Author: Carlos Murillo

La respuesta simple es la más frecuente, la gente responde “lo dice la Constitución”, como si todo lo que dice la Constitución se cumpliera. La teoría jurídica lo explica así: es distinto el deber ser (la ley) y el ser (la realidad). Entonces la brecha entre el discurso legal y los hechos es inmensa; al contrario de lo que creemos, son pocas las promesas que cumple plenamente el Estado mexicano.

El problema es que vemos a la Constitución mexicana como sinónimo de una obligación sin cortapisas, pero en realidad es algo más laxo; se trata de un programa ideológico, un plan, no la lámpara de Aladino. Como toda agenda, la Constitución marca destinos, no rutas. En ese sentido, es plausible desear que algo bueno suceda. “Soñar no cuesta nada”, dice la frase popular. El problema, es el cómo hacer realidad esos anhelos.

Eso mismo pasa con la educación en México. En un país que se declare democrático, el Estado tiene la obligación de garantizar la educación del pueblo, en nuestro caso la Constitución lo dice en el artículo 3, del cual transcribo el siguiente párrafo: “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

En el marco de este derecho a la educación, el miércoles pasado, la Secretraría de Educación Pública (SEP) del Gobierno federal, junto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), realizaron un foro regional sobre las leyes secundarias en materia de educación, donde participaron representantes de las entidades del noroeste del país.

En este foro, dos de los temas más importantes fueron la gratuidad y el acceso a la educación en las universidades, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la SEP, impulsa una agenda para la implementación de un nuevo modelo educativo donde estos puntos son los principales.

Otros temas relacionados con el nuevo paradigma de la educación, fue la articulación de todo el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior, ya que la separación entre educación inicial, básica, media superior y superior, ha provocado el distanciamiento entre estas etapas y uno de los efectos negativos es que el déficit de la educación se normaliza; así que cuando las y los estudiantes entran al siguiente nivel, el chivo expiatorio de las deficiencias que viene cargando el alumno o la alumna es el nivel anterior, de este modo todos se lavan las manos por no alcanzar la calidad académica.

Este nuevo esquema que busca unir en una cadena a todo el sistema educativo es algo distinto en el sistema educativo mexicano, como lo hizo notar el Dr. Carlos González Herrera, secretario de Educación estatal. Esperemos que la estrategia permita alcanzar resultados positivos.

Por otro lado, un tema que se mencionó de forma reiterada, fue la autonomía universitaria, que es un requisito indispensable para mantener los principios y fines de las instituciones de educación superior que, en el caso de la UACJ aparecen en la su Ley Orgánica y de donde rescato el segundo punto del artículo 4, sobre los principios: “La Universidad es un espacio en el que confluyen y se expresan libremente las diversas corrientes del pensamiento, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes de los Estados Unidos Mexicanos”. Este principio es el que sustenta la necesidad de la autonomía universitaria.

Ante el nuevo Gobierno federal, las universidades públicas, así como los centros de investigación, han resentido los cambios en la política presupuestaria, esto ha afectado una parte de la operación y provocó incertidumbre en el sector educativo; ahora, con la creación de un consejo de educación que pretende establecerse como un control de la política educativa, se han encendido las alarmas, como lo mencionó el Dr. Servando Pineda Jaimes, investigador de la UACJ. Debemos estar pendientes sobre lo que se resuelva en el Congreso sobre este punto.

En ese contexto se presenta la iniciativa del presidente López Obrador de materializar la gratuidad y la universalidad, como lo dice la constitución. Pero el problema radica precisamente en una cuestión de presupuesto; representantes de varias universidades y tecnológicos hicieron el mismo cuestionamiento, ¿de dónde van a salir los recursos económicos para incrementar la matrícula y para eliminar el cobro?

Estas dos promesas de la constitución (el acceso a la educación superior de cualquiera que cumpla con los requisitos y que sea totalmente gratuita), implican más docentes, más espacios, más mobiliario, más equipo, más infraestructura, en resumen más inversión y la gratuidad significa menos ingresos para las universidades.

Hasta ahora la propuesta es que la universalidad y gratuidad sean graduales, esto deberá explicarse en las leyes complementarias y, sobre todo, describirse a detalle las etapas de esa gradualidad, para que el plan sea factible.

El rector de la UACJ, Mtro. Juan Camargo Nassar, en ese sentido fue enfático: bienvenida la propuesta del Gobierno federal, pero cumpliendo con un compromiso con la comunidad de no sacrificar ni un ápice de la calidad académica que hemos logrado, además agregó una defensa de la autonomía universitaria, siempre en cumplimiento con la transparencia y la rendición de cuentas, que son necesarios para una vida democrática.

Estos eventos de análisis del sistema educativo, además de servir para reflexionar sobre temas comunes, también nos permiten compararnos con otras instituciones de educación, a través de las exposiciones que hacen sus representantes.

En ese sentido, afortundamente para nuestra comunidad fronteriza, la UACJ es un referente a nivel nacional por los logros alcanzados, comenzando por la excelencia académica en sus aulas, la generación de conocimiento e investigación, la participación social activa en la comunidad, la vinculación con el sector público y privado, así como otros logros muy importantes en la administración de la vida universitaria –que en otras instituciones no existen–, como la gobernabilidad al interior y las finanzas sanas; la UACJ es una de las pocas universidades públicas –del mismo perfil– que no tienen deuda, esto se ha logrado con disciplina y orden en la administración. Lo antes mencionado hace que la UACJ sea una de las universidades más importantes en el norte del país.

Son muchos los desafíos de la educación en México, uno de ellos es la gratuidad que, más allá de las promesas políticas, es un reto que sí es posible alcanzar, pero con un plan sustentable económicamente a largo plazo. Por ahora, el Gobierno federal es quien debe impulsar el primer acuerdo para garantizar la educación como ejercicio de los derechos humanos.

El subsecretario de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, cerró su participación en este foro con una reflexión, dijo que la educación, como derecho humano, no sólo está en el “deber ser”, sino en el “deber en el hacer”, esto resume la intención de la educación gratuita como un asunto de ética en el ejercicio del poder político, lo que suena muy bien, pero falta dar un salto del discurso a la realidad.