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Las infancias del mundo pagan la factura de la opulencia de los ricos

Por: Baher Kamal / IPS Noticias

Los países más ricos del mundo contribuyen de manera desproporcionada a la destrucción del ambiente mundial y de la vida de la población infantil fuera de sus fronteras

Los excesos cometidos por los ricos pueden ser mortales, y de hecho lo son. Ya sea en materia de alimentos, energía o despilfarro en general, esos excesos han ido agotando los recursos naturales del mundo y empujando a las generaciones actuales y futuras hacia el borde de un previsible abismo.

El consumo excesivo en los países más ricos del mundo está destruyendo el medioambiente de los niños en todo el mundo, explica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el último informe de su oficina de investigación Innocenti, titulado Report Card 17: Lugares y Espacios.

Los países más ricos del mundo proporcionan entornos más saludables para los niños dentro de sus fronteras, pero contribuyen de forma desproporcionada a la destrucción del ambiente mundial.

De hecho, si todas las personas del mundo consumieran recursos al ritmo que lo hace la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos  (OCDE, 38 países) y los Estados de la Unión Europea (UE, 27), se necesitaría el equivalente a 3.3 planetas para mantener los niveles de consumo.

Pero si todo el mundo consumiera recursos al ritmo que lo hacen los habitantes de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían al menos cinco Tierras

Unicef compara los resultados de los países de la OCDE y de la UE en cuanto a la provisión de entornos saludables para los niños.

Para ello, presenta indicadores como la exposición a contaminantes nocivos, como el aire tóxico, los pesticidas, la humedad y el plomo; el acceso a la luz, los espacios verdes y las carreteras seguras; y la contribución de los países a la crisis climática, el consumo de recursos y el vertido de residuos electrónicos.

La destrucción del ambiente de los niños… y de sus vidas

“La mayoría de los países ricos no solo no proporcionan un entorno saludable para los niños dentro de sus fronteras, sino que también contribuyen a la destrucción del entorno de los niños en otras partes del mundo”, dijo Gunilla Olsson, directora de Innocenti, al presentar el 24 de mayo el nuevo Report Card (boleta de calificaciones) en la ciudad italiana de Florencia.

“La acumulación de residuos, los contaminantes nocivos y el agotamiento de los recursos naturales están afectando a la salud física y mental de los niños y amenazando la sostenibilidad de nuestro planeta».

Gunilla Olsson, directora de Innocenti.

Otras realidades

El Informe Innocenti incluye otras conclusiones clave. Entre ellas:

-Más de 20 millones de niños tienen niveles elevados de plomo en la sangre. El plomo es una de las sustancias tóxicas ambientales más peligrosas.

-Finlandia, Islandia y Noruega se sitúan en el tercio superior en cuanto a la provisión de un entorno saludable para sus niños, pero se sitúan en el tercio inferior del mundo en general, con altos índices de emisiones, residuos electrónicos y consumo.

-En Islandia, Letonia, Portugal y el Reino Unido, uno de cada cinco niños está expuesto a la humedad y el moho en su casa, mientras que en Chipre, Hungría y Turquía más de uno de cada cuatro 4 niños está expuesto a lo mismo.

-Muchos niños respiran aire tóxico tanto fuera como dentro de sus casas. México (uno de los pocos países del Sur miembro de la OCDE) es uno de los países con mayor número de años de vida saludable perdidos a causa de la contaminación atmosférica, con 3.7 años por cada mil niños, mientras que Finlandia y Japón tienen los más bajos, con 0.2 años.

-En Bélgica, Chequia, Israel, Países Bajos, Polonia y Suiza, más de uno de cada 12 niños está expuesto a una elevada contaminación por plaguicidas.

-La contaminación por plaguicidas se ha relacionado con el cáncer, incluida la leucemia infantil, y puede dañar los sistemas nervioso, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, sanguíneo e inmunológico de los niños.

Pero hay más, mucho más…

Lamentablemente, lo anterior no es la única causa que perjudica el presente y el futuro de los niños. Hay otras, como por ejemplo:

-Fórmulas infantiles. El escandaloso alcance de la comercialización de leche de fórmula infantil con fines de explotación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció los “… insidiosos, explotadores, agresivos, engañosos y omnipresentes” trucos de mercadeo utilizados por el negocio de la leche de fórmula para bebés con el único objetivo de aumentar, aún más, sus ya elevados beneficios.

-Emaciación severa. Unicef advierte que el número de niños con emaciación severa está aumentando y empeorando. Su informe “La emaciación severa: Una emergencia de supervivencia infantil” alerta sobre el aumento del fenómeno en la población infantil,  mientras los costes del tratamiento que salva esas vidas sube y la financiación mundial para esos tratamientos está amenazada.

La emaciación severa, en la que los niños están demasiado delgados para su estatura, lo que provoca el debilitamiento de su sistema inmunológico, es la forma más inmediata, visible y potencialmente mortal de la malnutrición. En todo el mundo, al menos 13,6 millones de niños menores de cinco años sufren de emaciación severa, lo que provoca una de cada cinco muertes evitables en este grupo de edad.

-Niños migrantes: En todo el mundo, los niños migrantes se enfrentan a niveles alarmantes de xenofobia, a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de covid-19 y a un acceso limitado a los servicios esenciales, según la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

-Los niños en la guerra: Casi 90 % de la población de Siria vive en la pobreza. Más de 6,5 millones de niños necesitan ayuda urgente, el mayor número de niños sirios necesitados desde que comenzó el conflicto interno. Allí, solo uno de cada cuatro niños pequeños recibe la dieta que necesita para crecer sano. El precio de la cesta media de alimentos casi se duplicó en 2021.

En Yemen, otro país en guerra, 45 % de los niños sufre retraso en el crecimiento y más de 86 % tiene anemia.

En otras naciones de Medio Oriente,  como Líbano, 94 % de los niños pequeños no reciben la dieta que necesitan, mientras que más de 40 % de las mujeres y los niños menores de cinco años tienen anemia.

-Niños soldados: Miles de niños son reclutados y utilizados en conflictos armados en todo el mundo. Entre 2005 y 2020, se verificó que más de 93 000 niños fueron reclutados y utilizados por las partes en conflicto, aunque se cree que el número real de casos es mucho mayor.

Estos niños y niñas sufren extensas formas de explotación y abuso que no se captan totalmente con ese término. Las partes en conflicto utilizan a los niños no sólo como combatientes, sino como exploradores, cocineros, porteadores, guardias, mensajeros y otros. Muchos de ellos, especialmente las niñas, son también objeto de violencia de género.

-Trabajo infantil forzado: Hay más de 160 millones de niños obligados a trabajar en el mundo.

Son niños que lavan la ropa en los ríos, que mendigan en las calles, que son vendedores ambulantes, que caminan kilómetros en busca de agua y leña, que sus diminutas manos compiten con las de otros más mayores y experimentados para recoger café o té, o que son niños soldados.

Todas esas formas de explotación forman parte del paisaje de África, Asia y América Latina y el Caribe, según recabó IPS durante la Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, celebrada en la ciudad sudafricana de Durban, del 15 al 20 de mayo.

Recursos escasos

Hay muchos otros crímenes que se cometen contra los niños del mundo.

Uno de ellos es realmente asombroso. El propio Unicef, nacido hace 75 años para afrontar las emergencias de la población infantil europea tras la Segunda Guerra Mundial, carece ahora de los fondos necesarios para salvar las vidas de millones de niños del mundo.

Y no solo eso, sino que una buena parte de estos escasos recursos se dedica, justificadamente, a salvar a los niños de otra guerra europea: la que sucede en Ucrania por su invasión de Rusia.

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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En Glasgow, los pueblos indígenas golpean la mesa por sus derechos

Por: Emilio Godoy

GLASGOW – “Para mi pueblo, los efectos del cambio climático son la realidad diaria. La estación de lluvias es más corta y cuando llueve, hay inundaciones. Y hemos sufrido sequía”, aseguró la indígena wodaabe o mbororo Hindou Oumarou Ibrahim.

Para la fundadora de la no gubernamental Asociación de Mujeres y Pueblos de Chad, un efecto pernicioso es la violencia generada, porque “cuando pierde los recursos, la gente pelea por ellos, por el agua, por ejemplo”, relató a IPS luego de un foro sobre los avances de los grupos nativos en la cumbre climática de la ciudad de Glasgow, en el norte de Reino Unido.

En todo el mundo, los pueblos originarios enfrentan la ambigüedad de proteger ecosistemas, como bosques o zonas costeras, y al mismo tiempo padecen los embates de la furia climática desatada por la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles, como sequías, tormentas destructoras y el aumento del nivel del mar.

Desde hace décadas, sus miembros han insistido en que sus conocimientos tradicionales pueden contribuir a la lucha climática. El surgimiento de la pandemia de covid-19 en 2020 ha corroborado el resultado de tratar a la naturaleza como una mercancía más.

Si bien en la última década la representación indígena ha saltado a la palestra de cumbres ambientales, como esta 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inició el domingo 31 en esta ciudad escocesa. Pero ahora quieren más y no seguir siendo solo unos convidados de piedra.

“Esperamos que la cumbre tome en cuenta a las comunidades indígenas. Tiene que haber fondos que vayan directamente a los pueblos indígenas”, pidió ante IPS la indígena q’eqchí’ Graciela Coy, de la no gubernamental Ak’Tenamit  (nuestro pueblo, en q’eqchí’), que trabaja en el norte de Guatemala.

Los representantes de las organizaciones indígenas han conquistado estar en todos los escenarios de las COP. Participan como observadores en las sesiones oficiales donde se debaten los acuerdos, en la cumbre paralela de los movimientos sociales y en todos los demás foros que se enciman uno tras otro en las dos semanas de la conferencia climática.

Una de las expectativas indígenas en Glasgow es la aprobación del plan de trabajo por tres años de la “Plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, originada en la COP21, la que aprobó el Acuerdo de Paris en 2015.

Esa propuesta debe ser aprobada por el Grupo de Trabajo Facilitador, integrado por siete indígenas y siete representantes gubernamentales y avalado en la COP24, celebrada en la ciudad polaca de Katowice en 2018. Luego deberá ratificarla la plenaria de la 196 Partes de la COP y tiene que incluir actividades de fortalecimiento de capacidades de los grupos originarios, el mapeo de medidas para su participación dentro de la CMNUCC y de financiamiento.

Entre 2019 y 2021, el grupo efectuó 11 actividades, sin sesiones físicas por la pandemia.

Las políticas climáticas son el foco de la COP26, que concluye el 12 de noviembre, luego de ser pospuesta un año por la pandemia de covid-19.

Los delegados gubernamentales en la COP26 abordan las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.

Para la indígena kankanaey igorot Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, es fundamental la inclusión de derechos humanos en el financiamiento a la reducción de emisiones y adaptación a los efectos de la crisis climática, así como en la creación de mercados de carbono.

“Los pueblos indígenas sufren también por las soluciones climáticas, como los proyectos de energía renovable. Debe haber salvaguardias efectivas que permitan la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en las políticas climáticas, señaló a IPS quien fue relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2014 y 2020.

Ese respeto se ha vuelto impostergable en zonas como la Amazonia, el principal macizo selvático de América Latina compartido por ocho países y un territorio francés, cuyos habitantes indígenas han sufrido el deterioro ocasionado por la incursión de empresas agropecuarias -ganadería y soja-, de hidrocarburos y mineras, además de las construcciones de represas, vías férreas, carreteras y puertos fluviales.

Por eso, el indígena shuar Tuntiak Katan, de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, consideró a IPS que la salida de las actividades extractivas de ese ecosistema es una condición fundamental para perseverar en la protección climática.

“Los pueblos indígenas ya protegemos 950 millones de hectáreas en todo el mundo. Lo que pedimos es el cuidado de 80 por ciento de la Amazonía en 2025. Somos la voz de las mujeres, los niños y los ancianos” que sufren los impactos en los territorios, exhortó Katan, vicecoordinador de la no gubernamental Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Un cúmulo de la evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos nativos son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.

La indígena q’eqchí’ Graciela Coy (D), de Guatemala, pidió durante la cumbre climática de Glasgow que los fondos internacionales prometidos lleguen directamente a los pueblos originarios. Foto: Emilio Godoy / IPS

Prometer no empobrece

Ante los abundantes ofrecimientos efectuados en la primera semana de actividades de la COP26 para promover la tenencia indígena de la tierra y la reforestación, los pueblos originarios mostraron escepticismo y demandaron participación directa en esos esquemas.

Oumarou Ibrahim y Coy coincidieron en la definición necesaria de mecanismos para que los recursos ofrecidos lleguen directamente a los territorios.

Los líderes mundiales “deben ser nuestros socios. El financiamiento debe adaptarse a las necesidades de la gente. El asunto es cómo van a llegar los recursos directamente a los pueblos indígenas”, según Oumarou Ibrahim.

A juicio de Coy, la lucha climática requiere de asignación de fondos, que deben transferirse “a los pueblos indígenas, pues hay mucha ayuda internacional” que no siempre se materializa en las comunidades locales.

En una aceptación de lo que los pueblos originarios han reclamado por años, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron el 1 de noviembre la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.

Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal y 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores ancestrales.

El financiamiento multilateral directo a poblaciones aborígenes ha sido una barrera recurrente para los esfuerzos por proteger recursos naturales.

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC), creado en la COP16 de Cancún de 2010, ha financiado 121 proyectos de medios de vida de comunidades y ha entregado para ello un total de 1400 millones de dólares.

Para el total de 190 proyectos, ha desembolsado 2000 millones de dólares y otros 6000 están bajo ejecución. Además, ha comprometido otros 10000 millones para emprendimientos. Asimismo, ha registrado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.

Además, el 2 de noviembre más de 105 naciones se adhirieron a la “Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra” que estipula alcanzar la deforestación cero en 2030.

Los pueblos originarios demandan también su inclusión en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos voluntarios adoptados por cada país para 2030 y 2050, a fin de cumplir con el Acuerdo de París y sobre los que recae la meta aspiracional de contener el recalentamiento planetario en 1,5 grados C.

“Solo necesitamos un empujón. Estamos seguros de lo que hacemos y por eso es bueno que ofrezcan financiamiento. Pero lo que se debe hacer es abandonar el extractivismo y sacar a las petroleras, mineras y las empresas agropecuarias de nuestros territorios, y aplicar una visión holística, con la visión de los pueblos indígenas”, urgió Katan.

Aunque la COP26 no arroje los resultados deseados por los pueblos indígenas, seguirán con el cuidado de los recursos naturales y con su exigencia de justicia climática.

IPS realizó este artículo con el apoyo de Iniciativa Climática de México y European Climate Foundation.

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico invade nuestras vidas

NACIONES UNIDAS –  La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida,  desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Dispositivos de vigilancia electrónica. Foto: ONU Mujeres

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

  • La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
  • la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
  • el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
  • los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
  • la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
  • la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

Tampoco es inevitable.

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.

ED: EG

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La pobreza multidimensional también es problema étnico

En India, cinco de cada seis personas que viven en pobreza multidimensional -que mide ingresos, salud, educación y nivel de vida- pertenecen a las llamadas «tribus o castas bajas», de acuerdo con un índice del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El origen étnico, la casta y el género tienen un impacto enorme en la probabilidad de que las personas vivan en pobreza multidimensional, la que es medida con indicadores de ingreso, salud, educación y nivel de vida, expuso un nuevo informe del PNUD divulgado este jueves 7.

En nueve grupos étnicos encuestados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, más de 90 por ciento de su población está atrapada en la pobreza.

La investigación para el informe se realizó en 109 países donde viven 5900 millones de personas, hizo un desglose por etnia, raza y casta en 41 naciones, y dio como resultado el Índice de Pobreza Multidimensional del PNUD.

En los países en desarrollo hay 1309 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, y de ellos 1100 millones viven en zonas rurales y 209 millones en áreas urbanas. Dentro de un país, esa pobreza puede variar enormemente entre los distintos grupos étnicos.

Los pueblos indígenas de América Latina, por ejemplo, se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas constituyen 44 por ciento de la población, pero representan 75 por ciento de los pobres multidimensionales.

En India, cinco de cada seis personas en situación de pobreza pertenecen a “tribus o castas inferiores”, de acuerdo con la investigación.

Los dos grupos étnicos de Gambia tienen más o menos el mismo valor en el Índice, pero con diferentes privaciones, mostrando que se necesitan diferentes acciones políticas para encontrar soluciones efectivas en casos distintos.

En Vietnam, las minorías étnicas constituyen una sexta parte de la población total, pero casi la mitad viven en pobreza multidimensional.

El Índice “nos recuerda que, si queremos aprovechar esta crisis para construir mejor en el futuro y diseñar respuestas efectivas que no dejen a nadie atrás, es necesario obtener una imagen general de los efectos de la pobreza sobre las personas, saber quiénes son y dónde viven”, dijo Achim Steiner, administrador del PNUD.

En cuanto a la cuestión del género, el estudio muestra que cerca de dos tercios de las personas multidimensionalmente pobres, es decir, 836 millones, viven en hogares donde ninguna mujer o niña ha completado al menos seis años de escolarización.

“El Índice de Pobreza Multidimensional nos recuerda que, si queremos aprovechar esta crisis para construir mejor en el futuro y diseñar respuestas efectivas que no dejen a nadie atrás, es necesario obtener una imagen general de los efectos de la pobreza sobre las personas, saber quiénes son y dónde viven”: Achim Steiner.

Además, una sexta parte de todas las personas en esta situación, unos 215 millones, viven en hogares en los que al menos un niño o un hombre completó seis o más años de escolarización, pero ninguna niña o mujer lo ha hecho.

El informe también constata que estas mujeres y niñas corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica.

En África subsahariana, 556 millones de personas (53 por ciento de la población) viven en pobreza multidimensional, y 532 millones en el sur de Asia (29 por ciento). Los países con más personas en esa condición son India, Nigeria, Pakistán, Etiopía y la República Democrática del Congo.

En América Latina y el Caribe la pobreza multidimensional alcanza a 37,4millones de personas, y en los Estados árabes a 45,6 millones,

Vivir en la pobreza multidimensional puede significar cosas muy distintas, pues por ejemplo 1000 millones de personas se ven expuestas a riesgos sanitarios debido al uso de combustibles sólidos para cocinar, otros 1000 millones viven con un saneamiento inadecuado, y otros 1000 millones habitan en viviendas precarias.

Unos 788 millones viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y 568 millones carecen de fuentes de agua potable en un radio de 30 minutos a pie.

Casi la mitad de las personas que viven en la pobreza multidimensional (644 millones) son niños: uno de cada tres es multidimensionalmente pobre, en comparación con uno de cada seis adultos.

El PNUD expuso que la pandemia covid-19 evidenció que, más allá de los ingresos, las personas experimentan la pobreza de formas superpuestas, al quedarse atrás en salud, educación y nivel de vida, de acuerdo con indicadores como la falta de agua potable, adecuadas nutrición y vivienda, o la educación primaria.

Para esa entidad de las Naciones Unidas “la pandemia covid-19 ha revelado que nos estamos quedando cortos en nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás”, y ofreció el Índice como “ayuda a los legisladores para abordar las brechas a través de evidencias que colocan a las personas en el centro de la planificación”.

Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/10/la-pobreza-multidimensional-tambien-es-problema-etnico/

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ONU y CIDH llaman a reducir la brecha digital de personas mayores

La brecha digital, marcada por el acceso deficiente o inexistente a internet, y menores recursos y habilidades tecnológicas, dificultan para muchas personas mayores acceder a trámites y servicios, más aún duante la actual pandemia, e incluso a la comunicación con sus seres queridos.

NACIONES UNIDAS – En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Secretaría General de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaron la necesidad de que los Estados intensifiquen sus esfuerzos para reducir las brechas digitales que afectan a la gente de mayor edad.

António Guterres, secretario general de la ONU dijo que “la igualdad digital debe incluir a todos los segmentos de la sociedad, independientemente de la edad”, y las personas mayores “son tal vez quienes más apoyo necesitan” para encarar el reto que plantea la creciente dependencia tecnológica del mundo actual.

Tanto Guterres como la CIDH expresaron, este viernes 1, preocupación por el impacto, sobre las personas mayores, de las desigualdades en el acceso a tecnologías digitales durante la actual pandemia covid-19.

“La herramienta internet determina en muchos casos la posibilidad de tener o no interacciones familiares, sociales y de vida en comunidad, así como la realización de los derechos fundamentales”, recordó una declaración de la CIDH.

Entre otros, mencionó el acceso a la información, los derechos de reunión y asociación, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación, a la salud y a participar en la vida cultural.

La CIDH observó que durante la pandemia “se pudo ver que se acentuó el impacto de la brecha digital en las personas mayores, debido a la creciente digitalización de un amplio espectro de servicios públicos y socio-sanitarios, como la telemedicina, trámites bancarios, información sobre transporte público y plataformas educativas”.

“Si bien las herramientas digitales cumplen un papel facilitador en la gestión de bienes y servicios públicos, también pueden representar un obstáculo para quienes enfrentan obstáculos para acceder a ellas, debido a la falta de conectividad y de las habilidades digitales para su uso”,  subrayó la CIDH.

Guterres también dijo que las personas mayores corren un riesgo más elevado frente a la amenaza del ciberdelito, por lo que “debemos fortalecer sus capacidades digitales” al tiempo que se sostiene la lucha contra los delincuentes.

Su despacho recordó que en 2019, de los 7700 millones de habitantes del planeta, al menos 703 millones tenían más de 65 años, y durante las próximas tres décadas se duplicará la cifra, para llegar a 1500 millones en 2050. De ellos, 1100 millones estarán en los países del Sur en desarrollo.

A pesar de la rápida innovación digital, la mitad de la población mundial aún no está conectada a internet y existe un gran contraste entre los países más desarrollados, con 87 por ciento de conectividad, y los más pobres, con apenas 19 por ciento. La inequidad la padecen más las personas mayores y las mujeres.

En Europa, por ejemplo, sólo una de cada cuatro personas mayores tiene habilidades digitales básicas o superiores a las básicas, en comparación con dos de cada tres en el grupo de edad de 35 a 44 años, tres de cada cuatro entre los jóvenes de 25 a 34, y cuatro de cada cinco entre los de 16 a 24 años.

Un sondeo de 2019 mostró que en la Unión Europea sólo uno de cada cinco encuestados de 75 años o más participa al menos ocasionalmente en actividades de internet, en comparación con 98 por ciento de los que tienen entre 16 y 29 años

En América, un reporte de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sostuvo que desde 2015 las personas entre 15 y 29 años utilizan internet entre siete y nueve veces más que las personas mayores de 60 años.

También mostró que las desigualdades estructurales refuerzan a brecha digital, incluso entre las propias personas mayores, de acuerdo con niveles socioeconómicos o zonas geográficas en las que residen, y esas situaciones se habrían profundizado durante la pandemia.

La CIDH recordó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, de 2015, establece el compromiso de los Estados de adoptar medidas que aseguren el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y las comunicaciones.

Finalmente, se reiteró un llamado a “acelerar las políticas de acceso universal y de calidad a internet”, y a promover “la educación y el acompañamiento de las personas mayores en el desarrollo de competencias y habilidades digitales”, con un enfoque que considere las desigualdades socioeconómicas, geográficas y de género.

A-E/HM

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Estados Unidos: La ONU predica la transparencia fuera pero no la practica dentro

NACIONES UNIDAS – Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) predica desde hace mucho tiempo la sabiduría de la transparencia y la rendición de cuentas al mundo exterior, pero no practica esos mismos principios en su propio patio interno y menos aún en el piso 39 de su sede en Nueva York, el de la oficina del secretario general.

La opacidad, irónicamente, es visible en la mayoría de los nombramientos de los cargos de alto nivel en el sistema de la ONU, dos de los cuales quedarán vacantes en breve: los de las directoras ejecutivas de ONU Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el caso del sucesor o sucesora de la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, se sabe que probablemente será Estados Unidos quien imponga el nombre del sucesor o sucesora, como ha sucedido siempre. Por ello, es la sucesión en ONU Mujeres la que despierta más interés, también porque la defensa de los derechos de las mujeres está en juego.

Antonia Kirkland, lideresa mundial de los programas para la Igualdad Jurídica y el Acceso a la Justicia de la organización  Igualdad Ahora (Equality Now), dijo a IPS que “nos preocupa que el proceso de selección de la tercera directora de ONU Mujeres haya sido tan poco transparente”.

Consideró que la actual directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafriana Phumzile Mlambo-Ngcuka, ha trabajado bien tanto con la sociedad civil como con los gobiernos “para hacer avanzar nuestra agenda conjunta para la igualdad de género, que culminó con más de 40 000 millones de dólares de compromisos en el Foro de Generación Igualdad”.

“Para tener éxito en lograr la igualdad de las mujeres y las niñas, ONU Mujeres debe ser dirigida por alguien que tenga credenciales impecables en el campo de los derechos de las mujeres y una experiencia significativa en la conducción de procesos intergubernamentales con excelentes habilidades para construir puentes y negociar”, argumentó Kirkland.

Pero hasta ahora, lamentó, “no hemos tenido ninguna transparencia en torno a los criterios utilizados en las entrevistas y el proceso que se utiliza para tomar la decisión, lo que ha provocado aprensión y peticiones de responsabilidad”.

Purnima Mane, ex subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dijo a IPS que los nombramientos de altos cargos en las organizaciones de la ONU “siempre han sido un tema de interés y preocupación para la sociedad civil”.

“La sociedad civil considera que la ONU es un organismo clave que influye en los temas que le preocupan profundamente y en los que quiere tener una mayor participación. Los derechos de la mujer son uno de esos temas, por lo que el nombramiento de la directora ejecutiva de ONU Mujeres es de gran interés”, afirmó.

La antigua alta funcionaria recordó que la ONU siempre ha manejado los nombramientos de altos cargos de manera muy confidencial y como un asunto determinado en gran medida por los Estados miembros.

La mayoría de los socios de la ONU son conscientes de las negociaciones que se llevan a cabo entre bastidores entre los países en el caso de los nombramientos de alto nivel de la ONU para asegurarse de que se nombra al aspirante que prefieren.

“Pero ahora se reconoce cada vez más que la sociedad civil tiene un papel clave en la aplicación de la agenda de la ONU y en el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por sus Estados miembros”, señaló.

Por eso, argumentó “no es de extrañar que la sociedad civil pida una mayor apertura en los nombramientos de altos cargos para garantizar que su voz sea escuchada. También quiere asegurarse de que una declaración de visión pública haga que la agenda de un posible candidato sea transparente y a la que se le pueda pedir cuentas”.

La principal intención, según Mane, es ver que se nombra al candidato con el mejor historial y las mejores capacidades y que el director ejecutivo entrante defiende un programa de acción sólido, basado en los derechos y en las pruebas, y respeta la voz de la sociedad civil.

En la primera semana de agosto, una coalición de unas 380 organizaciones de la sociedad civil y 746 reconocidas figuras públicas y feministas expresaron su “preocupación por el proceso de contratación de una nueva directora ejecutiva de ONU Mujeres”.

La carta conjunta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, planteó que “debido a la importancia de ONU Mujeres en nuestro trabajo por los derechos de las mujeres en todo el mundo, muchas de nosotras hemos firmado dos cartas anteriores para enfatizar la importancia de un proceso transparente informado por la sociedad civil”

“A medida que se desarrolla este proceso, no hemos visto que se respeten esos principios”, expresan en la carta.

Cuando presentó el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera Internacional, en febrero de 2021, Guterres dijo que el grupo ofrecía una visión de un sistema mejor que funcionara para todos, así como “recomendaciones para crear sistemas más sólidos de rendición de cuentas, transparencia e integridad”.

Hablando de la corrupción como la máxima traición a la confianza pública, Guterres dijo en 2017: “Juntos, debemos crear sistemas más sólidos para la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad sin demora”.

Pero, lamentablemente, los tres elementos están ausentes en la mayoría de los nombramientos de alto rango y de responsabilidad en la ONU.

Andreas Bummel, director ejecutivo de Democracia Sin Fronteras, dijo a IPS que la legitimidad de la próxima directora ejecutiva de ONU Mujeres depende de un proceso de selección abierto, transparente y competitivo.

Para que ello sea así, argumentó,  es necesario ver las declaraciones sobre su visión de los candidatos y que la sociedad civil participe en audiencias públicas y entrevistas a las personas postulantes.

“Esto debería ser en el mejor interés de la propia ONU, ya que influye en la futura eficacia de ONU Mujeres. A estas alturas, esto debería ser un procedimiento estándar para todos los altos cargos de la ONU”, declaró Bummel.

Mane, que también fue presidenta y directora ejecutiva de Pathfinder International, una organización que promueve mundialmente el derecho a la salud sexual y reproductiva, dijo que es probable que muchas de las demandas de la carta colectiva y organizaciones y personalidades no sean bien recibidas por los Estados miembros de la ONU.

El proceso propuesto para el nombramiento de la nueva máxima funcionaria de ONU Mujeres rompe con el habitual proceso de selección de la ONU, por lo que de aceptarse podría sentar un precedente para todos los nombramientos de alto nivel futuros.

Eso conduciría a la reticencia de incorporar nuevos actores y procedimientos en la selección de la sucesora de Mlambo-Ngcuka y de la chilena Michelle Bachelet, la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“Esto es especialmente cierto en el caso de la sociedad civil, a la que algunos Estados miembros, lamentablemente, ven como su adversaria y no como su aliada”, señaló Mane.

Por otra parte, una mayor participación de la sociedad civil y una mayor transparencia en los nombramientos sería, de hecho, el paso correcto si la ONU tiene que ser respetada por todos sus socios y partes interesadas, argumentó.

También, consideró, enviaría un mensaje de que la ONU reconoce el papel clave que desempeña la sociedad civil, junto con los gobiernos nacionales, en la traducción a la realidad de la agenda del organismo mundial.

Mane consideró que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el panel de entrevistas es quizás la petición más radical incluida en la carta.  Es poco probable, a su juicio,  que los Estados miembros modifiquen el proceso para incluir a la sociedad civil de manera más formal en el comité de selección, tal como se solicita.

“Pero pedir lo ideal es lo correcto, aunque pueda parecer difícil.  Una asamblea (telemática)  en la que las candidatas puedan dialogar con la sociedad civil es, sin duda, factible y merece ser considerado seriamente”, consideró la antigua alta funcionaria de la ONU.

De hecho, la sociedad civil ya ha organizado en el pasado este tipo de intercambios con posibles candidatos, lo que ayuda a elegir al mejor aspirante, según la opinión de la sociedad civil, aunque no esté formalmente representada en el proceso de selección.

“La ONU debe evolucionar para adaptarse a los tiempos, y la inclusión y la transparencia son fundamentales para esta evolución”, consideró Mane.

Puede leer la versión en inglés de este artículo.

Según PassBlue, un medio conducido por mujeres que cubre en forma independiente a la ONU, se ha ampliado el plazo del 28 de junio para presentar candidaturas a dirigir ONU Mujeres, lo que sugiere que se quieren más y nuevas solicitudes.

Aunque la lista de aspirantes no es pública, hasta ahora se cree que las actuales jefas adjuntas de ONU Mujeres, la sueca Asa Regner y la india Anita Bhatia, han solicitado el puesto.

Otras candidatas que se rumorea que han presentado sus nombres, según PassBlue, son la ex secretaria general adjunta de la ONU Radhika Coomaraswamy, de Sri Lanka, Kang Kyung-wha, de Corea del Sur, y Mereseini Rakuita Vuniwaqa, de Fiyi.

Y entre los candidatos de la región árabe figuran Zineb Touimi-Benjelloun, de Marruecos, y Sima Sami Bahous, de Jordania, según PassBlue.

La ONU anima encarecidamente a los jóvenes a presentar su candidatura. Pero de la lista conocida, Vuniwaqa, de 47 años, es la única menor de 50 años. Todas las aspirantes, eso sí,  tienen una impresionante experiencia de liderazgo en la ONU, en sus gobiernos o en ambos.

Mientras tanto, en su carta, la coalición de organizaciones y figuras dedicadas a defender los derechos de las mujeres destacan entre sus planteamientos los siguientes:

  • La lista de candidatas al cargo de directora ejecutiva de ONU Mujeres debería hacerse pública. Este proceso de selección debería seguir el precedente del proceso de selección para otros puestos de liderazgo de las Naciones Unidas, como el de alto comisionado para los Derechos Humanos y el secretario general, haciendo públicos los nombres. Aunque la confidencialidad es vital en la contratación ordinaria, los nombres de los candidatos en esta y en todas las búsquedas de las personas a conducir las agencias de la ONU deberían hacerse públicos.
  • Las candidatas deben tener una motivación o declaración pública sobre su visión. Es importante que todas las candidatas proporcionen una declaración sobre su motivación o visión para que la sociedad civil pueda entender lo que esperan lograr como jefa de ONU Mujeres.
  • Debería celebrarse una asamblea virtual de candidatas para la sociedad civil. Dado que la directora ejecutiva debe ser capaz de interactuar eficazmente con la sociedad civil, todas las partes interesadas deberían tener interés en ver a las candidatas en un formato virtual en directo. Esa asamblea debería celebrarse antes del panel de entrevistas para que el evento pueda alimentar la información recopilada para el proceso de entrevistas.
  • La sociedad civil debe estar debidamente representada en el panel de entrevistadores. Lo ideal es que la mitad de los miembros del panel de selección sean representantes de organizaciones de la sociedad civil. Como mínimo, debe haber un representante del Norte Global y otro del Sur Global.

La próxima directora ejecutiva de ONU Mujeres es de vital importancia para la sociedad civil feminista y otras partes interesadas a nivel mundial. Es fundamental que sea un proceso transparente e inclusivo.

“Como organizaciones feministas de la sociedad civil que colaboran habitualmente con ONU Mujeres, esperamos que nuestras peticiones se reflejen adecuadamente en el proceso, y estamos dispuestas a trabajar directamente con el comité de búsqueda o con los representantes designados para alcanzar este objetivo”, insiste la carta.

T: MF / ED: EG

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Reimaginando la educación con imaginación

Por: Yasmine Sherif

 

Para alcanzar el SDG 4 (Objetivo de Desarrollo Sustentable 4) en educación inclusiva de calidad, debemos priorizar la salud mental

En varios países del mundo, el mes de mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental o contiene la semana de concientización sobre la salud mental. Muchas personas habrán leído publicaciones y blogs sobre la importancia de hacer ejercicio y estar a la luz del sol para evitar deprimirse, sobre formas de lidiar con el estrés de la pandemia y sobre cómo lidiar con los desafíos cotidianos que dificultan nuestra búsqueda de la felicidad.

En cambio, para los niños y jóvenes atravesados por emergencias y crisis prolongadas, que viven al extremo el estrés y la adversidad de los conflictos armados, de ser desplazados por la fuerza, de los ataques a las escuelas y los desastres climáticos, la necesidad de servicios de apoyo psicosocial y de salud mental se extiende mucho más allá de ejercicios y remedios para el bienestar. .Se requiere una comprensión sincera de su sufrimiento y un profundo reconocimiento de su resiliencia.

Mientras buscamos cuidar nuestra propia salud mental, también es crucial que tomemos medidas para cuidar la de los más vulnerables del mundo : las niñas y los niños en crisis, con sus vidas destrozadas, despojados, con miedos y experiencias conmovedoras que pueden definirlos o quebrarlos.

La importancia de continuar invirtiendo y profundizando en la salud mental y el apoyo psicosocial nos es muy clara tanto para Education Cannot Wait (“La educación no puede esperar”, por sus siglas en inglés ECW), como para el sector de la educación en su conjunto. De hecho, en la amplia cartera de inversiones de ECW hay un hashtag para eso: #MHPSS.

El ECW y nuestros socios invertimos todos los días en nuevas formas de brindar seguridad, esperanza y oportunidades a través de una educación de calidad que sea verdaderamente significativa a niños y jóvenes afectados por las crisis. Para que la educación tenga un impacto duradero, la salud mental debe ser parte integral de las respuestas educativas en contextos de crisis y desplazamiento. Nuestro objetivo es empoderar a estas niñas y niños para que encuentren sentido en su sufrimiento, como el gran psicoanalista Victor Frankl escribió en su best-seller «El hombre en busca de sentido». Porque, en ECW creemos que el dolor y el sufrimiento pueden convertirse en un punto de inflexión para el cambio y el logro si se convierte a la educación en una herramienta poderosa de cambio y logro, con el enfoque correcto de MHPSS (red de apoyo de salud mental y psicosocial).

Imagínense niñas como Janat Ara, una adolescente rohinyá que huyó una noche y vivió escondida en los bosques hasta que encontró algo de esperanza en los campos de refugiados de Cox’s Bazaar en Bangladesh. Janat y otros adolescentes en su situación ahora han vuelto a recibir educación, pero para poder recuperar su seguridad mental y psicosocial necesitan de mayor apoyo, para poder convertirse en jóvenes agentes de cambio para su comunidad, su sociedad y su gente.

Los programas “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “Agenda para la Humanidad” preparan el escenario para que el ecosistema humanitario y de desarrollo delinee un nuevo camino a seguir para garantizar que la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas cree entornos seguros y de protección que promuevan el bienestar y el desarrollo saludable de todas las niñas, niños y adolescentes a través de una educación integral significativa, relevante y de calidad.

Estos compromisos han llevado al ECW a adoptar una postura firme: una MHPSS bien pensada y basada en la escuela constituye una inversión necesaria en cada país bajo el ECW. La lógica detrás de esto es que todos los niños y jóvenes afectados por crisis tienen un gran potencial y sus experiencias pueden permitirles no solo aprender plenamente, sino alcanzar su verdadero potencial si la MHPSS es del más alto nivel.

Del mismo modo, los profesores no podrán apoyar con éxito a los alumnos, si el bienestar de unos y otros no es atendido y apoyado y no se comprende con mayor nivel de profundidad lo que han vivido y lo que pueden lograr.

Crédito: UNICEF

Acelerar el apoyo
Para crear bienes públicos de alto impacto que acelerarán el apoyo de MHPSS para niñas, niños y adolescentes como Janat Ara, ECW apoya una serie de iniciativas clave:

  • Justo este mes, ECW anunció una nueva subvención para apoyar el » Programa de mejor aprendizaje (BLP)» del Consejo Noruego para Refugiados. El BLP es un conjunto diverso de intervenciones de MHPSS basadas en la evidencia, basadas en la evidencia y las mejores prácticas que está ayudando a niños y adolescentes en todo el Medio Oriente y África del Norte a curarse y hacer frente al desplazamiento, la adversidad y el estrés.
  • El ECW también está anunciando una nueva subvención para el Área de Responsabilidad de Protección Infantil.Esta área, dirigida por UNICEF, se enfoca en fomentar la localización y la coordinación de niños y adolescentes marginados para garantizar que estos tengan acceso a apoyo en sus escuelas y comunidades, especializado y orientado a la MHPSS.
  • Los niños y jóvenes refugiados tienen necesidades únicas, y el ECW trabaja con la Agencia de la ONU para los Refugiados (por sus siglas en inglés, ACNUR) para garantizar que las niñas y niños que han sufrido desplazamientos y crisis prolongadas tengan acceso a apoyo y a servicios de salud mental como parte de su educación. Juntos, estamos cambiando la forma en que se protege y se atiende a los estudiantes refugiados.
  • El ECW también trabaja con el Centro Psicosocial de la Federación Internacional de la Cruz Roja (por sus siglas en inglés, IFRC), como codirector del Grupo de Referencia de MHPSS del Comité Permanente entre Organismos (por sus siglas en inglés, IASC). Durante los cierres de escuelas en el período sin precedentes de COVID-19, el ECW apoyó al IASC y el IFRC para brindar orientación, capacitación y herramientas rápidas sobre la MHPSS a padres, cuidadores y maestros de todo el mundo.
  • El bienestar de los maestros tiene un impacto significativo en el bienestar de los estudiantes. El ECW junto con el Grupo Colaborativo de la Red Internacional para la Educación en Situaciones de Emergencia (por sus siglas en inglés, INEE) sobre Apoyo psicosocial (por sus siglas en inglés, PSS) y Aprendizaje Socio-emocional (por sus siglas en inglés, SEL) han unido fuerzas para garantizar que se promueva y proteja la salud mental y el bienestar de los docentes en contextos de emergencia y crisis.
  • Por último, aunque no por ello menos importante, el ECW está implementando un nuevo enfoque sin precedentes en la MHPSS, basada en la Logoterapia de Victor Frankl mediante la cual la salud mental transforma el sufrimiento en significado y esperanza para el futuro.

Satisfacer las necesidades del niño en su totalidad y cumplir de manera eficaz los Objetivos Mundiales, especialmente el ODS 4, requerirá un cambio radical en la forma colectiva de trabajar con nuestros socios: un trabajo colaborativo para la educación, la protección infantil y la salud, a través de la programación conjunta y la coordinación por medio de las redes y los canales existentes. Puede obtener más información sobre el trabajo del ECW aquí en nuestra Nota de orientación técnica de la MHPSS .

Hoy más que nunca, las niñas y los niños afectados por crisis en todo el mundo necesitan el apoyo psicosocial y de salud mental que merecen y que les corresponde. Con esto, como dijo una vez Alice Walker, “son los que estábamos esperando”. Con esto es posible cambiar el mundo.

 

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com/es

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