Por: Miguel Ángel Casillas

Las autoridades educativas de todos los niveles son responsables de las acciones o inacciones que en materia de educación nacional se han tomado o dejado de tomar durante la pandemia. Específicamente en el caso de la educación superior, las autoridades federales, las estatales y las de cada institución deberán rendir cuentas sobre lo que han hecho o dejado de hacer para hacer avanzar los objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley general de educación superior.

Salvo honrosas excepciones, las autoridades de la educación superior han estado subordinadas a las restrictivas políticas de salud, sin decidirse a volcar las energías del sistema de educación superior a la solución de la propia pandemia, sin iniciativa para favorecer la investigación sobre la enfermedad y sus efectos, sin alentar la difusión del conocimiento científico sobre el virus, sus mutaciones y sus efectos sobre la salud humana, sin promover la ampliación del conocimiento en función de la comparación de experiencias sociales e institucionales. Se han contentado con aplicar las medidas sanitarias, principalmente suspendiendo las actividades presenciales; y para los pocos trabajadores que asisten se toma la temperatura, se reparte gel antibacterial y se recomienda el uso del cubrebocas. Sin embargo, su responsabiidad no es sólo relativa a la cuestión sanitaria, sino principalmente educativa y es a ella a la que han renunciado y donde el déficit por su innacción es incalculable.

En efecto, podríamos justificar la pasividad de las autoridades al momento inicial de la pandemia, pues nadie sabía qué hacer, el desconcierto era generalizado y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia era grande. La confusión fue mayor cuando se establecieron las medidas nacionales de emergencia, suspensión de actividades y sana distancia. En ese momento inicial de la pandemia las autoridades de la educación superior fueron incapaces de formular una estrategia de transformación universitaria, se abandonó a los universitarios a su suerte y se cerraron las instalaciones.

En un segundo momento se comenzó a improvisar el traslado de las clases presenciales a plataformas educativas y se determinó continuar con las actividades académicas a la distancia haciendo uso de videoconferencias, chats, mensajes de voz y de texto. Las lecturas se distribuyeron en formatos pdf y en libros electrónicos para hacerlas accesibles a los estudiantes. Los ejercicios y actividades se reportaron en foros y repositorios; se mantuvieron las exposiciones en clase usando power point pero ahora compartiendo la pantalla en las videoconferencias. Este traslado fue desordenado y dejado a la libre competencia de los profesores: las autoridades renunciaron a diseñar una estrategia pedagógica que promoviera la renovación de la enseñanza y abdicaron de su responsabiidad de incentivar la capacitación continua del profesorado para incrementar su capital tecnológico. Salvo excepciones, las autoridades no apoyaron con equipos de cómputo o conectividad ni a estudiantes ni a profesores.

Peor ha sido el destino de la investigación, de la difusión cultural y la extensión universitaria que no disponen de políticas específicas para su adaptación a los tiempos que corren, a los nuevos formatos de la comunicación y nuevas condiciones del consumo cultural.

Continuando con esa inercia pachorruda, se ha instalado una nueva normalidad y llevamos dos años sin que haya claridad, de parte de los responsables de conducir el sistema de educación superior, para definir una estrategia educativa capaz de asumir la condición de incertidumbre que plantea el hipotético fin de la pandemia. En efecto, Las autoridades educativas han estado atrapadas tanto por la esperanza ilusoria del fin de la pandemia, como orientadas por una ideología conservadora de retorno al pasado. En lugar de pensar los desafíos de la pandemia desde la innovación educativa, siguen atrapados en la respuesta sanitaria.

Las autoridades universitarias y de la educación superior tienen un compromiso con sus comunidades y el deber de promover acciones constantes de mejora. Al renunciar a su liderazgo y abdicar en el diseño de un sistema de educación superior que se adapte a las nuevas condiciones, contravienen la responsabilidad para la cual fueron designados. Han pasado dos años y el retorno a las actividades presenciales se prolonga sujeto al ritmo de la pandemia; mientras, avanza la deserción y las comunidades se agotan en el limitado espacio del zoom, no hay un incremento real de la matrícula ni se están cumpliendo las expectativas definidas por la Ley general de educación superior.

Ante la indolencia de los rectores y los subsecretarios de educación de los estados, ante la falta de iniciativa de las autoridades federales, los ciudadanos y los universitarios en particular no podemos ser espectadores ante el derrumbe y el deterioro de la educación superior. Necesitamos compartir y aprender de las experiencias de estos dos años. A nivel nacional y de los estados estamos necesitados de un plan de capacitación y actualización magisterial, de un programa de habilitación estudiantil sobre las nuevas formas de estudiar, necesitamos que las autoridades negocien un sistema para la adquisión de equipo de cómputo y becas de conectividad para continuar con los estudios, que promuevan un repositorio de recursos educativos. A nivel de las instituciones es imperioso el rediseño curricular hacia la educación híbrida, donde renovemos contenidos, prácticas y relaciones pedagógicas, actividades y ejercicios de enseñanza, formas de evaluación y certificación de los aprendizajes, recursos para el aprendizaje, horarios. Tambiés es necesario el rediseño de los sistemas de tutorías para favorecer el acompañamiento a la distancia. Tiene que haber políticas de apoyo a la investigación y de renovación de la difusión cultural y la extensión uiniversitaria entre otros muchos aspectos.