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Uruguay: Inefop suspendió más de 10.000 becas económicas del programa Uruguay Estudia

América del Sur/Uruguay/Ladiaria.uy

El instituto alega falta de información sobre el rendimiento, mientras que ANEP asegura que se entregaron todos los informes solicitados.

10.115 fueron las solicitudes de apoyo económico que envió la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para este año en el marco del programa Uruguay Estudia. Inefop dice no contar con la información necesaria para renovar el convenio, mientras que la ANEP responde que entregó todos los datos requeridos.

El programa Uruguay Estudia lo lleva adelante la ANEP, el Inefop financia los apoyos económicos, y la coordinación entre las partes corre por cuenta del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El objetivo es “brindar orientación y apoyo pedagógico a través de tutorías, para la culminación de ciclos educativos a personas jóvenes y adultas que dejaron de asistir a la educación formal”.

Estela Alem, responsable de la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos de la ANEP, que coordina el programa, aseguró a la diaria que la decisión de Inefop de no financiar las becas este año “fue una sorpresa”, porque el procedimiento no varió con respecto a años anteriores y los resultados siguen siendo “excelentes”.

Por su parte, el representante del MEC en el directorio de Inefop, Guillermo Dutra, explicó a la diaria que “la gerencia de Formación Profesional de Inefop elaboró un informe en enero y aconsejó a este Consejo Directivo que se debería tener más información respecto al pago de las becas, en temas como los informes de resultados y trayectorias de los beneficiarios, informe de proyección, conteniendo descripción y pertinencia de cada una de las poblaciones atendidas, fundamentación de los criterios de asignación de las becas y un protocolo de administración, con roles y contrapartes en cada etapa del proceso de gestión”.

Según Dutra, el Consejo Directivo anterior de Inefop le solicitó esa información a la ANEP, por intermedio del MEC, y como “hubo una demora por parte de la ANEP” en la respuesta, “este programa se quedó sin financiamiento para el año 2020”. El representante detalló: “Como Consejo Directivo nos encontramos con una recomendación en la cual se hacía un llamado de atención sobre la falta de información que había con respecto a la aplicación de la beca, y sobre todo en los mecanismos de control. Nos respondieron en junio, cuando teníamos el presupuesto 2020 ya armado; en abril asumimos y sin esta información tuvimos que avanzar sobre las prioridades que teníamos definidas”.

Sin embargo, Alem asegura que la información solicitada fue brindada y que los resultados respaldan el programa. Según explicó la directora, el procedimiento normal consiste en entregar los resultados académicos de los estudiantes antes de fin de año, porque las becas se aprueban en las primeras sesiones de enero del Consejo Directivo de Inefop. Esto implica que los informes no estén cerrados, porque el período lectivo abarca los exámenes de febrero.

Este año Inefop esperó hasta marzo para obtener los resultados finales y tomar una decisión. Entre tanto, “nos hicieron varias preguntas a través del MEC y todas se respondieron, aunque siempre eran detalles de la planilla, algún nombre que no coincidía o una cédula incompleta”, afirmó la directora.

Gonzalo Baroni, director de Educación del MEC, dijo a la diaria que respecto de la situación no tiene “mejor información que Inefop o ANEP”, organismos a los que consideró “los directamente involucrados en el tema”.

¿De cuánto estamos hablando?

Según Alem, “estas becas económicas son necesarias de verdad” y las respaldan los “muy buenos” informes de impacto. “Hay un porcentaje altísimo de la población que tiene buenos resultados educativos, es un promedio superior al 80% de éxito educativo, claramente superior a la población que no recibe becas. Hay un impacto positivo en la trayectoria y en la continuidad educativa” de los beneficiarios. Este resultado, agregó, “se demuestra todos los años, de todas las maneras posibles, en todos los componentes que reciben esta beca”.

Alem recordó que los problemas con los apoyos económicos al PUE comenzaron a fines del año pasado. Según la directora, pasada la primera mitad del año, llegó un comunicado desde el Inefop que afirmaba que las becas aprobadas en enero se iban a reducir, alegando que “están sujetas a disponibilidad”. “Por eso ya el año pasado algunos estudiantes se quedaron sin su prestación. Fundamentamos e insistimos en la importancia de que todos la recibieran, pero no se llegó a volver a tenerlas y este año directamente no dieron ninguna”.

La solicitud que hizo la ANEP para 2020 responde a las necesidades de cada subsistema; el Consejo de Educación Técnico Profesional advirtió que necesitaba aumentar el cupo, por lo que se pasó de poco más de 8.000 becas en 2019 a 10.115 en 2020. Sobre esto Alem comentó: “Sabíamos que podían decirnos que no había margen para aumentar más, pero lo que no esperábamos nunca es que no dieran ninguna”.

El monto que se solicitó a Inefop asciende a 186.618.000 pesos, similar al de años anteriores; el ex director general de Inefop Eduardo Pereyra había destacado en la presentación de las becas de 2019 que 10% de los ingresos de Inefop son invertidos en las becas de apoyo a la educación.

Sobre la situación actual Dutra comentó: “Estamos con un déficit importante, reviendo prioridades. Claramente es a los grupos en situación más vulnerable a los que más nos interesa apoyar, y los jóvenes se destacan como un grupo objetivo”.

Según adelantó el representante del MEC en Inefop, “hay que hacer una evaluación del impacto del programa, ver si los móviles que llevaron a promocionar este programa se mantienen vigentes y si la forma de instrumentarlo debe mantenerse en los mismos términos”. También agregó que este tema es algo que “está pendiente de trabajo con la ANEP: para 2020 ya no tiene presupuesto, hay que ver para después”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2020/7/inefop-suspendio-mas-de-10000-becas-economicas-del-programa-uruguay-estudia/

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Las universidades deberían clasificarse según el impacto social – Informe

Noticia Global

Las universidades deberían justificar su valor a través de un sistema de clasificación que evalúa su impacto en la sociedad para contrarrestar la «narrativa corrosiva» de que las instituciones son «torres de marfil desconectadas», según un informe.

Un nuevo sistema de evaluación que reconoce los beneficios sociales puede asegurar a los estudiantes que están obteniendo una buena relación calidad-precio e incentivar a las instituciones a hacer más por las comunidades, sugieren representantes universitarios.

Según un informe del King’s College de Londres (KCL), la Universidad de Chicago y la Universidad de Chicago, las universidades deberían clasificarse en las tablas de clasificación mundial según la proporción de su presupuesto negociable gastado en actividades para beneficio social, así como sobre su huella de carbono. Melbourne

El compromiso de las instituciones también debe evaluarse por su apoyo a los grupos subrepresentados, medido por la proporción de estudiantes preuniversitarios que participan en un programa de «acceso».

Los autores proponen un nuevo marco para medir y clasificar este impacto social, o lo que denominan «compromiso», que argumentan que podría incorporarse a las tablas de la liga universitaria mundial.

Un nuevo sistema que reconoce estos beneficios aseguraría al público y a los estudiantes que están obteniendo una buena relación calidad-precio.Jonathan Grant, vicepresidente y subdirector (servicio) en KCL

Hacerlo estimularía a las universidades a garantizar que más de sus actividades beneficien a las comunidades locales y a la sociedad en general, al tiempo que muestra mejor los beneficios existentes que producen, argumenta el informe.

Agrega: «Muchas universidades se caracterizan por ser torres de marfil desconectadas, y muchas personas se preguntan si las universidades están contribuyendo de manera justa».

El profesor Jonathan Grant, vicepresidente y subdirector (servicio) de KCL, dijo: “En un momento en que las universidades de muchos países buscan el apoyo de los gobiernos y los contribuyentes para mitigar los impactos de Covid-19, existe una necesidad real de mayor sector educativo para demostrar mejor los innumerables beneficios que aporta a la sociedad.

«Un nuevo sistema que reconozca estos beneficios aseguraría al público y a los estudiantes que están obteniendo una buena relación calidad-precio, además de incentivar a las instituciones a hacer más por las comunidades y sociedades de todo el mundo».

La obsesión por perseguir las clasificaciones de cualquier banda es el resultado y el fracaso de los intentos de dejar que el mercado impulse la educación superior. Jo Grady, secretaria general de la UCU

Nick Hillman, director del Instituto de Política de Educación Superior (Hepi), dijo: “Necesitamos más clasificaciones, no menos, si queremos capturar la rica diversidad de nuestro sector con mayor precisión. Sería muy interesante ver una nueva medida de valor social para complementar las medidas existentes «.

Pero Jo Grady, secretario general de University and College Union (UCU), dijo: “Las universidades son mucho más que simples clasificaciones que se centran en cosas como los ingresos de los graduados, y se debe alentar un reconocimiento más amplio de su trabajo e impacto.

“Sin embargo, la obsesión por perseguir clasificaciones de cualquier tipo es un resultado y un fracaso de los intentos de dejar que el mercado impulse la educación superior. Es más importante que las universidades trabajen juntas en este momento para demostrar los muchos beneficios de la educación superior, no para competir entre sí ”.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200725150812676

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España: Activistas de ‘software’ libre acusan a Educació de favorecer a Google

Europa/España/elperiodico.com

A principios del pasado curso, un grupo de activistas por los ciberderechos, organizados a través de la plataforma Xnet, llamaron la atención sobre la protección de los datos de los estudiantes. Alertaron sobre el uso generalizado en las escuelas de aplicaciones vinculadas a Google, empresa que incluso contaba con el aval del Departament d’Educació. A lo largo de este año, el Govern ha preparado un plan digital para poner al día los colegios, lo que implica el uso todavía más intensivo de tecnología asociada a la enseñanza. Este colectivo mantuvo contactos con la Generalitat y todo parecía ir en la dirección de apostar por aplicaciones de código libre, esto es, no vinculadas a una nube que no pase a ser propietaria de todo lo compartido. Ahora denuncian ninguneo, una «mezcla de incapacidad y clientelismo» que, a su modo de ver, «permitirá que venza el mal».

Simona Levi lleva la voz cantante de esta cuadrilla de defensores de los derechos en internet, sobre todo, en lo que tiene que ver con la protección de los más pequeños. El problema -sostiene- es que Google, además de ser «promocionado por el Govern», según denuncia, se lo da todo masticado a las escuelas, pero no las advierte de los peligros que corren». La Generalitat, en cambio, asegura que el uso del programario libre «está previsto en el plan digital» recientemente aprobado. Por lo que respecta al acuerdo con Xnet, Educació asegura que se mantiene «firme en su posicionamiento para trabajar por la excelencia en el proceso de digitalización de las escuelas a largo plazo, en ámbitos como las ‘suites’ educativas, la privacidad de los datos o la tecnocultura». Simona niega la mayor.
Cuota de mercado

Asegura que estuvieron negociando con la ‘conselleria’ y que todo parecía ir por buen camino. El objetivo: quitarle cuota de mercado a Google para ir entregándosela a otras compañías, algunas locales, con las que tengas mucho más controlado todo lo que subes a la red. «No pedimos inventar nada nuevo y tampoco nosotros ganamos nada con ello. Solo se necesita medio millón de euros para adaptar aplicaciones como Moodle, Next Cloud o Big Blue Botton a las exigencias de la usabilidad de las escuelas catalanas». Según su modo de ver, «con muy poco dinero tenemos una alternativa a Google fácil, replicable y democrática, y ágil en caso de confinamiento», resume Simona. Todo esta planteamiento, se queja, no se ha recogido en plan de digitalización educativa a pesar de que, sostiene, lo han estado negociando durante más de un año.

Según Simona, el acuerdo alcanzado de Xnet con Educació hace un mes estableció un calendario para que los colegios pudieran ir transitando hacia esas otras opciones. No habría estado listo en septiembre, pero sí se podría haber empezado a trabajar. En total, según esta activista, bastan seis meses para poder tenerlo todo a punto: «Dos meses para crear los pliegos administrativos, otros dos meses para que estas empresas de ‘software’ libre entreguen el producto y los últimos dos, para implementar las herramientas y formar a los profesores». De lo que se trata, en definitiva, es «de poder disponer de una nube soberana en la que si quieres destruir un documento, realmente se elimine y no quede en la galaxia Google». «Curioso -ironiza Levi- que en tiempos en los que se habla tanto de soberanía, pierdan la oportunidad de ejercerla».

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/educacion/20200729/xnet-8057838

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How much aid is spent on education and where does it go?

Informe Gem Report

While the main message of our new policy paper on the latest figures of levels of aid to education is that COVID-19 is a serious threat to aid recovery, it would be a shame not to give greater attention to the positive story that we uncovered before the pandemic arrived. In 2018, total aid to education reached the highest amount ever recorded, US$15.6 billion. This is an increase of 9%, or US$1.25 billion, relative to the year before.  Broken down by education levels, between 2017 and 2018, total aid increased by 6% in basic education, by 7% in secondary education and by 12% in post-secondary education.

Compared to 2010, when aid to education hit its previous high point shortly before the great financial crisis’s impact on ODA started to be felt, aid to education has grown by 16%, while aid to basic education has grown more slowly at 10%.

Even without a pandemic to contend with, however, there is still much room for improvement.

Education has long been losing ground as a donor priority. The share of education in aid that is clearly allocated to sectors (‘allocable aid’) fell from 14.8% in 2003 to 11.7% in 2010 and by another two percentage points to 9.7% by 2013. It has since recovered a little to 10.8%, but it is still below 2010 levels. The share of basic and secondary education in allocable aid is 6.3% (Figure 3a). If this share were 10% and all DAC plus selected non-DAC donor countries (Brazil, China, India, Kuwait, Qatar, the Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa and the United Arab Emirates) dedicated 0.7% of their GNI to ODA, then the education financing gap would be filled.

The decline of education is particularly notable since other sectors have generally maintained their share of direct aid over time. Only a few sectors have gained ground, such as energy and the health, population and reproductive health sector (whose share increased from 15% in 2004 to 19.6% in 2013).

Donors prioritize different education levels

Aid to basic education reached US$6.5 billion in 2018, the largest amount ever recorded. Primary education accounts for about 90% of that sum; the rest consisted of small shares to early childhood education, life skills and school feeding programmes. Of that amount, low-income countries received 31%, or US$2 billion, a sharp increase from 2015, when they received 23% of the total, or US$1.3 billion. Lower-middle-income countries have seen their share decrease from 46% to 33% during this period, equivalent to a decline of US$0.3 billion.

A growing share of aid to basic education – 19%, or US$1.1 billion, in 2018 – is not tied to specific countries. The share of aid to secondary education that had unspecified recipients was only half the size of that of primary education. Even if it is assumed that all unspecified recipients of aid to basic and secondary education are low- and lower-middle-income countries, the total amount of aid to basic and secondary education was US$7.4 billion in 2018. The rest went to upper-middle- or even high-income countries and to post-secondary education. In other words, only 47% of aid to education goes to the two sub-sectors and the two groups of countries most in need.

Aid to secondary education, meanwhile, reached US$3 billion in 2018, again the largest amount ever recorded. Vocational training accounted for 56% of the total volume. Low-income countries received 30%, or US$0.89 billion, a marked increase from 2015, when they received 24%, or US$0.56 billion of the total. Lower-middle-income countries have seen their share decrease from 51% to 39% during this period, which means that aid has stagnated at US$1.2 billion.

In terms of regional allocations, the main development since 2010 has been the increasing share of Northern Africa and Western Asia as a result of the crises in the Syrian Arab Republic and Yemen. Between 2010 and 2018, the share of the region increased from 14% to 27% in aid to basic education and from 10% to 23% in aid to secondary education. The rise in 2018 reflects a significant increase of US$3.2 billion in budget support to Yemen, 20% of which is allocated to education, according to the GEM Report’s established methodology.

The share of sub-Saharan Africa in aid to basic education appears to have fallen by 10 percentage points in the last 10 years but this is probably accounted for by the commensurate increase in the share of aid to unspecified regions during this period. The analysis does not include humanitarian aid, which has continued to increase.

Aid to post-secondary education reached US$6.1 billion in 2018, also the largest sum on record. Excluding budget support allocated to post-secondary education, it consists of direct aid to post-secondary education (31%), scholarships for students in recipient countries to study abroad (21%), about one-third of which is not allocated to specific countries, and imputed costs for students studying in institutions of donor countries (48%). Upper-middle-income countries receive around 29%, or US$1.8 billion, a larger share than in basic or secondary education.

Across all levels, therefore, significant positive conclusions can be drawn about the general trend lines of aid to education from 2017 to 2018, even if improvements in the targeting of that aid are still urgently needed. It is a shame, therefore, to find in our analysis the extent to which COVID-19 is to rock the boat, with an expected 12% drop in international support for education from 2018 to 2022. Those advocating on this issue should take note of the policy recommendations in our recent aid paper, but should also remind donors of the positive advances recently made – a place which we can get back to with the right prioritisation and encouragement.

Fuente: https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/07/28/how-much-aid-is-spent-on-education-and-where-does-it-go/

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China penalizará el fraude en los exámenes universitarios luego del robo de identidad

Asia/China/TheGuardian

Los legisladores chinos están tratando de criminalizar el robo de identidad en los exámenes de ingreso a la universidad, después de revelaciones de que cientos de estudiantes en una sola provincia fueron robados o utilizados por otros, escribe Helen Davidson para The Guardian .

Este año, más de 10 millones de estudiantes participarán en el gaokao de China , un examen de nivel estatal para ingresar a la universidad, ampliamente visto como un camino clave hacia la educación superior para estudiantes de hogares desfavorecidos. En junio, los medios chinos revelaron que varias universidades de Shandong habían descubierto a 242 graduados que habían robado la identidad y el puntaje gaokao de otra persona para inscribirse entre 1999 y 2006. Dijo que en la mayoría de los casos la víctima no sabía su nombre y gaokaose había tomado puntaje. Según los informes, decenas de personas han sido castigadas, pero las sanciones para los estudiantes actualmente no están legisladas.

Desde entonces, el comité permanente del Congreso Nacional del Pueblo recibió una propuesta para penalizar el fraude de exámenes, y a principios de este mes el ministerio de educación anunció que trabajaría con las autoridades para investigar y responsabilizar a los estudiantes, informó China Daily .
Informe completo en el sitio de The Guardian

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Australia: Informe sindical revela la brecha digital entre estudiantes de las escuelas públicas

Oceania/Australia/PrensaIE

El sindicato Australian Education Union ha publicado un informe que revela una brecha digital significativa durante la pandemia de la COVID-19 y la falta de inclusión digital que afecta a estudiantes de las escuelas públicas.

El sindicato Australian Education Union ha publicado un informe que revela una brecha digital significativa durante la pandemia de la COVID-19 y la falta de inclusión digital que afecta a estudiantes de las escuelas públicas.

Un informe independiente encargado por el sindicato Australian Education Union (AEU) ha revelado la persistente brecha en cuanto a acceso, asequibilidad y competencias que afecta desde hace años a buen número de estudiantes de escuelas públicas provenientes de entornos desfavorecidos.
El informe Addressing digital inclusion for all public-school students (Abordar la inclusión digital para todo el alumnado de escuelas públicas), de la investigadora independiente especializada en educación Barbara Preston, llama la atención sobre cómo esta brecha se suma a otros factores que obstaculizan la inclusión. Entre dichos factores podemos citar bajos ingresos, residir en áreas remotas, dominio del inglés, discapacidades y una vivienda insegura o inadecuada.
El recurso a la enseñanza y el aprendizaje a distancia a causa de la COVID-19 puso de relieve la falta de inclusión digital para gran número de estudiantes, pero este informe viene a demostrar que en realidad se trata de un problema de larga data que, desde hace años, está siendo ignorado sistemáticamente por el Gobierno de coalición.
125 000 estudiantes en escuelas públicas sin acceso a Internet
Según el informe, cerca de 125 000 estudiantes en escuelas públicas no disponen de acceso a Internet.
El informe de Preston concluye además que:
  • El nueve por ciento de estudiantes procedentes de familias con bajos ingresos no disponen de acceso a Internet en casa, frente a apenas el uno por ciento en el caso de estudiantes con altos ingresos familiares.
  • Estudiantes de escuelas públicas tienen 2,5 veces más probabilidades que quienes acuden a escuelas privadas o católicas de no disponer de acceso a Internet en casa.
  • Estudiantes de escuelas públicas que viven en áreas remotas tienen muchas más probabilidades de no disponer de Internet en casa —prácticamente un tercio de los y las más de 20 000 estudiantes que viven en áreas muy remotas no tenían acceso a Internet—. En el caso de aborígenes e isleños del estrecho de Torres, la probabilidad de no tener Internet en casa es aún mayor —21 por ciento frente al 5 por ciento para el conjunto del alumnado en escuelas públicas—.
  • Unos bajos ingresos familiares están asociados a numerosos factores que hacen que estudiar en casa resulte más difícil, incluyendo la falta de acceso a Internet y de material y programas informáticos adecuados; menor nivel de educación de los progenitores para poder ayudar con el trabajo escolar; viviendas inseguras o hacinadas donde no cuentan con un lugar fijo donde estudiar sin perturbaciones, y el estrés psicológico que pesa sobre los miembros del entorno familiar a causa de las dificultades financieras.
AEU: Prueba irrefutable del fracaso del Gobierno federal
El informe constituye “una prueba irrefutable del fracaso del Gobierno federal a la hora de garantizar que todo el alumnado tenga acceso a las herramientas y a los recursos digitales necesarios para su educación”, según AEU.
El sindicato insta al Gobierno federal a efectuar, con prioridad inmediata, una auditoría de equidad digital para determinar el impacto que tiene sobre el alumnado la falta de acceso a internet y a recursos digitales. A continuación, debería establecerse un plan integral, desarrollado tras consultar con la profesión docente y dotado con los recursos pertinentes, para superar de manera definitiva las lagunas en materia de inclusión digital.
El informe independiente de AEU está disponible aquí (en inglés)
Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/16872/australia-informe-sindical-revela-la-brecha-digital-entre-estudiantes-de-las-escuelas-p%C3%BAblicas
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Alerta feminista: distintas formas de violencia letal contra mujeres

América del Sur/Uruguay/Ladiariauy

Una nueva alerta feminista tuvo lugar en el Centro de Montevideo. Por la avenida 18 de Julio circularon cientos de mujeres exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres.

En esta oportunidad se recordó a tres mujeres asesinadas en distintas circunstancias.

El femicidio de Oriana Oviedo ocurrió en Barcelona, España. Tenía 20 años y fue asesinada por su pareja, Germán González, de 35 años, también uruguayo, en el apartamento que compartían. La atacó con un arma blanca frente a su hijo de tres años. Su familia en Uruguay reclamó la repatriación de sus restos y el traslado del niño a nuestro país.

Mayra Acosta tenía 36 años y fue desaparecida los primeros días de diciembre de 2019. Su familia presentó la denuncia en enero y fue considerada por el Ministerio del Interior como una “persona ausente”. Algunos de sus restos óseos aparecieron en junio próximos a un contenedor en el barrio La Unión, en Montevideo. El resto de sus huesos aparecieron en una fosa séptica del barrio.

En la alerta también se reclamó por una mujer que fue encontrada calcinada en la intersección de Camino Tomkinson y Las Pitas, en un descampado a metros del arroyo Pantanoso, en Montevideo. En el lugar también se encontró ropa de la víctima y una bolsa de supermercado con pertenencias. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/7/alerta-feminista-distintas-formas-de-violencia-letal-contra-mujeres/

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