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¿Puerto Rico o Puerto Pobre?

¿Puerto Rico o Puerto Pobre?

Hedelberto López Blanch

Fuentes: Rebelión – Imagen: Mildred Baldwin

¿Cómo se puede concebir que Estados Unidos cite en forma unilateral y arbitraria, a una cumbre por la democracia, cuando mantiene en el Caribe la colonia más antigua del mundo: Puerto Rico?

La desatención que Washington mantiene sobre esta colonia llamada eufemísticamente desde 1952 Estado Libre Asociado (ELA) ha llevado a que el 52,3 % de sus 3,2 millones de habitantes se encuentren en la pobreza, según un informe divulgado por la Comisión para la Erradicación de ese flagelo.

Basado en audiencias públicas, la jefa de la comisión, Elizabeth Rosa-Vélez explicó que esa peyorativa cifra es consecuencia de varios factores como la pandemia de coronavirus, los tres huracanes y el terremoto que azoló la Isla.

A Rosa-Velez, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que apoya convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de Estados Unidos, se le olvidó decir que la desidia de la metrópolis con ese pueblo resulta el principal factor de esa situación.

El escenario se estresa más entre infantes y mujeres. Otro documento el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) denunció que el 58 %, o sea, seis de cada 10 niños puertorriqueños viven en el nivel de pobreza. Añadió que el 38 % de ellos sobreviven en la extrema pobreza.

El informe indica que las mujeres enfrentan una brecha en la paridad de género que refleja bajos niveles de féminas en puestos de dirección o liderazgo, el estancamiento de los salarios y la poca participación en la fuerza laboral.
Para la presidenta de la Oficina para el Desarrollo socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), Thais Reyes Serrano en su país “muchas mujeres se enfrentan a situaciones adicionales que las colocan en desventaja para potenciar su desarrollo profesional, económico y autosuficiencia como la dependencia económica, y la estructura y mentalidad corporativa».

Un ejemplo del desprecio con que trata Estados Unidos a los pobladores de esa nación caribeña lo dio el expresidente Donald Trump después que los huracanes Irma y María (los dos en septiembre de 2017) arrasaron la colonia.

A 13 días del paso del último fenómeno atmosférico, el exmandatario llegó a San Juan y en vez de otorgar apoyo económico y financiero, lanzó paquetes de papel higiénico a varias personas reunidas en un mitin preparado por las autoridades.

Asimismo, Trump quiso vender Puerto Rico o cambiarlo por Groenlandia porque este territorio estadounidense en el Caribe era «sucio y pobre», afirmó a la cadena MSNBC, Miles Taylor, en ese entonces jefe de gabinete en el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Los habitantes de esa isla del Caribe padecieron y aun afrontan inmensas necesidades por los estragos de los ciclones que provocaron más de 3 000 muertos y heridos, destruyeron viviendas, incrementaron la falta de agua potable y alimentos y colapsaron el sistema eléctrico.

Medio año antes del paso de los huracanes, la colonia ya padecía una enorme crisis económico-financiera que Washington no ayudó a resolver y el país se declaró en una especie de quiebra, pues la deuda exterior se fijaba en más de 73 000 millones de dólares.

Ante la profunda crisis, Washington le impuso al país una Junta de Control Fiscal (JSF por sus siglas en inglés), que aprieta el cinturón a los puertorriqueños y cobra más de 300 millones de dólares por sus “servicios”.

En concordancia, el régimen colonial y la JSF establecieron recortes por cerca de 2 000 millones de dólares al gasto público anual hasta finales del 2020 (cerca del 20 % del presupuesto actual) y de 2 500 millones hasta 2025.

Se disminuyeron las prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos; fueron cerradas decenas de escuelas y aumentó el coste de la universidad pública. Sólo el 40 % de la población adulta trabaja o busca empleo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión cayó un 20 % y los activos bancarios en 40 %.

Mientras la pobreza se ensaña con los puertorriqueños, las organizaciones sociales afirman que en la última década las subsidiarias norteamericanas han extraído del país, 380 000 millones de dólares, prácticamente sin pagar impuestos. A los empresarios nacionales se les hace muy difícil competir con los consorcios transnacionales.

Las amarras que tiende Washington sobre la isla caribeña se tornan asfixiantes pues solo se le permite tener a un comisionado en el Congreso de Estados Unidos que tiene voz pero no posee derecho a voto aunque se trate de alguna cuestión relacionada con su país. Aunque son reconocidos como ciudadanos estadounidenses no pueden ejercer el voto en las elecciones de esa nación.

Sin poder decidir sobre la economía (depende en gran medida del presupuesto que otorga la metrópolis), las finanzas, relaciones exteriores, es decir, sin tener independencia política ni soberanía Puerto Rico se cuenta entre las 18 colonias que aun existen en el mundo.

Claro, lo que si tienen autorizados sus ciudadanos es que pueden servir en el ejército de Estados Unidos como lo han hecho en Irak, Siria, Afganistán y otras decenas de lugares en donde muchos han perdido la vida.

No cabe duda que el Estado Libre Asociado es sinónimo de una forma de colonización en estos tiempos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/puerto-rico-o-puerto-pobre

 

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Mundo: Penuria infantil en un mundo desigual

Penuria infantil en un mundo desigual

Los problemas que ha conllevado para los países en vías de desarrollo la extensión y proliferación de la pandemia de coronavirus se pueden catalogar de graves, sobre todo para los menores de edad que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que los esfuerzos fiscales anunciados en 2020 representaron un promedio del 4,6 % del PIB en la región, al tiempo que la existencia de la pandemia, la disponibilidad de vacunas y la incertidumbre sobre su efectividad junto con los ritmos desiguales y divergentes de la reactivación económica, ponen en duda la rapidez y la sostenibilidad de la recuperación económica.

El organismo estimó que el rescate de los niveles del PIB anteriores al inicio de la pandemia no se alcanzarán antes del 2023 en la mayoría de las naciones del área, donde se reportó una pérdida promedio de 7,1 % en 2020 debido a que la crisis de salud cerró negocios, congeló el turismo y la pobreza alcanzó su nivel más alto en 12 años lo que afecta ahora a más de un tercio de la población.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, alertó que resulta fundamental actualizar el gasto público como instrumento de desarrollo lo cual requiere vincular la emergencia con una reactivación transformadora a corto plazo con transparencia e ingresos de emergencia y el apoyo a sectores productivos, mientras a mediano plazo, se debe poner la mira hacia la universalización de la protección social.

Estos puntos resultan fundamentales en sociedades que han adoptado por aplicar las nefastas reglas neoliberales que han posibilitado a unos pocos convertirse en ricos y a la mayoría de sus poblaciones encaminarse a la pobreza.

Para el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley los problemas de hambruna se han ido agravando por sequías, huracanes, terremotos, cambios climáticos y ahora por la pandemia de covid-19.

Los programas sociales de ayuda a los más desposeídos se hacen completamente indispensables para salvar a muchos a morir de hambre e inanición.

Solo en tres países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y el Salvador, en el último año y medio, las personas en situación de hambre se cuadriplicaron al pasar de dos millones a ocho millones, lo cual ha impulsado la perdida de empleos y por consiguiente la emigración hacia México y Estados Unidos para intentar mejorar sus situaciones de pobreza, lo cual casi nunca consiguen.

En esta deleznable pirámide invertida aparecen los menores de edad pues la pandemia ha revertido los objetivos trazados por las organizaciones internacionales para disminuir el trabajo infantil.

Un estudio realizado en conjunto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (Unicef), denuncia que más de 152 millones de niños están en situación de explotación y de ellos 73 millones en labores peligrosas.

El estudio agrega que 74 millones tienen entre 5 y 11 años; 42 millones entre 12 y 14 años y 36 millones entre 15 y 17 años.

Los expertos indican que para revertir la situación se necesitan recetas universales: la vuelta inmediata a los colegios, ayuda pública a las familias más vulnerables, un mayor desarrollo de las políticas sociales, pero nada de esto pueden ofrecerlo los sistemas neoliberales.

El informe, con fecha de cierre en 2020, señala que los gobiernos y donantes debían aumentar las asignaciones en efectivo a las familias para mantener a los niños fuera del trabajo infantil (peligroso y explotador), protegerles la educación y un nivel de vida adecuado.

Dos solos ejemplos en diferentes continentes para ilustrar este flagelo. En Colombia se estima que cerca de un millón de menores, por las diferentes calles y avenidas de las ciudades, venden frutas, dulces, agua; limpian carros, interpretan canciones, hacen malabares. En casas de familias pudientes, lavan ropa, hacen mandados, limpian los inmuebles.

Pero mucho más peligroso y degradante es cuando individuos inescrupulosos los explotan sexualmente o les obligan a realizar actividades al margen de la ley.

En otro país, Gabón, en el continente africano, cientos de niños laboran o buscan materiales para el sustento de sus familias en vertederos insalubres pese a los riesgos que significa para la salud.

Muchos enferman y no tienen formas de obtener tratamiento especializado ni medicamentos, por grave que sea el padecimiento, y sus familiares deben recurrir a medicinas naturales.

Daniel Bondende, un niño de solo ocho años, deambula por uno de los vertederos de basura de Gabón, que abarca cientos de metros, en busca de algún pedazo de cobre o aluminio para revenderlo. Daniel declaró a una televisora nacional que temía por su salud pero debía hacerlo porque no puede dejar que el poco dinero que obtiene la familia provenga de su mamá y ya tiene edad suficiente para cuidarse.

Hace poco, dijo, me herí con una barra de hierro, me dolió pero la herida se curó y regresé a trabajar porque mi familia esta muy necesitada.

Roselin Bendome, activista de los Derechos del Niño en Gabón, puntualizó que cada vez más niños no van a la escuela y pasan casi todo el día en ese vertedero donde se queman materiales tóxicos para recuperar pedazos de cobre cuyo humo resulta muy dañino para la salud.

Neoliberalismo y pandemia se han unido para llevar más desgracias a diferentes pueblos del mundo y como significó la OIT, “el trabajo infantil priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad”.

Son pocos los países del mundo donde los menores disfrutan plenamente de la niñez y de la juventud con plenos derechos a la educación, la salud y al bienestar social. Esperemos que algún día, ese derecho ocurra en la mayoría del orbe.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/penuria-infantil-en-un-mundo-desigual/

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La inviabilidad del neoliberalismo en América Latina

Por: Hedelberto López Blanch

La enorme y hasta ahora incontrolable pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la inviabilidad del sistema neoliberal implantado en varios países de América Latina a principios de la década de 1980.

Con servicios de salud públicos precarios muchas naciones de la región se han visto imposibilitadas de atender a la mayoría de sus pobladores que no pueden pagar una adecuada atención médica lo cual ha provocado la muerte de más de un millón de personas en el área y que además, no han podido vacunarse porque los gobiernos no tienen capacidad monetaria para comprar las vacunas anticovid.

Como consecuencia directa se han perdido millones de empleos por el cierre de comercio, servicios, empresas e industrias con el consecuente incremento de la ya enorme pobreza en que vivía la región antes de comenzar la pandemia.

El sistema neoliberal que impulsó las privatizaciones de fábricas, edificaciones, tenencia de tierras, servicios esenciales como agua, salud, electricidad, educación, enriqueció a unos cuantos mientras no ha sido capaz de dar la mínima respuesta alentadora a los habitantes afectados por la epidemia.

Bajo estas condiciones, el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder informó que el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral fue cuatro veces superior al de la crisis económica de 2008, y la comparó con un cataclismo.

Dijo que para muchos la situación laboral durante la covid-19 ha sido de molestia, tedio, frustración y para otros, miedo, pobreza, supervivencia.

El mundo laboral, enfatizó, esta mal preparado contra la pandemia al igual que los sistemas de salud y remarcó que la recuperación sería desigual si la tendencia actual continúa.

En 2020 y principio de 2021, los cuentos de hadas sobre las bondades del neoliberalismo tuvieron un fuerte revés al producirse dramáticos escenarios populares en países como Colombia, Chile, Perú, Brasil, Honduras, Haití, Ecuador, Paraguay, Guatemala.

En numerosas calles y ciudades de América Latina, multitudes de hombres, mujeres y jóvenes, han salido a exigir sus derechos ciudadanos; a clamar por un mayor control del Estado y de los gobiernos sobre los servicios y entidades públicas; pedir la repartición equitativa de las riquezas del país para poder alcanzar verdaderos derechos humanos.

Esta realidad se corrobora con una reciente encuesta realizada por el Centro Latinoamericano de Geopolítica (Celag) donde se enfatiza que “el 90 % de los argentinos están a favor de un Estado mucho más presente y activo; en Bolivia este valor se ubica en 75 %; Ecuador y Perú 73 %; Chile 70 % y México 60 %”.

Índices parecidos se manifiestan entre los ciudadanos latinoamericanos con respecto a la proposición de subir impuestos a las grandes fortunas; garantizar el derecho a la salud y la educación; frenar las privatizaciones; suspender y renegociar el pago de la deuda pública.

Como la crisis esta lejos de finalizar, varios organismos internacionales no esperan que la situación regrese a los niveles anteriores a la pandemia, hasta el año 2023.

El análisis de la OIT asegura que los trabajadores jóvenes son los que más han sufrido la pérdida de empleo, la salida del sector activo o la incorporación tardía al mismo. La tasa de ocupación de los jóvenes de 16 a 24 años disminuyó un 8, 7 % frente al 3,7 % de los adultos y los sectores con mayor afectación son la hotelería y la restauración.

A esto se une que ellos son los primeros en sufrir los recortes de horas laborales y poseen menos experiencia de empleo, además de que 3 de 4 jóvenes trabajan en la economía informal, en especial la agricultura, pequeñas cafeterías o restaurantes, y sus ahorros son sumamente escasos los que prácticamente no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Son precisamente estos sectores juveniles, golpeados con fuerza por las pocas posibilidades que le ofrecen los regímenes neoliberales entronizados en Latinoamérica, los que salen a las calles para exigir mejoras económicas, sociales, laborales y financieras que les permitan disminuir las pésimas condiciones en que subsisten junto a sus familiares.

El panorama resulta más alarmante al conocerse recientes informes de organismos especializados los cuales indican que la pandemia ha dejado a 28 millones de latinoamericanos y caribeños en situación de pobreza laboral con una tasa de desocupación del 11,1 % este año.

En la región, explica la OIT, laboran en la informalidad 140 millones de personas que representa el 50 % de los trabajadores, o sea, cinco de cada diez se hallan en ese sector, sobre todo en las actividades de comercio al por menor, conocido como venta callejera.

En Perú se estima que alcanza al 68,4 %; Argentina 49,4 %; Chile y Uruguay, 25,4 % y 25,1 %, respectivamente.

Como consecuencia de la pandemia se han exacerbado la informalidad, el empleo precario, la desigualdad y la ausencia de programas de protección para la mayoría de los trabajadores.

América Latina, aseguran la OIT y el Banco Mundial, sigue siendo la región más afectada en el mundo y sugieren que el empleo debe estar en el centro de la recuperación económica. Pero la conclusión real es que el sistema neoliberal ha fracasado al ampliar las desigualdades entre ricos y pobres así como llevar hambre, miseria, desatención médica y educacional a millones de personas.

La inviabilidad del neoliberalismo en América Latina

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La triste historia de los pobres del mundo

Por: Hedelberto López Blanch

El número de pobres en el mundo aumenta cada año debido a varios factores como los violentos cambios climáticos que producen sequías, huracanes, terremotos, inundaciones; la aparición desde febrero de 2019 de la pandemia de covid-19 y sobre todo la indolencia de regímenes capitalistas neoliberales cuyos gobernantes piensan en incrementar sus riquezas en detrimento de las mayorías.

Esa conjunción de factores ha provocado que en el mundo ya existan 840 millones de hambrientos al sumárseles otros 130 millones que pasaron a esa deleznable lista en 2020.
Un informe del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas explica que alrededor de 132 millones de personas sufrieron una situación de “hambre crónica” durante 2020 y se sumaron a los 708 millones que vivían en esas circunstancias en 2019.
Los expertos de organismos internacionales indican que Asia es el continente con mayor número de hambrientos con 382 millones, seguida de África, 250 millones y América Latina y el Caribe con 50 millones. La cifra total se completa con los que se encuentran en esa categoría en Europa y América del Norte.
Como un complemento directo en esta lamentable situación, ha quedado demostrado que los regímenes capitalistas neoliberales no han sido capaces de resguardar a sus pobladores de los efectos peyorativos producidos por la pandemia de coronavirus.

Los altos costos de la atención médica privada usados en los tratamientos contra la covid, no pueden ser pagados por muchos habitantes que se ven obligados a recluirse en sus casas y buscar remedios caseros o medicamentos más baratos los cuales, en la mayoría de los casos, no son efectivos y la trágica muerte los alcanza.
Para agravar la situación de millones de personas que sobreviven en este mundo cada vez más desigual, otra mala noticia se les viene encima.
Según la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO) los precios mundiales de los alimentos volvieron a subir en abril por 11 meses consecutivo.
La organización divulgó que el índice de precio mundial de alimentos promedió 120.9 dólares en abril, 2,2 % más que en marzo, y un 30,8 % interanual por lo que alcanzó el nivel más alto desde 2014
Este índice es una medida de la variación mensual de los costos de la canasta y consiste en el promedio de cinco índices de precios de la cesta básica en relación con las exportaciones de cada uno de esos productos.

La FAO informó que en abril, el azúcar tuvo un alza de 3,9 % y alcanzó más del 60 % en relación con 2020 debido al lento avance de la cosecha en Brasil y los daños causados por las heladas en Francia.
En el caso de los aceites vegetales, creció 1,8 % en abril debido a aumento de las cotizaciones mundiales del aceite de palma por temor a que las producciones fueran más lentas de lo previsto. Los valores de los aceites de soya y colza se incrementaron aun más mientras que los de las carnes bovino, ovino y porcino se elevaron 1,7 % y los de la de aves de corral no tuvieron cambios.
Los cereales, se alzaron 1,2 % y 26 % desde 2019. El maíz subió 5,7 % y 66,7 % con respecto al pasado año resultado de siembras menores de lo previsto en Estados Unidos, Argentina y Brasil.
En medio de este escenario, en 2020 y 2021 ha crecido la inseguridad alimentaria aguda, debido a conflictos, crisis económica exacerbada por la pandemia y el embate de fenómenos naturales.
La red mundial contra la crisis alimentaria avizora un 2021 muy difícil pues en el pasado año, 155 millones de personas en solo 55 países estaban en situación de crisis, lo que representó alrededor de 20 millones más en relación con el último informe. Asimismo, 28 millones en 38 países se hallaban en situación de emergencia alimentaria y entre los más afectados se encontraban República Democrática del Congo, Yemen y Afganistán.
Dominique Burgeon, director de emergencia y resilencia de la FAO aseguró que para evitar que estalle una crisis generalizada en 2021 se necesita con urgencia acciones humanitarias para salvar vidas y medios de subsistencia a gran escala.
Antonio Guterrez secretario general de la ONU significó que este informe es una lectura desalentadora por el alza de personas en condiciones de inseguridad alimentaria aguda las cuales necesitan asistencia nutricional rápida. Se debe hacer todo lo posible, dijo, por frenar ese círculo vicioso y abordar la eliminación del hambre como base para la estabilidad y la paz, a la par de transformar los sistemas alimentarios para hacerlos más inclusivos, resilientes y sostenibles.
Otro fenómeno que golpea a las naciones son los altos niveles de endeudamiento que han adquirido desde hace décadas y que se reforzaron con la pandemia.
En América Latina y el Caribe, informó la CEPAL, esta situación también ha puesto en crisis la posible recuperación económico-social.
Todos los países latinoamericanos han sufrido un deterioro de la situación fiscal al aumentar la deuda del 69,8 % al 79,3 % del PIB entre 2019 y 2020, lo cual la convierte en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios.
Esa es la triste historia de los pobres en este mundo neoliberal tan desigual y que cada día, con más fuerza, los pueblos claman por la adopción de un nuevo orden internacional más justo.

Fuente: La triste historia de los pobres del mundo – Tercera Información -Tercera Información (tercerainformacion.es)

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Cuba: ¿Una pandemia para ricos y otra para pobres?

¿Una pandemia para ricos y otra para pobres?

Hedelberto López Blanch

El inhumano sistema de globalización neoliberal que se le ha impuesto a la mayoría de los países del mundo ha llevado en tiempos de pandemia a dividir aún más al planeta en dos: los ricos y los pobres.

Aunque las noticias parecen alucinantes, son completamente reales. Kerry Dolan, editora de la revista Forbes publicó que «pese a la pandemia, 2020 y 2021 fueron años de récord para los más ricos del mundo, con un aumento de cinco billones de dólares y un número sin precedentes de nuevos milmillonarios»,

El artículo señala que el número de personas con una fortuna de 1 000 millones o superior, registró una “explosión” hasta llegar a un número sin precedentes: 2 755 en 2021, 600 más que en el año anterior.

En total sus fortunas se estiman en 13,1 billones de dólares, por encima de los 8 billones recogidos en la lista de Forbes 2020.

Con una pésima situación sanitaria en el orbe, que en vez de aminorar se acrecienta, el 2020 fue un año récord para las personas más ricas del mundo.

Son tan fantasmagóricas las cifras que resultan difíciles de asimilar: Jeff Bezos, fundador de Amazon posee 177 000 millones de dólares; Elon Musk, creador de Tesla y SpaceX, 151 000 millones; Bernard Arnault, propietario de varias marcas de ropa de lujo y cosméticos, 150 000 millones; Bill Gates, cofundador de Microsoft, 124 000 millones; Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, 97 000 millones.

En América Latina donde el hambre, la miseria y las muertes por la propagación de la Covid-19 se regodean en sus pobladores, aparecen 51 latinoamericanos millonarios en la lista de Forbes.

Y fíjense cómo los diez primeros millonarios de América Latina han incrementado sus riquezas en un año de pesadilla pandémica: el mexicano Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones pasó de 52 100 millones en 2020 a 62 800 millones en 2021; Germán Larrea Mota Velasco, director ejecutivo de la empresa minera Grupo México, de 11 000 millones a 25 900 millones.

La chilena Iris Fontbona, dueña de la compañía de cobre Antofagasta Plc, subió de 10 800 millones a 23 300 millones; Ricardo Salinas Pliego, director de TV Azteca y la cadena de tiendas Electra, de 11 700 millones a 12 900 millones

El brasileño Marcel Herrmann Telles, con la firma Anheuser-Busch InBev, fabricante de cerveza, de 6 500 millones a 11 500 millones; otro brasileño, Jorge Moll Filho, fundador de la red de hospitales privados Rede D’Or pasó de 7 300 millones a 11 300 millones de dólares, y el colombiano Luís Carlos Sarmiento, dueño del periódico El Tiempo y presidente del Grupo Aval Acciones y Valores encaramó su fortuna de 2 000 millones a 11 000 millones.

Le siguen el mexicano Alberto Bailleres, presidente del Grupo Bal que de 6 400 millones llegó a 9 200 millones; Los Safra, familia del banquero fallecido, cifran la fortuna en 7 100 millones y otro mexicano, Juan Francisco Beckmann Vidal, que produce tequila, de 4 300 millones tiene ahora 7 000 millones.

En contradicción, o mejor dicho, en línea directa con el sistema de globalización neoliberal establecido, en Latinoamérica se estima que la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5 % y la de pobreza general en 33,7 % según el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Ese organismo informó que el número de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior. De ese total, 78 millones se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la pandemia ha causado la pérdida de 26 millones de empleos en la región y el panorama es aún más complejo en 2021 debido a las nuevas olas de contagio y el lento proceso de vacunación.

La OIT explica que antes de la Covid-19 existían malas condiciones laborales como alta informalidad, reducidos espacios fiscales, persistente desigualdad, escasa cobertura de protección social, las cuales se han acrecentado.

Esta situación ha motivado que el mercado de trabajo en América Latina y el Caribe haya retrocedido una década en solo un año de la enfermedad.

Otro grave problema creado es la posibilidad de alcanzar una distribución equitativa de las vacunas que como declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra gravemente amenazadas por la deficiente distribución entre países ricos y pobres.

Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres criticó la distribución desigual de las vacunas y reiteró que 10 países han administrado el 75 % de todas las vacunas registradas en el mundo.

Ya en la región se han contagiados más de 25,5 millones y los decesos sobrepasan las 800 200 personas, en su mayoría pobres y con dificultades para obtener una atención adecuada.

La pandemia ha puesto de manifiesto que los programas de atención social han disminuido y millones de habitantes latinoamericanos no pueden tener acceso a la salud porque gobiernos neoliberales han impulsado las privatizaciones en detrimento de las grandes mayorías.

Por tanto, urge implementar un sistema de globalización humanitaria y solidaria que minimice las enormes inequidades que impone el sistema neoliberal capitalista.

Y ante estas realidades podríamos preguntarnos: ¿Habrá una pandemia para ricos y otra para pobres?

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/una-pandemia-para-ricos-y-otra-para-pobres/

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Vacunación mundial: codicia o solidaridad

Por: Hedelberto López Blanch

La adquisición de las vacunas contra la pandemia de coronavirus ha demostrado nuevamente la enorme desigualdad existente entre las naciones ricas y las que tienen menor poder adquisitivo a la par que ha expuesto dos vertientes diferentes: los que apuestan por una proyección individualista y los que promueven la solidaridad internacional.

Las posibilidades de alcanzar una distribución equitativa de las vacunas se encuentran gravemente amenazadas, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y sentenció: «Debo ser franco, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio será pagado con las vidas de los países más pobres».

La opinión de Tedros fue reforzada con la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres quien criticó la distribución desigual de las vacunas y reiteró que 10 países han administrado el 75 % de todas las dosis registradas en el mundo.

«Ahora vemos cómo las vacunas llegan rápidamente a los países ricos mientras que las naciones pobres no reciben ninguna. Debemos hacer un esfuerzo global conjunto y de solidaridad para superar la pandemia” puntualizó Guterres.

Informes de organizaciones internacionales revelaron que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá y Japón han asegurado más de 3 000 millones de dosis.

Entre las farmacéuticas que más han firmado contratos se encuentran Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNtech, GlaxoSmithKline, Johmson & Johnson, Merck, Novavax y Sanofi.

Pfizer divulgó que en los dos primeros meses de 2021 las ventas de su vacuna, desarrollada con la alemana BioNtech ha sido de 15 000 millones de dólares, y se estima que para fines de año, ese mercado alcanzaría unos 40 000 millones. En cuanto a la Moderna, solo en la venta de 160 millones de vacunas contratada con la Unión Europea, a 18 dólares la dosis como reveló accidentalmente en Twitter la responsable de Economía de Bélgica, representa para esa empresa un beneficio neto como mínimo de 3 000 millones de dólares.

Datos de la OMS puntualizan que tres cuartas partes de las primeras dosis de las vacunas administradas en el orbe se concentran en 10 países que representan el 60 % del Producto Interno Bruto global.

Esa organización estimó que en unos 100 países no se ha aplicado ni una dosis y reiteró el llamado hecho por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para acelerar el acceso de vacunas vía Covax y reducir el acaparamiento evidente que enfrenta toda la comunidad internacional.

El mecanismo Covax, apoyado por cerca de 180 naciones a través de ONU, es un entendimiento conjunto que pretende garantizar el acceso equitativo a las vacunas y representa una gran prueba moral que tiene ante sí la comunidad mundial.

La India y Sudáfrica, ante el monopolio capitalista de las vacunas propuso en octubre pasado a la Organización Mundial del Comercio (OMC), suspender temporalmente las patentes de los medicamentos que se utilicen contra la Covid-19 para facilitar sus producciones en países en desarrollo pero hasta el momento no se ha podido alcanzar una repuesta positiva.

Noventa y cinco naciones de los 164 miembros de la OMC apoyan la iniciativa pero como sucede siempre en estos organismos, los ricos y poderosos las rechazan (en este caso Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y la Unión Europea) al alegar que bajarían los esfuerzos de las farmacéuticas en inversión y desarrollo.

En contraposición a las compañías de Occidente y pese a la gran campaña lesiva de los medios de comunicación hegemónicos en contra de las vacunas producidas en Rusia y China, estas naciones están expandiendo esos productos por varias naciones del orbe con gran efectividad, menos costosa y en ocasiones gratuitas para países pobres.

El gigante asiático ya las ha enviado a Brasil, Indonesia, México, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Chile, Jordania, Perú, Turquía, Botswana, Marruecos, Congo, entre otros mientras Rusia las ha llevado a Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Paraguay, Panamá, Brasil y varias naciones de Europa, Asia, África.

Por su parte, con un esfuerzo grandilocuente debido al bloqueo económico-financiero que padece por parte de Estados Unidos desde hace 60 años, Cuba elabora con éxito cuatro candidatos vacunales, dos de los cuales están en la tercera fase y pronto se iniciarán producciones millonarias.

En ese contexto, dos países caracterizados por su accionar solidario y humanista, Venezuela y Cuba, avanzan en la creación de un Banco de Vacunas a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que permitirá a los miembros del bloque y a otras naciones pobres, tener acceso a los principales recursos contra la Covid-19.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó: “Hay un monopolio de las vacunas que desnuda el sistema mundial desigual existente, y ante esto el ALBA-TCP ha decido crear un Banco de Vacunas, medicinas, instrumentos de diagnóstico y PCR para todos nuestros países”.

Como expresó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, ante el 75 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2020: “No podemos enfrentar la Covid-19, el hambre, el desempleo y la creciente desigualdad económica y social entre individuos y entre países como fenómenos independientes. Urgen políticas integrales en las que el ser humano sea la prioridad, y no las ganancias económicas o las ventajas políticas. Es un imperativo impulsar la solidaridad y la cooperación internacional para amortiguar el golpe”.

Con ejemplos como los de Cuba, Venezuela, Rusia, China, al que se unirán otras naciones, se evitará más temprano que tarde que la enfermedad se vuelva endémica en algunas regiones, continúe su desarrollo y se expanda con nuevas mutaciones por el planeta.

Esa es la solidaridad que hoy nos reclama la preservación de la existencia humana.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuentes: Rebelión

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La mentalidad privatizadora de Bolsonaro

Por: Hedelberto López Blanch 

Cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a numerosas denuncias por crímenes contra la humanidad por su desidia en controlar la pandemia de la Covid 19 que ha provocado decenas de miles de muertos, así como por destruir la Amazonía, perseguir a los indígenas, arruinar su habitad e ignorar sus derechos, el mandatario continúa impulsando la privatización en todos los lugares del país.

Las dos últimas medidas tomadas por su administración han causado enorme malestar entre la población, partidos políticos de oposición y hasta en la comunidad internacional debido a la nefasta trascendencia que tienen contra los derechos públicos.

En medio del avance de la pandemia de coronavirus en el país, Bolsonaro lanzó una propuesta para iniciar un proceso de privatización del sistema público de salud, uno de los pilares de la Constitución de 1988.

De esa forma se ordenó el inicio de los estudios sobre alternativas de asociación privada para la construcción y operación de Unidades Básicas de Salud en los Estados, el Distrito Federal (Brasilia) y los Municipios.

El decreto abre paso para que el Sistema Único de Salud (SUS), que atiende a tres de cada cuatro brasileños, sea incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversiones (PPI) que asiste al 75 % de la población brasileña. El otro 25 % posee seguros privados.

La mano derecha de Bolsonaro para esas ejecuciones, es el ministro de Economía, Paulo Guedes definido como un ultraliberal graduado en la escuela de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, la cual pone de ejemplo a seguir en Brasil.

Hasta ahora el SUS, creado por la Constitución de 1988 tras la violenta dictadura militar brasileña (1964-1985) ha sido financiado por el Gobierno federal y ejecutado por los diferentes Estados y municipios.

El otro hecho preocupante concerniente al plan integral de privatizaciones del presidente es la apertura de licitaciones para la concesión de parques nacionales a lo largo del país.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmó acuerdos con seis estados, Bahía, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y Tocantins con el objetivo de incentivar las concesiones de 26 parques naturales públicos al sector privado.

Importantes espacios de conservación silvestre, como Jalapao, Ibitipoca, Rio Doce y Dois Irmaos, podrán ser administrados por empresas privadas.

El grupo Construcap ya ganó la licitación para los Parques Nacionales, Aparados da Serra y Serra Geral los que administrará durante 30 años e invertirá más de 51 millones de dólares en subsidios e infraestructuras para explotarlos turísticamente.

La concesión transfiere los servicios de seguridad y mantenimiento al sector privado, a cambio de la explotación comercial de la zona, lo cual le permite cobrar derechos de admisión al área de reserva, tiendas de recuerdos, cafeterías, transporte interno de pasajeros en recorridos por los ríos, vuelos panorámicos en helicóptero, administración de centros de visitantes, senderos, sitios de acampada y miradores.

La secretaria del Programa de Asociaciones en Inversiones, Martha Seillier, informó que el gobierno pretende recaudar unos 70 100 millones de dólares mediante privatizaciones y alianzas público-privadas en 2021.

La lista de empresas a privatizar o dar en concesión durante este año se elevan a 115 y en el documento aparecen la Electropaulo que provee la energía a un tercio del país, y Correios, la mayor agencia postal de América latina.

Están estipuladas subastas para otorgar licencias a 24 aeropuertos, entre ellos el de Viracopos, una de las mayores terminales aéreas de cargas del país.
Se suman otras dos subastas para entregar derechos de exploración y explotación de petróleo y gas en áreas marinas.
Desde el golpe parlamentario contra Dilma Roussef en 2015, el entonces presidente interino Michel Temer, aplicó extremas medidas neoliberales que profundizaron las privatizaciones en las ramas de la energía, los hidrocarburos, el transporte, los aeropuertos, la minería y la banca, entre otros.

Bolsonaro, seguidor en supremacía de esa tendencia de capitalismo salvaje, ha elevado esas propuestas las que afectarán a todas las esferas productivas y de servicios en el gigante sudamericano.

Denominado por muchos medios de comunicación como el  “depredador ambiental”, Bolsonaro desde el inicio de su campaña electoral enfatizó que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y tras la llegada al poder impulsó la explotación económica de los recursos naturales amazónicos sin regulaciones ni burocracia.

En los primeros seis meses del 2020 el área desbrozada por talas indiscriminadas e incendios en la Amazonía es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York y se cuadruplicó con respecto al año anterior.

En la explotación de los recursos amazónicos se han involucrado empresarios, políticos, individuos con gran capital económico y hasta compañías transnacionales.

Unas 12 millones de hectáreas de tierras públicas, un área del tamaño de Guatemala y El Salvador juntos, han sido ocupadas ilegalmente por esos propietarios privados que desalojan sin contemplación a los nativos de esas zonas.

La arbitraria política de Bolsonaro le ha traído graves consecuencias al pueblo brasileño que deberá aprender y sacar lecciones sobre esta nefasta administración.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente e imagen: https://rebelion.org/la-mentalidad-privatizadora-de-bolsonaro/

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