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Ignorar el hambre es más costoso que combatirla

Los costos de no combatir el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe pueden ser más altos que los de garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, asentó un estudio de cuatro agencias internacionales dedicadas a los problemas de la pobreza, la agricultura y la alimentación.

El gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición en la región representa en promedio 6,4 % del producto interno bruto (PIB) de los países estudiados en el informe “Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe”.

Ello por el peso que representan para las economías y las sociedades de la región los problemas de malnutrición, que incluyen desnutrición, sobrepeso y obesidad.

En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables, sin incluir costos de gestión e implementación, es de 1,5 % del PIB.

El PIB regional fue estimado en 2022 por el Banco Mundial en 6,3 billones (millones de millones) de dólares.

El estudio fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“Es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”: Lola Castro.

El documento realza la necesidad de estimar los costos necesarios para implementar nuevas políticas, programas e intervenciones, como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición.

“Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición es fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa 22 % del PIB regional”, señaló Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Los hogares consumieron latinoamericanos y caribeños consumieron 2015-2021 unos 900 000 millones de dólares anuales en alimentos, a lo que se agregan los gastos en alimentación fuera del hogar, unos 250 000 millones, para totalizar 1,2 billones, cerca de la cuarta parte del consumo regional total.

El hambre afecta a una porción importante de la población: en América del Sur, a 26,8 millones de personas (6,1 % de su población); en Mesoamérica, a 9,1 millones (5,1 %) y en el Caribe a 7,2 millones de personas (16,3 % de sus habitantes).

Por otra parte, la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 36,4 % en América del Sur, de 34,5 % en Mesoamérica y de 60,6 % en el Caribe, según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en América Latina y el Caribe 2023, de agencias de las Naciones Unidas.

En cuanto al costo y asequibilidad de una dieta saludable, el Caribe muestra un costo de 4,41dólares diarios por persona, seguido de América del Sur con 3,82 dólares y Mesoamérica con 3,63 dólares.

El resultado es que 57 % de la población del Caribe no pudo acceder a una dieta saludable debido a su alto costo, en Mesoamérica esa cifra es de 22,2 %, y en América del Sur de 20,6 %.

“La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, subrayó Lola Castro, directora regional del PMA:

Castro consideró que “es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, apuntó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”.

“Esa incidencia es más más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales”, precisó Salazar-Xirinachs.

Agregó que, por ello, “es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en la región, tales como el financiamiento del consumo y la producción de alimentos, los flujos internacionales de desarrollo, y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.

Asimismo, el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social, pues se destaca la importancia de invertir en la agricultura y de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

El problema principal, según el estudio, no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables.

Entre las recomendaciones del estudio figuran tener políticas macroeconómicas, comerciales y marcos de incentivos que promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición, junto con optimizar los presupuestos públicos en esa dirección.

Se recomienda ampliar y usar de manera más coordinada los flujos internacionales de desarrollo y reducir las barreras que limitan operaciones de los sistemas bancarios y mercados de capital, en apoyo de la eliminación del hambre y la malnutrición.

Lubetkin destacó que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables.

Asimismo, el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas.

Una recomendación final del informe es que los Estados deben considerar los costos de no resolver los problemas de hambre y malnutrición.

A-E/HM

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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La Unesco clama por ética urgente para la inteligencia artificial

Por: Inter Press Service

Tras el pedido de más de 1000 profesionales de la tecnología para que se haga una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), incluido el nuevo modelo de lenguaje Chat GPT, la Unesco pidió este viernes 31 la implementación inmediata del marco ético global sobre esa materia.

“El mundo necesita reglas éticas para la inteligencia artificial, es el desafío de nuestro tiempo. La Recomendación de la Unesco sobre la ética de la IA establece el marco normativo apropiado”, dijo Audrey Azoulay, directora general de esa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La Unesco sostiene que ese marco normativo global, adoptado por unanimidad por los 193 Estados miembros en noviembre de 2021, proporciona las garantías necesarias.

“Ahora es urgente que todos traduzcan este marco en estrategias y regulaciones nacionales. Debemos traducir los compromisos en acción”, dijo Azoulay.

La Recomendación se describe como primer marco normativo global para el uso ético de la IA, a modo de hoja de ruta para los países, que describe cómo amplificar los beneficios y reducir los riesgos que conlleva esta tecnología.

Incluye acciones políticas en 10 áreas específicas: Evaluación de impacto ético, Gobernanza y rectoría éticas, Política de datos, Desarrollo y cooperación internacional, Medio ambiente y ecosistemas, Género, Cultura, Educación e investigación, Economía y trabajo, y Salud y bienestar social.

“El mundo necesita reglas éticas para la inteligencia artificial, es el desafío de nuestro tiempo. La Recomendación de la Unesco sobre la ética de la IA establece el marco normativo apropiado”: Audrey Azoulay.

La Recomendación pide que se actúe más allá de lo que hacen las empresas tecnológicas y los gobiernos para garantizar a las personas mayor protección, transparencia, capacidad de actuar y control de sus datos personales.

Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos. También incluye acciones para mejorar la protección de los datos y el conocimiento y derecho del individuo a controlar sus propios datos.

Además, aumenta la capacidad de los organismos reguladores de todo el mundo para hacerla cumplir.

En segundo lugar, prohíbe explícitamente el uso de sistemas de IA para la calificación social y la vigilancia masiva.

Destaca que este tipo de tecnologías son muy invasivas, vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales, y se utilizan de forma generalizada.

La Recomendación subraya que, a la hora de desarrollar marcos normativos, los Estados tengan en cuenta que la responsabilidad última y la rendición de cuentas deben recaer siempre en los seres humanos, y que no se debe otorgar personalidad jurídica a las tecnologías de IA por sí mismas.

También sienta bases de las herramientas para ayudar a países y empresas a evaluar el impacto de esos sistemas en las personas, la sociedad y el medio ambiente, y anima a los Estados a que consideren añadir un funcionario independiente de ética de la IA u otro mecanismo similar de seguimiento.

Subraya que los actores de la IA deben favorecer métodos eficaces en cuanto a datos, energía y recursos que ayuden a garantizar que se convierta en una herramienta destacada en la lucha contra el cambio climático, y en el tratamiento de los problemas medioambientales.

Pide a los gobiernos que evalúen el impacto medioambiental directo e indirecto a lo largo del ciclo de vida del sistema de IA, lo que incluye su huella de carbono, el consumo de energía y el impacto ambiental de la extracción de materias primas para apoyar la fabricación de tecnologías.

La Unesco se declaró especialmente preocupada por las cuestiones éticas que plantean estas innovaciones en los campos de la lucha contra la discriminación y los estereotipos, incluidos los temas de género, la fiabilidad de la información, la privacidad y la protección de los datos, los derechos humanos y ambientales.

Además, considera que la autorregulación de la industria no es suficiente para evitar estos daños éticos, y aboga por establecer normas para que, cuando se produzcan daños, existan mecanismos de rendición de cuentas y reparación que sean fáciles de solicitar por parte de las personas interesadas. .

Más de 40 países de todas las regiones del mundo ya están trabajando con la Unesco para desarrollar estas salvaguardas de IA basadas en la Recomendación.

El nuevo llamado de la Unesco llegó dos días después de que un millar de profesionales y empresarios de las nuevas tecnologías firmasen un llamado a hacer una pausa de seis meses en la investigación sobre IA aún más potentes que ChatGPT 4, el modelo recién lanzado por la firma estadounidense OpenAI.

Los firmantes advirtieron “grandes riesgos para la humanidad” en el nuevo modelo, y abogaron por “sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de IA, y técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial”.

Asimismo, defendieron que existan “instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política (especialmente para la democracia) que causará la IA”, sin los controles adecuados.

Entre los firmantes de la petición figuraron el magnate de las firmas Space X, Tesla y Twitter, Elon Musk; el cofundador del gigante Apple, Steve Wozniak, y el escritor e historiador israelí Yuval Noah Hariri.

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Racismo y discriminación golpean a millones de niños en el mundo

El racismo y la discriminación ejercida contra los niños y las niñas por su origen étnico, su idioma y su religión continúan extendidos en muchos países del mundo, mostró un estudio de Unicef divulgado con ocasión del Día Mundial de la Infancia, este 20 de noviembre.

Catherine Russell, directora general del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo al presentar el reporte que “en el Día Mundial de la Infancia, y cada día, todos los niños y las niñas tienen derecho a sentirse incluidos, recibir protección y tener las mismas oportunidades para desarrollar todo su potencial”.

El documento, “Negación de los derechos: Los efectos de la discriminación sobre la infancia”, muestra cómo el racismo y la discriminación afectan a la educación, la salud, y el acceso al registro de nacimientos y a un sistema de justicia imparcial y equitativo.

Asimismo, pone de manifiesto las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías, y no solo en los países privilegiados por su riqueza sino también en muchas de las naciones pobres y en desarrollo.

Entre sus hallazgos, el informe revela que los niños y niñas, entre siete y 14 años y de grupos etnolingüísticos y religiosos marginados de 22 países de ingresos bajos y medianos, están muy por detrás del resto en cuanto a las aptitudes de lectura.

Por ejemplo, en República Centroafricana, Gambia, República Democrática del Congo y Sierra Leona, las aptitudes de lectura del grupo étnico más favorecido cuadruplican a las de la etnia más desfavorecida, y se duplican en países como Bangladesh, Macedonia, Mongolia, Suriname o Vietnam.

Diferencias semejantes se encontraron cuando se analizaron los casos de los grupos lingüísticos y religiosos más y menos favorecidos en los países estudiados.

Un análisis de los datos relativos al número de niñas y niños registrados al nacer -un requisito previo para acceder a los derechos básicos- reveló importantes disparidades entre los distintos grupos religiosos y étnicos.

Así, en Laos se registra el nacimiento de 59 % de los niños menores de cinco años de la etnia minoritaria mon-khmer, frente a 80 % de los del grupo étnico lao-tai. En Zimbabue los niños de familias cristianas presentaron una tasa de esos registros superior a los de las familias de religiones tradicionales o sin religión.

Los 12 millones de romaníes son la etnia minoritaria más numerosa de Europa, distribuida en muchos países, sobre todo de Europa central y oriental, y sus niños están entre los más discriminados, con altas tasas de pobreza, menguadas perspectivas laborales y escaso apoyo y acceso a servicios sociales.

En ellos también se encontraron altas tasas de desescolarización, de seis por ciento en algunos países y más de 20 % en Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro. A esa situación se suma el incremento de los matrimonios infantiles, lo que cercena posibilidades de educación, sobre todo de las niñas.

Unicef muestra que también en materia de salud, como en acceso a vacunas y a los servicios de agua y de saneamiento, la discriminación y la exclusión han persistido para millones de niños y niñas de grupos étnicos y minoritarios.

Un estudio en 64 países constató que, en más de la mitad, las tasas de vacunación de los niños pertenecientes a los grupos étnicos minoritarios eran más bajas, y en cinco países se observaron diferencias de 50 puntos porcentuales o más.

En cuanto a políticas disciplinarias, el informe mostró que en Estados Unidos los niños y jóvenes negros tienen una probabilidad casi cuatro veces mayor que los niños blancos de ser expulsados temporalmente de la escuela, y más del doble de probabilidades de ser arrestados por incidentes ocurridos en el entorno escolar.

En Reino Unido los niños negros, asiáticos y de grupos étnicos minoritarios están sobrerrepresentados en casi todos los niveles del sistema de justicia penal del país. En Inglaterra y Gales, los niños de raza negra tienen cuatro veces más probabilidades de llegar a ser arrestados que los niños blancos.

El análisis insiste en que la discriminación y la exclusión acentúan las privaciones y la pobreza intergeneracional, y tienen graves consecuencias para la salud, la nutrición y la educación de la infancia.

Además, los niños y niñas que sufren discriminación y exclusión tienen una mayor probabilidad de ser encarcelados, de presentar tasas más altas de embarazos en la adolescencia, y de obtener ingresos más bajos y acceder a menos oportunidades de empleo en la edad adulta.

Según una encuesta del mecanismo de Unicef U-Report, que recabó la opinión de 407 000 personas, casi dos terceras partes de ellas percibieron la discriminación como algo común en su entorno, y casi la mitad cree que esas prácticas han tenido un impacto significativo en su vida o en la de alguien que conocen.

“Sufrir exclusión y discriminación durante la infancia puede dejar secuelas de por vida. Nos perjudica a todos. Y todos tenemos el poder de luchar contra la discriminación ejercida contra la infancia: en nuestros países, comunidades, escuelas, hogares y en nuestros propios corazones”, concluyó Russell.

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Las infancias del mundo pagan la factura de la opulencia de los ricos

Por: Baher Kamal / IPS Noticias

Los países más ricos del mundo contribuyen de manera desproporcionada a la destrucción del ambiente mundial y de la vida de la población infantil fuera de sus fronteras

Los excesos cometidos por los ricos pueden ser mortales, y de hecho lo son. Ya sea en materia de alimentos, energía o despilfarro en general, esos excesos han ido agotando los recursos naturales del mundo y empujando a las generaciones actuales y futuras hacia el borde de un previsible abismo.

El consumo excesivo en los países más ricos del mundo está destruyendo el medioambiente de los niños en todo el mundo, explica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el último informe de su oficina de investigación Innocenti, titulado Report Card 17: Lugares y Espacios.

Los países más ricos del mundo proporcionan entornos más saludables para los niños dentro de sus fronteras, pero contribuyen de forma desproporcionada a la destrucción del ambiente mundial.

De hecho, si todas las personas del mundo consumieran recursos al ritmo que lo hace la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos  (OCDE, 38 países) y los Estados de la Unión Europea (UE, 27), se necesitaría el equivalente a 3.3 planetas para mantener los niveles de consumo.

Pero si todo el mundo consumiera recursos al ritmo que lo hacen los habitantes de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían al menos cinco Tierras

Unicef compara los resultados de los países de la OCDE y de la UE en cuanto a la provisión de entornos saludables para los niños.

Para ello, presenta indicadores como la exposición a contaminantes nocivos, como el aire tóxico, los pesticidas, la humedad y el plomo; el acceso a la luz, los espacios verdes y las carreteras seguras; y la contribución de los países a la crisis climática, el consumo de recursos y el vertido de residuos electrónicos.

La destrucción del ambiente de los niños… y de sus vidas

“La mayoría de los países ricos no solo no proporcionan un entorno saludable para los niños dentro de sus fronteras, sino que también contribuyen a la destrucción del entorno de los niños en otras partes del mundo”, dijo Gunilla Olsson, directora de Innocenti, al presentar el 24 de mayo el nuevo Report Card (boleta de calificaciones) en la ciudad italiana de Florencia.

“La acumulación de residuos, los contaminantes nocivos y el agotamiento de los recursos naturales están afectando a la salud física y mental de los niños y amenazando la sostenibilidad de nuestro planeta».

Gunilla Olsson, directora de Innocenti.

Otras realidades

El Informe Innocenti incluye otras conclusiones clave. Entre ellas:

-Más de 20 millones de niños tienen niveles elevados de plomo en la sangre. El plomo es una de las sustancias tóxicas ambientales más peligrosas.

-Finlandia, Islandia y Noruega se sitúan en el tercio superior en cuanto a la provisión de un entorno saludable para sus niños, pero se sitúan en el tercio inferior del mundo en general, con altos índices de emisiones, residuos electrónicos y consumo.

-En Islandia, Letonia, Portugal y el Reino Unido, uno de cada cinco niños está expuesto a la humedad y el moho en su casa, mientras que en Chipre, Hungría y Turquía más de uno de cada cuatro 4 niños está expuesto a lo mismo.

-Muchos niños respiran aire tóxico tanto fuera como dentro de sus casas. México (uno de los pocos países del Sur miembro de la OCDE) es uno de los países con mayor número de años de vida saludable perdidos a causa de la contaminación atmosférica, con 3.7 años por cada mil niños, mientras que Finlandia y Japón tienen los más bajos, con 0.2 años.

-En Bélgica, Chequia, Israel, Países Bajos, Polonia y Suiza, más de uno de cada 12 niños está expuesto a una elevada contaminación por plaguicidas.

-La contaminación por plaguicidas se ha relacionado con el cáncer, incluida la leucemia infantil, y puede dañar los sistemas nervioso, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, sanguíneo e inmunológico de los niños.

Pero hay más, mucho más…

Lamentablemente, lo anterior no es la única causa que perjudica el presente y el futuro de los niños. Hay otras, como por ejemplo:

-Fórmulas infantiles. El escandaloso alcance de la comercialización de leche de fórmula infantil con fines de explotación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció los “… insidiosos, explotadores, agresivos, engañosos y omnipresentes” trucos de mercadeo utilizados por el negocio de la leche de fórmula para bebés con el único objetivo de aumentar, aún más, sus ya elevados beneficios.

-Emaciación severa. Unicef advierte que el número de niños con emaciación severa está aumentando y empeorando. Su informe “La emaciación severa: Una emergencia de supervivencia infantil” alerta sobre el aumento del fenómeno en la población infantil,  mientras los costes del tratamiento que salva esas vidas sube y la financiación mundial para esos tratamientos está amenazada.

La emaciación severa, en la que los niños están demasiado delgados para su estatura, lo que provoca el debilitamiento de su sistema inmunológico, es la forma más inmediata, visible y potencialmente mortal de la malnutrición. En todo el mundo, al menos 13,6 millones de niños menores de cinco años sufren de emaciación severa, lo que provoca una de cada cinco muertes evitables en este grupo de edad.

-Niños migrantes: En todo el mundo, los niños migrantes se enfrentan a niveles alarmantes de xenofobia, a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de covid-19 y a un acceso limitado a los servicios esenciales, según la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

-Los niños en la guerra: Casi 90 % de la población de Siria vive en la pobreza. Más de 6,5 millones de niños necesitan ayuda urgente, el mayor número de niños sirios necesitados desde que comenzó el conflicto interno. Allí, solo uno de cada cuatro niños pequeños recibe la dieta que necesita para crecer sano. El precio de la cesta media de alimentos casi se duplicó en 2021.

En Yemen, otro país en guerra, 45 % de los niños sufre retraso en el crecimiento y más de 86 % tiene anemia.

En otras naciones de Medio Oriente,  como Líbano, 94 % de los niños pequeños no reciben la dieta que necesitan, mientras que más de 40 % de las mujeres y los niños menores de cinco años tienen anemia.

-Niños soldados: Miles de niños son reclutados y utilizados en conflictos armados en todo el mundo. Entre 2005 y 2020, se verificó que más de 93 000 niños fueron reclutados y utilizados por las partes en conflicto, aunque se cree que el número real de casos es mucho mayor.

Estos niños y niñas sufren extensas formas de explotación y abuso que no se captan totalmente con ese término. Las partes en conflicto utilizan a los niños no sólo como combatientes, sino como exploradores, cocineros, porteadores, guardias, mensajeros y otros. Muchos de ellos, especialmente las niñas, son también objeto de violencia de género.

-Trabajo infantil forzado: Hay más de 160 millones de niños obligados a trabajar en el mundo.

Son niños que lavan la ropa en los ríos, que mendigan en las calles, que son vendedores ambulantes, que caminan kilómetros en busca de agua y leña, que sus diminutas manos compiten con las de otros más mayores y experimentados para recoger café o té, o que son niños soldados.

Todas esas formas de explotación forman parte del paisaje de África, Asia y América Latina y el Caribe, según recabó IPS durante la Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, celebrada en la ciudad sudafricana de Durban, del 15 al 20 de mayo.

Recursos escasos

Hay muchos otros crímenes que se cometen contra los niños del mundo.

Uno de ellos es realmente asombroso. El propio Unicef, nacido hace 75 años para afrontar las emergencias de la población infantil europea tras la Segunda Guerra Mundial, carece ahora de los fondos necesarios para salvar las vidas de millones de niños del mundo.

Y no solo eso, sino que una buena parte de estos escasos recursos se dedica, justificadamente, a salvar a los niños de otra guerra europea: la que sucede en Ucrania por su invasión de Rusia.

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En Glasgow, los pueblos indígenas golpean la mesa por sus derechos

Por: Emilio Godoy

GLASGOW – “Para mi pueblo, los efectos del cambio climático son la realidad diaria. La estación de lluvias es más corta y cuando llueve, hay inundaciones. Y hemos sufrido sequía”, aseguró la indígena wodaabe o mbororo Hindou Oumarou Ibrahim.

Para la fundadora de la no gubernamental Asociación de Mujeres y Pueblos de Chad, un efecto pernicioso es la violencia generada, porque “cuando pierde los recursos, la gente pelea por ellos, por el agua, por ejemplo”, relató a IPS luego de un foro sobre los avances de los grupos nativos en la cumbre climática de la ciudad de Glasgow, en el norte de Reino Unido.

En todo el mundo, los pueblos originarios enfrentan la ambigüedad de proteger ecosistemas, como bosques o zonas costeras, y al mismo tiempo padecen los embates de la furia climática desatada por la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles, como sequías, tormentas destructoras y el aumento del nivel del mar.

Desde hace décadas, sus miembros han insistido en que sus conocimientos tradicionales pueden contribuir a la lucha climática. El surgimiento de la pandemia de covid-19 en 2020 ha corroborado el resultado de tratar a la naturaleza como una mercancía más.

Si bien en la última década la representación indígena ha saltado a la palestra de cumbres ambientales, como esta 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inició el domingo 31 en esta ciudad escocesa. Pero ahora quieren más y no seguir siendo solo unos convidados de piedra.

“Esperamos que la cumbre tome en cuenta a las comunidades indígenas. Tiene que haber fondos que vayan directamente a los pueblos indígenas”, pidió ante IPS la indígena q’eqchí’ Graciela Coy, de la no gubernamental Ak’Tenamit  (nuestro pueblo, en q’eqchí’), que trabaja en el norte de Guatemala.

Los representantes de las organizaciones indígenas han conquistado estar en todos los escenarios de las COP. Participan como observadores en las sesiones oficiales donde se debaten los acuerdos, en la cumbre paralela de los movimientos sociales y en todos los demás foros que se enciman uno tras otro en las dos semanas de la conferencia climática.

Una de las expectativas indígenas en Glasgow es la aprobación del plan de trabajo por tres años de la “Plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, originada en la COP21, la que aprobó el Acuerdo de Paris en 2015.

Esa propuesta debe ser aprobada por el Grupo de Trabajo Facilitador, integrado por siete indígenas y siete representantes gubernamentales y avalado en la COP24, celebrada en la ciudad polaca de Katowice en 2018. Luego deberá ratificarla la plenaria de la 196 Partes de la COP y tiene que incluir actividades de fortalecimiento de capacidades de los grupos originarios, el mapeo de medidas para su participación dentro de la CMNUCC y de financiamiento.

Entre 2019 y 2021, el grupo efectuó 11 actividades, sin sesiones físicas por la pandemia.

Las políticas climáticas son el foco de la COP26, que concluye el 12 de noviembre, luego de ser pospuesta un año por la pandemia de covid-19.

Los delegados gubernamentales en la COP26 abordan las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.

Para la indígena kankanaey igorot Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, es fundamental la inclusión de derechos humanos en el financiamiento a la reducción de emisiones y adaptación a los efectos de la crisis climática, así como en la creación de mercados de carbono.

“Los pueblos indígenas sufren también por las soluciones climáticas, como los proyectos de energía renovable. Debe haber salvaguardias efectivas que permitan la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en las políticas climáticas, señaló a IPS quien fue relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2014 y 2020.

Ese respeto se ha vuelto impostergable en zonas como la Amazonia, el principal macizo selvático de América Latina compartido por ocho países y un territorio francés, cuyos habitantes indígenas han sufrido el deterioro ocasionado por la incursión de empresas agropecuarias -ganadería y soja-, de hidrocarburos y mineras, además de las construcciones de represas, vías férreas, carreteras y puertos fluviales.

Por eso, el indígena shuar Tuntiak Katan, de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, consideró a IPS que la salida de las actividades extractivas de ese ecosistema es una condición fundamental para perseverar en la protección climática.

“Los pueblos indígenas ya protegemos 950 millones de hectáreas en todo el mundo. Lo que pedimos es el cuidado de 80 por ciento de la Amazonía en 2025. Somos la voz de las mujeres, los niños y los ancianos” que sufren los impactos en los territorios, exhortó Katan, vicecoordinador de la no gubernamental Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Un cúmulo de la evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos nativos son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.

La indígena q’eqchí’ Graciela Coy (D), de Guatemala, pidió durante la cumbre climática de Glasgow que los fondos internacionales prometidos lleguen directamente a los pueblos originarios. Foto: Emilio Godoy / IPS

Prometer no empobrece

Ante los abundantes ofrecimientos efectuados en la primera semana de actividades de la COP26 para promover la tenencia indígena de la tierra y la reforestación, los pueblos originarios mostraron escepticismo y demandaron participación directa en esos esquemas.

Oumarou Ibrahim y Coy coincidieron en la definición necesaria de mecanismos para que los recursos ofrecidos lleguen directamente a los territorios.

Los líderes mundiales “deben ser nuestros socios. El financiamiento debe adaptarse a las necesidades de la gente. El asunto es cómo van a llegar los recursos directamente a los pueblos indígenas”, según Oumarou Ibrahim.

A juicio de Coy, la lucha climática requiere de asignación de fondos, que deben transferirse “a los pueblos indígenas, pues hay mucha ayuda internacional” que no siempre se materializa en las comunidades locales.

En una aceptación de lo que los pueblos originarios han reclamado por años, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron el 1 de noviembre la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.

Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal y 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores ancestrales.

El financiamiento multilateral directo a poblaciones aborígenes ha sido una barrera recurrente para los esfuerzos por proteger recursos naturales.

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC), creado en la COP16 de Cancún de 2010, ha financiado 121 proyectos de medios de vida de comunidades y ha entregado para ello un total de 1400 millones de dólares.

Para el total de 190 proyectos, ha desembolsado 2000 millones de dólares y otros 6000 están bajo ejecución. Además, ha comprometido otros 10000 millones para emprendimientos. Asimismo, ha registrado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.

Además, el 2 de noviembre más de 105 naciones se adhirieron a la “Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra” que estipula alcanzar la deforestación cero en 2030.

Los pueblos originarios demandan también su inclusión en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos voluntarios adoptados por cada país para 2030 y 2050, a fin de cumplir con el Acuerdo de París y sobre los que recae la meta aspiracional de contener el recalentamiento planetario en 1,5 grados C.

“Solo necesitamos un empujón. Estamos seguros de lo que hacemos y por eso es bueno que ofrezcan financiamiento. Pero lo que se debe hacer es abandonar el extractivismo y sacar a las petroleras, mineras y las empresas agropecuarias de nuestros territorios, y aplicar una visión holística, con la visión de los pueblos indígenas”, urgió Katan.

Aunque la COP26 no arroje los resultados deseados por los pueblos indígenas, seguirán con el cuidado de los recursos naturales y con su exigencia de justicia climática.

IPS realizó este artículo con el apoyo de Iniciativa Climática de México y European Climate Foundation.

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico invade nuestras vidas

NACIONES UNIDAS –  La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida,  desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Dispositivos de vigilancia electrónica. Foto: ONU Mujeres

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

  • La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
  • la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
  • el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
  • los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
  • la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
  • la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

Tampoco es inevitable.

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.

ED: EG

Fuente e imagen: https://ipsnoticias.net

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La pobreza multidimensional también es problema étnico

En India, cinco de cada seis personas que viven en pobreza multidimensional -que mide ingresos, salud, educación y nivel de vida- pertenecen a las llamadas «tribus o castas bajas», de acuerdo con un índice del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El origen étnico, la casta y el género tienen un impacto enorme en la probabilidad de que las personas vivan en pobreza multidimensional, la que es medida con indicadores de ingreso, salud, educación y nivel de vida, expuso un nuevo informe del PNUD divulgado este jueves 7.

En nueve grupos étnicos encuestados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, más de 90 por ciento de su población está atrapada en la pobreza.

La investigación para el informe se realizó en 109 países donde viven 5900 millones de personas, hizo un desglose por etnia, raza y casta en 41 naciones, y dio como resultado el Índice de Pobreza Multidimensional del PNUD.

En los países en desarrollo hay 1309 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, y de ellos 1100 millones viven en zonas rurales y 209 millones en áreas urbanas. Dentro de un país, esa pobreza puede variar enormemente entre los distintos grupos étnicos.

Los pueblos indígenas de América Latina, por ejemplo, se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas constituyen 44 por ciento de la población, pero representan 75 por ciento de los pobres multidimensionales.

En India, cinco de cada seis personas en situación de pobreza pertenecen a “tribus o castas inferiores”, de acuerdo con la investigación.

Los dos grupos étnicos de Gambia tienen más o menos el mismo valor en el Índice, pero con diferentes privaciones, mostrando que se necesitan diferentes acciones políticas para encontrar soluciones efectivas en casos distintos.

En Vietnam, las minorías étnicas constituyen una sexta parte de la población total, pero casi la mitad viven en pobreza multidimensional.

El Índice “nos recuerda que, si queremos aprovechar esta crisis para construir mejor en el futuro y diseñar respuestas efectivas que no dejen a nadie atrás, es necesario obtener una imagen general de los efectos de la pobreza sobre las personas, saber quiénes son y dónde viven”, dijo Achim Steiner, administrador del PNUD.

En cuanto a la cuestión del género, el estudio muestra que cerca de dos tercios de las personas multidimensionalmente pobres, es decir, 836 millones, viven en hogares donde ninguna mujer o niña ha completado al menos seis años de escolarización.

“El Índice de Pobreza Multidimensional nos recuerda que, si queremos aprovechar esta crisis para construir mejor en el futuro y diseñar respuestas efectivas que no dejen a nadie atrás, es necesario obtener una imagen general de los efectos de la pobreza sobre las personas, saber quiénes son y dónde viven”: Achim Steiner.

Además, una sexta parte de todas las personas en esta situación, unos 215 millones, viven en hogares en los que al menos un niño o un hombre completó seis o más años de escolarización, pero ninguna niña o mujer lo ha hecho.

El informe también constata que estas mujeres y niñas corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica.

En África subsahariana, 556 millones de personas (53 por ciento de la población) viven en pobreza multidimensional, y 532 millones en el sur de Asia (29 por ciento). Los países con más personas en esa condición son India, Nigeria, Pakistán, Etiopía y la República Democrática del Congo.

En América Latina y el Caribe la pobreza multidimensional alcanza a 37,4millones de personas, y en los Estados árabes a 45,6 millones,

Vivir en la pobreza multidimensional puede significar cosas muy distintas, pues por ejemplo 1000 millones de personas se ven expuestas a riesgos sanitarios debido al uso de combustibles sólidos para cocinar, otros 1000 millones viven con un saneamiento inadecuado, y otros 1000 millones habitan en viviendas precarias.

Unos 788 millones viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y 568 millones carecen de fuentes de agua potable en un radio de 30 minutos a pie.

Casi la mitad de las personas que viven en la pobreza multidimensional (644 millones) son niños: uno de cada tres es multidimensionalmente pobre, en comparación con uno de cada seis adultos.

El PNUD expuso que la pandemia covid-19 evidenció que, más allá de los ingresos, las personas experimentan la pobreza de formas superpuestas, al quedarse atrás en salud, educación y nivel de vida, de acuerdo con indicadores como la falta de agua potable, adecuadas nutrición y vivienda, o la educación primaria.

Para esa entidad de las Naciones Unidas “la pandemia covid-19 ha revelado que nos estamos quedando cortos en nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás”, y ofreció el Índice como “ayuda a los legisladores para abordar las brechas a través de evidencias que colocan a las personas en el centro de la planificación”.

Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/10/la-pobreza-multidimensional-tambien-es-problema-etnico/

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