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La propuesta de Nuño: Una medida para el entrenamiento de autómatas en la educación

El sistema meritocrático de profesionalización y formación docente que en México se llamó Carrera Magisterial, surgió al interior del Banco Mundial para formar un sector del magisterio que abanderara los principios de la educación empresarial contenidos en la Reforma Educativa de 1993. Así se creó un ejército de docentes encargado de llevar hasta el seno de cada aula escolar la concepción mercantilista de la educación, mismo que se presentó ante la sociedad por el SNTE, la SEP y los empresarios nacionales e internacionales, como el perfil del maestro “ejemplar”.

Dicho maestro se avocó a desarrollar su tarea dentro del salón de clase; siguió al pie de la letra los programas oficiales; el calendario escolar de 200 días, evitando cualquier suspensión; se preparó en los cursos de formación continua para dar seguimiento a la Reforma Educativa; se comprometió a la aplicación de pruebas estandarizadas nacionales como ENLACE, promovida por Mexicanos Primero, e internacionales como PISA, diseñada por la OCDE, a fin de medir los aprendizajes de sus alumnos, pero vinculadas a su propio desempeño; además, se sometió a constantes exámenes para escalar en la profesionalización y mejora salarial.

Por otro lado, los maestros de la CNTE se negaron a reconocer y participar de Carrera Magisterial, por considerarlo un programa que generaba la individualización de la relación laboral y la atomización del contrato colectivo; promovía la competencia entre pares, rompiendo con los principios de cooperación y solidaridad entre los trabajadores; atentaba contra el derecho constitucional que reconocía “un salario igual para un trabajo igual”; veía en él una salida personal y selectiva, que violaba el derecho social a obtener un salario digno para todos; y porque que no contribuía a mejorar la educación en su conjunto.

Después de dos décadas, los empresarios de Mexicanos Primero, la SEP y la Auditoría Superior de la Federación, dan la razón a la CNTE; sus investigaciones muestran que 8 de cada 10 maestros que estuvieron al frente de alumnos con resultados insuficientes en el examen PISA, estaban en Carrera Magisterial y quienes se encontraban en los niveles más altos de este mismo programa, fueron profesores de alumnos con resultados inferiores en la prueba ENLACE.

Esta tendencia da cuenta, no sólo del fracaso de Carrera Magisterial, sino de una política exógena, diseñada fuera de las instituciones públicas, en las esferas de organismos económicos; hecha al margen de los actores internos de la educación. No obstante, se repite una y otra vez el mismo error, desoyendo las voces críticas, dando continuidad a lo que los empresarios proponen, y cada vez que lo hacen, la autoridad educativa mexicana presenta sus recomendaciones como si fuese algo novedoso, borrando la matriz del fracaso.

Así sucedió con la “Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior”, que recién se dio a conocer para responder a las necesidades formativas arrojadas por los primeros resultados de la evaluación del desempeño, la cual nació con el pecado original. Días previos, Mexicanos Primero, ya tenía todo resuelto en “Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México”, documento fechado en febrero de 2016, pero elaborado meses antes.

En estos dos textos y uno más elaborado por el INEE, se desglosa la estrategia que la SEP y Mexicanos Primero implementarán a partir del próximo 15 de abril. Pretenden seguir formando un ejército de autómatas que lleve a cabo los principios añejos y nuevos de la educación empresarial: la medición estandarizada de los aprendizajes, la meritocracia como profesionalización docente, la privatización de la escuela desde la gestión escolar, las competencias básicas para satisfacer las demandas del mercado laboral y la “inclusión” como nueva modalidad para desentenderse de los alumnos con necesidades especiales.

La “nueva” estrategia de formación, al igual que el extinto y fracasado programa de Carrera Magisterial, vincula los “buenos” resultados con la mejora personal del salario, salvo que ahora se retoma la vieja fórmula de la más atrasada psicología conductista que surgió en los experimentos hechos con roedores: el “estímulo respuesta”; de modo que los “malos” resultados recurrentes, derivarán en la separación de la función docente como castigo.

No nos tomará por sorpresa entonces que los docentes repitan los mismos vicios de Carrera Magisterial. Su propósito principal no será la formación para mejorar su práctica pedagógica ni los aprendizajes de los alumnos, mucho menos intervenir positivamente en el entorno escolar; su preocupación fundamental será evitar el despido y/o incrementar sus ingresos personales.

Aunque Mexicanos Primero y el INEE intentan distanciarse teóricamente de la capacitación al estilo mecanicista, proponiendo conceptos como “Aprendizaje profesional docente” que se refiere a procesos formativos más interactivos en la reflexión, la investigación y experimentación entre las prácticas pedagógicas y los aprendizajes de los alumnos y “formación in situ”, entendida como las experiencias que surgen desde las propuestas y necesidades reales de los mismos docentes; la verdad es que tales conceptos no logran trascender el mero discurso.

Se presenta una estrategia (producto de una ley impuesta y sin consenso entre el magisterio), diseñada unilateralmente y al margen de la consulta de los implicados; no es opcional sino obligatoria, por consecuencia se vuelve estresante; no surge de la autogestión de los maestros ni de alguna de las muchas experiencias de autoformación para solventar sus realidades cotidianas en el terreno pedagógico, didáctico y del contexto escolar; no es por tanto una propuesta endógena y de interés colectivo, es más bien vertical, acrítica, creada para el entrenamiento y la capacitación técnica, de corte empresarial.

Una estrategia es de fondo, se propone horizontes de largo plazo, pero esta medida no es estratégica, porque sus objetivos son mediatos, de corte instrumentalista, de aprendizajes operativos y de poco razonamiento: cursos para elaborar y subir evidencias; para seguir los manuales de la “Ruta de mejora escolar”; para el vaciamiento de contenidos preestablecidos en los libros de texto, en un cronograma temporal, al que llaman planeación pedagógica; o para el manejo de herramientas tecnológicas, cuya pobreza curricular acumulada en horas y módulos, harán una maestría.

El “traje a la medida” de Aurelio Nuño, le quedará perfecto al maestro autómata, lineal, acostumbrado a seguir instrucciones; al docente creativo, autónomo, curioso, crítico, de profunda conciencia política y compromiso social, que indaga nuevos materiales y alternativas didácticas, que no se conforma con aprender del texto sino que busca conocer, comprender y transformar el contexto, el traje le quedará demasiado chico.

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El negocio de la formación docente

El corazón de lo que el régimen llamó “reforma educativa” es la evaluación y la profesionalización de los docentes; ni lo uno ni lo otro ha podido llevarse a cabo de manera eficiente, unas veces por la oposición abierta de los profesores y profesoras; otras, por la misma ineficacia de las instituciones gubernamentales responsables, que han convertido su discurso en una simple falacia mediática.

 

Los 361.91 pesos que anualmente se destinan para la formación de cada uno de los docentes de educación básica es una cantidad irrisoria. Obviamente, no es un presupuesto siquiera cercano a lo que se necesita para impulsar la actualización y la preparación demandada por una reforma que ha focalizado la principal responsabilidad del impulso al sistema educativo en el profesorado.

Las cifras son muy dispares para el nivel medio superior, donde el gasto para la formación continua asciende a 10 mil pesos anuales por cada trabajador; esto se ha vuelto un jugoso negocio para la iniciativa privada, porque el sector público ha sido desplazado paulatinamente como responsable del diseño y operación de los cursos para el magisterio.

La canalización de recursos públicos a través de contratos preferenciales para favorecer a los sectores empresariales allegados al partido y grupo en el poder ha sido un mecanismo recurrente por el gobierno de Enrique Peña Nieto que raya en la corrupción, de suerte que las plataformas virtuales y paquetes de formación docente son comprados en altos costos a empresas– como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey– que no sólo aparecen en el catálogo nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de instituciones con las que se pueden realizar estos contratos, sino que también están entre los principales promotores de la supuesta “filantropía” pregonada por Mexicanos Primero.

En consecuencia, los llamados Centros de Maestros, que debieran asumir la responsabilidad de la formación continua del magisterio, están siendo abandonados por esta política privatizadora y carecen de elementos básicos para su funcionamiento. Las informaciones oficiales del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa muestran que alrededor de la mitad de estos Centros no tienen aulas de medios, tampoco cuentan con bibliotecas y los salones son insuficientes.

También son graves las cifras reconocidas por los encargados de la profesionalización docente respecto de quienes atienden en los Centros, cuyos equipos no superan las 10 personas para satisfacer la demanda de 267 escuelas en promedio; sin embargo, los datos oficiales son todavía muy conservadores: en varios casos la realidad es mucho más crítica. Por ejemplo: la ciudad de Morelia atiende varias regiones que juntas hacen un promedio de 15 mil profesores, pero cuenta con tan sólo dos de estos centros.

En el fondo está el desmantelamiento del sistema público, la perspectiva tecnocrática de economía de libre mercado, que pretende quitar de la rectoría del Estado la formación docente, para que las grandes firmas de la educación privada tengan un mercado cautivo que les permita entrar en el negocio de la educación por nuevas honduras.

Detrás de las “pequeñas” escuelas particulares –o patito, como se han denominado coloquialmente– y que crecen al por mayor en todas las ciudades del país están los grandes consorcios de la educación privada, que ya van tomando el control de la formación de profesores, unas veces absorbiendo los presupuestos públicos como antes mencioné pero, en otras ocasiones, ofertando indiscriminadamente cursos que deberán ser pagados por los mismos docentes ante el hostigamiento de prepararse para la evaluación obligatoria y de carácter universal que los amenaza con la separación de su función, aunado a la insuficiencia provocada en los Centros de Maestros para atender la gran demanda que ello implica.

La fabricación a gran escala de cursos y talleres para la formación técnica de los docentes es un hecho que consuma su desprofesionalización, los trayectos cortos y con la menor infraestructura son más baratos y rentables para la escuela maquiladora, pero promueven la “capacitación” en sentido estrecho de los docentes y tienen los peores resultados en el aprendizaje integral de los alumnos.

Aberrantemente el nuevo Servicio Profesional Docente promueve estas iniciativas al no tener entre sus prioridades a considerar para la evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento de los mentores su nivel académico. Significa que aquellos que se hayan decidido por el estudio de posgrados para la investigación o el diseño de propuestas educativas innovadoras, transformadoras y alternativas, serán simplemente ignorados en sus esfuerzos, porque lo realmente funcional para esta reforma son los cursos de administración escolar, los de llenado digital de información de evidencias y los que capaciten para la contestación del examen de opciones múltiples.

En tales circunstancias, el discurso promovido por el actual gobierno mexicano, en tanto que esta reforma eleva la “calidad” educativa y crea, además, las condiciones para garantizar el “derecho” de los y las maestras para mejorar sus conocimientos y su práctica pedagógica se derrumba como una torre de arena en el desierto de las buenas intenciones.

El llamado que hace el gobierno mexicano al cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un exhorto unilateral que lo exime de su propia responsabilidad para crear las condiciones elementales de formación y evaluación de los maestros, lo que fundamenta la sospecha de haber creado dos instrumentos con un mismo objetivo: la muerte de la estabilidad laboral.

La disidencia magisterial no ha sido pasiva frente al desmantelamiento de los espacios públicos de formación continua y la desprofesionalización de su función pedagógica. En diversas entidades de la República se están construyendo espacios alternativos para formar otros perfiles ajenos a las perspectivas empresariales y más cercanos a la formación de los educadores populares, de altos compromisos sociales, comunitarios y éticos con la vida y la diversidad pedagógica y cultural, que se alejan del ascenso personal para asumir proyectos colectivos de transformación social.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Historiador y profesor; miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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Evaluación, control y reproducción social

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Contralinea/Por: Lev Moujahid/ 25-03-2016

El debate científico que durante largos siglos se ha hecho sobre la objetividad de la ciencia alcanza las concepciones que se tienen acerca del tema de la evaluación, quizás porque este sea un tópico de relevancia en la sociedad contemporánea, pero también porque efectivamente los fines y usos que de ella se han hecho obligan a adoptar una posición ética y política frente a lo que está sucediendo en nuestro país.

Desde principios del siglo XX, la Escuela Crítica puso de manifiesto que la racionalidad instrumental es heredera de la visión positivista de la ciencia, la cual navega con bandera de imparcialidad ante un mundo que es consecuencia de la dinámica del capitalismo, hoy en franca crisis de viabilidad porque su mecanismo de “desarrollo” desigual se sustenta en el progreso material y económico, selectivo de muy pocos; su crecimiento se hace sobre la base de la explotación humana y el deterioro de la naturaleza.

Según esta perspectiva, se niega cualquier posibilidad de intervención subjetiva; es decir, de interpretación y comprensión de la realidad desde una visión histórica. El sujeto social que se educa y conoce, no puede ser protagonista de su propia realidad, está incapacitado para revertir, reorientar y transformar el devenir de la sociedad capitalista, que se presenta como la única opción posible.

Pretender que la ideología, la intención política y el sentido orientador de las acciones humanas sean parte de los procesos educativos, atentaría contra los principios de la objetividad científica. La lógica matemática es para la ciencia positivista la forma más sublime de representación del mundo: sólo aquello cuantificable es susceptible de alcanzar la cientificidad, lo válido y rescatable para considerarse conocimiento verdadero.

Al adentrarse al campo de la evaluación permea la misma idea, de tal modo que la medición sustituye incluso a la evaluación; para tal razonamiento se requiere un estándar comparable, un instrumento matemáticamente medible, que arroje números y no propuestas, estadísticas y no soluciones, panoramas y no acciones transformadoras.

La evaluación objetiva hace del instrumento evaluador su mayor carta para alcanzar la verdad casi absoluta, ella debe prescindir del sujeto, de sus intenciones y pasiones, porque contaminan y enturbian lo imparcial, lo vuelven subjetivo, entonces la evaluación positivista, convierte a los actores educativos en entes ajenos a su propio hacer pedagógico.

Los intereses, percepciones, vivencias, intenciones, opiniones y condiciones humanas de los actores educativos, son abruptamente soslayadas por la dictadura de la supuesta imparcialidad de los instrumentos de medición evaluativa a los que se les rinde culto, como si no fuesen creaciones humanas; se trata del imaginario instituyente que ha instalado la única verdad aceptada, la que viene de arriba, verticalmente impuesta por las instituciones que hasta han adoptado su carácter “autónomo” frente a las comunidades educativas y ese sólo adjetivo las purifica de cualquier humanidad corrompida.

De vez en cuando la sumisa academia desliza alguna crítica conservadora, al considerar la evaluación como un acto centrado en el currículo, como si el objetivo superior de la educación fuera aprender contenidos seleccionados a priori por un grupo hegemónico; se olvidan que se educa para la vida, para la democracia, la libertad o la justicia, para hacer de este mundo algo mejor para todos. Es ahí donde radica el carácter estratégico de lo educativo, cada paso en ese sendero constitutivo de un nuevo mundo es el que debe ser valorado, evaluado y visto en prospectiva.

La miopía de la evaluación se ha enclaustrado en las mentes herméticas de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), por tal motivo les parece fundamental que la fuerza creativa y vital de los maestros se suicide para ser capaces de resolver exámenes o, bien, de seguir instrucciones digitalizadas que individualizan la burocratización, controlan y entorpecen el tiempo pedagógico que debe ser socializado con todos los sujetos partícipes de lo educativo.

La evaluación instrumental, de fines puramente pragmáticos y de control social se presenta como un proceso exógeno, que se hace desde fuera de los contextos y de los protagonistas de la educación: cuanto más alejada esté de ellos, será mejor, porque de otro modo empodera, informa, concientiza, organiza y moviliza a estos actores, que no son sólo maestros, también son alumnos y padres de familia; entonces debilitará los mecanismos de sujeción de los grupos hegemónicos.

Esta evaluación está diseñada para fortalecer la gobernanza de una oligarquía a través del miedo constante. La promesa de una educación de fuertes pilares, garante de la movilidad social e impartida por maestros arraigados en añejos imaginarios como el nacionalismo, ahora se fundamenta en la constante incertidumbre. Mientras menos solidez se condense sobre la figura docente, su estabilidad laboral y preparación profesional a través de los procesos evaluativos, mayor es el grado de manipulación que se ejerce sobre la educación y sus principales actores.

La evaluación para el control social la hacen los investigadores del poder, la avalan los hombres de bien, los que entienden que la cultura y la educación son parte de la gran industria del siglo XXI que debe ser privatizada; la aplican y califican técnicos que nada saben de pedagogía, ni de planeación curricular o didáctica y mucho menos conocen el entramado de relaciones que se tejen en la comunidad escolar y su contexto social; pero la padecen, ajenamente a su vida cotidiana, los educadores, los alumnos y los padres de familia, quienes miran danzar cifras y números, como simples espectadores detrás del teatro escolar.

La evaluación crítica no niega el contexto histórico social, por el contrario es parte fundamental para emprender tan compleja tarea educativa, tampoco deslinda al sujeto de la necesidad y su capacidad para pensarse así mismo en la formación de sí como ser humano y su proyecto de vida. La evaluación técnica, instrumental, estandarizada y cuantitativa, de ningún modo puede abstraerse del contexto histórico, la acción y los instrumentos para evaluar son una construcción social cuyos fines pretenden ser ocultados por un sector hegemónico que quiere legitimar su visión dominante, tornándola supuestamente objetiva.

La evaluación, así como el acto educativo y la construcción científica implican una definición frente a la realidad concreta, aun cuando se representen matemáticamente, los fines son construidos predeterminada y deliberadamente por ciertos sujetos que, para nuestro sistema de relaciones de dominación y explotación, no son más que la reproducción del propio orden, es decir, la conservación del estado de cosas.

Una evaluación crítica se pregunta desde los sujetos que somos, desde nuestra geografía y condición social, no puede ser externa, necesariamente es parte de la reflexión sobre lo que consciente y colectivamente se quiere alcanzar a través del acto educativo; la comunidad escolar se autoevalúa por medios horizontales y dialógicos, desde la crítica y la autocrítica. Es por supuesto investigación que propone, transforma y construye nuevas realidades y conocimientos.

La evaluación no puede ser individualista, selectiva, excluyente, clasificadora, punitiva y mucho menos competitiva. Es lectura analítica del pasado, comprensión de la realidad presente que deriva en la toma de conciencia sobre las prospectivas para la proyección utopística de un futuro emancipatorio.

Despedir, intimidar, estresar, denostar, exhibir y clasificar no es evaluar, pero sí son componentes, procesos y resultados de formas de control social, como las que caracterizan a la propuesta regresiva que la SEP se ha empeñado en presentar como evaluación, pero que sólo se ha exhibido como mecanismo de terror educativo.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/13/evaluacion-control-y-reproduccion-social/

Fotografía: contralinea

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