Un informe del IESE recoge que el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir puestos. Además detectan carencias en formación y actitud.
Un informe del IESE recoge que el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir puestos. Además detectan carencias en formación y actitud
Los datos del estudio «Las competencias profesionales del futuro: un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil después de la Covid-19» recogen la visión de las empresas en relación con las competencias profesionales de los jóvenes y sus necesidades futuras.
«Hay una falta de adecuación entre las empresas que quieren contratar a gente joven y la preparación por parte del sistema educativo», ha señalado Jordi Canal, profesor del IESE durante su intervención en la presentación del informe. Esto cobra importancia a la luz de la tasa de desempleo entre la población joven.
Evolución de la tasa de paro juvenil en EspañaIESE
La brecha de competencias
La encuesta determina que el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo. Las causas apuntan a una serie de carencias tanto de capacidades profesionales como de formación tecnológica.
«Las empresas están cambiando su manera de trabajar. Apuestan por proyectos multidisciplinares», explica María Luisa Blázquez, investigadora del International Center for Competitiveness de IESE.
El proceso de digitalización, que se ha visto potenciado por la crisis del coronavirus, ha supuesto un cambio en los perfiles que demandan las empresas. Según los datos del informe, en esta evolución influyen la revolución digital, necesidades de los clientes, internacionalización y la automatización.
Se trata de un cambio que proseguirá durante los próximos años, ya que la mitad más de la mitad de las compañías encuestadas aseguran que mantendrán sus labores de automatización de procesos. En este sentido, las empresas ven necesarios procesos de reciclaje para sus plantillas.
Sin embargo, también detectan carencias en algunas capacidades, como la comunicación, el emprendimiento o el liderazgo. Además, las empresas aseguran no encontrar perfiles con un nivel adecuado de resiliencia, iniciativa y visión de conjunto.
Los centros educativos
Las empresas consideran que son los centros educativos uno de los principales actores que deben implicarse en la resolución de este distanciamiento. Blázquez valora, a la luz de los resultados del informe, que son necesarios más perfiles de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Así mismo, las encuestas reflejan un menor índice de penetración del mercado laboral de la Formación profesional.
En un entorno que seguirá dando pasos en la digitalización, el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, valora que surgirán nuevos puestos de trabajo derivados de la automatización, para los cuales será necesaria «un mayor grado de especialización«.
Tasa de paro según el nivel de estudiosIESE
«Preocupa la falta que hay en el porcentaje de estudios de FP. Encontramos buena base en la universitaria, pero menor en la de los especialistas», ha señalado Martínez.
Soluciones propuestas
De no corregirse esta brecha, las empresas calculan que de cara a 2023 esta se agrandaría todavía más. A pesar de lo cual, el consejero delegado de Cellnex ha querido subrayar que «lo primero es reconocer que la gente joven sale bien preparada».
Los resultados del informe apuntan a una estrecha colaboración entre los centros educativos y las empresas, así como una mayor implicación por parte de las Administraciones públicas. Blázque ha señalado que se trata de una «responsabilidad compartida en la que se debe buscar un diálogo constructivo».
En este sentido, Martínez apuesta por «avanzar en el desarrollo de perfiles profesionales. Las empresas están haciendo cosas, pero la Administración pública va bastantes etapas por detrás».
«Los jóvenes receptores de esos programas no desarrollan las habilidades que en el pasado permitieron a otros jóvenes escapar de la pobreza»
«La pobreza en los EE. UU. estaba cayendo en picada hasta que Lyndon Johnson declaró la guerra contra ella», Daniel J. Mitchell presentó las conclusiones de varios investigadores sobre cómo los programas de pobreza que comenzaron con la “Guerra contra la Pobreza” se han disparado a sí mismos con sus incentivos adversos y han frenado la reducción de la pobreza en lugar de acelerarla.
No hay nada malo en lo que se presenta, que es una información muy valiosa. Pero hay algo que puede hacer que el caso sea aún más fuerte que la utilización de las tasas generales de pobreza: desglosar los efectos por edad del principal sostén de la familia. Y aunque no he visto tales datos hasta el presente, James Gwartney y Thomas McCaleb lo hicieron en Have Antipoverty Programs Increased Poverty, publicado en el Cato Journal en 1985.
Revisar su trabajo es importante porque proporciona explicaciones concisas de los tipos de efectos desincentivadores involucrados y también por qué los desincentivos productivos que crean los programas de bienestar tendrán más efectos adversos cuanto más joven sea el hogar, permitiendo desagregar los datos por grupos de edad para mostrar las diferencias en los efectos más claramente.
Gwartney y McCaleb hablan de cuatro mecanismos de desincentivación: el mayor efecto de beneficio real, el alto efecto fiscal implícito, el efecto de depreciación de habilidades y el efecto de riesgo moral.
El efecto del mayor beneficio real es que «El aumento del valor real de los pagos de beneficios hace que la dependencia del gobierno sea aún más atractiva en comparación con la alternativa de la autosuficiencia». Ese efecto será mayor en el caso de los trabajadores más jóvenes, cuyo potencial de ingresos es menor que el de los trabajadores de mayor edad y más experimentados.
El efecto del alto impuesto implícito es que los programas de pobreza reducen los beneficios a medida que los hogares ganan más, imponiendo el equivalente a un impuesto sobre la renta adicional sobre el aumento de los ingresos. Cuando se tiene en cuenta la realidad de los múltiples programas, esa tasa impositiva implícita puede ser muy alta, mucho más alta que la tasa más alta oficialmente impuesta sobre los ingresos ganados y, en algunas circunstancias, muy superior al 100 %. En consecuencia, «Esas elevadas tasas impositivas marginales implícitas suponen un importante desincentivo para trabajar para aquellos individuos cuyas ganancias potenciales son relativamente bajas».
El efecto de la depreciación de las habilidades es que las personas que no han utilizado sus habilidades durante períodos prolongados, como las que pasan mucho tiempo fuera de la fuerza laboral, descubren que esas habilidades se erosionan. Esto no solo empeora cuanto más tiempo duran esos incentivos, sino que el efecto es mayor para los trabajadores más jóvenes: «A medida que las transferencias hacen que la dependencia sea más atractiva en relación con la experiencia laboral, la escolaridad y otras formas de inversión en capital humano, los jóvenes receptores de esos programas no desarrollan las habilidades que en el pasado permitieron a otros jóvenes escapar de la pobreza».
El efecto de riesgo moral es que la asistencia social puede ayudar a financiar a algunos a elegir «un estilo de vida que aumente la probabilidad de pobreza». Ese incentivo es más perjudicial para la vida productiva de uno cuanto más pronto comienza.
Cada uno de esos efectos no solo es más grave para los hogares más jóvenes que para los demás, sino que también tiene efectos productivos mucho menores para los trabajadores de más edad y prácticamente ninguno para las familias de bajos ingresos cuyos miembros están jubilados. Solo pregúntense cuán preocupados están ustedes por esas consecuencias en sus abuelos. Eso significa que los efectos desincentivadores pueden verse en los trabajadores jóvenes de bajos ingresos en contraste con los hogares de bajos ingresos más viejos.
Y esos efectos son grandes. Como descubrieron Gwartney y McCaleb, después de las disminuciones sustanciales de la pobreza para todos los grupos de edad antes de que comenzara la “Guerra contra la Pobreza”, tanto las tasas oficiales de pobreza como las tasas de pobreza ajustadas por los beneficios en especie (no contados oficialmente como ingresos) para los ancianos (para quienes los efectos desincentivadores son mínimos) siguieron disminuyendo drásticamente, de 15,9 % en 1968 a 5,5 % en 1982. Para el grupo de 45 a 54 años las tasas de pobreza ajustadas disminuyeron del 6,7 % en 1968 al 5,8 % en 1975, aumentando después al 8 %. Para el grupo de 25 a 44 años, las tasas de pobreza ajustadas solo disminuyeron del 8,6 al 8,5 % al principio, pero aumentaron sustancialmente después, hasta el 12,3 % en 1982. Por último, para el grupo más joven, los hogares menores de 25 años, las tasas de pobreza ajustadas aumentaron a partir de 1968, pasando del 12,3% en 1968 al 24% en 1982.
Daniel J. Mitchell es una fuente muy valiosa de información para aquellos de nosotros que nos preocupamos por la libertad. Le doy gracias por informarme en muchas ocasiones. Es solo que observar los efectos diferenciales entre los hogares más jóvenes y los más viejos uno puede encontrar un contraste sorprendente a la evidencia que él tan eficazmente presenta. Y como es muy productivo, podría extender tal comparación al presente. Sé que la estoy esperando.
Repudio al desalojo de las residencias Estudiantes Livia Gouverneur. Solicitamos una explicación pública del Gobierno Nacional
El Foro Venezolano por el derecho a la Educación (FOVEDE), Integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) observa con especial preocupación el desalojo que está afectando a les jóvenes que habitan las residencias estudiantiles Livia Gouverneur, ubicada en el centro de Caracas.
Es el pueblo estudiantil más humilde quien requiere del apoyo de estas residencias para poder estudiar y ser parte de la inclusión en los procesos educativos. En una situación nacional en la cual el criminal bloqueo norteamericano ha deteriorado de manera dramática la situación del pueblo trabajador, este desalojo se convierte en un despropósito. Es momento de la unidad del pueblo trabajador y esta acción actúa en una dirección contraria.
Todes les jóvenes que habitan las residencias estudiantiles Livia Gouverneur son hijes de hombres y mujeres del pueblo. La precaria situación salarial de los y las trabajadoras hace imposible que puedan pagar un lugar de residencia para que sus hijes puedan estudiar. Por ello, el desalojo tiene el agravante de ser una medida contra los hijos de los y las trabajadoras.
Las residencias estudiantiles forman parte de las conquistas vinculadas al derecho a la educación. Durante la Cuarta República la crueldad, insensibilidad y autoritarismo de los gobiernos generó muertes en los desalojos de las residencia estudiantiles existentes en ese momento, acciones que eran “justificadas” por esos gobernantes, bajo la etiqueta de “razones políticas”. Todos fuimos testigos de cómo bajo el pretexto de sacar a los “revolucionarios” e “izquierdistas” de las residencias estudiantiles, se vejaba a jóvenes y en muchos casos se les asesinaba. El presidente Chávez siempre recordaba esa dramática situación como expresión del neoliberalismo en la educación.
Hasta la presente ningún funcionario del alto gobierno, a quienes les corresponde garantizar el derecho a la educación, se ha pronunciado al respecto. Por ello, respetuosamente solicitamos al Presidente Nicolás Maduro Moros una aclaratoria al respecto, y una clara directriz para que cese este atropello contra los y las jóvenes estudiantes.
Por el Foro Venezolano por el derecho a la educación
Luis Bonilla-Molina Lourdes Urbáez Rose Mary Hernández
El cierre de las guarderías y jardines de niños debido a la pandemia de COVID-19 ha dejado sin educación preescolar a 40 millones de niños, según datos de la agencia de la ONU dedicada a la infancia. Esta alteración del sistema educativo priva a los pequeños de los cimientos necesarios para su desarrollo social e intelectual.
Los cierres de centros de educación preescolar a causa de la pandemia de COVID-19 han privado al menos a 40 millones de niños de ese año crítico en su formación formal previo al ingreso a la educación primaria, revela un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicado este martes.
La directora ejecutiva de UNICEF señaló que las alteraciones resultadas de la emergencia dejan a los niños sin poder comenzar su educación de la mejor manera posible.
“Los cuidados infantiles y la educación temprana sientan las bases de todos los aspecto del desarrollo de los niños. La pandemia amenaza esos cimientos”, recalcó Henrietta Fore.
Los cuidados infantiles son esenciales para que el niño tenga protección, afecto, estimulación y nutrición mientras desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognoscitivas.
El estudio indica que el confinamiento ha colocado a los padres en una situación de estrés para combinar el cuidado de los hijos y su empleo, una ecuación en la que las mujeres llevan una carga desproporcionada, dedicando tres veces más tiempo que los hombres a los cuidados y el trabajo del hogar.
Crisis aún más profunda
El cierre de actividades también ha dejado al descubierto una crisis aún más profunda en las familias con niños pequeños en los países de renta baja y media donde de por sí carecían de servicios de protección social.
Desde antes de la aparición del coronavirus, la baja calidad, el alto precio o la falta de acceso a los cuidados infantiles y la educación temprana habían forzado a muchos padres en todo el mundo a dejar a los niños pequeños en ambientes inseguros o poco estimulantes en una etapa crítica de su desarrollo.
Peor todavía, más de 35 millones de niños menores de cinco años se quedaban a menudo si la supervisión de un adulto, además de que numerosos padres, y sobre todo madres, empleados en el sector informal tenían que llevar a sus hijos con ellos a trabajar.
La directora ejecutiva de UNICEF consideró que la pandemia agrava aún más la crisis mundial del rubro de los cuidados infantiles.
“Las familias necesitan el apoyo de sus gobiernos y sus empleadores para capear la tormenta y salvaguardar el aprendizaje y desarrollo de los niños”, afirmó.
Subrayó que es primordial que los niños tengan acceso a cuidados infantiles y educación preescolar de calidad no sólo para su crecimiento individual, sino para el desarrollo de sociedades cohesionadas.
El informe pugna por cuidados infantiles asequibles, accesibles y de calidad para todos los niños, desde su nacimiento hasta su ingreso a la escuela primaria.
Directrices
Con el propósito de mejorar el bienestar de los niños y las familias, UNICEF emitió cuatro directrices para los gobiernos:
Licencia paternal pagada para ambos padres
Flexibilidad en el trabajo
Inversiones y capacitación en la fuerza laboral dedicada a cuidados infantiles
Sistemas de protección social que incluyan transferencias de efectivo para las familias trabajadoras con empleos informales
No litoral cearense, há alunos do ensino médio que já não conseguem mais acompanhar as aulas online, porque têm de trabalhar durante o dia inteiro. No interior do Piauí, educadores recorrem a visitas domésticas e vídeos motivadores para tentar atrair os estudantes que não têm aparecido nos encontros virtuais. Em São Paulo, alunos de baixa renda atendidos por uma organização sem fins lucrativos temiam «voltar para a estaca zero» nos estudos em meio à pandemia.
Em todos esses lugares, são vários os relatos de estudantes sem equipamentos ou conexão à internet, famílias em situação econômica cada vez mais frágil, professores com crescentes dificuldades em manter os alunos engajados nas aulas remotas e pais tanto ansiosos quanto temerosos pela perspectiva da volta às aulas presenciais — marcada, em alguns Estados, para agosto ou setembro.
O resultado dessa combinação é que cresce o temor, entre educadores e pesquisadores, de que as circunstâncias impostas pela pandemia façam com que mais estudantes simplesmente desistam da escola neste ano, engordando as estatísticas de evasão escolar no Brasil.
«Em uma turma do 1° ano (do ensino médio), dos 40 alunos, só uns 15 têm participado» das aulas remotas, diz à BBC News Brasil a professora de biologia Joseline Souza Nascimento, que dá aulas na rede estadual na cidade de Cascavel, na costa do Ceará.
A equipe da escola chamou psicólogos para darem palestras aos estudantes e fez apostilas aos alunos que não têm internet ou celular, mas teme que alguns percam a motivação ou as condições de voltarem à escola.
Direito de imagemMARCOS SANTOS/USP IMAGENSImage captionProfessores ouvidos pela BBC News Brasil dizem que alunos estão cada vez menos motivados com aulas remotas
Pais e mães dos alunos, diz ela, também manifestaram receio de mandar os filhos de volta à escola quando for hora de reabrir, por temer o contágio pelo coronavírus.
Para completar, «na escola temos uma sala de EJA (educação para jovens e adultos). De 20 alunos, só três ficaram. Muitos acham que o ano está perdido e não sabem se vão voltar.»
O preço que o Brasil paga pela evasão
A evasão escolar é um problema crônico, com altos custos humanos, sociais e econômicos para o Brasil.
Dos quase 50 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos, mais de 20% — ou seja, 10,1 milhões de jovens — não completaram alguma das etapas da educação básica (que engloba os ensinos fundamental e médio), segundo a pesquisa Pnad Contínua 2019, divulgada na última quarta-feira (15) pelo IBGE.
As principais causas apontadas para o abandono escolar foram necessidade de trabalhar, desinteresse pelas aulas e gravidez. A ampla maioria (71,7%) desse contingente de jovens é negra ou parda.
Por cada jovem que abandona a escola, o Brasil perde R$ 372 mil reais por ano, apontam cálculos de Ricardo Paes de Barros, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, em estudo feito neste mês em parceria do Insper com a Fundação Roberto Marinho.
No total, o custo anual da evasão escolar é de R$ 214 bilhões, ou 3% do PIB (Produto Interno Bruto), com base na redução das possibilidades de emprego, renda e retorno para a sociedade das pessoas que não concluem a educação básica.
«Isso porque os jovens que têm a educação básica completa passam, em média, mais tempo de sua vida produtiva ocupados e em empregos formais, com maior remuneração; têm maior expectativa de vida com qualidade — estima-se que cada jovem com educação básica viverá quatro anos de vida a mais que um jovem que não terminou a escolaridade — e tendem a ter um menor envolvimento em atividades violentas, como homicídios», diz o estudo.
Direito de imagemGABRIEL JABUR/AG BRASILIAImage captionTaxas de abandono haviam sido reduzidas na última década, mas problema é ainda crônico no Brasil
«O cálculo é de que a evasão representa uma perda de 26% do valor da vida de um jovem.»
A despeito desse enorme contingente de jovens que abandonaram a escola, o Brasil havia conseguido alguns avanços positivos na última década: a taxa de abandono do ensino médio na rede pública de ensino havia caído 7 pontos percentuais, de 13,7% em 2008 para 6,7% em 2018, segundo dados oficiais compilados pelo Observatório de Educação do Instituto Unibanco.
A taxa de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, embora alta (8,8% em 2018), também vinha em queda.
Agora, porém, existe o temor de que alguns desses ganhos possam ser perdidos no pós-pandemia, diante de uma confluência de pressões negativas.
‘Depois que ele sai, é difícil trazê-lo de volta’
«Muitos jovens têm pais que são trabalhadores informais e tiveram uma queda abrupta na renda. Então eles próprios podem ser os únicos capazes de gerar renda para a família», explica à BBC News Brasil Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco.
Considerando o histórico brasileiro de índices baixos de aprendizado nos anos finais do ensino fundamental e ao longo do ensino médio, além de um cenário de desinteresse dos jovens pelas aulas, «este longo tempo longe da escola pode acabar sendo o empurrão final (para a evasão), para a sensação de que ‘já não estava interessante, então não vale a pena’ prosseguir na escola», agrega Henriques.
«E depois que o aluno sai, é muito maior o esforço para trazê-lo de volta.»
Em algumas regiões pobres do Brasil, como áreas do Nordeste, Henriques teme por um outro impacto da covid-19: muitos dos idosos vítimas da doença eram (por meio de suas pensões) responsáveis por prover grande parte da renda da família. Isso também deve aumentar a pressão sobre jovens para que migrem ao mercado de trabalho.
Essa entrada precoce no ambiente profissional, em um momento particularmente ruim da economia, pode cobrar seu preço ao longo das décadas seguintes da vida desse jovem: sem a escolaridade, ficará mais difícil conseguir empregos qualificados.
«O prêmio pela educação ainda é alto no Brasil, mesmo se essa educação for ruim. Completar o ensino médio brasileiro define uma trajetória de vida muito mais positiva do que não completá-lo, quanto a mobilidade de vida», diz Henriques.
Direito de imagemRAUL SANTANA/FIOCRUZImage captionPor cada jovem que abandona a escola, o Brasil perde R$ 372 mil reais por ano
Dificuldades de acesso às aulas
Com o celular quebrado e sem computador para acompanhar as aulas remotas, Sabrina Oliveira Lopes, 17, estudante do 3° ano do ensino médio na rede estadual de São Paulo, perdeu o ânimo quando as aulas passaram ao ambiente remoto por conta da pandemia e chegou perto de não conseguir acompanhar os estudos.
«Ficou meio bagunçado. Algumas lições estavam em uma rede social; outras estavam em outra. Não acho que eu teria desistido tão fácil da escola, mas a gente (alunos da turma) meio que entrou em desespero», conta à BBC News Brasil.
Sabrina acabou retomando o ímpeto com a ajuda dos professores e de um notebook doado pelo Instituto Proa, organização social onde fazia um curso extra.
«Não tem muita gente nas aulas online (da escola). Tinha no começo, mas foi baixando. Teria que chamar um por um, ligar para eles. Sei que é trabalhoso, mas vale a pena. Você se sente acolhido, sente que não é só mais um», diz ela.
Ela acabou perseverando na escola, também formou-se no curso do Proa e agora estuda com vistas para o Enem e para a faculdade — ela pensa em cursar administração de empresas.
O Proa atende jovens de baixa renda e de escolas públicas, com aulas suplementares, atividades que aumentem seu repertório cultural, apoio emocional, mentoria e, depois, ajuda para entrar no mercado de trabalho.
Tudo isso também precisou ser transportado para o ambiente virtual quando veio a pandemia, além de doações de equipamentos e cestas básicas aos alunos.
«A primeira aula online foi só para ouvi-los soltarem suas angústias», conta Rodrigo Dib, executivo-chefe do Proa. E entre essas angústias, havia frases como «meu pai perdeu o emprego»; «não mais sei o que faço da minha vida»; «não vai dar mais, vou voltar para a estaca zero».
«Tivemos que agir super-rápido e fazer com que eles continuassem acreditando. O mundo depois disto (pandemia) vai ser mais desafiador, e eles tinham que continuar, por eles próprios», diz Dib.
A centenas de quilômetros de distância dali, em Bocaina, no interior do Piauí, a professora de matemática Maura Silva vê angústias semelhantes entre seus alunos do ensino médio.
«No primeiro mês, eles tiveram participação muito ativa nas aulas online. No segundo mês, pararam de dar retorno das atividades. Alguns já desistiram das aulas remotas», lamenta Silva.
«Estamos sempre em contato com eles, pedindo calma e paciência neste período. (Mas) o atendimento remoto deixa um vazio grande, nem sempre conseguimos falar com todos de modo individual.»
A professora pediu a alguns alunos que fizessem vídeos motivacionais para os colegas, enquanto a direção da escola fez visitas domiciliares aos estudantes sem acesso à internet.
Mas o cenário é de «muita dificuldade», diz ela. «Alguns pensam em refazer o ano letivo, porque acham que este não está sendo útil.»
Uma pesquisa do Datafolha feita em junho com pais ou responsáveis de 1,5 mil estudantes da rede pública do país apontou que um índice relativamente alto deles (79%) estava recebendo atividades não presenciais de suas escolas.
Mas quase um terço dos pais temia que seus filhos desistissem da escola se não conseguissem acompanhar as aulas em casa. Quase dois terços dos responsáveis disseram que seus filhos estão ansiosos neste período e 37% deles contaram que os filhos estão tristes, aponta a pesquisa, encomendada pelas fundações Lemann, Itau Social e Imaginable Futures.
O ineditismo da pandemia atual impede a comparação com outros momentos da história, mas locais que viveram catástrofes e epidemias (como o oeste da África durante o surto de ebola entre 2013 e 2016) costumam sofrer posteriormente o aumento da evasão escolar.
Em palestra online no evento Bett Educar, no final de junho, o secretário-executivo de Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Rocha, citou a desconexão dos alunos e o possível aumento do abandono escolar como as grandes preocupações atuais.
Como vai ser a volta à escola?
Existe, também, o receio de como vai ser a volta às aulas com as exigências sanitárias necessárias para impedir o contágio do coronavírus.
Para Carlos Roberto Cardoso, diretor de uma escola de ensino fundamental em uma das áreas mais carentes da zona leste da capital paulista, «a pandemia só acentuou a dura realidade» vivida por famílias e escolas vulneráveis.
Entre os educadores, diz ele, há muitas dúvidas de como vai ser possível manter o distanciamento social e as regras de higiene, por exemplo na alimentação dos estudantes e na limpeza de banheiros.
Na pesquisa do Datafolha, os pais de 87% das crianças disseram que elas temem a contaminação pelo coronavírus na volta às aulas.
«Tenho três pessoas para fazer a limpeza em uma escola grande (cerca de 900 alunos)», diz Cardoso. «E como controlar (o espalhamento do vírus) em um ambiente tão fechado como são as escolas públicas? Tenho lido muitos relatos de pais, e não só os daqui da escola, inseguros com a questão sanitária. Li a postagem de um na internet dizendo ‘meu filho perde o ano, mas não volta para a escola tão cedo’.»
No Estado de São Paulo, a previsão é de que a volta às aulas presenciais comece em 8 de setembro, escalonada e sujeita às decisões individuais de cada rede municipal de ensino. Na capital paulista, a Secretaria Municipal de Educação informa que ainda está definindo as datas do retorno e o secretário, Bruno Caetano, está se reunindo virtualmente com todas as diretorias regionais de ensino para ouvir suas preocupações.
Haverá, segundo a pasta, distribuição de kits individuais com máscara, sabonete e copo, além de álcool gel, controle de temperatura e demarcação de lugares.
Direito de imagemGETTY IMAGESImage captionNa volta às aulas presenciais, será preciso lembrar que, mesmo que os alunos vão à escola, «mantê-los ali vai ser mais difícil do que antes», opina especialista
Sobre o tamanho das equipes de limpeza, a assessoria da secretaria diz em nota que «conforme está descrito na minuta do protocolo de retorno às aulas, os contratos de limpeza serão revistos. E as empresas precisarão também se adequar a essa nova realidade sanitária». A assessoria diz também que já estão ocorrendo reuniões entre a prestadora de serviço e a diretoria regional de ensino «para pensarem formas de adequar o protocolo seguido pela secretaria ao novo modelo de higienização que será adotada no pós pandemia» na escola de Cardoso.
Problemas antigos
Para além das questões de higiene, especialistas em educação preveem que, para conter a alta na evasão, será necessário buscar ativamente os alunos e lidar com problemas antigos e complexos do ensino brasileiro — por exemplo, reduzindo os abismos da desigualdade social do país, melhorando o ambiente escolar, acolhendo emocionalmente alunos e professores, e fazendo com que o conteúdo ensinado fique mais próximo da realidade e das necessidades dos estudantes e do mundo atual.
«A cada 100 crianças brasileiras que entram no ensino fundamental, apenas 65 concluem» os estudos, afirma Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco. «Os que terminam, já são sobreviventes.»
Na volta às aulas presenciais, opina ele, será preciso lembrar que, mesmo que os alunos vão à escola, «mantê-los ali vai ser mais difícil do que antes».
«Os estímulos negativos para a evasão vão continuar intensificados e os alunos vão estar mais vulneráveis. Se o aluno não se sentir acolhido, se houver um clima escolar ruim, com bullying, ele pode ir embora», diz.
«E é algo duradouro, que não vai se resolver em uma semana, porque vidas inteiras de famílias vão se reconfigurar (por causa da pandemia).»
En el Valle de Azapa, en la Región de Arica y Parinacota, fue donde se asentó durante la conquista la mayor población africana de Chile, invisibilizada durante décadas en nuestro país. Actualmente, sus descendientes aún rescatan las tradiciones y memorias de sus ancestros. En la semana de la mujer afrolatinoamericana, la presidenta de la organización Hijas de Azapa, Azeneth Báez (66), habla sobre la importancia de este valle, sus raíces y el rol de la mujer rural afrodescendiente.
“Nací y crecí en el Valle de Azapa, a pocos kilómetros de Arica, en una comunidad afrodescendiente. En esta zona somos muchas las familias descendientes de africanos que llegaron luego de la Conquista a trabajar como esclavos en las minas de plata –en cerro rico de Potosí, que actualmente pertenece a Bolivia– y se asentaron en este valle. Somos conscientes de que cada mujer del territorio fue una transmisora de la historia y la memoria a través de los relatos orales, práctica ancestral que viene de África y que nos ayuda a reafirmar nuestra identidad de generación en generación. La mujer afrodescendiente ha tenido que luchar la vida entera por salir de su estereotipo de mujer procreadora, mujer sexual para satisfacer el deseo de los hombres, mujer trabajadora para labores domésticas, mujer esclava. No se reconoce, pero nosotras hemos aportado mucho más que eso: somos las que relevamos la historia de nuestros territorios y raíces.
Mi mamá que fue la gran relatora de mi familia. No sabía cómo habían llegado los primeros, pero nos contaba de sus abuelos maternos y paternos, todos afrodescendientes. Desde ahí comenzamos a reconstruir nuestra historia. Luego, gracias al historiador de esta región Alberto Díaz y su libro Llegaron con cadenas, descubrí, en uno de los anexos, que mi bisabuelo había alcanzado a ser libre, no así mis tatarabuelos.
En la comunidad afrodescendiente, la mujer tiene un rol trascendental en la familia. Mi madre era la que ordenaba y mandaba, la que se preocupaba de la economía doméstica, de las labores y la formación de los niños, al igual que mi abuela. Tiene que ver con una noción ancestral que viene desde África, donde las mujeres tienen mucha importancia en su comunidad porque a través de ellas se desarrolla la sociedad. Mi madre nos contaba que mi abuelita y otras señoras salían en lomo de burro a vender a la ciudad las cosechas del campo. Imagínense el poder: más allá de lo simbólico, incidían en la economía. No solo eran dueñas de casa. Tenían el rol de sacar adelante a sus familias y lo hacían por amor.
Antes, las mujeres afrodescendientes de este valle tenían mínimo 10 hijos –mi madre tuvo 11– debido a la falta de anticonceptivos y lo alejadas que estaban de los servicios de salud. Pero como eran tan espirituales, sentían que los hijos eran valiosos y los criaban en tribu. En los hogares de los abuelos se criaban los nietos, los sobrinos y hasta niños sin lazos sanguíneos, porque se iban integrando personas que necesitaban cuidados. El clan que hicieron mis abuelos fue enorme y aunque se vivía de forma humilde, el hogar estaba lleno de riqueza y felicidad. La naturaleza y el campo entregar todo para criar y crecer.
Yo recién en 2000, gracias a la ONG Oro Negro, comencé a aceptar mis raíces y dejé de avergonzarme. A pesar de que conocía la historia de mi familia y estaba muy arraigada a las costumbres, desde niña me transmitieron que era mejor mestizarnos –como lo hizo mi madre con mi padre– y casarnos con un hombre blanco o chileno para asegurarnos un lugar en esta sociedad, que siempre ha sido muy racista y discriminatoria. Yo pensaba en mis hijos y no quería que sufrieran lo mismo que yo: discriminación en el colegio, en la calle, en el trabajo. Cuando era niña y me fui desde el valle a estudiar a Arica, me sentía un bicho raro entre tanta gente blanca y de pelo lacio, entonces alisaba el mío para tratar de adaptarme. Pero luego volví a mi valle, al terreno que me dejaron mis abuelos en la comunidad Pago Gómez, uno de los asentamientos de afrodescendientes más grandes desde los tiempos del virreinato. Aquí me siento bien. Las raíces a una la empujan. Trabajo, hace más de 30 años, en una empresa de producción de aceitunas.
Desde 2012 que participo en la organización de mujeres rurales afrodescendientes Hijas de Azapa –actualmente soy presidenta– y somos 15 mujeres, jóvenes y mayores, que trabajamos para visibilizar a nuestra comunidad y dignificar el rol de la mujer afro a través de redes con otras organizaciones y fondos culturales. El último que nos ganamos consiste en generar una serie de pinturas para retratar la historia de las comerciantes afroazapeñas que llegaban a Arica en burro. Como pueblo venimos hace años impulsando que se nos reconozca como una población importante en Chile, sobre todo en Arica y en el Valle de Azapa. Nunca hemos sido censados, entonces no tenemos indicadores de cuántos hay exactamente en esta zona. Y aunque logramos que se otorgara por ley reconocimiento a nuestras raíces, lamentablemente no está contemplada la visión de este territorio como uno ancestral para nosotros.
En el valle la fiesta principal de todas las familias afroazapeñas es la celebración de la Cruz de mayo, que más que un rito católico está ligado a nuestra propia religiosidad. Los africanos esclavos, aunque les quitaron el habla, la dignidad y la libertad, conservaron siempre su memoria, su religiosidad y mundo espiritual. Y aunque tomaron elementos del mundo europeo e indígena, encontraron en la Cruz de mayo un símbolo para venerar y recordar a sus ancestros, para conectarse con la tierra, con las cosechas y la naturaleza. Es una fecha donde celebramos nuestras costumbres y compartimos en familia. La cruz queda en un cerro del valle y a mis 66 años sigo subiéndolo como lo he hecho siempre. Tengo una necesidad profunda de encontrarme y reencontrarme con mis ancestros, con mi madre, con mis abuelos, y creo que mientras mi salud y mis piernas me lo permitan, seguiré haciéndolo”.
La demanda fue presentada en conjunto por 18 padres, tres distritos escolares (Denver, Colorado; Pasadena, California, y Stamford, Connecticut), y la NAACP
Organizaciones, dirigentes y educadores de todo el país presentaron este miércoles una demanda en una corte federal de Washington D.C. pidiendo la anulación de una regla del Departamento de Educación que obliga a los distritos escolares a usar fondos destinados para familias desfavorecidas en beneficio de estudiantes blancos acaudalados.
La demanda (técnicamente una medida cautelar) fue presentada en conjunto por 18 padres, tres distritos escolares (Denver, Colorado; Pasadena, California, y Stamford, Connecticut), y la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP).
CAMBIO ILEGAL
Según explicó en rueda de prensa la abogada Tamerlin Godley (una de las firmantes del documento), la regla emitida el pasado 1 de julio por la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, modifica ilegalmente el uso de fondos aprobados por el Congreso para las escuelas públicas de Estados Unidos.
Específicamente, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES), aprobada por el Congreso federal y firmada por el presidente Donald Trump el pasado 27 de marzo, adjudica unos 13.500 millones de dólares para que las escuelas públicas ayuden a estudiantes de bajos recursos y sus familias.
Dicha ley estipula que, mientras dure la pandemia de COVID-19, esos fondos deben usarse para proteger la “educación, salud y seguridad” de los alumnos de familias con bajos ingresos.
Sin embargo, una regla emitida el 1 de julio por el Departamento de Educación federal requiere que los fondos se usen solo en escuelas públicas con más de 40% de estudiantes desfavorecidos y únicamente para ciertos gastos, excluyendo así a estudiantes sin recursos que asisten a otras escuelas y excluyendo otros gastos (como facilitar el acceso a internet o a computadoras).
Además, la regla requiere que los fondos se compartan con las escuelas privadas ubicadas dentro de los distritos que reciben la ayuda federal y que, para determinar el monto que les correspondería a las instituciones privadas, se cuente a todos sus estudiantes como “desfavorecidos”, destinando así millones de dólares públicos a establecimientos privados.
BENEFICIA ADINERADOS
Godley calificó la medida de “ilegal” y “arbitraria”, afirmando que infringe varios artículos de la Constitución estadounidense relacionados con la separación de poderes, el gasto público y los procedimientos administrativos de agencias federales.
“Es una medida para beneficiar a los estudiantes con más dinero”, declaró la abogada.
Por eso, la demanda pide no solo que se anule la regla, sino que se prohíban reglas similares en el futuro.
Por su parte, en la misma rueda de prensa, Susana Cordova, superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, expresó que “las gestiones de la secretaria DeVos y del Departamento de Educación causarán daños irreparables para los estudiantes desfavorecidos y sus familias”.
“La regla debe ser detenida. Adjudicar fondos para las familias desfavorecidas y para las escuelas que sirven al público es algo correcto en cualquier momento. Pero es especialmente necesario durante la emergencia de salud pública por la COVID-19”, aseveró.
Y Derrick Johnson, presidente de la NAACP, enfatizó que “durante esta pandemia debemos proteger juntos los recursos vitales para los niños de las escuelas públicas y para las poblaciones de estudiantes históricamente desfavorecidos”.
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