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Escuelas al CIEN: hipotecar presupuesto y patrimonio educativo

“La escuela al centro” dice el eslogan publicitario. Lo que realmente se ha puesto al centro en materia educativa es el mercado. Dinero de los ciudadanos será entregado a fideicomisos privados que administrarán la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital y el Banco Invex. La educación básica pública será historia, como ya ocurrió en Chile y otros países que han adoptado el mismo modelo

Cuando el pueblo boliviano, con Evo Morales a la cabeza del gobierno, impulsó la nueva ley que regiría la educación del Estado Plurinacional de Bolivia en 2010 se enfrentó a las condiciones deplorables y de abandono físico en que recibió las escuelas del país, tras varios años de gobiernos neoliberales que las habían entregado a los padres de familia para su manutención.

En el caso chileno las medidas de participación social recomendadas por Milton Friedman para el financiamiento escolar han derivado en la extinción de las escuelas públicas: ahora son predominantes los colegios totalmente privados y otros que, si bien son parcialmente subvencionados de distintos modos por el Estado, son administrados por corporativos empresariales; en cualquiera de los casos los padres y madres de familia siempre tienen que hacer aportaciones económicas extraordinarias para completar el sostenimiento de la educación de sus hijos.

mexicanos-primero-300El mismo destino ha tenido la escuela pública en los países de América Latina que han seguido las orientaciones de los ideólogos del neoliberalismo y no será diferente para México, a juzgar por el modelo “la Escuela al Centro”, que con pocas novedades en el contexto continental presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 25 de enero. En la propia realidad nacional es una modalidad renovada de la vieja fórmula privatizadora que apareció por primera vez en la reforma educativa de 1993 como “participación social”.

El programa vertebral de este nuevo modelo ha sido llamado “Escuelas al CIEN” y es sumamente agresivo para la gratuidad educativa; digamos que se constituye como el mecanismo por excelencia para desarticular el carácter público de la educación. Detrás de la expresión popular que lleva su nombre, haciendo referencia al desarrollo del máximo potencial, en este caso de las escuelas, está el aterrizaje del proyecto empresarial certificados de infraestructura educativa nacional (CIEN).

Para recibir los certificados de infraestructura, las entidades federativas o estados, están obligados a signar un “convenio de colaboración y coordinación para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples”; previamente, los empresarios han diseñado para el gobierno de México un “fideicomiso” administrado por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, SA de CV, encargada del “fideicomiso de emisión” y Banco Invex encargado del “fideicomiso de distribución”.

En la cláusula segunda del citado convenio, las entidades federativas facultan al gobierno federal para que entregue de manera directa los recursos económicos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que son para infraestructura educativa, no a las arcas públicas de sus estados, sino al Fideicomiso de Emisión; es decir, aprueban transferir recursos del pueblo al sector empresarial, para que sean administrados por ellos.

Aunque no se utiliza la palabra “deuda”, la operación de “Escuelas al CIEN” obliga a los estados a hipotecar por 25 años sus recursos para infraestructura educativa a Banco Invex, quizás la financiera más grande de América, misma que respalda las tarjetas crediticias de los principales bancos que operan en México y de otras empresas, tales como Volaris y la cadena de tiendas departamentales Liverpool. No hay duda: adquirir certificados de infraestructura es endeudamiento y sumirá más al país en su larga trayectoria de desfalcos que sólo han beneficiado a la corrupta élite política.

Las “Escuelas al CIEN” plantean otros mecanismos de privatización; en su “Normatividad, disposiciones, lineamientos y guía operativa” se establece como requisito la obligación de los Consejos de Participación Social para que sean los padres de familia, y no los docentes, los responsables de la gestión y seguimiento del programa. Una vez culminadas las obras de infraestructura, también se harán cargo del mantenimiento escolar, ya sin ningún apoyo económico, según se indica textualmente en este mismo documento “…con la finalidad de organizar aquellos trabajos de mantenimiento preventivo y menor de las instalaciones escolares, los cuales por su sencillez y bajo costo son susceptibles de ser realizados por los integrantes de la comunidad”.

En realidad, no hay un ejercicio de presupuesto participativo porque las decisiones de su aplicabilidad son con base en el diagnóstico que presenta unilateralmente el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INFED), sin tomar en cuenta a la comunidad escolar. De ese modo observamos decisiones erradas que no consideraron a las escuelas de carencias agudas, las que de verdad no cuentan con nada, pero aparecen aquellas cuya visibilidad pueden redituar capital político al señor Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública.

La verticalidad de “Escuelas al CIEN” inhibe los procesos de autorganización comunitaria y de gestión democrática desde la verdadera autonomía; no posibilita la participación de las personas con oficios en la comunidad, barrio o colonia ni el desarrollo de la economía local y solidaria entre familias. Su extremada burocratización reduce la intervención de los padres de familia a la gestión administrativa y la celebración de contratos de construcción para entregar recursos económicos al sector empresarial; eso, más que autonomía de gestión, es control social, privatización y desviación del dinero público.

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Para que los dineros del programa no sean “mal gastados”, la normatividad permite al INFED “celebrar acuerdos y convenios con asociaciones civiles, fundaciones, patronatos y/o instituciones educativas, a efecto de sumar esfuerzos y colaborar en el incremento de planteles educativos a beneficiar”, lo que implica carta abierta para que en esta iniciativa, de por sí contaminada de intereses lucrativos, grupos como Mexicanos Primero –que han diseñado planes de acompañamiento y asesoría para la rendición de cuentas– interfieran en los Consejos de Participación Social para que no haya desviaciones que no tengan como último destino la economía de los empresarios.

Si bien la normatividad de “Escuelas al CIEN” exige, tan sólo como requisito, la acreditación de la propiedad donde se llevará a cabo el programa, en la vía de los hechos los maestros y padres de familia han denunciado que se ha estado solicitando el resguardo de los documentos de propiedad originales, lo que por naturaleza genera desconfianza porque implicaría hipotecar las escuelas y el riesgo de que en el mediano plazo pasen a ser propiedad privada; ésta no es una simple especulación, sino que se fundamenta en la experiencia de otros países donde se ha instrumentado este mismo mecanismo de despojo del patrimonio público.

La SEP no está poniendo la escuela al centro, sino el mercado: el interés privado de una oligarquía que asedia la escuela pública; de frente a esta amenaza debe resurgir la conciencia nacional para defender la gratuidad educativa. No es suficiente remembrar un aniversario más de la Constitución y menos cuando sus principios están siendo violentados, por eso me sumo a la propuesta de un nuevo Constituyente Popular que recupere la soberanía a nuestro país, pero también me adhiero al esfuerzo que varios investigadores y académicos, conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están convocando para encontrarnos en un gran Diálogo Nacional por la Educación hasta construir un modelo educativo desde sus actores, desde las necesidades más sentidas de los mexicanos.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la CNTE en Michoacán

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Los fracasos de la OCDE y las propuestas de los maestros democráticos

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Desde 1994, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido la principal consultora del gobierno mexicano, cuyos honorarios ascienden a miles de millones de pesos con cargo al erario. Cabe señalar que dichos pagos no han sido transparentes. A pesar de los resultados negativos de sus recomendaciones en materia educativa, ningún funcionario ha cuestionado la pertinencia de su injerencia en la política mexicana, aunque la ineficacia de sus propuestas ha quedado por demás demostrada. Tal es el caso de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), creado y promovido por la consultora para medir la competitividad de los aprendizajes de los alumnos en sus países miembro. El fracaso de sus orientaciones curriculares fue tan evidente que tuvo que ser eliminado por su inviabilidad.

Veintiún años después se siguen transfiriendo recursos públicos para que la OCDE diseñe políticas educativas, reciclando las mismas tácticas y discursos: la privatización educativa bajo el esquema de la “participación social”, la organización curricular y de los conocimientos de la humanidad reducidos a “competencias”, los sistemas meritocráticos basados en la Evaluación para el ascenso y la diferenciación salarial de la carrera magisterial. Todo esto no es nuevo, fue planteado desde 1993 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB); tampoco lo es el instituto autónomo para la evaluación, pues existe desde 2001; ni las pruebas estandarizadas para los alumnos, ya que se aplicaron a partir de 2006.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Servicio Profesional Docente (SPD) y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), componentes de la reforma constitucional a los Artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representan la misma fórmula que durante 2 décadas ha dado las más graves señales de su ineficiencia. En ese contexto, tanto el gobierno como los empresarios encabezados por Mexicanos Primero (quienes, unilateralmente decidieron representar a México ante la OCDE) han construido el chivo expiatorioperfecto para exonerar a la oligarquía nacional y multinacional de su responsabilidad ante la crisis educativa. Por ese motivo, al magisterio se le presenta como el culpable del fracaso de la modernización, de las crisis financieras estatales y de los bajos resultados en sus mismas pruebas estandarizadas.

A pesar de que la intromisión gerencial en los asuntos de carácter educativo no ha sido un proceso terso, lo que actualmente aparece en el ambiente social, político y de los medios de comunicación, es solamente la negación de los docentes a la evaluación; sin embargo, ellos han mantenido una constante oposición al proyecto trasnacional a través de múltiples formas de organización, que justamente atienden la complejidad de la reforma educativa. Quienes han encabezado esta resistencia de manera más sólida son los maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

La CNTE ha pasado de la demanda de aumento salarial como objetivo primordial en 1989 a la democratización del Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación (SNTE), la defensa de la educación pública, la construcción de un proyecto alternativo y contrahegemónico de educación, la lucha por la seguridad social y en la actualidad por la estabilidad laboral. Si bien cada demanda ha tenido cierto énfasis en contextos históricos específicos, no estamos hablando de cosas separadas, son todas ellas parte integral de una misma plataforma política encaminada a edificar una sociedad más democrática.

No es fortuito que en los estados y secciones más atacados por los empresarios y sus voceros en los medios de comunicación se estén dando los procesos más sólidos de organización social del magisterio con los sectores populares: el Movimiento Popular Guerrerense con la Sección XIV, sin olvidar que la tragedia de dimensiones globales por la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa dio origen a la Asamblea Nacional Popular; el Frente Cívico Social con la Sección XVIII de Michoacán, que aglutina 49 organizaciones populares y sindicales que han paralizado al gobierno de la entidad, los sectores estratégicos de la economía, los servicios y los transportes, al menos en dos ocasiones a través de la huelga general; y el Frente Único de Lucha con la Sección XXII de Oaxaca, que recupera la experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) enfilándose a conformar una organización de articulación nacional.

Todas estas expresiones comparten la idea del agotamiento de la vía electoral y de la organización partidista; tienen, además, las condiciones para llevar a cabo lo que han llamado el “boicot electoral” en cada una de sus entidades, con sus respectivas particularidades y posibilidades; en su defecto han optado por impulsar procesos de empoderamiento desde abajo que resultan de poca legitimidad para un estatus cada vez más dictatorial que se legitima por la farsa de las “elecciones”.

Tampoco es ninguna casualidad que en estos mismos estados se estén desarrollando teórica y prácticamente las propuestas educativas contrahegemónicas más acabadas (mas no las únicas) de la CNTE. Hablamos de las escuelas altamiranistas, del Programa para las Transformaciones Educativas de Oaxaca (PTEO) y del Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PDECEM). Los antecedentes de dichas iniciativas se remontan a la crítica epistemológica frente al proyecto neoliberal plasmado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y a la oposición social contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La necesidad de un modelo educativo alternativo ha estado ligada, por 2 décadas, a la construcción histórica de una nueva sociedad y a la formación de sujetos libres y democráticos como agentes de las transformaciones sociales. La concepción política de la pedagogía es parte de la tradición latinoamericana que ha definido la conformación de una concepción propia llamada “educación popular”. No está por demás decir que los maestros mexicanos de la CNTE, en todo nuestro Continente, son el único movimiento “sindical” de su naturaleza que ha realizado aportaciones teóricas y experiencias concretas en los espacios de la educación pública para el diseño de proyectos de educación popular ligados a la emancipación social.

No debe resultarnos extraño que también Michoacán y Oaxaca hayan sido el paradigma en la democratización del SNTE, cuyo lastre ha estado siempre vinculado a los gobiernos federales y sus reformas educativas neoliberales. Sea por la vía legítima o por la legal-estatutaria respectivamente, según sus contextos específicos en cada sección y estado, el magisterio va generando autonomía frente al Estado y sus partidos políticos, así como procesos de empoderamiento desde los núcleos delegacionales de la organización sindical hasta los congresos de bases como máximos órganos de gobierno, de modo que ninguna decisión de la CNTE es cupular, siempre pasa por el consenso de las mayorías.

En suma, la oposición a la evaluación es apenas lo que se vive en la coyuntura política, en el momento en que el INEE ha presentado la calendarización de la evaluación hasta 2016, la cual puede caracterizarse también como la ruta del despido, pero la raíz de la protesta magisterial es multifactorial y su propuesta no se limita a la estabilidad laboral: integralmente la CNTE ha construido alternativas pedagógicas, de organización popular y sindical, así como marcos legales para que los estados garanticen realmente educación pública y gratuita como derecho humano.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/05/31/los-fracasos-de-la-ocde-las-propuestas-de-los-maestros-democraticos/

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Desaparecer las normales, objetivo de la reforma educativa

La gran labor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la era neoliberal ha sido desmantelar el proyecto nacional de educación y abrirlo a la consolidación de un proyecto mundial estandarizado y de producción a gran escala de comportamientos y actitudes para la unificación de una sola cultura, en donde el consumo hedonista y desmedido define la esencia de todas las relaciones sociales.

Los últimos sucesores de José Vasconcelos no han ocultado su aversión por la escuela pública, ni su falta de formación patriótica, académica y de amplio conocimiento del sector educativo, así lo demuestra el bajo perfil, de corte administrativo y no pedagógico, académico o cultural del recién nombrado secretario de Educación Pública, lo cual es también un indicio preocupante de la indiferencia del actual gobierno de Enrique Peña Nieto para fomentar un proyecto educativo humanista y sensible a las necesidades sociales.

En este contexto se inscribe una nueva reforma para la formación inicial de los docentes que no había tenido mayores implicaciones luego de las modificaciones constitucionales de 2013, pero que hoy enrola a los trabajadores de las escuelas formadoras de maestros en la misma dinámica de evaluaciones para regular la permanencia, al igual que los que se desempeñan en los niveles de educación básica y media superior.

Como ya ha sido costumbre en la política vertical del gobierno de la República, no fue consultada y muchos menos consensuada entre los estudiantes y académicos de las instituciones formadoras de docentes, en donde no han faltado propuestas producto de investigaciones participativas y experienciales de colectivos de investigadores de ese mismo sector, que por supuesto no han sido consideradas por ningún sector público de educación, dado que hace años que estas decisiones se toman en el seno de los organismos de la globalización económica.

Las líneas generales de esta reforma aparecen tanto en el Plan integral: diseño y rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales, que presentó la SEP en agosto pasado, así como en lasDirectrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, que fue publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en septiembre pasado; sin embargo, no se aplicarían hasta agosto de 2016.

Es realmente sorprendente la racionalidad que orienta la propuesta en ambos documentos: “Garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidad de quienes ingresan al Servicio Profesional Docente (SPD)”, dice el INEE; pero no ha sido siquiera diseñado un nuevo plan curricular cuyos contenidos definan el perfil del docente, el tipo de hombre y mujer que necesita nuestro país, la sociedad que está proyectando edificar, ni están pensando en las demandas sociales o los contextos culturales. Tal vez en los modos de aprendizaje de los alumnos se están formulando directrices de formación para que los aspirantes a docentes resuelvan el examen nacional del ingreso al servicio, porque si el objetivo es preparar mentores idóneos, ése es el único instrumento que hasta hoy el gobierno ha utilizado para seleccionar a los nuevos maestros.

La integralidad que se pregona en el Plan integral de la SEP es una de las muchas palabras sin contenido que usan para convencer de que tienen sólidos fundamentos pedagógicos, pero la capacitación para ser idóneos, es decir, para ser diestros en contestar plantillas que se reproducen por decenas de miles, repletas de preguntas legaloides, administrativas, memorísticas y simuladoras de posibles escenarios, está muy lejos de la formación docente para enfrentar la diversidad, para educar en el desarrollo del ser humano en sus múltiples dimensiones, para articular un tejido social que se resquebraja por la violencia y la marginación, para sensibilizarse ante la realidad de escuelas llenas de carencias y múltiples factores que merman el aprendizaje.

Una propuesta integral que debiera contener ejes desde la complejidad del proceso educativo, lamultidimensionalidad del sujeto y su realidad, la diversidad regional y cultural de cada centro de formación, originalidad y autenticidad del currículo, la multiplicidad de formas de aprendizaje, así como el desarrollo holístico de los alumnos y profesores, plantea más bien lo opuesto: la creación de un único programa que incluye escuelas normales, universidades pedagógicas nacionales y demás escuelas públicas y privadas formadoras de docentes, cuyos egresados que quieran entrar al servicio finalmente deberán cumplir con los estándares de idoneidad para los cuales es necesariamente absurdo reorganizar todo el sistema de formación inicial para profesores.

Incentivar la formación de un número mayor de docentes “idóneos” suena a una verdadera falacia, cuando menos de 14 mil, es decir, ni siquiera 25 por ciento de las 60 mil personas que resultaron idóneas en el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente convocado por la propia SEP en 2015 obtuvieron una plaza de maestro. En este sentido, ambos documentos que trazan planes y directrices de una misma propuesta federal auguran un rotundo fracaso que expulsaría miles de docentes a las gruesas filas del desempleo, si no se reconoce la necesidad y la responsabilidad del Estado en más de 60 mil escuelas que no cuentan con suficientes maestros.

Resulta contradictorio que la propuesta del INEE no tenga que ver con recuperar el modelo educativo de las normales, ni con la apertura de más de estas escuelas, cuando los resultados de sus mismos exámenes de ingreso en 2014 y 2015 demuestran que los más aptos para la docencia son precisamente los normalistas, ahí existe una tradición ética y pedagógica que ha sido parte fundamental del aporte nacional a la educación mundial que no puede ser simplemente soslayada; eso pone en evidencia la ignorancia de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto que prefiere firmar convenios de cooperación con el gobierno francés y no rescatar nuestras escuelas que han sido ejemplo en la formación de docentes con alto compromiso social.

El INEE parece más preocupado por satisfacer la demanda de trabajo generada por los egresados de escuelas particulares y afirma lo siguiente: “En los últimos años ha crecido la participación de otras instituciones de educación superior (IES) en la formación de estos profesionales. La oferta educativa de las normales coexiste ya desde hace tiempo con una que proviene de universidades públicas y privadas”, por eso se explica que en las “Directrices” se proponga un plan de acompañamiento para que aquellas instituciones de educación superior que oferten carreras relacionadas con la formación de maestros se vinculen con los estándares de idoneidad de los exámenes nacionales de otorgamiento de plazas.

El Plan integral de la SEP eliminaría las licenciaturas en educación preescolar, educación primaria, educación especial, telesecundaria, educación física y las específicas de cada asignatura en secundaria; toda esa diversidad de necesarias especialidades para cada modalidad en educación básica quedaría sepultada por sólo dos carreras: licenciatura en docencia y licenciatura en inclusión. Esto guarda una cierta lógica que fomenta la desprofesionalización del maestro, en la que cualquier universidad entra en igualdad de condiciones para que carreras afines o similares a la formación docente compitan en el mercado laboral por un contrato precarizado, pero esto también atenta contra el derecho de los niños que requieren cuidados especiales, porque la inclusión significa trasladarlos a las escuelas regulares que no están acondicionadas para darles una educación apropiada y acorde a sus necesidades.

Se está preparando al normalismo para que pierda su trayectoria en la formación inicial de los maestros. Se fragua su desaparición en la medida en que cualquier otra institución de educación superior, principalmente privada, podrá preparar docentes, porque el examen de ingreso al servicio en 2016 será totalmente abierto. Las escuelas normales perderán sentido si sólo fungen como medio para la capacitación y actualización del magisterio y no para la formación profundamente ética, pedagógica, didáctica, patriótica y nacionalista.

 

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Historiador y profesor, miembro de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Michoacán

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Nueva formación docente, traje a la medida de Mexicanos Primero

Previamente al anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aumentar el presupuesto destinado a la “capacitación” de los docentes, se abandonaron y desmantelaron en todo el país las instituciones públicas responsables de llevar a cabo esta tarea. Las que se crearon recientemente, a consecuencia de la reforma educativa de 2013, tal es el caso de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), nunca se consolidaron, se perdieron en su propias incapacidades, sin propuestas siquiera visibles, mucho menos de algún impacto real.

Los Centros de Maestros que surgieron en 1994 para atender la actualización del magisterio, primordialmente la que demandaba el extinto programa de Carrera Magisterial, habían mal funcionado en los últimos años con graves carencias de personal y de infraestructura mínima; pero ahora son un cascarón sin proyecto, sin recursos económicos que en lugares de excepción, todavía se sostienen por la inercia de algunos comisionados que permanecen en la incertidumbre.

En la misma lógica se echó a andar desde 2015 el pilotaje del más reciente plan estatal para el desmantelamiento de las escuelas normales y las universidades pedagógicas (UPN). En él, se propone desaparecer todas las licenciaturas y crear únicamente dos: docencia e inclusión, que no representan ningún perfil específico o especialidad para que los egresados se desempeñen en alguno de los niveles de educación básica: primaria, preescolar, educación especial, secundaria o telesecundaria.

La consecuencia de esta medida es la aberración que ya fue dada a conocer por Aurelio Nuño: abrir la carrera docente a todas las universidades y a cualquier profesión, incluso, sin importar que no tengan relación alguna con el ámbito educativo; el único requisito para adentrarse al servicio será participar en el examen nacional de ingreso y salir seleccionado acorde con los parámetros de “idoneidad” que estableció la reforma educativa.

De este modo, la tendencia a la desaparición de las escuelas normales, así como de la Universidad Pedagógica Nacional, allana su camino. Ahora, la formación inicial de los docentes no tendrá la menor importancia; cuando los no docentes se incorporen al sistema educativo nacional, habrá que prepararlos de forma emergente para lo que no fueron formados en las universidades, es decir y aunque parezca extraño, hay que enmendar el error que ya se sabe que se va a cometer, con medidas anticipadas por la SEP a través de programas de entrenamiento, o bien, para utilizar su propio lenguaje, de “capacitación” para que sí puedan desempeñarse en la docencia. De suerte que el aumento al presupuesto para la capacitación docente que pasó de 200 a mil 809 millones de pesos y que representa un incremento de 800 por ciento, no sólo hará estragos en la pertinencia de las escuelas normales y las UPN, tampoco servirá para fortalecer los Centros de Maestros que son públicos y que ya cuentan con una cierta estructura organizativa para la formación continua dentro del sistema educativo nacional; de hecho, rescatar estos espacios es la recomendación que hace el propio INEE en “Modelos de formación continua de maestros en servicio de educación primaria: criterios e indicadores para su evaluación”, documento emitido en 2016. Aurelio Nuño prefirió ser congruente a sus intereses de clase e hizo efectivo el llamado a que los empresarios emitieran propuestas en materia educativa, así que decidió atender de manera prioritaria las orientaciones hechas por Mexicanos Primero en “Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México” (sic), documento publicado en febrero del presente año, un mes antes de que se presentara la propuesta oficial de la SEP.

En “Prof.” el grupo de empresarios autoproclamados como altruistas y sus mercenarios de pluma fuente, dicen textualmente lo que después replicarán los altos funcionarios de la SEP: “Proponemos que se favorezca a la brevedad un Consorcio de universidades para que trabajen de inmediato en una propuesta de plataforma común en estrecha colaboración con el INEE y la DGPDF”.

Y más adelante fortalecen la idea para asegurar que sus intereses no sean desviados a cualquier improvisado en la economía del conocimiento: “Así, el Estado mexicano puede atraer lo mejor del talento universitario en apoyo de los maestros de educación básica, cubrir la dispersión en el país con tutores serios y enfocados, transparentar el manejo de recursos para este fin, y acotar los riesgos de contratar oportunistas, depredadores y sin compromiso”.

Entonces, el “monopolio” estatal de las normales como semillero de maestros, por demás lógico para dar cobertura a la escuela pública, no sólo será sustituido por otro, el cual está encabezado por los grandes corporativos, dueños de cadenas y alianzas entre universidades de capital privado, sino que además el “incremento histórico” de los recursos destinados para capacitación docente, les será entregado en forma directa, en una primera etapa por invitación de la SEP, o mejor dicho, por favoritismo, compadrazgo y hasta pago de facturas políticas.

Claro está, para salvaguardar alguna sobriedad que haga parecer a esta medida como una política de beneficio social, se mencionan a las universidades públicas; pero, en el caso de las normales, la SEP no tuvo ningún rubor en ponerles candados y hacerlas a un lado: “de manera complementaria, participarán algunas de las mejores escuelas normales”, por lo que ya podemos sospechar, a saber del estigma que se les ha impuesto, que serán excluidas.

En cualquier lenguaje o sentido común, esta medida puede ser claramente vista como privatización, se trata de recursos públicos que serán utilizados para capitalizar empresas privadas que hacen de la educación un negocio; finalmente, la preocupación central no es la profesionalización de los maestros ni los aprendizajes de los alumnos, sino la mercantilización de la formación docente.

En “Prof.” como buenos empresarios que son, Mexicanos Primero hace sus estimaciones del negocio que pueden realizar ofertando cursos de poca inversión que ya están en el portal de la SEP: “debe considerarse como una modalidad con alto impacto potencial los programas de desarrollo profesional en línea; se hace vital, por su flexibilidad y bajo costo, generar una regulación adecuada para juzgar su calidad y observar su desarrollo”.

El “altruismo” del empresariado nacional estima que por cada docente regularizado se pueden destinar unos 10 mil pesos, para cursos modulares y tutorías. De la “Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior” que se presentó de manera oficial hace unas semanas, podemos concluir que efectivamente es un traje hecho a la medida, pero de los grandes empresarios.

La calidad educativa, los aprendizajes de los alumnos, la profesionalización docente y la escuela al centro, tan sólo son panfletos que se muestran ante la sociedad civil, pero que ocultan quiénes toman realmente las decisiones en este país para favorecer un reducido círculo de oligarcas en detrimento de los intereses de la nación.

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La propuesta de Nuño: Una medida para el entrenamiento de autómatas en la educación

El sistema meritocrático de profesionalización y formación docente que en México se llamó Carrera Magisterial, surgió al interior del Banco Mundial para formar un sector del magisterio que abanderara los principios de la educación empresarial contenidos en la Reforma Educativa de 1993. Así se creó un ejército de docentes encargado de llevar hasta el seno de cada aula escolar la concepción mercantilista de la educación, mismo que se presentó ante la sociedad por el SNTE, la SEP y los empresarios nacionales e internacionales, como el perfil del maestro “ejemplar”.

Dicho maestro se avocó a desarrollar su tarea dentro del salón de clase; siguió al pie de la letra los programas oficiales; el calendario escolar de 200 días, evitando cualquier suspensión; se preparó en los cursos de formación continua para dar seguimiento a la Reforma Educativa; se comprometió a la aplicación de pruebas estandarizadas nacionales como ENLACE, promovida por Mexicanos Primero, e internacionales como PISA, diseñada por la OCDE, a fin de medir los aprendizajes de sus alumnos, pero vinculadas a su propio desempeño; además, se sometió a constantes exámenes para escalar en la profesionalización y mejora salarial.

Por otro lado, los maestros de la CNTE se negaron a reconocer y participar de Carrera Magisterial, por considerarlo un programa que generaba la individualización de la relación laboral y la atomización del contrato colectivo; promovía la competencia entre pares, rompiendo con los principios de cooperación y solidaridad entre los trabajadores; atentaba contra el derecho constitucional que reconocía “un salario igual para un trabajo igual”; veía en él una salida personal y selectiva, que violaba el derecho social a obtener un salario digno para todos; y porque que no contribuía a mejorar la educación en su conjunto.

Después de dos décadas, los empresarios de Mexicanos Primero, la SEP y la Auditoría Superior de la Federación, dan la razón a la CNTE; sus investigaciones muestran que 8 de cada 10 maestros que estuvieron al frente de alumnos con resultados insuficientes en el examen PISA, estaban en Carrera Magisterial y quienes se encontraban en los niveles más altos de este mismo programa, fueron profesores de alumnos con resultados inferiores en la prueba ENLACE.

Esta tendencia da cuenta, no sólo del fracaso de Carrera Magisterial, sino de una política exógena, diseñada fuera de las instituciones públicas, en las esferas de organismos económicos; hecha al margen de los actores internos de la educación. No obstante, se repite una y otra vez el mismo error, desoyendo las voces críticas, dando continuidad a lo que los empresarios proponen, y cada vez que lo hacen, la autoridad educativa mexicana presenta sus recomendaciones como si fuese algo novedoso, borrando la matriz del fracaso.

Así sucedió con la “Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior”, que recién se dio a conocer para responder a las necesidades formativas arrojadas por los primeros resultados de la evaluación del desempeño, la cual nació con el pecado original. Días previos, Mexicanos Primero, ya tenía todo resuelto en “Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México”, documento fechado en febrero de 2016, pero elaborado meses antes.

En estos dos textos y uno más elaborado por el INEE, se desglosa la estrategia que la SEP y Mexicanos Primero implementarán a partir del próximo 15 de abril. Pretenden seguir formando un ejército de autómatas que lleve a cabo los principios añejos y nuevos de la educación empresarial: la medición estandarizada de los aprendizajes, la meritocracia como profesionalización docente, la privatización de la escuela desde la gestión escolar, las competencias básicas para satisfacer las demandas del mercado laboral y la “inclusión” como nueva modalidad para desentenderse de los alumnos con necesidades especiales.

La “nueva” estrategia de formación, al igual que el extinto y fracasado programa de Carrera Magisterial, vincula los “buenos” resultados con la mejora personal del salario, salvo que ahora se retoma la vieja fórmula de la más atrasada psicología conductista que surgió en los experimentos hechos con roedores: el “estímulo respuesta”; de modo que los “malos” resultados recurrentes, derivarán en la separación de la función docente como castigo.

No nos tomará por sorpresa entonces que los docentes repitan los mismos vicios de Carrera Magisterial. Su propósito principal no será la formación para mejorar su práctica pedagógica ni los aprendizajes de los alumnos, mucho menos intervenir positivamente en el entorno escolar; su preocupación fundamental será evitar el despido y/o incrementar sus ingresos personales.

Aunque Mexicanos Primero y el INEE intentan distanciarse teóricamente de la capacitación al estilo mecanicista, proponiendo conceptos como “Aprendizaje profesional docente” que se refiere a procesos formativos más interactivos en la reflexión, la investigación y experimentación entre las prácticas pedagógicas y los aprendizajes de los alumnos y “formación in situ”, entendida como las experiencias que surgen desde las propuestas y necesidades reales de los mismos docentes; la verdad es que tales conceptos no logran trascender el mero discurso.

Se presenta una estrategia (producto de una ley impuesta y sin consenso entre el magisterio), diseñada unilateralmente y al margen de la consulta de los implicados; no es opcional sino obligatoria, por consecuencia se vuelve estresante; no surge de la autogestión de los maestros ni de alguna de las muchas experiencias de autoformación para solventar sus realidades cotidianas en el terreno pedagógico, didáctico y del contexto escolar; no es por tanto una propuesta endógena y de interés colectivo, es más bien vertical, acrítica, creada para el entrenamiento y la capacitación técnica, de corte empresarial.

Una estrategia es de fondo, se propone horizontes de largo plazo, pero esta medida no es estratégica, porque sus objetivos son mediatos, de corte instrumentalista, de aprendizajes operativos y de poco razonamiento: cursos para elaborar y subir evidencias; para seguir los manuales de la “Ruta de mejora escolar”; para el vaciamiento de contenidos preestablecidos en los libros de texto, en un cronograma temporal, al que llaman planeación pedagógica; o para el manejo de herramientas tecnológicas, cuya pobreza curricular acumulada en horas y módulos, harán una maestría.

El “traje a la medida” de Aurelio Nuño, le quedará perfecto al maestro autómata, lineal, acostumbrado a seguir instrucciones; al docente creativo, autónomo, curioso, crítico, de profunda conciencia política y compromiso social, que indaga nuevos materiales y alternativas didácticas, que no se conforma con aprender del texto sino que busca conocer, comprender y transformar el contexto, el traje le quedará demasiado chico.

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El negocio de la formación docente

El corazón de lo que el régimen llamó “reforma educativa” es la evaluación y la profesionalización de los docentes; ni lo uno ni lo otro ha podido llevarse a cabo de manera eficiente, unas veces por la oposición abierta de los profesores y profesoras; otras, por la misma ineficacia de las instituciones gubernamentales responsables, que han convertido su discurso en una simple falacia mediática.

 

Los 361.91 pesos que anualmente se destinan para la formación de cada uno de los docentes de educación básica es una cantidad irrisoria. Obviamente, no es un presupuesto siquiera cercano a lo que se necesita para impulsar la actualización y la preparación demandada por una reforma que ha focalizado la principal responsabilidad del impulso al sistema educativo en el profesorado.

Las cifras son muy dispares para el nivel medio superior, donde el gasto para la formación continua asciende a 10 mil pesos anuales por cada trabajador; esto se ha vuelto un jugoso negocio para la iniciativa privada, porque el sector público ha sido desplazado paulatinamente como responsable del diseño y operación de los cursos para el magisterio.

La canalización de recursos públicos a través de contratos preferenciales para favorecer a los sectores empresariales allegados al partido y grupo en el poder ha sido un mecanismo recurrente por el gobierno de Enrique Peña Nieto que raya en la corrupción, de suerte que las plataformas virtuales y paquetes de formación docente son comprados en altos costos a empresas– como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey– que no sólo aparecen en el catálogo nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de instituciones con las que se pueden realizar estos contratos, sino que también están entre los principales promotores de la supuesta “filantropía” pregonada por Mexicanos Primero.

En consecuencia, los llamados Centros de Maestros, que debieran asumir la responsabilidad de la formación continua del magisterio, están siendo abandonados por esta política privatizadora y carecen de elementos básicos para su funcionamiento. Las informaciones oficiales del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa muestran que alrededor de la mitad de estos Centros no tienen aulas de medios, tampoco cuentan con bibliotecas y los salones son insuficientes.

También son graves las cifras reconocidas por los encargados de la profesionalización docente respecto de quienes atienden en los Centros, cuyos equipos no superan las 10 personas para satisfacer la demanda de 267 escuelas en promedio; sin embargo, los datos oficiales son todavía muy conservadores: en varios casos la realidad es mucho más crítica. Por ejemplo: la ciudad de Morelia atiende varias regiones que juntas hacen un promedio de 15 mil profesores, pero cuenta con tan sólo dos de estos centros.

En el fondo está el desmantelamiento del sistema público, la perspectiva tecnocrática de economía de libre mercado, que pretende quitar de la rectoría del Estado la formación docente, para que las grandes firmas de la educación privada tengan un mercado cautivo que les permita entrar en el negocio de la educación por nuevas honduras.

Detrás de las “pequeñas” escuelas particulares –o patito, como se han denominado coloquialmente– y que crecen al por mayor en todas las ciudades del país están los grandes consorcios de la educación privada, que ya van tomando el control de la formación de profesores, unas veces absorbiendo los presupuestos públicos como antes mencioné pero, en otras ocasiones, ofertando indiscriminadamente cursos que deberán ser pagados por los mismos docentes ante el hostigamiento de prepararse para la evaluación obligatoria y de carácter universal que los amenaza con la separación de su función, aunado a la insuficiencia provocada en los Centros de Maestros para atender la gran demanda que ello implica.

La fabricación a gran escala de cursos y talleres para la formación técnica de los docentes es un hecho que consuma su desprofesionalización, los trayectos cortos y con la menor infraestructura son más baratos y rentables para la escuela maquiladora, pero promueven la “capacitación” en sentido estrecho de los docentes y tienen los peores resultados en el aprendizaje integral de los alumnos.

Aberrantemente el nuevo Servicio Profesional Docente promueve estas iniciativas al no tener entre sus prioridades a considerar para la evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento de los mentores su nivel académico. Significa que aquellos que se hayan decidido por el estudio de posgrados para la investigación o el diseño de propuestas educativas innovadoras, transformadoras y alternativas, serán simplemente ignorados en sus esfuerzos, porque lo realmente funcional para esta reforma son los cursos de administración escolar, los de llenado digital de información de evidencias y los que capaciten para la contestación del examen de opciones múltiples.

En tales circunstancias, el discurso promovido por el actual gobierno mexicano, en tanto que esta reforma eleva la “calidad” educativa y crea, además, las condiciones para garantizar el “derecho” de los y las maestras para mejorar sus conocimientos y su práctica pedagógica se derrumba como una torre de arena en el desierto de las buenas intenciones.

El llamado que hace el gobierno mexicano al cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un exhorto unilateral que lo exime de su propia responsabilidad para crear las condiciones elementales de formación y evaluación de los maestros, lo que fundamenta la sospecha de haber creado dos instrumentos con un mismo objetivo: la muerte de la estabilidad laboral.

La disidencia magisterial no ha sido pasiva frente al desmantelamiento de los espacios públicos de formación continua y la desprofesionalización de su función pedagógica. En diversas entidades de la República se están construyendo espacios alternativos para formar otros perfiles ajenos a las perspectivas empresariales y más cercanos a la formación de los educadores populares, de altos compromisos sociales, comunitarios y éticos con la vida y la diversidad pedagógica y cultural, que se alejan del ascenso personal para asumir proyectos colectivos de transformación social.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Historiador y profesor; miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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Evaluación, control y reproducción social

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Contralinea/Por: Lev Moujahid/ 25-03-2016

El debate científico que durante largos siglos se ha hecho sobre la objetividad de la ciencia alcanza las concepciones que se tienen acerca del tema de la evaluación, quizás porque este sea un tópico de relevancia en la sociedad contemporánea, pero también porque efectivamente los fines y usos que de ella se han hecho obligan a adoptar una posición ética y política frente a lo que está sucediendo en nuestro país.

Desde principios del siglo XX, la Escuela Crítica puso de manifiesto que la racionalidad instrumental es heredera de la visión positivista de la ciencia, la cual navega con bandera de imparcialidad ante un mundo que es consecuencia de la dinámica del capitalismo, hoy en franca crisis de viabilidad porque su mecanismo de “desarrollo” desigual se sustenta en el progreso material y económico, selectivo de muy pocos; su crecimiento se hace sobre la base de la explotación humana y el deterioro de la naturaleza.

Según esta perspectiva, se niega cualquier posibilidad de intervención subjetiva; es decir, de interpretación y comprensión de la realidad desde una visión histórica. El sujeto social que se educa y conoce, no puede ser protagonista de su propia realidad, está incapacitado para revertir, reorientar y transformar el devenir de la sociedad capitalista, que se presenta como la única opción posible.

Pretender que la ideología, la intención política y el sentido orientador de las acciones humanas sean parte de los procesos educativos, atentaría contra los principios de la objetividad científica. La lógica matemática es para la ciencia positivista la forma más sublime de representación del mundo: sólo aquello cuantificable es susceptible de alcanzar la cientificidad, lo válido y rescatable para considerarse conocimiento verdadero.

Al adentrarse al campo de la evaluación permea la misma idea, de tal modo que la medición sustituye incluso a la evaluación; para tal razonamiento se requiere un estándar comparable, un instrumento matemáticamente medible, que arroje números y no propuestas, estadísticas y no soluciones, panoramas y no acciones transformadoras.

La evaluación objetiva hace del instrumento evaluador su mayor carta para alcanzar la verdad casi absoluta, ella debe prescindir del sujeto, de sus intenciones y pasiones, porque contaminan y enturbian lo imparcial, lo vuelven subjetivo, entonces la evaluación positivista, convierte a los actores educativos en entes ajenos a su propio hacer pedagógico.

Los intereses, percepciones, vivencias, intenciones, opiniones y condiciones humanas de los actores educativos, son abruptamente soslayadas por la dictadura de la supuesta imparcialidad de los instrumentos de medición evaluativa a los que se les rinde culto, como si no fuesen creaciones humanas; se trata del imaginario instituyente que ha instalado la única verdad aceptada, la que viene de arriba, verticalmente impuesta por las instituciones que hasta han adoptado su carácter “autónomo” frente a las comunidades educativas y ese sólo adjetivo las purifica de cualquier humanidad corrompida.

De vez en cuando la sumisa academia desliza alguna crítica conservadora, al considerar la evaluación como un acto centrado en el currículo, como si el objetivo superior de la educación fuera aprender contenidos seleccionados a priori por un grupo hegemónico; se olvidan que se educa para la vida, para la democracia, la libertad o la justicia, para hacer de este mundo algo mejor para todos. Es ahí donde radica el carácter estratégico de lo educativo, cada paso en ese sendero constitutivo de un nuevo mundo es el que debe ser valorado, evaluado y visto en prospectiva.

La miopía de la evaluación se ha enclaustrado en las mentes herméticas de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), por tal motivo les parece fundamental que la fuerza creativa y vital de los maestros se suicide para ser capaces de resolver exámenes o, bien, de seguir instrucciones digitalizadas que individualizan la burocratización, controlan y entorpecen el tiempo pedagógico que debe ser socializado con todos los sujetos partícipes de lo educativo.

La evaluación instrumental, de fines puramente pragmáticos y de control social se presenta como un proceso exógeno, que se hace desde fuera de los contextos y de los protagonistas de la educación: cuanto más alejada esté de ellos, será mejor, porque de otro modo empodera, informa, concientiza, organiza y moviliza a estos actores, que no son sólo maestros, también son alumnos y padres de familia; entonces debilitará los mecanismos de sujeción de los grupos hegemónicos.

Esta evaluación está diseñada para fortalecer la gobernanza de una oligarquía a través del miedo constante. La promesa de una educación de fuertes pilares, garante de la movilidad social e impartida por maestros arraigados en añejos imaginarios como el nacionalismo, ahora se fundamenta en la constante incertidumbre. Mientras menos solidez se condense sobre la figura docente, su estabilidad laboral y preparación profesional a través de los procesos evaluativos, mayor es el grado de manipulación que se ejerce sobre la educación y sus principales actores.

La evaluación para el control social la hacen los investigadores del poder, la avalan los hombres de bien, los que entienden que la cultura y la educación son parte de la gran industria del siglo XXI que debe ser privatizada; la aplican y califican técnicos que nada saben de pedagogía, ni de planeación curricular o didáctica y mucho menos conocen el entramado de relaciones que se tejen en la comunidad escolar y su contexto social; pero la padecen, ajenamente a su vida cotidiana, los educadores, los alumnos y los padres de familia, quienes miran danzar cifras y números, como simples espectadores detrás del teatro escolar.

La evaluación crítica no niega el contexto histórico social, por el contrario es parte fundamental para emprender tan compleja tarea educativa, tampoco deslinda al sujeto de la necesidad y su capacidad para pensarse así mismo en la formación de sí como ser humano y su proyecto de vida. La evaluación técnica, instrumental, estandarizada y cuantitativa, de ningún modo puede abstraerse del contexto histórico, la acción y los instrumentos para evaluar son una construcción social cuyos fines pretenden ser ocultados por un sector hegemónico que quiere legitimar su visión dominante, tornándola supuestamente objetiva.

La evaluación, así como el acto educativo y la construcción científica implican una definición frente a la realidad concreta, aun cuando se representen matemáticamente, los fines son construidos predeterminada y deliberadamente por ciertos sujetos que, para nuestro sistema de relaciones de dominación y explotación, no son más que la reproducción del propio orden, es decir, la conservación del estado de cosas.

Una evaluación crítica se pregunta desde los sujetos que somos, desde nuestra geografía y condición social, no puede ser externa, necesariamente es parte de la reflexión sobre lo que consciente y colectivamente se quiere alcanzar a través del acto educativo; la comunidad escolar se autoevalúa por medios horizontales y dialógicos, desde la crítica y la autocrítica. Es por supuesto investigación que propone, transforma y construye nuevas realidades y conocimientos.

La evaluación no puede ser individualista, selectiva, excluyente, clasificadora, punitiva y mucho menos competitiva. Es lectura analítica del pasado, comprensión de la realidad presente que deriva en la toma de conciencia sobre las prospectivas para la proyección utopística de un futuro emancipatorio.

Despedir, intimidar, estresar, denostar, exhibir y clasificar no es evaluar, pero sí son componentes, procesos y resultados de formas de control social, como las que caracterizan a la propuesta regresiva que la SEP se ha empeñado en presentar como evaluación, pero que sólo se ha exhibido como mecanismo de terror educativo.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/13/evaluacion-control-y-reproduccion-social/

Fotografía: contralinea

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