Author: Mariana Zegers

Volviendo a la paradoja de los derechos humanos

Mariana Zegers

Mariana Zegers Izquierdo

A setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordamos su primer artículo: Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros.

A setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiteramos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

En el contexto actual de un Chile neoliberal, y frente a la emergencia de diversas manifestaciones del neofascismo en el país y en el mundo,  lo que está en juego es justamente este piso mínimo de convivencia que la mayoría de los Estados se comprometió a garantizar, en diciembre de 1948.

Son los principios fundantes del sistema internacional de derechos humanos los que peligran: la libertad, la tolerancia y no discriminación, la igualdad de derechos; sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La historia nos ha demostrado que las violaciones a los derechos humanos no son exclusivas de los regímenes totalitarios. Los incumplimientos del Estado de Chile -en democracia-, suman y siguen. La ley Antiterrorista se continúa aplicando contra el pueblo mapuche, pese a que Naciones Unidas ha solicitado no hacerlo, por no ofrecer las garantías necesarias para un juicio justo. La lucha del pueblo mapuche es criminalizada y señalada como terrorista, pese a constituir una reivindicación de derechos, tal como Naciones Unidas reconoce.

En democracia también hemos asistido a graves violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Orden, con el agravante del intento de encubrimiento. A esto se suma la renuencia del poder militar a acatar al poder civil, cuando incluso la Constitución vigente señala que debieran ser  “esencialmente obedientes y no deliberantes” (Artículo 101).

Los montajes ocurridos en el presente siglo nos recuerdan a la dictadura, demostrando que tales prácticas no fueron erradicadas. Así lo comprobamos en casos de represión contra el pueblo mapuche, donde crímenes de Estado se presentan como enfrentamientos entre comuneros y carabineros; tal como ocurrió con Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, donde la policía falseó los hechos con la complicidad de medios de comunicación hegemónicos. Así también se trató de instalar la versión de que el asesinato de Camilo Catrillanca había ocurrido en el marco de un enfrentamiento, tesis que ha demostrado ser absolutamente falaz.

En democracia, cuando nos enfrentamos a problemáticas de derechos humanos no podemos eludir su carácter controversial; constante tensión entre un discurso que insta a proteger los derechos humanos y un contexto de transgresión de los mismos, sea por acción u omisión del Estado. En esta situación compleja se constituyen los derechos humanos, y así por consiguiente hay que abordarlos.

Ahora mismo muchas mujeres llevamos pañoletas verdes, que al tenor de lo ocurrido en el día de ayer, podrían ser negras, en señal de rabia e impotencia. El Tribunal Constitucional falló en contra de las mujeres, convirtiendo en letra muerta el muy parcial avance que significó la ley de aborto en tres causales.  Ahora tenemos derecho limitado a abortar, pero otra cosa es conseguir una clínica y un médico que lo  practique. Una alta proporción de facultativos, capacitados para realizar abortos, se han declarado “objetores de conciencia” y ahora más recintos de salud podrán hacer lo mismo.

La pañoleta verde se seguirá llevando, porque su color significa esperanza; la esperanza que nos ha de unir y movilizar en demanda de nuestros derechos. Lo de ayer fue una derrota parcial, lo del mañana será nuestro triunfo; organizadas, unidas, rebeldes, movilizadas. Con la historia y la fuerza de nuestras abuelas y madres, por nuestras hijas y las que vendrán.

En la tarea de promover y defender los derechos humanos hoy, o al menos contribuir a visibilizar su vulneración, quienes trabajamos con las memorias del pasado no podemos sino profundizar nuestro compromiso con ellas. Y si queremos legar estas memorias, debemos ligarlas al presente. Son Memorias vivas; que crecen en las cumbres de nuestra cordillera de los Andes, y a sus pies, que nacen bajo las rocas, que se sumergen en cursos de agua permanente, con la esperanza de hacer emerger la vida.

Hoy reivindicamos la unidad de los movimientos de derechos humanos, sociales y culturales; aquella unidad que se construye con el reconocimiento de las diferencias que deben poder convivir al interior de toda comunidad. Ante la desafección y el miedo, recordamos las palabras de Eduardo Galeano:

“De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas”.

Como Sitio de Memoria, el trabajo en pedagogía de la memoria y de conservación y promoción del patrimonio que significa el Parque por la Paz Villa Grimaldi, constituyen nuestras principales herramientas de lucha. Pero también nos reconocemos en un entorno mayor que hoy nos convoca bajo un mismo objetivo: la promoción y defensa de los derechos humanos, a setenta años de la Declaración Universal.

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Repensar la educación para cambiar el sistema patriarcal

Mariana Zegers
Mariana Zegers Izquierdo

Durante el 2018 fuimos protagonistas y testigos de masivas movilizaciones feministas, que impactaron a la sociedad chilena, especialmente las que se verificaron en el ámbito de la educación superior. Sin duda constituyeron un gran avance, pero transcurrido casi un año constatamos que el machismo y la misoginia, ingredientes básicos de la violencia contra las mujeres, están lejos de erradicarse de nuestro país y más bien han surgido expresiones aún más virulentas y organizadas. Por consiguiente, el incentivo es aún mayor para movilizarse este próximo 8 de marzo.

Sobre todo, si a esto sumamos el reciente descubrimiento del sitio web para misóginos Nido, el linchamiento por redes sociales de una comedianta calificándola de ‘feminazi’, y el burdo acoso a una diputada por haber vacacionado con un amigo, también parlamentario. Lo asombroso de estos dos últimos casos es que una buena proporción de atacantes eran mujeres y que el diputado varón pasó desapercibido. Estas expresiones de ciber acoso, no son simple manifestación del machismo imperante en nuestro país, son también una acción concertada e inducida desde grupos y caudillos extremistas, que buscan hacer retroceder en toda la línea el protagonismo de la mujer en la promoción de sus derechos.

Si recordamos lo ocurrido el 2018, nos encontramos con estudiantes organizadas, apoyadas por movimientos provenientes de la diversidad sexual y de género, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, paralizaron sus lugares de estudio, exigiendo una educación no sexista y la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual instalados al interior de las casas de estudio. Se buscaba resguardar de manera efectiva la integridad de las mujeres y de la comunidad en general, restituyendo los derechos de todas y todos las y los sujetos que hubiesen resultado vulneradas o vulnerados en sus derechos.

Un aspecto que resulta central en el cambio que nuestra sociedad necesita para no repetir lo anteriormente descrito, pasa por la educación, por repensarla, apuntando a la defensa y promoción de ciertos derechos y principios fundamentales provenientes del mundo de los derechos humanos, que puedan constituir las bases para la construcción de una política educacional no sexista y no discriminatoria, en términos más amplios.

Aún permanece en la memoria de los chilenos la ‘Revolución Pingüina’, como un gran estallido de protesta social emprendido por los estudiantes secundarios, movilizados tras el objetivo de transformar la educación desde un bien de consumo hacia un derecho social, tal como ya se venía consagrando desde varias décadas atrás, en diversos tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile. De manera análoga, hoy se promueven en diversos establecimientos de educación superior reformas que atañen directamente a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual/de género; los que podrían ser abordados desde un enfoque de derechos humanos.

Para erradicar la desigualdad de género que han experimentado históricamente las mujeres y las comunidades de la diversidad sexual, es preciso erradicar la intolerancia, la discriminación y la desigualdad. Promover mediante acciones directas la igualdad de género al interior de las instituciones pasa por mirar estas pedagogías que se piensan y aplican a partir de un enfoque de derechos humanos mayor. Porque una educación no sexista no solo se ocupa de no discriminar por el sexo, género o por cualquier otro motivo. Es una educación que se co-construye abriendo espacios deliberativos, democráticos, para todos sus actores; una educación que no promueve el individualismo, ya suficientemente promovido por esta sociedad, sino la colaboración mutua; una educación que no soslaya aquellos temas que son urgentes o que provocan el disenso al interior de los distintos grupos. Da cuenta de una sociedad que sabe convivir con sus diferencias.

La tolerancia es una disposición básica para el respeto de los derechos humanos. Tal como establece la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, impulsada por UNESCO, ésta radica en aceptar y reconocer la diversidad de culturas, formas de expresión y modos de ser y estar en el mundo. Para ser tolerante, es preciso conocer y dialogar con horizontalidad y apertura de mente, aunque difícilmente sin prejuicios. Esto no representa solo un deber moral, como señala la mentada declaración, “sino además una exigencia política y jurídica”. Sin embargo, y ante todo, la tolerancia implica “una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás”.

Respecto de la situación particular de las mujeres, podemos afirmar que es uno de los grupos históricamente discriminados y que, a pesar de constituir una discriminación que se ha hecho visible en el ámbito público, tiene una raigambre cultural, social, institucional y económica de larga data, que requiere de acciones certeras para deconstruir. Comprender y abordar el fenómeno de forma interdimensional e integral representa un camino para ir derribando los estereotipos asociados a los roles de género, al igual que la condición de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres. El mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló en su Informe 2017 que, a pesar de ser un tema visibilizado, la igualdad de derechos de la mujer aún involucra una discriminación que se manifiesta de modo estructural en el Estado, instituciones privadas y públicas, medios de comunicación y publicidad (1). Los principales focos de desigualdad y discriminación hacia las mujeres se encuentran en el mundo laboral, en las brechas salariales y acceso a cargos de responsabilidad; en la seguridad social, particularmente en lo que a sistema previsional y planes de salud respecta; y en los medios de comunicación, especialmente en la representación de lo femenino en la publicidad. A ello, debemos sumar la situación de discriminación múltiple que sufren mujeres indígenas y migrantes (Informe INDH 2017).

Volviendo al propósito inicial de construir una política que promueva la igualdad de género en todos los ámbitos alrededor de nuestra comunidad, identificamos ciertas prácticas transversales que pueden cimentar la construcción de una educación no sexista, por ejemplo, mediante la generación de espacios más democráticos, deliberativos críticos y colaborativos. Estos adjetivos no son usados al azar. Condensan un profundo trabajo en educación y derechos humanos, cuyos referentes encontraremos en nuestro país en los sitios de memorias, universidades y espacios de educación popular y comunitaria. Un Chile que cuenta con exponentes como el Premio Nacional de Educación Abraham Magendzo, pero por sobre todo con organizaciones y activistas de la sociedad civil que, con más o menos tiempo de existencia, han emprendido una ardua lucha en la reivindicación de los derechos de las mujeres, como MEMCH, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y el Observatorio contra el Acoso Callejero, por mencionar solo algunas.

Mariana Zegers Izquierdo
Secretaria General
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

[1] La discriminación estructural refiere a aquellas prácticas enraizadas en las instituciones sociales que reproducen “las desigualdades entre hombres y mujeres, legitimando un conjunto de prácticas discriminatorias y, en algunos casos, violentas” (Informe INDH 2017).

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/198573

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Calentamiento global: cavando la propia tumba

Mariana Zegers

Por: Mariana Zegers

Actualmente, el consenso respecto del proceso de calentamiento global que estamos experimentando es casi total en el mundo de las ciencias y la política. Debemos, sin embargo, restar a algunos ignorantes y/o corruptos que alegan, por ejemplo, que el hombre no tiene tal capacidad de transformar la naturaleza, que eso constituye un acto propio de Dios. Debemos restar a aquellos que tienen sus intereses comprometidos en los negocios que el calentamiento global pone en jaque; pues para hacerle frente es necesario sustituir los combustibles fósiles por energías limpias; y en dicho sentido habría que preguntarse a qué intereses sirve el progreso de la ciencia y la tecnología. Pero el calentamiento global también pone en jaque los modos de vivir, en especial las formas y niveles de consumo.

Nos referimos a tres conceptos clave concatenados entre sí: efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. El efecto invernadero es un suceso natural, que permite la vida, tal como la conocemos en nuestro planeta. Los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra retienen parte de la energía solar, conservando e incrementando la temperatura de su superficie. Sin la presencia de estos gases la Tierra sería inhabitable para nuestra especie y muchas otras, debido a sus frías temperaturas. El problema radica en que los gases de efecto invernadero han ido aumentando, por efecto de la contaminación humana; en particular por la deforestación y la quema de combustibles fósiles. Sabemos también que el consumo de carne de vaca es muy contaminante, pues se necesita una gran cantidad de tierra y energía para la mantención de las vacas y la producción de carne.

Debido al incremento de estos gases, la atmósfera retiene más calor, por lo que la temperatura del planeta sube. Esto es lo que llamamos calentamiento global.Durante los últimos 150 años la temperatura global ha aumentado. Este calentamiento de la Tierra ha generado el cambio climático. El estudio de las variaciones del clima que ha experimentado nuestro planeta, asociadas a factores como las alteraciones en la circulación de los océanos, la actividad solar, volcánica y geológica, en la composición de la atmósfera, permite entender con mayor claridad el fenómeno del calentamiento global (Estudio UNAM).

El cambio climático es definido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Las transformaciones climáticas que acompañan este fenómeno no son despreciables: tormentas en mayor intensidad y número, incendios, desertificación, olas de calor y sequías, inundaciones y alteraciones en el ecosistema, además de los nocivos efectos de la contaminación en la salud de los contaminantes.

Las implicaciones del calentamiento global en el respeto de los derechos humanos se hace cada vez más patente. Este fenómeno no solo impacta negativamente en el medio ambiente, sino también en el crecimiento económico, en la salud de las personas, en el desarrollo de las culturas. El aumento del nivel y temperatura del mar, los fenómenos meteorológicos extremos ya descritos, tienen y tendrán consecuencias directas e indirectas en el ejercicio cabal de los derechos humanos. Basta con pensar en las migraciones masivas, producto de la desaparición de territorios y medios de subsistencia, y los problemas de abastecimiento de agua y alimentos.

El calentamiento global es una amenaza para el pleno goce de una gran diversidad de derechos humanos. Como en general ha sucedido en la historia de nuestra humanidad, son los grupos más vulnerables los más afectados, en primera instancia. Son los más pobres, los pequeños países insulares que menos contaminan, los países africanos, los pueblos indígenas, que mantienen un lazo vital con sus tierras. Pero a la larga todos sufriremos sus embates; la naturaleza no discrimina por etnia, clase social, género, sexo, creencias políticas o religiosas. Recientemente, los medios informaron que Chile está en el top 10 de los países más afectados por el cambio climático, ¿debiera ser esta noticia un motivo para acelerar la marcha?

Los líderes mundiales se reunieron a debatir en torno al cambio climático en la COP 21, Conferencia de Naciones Unidas que tuvo lugar en París en 2015, con el fin de generar medidas para afrontar y mitigar los efectos del calentamiento global. De estas conversaciones y negociaciones surgió el Acuerdo de París, instrumento jurídico constituido por una combinación mixta de disposiciones vinculantes y no vinculantes. El acuerdo principal que regulará el proceso internacional será vinculante para las Partes. Cabe preguntarse, ¿su carácter vinculante significa que su incumplimiento es punible? (Fuente Naciones Unidas).

El Acuerdo de París  tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello, la meta es mantener el aumento de la temperatura de la Tierra muy por debajo de los 2° Celsius con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5° Celsius.De igual forma, se buscar reforzar la capacidad de adaptación a los efectos hostiles del cambio climático, promoviendo el desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y elevando el apoyo financiero para mitigación del calentamiento global y resiliencia al cambio climático. Para la obtención de los objetivos ya señalados, cada país, de los 195 reunidos en la COP 21 de París, presentan voluntariamente sus planes de reducción de gases contaminantes. Todo el que firme y ratifique el Acuerdo de París, debiera, en teoría, cumplir con los compromisos adquiridos. A la fecha, Chile no ha ratificado el acuerdo.

Si bien los países más contaminantes han firmado este acuerdo, como China, Estados Unidos e india;  las medidas resultan insuficientes. A pesar de que una parte considerable de los países ya presentó sus respectivos planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el mismo Acuerdo de París se manifiesta preocupación porque las emisiones de gases contaminantes resultantes de las contribuciones previstas por cada Estado Parte no son compatibles con el objetivo de mantener el alza de la temperatura del planeta por debajo de los 2° Celsius. En este contexto, se  afirma que “se requerirá un esfuerzo de reducción de las emisiones mucho mayor que el que suponen las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional”. Por ello, se han establecido mecanismos de revisión con el objeto de que cada Estado aumente sus compromisos.

La última instancia de encuentro de los mandatarios de los países fue la COP 22, con sede en Marrakech, celebrada en noviembre de este año. Esta conferencia continúa lo iniciado en la COP21, buscando poner en acción los acuerdos recogidos, que giran en torno a tres ejes: mitigación, adaptación y financiación. El comunicado de prensa de la Naciones Unidas señala que, dentro de las numerosas iniciativas lanzadas, se invertirán billones de dólares para apoyo de tecnologías limpias. Asimismo, celebra que “los Gobiernos han fijado un corto plazo, hasta 2018, para completar las normas de aplicación del Acuerdo de París con el fin de asegurar la confianza, la cooperación y su éxito en años y décadas venideros”. Sin embargo, no podemos obviar que esta ponderación positiva respecto de los avances en el marco de las últimas dos conferencias viene de muy cerca. La realidad es que, si bien se ha progresado en el reconocimiento de la gravedad del problema, las medidas a tomar son completamente insuficientes, incluso para los objetivos delineados en el Acuerdo de París.

Pero la buena voluntad de los políticos no basta. Los modelos de previsión y consumo a los que debiéramos encaminarnos no se ajustan a los sistemas extractivista y neoliberal. Lo que cada vez queda más claro es que no podremos mantener mucho tiempo más el estilo de vida del que han gozado los países desarrollados; reflexión que nos conduce a otra mayor: hay una tarea en educación ciudadana pendiente respecto del calentamiento global.

La temperatura del planeta aumenta, amenazando con romper el equilibrio que ha permitido nuestra existencia. Esto parece absurdo: estamos preparando un entierro y sabemos que es el nuestro, pero la inercia de muchos y la codicia de algunos entorpece el campo de acción. Es un escenario vergonzoso que muchos tratan de evitar, por todo lo que implica revertir o al menos mitigar este fenómeno ya instalado. Sin embargo, es la Tierra la que nos recuerda la gravedad del calentamiento global. Y será la Tierra la que nos exhorte a actuar con la urgencia y determinación que esta realidad exige; en caso de no ser demasiado tarde.

fuente:http://radio.uchile.cl/2016/12/14/calentamiento-global-cavando-la-propia-tumba/

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Educación: abismo entre mensaje y proyecto

Mariana Zegers

Por: Mariana Zegers

El Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales establece en su artículo número 13 que la educación superior “debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. En esta dirección, en teoría, camina la reforma a la educación superior, tan anunciada por el gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. Luego de ser postergada en varias ocasiones, fue ingresada al Congreso recientemente, el 4 de julio de este año.

Una de las reformas más esperadas de este segundo mandato de la actual Presidenta ingresó al Parlamento con más detractores que defensores. Ha sido fuertemente criticada por los movimientos sociales que han luchado por una educación universitaria gratuita y de calidad, por los dirigentes estudiantiles y el resto de los principales actores de la educación superior, incluidos los rectores de universidades públicas y privadas. Ni siquiera contó con la venia del oficialismo.

El proyecto de Reforma a la Educación Superior, tal como aparece en la sección introductoria, manifiesta claramente entre sus lineamientos principales la importancia de buscar permanentemente la equidad e inclusión, vía implantación de la gratuidad; la calidad y, finalmente, la mantención de un vínculo estrecho entre la educación universitaria y las necesidades nacionales y regionales.

¿Cuál es la fórmula económica de la gratuidad universitaria? Durante este y el año que viene se asegura gratuidad para estudiantes del 50% más pobre del país que ingresen a universidades estatales o privadas que no lucren y estén acreditadas por cuatro años o más, para avanzar al 2020 al 60 por ciento de cobertura. Luego, la gratuidad aumenta solo si los ingresos estructurales del país (aquellos que recibe el fisco por recaudación tributaria, de Codelco y Enap), corresponden al menos al 23,5 por ciento del PIB tendencial y si la economía se mantiene en los promedios que se estima. La gratuidad universal, entonces, queda subordinada a variables económicas. Mientras, se mantiene el financiamiento mediante becas y créditos (ver infografía sobre gratuidad universal Educación 2020).

Los dirigentes estudiantiles alegan que esta reforma no cumple lo prometido; que, muy por el contrario, se consolida el actual sistema neoliberal en la educación. Los rectores de las universidades estatales, por medio de una carta publicada en El Mercurio, tampoco tardaron en pronunciarse. Celebran que se establezca el objetivo de cambiar los fundamentos del actual sistema universitario, que se defienda la educación pública y se asuma la incidencia del actual sistema de mercado en la inequidad y la baja calidad. Señalan, sin embargo, que en la implementación del proyecto el Estado sigue siendo un mero proveedor de educación, y que su tarea consiste en regular la oferta y calidad, aumentando incluso el financiamiento a privadas. Asimismo, lamentan la mantención de mecanismos de financiamiento desacreditados por los estudiantes y criticados por diversos sectores, ya que favorecen a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

Con el cuestionamiento de los principales sectores interesados en el cumplimiento de los compromisos programáticos adquiridos por el Gobierno esta reforma hace su entrada, no tan triunfal, al Parlamento. Si bien, tal como han señalado los rectores, tal cumplimiento puede requerir una implementación gradual, “el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada”.

También hay quienes critican los mecanismos diseñados para garantizar que no se lucre. Uno de ellos es el Contralor general de la República, encargado de fiscalizar el gasto público, quien afirma que el proyecto de educación superior “lejos de establecer controles de los recursos públicos, lo que hace es quitarlos”. Respecto de la destinación de fondos públicos a privadas, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señala: “las universidades privadas viven paraísos fiscales dentro del país,  (…) ellos reciben dinero por lo cual no tienen que dar cuenta para nada.”

La Superintendencia de Educación Superior será la garante de que los recursos entregados por el Estado a las instituciones de educación sean íntegramente utilizados para el desarrollo de docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. El proyecto enviado en julio establece como sanción por el desvío de recursos la devolución de dichos capitales y el pago de una multa que asciende al 50% del dinero apropiado. Solo de hacer caso omiso a dicha sanción, se configura el delito de apropiación indebida, con una pena máxima de 5 años de cárcel.

En este contexto, no olvidemos los gravísimos problemas de desregulación y abusos del sistema privado de educación superior. Investigadores de Educación 2020 insisten en que no basta con crear una Superintendencia de Educación Superior o perfeccionar el sistema de acreditación, sino que es preciso un cambio drástico en el marco regulatorio.

A meses de enviado el proyecto, se mantienen los cuestionamientos, a pesar de que la ministra de educación Adriana Delpiano anunciara el ingreso de indicaciones sustitutivas, desconocidas hasta el momento. Es importante mencionar que estas indicaciones solo se pueden presentar una vez que una comisión en el Parlamento apruebe en general el proyecto y entre a una discusión particular. Por ello, se entiende que el Ejecutivo buscará llegar a un trato con los parlamentarios, asegurando las modificaciones necesarias para obtener el voto a favor de legislar.

En medio de la crisis de legitimidad de los políticos, el grueso de la población ya no confía en las decisiones tomadas a puerta cerrada por los parlamentarios. A los que se oponen a este proyecto, debemos sumar a aquellos que desconocen su contenido y que, en realidad, rechazan que cualquier iniciativa importante como esta sea elaborada, modificada y aprobada entre cuatro paredes.

Es sin duda preocupante que esta reforma, tan anunciada y comprometida por el Gobierno de Bachelet, sea rechazada por buena parte de los actores sociales implicados. Alarmante es que se dé a conocer en medio de una serie de sucesos y declaraciones, a lo menos, desafortunados: las denuncias del Cruch por montos impagos en el marco del traspaso de recursos de gratuidad, la destitución de Roxana Pey por falta de lineamiento con planteamientos efectuados por el Gobierno en materia de educación superior, los alegatos de no escucha por parte de los actores sociales afectados por este nuevo diseño, las críticas de las universidades estatales y públicas respecto del financiamiento estatal al mercado privado de la educación y de la no consagración a las instituciones estatales como prioritarias para el sistema, los reproches de las universidades privadas, que aseguran que se les margina del sistema, y de las universidades regionales, que alegan centralismo y falta de estímulos para el fortalecimiento de sus instituciones. Es de esperar que el resguardo de la calidad, el fortalecimiento de la educación pública y la implantación gradual de la gratuidad sean algo más que lineamientos discursivos, partiendo por el reconocimiento de la educación como un derecho y no como un bien de consumo.

Tomado de: http://radio.uchile.cl/2016/09/28/educacion-el-abismo-entre-el-mensaje-y-el-proyecto/

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