Políticas educativas en tiempos de crisis económica y ajuste fiscal

Profesor del Departamento de Derecho
Universidad Nacional de Colombia

a) Recesión Económica internacional y crisis del sistema dólar

La secuencia de sucesos que explica la actual inflación generalizada que experimenta el capitalismo a escala internacional comenzó en Agosto de 1971 cuando el gobierno Nixon eliminó la exigencia del respaldo en oro a la emisión de dólares por parte de la FED y unos pocos años después inició el desmonte del control estatal sobre el movimiento de capitales, medidas que habían sido consensuadas en Bretton Woods en los inicios de la segunda postguerra abriendo la circulación desregulada capital ficticio, un capital sin soporte en la producción de bienes y servicios, capital ficticio1 . La consolidación de la globalización financiera incremento la producción de ese capital. En las décadas siguientes ocurrieron los siguientes hechos:

La crisis de las hipotecas subprime en 2008, que llevó a la Fed a asumir los pasivos bancarios mediante una política monetaria expansiva denominada Quantitative Easing (Q.E.). A finales de marzo del 2009, los cálculos oficiales del rescate hipotecario aceptaron una cifra igual a los US$2.48 billones, operación que en su mayoría fue garantizada con emisiones de la FED que terminó realizando giros directos a bancos y empresas en Estados Unidos y a convertirse en el soporte más importante de la “operación de salvamento de la economía internacional”, principalmente la europea2 .

La pandemia del covid19, que con una economía paralizada obligó al “Q.E. ad infinitum”. para utilizar la terminología de J. Powel, gerente de la FED. Referenciamos solamente lo ocurrido en el 2020, “El 21 de diciembre del 2020 el medio BBC News informaba sobre las emisiones de la FED en ese año. Solamente de enero a noviembre de ese año, la oferta monetaria de Estados Unidos había crecido casi un 24 %. Según datos de la FED, el volumen de dólares había pasado de US$15.33 billones a fines de 2019 a US$19.1 billones a finales de noviembre…”3 . El Banco Central Europeo y los Bancos centrales de Japón Y China practicaron una política similar La inflación resultante fue la más dramática desde principios de la década de 1980.

La invasión rusa a Ucrania, que elevó considerablemente los precios de los alimentos y los productos energéticos aumentando los excedentes de dinero a causa las ganancias extraordinarias de las empresas multinacionales que invierten en esos sectores. A ello debe sumarse el enorme gasto fiscal que vienen ejecutando los países metropolitanos y principalmente Estados Unidos para gestionar las dificultades económicas4 .

La educación pública entendida como servicio depende de los presupuestos públicos y estos, a su vez, de la política fiscal que definen los Estados. Desde que se consolidó la globalización financiera operó un proceso de reformas estatales que terminaron por institucionalizar la cogestión en la ejecución de políticas y en la prestación de servicios con el capital privado y que han abierto los canales del “despojo del patrimonio público” mediante el endeudamiento generalizado. Las reformas administrativas han sido parte del diseño de un andamiaje institucional que apunta a este propósito. El soporte teórico es el de la inclusión de los mecanismos gerenciales de las empresas justificado en el criterio de optimizar recursos escasos mediante la intensificación de tiempos.   

Contrario a la evidencia que la gestión del covid-19 y el aumento inusitado de las ganancias corporativas después de la invasión a Ucrania confirmaban un incremento de la inflación por “stocks de oferta”5 , la Fed en coordinación con los Bancos centrales (coordinación que realiza a través del Banco Internacional de Pagos) revirtió el Q.E. y comenzó a implementar una política de contracción monetaria como si estuviéramos en presencia de una inflación por demanda, subiendo, desde el 2021 las tasas de interés a niveles nunca antes vistos, sin que hasta el momento la inflación haya podido ser controlada6 . (ver gráfica N.° 1) . Una política que presiona a la deflación en el futuro cercano.

Gráfica N.° 1

Todo indica que esta política de contracción monetaria seguirá de largo. Cuando en el primer trimestre de esta año, se presentó la crisis de los bancos regionales, el Silicon Valley y Republic, la Fed actuó para impedir el contagio, pero sin modificar las tasas de interés lo que continua en la actualidad.

b) El debilitamiento de la economía interna y un nuevo ajuste fiscal 

 

El rebote de esta política en la economía colombiana ha sido inmediato. En primer lugar, en cuanto a la política monetaria. El Banco de la República viene aumentando la tasa de interés de referencia durante los últimos meses7  con el mismo argumento de frenar la inflación (ver gráfica N.° 2).

Gráfica N.° 2

Esta inflación endógena debe explicarse por la influencia de la inflación internacional y adicionalmente por una causa coyuntural, que remite a los compromisos del actual gobierno con las IFIS, cual es el aumento de los precios de los “·bienes regulados” (caso gasolina)8 . Pero, ante todo por una causa estructural: la desregulación de capitales a escala internacional que comenzó en la década del setenta obliga a movimientos en las tasas de interés en los mercados emergentes conforme a los movimientos del dólar. Desde la ley 9 de 1991 que eliminó el control de capitales, un alza en la tasa de interés del dólar obliga a una subida de la tasa de interés interna para impedir la fuga de capitales, lo que determina el costo del endeudamiento público por cuanto, como anota el actual director del DNP:

Las variaciones de los montos de la deuda dependen, en gran medida, de las fluctuaciones de los mercados de capitales, así que la política fiscal doméstica se va quedando sin instrumentos para contrarrestar las tendencias que se presentan a nivel internacional. Tanto la deuda interna, como la externa, dependen de los movimientos de las tasas de interés que se definen por fuera del país. Las decisiones de la Reserva Federal, y las variaciones de la tasa de cambio, repercuten en la estructura fiscal de cada país. Los comportamientos erráticos del mercado de capitales les restan autonomía a los gobiernos nacionales (…)9.

En el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso para el año 2024 el rubro de la deuda asciende a $94,5 billones, un crecimiento del 20 % con relación al año anterior de los cuales $55 billones corresponden a intereses y debe tenerse en cuenta que en octubre el país pagó de manera anticipada US$ 791 millones. Las alarmas para el 2025 ya fueron disparadas:

En el 2025 se seguirán sintiendo las consecuencias de la pandemia fiscal. Este año el servicio de la deuda podría llegar a $112,9 billones y la inversión apenas sería de $68,8 billones. En tales condiciones, el servicio de la deuda superaría a la inversión en 1,6 veces, y la diferencia sería de $44 billones. Esta brecha tan grande no tiene precedentes. En algunos años el servicio de la deuda ha superado a la inversión, pero el diferencial no ha sido tan significativo (…)10.

Normatizado como “regla fiscal” el pago de ese endeudamiento es obligatorio. A lo que debe sumarse la pérdida de $6.8 billones para los próximos dos años en regalías por el reciente fallo de la Corte Constitucional. Lo que queda entonces es reducir los gastos de funcionamiento, las nóminas y los salarios de los trabajadores estatales. Un nuevo plan de ajuste.

c) La Gestión Empresarial en el “servicio educativo”: una estrategia antipedagógica para reducir el gasto público

 

La educación pública entendida como servicio depende de los presupuestos públicos y estos, a su vez, de la política fiscal que definen los Estados. Desde que se consolidó la globalización financiera operó un proceso de reformas estatales que terminaron por institucionalizar la cogestión en la ejecución de políticas y en la prestación de servicios con el capital privado y que han abierto los canales del “despojo del patrimonio público” mediante el endeudamiento generalizado.

Las reformas administrativas han sido parte del diseño de un andamiaje institucional que apunta a este propósito. El soporte teórico es el de la inclusión de los mecanismos gerenciales de las empresas justificado en el criterio de optimizar recursos escasos mediante la intensificación de tiempos.

Desde los inicios de la década del setenta, las Naciones Unidas ya venían argumentando en favor de este tipo de reformas. Por ello, incentivaron la creación de Centros Regionales de Administración para el Desarrollo en diversos continentes. Este fue el caso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), creado mediante resolución 2845 (XXVI) de 1971 emitida por este organismo internacional. Al reconocerlo y en el aparte pertinente la Resolución anota:

Señala a la atención de los Estados Miembros la importancia de las medidas destinadas a aumentar la capacidad administrativa para el desarrollo económico y social, la conveniencia de que dichas medidas formen parte de los planes de desarrollo a todos los niveles, según convenga, y la necesidad de que dichas medidas sean adecuadas para que los gobiernos puedan, individual y colectivamente, alcanzar las metas del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 2. Toma nota del informe de la Segunda Reunión de Expertos sobre el Programa de Administración Pública de las Naciones Unidas (…)11.

Desde entonces, el CLAD ha sido un organismo de consulta obligatoria para los gobiernos de la región en los temas asociados a la administración pública. Hace parte de la Secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas sobre Reforma del Estado. Ha oficiado como una pieza central en el impulso a las reformas de la administración pública en la región soportadas en los métodos de gestión privada que se consolidaron conforme a las pautas de la globalización financiera.

La Constitución de 1991 incorporó estas coordenadas gerenciales en la reorganización de la administración pública. Efectivamente, el artículo 20 del capítulo II denominado “Disposiciones Transitorias” autorizó al presidente para que por la vía de decretos extraordinarios “suprimiera, fusionara, o reestructurara. las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y en especial con la redistribución de competencias y recursos que ella establece (…)”.

Con base en esta autorización el gobierno de César Gaviria expidió una serie de decretos en los que oficializó privatizaciones y reorganizó entidades oficiales, como en el caso de TELECOM, en perspectiva de privatizarlas como efectivamente ocurrió. Las modificaciones administrativas de las entidades y dependencias de la rama Ejecutiva incluyeron a la casi totalidad de los Ministerios “sobre la base de distribuir sus funciones en las áreas de formulación de políticas, planeación, coordinación y regulación normativa, de una parte y en las de seguimiento, vigilancia y evaluación de programas y proyectos, de la otra, dejando la labor de ejecución a sus organismos adscritos o vinculados”12.

Esta división de funciones entre los Ministerios y los organismos adscritos sigue los lineamientos de los diseños empresariales de gestión interna; la definición de planes operativos, el seguimiento de procesos, la ejecución de proyectos y la evaluación de estos. En el plano interno y en cada una de esas entidades dispuso el control interno obligatorio y utilización obligatoria de indicadores de gestión y resulta la estandarización de procesos mediante la aplicación de indicadores de gestión y resultados. La reforma a la Contraloría General de la República eliminó las funciones de control previo definición concordante con la oficialización del control previo institucional.

El conocimiento exige un tiempo investigativo que es cada vez mayor en la medida en que nos aproximamos a uno de sus peldaños y entonces nos damos cuenta de que requerimos abordar nuevas temáticas y complejidades. Esta realidad ha sido reconocida desde la Antigüedad. La afirmación socrática del “solo sé que nada sé” lo confirma a la manera de testimonio. Imponer lo contario es otra de las manifestaciones de la “policrisis” a la que ha llegado el capitalismo. La generalización de estándares educativos hace parte, al mismo tiempo de la inclusión de la educación en el comercio mundial. Un salto cualitativo en la consecución de este objetivo fue la declaración que en 1999 realizó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que manifestó que debía regularse por el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS).

El aparte constitucional sobre los Planes de Desarrollo (artículo 339 y siguientes) incluyó existencia obligatoria de planes previa a la ejecución de los presupuestos. La aprobación del Plan Nacional de desarrollo en cada período presidencial debe incluir los programas a implementar y la elaboración del plan nacional de Inversiones que cuenta con prioridad normativa. A su vez, la planeación opera como un sistema coordinado “sinérgicamente” en el que se integran, además del plan nacional los planes departamentales y municipales dentro de una estrategia descentralizadora y participativa. Igualmente, la ejecución de proyectos en la esfera territorial cuenta con indicadores obligatorios de gestión y de evaluación de resultados.En el caso de las leyes educativas, la ley 30 de 1992 y la ley 115 de 1994, en cuya elaboración jugaron un papel determinante las IFIS, también se incluyeron esos lineamientos concibiendo a la educación como servicio13. La consolidación de la gestión en la educación básica ha sido proclamada en los documentos oficiales como uno de sus soportes. A manera de ejemplo citamos un artículo del Ministerio de Educación sobre el tema (septiembre del 2007):Los nuevos escenarios globales inciden directamente en todas las organizaciones sociales y las obligan a emprender rápidas transformaciones. La educación no es ajena a este fenómeno y, por esta razón, el sistema educativo enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI. (…) La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que todos “remen hacia el mismo lado” para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa (..) Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el alcance de los objetivos en los plazos establecidos para ello, así como el seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo que se está haciendo permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, y qué ajustes hay que introducir para corregir el rumbo oportunamente. Asimismo, se trata de poner a marchar un sistema de gestión con sus fases correspondientes (…) Luego, el artículo gira hacia la necesaria inclusión de la gestión de las instituciones en todos los grados de la educación “desde el preescolar hasta la educación superior”, lo que sirve de soporte al “Sistema de aseguramiento de la calidad”, el cual incluye la estandarización de currículos.Con base en lo anterior, las acciones que se están adelantando para fortalecer la gestión de las instituciones educativas se orientan a la conformación de un sistema de aseguramiento de la calidad que va desde el Preescolar hasta la educación Superior. En el caso de la educación Preescolar, Básica y Media se han definido estándares básicos de competencias para un conjunto de áreas fundamentales: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, competencias ciudadanas e inglés como idioma extranjero. Los estándares son criterios claros y públicos que orientan el diseño de los currículos y planes de estudio, y permiten saber si se están cumpliendo unas expectativas comunes de calidad (…)14.Debe recordarse que las exigencias de gestión en el sistema educativo aumentaron después de la reforma a las transferencias oficializada mediante el Acto Legislativo 1 del 2001 (modificatorio de los artículos 356 y 357 constitucionales) reglamentado por la ley 715 del mismo año, el cual hizo parte del “Plan de Ajuste” exigido por el “Acuerdo Extendido con el FMI “ suscrito en 1999, produciendo una reducción cuantiosa de las transferencias territoriales al cambiar la fórmula del aumento anual de las mismas conforme al incremento de los ingresos corrientes por el del ajuste inflacionario. La ley 715 estableció el Sistema General de Participaciones, los giros por “costos por alumno” y generalizó el “subsidio a la demanda”. Este tipo de gestión utiliza la técnica de la “contabilidad de costos” dividiendo a las instituciones educativas a la manera empresarial y como si fueran “áreas contables” (nómina de docentes, bienestar, mantenimiento de infraestructura, etc.) que sumadas deben coincidir con el giro a la institución por transferencia. En el caso de las universidades, igualmente se incorporaron la planeación gerencial y los indicadores de gestión y resultados. El autofinanciamiento por la vía de la “extensión” mediante la venta de servicios terminó por suplir a la carencia de presupuestos públicos. El reconocimiento de los incrementos anuales a las universidades definido en la ley 30 de 1994 ha quedado desueto abriendo un hueco fiscal que dificulta la incorporación de docentes planta y limita las posibilidades de la investigación y del ejercicio académico. Las invasiones gerenciales en el “sistema educativo” incluyen al aula. En el caso de la educación básica esta incorporación significó la racionalización de plantas de docentes, el aumento del número de estudiantes en los ciclos de formación (indicador de cobertura), la intensificación de los tiempos aula entre otros. La estandarización de currículos despedagogiza el ejercicio de aula. En el caso de las universidades el volcamiento obligatorio de la nómina de profesores a las actividades de extensión limita el ejercicio académico. Esta suma de actividades implica la intensificación de tiempos a la manera de la producción empresarial de bienes y servicios. Pero los tiempos de la academia son diferentes. El conocimiento exige un tiempo investigativo que es cada vez mayor en la medida en que nos aproximamos a uno de sus peldaños y entonces nos damos cuenta de que requerimos abordar nuevas temáticas y complejidades. Esta realidad ha sido reconocida desde la Antigüedad. La afirmación socrática del “solo sé que nada sé” lo confirma a la manera de testimonio. Imponer lo contario es otra de las manifestaciones de la “policrisis” a la que ha llegado el capitalismo.La generalización de estándares educativos hace parte, al mismo tiempo de la inclusión de la educación en el comercio mundial. Un salto cualitativo en la consecución de este objetivo fue la declaración que en 1999 realizó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que manifestó que debía regularse por el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS).La disminución de las barreras comerciales y de transferencia de servicios, dinamiza este mercado, convirtiéndolo en una opción para la inversión extranjera y para la colocación de capitales, puesto que representa un presupuesto anual mundial de mil millones de dólares, con cincuenta millones de trabajadores y cerca de un billón de clientes potenciales, que son los estudiantes (…)15.En el tratado de libre comercio que Colombia suscribió con Estados Unidos y en otros TLC importantes quedó incluida la normatividad educativa del AGCS.d) Políticas educativas diseñadas para la formación del trabajador como simple “recurso humano” En marzo de 1961, Teodore Schultz publicó un artículo en la American Economic Review, en el cual aseguró, entre otras cosas, que los trabajadores se habían convertido en capitalistas, si bien no a partir de una noción marxista de redistribución de los medios de producción, sí a partir de la adquisición de conocimientos y habilidades con cierto valor económico en el mercado. Un año después, en 1962, organizaría la aparición de un número especial del Journal of Political Economy titulado “Investment in Human Beings”, en el cual participaron, entre otros, Jacob Mincer, Burton A. Weisbrod, Gary Becker y el propio Theodore Schultz. Hacia 1964, Gary Becker, colaborador de Hayek y Friedman, y miembro de la Mont-Pélerin Society, publicó la obra que sistematizaría de forma más completa los planteamientos realizados por él y por Schultz durante los años previos. Dicho libro llevó por título “Human Capital. “A theoretical and empirical analysis, with special reference to education”, obra que se considera central en los estudios sobre capital humano, y cuyo éxito a futuro sería tal, que le haría merecedor del Premio Nobel de Economía en 1992. Entre otras cosas, la novedad de dicha teoría sería su interés por el llamado “factor residual” en la economía; es decir, el factor que explicaría los niveles de crecimiento económico de la economía norteamericana durante la primera mitad del siglo pasado, el cual había ocurrido desapercibido16.Fueron los pioneros de un diseño de políticas asociadas a la integración discursiva de, los trabajadores al universo del capital, las cuales, en los años siguientes fueron incorporada en los documentos de las IFIS. La consolidación de la globalización financiera en la década del ochenta pasó por derrotar la resistencia de los trabajadores y por desconocer a los partidos que los representaban y a las organizaciones sindicales que abogaban por sus derechos. La consolidación de grupos financieros que controlan la producción en el comercio mundial terminó por crear de manera paralela un “mercado mundial del trabajo desigual” en el que los trabajadores son obligados a competir por salarios a la baja. Esto determinó un desconocimiento del trabajador como “sujeto social. El diseño educativo oficial tomó nota de esta realidad: Desposeído de su significado como sujeto social y, por lo tanto, fuera de su contexto público, social y cultural múltiple, el trabajo humano se ha convertido en un objeto. Como cualquier otro recurso material e inmaterial, el recurso humano es una mercancía económica que debe de estar disponible libremente para todos, siendo los únicos límites a su acceso y a las formas más libres de su explotación de naturaleza financiera (costes). (..) El recurso humano no tiene voz social, no tiene representación social. No hay, por otra parte, sindicatos de recursos humanos. No tiene, como tal, derechos cívicos, políticos, sociales, culturales. Es un medio en el que el valor de uso y cambio monetario están determinados por el balance de la empresa. El recurso humano está organizado, administrado, valorado, desplazado, reciclado, abandonado en función de su utilidad para la empresa. No se tiene ningún derecho en el trabajo. Sus derechos de existencia y de mejora dependen de su resultado, de su rentabilidad (…). Un elemento adicional, el trabajador concebido como “recurso humano” debe adecuarse permanentemente a las exigencias del actual circuito empresarial que innova permanentemente, por lo que “La formación continua debe de servir fundamentalmente para mantener útiles y rentables los recursos humanos de un país”17.Estas consideraciones explican el por qué las políticas educativas y los currículos, desde la década del ochenta, comenzaron a girar en torno a la formación de “habilidades y destrezas”, abandonando la integralidad del conocimiento y el espíritu as crítico. En Colombia ha sido el tema central en la legislación educativa que anexa seguimiento y evaluaciones sobre el conjunto de las comunidades educativas, Durante las últimas décadas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE ha jugado un papel de primer orden en el diseño y la ejecución de las políticas educativas en el país. La OCDE nació formalmente en 1961 y cuenta en la actualidad con 30 países miembros los cuales según lo pregonan en sus documentos “producen casi el 60 % del PIB mundial”. De manera análoga a lo que ocurre con las IFIS, su financiamiento es acordado por sus integrantes siendo Estados Unidos el que realiza los mayores aportes. En las últimas décadas esta organización internacional se ha convertido en uno de los “tanques de pensamiento” más importantes en el diseño de políticas públicas. Incide en redes de investigación y de cooperación internacional.No obstante, la base estructural de la educación en tanto una actividad independiente en la OCDE llegó con el establecimiento, en 1968, del CERI -Centro para la Investigación e Innovación de la Enseñanza- (siglas en inglés, el cual se financió inicialmente con recursos de la Ford Foundation y la Shell y del Education Committee, en 1971. “Schools and Quality: An International Report” fue su primera publicación en 1989 (…) La teoría del capital humano fue objeto también de reestructuración; tanto la OCDE como el Banco Mundial, dieron un giro teórico hacia perspectivas microeconómicas, con lo cual la inversión en capital humano dejó de verse como un factor de beneficio social, para pasar a ser un elemento de beneficio individual, al generar las capacidades de adaptación y flexibilidad, necesarias para el trabajador aislado en la economía mundializada. El interés por la calidad educativa provocó la necesidad de profesionalización en la realización de estándares educativos, así como la comparación de resultados a nivel internacional. (…) La lógica competitiva en la economía internacional requería información para llevar a buen puerto los flujos de inversión “global” y el análisis comparativo de la calidad educativa permitía conocer a los dueños del capital la rentabilidad en potencia de invertir en determinados países, dada la calidad de su capital humano, expresado ahora en los resultados académicos -favorables o no- en pruebas estandarizadas. Este fue el contexto en el cual se elaboró el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos PISA que se realizó por primera vez en el año 2000 (…)18.Una de las preocupaciones centrales del equipo gubernamental de Santos fue el ingreso del país a la OCDE19. En ese período 2010-2018 bajo las orientaciones de los Comités OCDE fueron incluidos lineamientos en los Planes de Desarrollo y expedidas 50 leyes en diversas materias y 22 relacionadas con política tributaria y educativa. La OCDE diseñó lo que el gobierno Santos posteriormente denominó el “Acuerdo por lo Superior-2034”, el cual incluye un marco evaluativo y curricular basado en estándares20. En 2008, la OCDE presentó un documento titulado “Sistema de Cualificaciones. Puentes para el aprendizaje a lo largo de la vida” en el que cambió el criterio curricular de “competencias” por el de “cualificaciones”, conforme a las cuales los aprendizajes pueden dividirse en niveles que van desde el ocupacional hasta el académico en la Educación superior. La ley 1064 del 2006 suprimió las diferencias entre educación formal y no formal abriendo la posibilidades de implementar la certificación de las cualificaciones en cualquiera de los niveles del sistema educativo. En la página oficial del Ministerio de Educación se reconoce que “Desde al año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en coordinación con el Ministerio del Trabajo, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y junto con entidades del sector productivo, gubernamental y educativo vienen avanzando significativamente en el diseño, desarrollo e implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia, proceso que ha contado con acompañamiento técnico internacional, el cual ha permitió recoger las experiencias y buenas prácticas de países que cuentan con Sistemas de Cualificaciones.(..) El artículo 194 de la ley 1955 de 2019 a través de la cual se reglamenta el PND 2018-2022, creó el “Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), como un instrumento para clasificar y estructurar las cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de cualificación”21.Los decretos reglamentarios reposan en las oficinas del Ministerio de Educación y si el llamado “gobierno del cambio” quisiera cambiar la política educativa definida anteriormente ya los hubiera derogado abriendo una discusión ante las comunidades educativas en la perspectiva de una orientación diferente. De momento, el gobierno ha presentado ante el Congreso una propuesta de ley Estatutaria de la Educación y ha diferido la presentación del proyecto reformatorio de la Ley 30, cuyo borrador anterior incluía las pautas OCDE. Todo parece indicar que pocas cosas cambiarán cuando llegue la hora de presentar la propuesta. Mientras tanto la inercia del pasado continúa determinando el accionar gubernamental también en el tema educativo.Los decretos reglamentarios reposan en las oficinas del Ministerio de Educación y si el llamado “gobierno del cambio” quisiera cambiar la política educativa definida anteriormente ya los hubiera derogado abriendo una discusión ante las comunidades educativas en la perspectiva de una orientación diferente. De momento, el gobierno ha presentado ante el Congreso una propuesta de ley Estatutaria de la Educación y ha diferido la presentación del proyecto reformatorio de la Ley 30, cuyo borrador anterior incluía las pautas OCDE. Todo parece indicar que pocas cosas cambiarán cuando llegue la hora de presentar la propuesta. Mientras tanto la inercia del pasado continúa determinando el accionar gubernamental también en el tema educativo.

 La eliminación del respaldo en oro a la emisión de dólares ha terminado por producir una expansión inusitada de capital ficticio que puede confirmarse en términos monetarios por la depreciación de esta moneda con relación al oro. El portal GoldSwitzerland que expresa los análisis de la división de inversión de la reconocida empresa Matterhorn Asset Management, especializada en inversión en metales preciosos reconoce, que en el lapso 1971-2001, el dólar se ha depreciado en un 98 %. La desregulación de capitales terminó por crear el mercado internacional de divisas, el mayor mercado financiero del mundo “Aglutina un volumen medio diario negociado en torno a los 5 billones de dólares…”. https://www.bbva.com/es/mercado-divisas-que-es-como-funciona/ 

 Cuando la Fed empezó a proveer de liquidez a Wall Street, los bancos que se aprovecharon de ello con más avidez eran todos europeos. (…) Si medimos la ayuda concedida en la fase crítica de liquidez, a través del volumen total de los créditos concedidos y devueltos, la actividad de las permutas financieras entre 2007 y 2010 supera los 10 billones de dólares. Bernanke presidió una acción de estabilización internacional (y específicamente transatlántica) mucho mayor que el Plan Marshall…” Adan Tooze, “Un pánico más”, en New Left Review No 97, https://newleftreview.es/issues/97/articles/adam-tooze-un-panico-mas.pdf 

  Orgaz, C. “Por qué en 2020 se crearon más dólares que nunca (y qué consecuencias tendrá para las economías de América Latina)”. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias- america-latina-55315553

   Dylan Relay y Robert Bremmer, en “Siete tesis sobre la política estadounidense” anotan al respecto, “un gasto estatal masivo dirigido directamente a la industria privada, con efectos de goteo para la población en general: la legislación de medicamentos recetados de Bush, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de Obama, la Ley de Cuidados de Trump, el Plan de Rescate Estadounidense de Biden, las Leyes de Infraestructura y chips y la Ley de Reducción de la Inflación. Todos estos mecanismos de extracción de excedentes son abierta y obviamente políticos. Permiten retornos, no sobre la base de inversiones en planta, equipo, mano de obra e insumos para producir valores de uso, sino sobre la base de inversiones en política”, https://newleftreview.org/issues/ii138/articles/dylan-riley-robert-brenner-seven-theses-on-american-politics

5  Lo reconoce el FMI “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”. Igualmente, el Economic Policy Institute, reconoce que “estos márgenes pasaron del 12 % al 17 % después del COVID, y atribuye tal incremento al poder de mercado de las grandes corporaciones. Como consecuencia, mientras en el pasado la contribución de las ganancias empresariales a explicar el alza de los precios había sido tan baja como del 11 %, en el actual ciclo inflacionario llegó hasta el 53 % el año pasado…”. Mauricio Cabrera, Portafolio, /inflacion-y-ganancias-empresariales-opinion-589572 

6  Particularmente la denominada “inflación subyacente”, o sea, aquella que calcula el aumento de los precios descontando los precios de la energía y los de los alimentos no elaborados. 

7   La cual representa la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA), y constituye el “principal instrumento de intervención de política monetaria”, con que cuenta el emisor. Marca un piso en la definición de la DTF, la tasa de interés variable calculada con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas para la captación a noventa días por los intermediarios financieros. Debe recordarse que desde 1992 fueron eliminadas las tasas de fomento lo que afecta a la mayoría de la población.

8   El compromiso del gobierno Petro de acabar con el déficit del Fondo de Precios de Combustibles arrastra consecuencias en el conjunto de la economía, y principalmente en el sector del transporte. A datos estadísticos de septiembre de 2023, “Para el Dane, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (42,90 %), compra y cambio de aceite (18,67 %) y vehículo particular nuevo o usado (16,78 %) …”. Portafolio, https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-colombia-alza-de-la-gasolina-sigue-jalonando-precios-588678 

9  Jorge Iván González, “Deuda Desbordada” https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/deuda-desbordada-3663219 

10  Jorge Iván González, “Alarma para el 2025”, https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/alarma-para-2025-3754724

11  Resolución 2845 (XXVI) de 1971 de Naciones Unidas, https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/333/23/PDF/NR033323.pdf?OpenElement 

12  Javier Henao. La Modernización del Estado Colombiano. Análisis de los Decretos sobre Reforma del Estado expedidos por el gobierno nacional en diciembre de 1992”, https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/332392 

13  Lo que hizo parte de una tendencia internacional, por cuanto la reducción de presupuestos en el sector debió enfrentarse al aumento de la demanda, “ un área donde los poderes públicos tienen cada vez más dificultades para satisfacerla demanda: entre 19, 85 y 1992, el número de estudiantes universitarios pasó de 58.6 millones, a 73.7 millones –un alza del 26 %– pero el gasto público en educación tendió a estancarse en torno al 5 % o 6  % del PIB, en los países desarrollados y cerca del 4 % o menos, en otros países…”. Giovanny Fernando Benavides, “Mercantilización de la Educación y Comercio Internacional”, https://core.ac.uk/download/pdf/268203545.pdf 

14  “Al Tablero” “La Gestión Educativa es la vía al mejoramiento de la Educación” https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html 

15  Giovanny Fernando Benavides, Ibidem. Los datos son de agosto del 2011.

16  Mauro Rafael Jarquín “Empresarios y educación en el México mundializado: el momento de la ciudadanía corporativa y la nueva derecha”, Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (Opción Ciencia Política), UNAM, México, 2018.

17  Ricardo Petrella, “La educación víctima de cinco trampas”, Revista Iberoamericana de Educación, https://rieoei.org/historico/jano/opinion03.htm . Este tema de la “formación para toda la vida” ha sido ratificado por Naciones Unidas como parte de uno de los objetivos del milenio “Reafirmar que el principio rector para alcanzar el ODS 4 (objetivos del Milenio) es el aprendizaje de por vida, que abarca el aprendizaje formal, no formal e informal. Adoptar plataformas de IA y análisis de aprendizaje basados en datos como tecnologías clave en la construcción de sistemas integrados de aprendizaje permanente que permitan aprender en cualquier momento, en cualquier lugar y potencialmente para cualquier persona, con respeto a agencia de los estudiantes…” 

18  Mauro Rafael Jarquín, ibidem.

19  En el discurso que el entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas realizó ante la OCDE cuando fue oficializado el ingreso del país reconoció que para ese gobierno era un asunto estratégico “Nos hemos embarcado en dos proyectos independientes y estrategias ambiciosas. La paz a nivel interno y el ingreso a la OCDE, internacionalmente. Estas dos estrategias se complementan. Convergen, tanto en su momento y su alcance: permitir que Colombia se convierta en un país más rico, una nación más próspera…” Mauricio Cárdenas, Discurso de Ingreso a la OCDE, 2018.

20 Sobre el tema ver, Daniel Libreros C y Brayan Camilo Rojas, “¿Sólo buenas prácticas?: intereses de la OCDE en Colombia para otorgarle la membresía “, por publicar. 

21 https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html#:~:text=El%20art%C3%ADculo%20194%20de%20la,de%20conocimientos%2C%20destrezas%20y%20aptitudes%2C

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El diseño de un cerco institucional a la movilización social pospandemia

Por: Daniel Libreros 

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de c

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de casos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

“Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista Semana, 6 de Agosto, en https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493). ↩
Declaraciones de Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El Tiempo”,23 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100. ↩
Los obispos católicos de la Amazonía enviaron un mensaje de alerta desde cuando aparecieron los primeros brotes de la pandemia haciendo alusión a un posible etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”, declararon, llamado, al mismo tiempo, al gobierno a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana. “Si siguen los contagios llegaríamos a un etnocidio” El Espectador, 2 de Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/ Debe tenerse en cuenta que una situación similar se presenta en Iquitos-Perú y en Manaos-Brasil, poblaciones fronterizas. ↩
Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid ↩
En los inicios de Julio la Contraloría General de la Nación realizó una encuesta sobre la situación de este personal en todo el país durante la pandemia. Los resultados fueron elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..) Un dato alarmante de la encuesta de la es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”, “El Tiempo”, 4 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272. ↩
Roberto Sánchez Torres y Sergio Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” , Mayo 11 del 2020, en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/, Insistiendo en el dato de la pobreza extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. ↩
Es el caso de los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército en el Caquetá en agosto del año pasado que costaron la muerte de 18 niños. “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”, https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx. ↩
“Indepaz”, informe de agosto 5 del 2020, en http://www.indepaz.org.co/category/informes/. ↩
En el 90% de los casos no existe decisión judicial en “Cuáles son los Patrones-Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo “ elaborado por “Somos Defensores, CINEP, Universidad Nacional de Colombia, “Comisión Colombiana de Juristas” y el portal “Verdad Abierta”, Octubre del 2018, en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf. ↩
La disculpa de la Cancillería colombiana en este asunto raya en el cinismo , “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a propósito de las discusiones en Naciones Unidas en las que el binomio Netanyahu/Trump ha quedado aislado . “El silencio de Colombia ante la anexión ilegal israelí de territorios palestinos”, en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396. ↩
Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL. ↩
Hasta el propio Salvatore Mancuso, en declaraciones hechas desde las cárceles de Estados Unidos cuando reconoció su responsabilidad en esta masacre perpetrada por 200 paramilitares asociados con militares de la IV Brigada aceptó, igualmente, la responsabilidad política de Uribe Vélez en la misma. ↩
Es posible una coalición de centro izquierda para las presidenciales del 2022”, El Espectador, 4 de Julio del 2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/. ↩
Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104. ↩
El propio Juan Manuel Santos ha declarado en varias oportunidades que “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” ↩
“Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”, 27 de Julio del 2020, https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/. ↩

asos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

  1. “Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista  Semana,  6  de  Agosto,  en  https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493)
  2. Declaraciones  de  Carolina  Corcho,  Vicepresidenta  de  la Federación  Médica  de  Colombia  “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El  Tiempo”,23  de  Julio   del  2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100
  3. Los  obispos  católicos de  la  Amazonía enviaron  un mensaje  de  alerta desde  cuando aparecieron  los  primeros  brotes  de  la  pandemia  haciendo  alusión a un  posible  etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”,  declararon,  llamado,  al  mismo  tiempo, al  gobierno  a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana.  “Si  siguen  los  contagios  llegaríamos  a  un  etnocidio” El Espectador, 2  de  Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/  Debe  tenerse  en  cuenta  que  una  situación  similar se  presenta  en Iquitos-Perú  y  en Manaos-Brasil,  poblaciones  fronterizas. 
  4. Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid 
  5. En  los  inicios    de  Julio   la  Contraloría    General  de  la Nación  realizó  una  encuesta    sobre  la  situación     de   este  personal  en  todo   el  país  durante  la  pandemia. Los  resultados  fueron  elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..)  Un dato alarmante de la encuesta de la  es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad.  “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”,  “El  Tiempo”,  4  de  Julio  del  2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272
  6. Roberto  Sánchez  Torres  y  Sergio  Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” ,  Mayo 11 del  2020,  en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/,  Insistiendo  en  el  dato  de  la  pobreza  extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. 
  7. Es  el  caso  de  los  bombardeos   indiscriminados    realizados  por  el  ejército  en  el  Caquetá    en  agosto  del  año  pasado  que  costaron  la  muerte  de  18  niños.  “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”,   https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx
  8. “Indepaz”, informe de agosto  5  del  2020,  en http://www.indepaz.org.co/category/informes/
  9. En  el  90%  de  los  casos no existe decisión  judicial  en  “Cuáles  son  los  Patrones-Asesinatos  de  líderes  sociales  en  el  post-acuerdo “  elaborado por “Somos  Defensores, CINEP,  Universidad  Nacional  de  Colombia,  “Comisión  Colombiana  de  Juristas”  y  el  portal  “Verdad  Abierta”, Octubre  del 2018,  en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf
  10. La  disculpa de  la  Cancillería  colombiana  en  este  asunto  raya  en  el  cinismo ,  “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a  propósito  de las  discusiones en  Naciones  Unidas  en las  que  el  binomio  Netanyahu/Trump ha  quedado  aislado . “El  silencio  de  Colombia ante  la  anexión  ilegal  israelí de  territorios  palestinos”,  en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396
  11. Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL
  12. Hasta  el  propio  Salvatore  Mancuso, en  declaraciones hechas desde  las  cárceles de Estados  Unidos  cuando  reconoció  su  responsabilidad  en  esta  masacre perpetrada  por  200 paramilitares  asociados con militares de la IV Brigada  aceptó, igualmente,  la  responsabilidad  política  de  Uribe  Vélez en la misma. 
  13. Es  posible  una  coalición de  centro izquierda para  las  presidenciales  del  2022”,  El  Espectador, 4 de Julio  del  2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/
  14. Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104
  15. El propio Juan Manuel Santos ha  declarado en  varias  oportunidades que  “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” 
  16. “Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”,  27 de  Julio del 2020,  https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/

 

*Fuente: https://vientosur.info/el-diseno-de-un-cerco-institucional-a-la-movilizacion-social-pospandemia/

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GLOBALIZACIÓN EDUCATIVA Y PLAN DE DESARROLLO

Daniel Libreros Caicedo

Profesor Universidad Pedagógica Nacional

 

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  1. Ajuste fiscal y gestión educativa:

 

La Globalización fue el resultado de un proceso de concentración de la riqueza por parte de los grupos financieros transnacionales[1] que llevó al desplazamiento de la toma de decisiones públicas de los Estados nacionales hacia los organismos multilaterales (caso OMC, BM, FMI, acuerdos regionales de integración y demás) controlados de manera corporativa por estos grupos[2]. Esto significó la privatización a escala internacional de la política y el derecho, fenómeno que aparece en las declaraciones de los neoliberales como un triunfo del mercado sobre el Estado, como una exigencia al cambio del papel tradicional de los Estados nacionales para que abandonen la intervención económica, las áreas y bienes estatales, la responsabilidad sobre los derechos colectivos y se limite al control social bien sea por la vía de la represión directa o por la búsqueda de nuevos consensos ciudadanos.

 

La reducción de los presupuestos públicos es consecuencia de esta privatización[3] pero, en Latinoamérica esta reducción, adicionalmente, hace parte de las políticas de ajuste que desde mediados de la década de los ochenta ha diseñado el FMI como garantía del pago de los endeudamientos externos[4].

Esta reducción del gasto público se acompaña de una modificación en la ejecución de las políticas públicas y de las políticas sociales basada en criterios y métodos mercantiles; es lo que explica el surgimiento de la gerencia estatal dentro de la administración pública, la cual a su vez, toma los métodos de la gerencia privada (asociados al post-fordismo, a las modificaciones empresariales en la regulación del trabajo). La gerencia de servicios, o gerencia social, propone una revisión de los procedimientos organizativos-institucionales (“reingeniería institucional”) para optimizar tiempos y recursos. De esta manera se produce un desplazamiento intencional en las discusiones públicas a propósito de los servicios: el problema ya no es de escasez de recursos fiscales sino de ausencia de gestión. Ello permite dar otro paso hacia adelante proponiendo un pacto-participativo entre sociedad y Estado para garantizar la “gestión eficiente” de los recursos públicos. En este pacto todos aquellos que se encuentren interesados en la prestación de un servicio deben aceptarla planificación y ejecución del mismo conforme a criterios de eficiencia y eficacia; así, los hospitales y las escuelas deben funcionar como si fueran fábricas.

 

Las reformas educativas han sido determinadas por estas exigencias. Los organismos internacionales empezaron a exigir la gerencia educativa cuando constataron a mediados de los años setenta que la urbanización que había empezado en la región cuatro décadas atrás produjo un aumento de las necesidades formativas de la población al tiempo que se iniciaban las políticas de ajuste fiscal. Entonces, se generalizó el mensaje de aumentar coberturas con menores recursos.[5]

 

En el aparte introductorio del plan de desarrollo de Pastrana se incluyen todos estos elementos: después de reconocer el fracaso económico, incluso con estadísticas, en lo que va corrido de la década se hace la caracterización de que es necesario reducir de manera aún más drástica el gasto público, llevando a fondo la “reingeniería institucional”, “posteriormente los últimos años vieron cómo se trató de re-orientar la acción del Estado para, en vez de homogeneizar y profundizar esas reformas, tratar de enfatizar su contenido social dándoles un sentido más asistencialista. Este esfuerzo de reorientación se concentró sobre la acción del Estado, más que sobre su organización y procedimientos…”[6]

 

La negación del asistencialismo implica reducción de recursos; así el pacto debe basarse en distribución de responsabilidades a la comunidad antes que en asignación de presupuestos, “La participación no será ya alrededor del reparto de unos recursos del gobierno central, sino en torno a la distribución de responsabilidades y a la consolidación de recursos locales para solucionar los problemas de las comunidades…[7] Además, para estabilizar este tipo de participación se requiere recuperar la legitimidad institucional y nuevos consensos ciudadanos. El proceso de paz aparece entonces para los voceros gubernamentales como el escenario en el que se deben conseguir estas metas; la paz se convierte en una necesidad imperiosa para estabilizar las políticas de ajuste, para que la sociedad produzca “capital social”[8].

No es causal, entonces, que la primera estrategia propuesta en el aparte de política educativa del plan sea la de optimizar la gestión del servicio organizándolo a la manera de un sistema basado en sinergias. “El desarrollo de los sistemas está relacionado con el fortalecimiento institucional y de la gestión del sector educativo y su consolidación favorece el desempeño y los resultados de los programas motores…”[9]. La vertebra de este sistema deberá ser el “nuevo colegio”, la institución educativa que gestionará de manera autónoma el presupuesto, el personal docente y administrativo. Para conseguir este objetivo se requiere:

 

  • Acabar con la vinculación laboral-territorial de los docentes para que en el futuro sean contratados directamente por los colegios consultando las capacidades económicas de los mismos. El plan repite el argumento de la Comisión de Racionalización del Gatos Público – 1997 (“Comisión Rosas”) sobre las supuestas bondades de la autonomía total de las escuelas para que estas racionalicen sus gastos mediante la técnica de la “contabilidad de costos”. El actual intento del Ministerio de Educación por imponer los retiros indemnizados, la evaluación-retiro y los traslados inconsultos hacen parte de una estrategia de mediano plazo. No se trata tan solo de “racionalizar plantas” y de reducir a la mitad el situado fiscal (proyecto de ley 07 de 1998), lo cual ya sería bastante perjudicial para los docentes, se trata de programar el desmonte paulatino de las nóminas territoriales para confinar a los futuros docentes a la contratación-año en los colegios, de manera similar a lo que ocurre en el sector privado y liquidando de paso el derecho a la negociación colectiva.

 

  • Transformar los mecanismo de asignación del gasto educativo generalizando el “subsidio a la demanda”, o pago estatal por matricula-alumno. Esto permite “mercantilizar” la educación pública. El estudiante que recibe dicho subsidio demandará en el servicio completando las matrículas de los que no cuentan con este aporte[10], lo cual, a su vez, es la otra cara de la moneda del desmonte de la obligación estatal de cubrir los costos históricos indexados –año en los planteles oficiales. De esta manera, se invierten las responsabilidades; ahora, el colegio es el que debe lograr su autofinanciamiento, ajustándose a los costos “per cápita” que le determinen los organismos técnicos del Estado, costos definidos conforme a los indicadores cuánticos de gestión empresarial y, además, competir por atraer el número de alumnos necesarios para el efecto. La participación de la comunidad educativa quedará atrapada en esta lógica; la comunidad sumirá parte de los gastos en las “empresas educativas”, construcción de infraestructuras, cafeterías, transporte y demás (los Fondos de Servicios Docentes ya abrieron esta posibilidad). Los PEI se convertirán en un mecanismo de presión, mucho más fuerte de lo que es ahora, hacia las comunidades educativas para que se involucren en gestionar escuelas de escasos recursos.

 

  1. Ajuste fiscal y descentralización:

 

La descentralización ha sido una de las piezas claves en el engranaje de la reforma neoliberal del Estado. Acompaña la reestructuración espacial del capital, el cual puede realizar inversiones flexibles, obligando a la competencia inter-regional; persigue una nueva espacialidad que abre mayores posibilidades a la utilización “eficiente” de los recursos y a una participación obligada a obtener “capital social”. Facilita la legitimación de las instituciones y los consensos ciudadanos participativos bajo el supuesto ideológico simple de que descentralización equivale a democratización local, como si la democracia dependiera de procedimientos institucionales que conservan el carácter elitista en la toma de decisiones[11]. Porque la descentralización acompaña un proceso centralizador tecnocrático en la definición de políticas públicas[12] se trata en lo fundamental de una descentralización en la ejecución de los servicios, funcional a orientaciones técnicas estatales impuestas por la regulación privada transnacional.

 

La descentralización fiscal es otro de los componentes de los planes de ajuste, permite la reducción de los presupuestos del gobierno central al transferir responsabilidades a los entes territoriales, aumentando la tributación local: la descentralización administrativa se concibe, igualmente, bajo los parámetros de la gestión estratégica apoyada en sistema de planeación, información y evaluación territorial; la descentralización política procura una participación condicionada por la “mercantilización social”. Con diversas variables, dadas las tradiciones históricas desiguales en la relación centro-región, la estrategia de la descentralización vine implementándose de manera generalizada, durante las últimas décadas en Latinoamérica y las reformas educativas hacen parte de estas transformaciones políticas y económicas[13].

 

El plan de desarrollo de Pastrana propone un reordenamiento presupuestal en los territorios, para que éstos aporten mayores recursos, en la perspectiva de la reducción del déficit fiscal, “la descentralización separó las decisiones sobre el gasto de aquellas que atañen a los impuestos. Tanto más, en la medida en que los municipios aumentaron sus ingresos por participantes en los ingresos centrales sin haberse visto en la necesidad de aumentar sus impuestos locales, Los niveles subnacionales, en estos casos, tienden a sobregirarse, confiando en obtener más recursos del nivel central. El fortalecimiento de los intereses regionales lleva también por esta vía a que sus representantes en el nivel central estén siempre al acecho de cada vez más recursos comunes…”[14] Termina este aparte del plan planteando un reordenamiento de los entes territoriales por provincias y regiones (el cual ya había sido anunciado en la constitución de 1991), superando su carácter de simples unidades político-administrativas. Esta autonomía que, de paso, garantice autonomía en el gasto público. La fórmula incluye una transición, la redistribución de las actuales transferencias, quitándole, desde ya, a los departamentos con mayor capacidad económica el derecho a obtenerlas, lo cual los obligará a asociarse con regiones.

 

En el aparte educativo del plan, los autores recuerdan que el sistema educativo es descentralizado y que por consiguiente el mejoramientode la gestión educativa pasa por la conformación de sistemas locales del servicio. Añaden que se requiere una redefinición de competencias en el sector de manera análoga a la de la descentralización en general y en el punto de financiación se dice textualmente. “Se adoptará como principal estrategia la reforma del esquema actual de asignación de recursos (ley 60 de 1993) con base en los criterios de evaluación por resultado, la adopción de estándares técnicos, la introducción de incentivos a la eficiencia y la población atendida y por atender como mecanismo de regulación que será administrado por los departamentos, ejecutado por los municipios y monitoreado y evaluado por el nivel nacional mediante el sistema de información de la gestión educativa…”[15].

 

Esto significa la institucionalización del circuito financiero de las transferencias basado en el subsidio a la demanda y organizado a la manera sistémica-empresarial. Territorios y colegios coordinados como unidades-sinergia que asociadas con la comunidad producen “capital social”, confinados a estabilizar demandas para que funcione el “mercado educativo”. La privatización de la educación como política pública generalizada; privatización que diluye la frontera convencional entre áreas estatales y áreas privadas.

 

La educación atrapada en una nueva forma de acumulación de capital que extendió sus tentáculos al área de los bienes públicos y que convirtió los métodos de administración empresarial en normas de funcionamiento social. La racionalización de las plantas y la evaluación de los docentes se requieren para poner en funcionamiento el “sistema empresarial educativo”. La evaluación sintetiza el propósito gerencial, obtener resultados proyectados conforme a indicadores costo-beneficio. Esto determinaría la actividad del docente. Como la pragmática del mercadeo condena a un terreno secundario la historia, la discusión epistemológica, la recreación artística y los propósitos colectivos, el universo del maestro quedaría reducido al de aplicar procedimientos que lleven a los alumnos a conseguir logros definidos por la gestión educativa, realizando evaluaciones año bajo esos parámetros. Pragmática del mercadeo que intenta proyectarse al aula para reducir a la pedagogía a una técnica-instrumental y conductista que adecue a los estudiantes a la racionalidad de la eficiencia. A esta “concepción neoliberal del mundo” solo se le puede responder con un proyecto alternativo de educación pública que les muestre a las comunidades educativas una opción que recupere el humanismo, la solidaridad, el arte y una dimensión plena de la vida. La recuperación, propuesta por FECODE, del movimiento pedagógico puede encontrar en esta perspectiva grandes posibilidades de interlocución con las comunidades educativas.

 

[1]El grupo financiero es una organización capitalista a gran escala que incluye empresas, negocio de distribución comercial y negocio de crédito; el universo del capital, en la actualidad se vértebra en torno a grupos multinacionales. Según la revista Fortune 500 multinacionales han incrementado su participación proporcional en el PIB mundial del 17% a mediados de los años 60, al 24% en 1982, y a más del 30% en 1995. Fortune – Agosto 5 de 1996. La cita, a su vez, está tomada del artículo de Frédéric Clairmont intitulado. Ces deux cents sociétes qui controlent le monde, publicado en la edición mensual de “Le Monde Diplomatique”, Abril de 1997.

[2]El nuevo derecho asociado a la globalización se viene produciendo en esos organismos de regulación transnacional. A manera de ejemplo, el “Tratado de Libre Comercio entre USA, Canadá y México incluye cláusulas que garantizan una jurisdicción internacional de protección a la inversión de las multinacionales, obligando a que los Estados las indemnicen cuando haya “perjuicios” causados por huelgas, desórdenes sociales o cambios en las reglas de juego de los gobiernos. Otro ejemplo, en el plano interno, la presión del actual gobierno de Pastrana por acabar con el artículo constitucional que posibilita la expropiación sin indemnización, en casos excepcionales, es parte de sus compromisos para poder ingresar en los pactos regionales tipo ALCA.

[3] Esta reducción fiscal fue presentada, desde el momento en que se inicia el ataque del thatcherismo y el reaganismo en contra del anterior Estado de Bienestar, como una discusión técnica-económica. El argumentogiraba entre la necesidad de políticas de estabilidad macroeconómica anti-inflacionarias y un supuesto beneficio al ahorro privado que a su vez incentivaba la inversión.

[4]En la actual coyuntura el tema de la deuda ha recobrado particular importancia. La devaluación que se viene generalizado en el continente como producto de la devaluación brasileña, el 53% de la economía regional, viene produciendo un aumento a escala de las deudas externas públicas de tal magnitud que asfixia el gasto público. En el caso colombiano, esta (sumando la de corto y largo plazo) ya llega a $17,5 billones: una devaluación de 10 puntos incrementaría la deuda pública externa en $1,7 billones. Debe tenerse en cuenta que el propio gobierno ha anunciado recientemente una devaluación de 25%, para lo que queda del año en curso, proyección que a nuestro entender se queda corta dada la magnitud de la crisis económica internacional. De llegar a cumplirse el pronóstico presidencial el incremento de la deuda pública, por ese solo concepto, sería de $5,1 billones. Además, el FMI, tal y como lo hizo en la década del ochenta, presionará a los gobiernos para que asuman parte del endeudamiento privado ($18 billones entre deuda de corto y largo plazo) por diversos mecanismos (diferencial cambiario, operaciones de salvamento, compra de títulos-deuda, etc.). Luis Guillermo Vélez, presidente de la Comisión económica del Senado, ya se pronunció a favor de la reestructuración del 50%de la deuda privada. Ver entrevista, “El Espectador”, sección salmón, pág. 4-B. Abril 4 de 1999. La consigna del no pago de la deuda externa adquiere un papel de primer orden para los trabajadores y para el conjunto de los sectores populares.

[5] En el caso de la educación superior, las estadísticas constatan que en América Latina para el periodo 1975-1985, las matriculas en educación superior crecieron en un 370% mientras que el gasto público del sector lo hizo un 210%. De esta manera el gasto público por estudiante cayó en 34%; datos tomados de ALBRECHT, D. Y ZIDERMAN, A. “Funding Mechanisms for Higher Education”. Banco Mundial, 1996.

[6]Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 – “cambio para construir la paz” publicado por el D.N.P. Bogotá – 1999, pág. 6.

[7]Ibíd., pág. 29.

[8]Citan la definición de Stiglitz, uno de los voceros más importantes del B.M. durante los últimos años sobre el tema “el pegamento que produce cohesión entre y al interior de los grupos” Ibíd., pág. 27. Debe tenerse en cuenta lo que implica esta definición, el reconocimiento de que hemos llegado al punto en que la producción de capital ha salido de las empresas hacia el conjunto de la sociedad obligándola a cubrir gastos que antes salían del bolsillo de los capitalistas.

[9]Ibíd., pág. 208.

[10]La mercantilización de los servicios educativos y de los servicios públicos en general es presentado por los técnicos neoliberales como el nuevo paradigma en la ejecución de los mismos. (ver “Informas Wiesner-Bird. D.N.P. Bogotá, 1991; “La Efectividad de las Políticas Públicas en Colombia”, Eduardo Wiesner, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1998). Esta forma de concebir la política social obedece igualmente a la privatización transnacional anotada en un principio. El papel del Estadodebe ser el de garantizar que el “mercado social” funcione, incluso en los niveles del SISBEN, se focaliza el gasto para que los pobres accedan al mercado. El Estado perdió la definición de la política social quedando reducido al papel secundario de manejar las limitaciones del “mercado de los bienes públicos”.

[11]La prueba de que la descentralización obedece a razones técnicas del funcionamiento del capital y no a un propósito democratizador está en el caso chileno Pinochet, en el periodo inicial de la dictadura fue el precursor del modelo descentralizador en América Latina.

[12]El caso colombiano sirve para ejemplificar esta tendencia política generalizada en la región. Así, mientras en el año 1986 se expidieron las normas sobre la descentralización fiscal, administrativa y políticas, tres años después se modificó la legislación presupuestal oficializándose un control técnico del Ministerio de Hacienda y del D.N.P. sobre el conjunto de las políticas sectoriales (CONPES) y sobre la ejecución del gasto público (CONFIS). La constitución del 91, al crear una tecnocracia de la moneda por fuera de las ramas del poder público, con la reforma de la Banca Central, culminará este ciclo de modificaciones tecnocráticas.

[13]La concepción de servicio asociada a la gestión educativa obliga a una articulación con las políticas descentralizadoras, pero, además, la descentralización educativa acompaña los cambios regionales hacia competitividad. Los curriculum flexible hacen parte del fraccionamiento regional competitivo que la globalización impone mediante la focalización de la inversión.

[14]“Plan Nacional de Desarrollo”, OpCit, pág. 23

[15] Ibíd. Pág. 215

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