Author: Javier Insunza

Javier Insunza

La ley de Nueva Educación Pública, más conocida como ley de desmunicipalización, tiene distintas lecturas. La derecha liberal no ha dudado en tildarla como centralista y la NM la ha posicionado como el camino final para finiquitar la deuda histórica con la educación pública. El debate, hasta el momento, se ha concentrado en este vaivén sordo y alejado del origen de las demandas y problemas a los que supuestamente responde este proyecto.

El desarrollo del sistema escolar chileno ha vivido en los últimos 20 años una pérdida progresiva de matrícula. Menos alumnos/as, menos profesores, menos espacios y proyectos públicos. La reducción programada de la matrícula pública es consecuencia de la ausencia de una política que releve el rol de la Educación Pública dentro del proyecto país. Hoy la respuesta del sistema político a la Educación Pública sigue siendo el desarrollo de ajustes a la forma de administración, en vez de desarrollar un proyecto educativo para el país.

Este no es el primer intento de desmunicipalización, sino que se enmarca en una serie de proyectos fallidos presentados al Congreso.

El 2008 lo hizo la Presidenta Bachelet y el 2011 el Presidente Piñera. Ambas iniciativas legales eran muy similares a la que actualmente se discute en la Cmisión de Educación del Congreso. El proyecto actual –a pesar de ser el más desarrollado de los tres– no presenta mayores modificaciones en los principios, lógicas y estructuras orgánicas respecto a los proyectos presentados en gobiernos anteriores. Las tres iniciativas proponen un cambio en la figura del sostenedor del sistema público de educación, fortaleciendo los espacios “intermedios” de gestión, especializándolos técnicamente e incluyendo –solo la actual propuesta– la participación consultiva de algunos órganos de la sociedad civil. En ninguno se mencionan dos factores centrales de la crisis del sistema: los mecanismos de financiamiento y el sistema de gestión.

¿Será capaz el Proyecto de Ley de Desmunicipalización presentado por el Ejecutivo de revertir la tendencia negativa de la educación pública, constituyéndose como un punto de base para el despegue de un sistema de educación pública preferente y protagónico? Esa es la urgencia, ya que la matrícula pública no deja de caer intencionadamente y la ley deja un escaso margen de “recuperación” para el sector público por los plazos de transición al nuevo modelo declarado en la Ley de Inclusión. Estos otorgan tiempo suficiente para consolidar el crecimiento del sector particular subvencionado, profundizando la tendencia a la caída de la matrícula municipal. Los 10 años de plazo que entrega la ley a los establecimientos particulares para cumplir con los distintos requerimientos descritos por la ley podrían impactar en la disminución de la matrícula de administración pública –hoy municipal– hasta un 30% de la matrícula total.

La evidencia y la experiencia son claras. El sistema de financiamiento vía voucher de la Educación Escolar profundiza la desigualdad de la sociedad chilena e intensifica la competencia entre escuelas. Por otra parte, la consolidación y profundización de los sistemas de gestión escolar basados en la rendición de cuentas (accountability) –factor de crisis muchas veces invisibilizado en el debate en torno a la problemática– se ha convertido en la base de la política pública en educación post-Ley General de Educación (LGE), fortaleciendo los mecanismos de control externo y la lógica de la desconfianza hacia las comunidades escolares.

La permanencia de una matriz neoliberal en el seno del proyecto de ley mantiene lógicas de financiamiento y administración que tienen impactos directos sobre la conformación y el desarrollo de las relaciones pedagógicas en la escuela, al mismo tiempo que consolida factores que han sido claves para explicar el descenso progresivo de la matrícula municipal y la ausencia de un proyecto público comunitario con perspectiva país de educación escolar. La ausencia de esta perspectiva de desarrollo condena a la deriva el posible establecimiento de un proyecto de educación nacional que se escape de los intereses corporativos particulares, con escasa o nula capacidad de romper con las lógicas de desigualdad que nos caracterizan.

El desafío para los distintos actores sociales que se han posicionado la problemática educacional en el debate nacional es levantar una crítica directa y sin titubeos. En el caso del movimiento docente, es clave que la presidencia del Colegio de Profesores no sea un agente que respalde una política que tenderá a consolidar el proceso de disminución progresiva de la matrícula pública en Chile. El respaldo acrítico y complaciente con el actual proyecto de ley solo contribuirá a la consolidación de un modelo que privilegia el desarrollo de proyectos privados. En este sentido, la necesidad de consolidar un proceso crítico ante el proyecto de ley de desmunicipalización no puede reducirse a críticas vinculadas a aspectos específicos de la iniciativa presidencial, sino que debe ser capaz de proyectar el problema complejo que significa renunciar como país a la construcción de un sistema de educación escolar que otorgue preferencia al desarrollo de una educación pública transformadora, crítica y comunitaria que se asocie a un proyecto país.

La agenda gubernamental en Educación comienza a agotarse, y vemos cómo, lamentablemente, la nueva legislación consolida los patrones de acción inicialmente criticados. En este panorama, no queda margen de defensa a un proyecto como este, que privilegia la modificación de las condiciones de administración como un factor central para el cambio de tendencia en el desarrollo del sistema escolar chileno. Lamentablemente, las cifras y la historia no lo respaldan ni lo respaldarán.

La densidad del problema y la complejidad de la demanda por su solución, deja al proyecto de ley al debe, en tanto diseña una solución a partir de la creencia pura en la gestión técnica de la educación y la competencia entre escuelas, despojándose definitivamente de una solución que coloque en el centro las dimensiones pedagógicas y democráticas del cambio educativo.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/04/25/ley-de-desmunicipalizacion-nada-nuevo-bajo-el-sol/