difícil de realizar. ¿Alguien recuerda alguna noticia educativa realmente importante durante el año 2017? No se esfuercen, no se puede recordar lo que no ha sucedido.

Se acuerdan, por ejemplo, de aquel anuncio, realizado varias veces, de poner en marcha el Observatorio de la Convivencia, que no se convocaba porque era supuestamente ineficaz por ser un órgano con muchos integrantes, según el Ministro. Ineficaz es, pero porque sigue sin ser convocado, ni con muchos ni con menos integrantes. Eso sí, al parecer se pusieron en marcha actuaciones en el terreno de la convivencia escolar, aunque nada se conoce que no sean algunos contratos con entidades privadas para hacer no se sabe muy bien qué, ni dónde, ni cómo. Lo de siempre, titulares mediáticos vacíos de contenido y de medidas reales que busquen realmente mejorar lo que se supone que es mejorable, que solo sirven para adjudicar contratos, dados con demasiada frecuencia de forma poco o nada transparente.

Así las cosas, 2017 se nos ha pasado. Y hemos empezado un nuevo año, en el que se volverá a poner el pacto educativo como único tema del que se pueda hablar. Lo demás, seguirá paralizado hasta que haya pasado el desagradable momento en el que sea inevitable vendernos un supuesto pacto de mínimos o nos confirmen que no ha sido posible alcanzar ni eso. En ese momento, asistiremos al consabido cruce de reproches en busca de los culpables del teórico desaguisado, algo que llenará los medios de comunicación pero que no hará otra cosa que ahondar en la desafección de la sociedad respecto de nuestros responsables políticos. Tiempo al tiempo. Aunque puede que de nuevo acabemos el año como lo empezamos, sin cambios y sin nada interesante en el horizonte. En todo caso, feliz 2018.

Fuente noticia: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/01/11/2017-ano-perdido-la-educacion/

Fuente imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2016/10/ninopresupuestomexico.jpg

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