Revuelve cada cartera o bolso que tiene a su alrededor. Monederos, billeteras, bolsillos de las camperas. «Es la tarjeta azul. La que tiene el sol. ¿No la viste?», le dice Carla a su hijo de 11 años. Se refiere a la tarjeta de Uruguay Social, por la que desde hace más de una década recibe una transferencia monetaria por tener hijos menores, al igual que otras 60 mil familias consideradas en situación vulnerable. Por esa tarjeta, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le transfiere poco más de $ 800 por cada uno de sus dos hijos.
Desde que el Frente Amplio llegó al poder en 2005, ha intentado que el calificativo «social» esté impreso en cada una de sus políticas como sello de identidad. Por eso en cada discusión presupuestal la distribución del gasto gira siempre en torno a esa prioridad.
En diferentes etapas de su vida, Carla, de 33 años, pasó por los distintos planes del Mides.
Y si bien el gasto social ha crecido de forma sostenida en la última década de la mano de una bonanza económica histórica, las restricciones presupuestales han limitado el poder de fuego a los planes específicos definidos o dirigidos desde el Mides.
Eso se suma a que más allá del logro de avanzar en la identificación del bolsón persistente de pobreza –compuesto por unas 30 mil familias– y en cuáles son sus principales necesidades insatisfechas, su nivel de marginación hace difícil el abordaje de parte de un Estado que, todavía y pese a los más de 10 años de trabajo en el área, no ha logrado establecer niveles de coordinación interinstitucional eficiente para llegar con éxito a esa población.
Pionero
Cuatro días después de que Tabaré Vázquez asumiera como el primer presidente del Frente Amplio, el 1º de marzo de 2005, el Poder Ejecutivo envió como ley de urgente consideración al Parlamento la creación del Mides. El Plan de de Atención a la Emergencia Social (Panes) fue el pionero de esa cartera, como respuesta a la explosión del desempleo y la desigualdad social que dejó la crisis económica de 2002 con un tercio de los hogares sumidos en la pobreza. El reto era claro: para fines de 2004, 32,1% de los hogares uruguayos eran pobres, y 5% no llegaban siquiera a cubrir sus necesidades alimenticias.
Por ese tiempo, Carla dejó la casa de su madre –que acababa de separarse– para vivir en pareja. Aunque nunca se enfrentaron al extremo de pasar hambre, llegar a fin de mes era una odisea. El día en que un equipo del Mides llegó al asentamiento cercano a la calle Isla de Gaspar, la puerta de la casa de su madre fue una de las que golpearon. «La vinieron a visitar, le tomaron los datos y ahí comenzó a recibir dinero por el Plan de Emergencia. Fue tremenda ayuda. Se pudo independizar cuando mi padre la dejó», cuenta Carla a El Observador.
El Plan de Emergencia llegó a unas 108 mil familias, pero la ayuda estuvo en muchos casos mal dirigida y se estima que el 50% de los beneficiarios no pertenecían a la población más vulnerable, mientras que otro 50% de aquellos que sí eran potenciales destinatarios no percibieron la ayuda, según evaluaciones posteriores del Mides.
Universalización
En la actualidad su madre no recibe dinero de ningún tipo y Carla continúa con la tarjeta del Plan de Equidad, que sustituyó al de Emergencia en 2008, otra de las banderas del primer gobierno de izquierda.
Uno de las principales mejoras del Plan de Equidad fue que se logró apuntar mejor los recursos hacia la población que lo requería, al tiempo que se avanzó hacia la universalización de la transferencia monetaria al readecuar las asignaciones familiares. Esas partidas dejaron de ser exclusivas para los trabajadores formalizados con menores a cargo, a fin de incluir a los sectores informales.
De hecho, en el hogar de Carla ni ella ni su pareja aportaron nunca al Banco de Previsión Social (BPS) cuando trabajaron. Hace nueve meses, enviudó y desde hace siete trabaja como cuidadora de ancianos en un residencial. Por primera vez en su vida, sabe lo que es el trabajo formal.
Para el exministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, el gran éxito del Plan de Equidad fue, precisamente, esa transformación de la transferencia de dinero. Con las asignaciones familiares se logró llegar a un universo de 200 mil hogares, casi el doble de lo alcanzado con el Plan de Emergencia.
Para 2008, la inversión social –que incluye educación, salud, además de los planes asistenciales– pasó a 49% del presupuesto anual del Estado, desde el 35% en 2005. En el mismo período, la indigencia se redujo de 4% a 1% y la pobreza de 31% a 21%.
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Juan Pablo Labat, director Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, considera que creer que se mejoraron los niveles de pobreza e indigencia solo con planes del Mides es una «ingenuidad».
En los últimos años el presupuesto de esa cartera se ha ubicado en el entorno del 0,3% del PIB –entre 1% y 1,5% del gasto estatal–, lo que implica menos de US$ 200 millones. La explicación tras la mejora de los indicadores debe buscarse, según Labat, en otras políticas implementadas desde que la izquierda accedió al poder en 2005.
La reinstauración de los Consejos de Salarios y las acciones tendentes a elevar la formalización del mercado laboral están en la base de la inclusión social. El año pasado cerca de 1,5 millones de personas eran cotizantes del Banco de Previsión Social, frente a los menos de 1 millón de 2004. En tanto, el Índice Medio de Salarios (IMS) creció 53% en términos reales desde el inicio de 2005 y hasta julio de este año.
La ministra Marina Arismendi cree que son, precisamente, esas políticas, como también el Sistema Nacional Integrado de Salud, las que apuntan a las «capas medias». «Tienen cobertura de salud, beneficios sociales», por lo que estas capas «pueden estar más tranquilas», dijo a El Observador.
Poca continuidad
El Plan de Equidad fue acompañado de iniciativas en el plano laboral, como Uruguay Trabaja, pensado para que personas desempleadas retomaran contacto con el mundo laboral. «Eso funcionó mal. Una persona ingresaba a Uruguay Trabaja y era todo un jolgorio y todos se abrazaban, pero cuando estaba por terminar era un velorio, pedían para quedarse por unos meses más», dijo Olesker a El Observador. Solo 25% de los participantes logró insertarse con éxito en el mercado formal luego de una experiencia de ese tipo.
En el caso de Carla, su relación con el Mides empieza y termina en la asignación que recibe mes a mes, con la que compra la ropa de sus hijos, especialmente para la escuela. Ni ella ni su familia participaron de programas de empleo, aunque durante décadas la informalidad fue la regla.
Durante la última etapa del gobierno de José Mujica y luego de que el Mides «flotara» en 2010 y 2011
–según la visión de Olesker–, el ministerio tuvo como objetivos claros mejorar la focalización de las transferencias monetarias y reforzar programas que iban a buscar a las personas en situaciones vulnerables a sus hogares. Fueron los casos de Uruguay Crece Contigo, creado para atender a mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años, o Jóvenes en Red, que busca que adolescentes retomen el estudio o trabajo.
Cuidados por pobreza
En paralelo, las iniciativas oficiales enfocadas en combatir la pobreza continúan con un enfoque claro en la transferencia de dinero, mientras desde el Mides se trabaja en la «idea de proximidad» del Estado con la población vulnerable, en una «coyuntura económica mucho más dura que hace cinco años», dijo Labat a El Observador.
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El objetivo de pobreza cero, tan caro para la izquierda, demandará «varias generaciones», según el exministro, y con niveles de gasto crecientes, algo impensado en el actual contexto económico.
De todos modos, Labat remarcó que, para ese 0,3% de personas que todavía viven en la indigencia y los 64 cada 1.000 hogares que aún son pobres, «no hay un plan» y el Estado termina siendo su peor enemigo. «Se está tratando de trabajar la idea de proximidad, la ayuda a la población para sacarla de ese lugar, pero el Estado no me ayuda a construir la otra parte del puente. El mostrador del Estado, su dinámica, las echa. Si tiene que ir una madre sola con cinco hijos a esperar una consulta médica, no puede hacerlo», afirmó.
Para Olesker, en el Estado se adolece de una «visión integral» de los esfuerzos. Y, según dicen, sin una «transformación del Estado» no hay política social que los saque de la pobreza. Por ahora, personas como Carla y varios miles más que siguen con algún tipo de carencia esperan esa respuesta.
El 85% de los menores recibe transferencias
La forma y las condiciones en las que se recibe tiene tres variantes: por un lado, a través de las asignaciones familiares del Plan de Equidad, por el otro por asignaciones familiares que dependen del empleo de los responsables de los beneficiarios y, por último, a través de deducciones tributarias. Estas últimas, en tanto, se verán recortadas a partir del año próximo cuando cobre vigencia la Rendición de Cuentas de este año, que incluye un ajuste fiscal con aumento de impuestos.
Las familias perciben entre US$ 48 y US$ 68 por el primer hijo y están condicionadas, por ejemplo, a que los menores asistan a la escuela o el liceo.
Algo similar sucede con las asignaciones que se basan en el empleo, donde el monto por tramo por hijo va de US$ 10 a US$ 20, se orienta a trabajadores formales con ingresos por hogar menores a US$ 1.190 y tienen como condición aportar al Banco de Previsión Social como trabajador. En ese caso, también se financian con rentas generales.
Por último, las deducciones tributarias son montos que reciben los contribuyentes de ingresos medios y altos (que superen los US$ 1.190). En su caso, por cada hijo perciben desde US$ 13 sin ningún tipo de condiciones. Eso significa que los menores de un hogar donde se les devuelve dinero, por ejemplo por IRPF, pueden no estar estudiando, pero perciben el dinero de todas maneras.
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