México – La educación de 2021: igualdad social y tecnología

La educación de 2021: igualdad social y tecnología

Hugo Casanova Gardiel

La educación nacional no enfrenta un buen pronóstico para 2021. Ni los problemas estructurales de la educación, ni sus asuntos coyunturales muestran señales consistentes de mejora. Y ello no representa un vaticinio pesimista, por el contrario, hoy resulta impostergable contar con un diagnóstico realista y demandar desde la sociedad un cambio de rumbo en el que se entienda que la educación no puede continuar siendo un ámbito ideologizado y mercantilizado por los poderes político y económico, sino un espacio estratégico comprometido con la formación de la niñez y la juventud con un horizonte de justicia social y de construcción de un mejor futuro nacional.

A las insuficiencias estructurales en términos de cobertura, calidad y equipamiento que han caracterizado por décadas a nuestro sistema educativo, se sumaron, en el año de la pandemia, serios problemas que ponen de manifiesto las vulnerabilidades sociales, educativas y digitales de la sociedad. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hoy apenas 21.9 por ciento de la población vive en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad social. Eso significa que en este 2021, el legado para ocho de cada 10 mexicanos será de algún déficit en términos de ingresos, salud, vivienda o educación. De manera particular el ámbito educativo seguirá siendo afectado por la crisis sanitaria que alejó de las instalaciones físicas a 36.5 millones de niños y jóvenes que son fiel reflejo de las asimetrías sociales.

Como se sabe, las estrategias gubernamentales para contrarrestar el cierre de las instalaciones escolares se apoyaron prioritariamente en las tecnologías digitales. De tal forma, las modalidades que asociaban la educación a la tecnología lograrían ubicarse como una respuesta oportuna ante una situación de clara emergencia. Sin embargo, en ese escenario también surgirían voces que llamaban a remplazar la educación “tradicional” por formas pretendidamente más efectivas y modernas. En tal sentido, la educación presencial comenzó a ser caracterizada por sus “inercias pedagógicas” y –como si ello fuera una cuestión de simple voluntad– por su falta de apego a la tecnología. En realidad, se cuestionaba lo escolar y se discutía la vigencia de la institución: cursos, programas, estrategias didácticas e incluso maestras y maestros que, esta vez, eran remplazados por la pantalla y por conductores de televisión.

Sin embargo, es necesario señalar que la educación difundida por medios digitales ha estado muy lejos de cumplir con el ideal de extenderse a grupos sociales más amplios. En vez de ello, se han hecho patentes las desigualdades de todo tipo y las mayorías volvieron a quedar al margen de los beneficios educativos. En 2020 se hicieron manifiestas las dimensiones de la brecha social y digital de los mexicanos y se pudo constatar como el estudiantado y sus familias tuvieron que asumir una parte significativa de los costos educativos en términos de equipamiento, conectividad, material documental y espacios físicos para el estudio. Eso sin contar el déficit vivido en términos afectivos, colaborativos y de socialización, difícilmente atendidos a través de la pantalla.

En el caso de la educación superior se ha hecho patente la supremacía del software propietario (Zoom, Google, YouTube) por encima de las modalidades libres. Así, las plataformas privadas han incursionado en los espacios personales e institucionales apropiándose y mercantilizando los datos de los particulares. Los corporativos informáticos fundan su acción en un modelo empresa-cliente que es transferido a la educación en una lógica en la que el conocimiento y la información devienen en mercancía. En tal sentido, se manifiesta una fuerte oposición entre las aspiraciones igualitarias de la educación pública y los intereses de los corporativos proveedores de servicios tecnológicos.

Por todo ello, hoy resulta imprescindible comprender a profundidad la racionalidad y mecanismos de operación de las modalidades digitales de enseñanza, así como su impacto real en los procesos educativos. Acaso sea posible plantear que, antes de convertirse en el remplazo de lo presencial, las herramientas tecnológicas en su conjunto pueden contribuir a su mejor desempeño. Así, el reto sería lograr que, aun tratándose de modalidades diferentes, sean orientadas hacia un fin compartido.

No cabe duda que necesitamos dar respuesta a las dimensiones estructural y coyuntural de la educación. En ambos casos las tecnologías digitales aparecen como un medio con enormes potencialidades para renovar lo educativo. Sin embargo, para atender la problemática de ese sector no basta con expresar buenas intenciones. Es preciso tomar decisiones con rigor y estrategia: estudiando las virtudes de lo digital, pero también considerando sus posibles riesgos. Es indispensable construir modalidades digitales pertinentes e igualitarias, acordes con los problemas de nuestro país –y no simplemente transfiriéndolas de otros contextos– y, por supuesto, es urgente fortalecer y renovar la modalidad presencial a la que habremos de regresar en algún momento.

¿Qué es necesario considerar para la vuelta? Sin duda debe insistirse en el tema de la cobertura en todos los niveles bajo un criterio de justicia social y exigencia académica. Es necesario contar con establecimientos educativos seguros, equipados, conectados, preparados para contingencias y situaciones calamitosas. Asimismo, deben hacerse los ajustes curriculares que permitan la plena incorporación de las modalidades digitales. Y, finalmente, ha de emprenderse un sólido programa de formación en el que maestras y maestros puedan adquirir las herramientas didácticas –presenciales y digitales– para contribuir a la educación de la niñez y la juventud mexicanas del tercer milenio. Ni más ni menos.

Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM

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La educación de 2021: igualdad social y tecnología

Por: Hugo Casanova Cardiel*

La educación nacional no enfrenta un buen pronóstico para 2021. Ni los problemas estructurales de la educación, ni sus asuntos coyunturales muestran señales consistentes de mejora. Y ello no representa un vaticinio pesimista, por el contrario, hoy resulta impostergable contar con un diagnóstico realista y demandar desde la sociedad un cambio de rumbo en el que se entienda que la educación no puede continuar siendo un ámbito ideologizado y mercantilizado por los poderes político y económico, sino un espacio estratégico comprometido con la formación de la niñez y la juventud con un horizonte de justicia social y de construcción de un mejor futuro nacional.

A las insuficiencias estructurales en términos de cobertura, calidad y equipamiento que han caracterizado por décadas a nuestro sistema educativo, se sumaron, en el año de la pandemia, serios problemas que ponen de manifiesto las vulnerabilidades sociales, educativas y digitales de la sociedad. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hoy apenas 21.9 por ciento de la población vive en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad social. Eso significa que en este 2021, el legado para ocho de cada 10 mexicanos será de algún déficit en términos de ingresos, salud, vivienda o educación. De manera particular el ámbito educativo seguirá siendo afectado por la crisis sanitaria que alejó de las instalaciones físicas a 36.5 millones de niños y jóvenes que son fiel reflejo de las asimetrías sociales.

Como se sabe, las estrategias gubernamentales para contrarrestar el cierre de las instalaciones escolares se apoyaron prioritariamente en las tecnologías digitales. De tal forma, las modalidades que asociaban la educación a la tecnología lograrían ubicarse como una respuesta oportuna ante una situación de clara emergencia. Sin embargo, en ese escenario también surgirían voces que llamaban a remplazar la educación tradicional por formas pretendidamente más efectivas y modernas. En tal sentido, la educación presencial comenzó a ser caracterizada por sus inercias pedagógicas y –como si ello fuera una cuestión de simple voluntad– por su falta de apego a la tecnología. En realidad, se cuestionaba lo escolar y se discutía la vigencia de la institución: cursos, programas, estrategias didácticas e incluso maestras y maestros que, esta vez, eran remplazados por la pantalla y por conductores de televisión.

Sin embargo, es necesario señalar que la educación difundida por medios digitales ha estado muy lejos de cumplir con el ideal de extenderse a grupos sociales más amplios. En vez de ello, se han hecho patentes las desigualdades de todo tipo y las mayorías volvieron a quedar al margen de los beneficios educativos. En 2020 se hicieron manifiestas las dimensiones de la brecha social y digital de los mexicanos y se pudo constatar como el estudiantado y sus familias tuvieron que asumir una parte significativa de los costos educativos en términos de equipamiento, conectividad, material documental y espacios físicos para el estudio. Eso sin contar el déficit vivido en términos afectivos, colaborativos y de socialización, difícilmente atendidos a través de la pantalla.

En el caso de la educación superior se ha hecho patente la supremacía del software propietario (Zoom, Google, YouTube) por encima de las modalidades libres. Así, las plataformas privadas han incursionado en los espacios personales e institucionales apropiándose y mercantilizando los datos de los particulares. Los corporativos informáticos fundan su acción en un modelo empresa-cliente que es transferido a la educación en una lógica en la que el conocimiento y la información devienen en mercancía. En tal sentido, se manifiesta una fuerte oposición entre las aspiraciones igualitarias de la educación pública y los intereses de los corporativos proveedores de servicios tecnológicos.

Por todo ello, hoy resulta imprescindible comprender a profundidad la racionalidad y mecanismos de operación de las modalidades digitales de enseñanza, así como su impacto real en los procesos educativos. Acaso sea posible plantear que, antes de convertirse en el remplazo de lo presencial, las herramientas tecnológicas en su conjunto pueden contribuir a su mejor desempeño. Así, el reto sería lograr que, aun tratándose de modalidades diferentes, sean orientadas hacia un fin compartido.

No cabe duda que necesitamos dar respuesta a las dimensiones estructural y coyuntural de la educación. En ambos casos las tecnologías digitales aparecen como un medio con enormes potencialidades para renovar lo educativo. Sin embargo, para atender la problemática de ese sector no basta con expresar buenas intenciones. Es preciso tomar decisiones con rigor y estrategia: estudiando las virtudes de lo digital, pero también considerando sus posibles riesgos. Es indispensable construir modalidades digitales pertinentes e igualitarias, acordes con los problemas de nuestro país –y no simplemente transfiriéndolas de otros contextos– y, por supuesto, es urgente fortalecer y renovar la modalidad presencial a la que habremos de regresar en algún momento.

¿Qué es necesario considerar para la vuelta? Sin duda debe insistirse en el tema de la cobertura en todos los niveles bajo un criterio de justicia social y exigencia académica. Es necesario contar con establecimientos educativos seguros, equipados, conectados, preparados para contingencias y situaciones calamitosas. Asimismo, deben hacerse los ajustes curriculares que permitan la plena incorporación de las modalidades digitales. Y, finalmente, ha de emprenderse un sólido programa de formación en el que maestras y maestros puedan adquirir las herramientas didácticas –presenciales y digitales– para contribuir a la educación de la niñez y la juventud mexicanas del tercer milenio. Ni más ni menos.

Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/opinion/014a1pol

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La Convención de los Derechos del Niño: la gran ausente en el Modelo Educativo

Por. Hugo Casanova

Este 20 de Noviembre el mundo celebra un año más de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la cual ratificó México en septiembre de 1990. Siendo el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin excepción alguna, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, como lo afirma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a partir de la CDN, niñas y niños dejan de ser beneficiarios pasivos de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho, rompiendo el modelo asistencialista que se había preservado por siglos desde que la infancia resultó visible para los estados nacionales. Es en el reconocimiento de esta perspectiva que debemos también analizar el Modelo Educativo para la educación obligatoria.

Las críticas bien fundamentadas a dicho Modelo Educativo se han realizado desde muy distintos órdenes – y aún de entrada, cualquier persona formada en el terreno educativo habrá también contenido la sorpresa al escuchar llamar “clave” que los alumnos [sic] “aprendan a aprender”, cuando el informe Faure presentado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo plantea allá en 1972, y el “aprender a conocer” se enuncia como uno de “los cuatro pilares de la educación” en el Informe Delors en 1994. Escuchar una y otra vez al titular de la Secretaría de Educación en marketing mode hablar de las bondades del mismo (entremezclando una narrativa de aspiraciones con una descriptiva o fáctica aún en comparecencia ante el Senado de la República), obliga a echar un vistazo al texto del mismo con “anteojos de la CDN”, desde una perspectiva de derechos de la infancia.

Partamos de que son cuatro los principios fundamentales de la Convención, a saber: 1) la no discriminación; 2) la priorización del interés superior del niño; 3) el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y 4) el respeto por los puntos de vista del niño. En el marco de éstos principios quizá la fortaleza explícita en términos de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Modelo Educativo es que el cuarto apartado, de los cinco que presenta, refiera a la inclusión y la equidad, asumiendo así el principio de no discriminación. Sin embargo, si bien podría justificarse, en consonancia al discurso oficial, que la titularidad del derecho a la educación representa a tales derechos de manera integral, sorprende que el texto, contando con la asesoría de expertos internacionales y producto (al menos en procedimiento) de foros de consulta, no se expresa de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

Podríamos pensar que el hecho de señalar la participación de las familias en la educación, así como el papel del Consejos Escolares de Participación Social (enunciados en quinto y sexto lugares de ocho, respectivamente) con respecto a la gobernanza del Sistema Educativo (en el quinto y último apartado), haría referencia a las instancias de representación de niñas y niños, o incluso impulsarse el desarrollo adolescente; sin embargo, no hay una sola referencia a cómo las propias niñas y niños toman decisiones progresivas; es decir, sus puntos de vista son grandes ausentes en un Modelo que se publicita horizontal.

Por otra parte, el texto pareciera laponizar el contexto en que las niñas, niños y adolescentes mexicanos van a la escuela: en un claro afán negacionista no hay reconocimiento a la crisis de graves violaciones a los derechos humanos en el país, tal y como sí lo señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 2015, ni a las condiciones de violencia generalizada que se viven actualmente en México, que ponen en tela de duda si es posible ejercer el derecho a la educación cuando está en riesgo el derecho a la vida en México, de Guerrero a Tamaulipas, de Juárez a Tapachula. Tal y como ha afirmado Ángel Díaz Barriga, las aulas que describe el texto del Modelo Educativo parecieran pertenecer más bien a Finlandia, o como señala acertadamente Hugo Casanova, el contexto de emergencia del Modelo Educativo 2017 ocurre a menos de tres años de las desapariciones forzadas de estudiantes de Ayotzinapa, o del abuso de la fuerza pública por parte de las corporaciones oficiales en Nochixtlán. No atender al ejercicio del derecho a la educación implementando medidas para cumplir el derecho a la protección muestra, en la práctica, el desprecio por el cumplimiento del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (principio de la CDN) de niñas, niños y adolescentes.

Otros ejemplos de que el texto del Modelo Educativo 2017 muestra debilidad de contar con una perspectiva de derechos de la infancia se encuentra en relación a los ambientes para el aprendizaje (punto I.5), el cual afirma que los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra están estrechamente vinculados a los ambientes que los propician”, y pierde la oportunidad de señalar la necesidad de contar con ambientes protectores para la infancia, los cuales, en palabras de UNICEF, son espacios seguros de participación, expresión y desarrollo para los niños, niñas y adolescentes. Los sujetos de derechos, en un modelo que se enuncia horizontal (en contraposición – en un binario -, a uno vertical, como si las características de uno y otro no aparezcan superpuestas en la práctica, como si fueran tipos ideales weberianos), siguen apuntando hacia los liderazgos evidentes: el personal directivo para implementar la Ruta de Mejora viendo a la escuela como una “comunidad con autonomía de gestión”, sin la participación de instancias de representación de niñas, niños y adolescentes. Y qué esperanzas de encontrar muestras de que la perspectiva de género fuera transversal al texto.

¿De verdad podemos aspirar a educar a ciudadanas y ciudadanos cuando niñas, niños y adolescentes no están al centro? El cumplimiento del derecho a la educación de calidad en el Modelo Educativo 2017 pretende ocurrir de manera aislada del ejercicio de otros derechos. Proponer la gobernanza del sistema educativo a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) debe, además de evitar los evidentes traslapes, duplicación de funciones e ineficiencia prevaleciente entre los distintos niveles de gobierno, considerar los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera integral, tal y como están representados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Finalmente, el motto, el quasi lema de campaña debiera ser “las Niñas, Niños y Adolescentes – así como el cumplimiento de sus derechos – al Centro del Sistema educativo”, desde la indivisibilidad e interdependencia de los derechos de la infancia.

El modelo educativo y el fin del sexenio

El modelo educativo: las primeras lecciones

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17054.html

Fuente del Artículo:

La Convención de los Derechos del Niño: la gran ausente en el Modelo Educativo

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El modelo educativo y el fin del sexenio

Por: Hugo Casanova Cardiel

Hay fechas que llegan antes que el calendario natural y esto es lo que hoy sucede, pues la política educativa del gobierno actual llegó a su límite. Dicho de otra manera, la versión 2017 del modelo educativo –con todo y sus agregados de última hora– simboliza en términos políticos lo que diversos sectores sociales esperaban desde tiempo atrás: el fin del sexenio.

A menos de un año de las elecciones de 2018 el modelo educativo sigue siendo promovido –al menos una vez por semana– como un nuevo planteamiento pedagógicoque promoverá la auténtica revolución de la educación. Y si bien en una etapa temprana de gobierno tales afirmaciones resultarían casi naturales, en el último tramo del sexenio revelan o una pérdida del sentido de la realidad o hasta el inicio de una campaña electoral.

En días recientes ha sido anunciada, con entusiasmo que no deja de sorprender, la reforma a los planes y programas de la educación básica e incluso han sido presentados los equipos de expertos que participaron o lo harán en tales cambios. Además, ha sido ampliamente difundido el acompañamiento (sic) de las academias mexicanas de Ciencias, de la Historia y de la Lengua, ni más ni menos. Sin poner en duda la consistencia y generosidad de tales instituciones, debería recordarse que la política educativa no solamente está desfasada en su temporalidad con respecto del mandato peñanietista, sino que al plantear sucesivas etapas a partir de 2018 (y llegar incluso a 2020) irrumpe de plano en los tiempos del próximo gobierno. En consecuencia, lejos de reflejar una política de largo aliento o un planteamiento de Estado fundado en el diálogo y el consenso social, la programación del nuevo modelo parece estar más vinculado al inicio de un proyecto político que a una mera confusión en el calendario.

Una sucinta revisión de las 216 páginas del Modelo educativo para la educación obligatoria muestra aspectos altamente cuestionables, entre ellos los siguientes:

1) Por su construcción el documento apela mucho más a un tratamiento conceptual del hecho educativo que a su planteamiento estratégico. Es decir, ofrece un discurso referido a las características intrínsecas de los factores de la educación –algunos de ellos plenos de buenas intenciones–, pero que se encuentran muy lejos del contexto de actuación de un gobierno en términos programáticos. Asimismo, al estar prevista su operación fuera de los márgenes del sexenio no hay manera de contrastar su solidez y aplicabilidad. Se trata de una sucesión de declaraciones de imposible valoración fáctica.

2) Uno de los temas recurrentes en las críticas a la política educativa oficial ha sido el de su exigua consulta social. Aunque en su versión última el documento parece responder a dichas críticas refiriendo una larga lista de entidades consultadas, lo cierto es que el resultado es contraproducente, pues el colectivo que encabeza la lista –la Conferencia Nacional de Gobernadores– es deficitario en términos de credibilidad social y no pocos de sus ex integrantes tienen deudas con la justicia nacional e internacional.

3) Por su tono y orientación el documento es de gran ambigüedad: por momentos describe, otras veces diagnostica, otras prescribe y otras más escribe con el tono de un gobierno que ya ha logrado todo lo que se proponía. Todo ello da como resultado un texto que no distingue entre el mundo de las ideas y el mundo de los hechos.

4) Según el documento no existen problemas de resistencia magisterial y aunque hay razones fundadas para pensar que el modelo educativo de 2017 constituyó una respuesta a la inconformidad de los maestros y por supuesto a su movilización, el texto no las menciona. Según el modelo, la educación mexicana es un escenario sin tensiones ni conflictos. Y éstos, cuando mucho, son tratados como retos.

5) En el documento se eluden grandes problemas de la educación como el analfabetismo y el rezago, que son tratados en forma somera y apenas como temas del pasado.

6) El modelo carece de mención alguna al desempeño de quienes toman las decisiones mayores de la educación en México: ¿quiénes son?, ¿cómo llegaron hasta ahí?, ¿con qué atributos pedagógicos cuentan para plantear una ruta para el futuro de la educación nacional?

7) En el modelo educativo las menciones al libro o a las bibliotecas son casi accidentales y se echa de menos una posición institucional hacia ese importante ángulo de la educación.

8) El documento muestra diversos errores de redacción e incluso de ortografía. Una condición incomprensible en un texto con aspiraciones de orientar la educación de un país.

Los tiempos del actual gobierno, tendría que recordarse, están llegando a su término y antes que generar más anuncios de última hora, como el dominio del inglés en todos los niveles, de improvisar reformas al normalismo o de informar sobre la gratuidad de los libros de texto gratuitos (!), habría que iniciar el armado de los libros blancos y rendir cuentas sobre lo efectivamente realizado. Hoy resulta necesario insistir a los servidores públicos que su deber es cerrar con pulcritud y legalidad el encargo que recibieron de la sociedad, alejando la tentación de convertir la educación nacional en un instrumento electoral.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/07/09/opinion/015a1pol

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Analfabetismo en México: ¿quién se hace cargo?

México está entre las quince economías más prósperas del mundo, cuenta con un sistema educativo que atiende a más de 35 millones de alumnos en todos sus niveles, tiene desde hace 90 años una secretaría dedicada a la educación pública y tiene, desde hace más de tres décadas, un instituto dedicado a la educación de adultos. Aún más, la obra educativa nacional constituye uno de los mayores motivos de orgullo de los sucesivos gobiernos de la posrevolución. Sin embargo, en nuestro país el analfabetismo y la marginación educativa siguen manifestando una inequívoca señal de desigualdad e injusticia social.

De acuerdo con los datos censales del 2010, las personas al margen de las letras en México suman cerca de 5.4 millones –cifra superior a la población de países como Finlandia, Noruega, Costa Rica o Uruguay– las cuales ratifican, entre otros temas, la inobservancia del derecho a la educación establecido por la Constitución Política de 1917. En breve, en materia educativa el país está en falta desde hace un siglo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo explicar el grave déficit educativo en nuestro país? ¿Cómo decir “usted disculpe” a millones de mujeres y hombres en condición de exclusión educativa y social? ¿Quién se hace cargo del problema del analfabetismo en México?

Sin el ánimo de responder de manera puntual a todas estas interrogantes conviene establecer como punto de partida que el problema aquí abordado no se circunscribe a los individuos excluidos de la educación. Se trata de un problema social y humano que se extiende más allá de cada persona y que involucra a todos y cada uno de los mexicanos. Si, a todos. En tanto ciudadanos que compartimos suelo, cultura y nación, que nos regimos por las mismas leyes y que juntos aspiramos a un país mejor, las asimetrías educativas –y especialmente las condiciones que excluyen a millones de personas– ilustran una innegable condición de desigualdad y de falta de oportunidades para todos.

Es necesario recordar que en la sociedad mexicana caben, lo mismo algunas de las fortunas personales más grandes del mundo, que enormes franjas de pobreza y marginación social. Y ello no significa pluralidad o variedad social, representa un agravio para los más pobres y expresa los límites de un Estado que, hasta ahora, no ha logrado generar condiciones de equidad educativa ni construir un piso parejo para toda la sociedad. Sin el ánimo de profundizar en la situación de rezago educativo de la población de 15 años y más, baste recordar que, de acuerdo con los datos censales del 2010, el porcentaje de analfabetismo en la población mayor de 15 años representaba al 6.9 y el número de personas sin estudios concluidos de primaria y secundaria se acercaba a los 32 millones. Con base en tales cifras, es posible afirmar que al menos una cuarta parte de la población mexicana se encuentra en condiciones de precariedad educativa.

Rezago de la población de 15 años o más. Educación Básica en México (2010) Población de 15 años y más Analfabetas % Sin Primaria Terminada % Sin Secundaria Terminada % Rezago Total % 78,423,336 5,393,665 6.9 10,082,386 12.9 16,424,106 20.9 31,900,157 40.7 Fuente: INEA. Rezago educativo. Censo 2010. (Disponible en http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/rezago_censo2010_nd.pdf)

Aunque es posible reconocer que el tema del analfabetismo ha estado presente en prácticamente todos los gobiernos de la posrevolución, lo cierto es que las políticas en esa materia han resultado francamente desalentadoras. Así, mientras algunas campañas y estrategias planteadas a lo largo del siglo XX alcanzaron un mayor logro e impacto social, otras se limitaron a la simple exaltación demagógica de la educación. Entre las primeras han de incluirse las campañas de José Vasconcelos entre 1920-1922; de Lázaro Cárdenas en 1934; de Jaime Torres Bodet en 1946 y 1958; e incluso de José López Portillo quien en 1981 impulsó la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y aunque no vale la pena detenerse a referir los planteamientos meramente demagógicos sobre el analfabetismo, resulta imposible dejar de señalar que, a lo largo de las tres décadas recientes se privilegió una política mayormente restrictiva en términos sociales y educativos.

El analfabetismo hoy

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la alfabetización, como parte de la educación, constituye un derecho humano. Se trata de un bien público que proporciona a las personas las herramientas básicas para incorporarse a la vida social, a la vida ciudadana, a la vida laboral, a la vida cultural, a la vida en su sentido más amplio. La condición del analfabetismo, por el contrario, expresa y genera marginación y, en la llamada sociedad del conocimiento, supone un déficit individual y social aún más grave que en el pasado.

Hoy el analfabetismo se concentra en los espacios sociales más vulnerables: personas en condiciones de pobreza, personas pertenecientes al medio rural, indígenas, mujeres. Y cuando se combinan algunas de estas condiciones, la vulnerabilidad y los riesgos sociales se profundizan. Así, a la dificultad para acercarse a la literatura, a la poesía o al conocimiento científico, se suma la imposibilidad de acceder de manera autónoma al complejo marco de las leyes o a los textos que definen la convivencia social. La condición de analfabetismo implica también la incapacidad de las personas para interpretar una receta, un prospecto médico o simplemente para identificar el nombre de una calle. No puede obviarse en esta apretada reflexión, el analfabetismo cuantitativo el cual refiere la ausencia de destrezas en materia de cálculo numérico y que constituye un profundo déficit para la vida y el trabajo.

Todas esas limitaciones son transmitidas como una infausta herencia a los hijos quienes, al carecer del apoyo familiar, ven mermadas sus posibilidades de trascendencia escolar y social. Al respecto, una de las voces más autorizadas en el tema de la alfabetización, Emilia Ferreiro, sostiene : “…ya lo sabemos y ha sido dicho mil veces: analfabetismo y pobreza van juntos, no son fenómenos independientes; analfabetismo y marginación social van juntos, no son fenómenos independientes. El analfabetismo de los padres está relacionado con el fracaso escolar de sus hijos” (Alfabetización. Teoría y práctica, México, Siglo XXI, 1997, p. 176).

Hoy las asimetrías de todo tipo –sociales, nacionales e internacionales– siguen presentes en la distribución del analfabetismo. Así, las cifras nacionales de la primera década del siglo XXI muestran un limitado esfuerzo en materia de alfabetización y una suerte de administración de la precariedad educativa pues el número de personas al margen de las letras apenas ha variado.

Población analfabeta en México, 2000-2010 Población de más de 15 años en condición de analfabetismo 2000a 2005a 2010b 2000-2010 Analfabeta % Analfabeta % Analfabeta % Absolutos % 5, 942, 091 9.45 5, 747, 813 8.35 5,393,665 6.87 -548, 426 -2.57 a Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicano 2010, INEGI, 2011, Capítulo 4, Cuadro 4.1. b Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del cuestionario básico. (Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est.)

Es importante destacar que en términos nacionales se viven también serias condiciones de desigualdad pues, mientras el Distrito Federal ostenta indicadores comparables con los de naciones avanzadas (por debajo del 3 por ciento de analfabetismo) otros estados de la República viven una situación que los equipara a las naciones más pobres. Por ejemplo, las entidades federativas con mayores porcentajes de analfabetismo son Chiapas, con 18.41; Guerrero, 17.53; Oaxaca, 16.92, y Veracruz, 12.02. Además, mientras el porcentaje nacional de analfabetismo es de 6.31 para los hombres, y 8.89 para las mujeres, en los estados señalados la proporción de mujeres analfabetas crece de manera notable.

El problema del analfabetismo es mundial y expresa la enorme polaridad entre las naciones. Así, de acuerdo con la UNESCO, al menos 793 millones de personas en el planeta no saben leer ni escribir y en once países más de la mitad de su población está en condiciones de analfabetismo. La proporción de población analfabeta se concentra en el sur y el oeste de Asia (51.8%); en África subsahariana (21.4%); en Asia Oriental y el Pacífico (12.8%); en los Estados Árabes (7.6%); y en América Latina y el Caribe (4.6%). Otras regiones como América del Norte y Europa concentran cifras muy menores de analfabetismo (2%). Como es posible observar, las asimetrías económicas internacionales, también se expresan de manera inequívoca en los indicadores de analfabetismo.

A manera de cierre

¿Y quién se hace cargo? El problema del analfabetismo, como ya se ha dicho, es un tema que trasciende a los individuos y que compete a la sociedad toda. Hoy más que nunca resulta esencial reconocer la magnitud del rezago educativo en México y, tal como señalaba Stéphane Hessel (¡Indignaos!, Barcelona, Destino, 2011), es necesario manifestar la más profunda indignación ante la brecha que divide al país entre quienes lo tienen todo y quienes carecen de todo. Que separa a quienes tienen acceso franco a la educación, de quienes están excluidos aun del escalón más elemental de ella.

El Estado por su parte está llamado a atender de una manera clara y definitiva su responsabilidad en la conducción política de los asuntos que conciernen al todo social, así como a promover políticas basadas en la igualdad y la justicia. El rezago educativo y de manera especial la alfabetización, están en dicho supuesto y su solución definitiva –si, definitiva– constituyen una responsabilidad inaplazable para el Estado. ¿No son acaso suficientes cien años para cerrar en forma definitiva una brecha claramente ofensiva para toda la sociedad mexicana?

Datos de:

INEGI. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicano 2010, México, 2011. Capítulo 4, Cuadro 4.1.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del cuestionario básico. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est.)

INEA. Rezago educativo. Censo 2010. Disponible en: http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/rezago_censo2010_nd.pdf) UNESCO. “793 personas no saben leer ni escribir”. Portal. Disponible en http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=14589&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html UNESCO. Adult and Youth Literacy. UIS FACT SHEET. Disponible en http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs26-2013-literacy-en.pdf

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