Author: Lev Moujahid Velázquez Barriga

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La Crisis de Autoridad y la Reforma Educativa

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Por: Lev Moujahid

La estrategia gubernamental ante los  los maestros busca detener un levantamiento civil, y al tiempo, trazar una salida pactada al conflicto. La moneda de cambio que ya ofrecen en la Segob a la CNTE es frenar el despido masivo de maestros. Todo sin tocar la reforma educativa. Los profesores tendrán que decidir si aceptan o siguen en una lucha que esta aglutinando a los sectores desposeídos del país.

Lo que se mostró en las pasadas elecciones fue una manifestación de hartazgo, de repudio al partido político en el poder y a la forma en como este ha conducido la nación, a sus políticas antidemocráticas y medidas regresivas de los alcances populares que se habían logrado en los procesos históricos del siglo XX, mismos que constituyeron cierta estabilidad en la vida de los ciudadanos.

La alternancia partidista que la oligarquía mexicana pacto en varias entidades del país, tenia como objetivo canalizar el descontento social hacia la jornada electoral, pero sin poner en riesgo sus intereses, de ahí que se generaran expectativas de cambio, que finalmente favorecieran la alianza entre la misma derecha proneoliberal.

Se trataba de desviar o evitar un posible levantamiento social de alcances nacionales, que atentara contra la viabilidad del proyecto oligárquico impuesto a través de las reformas estructurales, el cual ha puesto en marcha el desmantelamiento de la soberanía económica, energética, territorial, educativa y política de México.

En este ambiente, si bien un sector del magisterio disidente tuvo una participación relevante, incluso colectiva y organizada, en favor de la izquierda progresista que se manifestó por echar abajo la reforma educativa, no agoto en la vía electoral sus posibilidades de lucha contra esta medida: la lógica inherente a los maestros continua desde el terreno político, por la vía no institucional, sino de la movilización social.

Sin embargo, la lucha magisterial agudizó la crisis de hegemonía en el sistema político mexicano, no sólo porque debilitó al partido gobernante o porque ha cimbrado sus principales figuras presidenciales; también evidencio su incapacidad para generar un clima de gobernabilidad en medio de diversos conflictos sociales que ellos mismos dejaron crecer.

Las demandas por la estabilidad laboral que encabeza la CNTE, y que por supuesto son legítimas han visibilizado otras inconformidades que no aparecían en el escenario político; detrás de la respuesta represiva al magisterio se dejan ver los proyectos de privatización, eso avispa a todos los actores educativos y a la misma sociedad civil, unas veces en la manifestación social y otras en formas de solidaridad que garantizan las condiciones de lucha por la defensa de la escuela pública, entonces, junto a las muestras masivas de movilización popular, también hay una red de inconformidad que deposita en los maestros, mas que en los partidos políticos sus anhelos de tener una vida mejor.

Un elemento que aparece en este ambiente de descontento generalizado y que hace crisis no solo en el partido hegemonía sino en todo el sistema de partidos, se refleja en los procesos de organización de gobiernos populares que han encontrado fortaleza en el movimiento magisterial, los cuales advierten en la desfiguración del Estado mexicano y sus desgastadas estructuras de poder, así como en sus fallidas políticas antidemocraticas, la necesidad de desconocer los gobierno locales y, en su lugar, edificar formas de poder emanadas desde la voluntad colectiva.

Nochixtlan no ha sido el único caso en medio de este conflicto, en el que se haya decidido conformar poderes alternos; en varias poblaciones de Chiapas, donde los maestros tienen fuertes raíces, las comunidades indígenas que decidieron respaldar a sus profesores y encabezar las mas radicales acciones de presión contra la reforma educativa, ya discutían o habían iniciado la conformación de autonomías.

La idea de crear gobiernos autónomos mas allá de las geografías locales hasta escalar a nivel estatal, se hace posible para las comunidades chiapanecas en la medida en que las organizaciones magisteriales y populares son tan nutridas y de tal magnitud que potencializan una respuesta organizativa mayúscula capaz de derrocar al gobierno de Velasco, pero que ha sido contenida con las fuerzas represivas federales que han ensayado ahí y en Oaxaca la cara mas dura de la dictadura en México.

En esta crisis política el gobierno mexicano ha optado por el endurecimiento de su postura, siempre negativa a derogar o siquiera modificar la reforma educativa. prefiere provocar un preámbulo violento que le permita un margen muy estrecho para ceder ante una eventual negociación con el movimiento magisterial y popular que no toque los principios de ninguno de los pilares de su proyecto neoliberal.

La masacre de Nochixtlan; la criminalización, persecución y encarcelamiento de los defensores de la educación pública; el uso constante de toda la logística contrainsurgente por parte de los cuerpo policíacos y militares para combatir a los maestros y los brotes de rebelión popular, pero también la represión administrativa traducida en despidos y descuentos salariales indiscriminados a los trabajadores de la educación, son escenarios maquinados por el Estado.

La estrategia gubernamental se propone, en primera instancia, detener la amenaza de un levantamiento civil y, en segundo plano, trazar una salida pactada al conflicto magisterial sin tocar la reforma educativa, pero ofertando en la mesa de dialogo ponerle un freno a su plan de aniquilamiento masivo y selectivo contra la CNTE como moneda de cambio.

Son tiempos de decisiones difíciles para las y los  maestros mexicanos; por ello tendrán que optar por una salida que les permita resolver en el corto plazo la estabilidad de su relación laboral, sostener la confianza en que la lucha organizada es el cambio para que ningún trabajador sea excluido del sistema educativo por culpa de una ley injusta. Ademas, deberán caminar en la ruta de la organización multilateral con la sociedad harta de políticas fallidas, trabajar en la construcción de un consenso mayoritario que eche a los neoliberales del poder sin perder su independencia política y encausar los procesos que empujan desde abajo la ruptura con un Estado que suplanta la voluntad popular.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/06/la-crisis-de-autoridad-y-la-reforma-educativa/

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La propuesta de Nuño: Una medida para el entrenamiento autómatas de la educación

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Lev Moujahid Velázquez Barriga

El sistema meritocrático de profesionalización y formación docente que en México se llamó Carrera Magisterial, surgió al interior del Banco Mundial para formar un sector del magisterio que abanderara los principios de la educación empresarial contenidos en la Reforma Educativa de 1993. Así se creó un ejército de docentes encargado de llevar hasta el seno de cada aula escolar la concepción mercantilista de la educación, mismo que se presentó ante la sociedad por el SNTE, la SEP y los empresarios nacionales e internacionales, como el perfil del maestro “ejemplar”.

Dicho maestro se avocó a desarrollar su tarea dentro del salón de clase; siguió al pie de la letra los programas oficiales; el calendario escolar de 200 días, evitando cualquier suspensión; se preparó en los cursos de formación continua para dar seguimiento a la Reforma Educativa; se comprometió a la aplicación de pruebas estandarizadas nacionales como ENLACE, promovida por Mexicanos Primero, e internacionales como PISA, diseñada por la OCDE, a fin de medir los aprendizajes de sus alumnos, pero vinculadas a su propio desempeño; además, se sometió a constantes exámenes para escalar en la profesionalización y mejora salarial.

Por otro lado, los maestros de la CNTE se negaron a reconocer y participar de Carrera Magisterial, por considerarlo un programa que generaba la individualización de la relación laboral y la atomización del contrato colectivo; promovía la competencia entre pares, rompiendo con los principios de cooperación y solidaridad entre los trabajadores; atentaba contra el derecho constitucional que reconocía “un salario igual para un trabajo igual”; veía en él una salida personal y selectiva, que violaba el derecho social a obtener un salario digno para todos; y porque que no contribuía a mejorar la educación en su conjunto.

Después de dos décadas, los empresarios de Mexicanos Primero, la SEP y la Auditoría Superior de la Federación, dan la razón a la CNTE; sus investigaciones muestran que 8 de cada 10 maestros que estuvieron al frente de alumnos con resultados insuficientes en el examen PISA, estaban en Carrera Magisterial y quienes se encontraban en los niveles más altos de este mismo programa, fueron profesores de alumnos con resultados inferiores en la prueba ENLACE.

Esta tendencia da cuenta, no sólo del fracaso de Carrera Magisterial, sino de una política exógena, diseñada fuera de las instituciones públicas, en las esferas de organismos económicos; hecha al margen de los actores internos de la educación. No obstante, se repite una y otra vez el mismo error, desoyendo las voces críticas, dando continuidad a lo que los empresarios proponen, y cada vez que lo hacen, la autoridad educativa mexicana presenta sus recomendaciones como si fuese algo novedoso, borrando la matriz del fracaso.

Así sucedió con la “Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior”, que recién se dio a conocer para responder a las necesidades formativas arrojadas por los primeros resultados de la evaluación del desempeño, la cual nació con el pecado original. Días previos, Mexicanos Primero, ya tenía todo resuelto en “Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México”, documento fechado en febrero de 2016, pero elaborado meses antes.

En estos dos textos y uno más elaborado por el INEE, se desglosa la estrategia que la SEP y Mexicanos Primero implementarán a partir del próximo 15 de abril. Pretenden seguir formando un ejército de autómatas que lleve a cabo los principios añejos y nuevos de la educación empresarial: la medición estandarizada de los aprendizajes, la meritocracia como profesionalización docente, la privatización de la escuela desde la gestión escolar, las competencias básicas para satisfacer las demandas del mercado laboral y la “inclusión” como nueva modalidad para desentenderse de los alumnos con necesidades especiales.

La “nueva” estrategia de formación, al igual que el extinto y fracasado programa de Carrera Magisterial, vincula los “buenos” resultados con la mejora personal del salario, salvo que ahora se retoma la vieja fórmula de la más atrasada psicología conductista que surgió en los experimentos hechos con roedores: el “estímulo respuesta”; de modo que los “malos” resultados recurrentes, derivarán en la separación de la función docente como castigo.

No nos tomará por sorpresa entonces que los docentes repitan los mismos vicios de Carrera Magisterial. Su propósito principal no será la formación para mejorar su práctica pedagógica ni los aprendizajes de los alumnos, mucho menos intervenir positivamente en el entorno escolar; su preocupación fundamental será evitar el despido y/o incrementar sus ingresos personales.

Aunque Mexicanos Primero y el INEE intentan distanciarse teóricamente de la capacitación al estilo mecanicista, proponiendo conceptos como “Aprendizaje profesional docente” que se refiere a procesos formativos más interactivos en la reflexión, la investigación y experimentación entre las prácticas pedagógicas y los aprendizajes de los alumnos y “formación in situ”, entendida como las experiencias que surgen desde las propuestas y necesidades reales de los mismos docentes; la verdad es que tales conceptos no logran trascender el mero discurso.

Se presenta una estrategia (producto de una ley impuesta y sin consenso entre el magisterio), diseñada unilateralmente y al margen de la consulta de los implicados; no es opcional sino obligatoria, por consecuencia se vuelve estresante; no surge de la autogestión de los maestros ni de alguna de las muchas experiencias de autoformación para solventar sus realidades cotidianas en el terreno pedagógico, didáctico y del contexto escolar; no es por tanto una propuesta endógena y de interés colectivo, es más bien vertical, acrítica, creada para el entrenamiento y la capacitación técnica, de corte empresarial.

Una estrategia es de fondo, se propone horizontes de largo plazo, pero esta medida no es estratégica, porque sus objetivos son mediatos, de corte instrumentalista, de aprendizajes operativos y de poco razonamiento: cursos para elaborar y subir evidencias; para seguir los manuales de la “Ruta de mejora escolar”; para el vaciamiento de contenidos preestablecidos en los libros de texto, en un cronograma temporal, al que llaman planeación pedagógica; o para el manejo de herramientas tecnológicas, cuya pobreza curricular acumulada en horas y módulos, harán una maestría.

El “traje a la medida” de Aurelio Nuño, le quedará perfecto al maestro autómata, lineal, acostumbrado a seguir instrucciones; al docente creativo, autónomo, curioso, crítico, de profunda conciencia política y compromiso social, que indaga nuevos materiales y alternativas didácticas, que no se conforma con aprender del texto sino que busca conocer, comprender y transformar el contexto, el traje le quedará demasiado chico.

Fuente del articulo: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210841

Fuente de la imagen: http://elhorizonte.mx/fotos/noticias/630000/630641_aurelio-nuno-sep.jpg

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Educación y Estado

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

La tesis de que la reforma educativa busca que el Estado recupere la rectoría de la educación, no tiene que ver en lo absoluto con resguardar las garantías de un amplio sector de la sociedad para ejercer su derecho a la escuela pública y gratuita, ni con impulsar un proyecto nacional que fortalezca la soberanía, la identidad, la cultura, los valores patrióticos y la democracia en México.

Lo que hemos observado en los meses recientes es la extensión de un Estado totalitario, cuyas políticas educativas no son objeto de diálogo ni están disponibles a la consulta de los gobernados o de los directamente involucrados en la enseñanza: padres de familia, maestros y alumnos; por el contrario, se imponen negando la sobriedad de las mentes y universidades más destacadas de este país, que lejos de ser consejeros de las decisiones importantes en el terreno educativo, se han convertido en la conciencia y la voz crítica de la ciudadanía contra la reforma educativa.

Como todos los sistemas totalitarios contemporáneos, éste busca encarnar sus valores antidemocráticos en una figura demencial, dispuesta a quebrantar cualquier derecho humano para cumplir, en aras de la legalidad y la paz social, los supremos designios del mercado mundial para privatizarlo todo. En este sentido, han encontrado en Aurelio Nuño a la persona sin escrúpulos que necesitan para entregar la instrucción pública al empresariado nacional durante este gobierno, pero alimentan también sus propias ambiciones y las del secretario de Educación mediante planes transexenales.

En este proceso de totalización del Estado, en el que se muestra la clara ausencia de propuestas pedagógicas, éticas y curriculares que den cuerpo a un proyecto educativo propio, no hay nada que regir ni que orientar desde la burocracia estatal en representación de los intereses de la nación. En todo caso, lo que habría que recuperar es la rectoría de los principios educativos, que han sido sometidos por los intereses mercantiles de los empresarios detrás del poder político. Tampoco podríamos decir que estén recuperando la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en los estados con la idea de construir el consenso social, la vida cívica y democrática de la nueva ciudadanía; más bien, estas instituciones han sido invadidas por los cuerpos policiacos desde el poder vertical y centralizado de un Estado oligárquico, contra la autonomía de las entidades federativas para ejercer la gobernabilidad y regir la política educativa, respetando los contextos regionales.

La fórmula aplicada en Oaxaca en el IEPO, y que hoy se quiere generalizar en Michoacán y Chiapas, es un mecanismo más de esta política de control extremo en la que advertimos los primeros pasos por contener cualquier espacio que pueda generar contradicciones ideológicas a un incipiente Estado fascista que no acepta la discordancia y mucho menos la disidencia. Sin embargo, este gobierno sabe muy bien que elempoderamiento de la CNTE no emana de sus posiciones dentro de la estructura en las instituciones educativas estatales ni del manejo de recursos económicos. Hace décadas que los maestros disidentes en Michoacán no reciben un centavo por concepto de cuotas sindicales, y al igual que en Chiapas, las secretarías de Educación, así como las subsecretarías, direcciones y departamentos son encabezados por grupos afines al partido en el poder o cualquiera de sus satélites: Nueva Alianza, Verde Ecologista o PRD, todos ellos promotores acérrimos de la reforma educativa, incluso miembros del SNTE.

Ante esta situación, no ha sido suficiente para el régimen una reforma de carácter administrativo y laboral; la escalada del movimiento magisterial está en ascenso a escala nacional y en el sureste mexicano se desborda la posibilidad de una rebelión popular a la que se suman organizaciones de padres de familia, de comunidades indígenas, pequeños empresarios y la solidaridad de movimientos sociales de gran convocatoria y visibilidad internacional, como el EZLN.

Es en este ambiente en el que el gobierno mexicano experimenta una fase de mayor hostigamiento contra la CNTE, en la que, si bien la reforma educativa no se ha desprendido de sus dimensiones laboral y administrativa, vemos con preocupación la puesta en marcha de una estrategia pro fascista que dispone de todas las corporaciones represivas, incluidos el Ejército y la Marina, para entablar una guerra interna contra los maestros, cuyo objetivo primordial ha perdido de vista la evaluación; ahora se trata del aniquilamiento de la fuerza organizativa que está convocando con éxito a la movilización y organización pacífica de todos los descontentos del sistema.

No obstante, vivimos apenas un proceso inacabado que ya muestra escenarios propios de las dictaduras fascistas europeas, como los que se han visto en la Ciudad de México para disuadir la movilización del magisterio, que no tiene como finalidad última generar el miedo o suspender las libertades sociales, sino que utiliza estos instrumentos de inhibición para privatizar todos los bienes y servicios públicos, despojar de sus derechos laborales a la generalidad de los trabajadores; por tanto, la urgente solidaridad del pueblo mexicano no sólo es por los maestros, sino por todos aquellos agraviados por las reformas neoliberales que hoy están dispuestos a no quedarse callados.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/10/opinion/016a1pol

Imagen de uso libre tomada de: https://i.ytimg.com/vi/MFMbhwq1i6Y/maxresdefault.jpg

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Subcontratados: los maestros invisibles de la Reforma Educativa

Lev Moujahid Velázquez Barriga

México/ 05 de Junio de 2016/

Por: Lev Moujahid

La tendencia a la adopción de políticas educativas para la globalización económica condujo a nuevas relaciones laborales entre el Estado y los docentes, que han ido deteriorándose en la medida que lo educativo ya no se concibe como un proceso de humanización y se convierte en una relación de consumo, donde los maestros son simples insumos para la producción de la educación como mercancía.

Siguiendo esa corriente, desde hace 30 años se produjo en México una serie de transformaciones administrativas, políticas, jurídicas y pedagógicas que impulsaron la educación para el libre mercado. En algunas entidades de la república se realizaron ciertas particularidades; tal es el caso del estado de Morelos donde iniciaron varios programas piloto, como el de informática y el de inglés en el nivel básico, los cuales demandaron profesores con esos perfiles específicos para atender estas modalidades.

 El Programa de Inglés en Morelos, que abarca 443 escuelas primarias y nueve preescolares, ha sido mostrado como una medida ejemplar, merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales, cuenta con la certificación de ISO 9000 desde el 2011, ha recibido menciones durante la Tercera Reunión Nacional de Coordinadores de Programas de Inglés para educación primaria y le asiste el Consejo Británico, el cual recomienda su implementación en todo el país; sin embargo, pesa sobre él el estigma de ser un modelo educativo que ha crecido al amparo de la explotación de los docentes que le han dado vida.

A los docentes de este programa modelo no se les paga aguinaldo completo, no tienen plaza presupuestal, ganan en promedio la mitad de una plaza base, no tienen acceso a ningún estímulo; por ejemplo, el de antigüedad, aun cuando algunos han trabajado por más de dos décadas, tampoco tienen compensaciones de ningún tipo, de forma que su ingresos se ven afectados constantemente porque la docencia en inglés es sumamente demandante para la compra de materiales didácticos.

Los maestros habían sido contratados temporalmente por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos para el pilotaje del Programa de Inglés, pero ya han pasado más de 20 años y continúan en la misma incertidumbre laboral. Lo que había sido una excepción, ahora es la regla contractual para los nuevos docentes que ingresan al programa.

Su condición es tan precaria que se les ha negado como “trabajadores al servicio de la educación” y en su defecto son contratados bajo el engañoso concepto de “contratos por honorarios”, muy similar al de “prestadores de servicios” que realizan los profesionistas particulares como los abogados o los contadores, pero que no tienen ningún efecto en la obligación de quien los contrata para garantizar las prestaciones de ley, es decir, derecho a jubilación o servicios de salud, entre otras cosas.

Morelos y su Programa de Inglés no son una isla en el mar de arbitrariedades; otros programas estelares de la Reforma Educativa como las Escuelas de Tiempo Completo han incurrido en las mismas violaciones laborales; al subcontratar personal para complementar la jornada educativa, estos trabajadores no pasan por el Contrato Colectivo, no se sujetan a las Condiciones Generales del Trabajo, tampoco han ingresado al nuevo Servicio Profesional Docente por medio del examen nacional, no los ampara prácticamente ninguna ley promulgada por el mismo estado que los utiliza para desempeñarse en el sistema de educación pública.

Preocupan también la condiciones laborales en lugares como Baja California Sur, en los cuales uno puede encontrar escuelas primarias con una planta docente de profesores donde el único que tiene una plaza de base o fija es el director, los demás han renovado trimestral o semestralmente contratos que no les generan ninguna estabilidad en el empleo. Para estos trabajadores eventuales, que los hay por todo el país, los periodos que deberían ser vacacionales y para el disfrute recreativo del tiempo libre, en realidad son una pesadilla, porque se convierten en intervalos de desempleo en los que no reciben salario alguno.

En otros casos, aunque el nuevo Servicio Profesional Docente es una medida regresiva en educación básica, para los docentes de varios estados de la República pertenecientes al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la posibilidad de obtener un contrato de más de 6 meses por medio de este mecanismo representa un pequeño avance, pero pone en contradicción al objetivo principal de la autoridad educativa, es decir, el despojo total de cualquier resquicio de estabilidad en el trabajo, así que decidieron no permitirles participar en él.

La lógica que orienta el Servicio Profesional Docente no ha sido pensada para escalar en los derechos laborales de los maestros; por el contrario, sigue la tendencia universal de todo el sistema educativo, desde el nivel básico hasta el superior, que se encamina hacia la precarización del trabajo y si algún programa o subsistema está más cerca del punto último de descenso al que deben llegar todos los docentes, no hay regreso sin la organización decidida del trabajador para luchar por su derecho, más bien se convierte en el modelo de despojo a seguir.

Es así que hoy se libran batallas campales, jurídicas y políticas por toda la nación, no sólo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es el sector más visible: también las llevan a cabo los agremiados al Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Suacobaej) que por el número de cesados, alrededor de 100, quizás sea el caso más grave de violaciones laborales a una sección estatal por oponerse a la Reforma Educativa.

El caso de los docentes del Colegio de Bachilleres es emblemático, porque encendió la maquinaria represiva del gobierno tricolor en el bajío mexicano a raíz de que puso al descubierto los verdaderos mecanismos para suplantar a los docentes; no serán relevados conforme a la nueva ley, sino por relaciones clientelares con los afanadores de las campañas priístas, por citar un ejemplo, que ya aparecen como sustitutos de los docentes injustamente despedidos.

Los docentes del Programa de Inglés, en su caso, han entablado movilizaciones y acciones jurídicas desde al año 2011; en este justo momento están en medio de un proceso legal en el que se encuentran a punto de ganarle a Morelos el reconocimiento de 20 años de servicio como trabajadores con las prestaciones de ley que eso implica, pero en las circunstancias en las que operan las formas de disuasión hacia quienes se atreven a desafiar al gobierno de Graco Ramírez, su preocupación y la de sus defensores legales José Lenin Velázquez y Pedro Ponce Bello, se ha trasladado a la antesala de un nuevo escenario más preocupante que lo laboral, el de la posibilidad de perder su propia libertad.

Sólo hemos situado algunos casos de violaciones sistemáticas contra el derecho humano al trabajo que respalda a las y los maestros mexicanos, pero si pudiéramos hacer un mapeo por todo el país, nos daríamos cuenta que se construye un denominador común que comenzó hace varias décadas en los sectores del magisterio más vulnerables, y que se agudiza en los menos propensos a la organización social, víctimas de los sistemas de control y sometimiento ejercidos desde los gobiernos estatales más totalitarios y las secciones sindicales pro patronales. Sin embargo, en esta coyuntura política de movilizaciones contra el proyecto neoliberal, protagonizada por el magisterio, se dan las condiciones para que todos coincidan en una latente rebelión magisterial que ya está en puerta.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/06/05/subcontratados-los-maestros-invisibles-de-la-reforma-educativa/

 

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La precariedad del salario del maestro.

Lev Moujahid Velázquez Barriga
Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga
La carrera docente nunca ha sido una profesión redituable en términos económicos como la quisieron hacer ver el gobierno y los empresarios, para mostrar a un magisterio privilegiado al que había que ajustar por sus desproporcionados ingresos. Nadie en su sano juicio creerá que estudiar para maestro lo hará  rico, dijo una vez el Dr. Hugo Aboites rector de la UACM, aunque hay sus deshonrosas excepciones en la corrupta élite sindical del SNTE y del priísmo.
Las constantes investigaciones realizadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), sobre la rentabilidad futura de quienes pretendan incursionar en estudios de formación docente son desalentadoras, los ingresos de  los profesores de educación básica están por debajo de la media nacional del salario que obtienen los profesionistas en general.
Los docentes de educación básica de todos los subniveles,  figuran entre las 10 profesiones con menos ingresos. Hasta antes de 2013 la docencia, si acaso,  había sido considerada una carrera con cierta seguridad laboral, pero el nuevo régimen de contrataciones ha generado una gran incertidumbre que pone en riesgo permanente la estabilidad en el empleo.
El deterioro de los ingresos del magisterio ha sido un proceso que se ha dado en complicidad con el propio SNTE, las supuestas negociaciones salariales que llevan a cabo,  han sido absolutamente vergonzosas. El 3.15% de aumento directo al salario base acordado este 2016 en contubernio con la SEP, está en los límites de la inflación reconocida y mal calculada por las instituciones oficiales.
En términos reales, el aumento salarial al sueldo base para un docente que ostenta una plaza de primaria será menor a los 8 pesos diarios, cifra ridícula  que apenas se puede comparar con el precio del medio kilo de tortilla, pero que no alcanzaría para un litro de leche y en regiones del norte mexicano sería insuficiente para pagar el transporte colectivo al interior de cualquier zona urbana.
Las y los maestros de preescolar tendrán un aumento similar de poco más de 7 pesos diarios; sin embargo, la jornada laboral del siguiente ciclo escolar aumentará una hora, según  las nuevas disposiciones de la SEP. Estamos frente a  una medida abismalmente desproporcionada que no tiene correspondencia entre el aumento salarial y la jornada de trabajo.
A juzgar por la tendencia que ha seguido el “incremento” salarial del magisterio en los últimos años, podemos empezar a sospechar que la intención perversa de quienes nos gobiernan, es que en el mediano plazo sea nulo, tal como sucedió por varios años en Argentina durante el periodo más férreo del neoliberalismo. Hagamos un breve recuento de los aumentos salariales en nuestro país para constatar esta aseveración:
2010 Incremento de 4.9 % al sueldo base.
2011 Incremento de 4.75 % al sueldo base.
2012 Incremento de 4.25 % al sueldo base.
2013 Incremento de 3.9 % al sueldo base.
2014 Incremento de 3.5 % al sueldo base.
2015 Incremento de 3.4 % al sueldo base.
2016 Incremento de 3.15 al sueldo base.
A pesar del proceso de precarización del salario docente, los medios de comunicación oficiales y empresariales se empeñan en proyectar una imagen distorsionada de las demandas de los maestros, pretendiendo deslegitimar cualquier intento de los docentes por mejorar sus condiciones salariales. Hay quienes, incluso, quieren ver una relación de causa y efecto entre el gasto  de la nómina magisterial y los endeudamientos de las entidades federativas; este  argumento se ha convertido en un chantaje social recurrente por parte de los gobiernos estatales  más corruptos del país.
El pretexto del endeudamiento ha sido el  ideal  para dejar de pagar prestaciones que han sido conquistas históricas del magisterio, para cometer los más viles atropellos  contra los trabajadores de la educación. No hay prácticamente ninguna entidad federativa que no presente problemas de rezagos, en lo más graves casos y nos son aislados o muy pocos, los docentes con contratos eventuales han dejado de percibir sus ingresos hasta por cuatro años y aunque parezca inaudito, en esa incertidumbre han estado miles de maestro en entidades como Baja California que se han aglutinado en el Movimiento Resiste para defenderse de las sistemáticas arbitrariedades contra su derecho a la remuneración de un trabajo ya devengado.
No obstante, las razones principales de la lucha magisterial no se han focalizado en las demandas de incremento salarial, sino en detener una medida todavía más agresiva, el desempleo masivo  que implica la evaluación para el desempeño y la defensa de la escuela pública.
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Es la hora. ¿De qué están hechos los maestros?

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Inicia la fase crítica de la reforma educativa. El gobierno federal no escatimará recursos de todo tipo, incluyendo los violentos, para hacer realidad su “reforma”. Los dos siguientes fines de semana se aplicarán los exámenes de conocimientos, la etapa que verdaderamente interesa a las autoridades aliadas al sector patronal. La confrontación directa y definitiva de dos visiones de la educación ha comenzado

Cuando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) dio a conocer un calendario de evaluaciones que contenía la ruta hasta 2020, recuerdo haber escuchado entre las filas del magisterio disidente que un docente dijo: “Ahora sí vamos a ver de qué están hechos los maestros”. Lo cierto es que hasta hoy no se ha tocado el derecho a la permanencia de los trabajadores de la educación que fueron contratados antes de la última reforma educativo-laboral, porque la evaluación que les corresponde no ha concluido todavía.

La respuesta a la pregunta de la expresión a la que hago referencia está cada vez más cerca. En noviembre, específicamente los fines de semana entre el 14 y el 29, está programada la tercera fase de la evaluación para el “desempeño” que se refiere a la aplicación del examen de conocimientos; ésta no sería ya de carácter diagnóstico, ahí se jugaría la estabilidad de los docentes con plaza basificada o contratos indefinidos.

A pesar de que el INEE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han hecho parecer la evaluación como un proceso de cuatro fases que integralmente recogería diversos aspectos del trabajo docente, a saber: informe de cumplimiento de evidencias, que elabora el director o supervisor escolar; la entrega del expediente de evidencias de enseñanza; el examen de conocimientos y competencias didácticas; y la planeación didáctica argumentada, sin embargo, lo que realmente podemos dar por cierto es que se centrarán en el tercero de esos factores.

El examen es la mayor apuesta de la evaluación. La realidad ha demostrado la ineficiencia de todos los órganos educativos involucrados, incluida la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), para llevar a cabo las primeras dos etapas que hasta hoy han presentado demasiadas dificultades. La verdad es que no han sido capaces de crear las condiciones técnicas para completarlas, mucho menos lo serán para procesar un mar de información que derivaría, primero, de los reportes de evidencias y, luego, de las planeaciones didácticas, lo cual nos lleva a “mal pensar” que serán a fin de cuentas los lectores ópticos o los servidores virtuales los responsables de calificar un test de conocimientos, prácticamente como única forma de evaluar al docente.

desobediencia-pacifica-300 Las reacciones anticipadas de los maestros antes de la estocada final por medio de la evaluación que se viene han sido muy diversas, pero no siempre bien concienzudas e informadas. Un sector aparentemente inconforme y en desacuerdo con los procedimientos operativos que ha seguido la reforma educativa ha optado por exigir las condiciones necesarias de información, capacitación, asesoramiento y transparencia de la evaluación, para que se lleve a cabo en respeto de la legalidad, en el marco constitucional reformado, sin interpretaciones regionales o desviaciones que favorezcan la corrupción.

Ésta no es una actitud de oposición genuina: el problema de la evaluación no es asunto de formas malentendidas o de incumplimientos administrativos, la reforma educativa es la raíz donde nace la inestabilidad laboral; la que sienta las bases para el despido disimulado de retiro voluntario o cambio de función; la que niega el derecho a la permanencia del trabajador docente; que trasviste de autonomía de gestión, la privatización de la escuela pública; que mide, pero no evalúa porque su naturaleza es empresarial y no educativa. Exigir las mejores condiciones para operar la ley es como si el condenado a muerte pidiera una jeringa esterilizada para que le apliquen la inyección letal y el seguimiento de todos los protocolos necesarios para su ejecución; digamos que no está mal, pero eso no le devolverá su derecho a vivir.

Otro sector importante ha decidido ir por la jubilación, actitud inducida por los propios órganos de gobierno para congelar plazas que ya no se abren para nuevos ingresos o se convierten en contratos precarios. Eso disminuye la cobertura de docentes en las escuelas, pero tampoco va resolviendo la situación. El peligro más próximo es el quiebre de los sistemas de pensiones. En el corto plazo, las entidades federativas se están declarando incompetentes para resolver el pago de trabajadores no activos, algunos ya han reformado sus legislaciones en perjuicio de los pensionados y a nivel federal seguirán los lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda, una reforma que genere menos gastos al Estado y mayores aportaciones del trabajador.

La desobediencia pacífica ha sido uno de los mecanismos más eficientes de la resistencia magisterial hasta este momento. Sus resultados han puesto, por varias ocasiones, en riesgo la viabilidad de la reforma; por situar el impacto, tenemos el caso de Michoacán, donde el gobierno estatal declaró públicamente en los días pasados que sólo 500 de los 6 mil docentes se han inscrito para dar inicio con el proceso evaluativo en esa entidad, cifra que no llega ni al 10 por ciento del total; tal parece que la promesa del aumento salarial inmediato a los que se evalúen no está convenciendo, porque la estabilidad laboral es mucho más importante para los maestros.

En entidades como Chiapas, el gremio magisterial se ha visto más resuelto y decidido a reaccionar ante la intervención policiaca en asuntos educativos que deberían resolverse en términos pedagógicos, pero también políticos con el gremio de maestros y no con la fuerza pública, como si fuesen delincuentes de alta peligrosidad alterando el orden social y no un sector de esa sociedad inconforme con una medida que no ha sido dialogada con los principales actores educativos.

En todo caso, la cercana posibilidad de perder el empleo –que no es poca cosa en un país golpeado por la extrema pobreza, la falta de oportunidades y donde sólo el 10 por ciento de los trabajadores están sindicalizados, por tanto no tienen un contrato colectivo ni una organización gremial que los respalde ante cualquier injusticia patronal– ha hecho que los docentes se dispongan en última instancia a defender hasta las últimas consecuencias lo único que tienen para garantizar una mediana forma de vivir, que no es un privilegio, sino un derecho que la población está perdiendo o nunca lo tuvo, incluso.

Por su parte, la reacción de los empresarios ha sido la criminalización de la protesta social, la difamación, el llamado incesante a utilizar los cuerpos represivos contra el magisterio, como no lo han hecho nunca ni para detener el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de personas y la escandalosa corrupción de cientos de políticos que dejan deudas en los estados, impagables en décadas. Se están jugando el todo por el todo, están dispuestos a asumir las consecuencias del uso de la fuerza pública porque saben que de culminar esta primera evaluación para la permanencia será el éxito de la más importante de las reformas en México, y el impacto del golpe laboral, pero también moral contra organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habrá sido incalculable.

Quedan apenas unos días para la evaluación que se viene. Serán tiempos definitivos para conocer el destino de la reforma educativa en medio de todo este conflicto social que ha generado reacciones encontradas de alcances nacionales, y estoy seguro que para propios y extraños ronda la misma inquietud, la misma preocupación: ¿de qué están hechos los maestros?

*Fuente de la imagen: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/15/sociedad/037n1soc

*Articulo tomado de: http://www.voltairenet.org/article189401.html

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2016, el año en que la educación pública podría privatizarse

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

El sistema mundo que estamos viviendo en la actualidad es producto de varios siglos de acumulación de capital y transferencia de valores; los medios e instrumentos de producción con los que se realiza cada mercancía se van sofisticando cada vez más, como también las formas de organización y explotación de la fuerza de trabajo. La revolución industrial no hubiese sido posible sin el previo despojo del territorio de América, sin el saqueo de sus recursos naturales y materias primas, sin la explotación humana en diversas formas de servidumbre y esclavitud.

Del mismo modo, la hipertecnologización del capitalismo contemporáneo es parte de este largo proceso de acumulación y transferencia de valores que ha hecho posible la revolución de las tecnologías en la información, la comunicación y la robótica, pero que también demanda formas nuevas de organización del trabajo, habilidades, destrezas y conocimientos que deben portar los trabajadores para reproducir el capital a partir de estos mismos contextos y avances tecnológicos.

Hoy las grandes empresas que controlan la economía mundial y supeditan la política a sus intereses particulares han encontrado en el uso y producción de nuevas tecnologías digitales –no sólo aplicadas en herramientas para la comunicación y el conocimiento, también en los automóviles, sistemas de lavado de ropa o hasta en los servicios privados de escaneo de “fotomultas”, por citar algunos ejemplos concretos– una vía rápida para acrecentar sus descomunales fortunas.

La innovación, la información y el conocimiento se han convertido en elementos fundamentales para dinamizar los procesos productivos, pero también han acelerado el flujo vertiginoso de las mercancías. La lógica inducida en la sociedad es el hiperconsumo: ya no se les concibe como algo acumulable, sino desechable; ahora induce a comprar y cambiar el teléfono celular o la tableta digital en el menor tiempo posible.

Es en este contexto del capitalismo mundial donde se sitúan las reformas educativas de la globalización económica, no es para nada fortuito que en México, después de 3 años de la modificación constitucional al Artículo 3 y la ausencia de un modelo educativo como resultado, reaparezca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para anunciar en voz del secretario de educación Aurelio Nuño, ahora sí, el nuevo proyecto de educación para nuestro país.

Lejos de atender el interés público de la nación, el anunciado proyecto de educación responde a las necesidades de los grandes consorcios económicos que plasmaron sus intereses en la Ley de Competitividad publicada en enero de 2015 y que tiene como uno de sus objetivos primordiales “dinamizar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral; el impulso al emprendimiento y escalamiento productivo y tecnológico de empresas; la investigación y desarrollo, así como la innovación aplicada”.

Es aquí donde el sistema educativo adquiere sentido para los grandes empresarios, de modo que lo que se presentará este 2016, será lo mismo que están impulsando los organismos financieros internacionales en materia educativa y que han llamado modelo STEM, por sus siglas en inglés o CTIM en español, y que se refiere al desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas al mejoramiento de la productividad y el aumento de las ventas, respondiendo precisamente a lo que demandan las empresas inmersas en el capitalismo de base cognitiva y que advierten en el conocimiento, la información y la innovación el derrotero para su rápida expansión y crecimiento económico.

Según las proyecciones de la OCDE en “Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación”, emitido en mayo de 2015, lo que llevará a México por el camino del crecimiento a la par de los países más desarrollados es el impulso de economías de valor agregado, como la economía digital, para lo cual se necesita transferir tecnologías a través de la inversión extranjera en la industria de los electrónicos, las comunicaciones y los transportes, eso explica la cantidad tan considerable que han destinado para estos dos últimos sectores en el presupuesto aprobado para 2016.

Advierten un gran potencial de consumidores de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dado que México está entre sus países miembros con menor penetración de banda ancha y fija, así como de adultos que usan internet, pero también de menor proporción de empresas involucradas en ventas electrónicas; sin embargo, éste es un campo abierto que tiene dificultades para encontrar mano de obra con las competencias necesarias.

En medio de este escenario económico, lo previsible para el futuro de la educación, al menos en el discurso exacerbado de la elite surrealista que dibuja un México siempre glorioso, enfilado irreversiblemente al progreso de la globalización, es que los maestros del entreguismo dispongan de nuestro sistema educativo, sobre todo en educación media y superior, para la formación y capacitación de mano de obra tecnificada.

Hablamos de competencias digitales, organizacionales, comunicativas, lógico matemáticas, innovadoras y emocionales, que conjuntamente componen lo que se concibe como “capital humano”; no es un gasto, sino una inversión en conocimientos, habilidades y destrezas que para el empresario se traducirán en mayor competitividad; innovación en la producción, mercadotécnica y venta rápida de las mercancías.

Las expectativas, sin embargo, podrían ser peores para los estudiantes: la OCDE reconoce que no toda la demanda de empleo requiere de altas competencias, la verdad es que las empresas mexicanas tienen entre su top ten de reclutamiento de empleados las siguientes categorías: representantes de ventas, secretarias, asistentes, personal administrativo, obreros y recepcionistas, que se refieren a empleos casi siempre precarizados y que tendrán que capacitarse en conocimientos mínimos desde la escuela pública, de ahí la necesidad de monitorear competencias escuetas desde la educación básica, a través de exámenes estandarizados.

El renovado proyecto educativo que se presentará este 2016 reforzará los mecanismos de privatización. Aunado a la “autonomía de gestión”, es decir, la descentralización del financiamiento educativo hasta llegar a la base del núcleo familiar y de cada centro escolar, seguirán embargándose por décadas los presupuestos educativos de la federación por endeudamiento público, a través de los bonos de infraestructura que, junto a la compra de tabletas digitales sin programa pedagógico, implican de facto el tránsito de recursos públicos hacia el sector privado y no nos extrañe ver entre los beneficiarios de las licitaciones a las empresas constructoras y de las telecomunicaciones predilectas del peñanietismo.

No descartemos otras desviaciones para la canalización de recursos públicos so pretexto de la educación digital, como la renta de plataformas virtuales al estilo de los convenios ya realizados para la capacitación laboral con el magnate de las comunicaciones Carlos Slim, así como la inversión en I+D, investigación y desarrollo, para transferir ciencia y tecnología producida en instituciones públicas, pero aplicada en las empresas privadas; otras opciones son el pago condicionado de las becas de Prospera a la culminación de estudios relacionados con el CTIM o las becas-crédito a través de préstamos de bancos particulares que cobrarán por sus intereses media vida laboral del trabajador profesionista.

En estos momentos, demandar una consulta nacional incluyente sobre la educación que necesita el pueblo mexicano parecería contradictorio, porque sabemos que no es el diálogo sino la represión el rostro que el Estado y los empresarios han mostrado para imponer la reforma educativa. Sin embargo, también es cierto que es necesario porque detonaría la movilización de la conciencia crítica organizada, evidenciando la ausencia de un proyecto nacional de educación emanado desde la ciudadanía, cohesionaría la pluralidad de posturas antagónicas al proyecto neoliberal y fortalecería las experiencias alternativas, que sin reconocimiento oficial, construyen desde abajo la escuela para la emancipación social.

Fuente
Contralínea (México)

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