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Los derechos digitales de los universitarios

Por: Miguel Ángel Casillas

Una nueva agenda de reivindicaciones universitarias emerge como consecuencia inmediata de la pandemia. En la educación superior se perfilan como necesarios un nuevo tipo de derechos no definidos con anterioridad, propios de esta nueva época. Se trata de reivindicar una serie de derechos digitales para los universitarios que ayuden a encuadrar el uso de las TIC en la educación superior con un sentido progresista.

La primera y más contundente consideración es que desde hace más de veinte años se desarrolla una intensa revolución tecnológica en todas las actividades humanas, en las profesiones y en las prácticas académicas y que asociado con ella ha emergido una nueva cultura digital que atraviesa todos los sistemas simbólicos, las creencias y representaciones sociales: en esta intensa transformación las universidades y los universitarios juegan un dinámico papel.

Una segunda consideración de carácter histórico son los cambios ocurridos durante la pandemia, que hicieron que las clases, las actividades académicas, culturales, de divulgación y administrativas migraran al espacio virtual; que las TIC fueran el soporte del trabajo y del estudio, de la comunicación y el intercambio académico.

También habríamos de observar el incremento de las desigualdades que resultó de la pandemia. A las viejas desigualdades sociales se les sumaron las que tienen que ver con la muy desigual distribución del capital tecnológico, en el acceso a los recursos tecnológicos, en el grado de dominio y las disposiciones incorporadas con que cuentan los estudiantes y profesores.

Ya habíamos enunciado en Educación Futura que precisamente en ese contexto, es que teniendo como fuente de inspiración la consulta a la ciudadanía que se desarrolla en España (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf) es que podemos formular un listado inicial de derechos digitales que habríamos de exigir los universitarios en México. En principio enunciamos al menos cuatro ejes principales:

Derechos de libertad. Comprenden lo derechos y libertades en el entorno digital universitario, a la identidad, a la protección de datos, al pseudonimato, el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad, para garantizar la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital. Se trata de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital universitario, de condenar la discriminación, el racismo y otras formas de exclusión social. Al mismo tiempo, de garantizar el derecho a la identidad en el contexto digital; las universidades deberán ofrecer garantías necesarias que permitan la verificación segura de la identidad en el entorno digital con la finalidad de evitar manipulaciones, suplantaciones, o control de la misma por parte de terceros. Las universidades deben garantizar la protección de los datos personales de los universitarios. En el entorno digital universitario, la localización y los sistemas de análisis de personalidad o conducta que impliquen la toma de decisiones automatizadas o el perfilado de individuos, o grupos de individuos, únicamente podrán realizarse en los casos permitidos por la normativa vigente y con las garantías adecuadas en ella dispuestas. En cuanto a la ciberseguridad, todo universitario debería tener derecho a que los sistemas digitales de información que utilice para su actividad personal, profesional o social, o que traten sus datos o le presten servicios, posean las medidas de seguridad adecuadas que permitan garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad de la información.

Derechos de igualdad. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital universitario, el derecho de acceso a Internet. Se trata de garantizar que el derecho y el principio a la igualdad sea aplicable en los entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la no exclusión. Deberíamos promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales y fomentar que los procesos de transformación digital apliquen la perspectiva de género adoptando, en su caso, medidas específicas para garantizar la ausencia de sesgos de género en los datos y algoritmos usados. Además, las universidades deberán impulsar políticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo de todos los universitarios a los servicios digitales institucionales, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones. Las universidades deberán promover las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal de su comunidad a los entornos digitales, en particular a las personas con discapacidad.

Derechos de participación en la vida universitaria. Comprenden el derecho a la neutralidad de Internet y la garantía de las instituciones para tratar el tráfico de datos de manera equitativa sin discriminación, restricción o interferencia. Garantizar el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz. Promover el derecho a la participación universitaria por medios digitales deberá permitir el pleno y efectivo acceso a la información del proceso en cuestión; permitir y garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas de las personas implicadas; garantizar las condiciones de igualdad y no discriminación participativa, lealtad institucional y justa y equilibrada competitividad; y garantizar la accesibilidad de los sistemas digitales de participación universitaria. Esta serie de derechos se completa con el derecho a la educación digital y con la definición de los derechos digitales de los universitarios en sus relaciones con la administración universitaria.

Derechos laborales. Se trata de definir los derechos en el ámbito laboral de profesores y trabajadores que se asocian con el trabajo a la distancia, con las clases virtuales e híbridas, con la ampliación de las jornadas laborales, de la definición de las condiciones del trabajo y de la capacitación tecnológica.

Estos cuatro ejes enuncian sucintamente una agenda de trabajo que tendrá que ser atendida de manera colectiva por los universitarios en el marco específico de sus instituciones. La precisión y consagración normativa de los derechos digitales puede ser un indicador de la modernización tecnológica de las universidades.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-derechos-digitales-de-los-universitarios/

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Deber de memoria en la educación superior

Por: Miguel Ángel Casillas

Dada la subordinación de las políticas educativas a las medidas de salud durante la pandemia y derivada de la falta de liderazgo institucional, durante dos años en las universidades se diluyó el espíritu corporativo y solidario y todos nos refugiamos en casa de modo individual. La experiencia escolar de estudiantes y profesores sufrió un fuerte shock que desestabilizó todos los viejos referentes y nos colocó ante una educación a distancia, sin proyecto de innovación, más bien como un refugio a donde se trasladaron las actividades de enseñanza para mantener, en el contexto de la desmovilización nacional, el cumplimiento de nuestra misión.

En muchas universidades e instituciones de educación superior se está convocando al regreso a las actividades presenciales. Muchas autoridades expresan enfáticamente que el regreso significa eso: regreso al pasado; a las mismas condiciones que teníamos antes de la pandemia, en las que, si los cursos habían diseñados de modo presencial, virtual o mixto, así deben impartirse; sin considerar la experiencia reciente de los dos últimos años en que todos tuvimos que recurrir a la educación a la distancia. Muchas autoridades y profesores son prisioneros del pasado, son incapaces de imaginar una nueva universidad.

La suposición de que vamos a regresar al pasado es absurda, ahistórica y no resiliente. Esconde un olvido deliberado para eludir las responsabilidades. Desde cualquier razonamiento lógico e histórico, el retorno al pasado es imposible; en el mismo sentido supone la incapacidad de un balance crítico que nos permita sacar un saldo y aprender. El olvido no representa ninguna superación de la crisis, esto solo se logra aprendiendo la lección.

Necesitamos enfrentar el trauma, comprender lo sucedido, reconocer las experiencias de estudiantes y profesores, y sobre esa base, una vez que hayamos realizado un balance crítico de lo sucedido en la pandemia, cambiar y tratar de evitar que un evento así nos tome desprevenidos. Las autoridades educativas de todos los niveles, desde el federal hasta el institucional, deberán rendir cuentas por sus acciones y sobre todo por sus inacciones, por su falta de visión y por haber subordinado el proyecto educativo a las medidas restrictivas determinadas por la Secretaría de Salud.

El olvido deliberado sobre el pasado reciente es muy poco empático con las víctimas mortales y con los enfermos por la pandemia, muchos de los cuales padecen secuelas y no han terminado su recuperación. Tenemos un deber de memoria en relación con quienes murieron por la COVID, son profesores, trabajadores o estudiantes que nos faltan, que han dejado un vacío entre las comunidades. Todas las víctimas mortales merecen ser recordadas, sus trayectorias académicas forman parte del entramado de experiencias con que todos nos hemos construido en tanto universitarios.

En relación con los universitarios que se contagiaron, no hay ni un balance de los daños ni tenemos idea precisa del alcance de las afectaciones que padecen. ¿Cuántos miles de universitarios padecieron la enfermedad?, ¿Cuáles son sus condiciones de salud?, ¿Cuáles son los efectos y secuelas provocados por la COVID que siguen padeciendo? Tenemos evidencia dada la encuesta realizada por la UANL y la Subsecretaría de educación superior de que millones de jóvenes sufrieron, además de la COVID, de depresión, stress y ansiedad. Los datos muestran que las mujeres fueron las más afectadas.

En ese contexto, el retorno debe ser primero una oportunidad para el reencuentro, para hacer el balance de lo ocurrido, para honrar a quienes fallecieron, para reconocer a quienes todavía no reestablecen su salud. A partir de ello, debemos desarrollar estrategias diferenciadas y ser solidarios con quienes continúan bajo los efectos de la enfermedad.

Sin un balance crítico respecto del pasado reciente es imposible reconocer las afectaciones recibidas durante la pandemia, y sin esta reflexión seremos incapaces de aprender de la experiencia vivida. Un nuevo horizonte progresista para la educación superior sólo es posible si cumplimos con nuestro deber de memoria.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/deber-de-memoria-en-la-educacion-superior/

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México: Nuevos derechos para los universitarios

Nuevos derechos para los universitarios

Miguel Casillas

Mucho ha avanzado el país con la promulgación de la Ley general de educación superior que impulsa la gratuidad y la ampliación del acceso a estos bienes culturales. También como resultado de esa Ley seguramente avanzaremos en la conformación de espacios libres de violencia, de igualdad entre géneros, de respeto y valoración de la diversidad.

La nueva Ley abre un horizonte promisorio de desarrollo para la educación superior, siempre y cuando, sus preceptos y objetivos se vuelvan una realidad. Ojalá y las políticas públicas que impulse el gobierno se orienten hacia estos objetivos y traten de diseñar estrategias y cursos de acción que superen la situación actual.

Sin embargo, no podemos abstraernos del presente y suponer que después de la pandemia no ha cambiado nada. Por el contrario, como resultado de los evidentes problemas, pero también de los avances y ventajas obtenidos, es que emerge una nueva agenda de derechos digitales para los universitarios que ayude a encuadrar el uso de las TIC en la educación superior con un sentido progresista.

Después de dos años de pandemia se amplió y masificó el uso de los recursos tecnológicos en la educación superior: las clases a la distancia y el uso de plataformas digitales para los seminarios, reuniones, congresos, presentaciones de avances, defensas de tesis y exámenes profesionales se volvieron familiares y parte de la vida cotidiana. Se fortalecieron los repositorios y se amplió la capacidad de acceso a libros y revistas en formato digital; desaparecieron las antologías en fotocopias y las bibliografías son accesibles de modo integral en formatos pdf. Además de los recursos convencionales, se amplió el acceso a conferencias, videos, tutoriales y una amplia gama de recursos educativos virtuales. Muchos profesores han preparado videos, ejercicios y actividades de aprendizaje para sus alumnos y los han subido a distintas plataformas. De manera cotidiana se aplican formularios electrónicos, se realizan evaluaciones y se aplican exámenes en formatos digitales, y de modo presencial, pero a la distancia a través de videoconferencias. Todos los profesores y estudiantes hemos dejado de compartir documentos en papel y utilizamos documentos y compartimos archivos digitales para tareas, ejercicios, avances de investigación y tesis. La comunicación cotidiana entre profesores, entre estudiantes, y entre profesores y estudiantes se realiza a través de dispositivos electrónicos y en plataformas y redes sociales. En cada clase hay un grupo de WhatsApp y se usa de modo frecuente Facebook como herramienta. Por su parte, la gestión y la administración se ha transformado, los procesos y procedimientos se han automatizado y luego digitalizado. En cuanto al gobierno hubo avances relativos a la apertura y publicidad de las sesiones de los órganos colegiados, a la transparencia y la ampliación de los espacios virtuales de participación de la comunidad en la gestión. Durante la pandemia, la divulgación y comunicación científica y académica sobrevivió y fue accesible sólo en los formatos electrónicos. La difusión cultural y las actividades artísticas adoptaron un formato digital.

Ya antes de la pandemia era evidente que en el contexto universitario actual es imposible sustraerse a tres dinámicas entrelazadas: el despliegue de la cultura digital, el uso masivo de dispositivos electrónicos, y la explosión de software disciplinario que experimentan los campos de conocimiento. Después de la pandemia es todavía más difícil sustraernos a esa dinámica y suponer que en el mundo habrá involución.

Precisamente en ese contexto, es que teniendo como fuente de inspiración la consulta a la ciudadanía que se desarrolla en España (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf) es que puede emerger un listado inicial de derechos digitales que habríamos de exigir los universitarios en México. En principio enunciamos al menos cuatro ejes principales:

Derechos de libertad. Derechos y libertades en el entorno digital, a la identidad, a la protección de datos, al pseudonimato, el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad, garantizar la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital

Derechos de igualdad. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, el derecho de acceso a Internet.

Derechos de participación en la vida universitaria. Derecho a la neutralidad de Internet, garantizar el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz, el derecho a la participación universitaria por medios digitales , el derecho a la educación digital, los derechos digitales de los universitarios en sus relaciones con la administración universitaria.

Derechos laborales. Derechos en el ámbito laboral de profesores y trabajadores

Habremos de precisar el contenido y el sentido específico de cada uno de estos derechos, pero en su conjunto expresan un horizonte de reivindicaciones que los universitarios podemos ir construyendo para trabajar en el entorno digital. Es ésta una tarea colectiva y un ejercicio que sólo puede integrarse con la más amplia participación de profesores y estudiantes.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/nuevos-derechos-para-los-universitarios/

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Nuevos derechos para los universitarios

Por: Miguel Ángel Casillas

Mucho ha avanzado el país con la promulgación de la Ley general de educación superior que impulsa la gratuidad y la ampliación del acceso a estos bienes culturales. También como resultado de esa Ley seguramente avanzaremos en la conformación de espacios libres de violencia, de igualdad entre géneros, de respeto y valoración de la diversidad.

La nueva Ley abre un horizonte promisorio de desarrollo para la educación superior, siempre y cuando, sus preceptos y objetivos se vuelvan una realidad. Ojalá y las políticas públicas que impulse el gobierno se orienten hacia estos objetivos y traten de diseñar estrategias y cursos de acción que superen la situación actual.

Sin embargo, no podemos abstraernos del presente y suponer que después de la pandemia no ha cambiado nada. Por el contrario, como resultado de los evidentes problemas, pero también de los avances y ventajas obtenidos, es que emerge una nueva agenda de derechos digitales para los universitarios que ayude a encuadrar el uso de las TIC en la educación superior con un sentido progresista.

Después de dos años de pandemia se amplió y masificó el uso de los recursos tecnológicos en la educación superior: las clases a la distancia y el uso de plataformas digitales para los seminarios, reuniones, congresos, presentaciones de avances, defensas de tesis y exámenes profesionales se volvieron familiares y parte de la vida cotidiana. Se fortalecieron los repositorios y se amplió la capacidad de acceso a libros y revistas en formato digital; desaparecieron las antologías en fotocopias y las bibliografías son accesibles de modo integral en formatos pdf. Además de los recursos convencionales, se amplió el acceso a conferencias, videos, tutoriales y una amplia gama de recursos educativos virtuales. Muchos profesores han preparado videos, ejercicios y actividades de aprendizaje para sus alumnos y los han subido a distintas plataformas. De manera cotidiana se aplican formularios electrónicos, se realizan evaluaciones y se aplican exámenes en formatos digitales, y de modo presencial, pero a la distancia a través de videoconferencias. Todos los profesores y estudiantes hemos dejado de compartir documentos en papel y utilizamos documentos y compartimos archivos digitales para tareas, ejercicios, avances de investigación y tesis. La comunicación cotidiana entre profesores, entre estudiantes, y entre profesores y estudiantes se realiza a través de dispositivos electrónicos y en plataformas y redes sociales. En cada clase hay un grupo de WhatsApp y se usa de modo frecuente Facebook como herramienta. Por su parte, la gestión y la administración se ha transformado, los procesos y procedimientos se han automatizado y luego digitalizado. En cuanto al gobierno hubo avances relativos a la apertura y publicidad de las sesiones de los órganos colegiados, a la transparencia y la ampliación de los espacios virtuales de participación de la comunidad en la gestión. Durante la pandemia, la divulgación y comunicación científica y académica sobrevivió y fue accesible sólo en los formatos electrónicos. La difusión cultural y las actividades artísticas adoptaron un formato digital.

Ya antes de la pandemia era evidente que en el contexto universitario actual es imposible sustraerse a tres dinámicas entrelazadas: el despliegue de la cultura digital, el uso masivo de dispositivos electrónicos, y la explosión de software disciplinario que experimentan los campos de conocimiento. Después de la pandemia es todavía más difícil sustraernos a esa dinámica y suponer que en el mundo habrá involución.

Precisamente en ese contexto, es que teniendo como fuente de inspiración la consulta a la ciudadanía que se desarrolla en España (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf) es que puede emerger un listado inicial de derechos digitales que habríamos de exigir los universitarios en México. En principio enunciamos al menos cuatro ejes principales:

Derechos de libertad. Derechos y libertades en el entorno digital, a la identidad, a la protección de datos, al pseudonimato, el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad, garantizar la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital

Derechos de igualdad. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, el derecho de acceso a Internet.

Derechos de participación en la vida universitaria. Derecho a la neutralidad de Internet, garantizar el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz, el derecho a la participación universitaria por medios digitales , el derecho a la educación digital, los derechos digitales de los universitarios en sus relaciones con la administración universitaria.

Derechos laborales. Derechos en el ámbito laboral de profesores y trabajadores

Habremos de precisar el contenido y el sentido específico de cada uno de estos derechos, pero en su conjunto expresan un horizonte de reivindicaciones que los universitarios podemos ir construyendo para trabajar en el entorno digital. Es ésta una tarea colectiva y un ejercicio que sólo puede integrarse con la más amplia participación de profesores y estudiantes.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/nuevos-derechos-para-los-universitarios/

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Autonomía a la Universidad de Quintana Roo

Por: Miguel Ángel Casillas

El Caribe está de fiesta: en Quintana Roo la Universidad ha obtenido su autonomía.

A finales del año pasado, el gobernador Carlos Joaquín presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para dotar de autonomía a la Universidad de Quintana Roo, para gobernarse, expedir sus reglamentos, elegir de manera independiente a sus autoridades, planear, llevar a cabo sus actividades y aplicar sus recursos, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Este miércoles 16 de marzo, la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, con 16 votos a favor, la autonomía de la Universidad de Quintana Roo, tras más de 31 años de ser un organismo autónomo del Gobierno del Estado.

La finalidad de este decreto aprobado fue dotar de autonomía a la máxima casa de estudios del Estado, es decir, facultar a la Universidad para poder autogobernarse y autogestionarse. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI-XVI-2022-03-16_846_8.pdf

La Universidad de Quintana Roo fue creada en 1991, por decreto del gobernador del Estado, Miguel Borge Martín siendo presidente Carlos Salinas de Gortari. En febrero de 1992 la Universidad dio inicio a los cursos de nivel licenciatura. La Universidad tiene 2 campus en Chetumal, uno en Cancun, otro en Cozumel, y en 2009 se estableció el campus Riviera Maya con sede en playa del Carmen.

La Ley Orgánica vigente tuvo una reciente reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de julio de 2021. Sin embargo, pasados unos meses, se vuelve a reformar para consagrar la autonomía.

Mediante esta reforma, se establece la autonomía en el artículo primero de la Ley Orgánica. Como consecuencia, la institución pasará a llamarse Universidad Autónoma de Quintana Roo. También se reforma la Junta Directiva que pasará de tener 11 integrantes a nueve. Se integra por cinco representantes del personal académico electos por el Consejo Universitario, dos del Patronato, y los dos restantes por el Consejo Social. Corresponderá a la Junta Directiva nombrar a la persona titular de la Rectoría de acuerdo con una comisión tripartita que integre al Consejo Universitario, al Patronato y al Consejo Social. La reforma formaliza la creación del Consejo Social en tanto vínculo con las organizaciones sociales y productivas de la región, cuyos integrantes deberán ser designados por el Consejo Universitario.

La reforma también es trascendental en cuanto a las relaciones laborales, pues modifica el artículo 39 para establecer que se regirán por el apartado A del artículo 123 Constitucional.

La autonomía es una enorme oportunidad para que la Universidad despliegue su potencial y se fortalezca académicamente. Debe quedar claro, la única posibilidad de ejercer la autonomía frente a las fuerzas políticas y los gobiernos, frente a las exigencias empresariales y económicas, frente a las iglesias y las ideologías, es conformar equipos de trabajo académico de alto nivel en cada una de las disciplinas que cultiva y consolidar la investigación científica. Debe, en este sentido, fortalecer su base pesada (como decía Burton Clark).

La experiencia nacional muestra que la autonomía ha sido la ocasión propicia para expandir y renovar a las universidades de Guadalajara, Guanajuato y Veracruz, por mencionar a las útimas tres que la obtuvieron al final del siglo pasado. En todos los casos, el gobierno autónomo ha favorecido una mayor participación de la comunidad y una importante distancia respecto de las prácticas y grupos políticos tradicionales. También se ha favorecido la innovación educativa y la renovación de la enseñana. No ha sido infrecuente la renovación organizacional y la descentralización para llevar la educación superior a todos las regiones.

La Universidad de Quintana Roo ya se distingue por su dinámica de innovación educativa, la cual seguramente se verá potenciada dada su condición autónoma.

En Quintana Roo, la autonomía era necesaria para pensar con libertad todos los asuntos, para tener la capacidad de criticar con fundamento científico las verdades arraigadas y las creencias del sentido común. En su contexto particular, la Universidad está fuertemente comprometida con las comunidades mayas y participa en la batalla contra el racismo y la desigualdad; al mismo tiempo, representa un valladar contra la destrucción medioambiental y encabeza muchos de los esfuerzos por proteger y restaurar los ecosistemas. La de Quintana Roo es una institución comprometida con el proyecto de universidad pública tanto por su composición como por los objetos que cultiva; es un espacio indispensable para la producción de conocimientos y la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo regional y de sus comunidades.

La autonomía ha sido, dada la experiencia nacional, la condición indispensable del fortalecimiento académico de las universidades. Enhorabuena por los universitarios y por los ciudadanos de Quintana Roo, pues se abre un horizonte promisorio para el crecimiento de su Universidad.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/autonomia-a-la-universidad-de-quintana-roo/

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Incertidumbre en la educación superior

Por: Miguel Ángel Casillas

Las autoridades educativas de todos los niveles son responsables de las acciones o inacciones que en materia de educación nacional se han tomado o dejado de tomar durante la pandemia. Específicamente en el caso de la educación superior, las autoridades federales, las estatales y las de cada institución deberán rendir cuentas sobre lo que han hecho o dejado de hacer para hacer avanzar los objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley general de educación superior.

Salvo honrosas excepciones, las autoridades de la educación superior han estado subordinadas a las restrictivas políticas de salud, sin decidirse a volcar las energías del sistema de educación superior a la solución de la propia pandemia, sin iniciativa para favorecer la investigación sobre la enfermedad y sus efectos, sin alentar la difusión del conocimiento científico sobre el virus, sus mutaciones y sus efectos sobre la salud humana, sin promover la ampliación del conocimiento en función de la comparación de experiencias sociales e institucionales. Se han contentado con aplicar las medidas sanitarias, principalmente suspendiendo las actividades presenciales; y para los pocos trabajadores que asisten se toma la temperatura, se reparte gel antibacterial y se recomienda el uso del cubrebocas. Sin embargo, su responsabiidad no es sólo relativa a la cuestión sanitaria, sino principalmente educativa y es a ella a la que han renunciado y donde el déficit por su innacción es incalculable.

En efecto, podríamos justificar la pasividad de las autoridades al momento inicial de la pandemia, pues nadie sabía qué hacer, el desconcierto era generalizado y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia era grande. La confusión fue mayor cuando se establecieron las medidas nacionales de emergencia, suspensión de actividades y sana distancia. En ese momento inicial de la pandemia las autoridades de la educación superior fueron incapaces de formular una estrategia de transformación universitaria, se abandonó a los universitarios a su suerte y se cerraron las instalaciones.

En un segundo momento se comenzó a improvisar el traslado de las clases presenciales a plataformas educativas y se determinó continuar con las actividades académicas a la distancia haciendo uso de videoconferencias, chats, mensajes de voz y de texto. Las lecturas se distribuyeron en formatos pdf y en libros electrónicos para hacerlas accesibles a los estudiantes. Los ejercicios y actividades se reportaron en foros y repositorios; se mantuvieron las exposiciones en clase usando power point pero ahora compartiendo la pantalla en las videoconferencias. Este traslado fue desordenado y dejado a la libre competencia de los profesores: las autoridades renunciaron a diseñar una estrategia pedagógica que promoviera la renovación de la enseñanza y abdicaron de su responsabiidad de incentivar la capacitación continua del profesorado para incrementar su capital tecnológico. Salvo excepciones, las autoridades no apoyaron con equipos de cómputo o conectividad ni a estudiantes ni a profesores.

Peor ha sido el destino de la investigación, de la difusión cultural y la extensión universitaria que no disponen de políticas específicas para su adaptación a los tiempos que corren, a los nuevos formatos de la comunicación y nuevas condiciones del consumo cultural.

Continuando con esa inercia pachorruda, se ha instalado una nueva normalidad y llevamos dos años sin que haya claridad, de parte de los responsables de conducir el sistema de educación superior, para definir una estrategia educativa capaz de asumir la condición de incertidumbre que plantea el hipotético fin de la pandemia. En efecto, Las autoridades educativas han estado atrapadas tanto por la esperanza ilusoria del fin de la pandemia, como orientadas por una ideología conservadora de retorno al pasado. En lugar de pensar los desafíos de la pandemia desde la innovación educativa, siguen atrapados en la respuesta sanitaria.

Las autoridades universitarias y de la educación superior tienen un compromiso con sus comunidades y el deber de promover acciones constantes de mejora. Al renunciar a su liderazgo y abdicar en el diseño de un sistema de educación superior que se adapte a las nuevas condiciones, contravienen la responsabilidad para la cual fueron designados. Han pasado dos años y el retorno a las actividades presenciales se prolonga sujeto al ritmo de la pandemia; mientras, avanza la deserción y las comunidades se agotan en el limitado espacio del zoom, no hay un incremento real de la matrícula ni se están cumpliendo las expectativas definidas por la Ley general de educación superior.

Ante la indolencia de los rectores y los subsecretarios de educación de los estados, ante la falta de iniciativa de las autoridades federales, los ciudadanos y los universitarios en particular no podemos ser espectadores ante el derrumbe y el deterioro de la educación superior. Necesitamos compartir y aprender de las experiencias de estos dos años. A nivel nacional y de los estados estamos necesitados de un plan de capacitación y actualización magisterial, de un programa de habilitación estudiantil sobre las nuevas formas de estudiar, necesitamos que las autoridades negocien un sistema para la adquisión de equipo de cómputo y becas de conectividad para continuar con los estudios, que promuevan un repositorio de recursos educativos. A nivel de las instituciones es imperioso el rediseño curricular hacia la educación híbrida, donde renovemos contenidos, prácticas y relaciones pedagógicas, actividades y ejercicios de enseñanza, formas de evaluación y certificación de los aprendizajes, recursos para el aprendizaje, horarios. Tambiés es necesario el rediseño de los sistemas de tutorías para favorecer el acompañamiento a la distancia. Tiene que haber políticas de apoyo a la investigación y de renovación de la difusión cultural y la extensión uiniversitaria entre otros muchos aspectos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/incertidumbre-en-la-educacion-superior/
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Los nuevos estudiantes

Por: Miguel Ángel Casillas

Con el inicio del año arranca un nuevo semestre en la educación superior; todos quisiéramos creer que lo haremos sin la pandemia de la COVID, sin embargo, esto es imposible pero también ineludible cuando pensamos en el diseño de los cursos o en las planeaciones didácticas que habremos de desarrollar.

Los cursos de este semestre habrán de programarse de modo híbrido, con grupos diezmados por el abandono, combinando hipotéticas sesiones presenciales con sesiones de trabajo a la distancia; volveremos a poner disponibles las lecturas y actividades en alguna plataforma de enseñanza; actualizaremos los grupos de Facebook y de WhatsApp. Habremos de continuar en clases a través de las pantallas, reactivaremos los foros de discusión, volveremos a recomendar y a descargar archivos desde el chat de la videoconferencia en que estemos conectados. Nuestros estudiantes seguirán leyendo en las pantallas de sus celulares y computadoras, descargando archivos de texto, de audio o de video para acceder al contenido de sus cursos.

Los actuales estudiantes de la educación superior, la enorme mayoría, los que llevan transcurridos cuatro semestres en pandemia y siguen bajo esa condición, no conocen físicamente las instalaciones universitarias, no las frecuentan ni les son familiares; ignoran dónde están las canchas y los espacios deportivos, las bancas y los rinconcitos. Nunca han visitado la biblioteca de su escuela: no saben a qué huelen miles de libros alineados en los anaqueles, nunca han localizado ahí un libro de papel, ni saben cómo buscarlos, nadie los ha regañado por alzar la voz o reír de un chiste para inculcarles el culto al silencio. Como la mayoría de los trámites se hacen en línea, desconocen los espacios administrativos y secretariales, no entregan oficios en papel, ni se les solicitan sellos de tinta en papel membretado.

Recluidos en sus casas, separados de sus amigos, sin interacciones físicas y corporales con sus compañeros de estudio, sin cachondear con sus novios o novias, miles de jóvenes universitarios han estado casi dos años sometidos a las medidas de control y distanciamiento social. Miles de nuestros actuales estudiantes no han socializado con sus compañeros dentro del claustro; no se conocen físicamente, desconocen su verdadero tono de voz, el color de sus ojos, su olor o su vestimenta para salir a la calle. Nunca han jugado ni sudado juntos. No hacen mítines ni protestas, tampoco bailan ni hacen fiestas sometidos por la sana distancia. Sólo se han conocido a través de las pantallas e interactuado de modo remoto a través de videoconferencias o grupos de colaboración.

Los nuevos estudiantes de la educación superior conocen a sus profesores por las pantallas, escuchan sus clases en línea o revisan los videos pregrabados. Casi nunca han discutido con ellos de viva voz, no han compartido dudas o comentarios en los pasillos o en las explanadas; mucho menos han departido con ellos en bares, fiestas y otros espacios informales. Nunca los han visto actuar en clase, gesticulando de pie incentivando la imaginación de sus alumnos.

De por si distantes del alumnado, en la actualidad los estudiantes desconocen completamente quiénes son las autoridades escolares e institucionales. Nunca el funcionariado había estado tan lejos del alumnado, nunca el gobierno institucional había sido tan opaco y la gobernanza tan autoritaria.

Aunque saben que existe físicamente, para los nuevos estudiantes, la universidad es un espacio fundamentalmente virtual, ahí han hecho su vida cotidiana de estudiantes, han tomado sus clases e interactuado con sus compañeros y profesores; en ese entorno virtual han accedido a las lecturas y realizado sus trámites administrativos. Tanto el servicio social, como las tesis y sus asesorías se están realizando en espacios virtuales, se investiga a la distancia a través de formularios electrónicos y de la etnografía digital.

Un hipotético retorno a las actividades presenciales no puede suponer un simple retorno al pasado, después de la experiencia vivida y de reconocer quiénes son los actuales estudiantes de la educación superior estamos obligados a reformar las prácticas y el contenido de la enseñanza superior. Es necesario dar prioridad al aprendizaje y diseñar estrategias relativas a las nuevas formas de estudiar, de leer y buscar información; debemos imaginar un nuevo cuaderno propio de las nuevas formas de tomar notas (con fotos, hipervínculos, imágenes, textos, etc.), así como aprovechar al máximo el potencial de los foros, chats y otros espacios de interacción y colaboración entre estudiantes.

El propio de desarrollo de la pandemia nos obliga a dejar de considerar la situación actual como transitoria y nos exige asumir plenamente que es impostergable la reforma de la enseñanza para asumir quiénes son los estudiantes actuales y cómo hemos cambiado los profesores de la educación superior.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-nuevos-estudiantes/

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