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Reclamar derechos no puede convertirse en delito

Por: Giorgio Trucchi 

Que desmontar el sistema corrupto e impune que dejaron instalado la narcodictadura y los sectores fácticos del país no iba a ser fácil, era de sobra sabido.

Un ejemplo de ello es la investigación penal que el Ministerio Público hondureño ha iniciado en contra de líderes garífunas y el abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

El pasado 9 de agosto, en ocasión del Día internacional de los pueblos indígenas, una delegación de miembros de pueblos indígenas y garífunas, acompañada por organizaciones sociales y populares hondureñas, se movilizó hasta las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa.

Después de más de un año de haber solicitado una entrevista con el fiscal general, esta institución nunca respondió a la petición.

Durante la actividad, la Ofraneh condenó la falta de avances en la investigación de los cuatro jóvenes líderes garífunas víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, denunció los ataques sistemáticos que sufren miembros de las comunidades garífunas, así como el expolio de territorios ancestrales por la imposición de proyectos extractivistas, de generación eléctrica, turísticos y por la expansión de monocultivos.

También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.

Años de discriminación y racismo institucional

Durante años, la organización ha venido denunciando el “racismo institucional” del cual ha sido víctima el pueblo garífuna, así como la falta de voluntad de esclarecer los tantos ataques sufridos y la impunidad que garantiza un sistema de justicia corrupto.

Menos de dos semanas después de la movilización, la Fiscalía contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) informaron que se ha abierto una investigación penal en contra de Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, Luther Castillo, dirigente garífuna y actual ministro de Ciencia y Tecnología, Edy Tábora, abogado de la Ofraneh, y otros líderes que participaron de la actividad.

“Demandamos que, con la misma velocidad con que están actuando en contra de nuestra gente, investiguen las muertes, desapariciones y agresiones contra los pueblos indígenas de Honduras y sus territorios”, escribió la Ofraneh en un comunicado.

“Si el Ministerio Público piensa que con estas acciones de criminalización nos va a amedrentar, se equivoca. Seguiremos luchando por la restitución de nuestros derechos ancestrales y a exigir la investigación para dar con el paradero de nuestros compañeros desaparecidos”, concluye el documento.

“La justicia en Honduras no sólo es cómplice de criminales, sino ente persecutor de figuras altamente trascendentales que han aportado mucho más a la democracia que esta institución. Un pueblo se alzará si tocan a Miriam Miranda. ¡Si tocan a una, tocan a todas!”, aseguró Bertha Zúniga, coordinadora del Copinh.

Varias organizaciones, redes y articulaciones nacionales e internacionales han expresado su solidaridad con las personas que están siendo injustamente investigadas, y han condenado con fuerza este nuevo acto de criminalización de líderes sociales.

Fuente de la información e imagen: Rel UITA

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Honduras reconoce derecho de personas trans de cambiar nombre

Para Rihanna Ferrera, directora de la Asociación Cozumel Trans, se trata de un resultado importantísimo.

Este 17 de mayo, Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, el director del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, dio a conocer la decisión trascendental de avanzar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso del asesinato de Vicky Hernández, reconociendo el derecho que tienen las personas trans de cambiar nombre.

En marzo del año pasado, los jueces internacionales ordenaron al Estado de Honduras investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de la defensora de los derechos de las personas LGBTI, ocurrido la madrugada del 28 de junio de 2009 mientras en el país se desataba la represión golpista[1].

También instaron a crear una beca educativa (anual) que lleve su nombre, a favor de mujeres trans en estudios de secundaria, así como adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos y en los registros públicos de Honduras.

Finalmente, ordenaron implementar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, y un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

El 9 de mayo pasado, la presidenta Xiomara Castro reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en el asesinato de Vicky Hernández, que el caso nunca fue investigado con la debida diligencia y pidió perdón por el terrible hecho.

Además, dispuso varias medidas de reparación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, entre otras, el reconocimiento de la identidad de género en los registros públicos y en los documentos de identidad.

Cumpliendo sentencia

En un comunicado de prensa, el director de la RNP informó que la Procuraduría General de la República (PGR) ya está preparando el procedimiento que permitirá reconocer la identidad de género.

“Una vez que esté listo –explicó Rivera– el RNP hará aplicación del mismo, es decir se reconocerá el derecho que tienen las personas trans de solicitar el cambio de nombre”.

El funcionario público explicó también que el reconocimiento de la identidad de género no será tema de debate en el Congreso Nacional, debido a que el Estado ha reconocido públicamente su responsabilidad internacional y la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso de Vicky Hernández.

“Estamos reconociendo una sentencia firme de la Corte IDH, por lo tanto, lo que tenemos ahora es la aplicación de la misma.

Nos sentimos orgullosos al atender una comunidad que ha sufrido represión, exclusión, asesinatos. Como ya ocurre en otras partes del mundo, hay que avanzar en la construcción de derechos”, aseguró Rivera.

Para Rihanna Ferrera, directora de la Asociación Cozumel Trans, se trata de un resultado importantísimo.

“Es algo por el cual venimos luchando desde hace muchos años. Es un sueño que se vuelve realidad. Poder gozar del derecho al reconocimiento legal de la identidad de género, sin más discriminación, va a abrir puertas y nos va a permitir avanzar en la conquista de otros espacios importantes”, manifestó Ferrera a medios nacionales.

Este 17 de mayo, en varias Secretarías del Estado se izaron las banderas arcoíris. Por la noche, el canal público de televisión estrenará el documental de la Red Lésbica Cattrachas “28 de junio: Vicky vs Honduras”.

Nota:

[1] http://www.rel-uita.org/honduras/estado-se-responsabiliza-por-el-asesinato-de-vicky-hernandez/

Fuente: https://rebelion.org/honduras-reconoce-derecho-de-personas-trans-de-cambiar-nombre/

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Honduras: Se profundiza violencia contra personas LGBTI

POR: GIORGIO TRUCCHI 

Jonathan Martínez, César Zúñiga y María Fernanda Martínez fueron asesinados el pasado 2 de febrero en San Pedro Sula y La Libertad. Ya son 5 las personas sexo-género diversas asesinadas en lo que va del año.

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan Martínez y César Zúñiga, que eran pareja, fueron ultimados de varios balazos por desconocidos vistiendo uniformes de la policía militar.

La misma noche fue asesinada con saña la joven María Fernanda Martínez, quien recibió más de diez disparos y una piedra en la cabeza.

En el mes de enero había sido asesinada en Tegucigalpa Thalía Rodríguez, reconocida activista por los derechos de las mujeres trans.

Según el Observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas, los ataques en Honduras contra la comunidad LGBTI han dejado un saldo de 28 personas asesinadas el año pasado, 405 en los últimos 13 años. Más del 90 por ciento ha quedado en la impunidad.

Los tres asesinatos del 2 de febrero fueron condenados por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Oacnudh).

“La Oficina expresa su preocupación frente a los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas LGBTI en el país.

El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por estos crímenes, y la no repetición de los hechos”, escribió desde su cuenta de Twitter.

La Oacnudh instó a las autoridades a “realizar investigaciones prontas que incluyan la línea de investigación de crimen de odio”.

Fuente de  la información e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Honduras sigue con sus venas abiertas

Por: Giorgio Trucchi

En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista.

Cerros fue ultimado de varios disparos por desconocidos la noche del domingo pasado en la comunidad Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Chinda (Santa Barbara) y San Antonio (Cortés), mientras regresaba a su casa acompañado por sus hijos.

Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), al momento de su asesinato, Juan Carlos Cerros se desempeñaba como coordinador de la organización Comunidades Unidas.

Junto a otros grupos luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte del territorio municipal de Chinda y desplazar a una gran cantidad de familias.

Responsable de la construcción de “El Tornillito” es la empresa hondureña Hidroeléctrica El Volcán S.A. de C.V. (Hidrovolcán), que es parte del grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa).

“Hablar de Juan Carlos es hablar de una persona comprometida desde siempre con su comunidad, que se involucra con el tema de la defensa ambiental en virtud del otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico”, dijo a La RelBetty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).

Para Vásquez, el modelo extractivo de despojo y desplazamiento forzado que se ha implementado en Honduras después del golpe de Estado de 2009, representa una amenaza muy fuerte para los territorios, en especial para el occidente del país y el pueblo Lenca.

Criminalización, persecución, conflictividad y división comunitaria son solamente algunos de los efectos nefastos que generan estas empresas.

Juan Carlos Cerros era beneficiario de medidas de protección, tras sufrir un atentado en 2019 que lo obligó a abandonar temporalmente la comunidad.

“Él era una amenaza por este sistema explotador y su vida estaba en riesgo. Condenamos y denunciamos que se trata de un asesinato político, perpetrado para sembrar el miedo y bajar la resistencia autentica y legítima de la población de Chinda.

Vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestros ríos, nuestra agua, porque nos pertenecen, porque son parte inescindible de nuestra cultura y cosmovisión indígena”, aseveró la coordinadora del MAS.

Hasta el momento se conoce que hay una persona capturada.

“Exigimos que se esclarezcan los hechos, que haya un debido proceso y una pronta justicia. Hay que parar la persecución y represión contra defensores y defensoras. Hay que parar la impunidad.

Vamos a seguir sembrando lucha y esperanza, exigiendo justicia para Juan Carlos y por todos los caídos en el marco de la defensa territorial”, concluyó Vásquez.

Las cifras de la vergüenza

De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”1Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.

Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas en los últimos dos años. Son al menos 39 las que han perdido la vida de manera violenta después del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres (2016), más de 150 en la última década.

La impunidad es casi absoluta.

1 – Informe de Global Witness

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Informe de Global Witness: Defender los bienes comunes es cada vez más peligroso

El más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana” arroja datos cada vez más preocupantes acerca de los ataques sistemáticos contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes, en medio de una crisis climática y ambiental sin precedentes.

De acuerdo con el informe (descargue aquí la versión en español), el año 2019 ha sido el más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Son 212 las personas asesinadas en el mundo, más de dos tercios de ellas (148) en América Latina que vuelve a posicionarse como el continente más peligroso para la defensa de los bienes comunes.

En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París. Además, el informe señala que defensores y defensoras sufrieron todo tipo de ataque no letal, entre otros, ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, campañas de estigmatización y difamación, acoso, hostigamiento, violencia sexual, demandas judiciales y encarcelamiento.

América Latina, la más letal

Colombia (64) y Filipinas (43) encabezan la trágica lista, sumando más de la mitad de los asesinatos. En el caso de Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, “categorías” que incluyen a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, ha marcado dramáticamente el período post-acuerdo de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron 368 las y los líderes asesinados entre 2016 y 2019, y ya son 37 los que perdieron la vida en lo que va del año.

En el caso de Filipinas, los ataques contra personas defensoras experimentaron un aumento significativo, alcanzando los 43 asesinatos en 2019, en comparación con los 30 del año anterior.

Brasil (24), México (18), Honduras (14) y Guatemala (12) son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.

La región amazónica resultó ser una de las zonas más afectadas con 33 asesinatos. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.

Minería y agroindustria con más asesinatos

La minería sigue siendo el sector asociado a la mayoría de asesinatos a nivel mundial (50), mientras que en la agroindustria, en especial en los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, “los ataques, los asesinatos y las masacres fueron utilizadas como tácticas disuasorias”.
En 2019, Global Witness documentó 34 asesinatos relacionados con la agricultura a gran escala, con un aumento de más del 60% respecto al año anterior desde 2018.

La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial, registrando un incremento del 85% respecto al 2018 en los ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria.

Una vez más las poblaciones indígenas fueron las principales víctimas de los ataques mortales. El año pasado, el 40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas. En los últimos cinco años (2015-2019) más de un tercio de todos los ataques mortales fueron contra pueblos indígenas, lo que los convierte en las comunidades en mayor riesgo a nivel mundial.

Subregistro

Global Witness advierte también lo difícil que es captar con precisión la verdadera dimensión del problema, ya que en varios países las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos documentados y situaciones de conflictos pueden generar un subregistro significativo.

Pese a la dificultad para identificar a los perpetradores de tantos asesinatos, Global Witness pudo vincular a fuerzas estatales con 37 de los asesinatos. También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados.

“Durante años, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han estado en la primera línea de defensa contra las causas y los impactos del colapso climático (…). Sin embargo, la mayoría de las empresas, las financieras y los gobiernos no son capaces de protegerlas en su trabajo que es vital y se desarrolla de forma pacífica.

Si queremos frenar el colapso climático debemos seguir los pasos de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Tenemos que escuchar sus demandas y amplificarlas.

Debemos presionar a quienes están en el poder para que aborden las causas estructurales del problema, apoyen y protejan a las personas defensoras y establezcan regulaciones que garanticen que, tanto los proyectos como las operaciones, se implementen con la debida diligencia, transparencia y consentimiento libre, previo e informado”, concluye el informe.

Fuente: https://rebelion.org/defender-los-bienes-comunes-es-cada-vez-mas-peligroso/
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Alarmante situación de violencia contra las mujeres

Pandemia profundiza desigualdades e injusticias.

La semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.

La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-2020[1], donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.

Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.

Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM[2] ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.

Miedo e impunidad

Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.

En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.

El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.

Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.

Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.

En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.

También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.

Nuevo Código Penal

La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.

Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.

Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.

El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación. También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años)[3].

Notas:

[1] http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ16-2020.pdf

[2] https://derechosdelamujer.org/observatorio-2/

[3] Cuando la víctima es menor de 12 o mayor de 70 años o si la violación se comete por más de una persona o hay reincidencia

Fuente: Rel UITA

Fuente: https://rebelion.org/alarmante-situacion-de-violencia-contra-las-mujeres/
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Un frente común contra el imperialismo y los golpes

Por: Giorgio Trucchi

Miles de personas reunidas en Cuba para articular acciones y luchas. En Bolivia se consuma el golpe contra Evo Morales

Del 1 al 3 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el Encuentro antiimperialista de solidaridad, por la democracia y contra el neoliberalismo.

Durante tres días, más de 1300 delegados y delegadas de unas 789 organizaciones, movimientos, redes, plataformas, articulaciones, partidos políticos, provenientes de todos los rincones del mundo (86 países representados), se reunieron para analizar, debatir, compartir experiencias, articular luchas, como parte del esfuerzo -no siempre fácil- de profundizar la unidad en la acción.

«Vivimos un nuevo momento en la historia. Los pueblos en las urnas, en las calles y en las redes sociales demuestran con su voto y sus protestas, el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal de la derecha oligárquica, en alianza con el fundamentalismo religioso, el poder mediático, el capital y las empresas trasnacionales que, de la mano del imperialismo norteamericano, en su naturaleza depredadora, excluye a amplios sectores de la población, destruye el trabajo digno, la vida en armonía con la naturaleza y pone en peligro a la especie humana», señala con fuerza la declaración final del Encuentro.

Ejes de debate

Seis fueron los ejes alrededor de los cuales se articuló la discusión y se planteó la agenda continental futura: solidaridad con Cuba y demás causas justas; los pueblos ante el libre comercio y las trasnacionales; descolonización, guerra cultural, comunicación estratégica y lucha social; la juventud; democracia, soberanía y antiimperialismo; integración, identidades y luchas comunes en la Patria Grande.

«El Encuentro es parte de un proceso de construcción colectiva que surge en 2015 y que involucra a sujetos diversos, con el objetivo de juntar análisis, experiencias de lucha y esfuerzos, y que llevó a la conformación de un espacio que denominamos Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo», explica Martha Flores, coordinadora de Jubileo Sur/Américas a la LINyM.

Dos años después (2017) se organizó otro momento continental en Montevideo, Uruguay, donde se retomaron los diferentes puntos de la agenda común y se avanzó en la articulación.

«Fue a inicios de este año (2019) que decidimos que el próximo encuentro se iba a realizar en Cuba. Veníamos de momentos muy difíciles, con golpes de estado, ofensivas para desestabilizar y derrocar a gobiernos progresistas, derrotas electorales y una marcada avanzada de la derecha continental y de los procesos neoliberales de privatización y sumisión a las políticas de los organismos financieros internacionales. Lo estamos viendo en estos días en Ecuador, Chile, Honduras y Haití donde hay un rechazo total a estas políticas», agrega Flores.

Enfoque antimperialista y antineoliberal

En este segundo encuentro que se desarrolló en La Habana, uno de los ejes fue la solidaridad con Cuba y la condena absoluta del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que en días pasado sufrió otra abrumadora derrota en las Naciones Unidas.

«Ha sido un momento importante para volver a solidarizarnos con Cuba y su Revolución, para condenar este brutal bloqueo -cuyas medidas se han recrudecido como nunca con el gobierno Trump-, pero también para propiciar un espacio donde convergieran múltiples formas organizativas, para repensar y articular todos aquellos procesos de resistencia y lucha que surgen desde los territorios, hasta llegar al nivel local, nacional y a las redes regionales, movilizados en favor de la solidaridad, la vida y la autodeterminación de los pueblos», aseveró la coordinadora de Jubileo Sur Américas.

El Encuentro puso un reto fundamental: ¿cómo mantenemos esta unidad en la diversidad, con objetivos claros, con un camino trazado, con la convicción que necesitamos juntar esfuerzos para hacer transformaciones que favorezcan la dignidad y el derecho de los pueblos?

En este sentido, este segundo momento continental sirvió para analizar a fondo la situación que vive el continente latinoamericano y caribeño, en especial la lucha contra los efectos del modelo neoliberal en países como Ecuador, Chile, Haití y Honduras, así como la resistencia ante intentonas golpistas y procesos de desestabilización de gobiernos legítimos como en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y el uso de la ‘justicia’ para criminalizar y judicializar a defensores y defensoras de territorios y bienes comunes, o a personalidades como el recién excarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

«Hubo mucha discusión y debate alrededor de las que consideramos ‘causas justas’. La gente está muy consciente del momento histórico que estamos viviendo y de los peligros a los que nos enfrentamos. En once días, por ejemplo, se recogieron en Cuba más de 2 millones de firmas para la liberación de Lula. Asimismo se analizó el golpe de estado racista y clasista que se quiere gestar en Bolivia contra el presidente Evo Morales[1], así como la situación de la lucha e insurrección en Chile, que va encaminada en la búsqueda de una transformación sustantiva y profunda de un modelo basado en la precarización de la vida», manifestó Martha Flores.

Bolivia en llamas

En cuanto a Bolivia, la situación ha ido rápidamente deteriorándose después de la entrevista con la coordinadora de Jubileo Sur Américas, hasta consumarse el golpe de estado la mañana de este 10 de noviembre, cuando, después de la decisión del presidente Morales de acatar el contenido del informe preliminar del grupo de auditores de la OEA, convocando a nuevas elecciones y renovando la totalidad del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta fue rechazada por los dos principales opositores, el candidato presidencial Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho [1] y el jefe de las Fuerzas Armadas apareció en conferencia de prensa, «sugiriendo» al presidente Morales de renunciar a su mandato (a pesar que el mismo informe de la OEA reconociera a Morales como ganador de la primera vuelta electoral). La Policía ya se había acuartelado desde el día viernes.

Mientras tanto se profundizaba la violencia golpista con ataques cada vez más violentos contra militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), funcionarios de gobierno y sus familias. También fueron atacados edificios públicos y fueron rodeadas las instalaciones de canales de televisión y radios estatales, obligando a trabajadores y trabajadoras abandonar el lugar, no sin antes amenazarlos y golpearlos.

A primeras horas de la tarde, para que no hubiese un baño de sangre en el país, el presidente Evo Morales y su vice Àlvaro García renunciaban a su cargo y denunciaban que se estaba consumiendo un golpe, ante el silencio cómplice de la comunidad internacional y de organismos multilaterales.

Si la OEA ha sido el «caballo de Troya» de este nuevo golpe del siglo XXI, la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos -solamente Cuba, México, Nicaragua, Venezuela y el presidente electo de Argentina condenaron la ruptura del orden constitucional y se solidarizaron con Morales-, los Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y la CIDH mantuvieron el más absoluto silencio ante las barbaridades que se estaban cometiendo.

La casa del presidente Morales fue atacada y saqueada, todos los miembros del máximo órgano electoral están presos o tienen mandato de captura, se multiplican episodios de violencia racistas (como la quema de wiphalas, la bandera de siete colores de los pueblos andinos, reconocida como símbolo del Estado Plurinacional de Bolivia en la Constitución de 2008), decenas de funcionarios públicos o legisladores del MAS pidieron asilo en la embajada mexicana. En medio de esta ‘cacería de brujas’, son cada vez más fuertes los rumores de una orden de aprehensión contra el presidente Morales.

En este momento (noche del domingo 10 de noviembre) centenares de activistas del MAS y miembros de movimientos sociales se están desplazando de El Alto hacia La Paz.

Un golpe de estado ampliamente denunciado durante las semanas previas a las elecciones en varias publicaciones («El plan de EEUU contra Bolivia» parte 1 y parte 2) y por el mismo Morales. Un golpe que pretende acabar con su exitosa experiencia de gobierno y que es una nueva advertencia a otros gobiernos del continente latinoamericano que no se plegan a los intereses de Washington.

Más solidaridad

Durante la actividad en La Habana se analizó a profundidad la lucha por la independencia de Puerto Rico, la situación de agresión y bloqueo que sufre Venezuela, el fallido golpe en Nicaragua y otros procesos como el de Palestina. A ese propósito, Martha Flores aclaró que no hubo vacilaciones en cuanto a diferenciar las sublevaciones populares en Ecuador, Chile, Haití y Honduras de los intentos de golpe en Bolivia (ya consumado), Nicaragua y Venezuela (fallidos). Asimismo, se hizo hincapié en el doble rasero de organismos multilaterales como la OEA y la CIDH.

«¿Por qué no tienen la misma beligerancia en condenar los asesinatos y las masivas violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador, así como la tuvieron en Nicaragua y Venezuela?», se preguntó Flores.

Uno de los elementos donde más hubo coincidencia y donde más se trabajó fue la necesidad de romper el cerco mediático y contrarrestar la mediatización, politización y manipulación de temas claves como son la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

También hubo un elemento transversal, que se convirtió en la tónica general del Encuentro, que fue el rol del gobierno de los Estados Unidos en todas esta problemáticas, así como su lógica de fuerza y poder para intervenir e imponer un modelo y una agenda, en abierta violación de los derechos de los pueblos.

Plan de acción

Para el próximo año hay una ruta trazada y un Plan de Acción que involucrará organizaciones, movimientos, partidos políticos, redes y articulaciones de todo el continente, y que incluye una jornada de lucha antiimperialista en marzo y una movilización antiimperialista a nivel global en el mes de mayo, entre otras.

«Ningún sector, por sí solo, puede hacer transformaciones estructurales. Tenemos que juntar voluntades dispersas en función de objetivos comunes, poniendo cada uno y cada una las cosas que necesitamos para alcanzar estas metas que son trascendentales. Es un momento histórico donde todos juntos los movimientos sociales, populares, los partidos políticos, las redes y articulaciones podemos hacer transformaciones. En este sentido es necesario que tanto los partidos como los movimientos entendamos que, si no trabajamos juntos, nunca podremos llegar a una verdadera transformación», concluyó.

Notas:
[1] Camacho exigía la renuncia de Morales, de todos los legisladores y funcionarios judiciales y electorales, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2019/11/12/un-frente-comun-contra-el-imperialismo-y-los-golpes

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