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La gratuidad en la educación superior y su vinculación con la Reforma del 18

Por Lorenzo Pepe

El Decreto 29337 del 22 de noviembre de 1949 suspende los aranceles universitarios y lo hace en forma retroactiva al 20 de junio. ¿Cuál es su relación con los postulados de la Reforma Universitaria de 1918?

Reforma del 18

La Reforma Universitaria nace en la Universidad Nacional de Córdoba con una huelga de estudiantes por diferentes reformas el 31 de marzo de 1918.

El estallido se produce cuando el gobierno cierra el Internado en el Hospital de Clínicas de Córdoba en donde los estudiantes vivían (dormían y comían). Los puntos básicos eran: autonomía universitaria, cogobierno y acceso a concursos.

La universidad era muy retrógrada, los profesores eran siempre los mismos y se repartían los cargos, no permitían los concursos ni jubilaban profesores. A los profesores los nombraba el Presidente. Se regían por la Ley Avellaneda de 1885.

Los reformistas hacían un llamado a “todos los hombres libres de América” en su Manifiesto Liminar (fundacional). Hablaban de democratización universitaria y resultaron los primeros en fomentar el terrorismo cuando un presidente democrático no les gustaba. Se distanciaron de sus proclamas y tuvieron actitudes políticas diferentes a lo que proponían. En nombre de la “autonomía”, desde la universidad se apoyaron los golpes de Estado de gobiernos legítimos. Los debates teóricos sobre sí mismos hicieron que se alejaran de la realidad a la que ignoraron.

Esos estudiantes tardaron una década en darse cuenta de que el gobierno de Perón no era fascista, como decían, y que fue el único que le dio aplicación práctica, real, a los postulados de la Reforma.

El gobierno de Perón:

• declaró la gratuidad universitaria,
• creó el Ministerio de Educación (era Secretaría),
• sancionó la autonomía a nivel constitucional,
• introdujo servicios sociales para estudiantes (comedores),
• fomentó las ciencias,
• suprimió los exámenes de ingreso,
• creó la figura de dedicación exclusiva para los docentes,
• duplicó los sueldos de los profesores,
• abrió la Universidad Obrera, actual UTN,
• creó los horarios para trabajadores en las Facultades,
• inauguró las prácticas rentadas para estudiantes.
• Con Perón en el gobierno se sancionaron las leyes universitarias: 13031/47, 14294/54 y 20654/54.
• Los reformistas pedían “ampliación de las matrículas y democratización del ingreso”: se suprimen los aranceles, los exámenes de ingreso y se crean becas.
• Los reformistas pedían “extensión universitaria”: se iniciaron las prácticas rentadas en el Estado por primera vez.
• Los reformistas pedían “promoción de carreras prioritarias”: el Estado creó las Regiones Universitarias y el Consejo de Universidades en dichos ámbitos, al tiempo que desarrolló técnicas agrarias, ingeniería en petróleo, etc.
• Pedían “ingreso de latinoamericanos”: se desarrolló el intercambio estudiantil y el reconocimiento de títulos.
• Pedían la “vinculación estudiantes-obreros”: se creó la Universidad Obrera y se ampliaron los horarios para los que trabajaban.
• Le ley 20654/74 introdujo la participación de los trabajadores no docentes en el gobierno de la Universidad.

Nuevas universidades

En 1970 había 10 universidades nacionales. En gobierno peronista, desde 1973, se crearon: Universidad Nacional de Jujuy; Universidad Nacional de La Pampa; Universidad Nacional de Luján; Universidad Nacional de Misiones; Universidad Nacional de Mar del Plata; Universidad Nacional de San Juan; Universidad Nacional de San Luis; Universidad Nacional de Santiago del Estero; y Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.

Entre 1989 y 1995 se abrieron 9 universidades estatales: Universidad Nacional de Quilmes (1989); Universidad Nacional de La Matanza (1989); Universidad Nacional de General San Martín (1992); Universidad Nacional de General Sarmiento (1992); Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1994); Universidad Nacional de La Rioja (1994); Universidad Nacional de Lanús (1995); Universidad Nacional de Tres de Febrero (1995); y Universidad Nacional de Villa María (1995).

Desde 2002, 10 universidades más: Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. De Bs. As. (2002); Universidad Nacional de Chilecito (2002); Universidad Nacional del Chaco Austral (2007); Universidad Nacional de Río Negro (2008); Universidad Nacional del Oeste (Merlo) (2009); Universidad Nacional de Villa Mercedes (San Luis) (2009); Universidad Nacional José Clemente Paz (2009); Universidad Nacional de Avellaneda (2009); Universidad Nacional Arturo Jauretche (F. Varela) (2009); Universidad Nacional de Moreno; y Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur (2010).

Esta extraordinaria ampliación de la actividad universitaria fue realizada mayoritariamente por el Movimiento Peronista, tanto desde el Gobierno central como desde el Congreso Nacional.

Fuente de la Información:https://www.nodal.am/2019/10/la-gratuidad-en-la-educacion-superior-y-su-vinculacion-con-la-reforma-del-18-por-lorenzo-pepe/
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Chile: Estallido social y represión en Chile: 3.535 detenidos, 1.132 heridos, 43 niños maltratados y 19 denuncias de violencia sexual

El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

INDH suma 120 acciones legales por violaciones a los derechos humanos durante la crisis

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este lunes que se alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la Justicia por las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas en Chile desde el viernes 17 octubre, cuando se iniciaron las protestas en el país.

Según el desglose del organismo, 106 de las acciones corresponden a querellas de distinto tipo: cinco son por homicidio cometidos por agentes del Estado y 94 son por tortura, de las cuales 18 tienen una con connotación sexual. “Esa es la gravedad de la situación”, advirtió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.

Bustos enfatizó que “aquí ha habido graves violaciones de derechos humanos” y que, hasta el lunes, “de las situaciones observadas directamente por el INDH, constatamos más de 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas más de 1.100 han sido heridas, y de estas casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo”.

En un año normal -como 2018-, el INDH presentó 80 querellas por tortura. Sólo en estos últimos 10 días, el INDH ha presentado 94 querellas por tortura.

La observación del INDH se ha llevado a cabo a través de la constatación directa que hacen sus funcionarios en centros de salud, comisarías, y manifestaciones.

El INDH publicó el catastro de acciones judiciales tras una reunión con un equipo especial de crisis de Amnistía Internacional, que está en el país para esclarecer casos de vulneraciones a los derechos fundamentales.

El sábado, el INDH ofició al Servicio Médico Legal (SML) y al Ministerio Público para aclarar las cifras de personas fallecidas desde que se aplicó el estado de excepción constitucional en el país.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2019/10/estallido-social-y-represion-en-chile-3-535-detenidos-1-132-heridos-43-ninos-maltratados-y-19-denuncias-de-violencia-sexual/

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Entre Ríos: fallo judicial permite fumigar con agrotóxicos a 150 metros de escuelas rurales

Lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que emite una resolución a favor del decreto del peronista Bordet, pero introduce una modificación. En vez de a 100 mts, como pedía el gobernador, ahora se puede fumigar a 150 mts.

Este lunes el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos avaló un decreto de la Gobernación que permite fumigar a 100 metros terrestres de escuelas rurales y 500 aéreos. No obstante modificó el decreto de Bordet, que establecía que esto sería medido “desde el centro del casco de la escuela rural”, resolviendo que ahora la Zona de Exclusión deberá medirse a partir de una barrera vegetal ubicada a 150 metros de las escuelas.

La Corte Suprema entrerriana revocó así una sentencia del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto n° 2239/19 sancionado por Bordet en agosto pasado.

El enfrentamiento judicial entre el gobierno entrerriano y las agrupaciones ambientalistas comenzó cuando Bordet sancionó en enero de 2018 el decreto N° 4407, permitía la fumigación con agrotóxicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de escuelas rurales.

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron un primer amparo y el juez Oscar Daniel Benedetto, y luego el Stjer, fallaron a favor de los ambientalistas.

Con este fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos permite que las grandes empresas dedicadas al agronegocio sigan enfermando a la población de Entre Ríos.

El glifosato contamina el agua, el suelo y mata a adultos y niños. La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) denunció que el 80 % de las escuelas fueron fumigadas entre 4 y 8 veces por año. Las consecuencias dan escalofríos. Un relevamiento, que se conoció en febrero del 2018, indicaba que el 55% de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianos.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en 2017 Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes. La media nacional fue, en ese mismo año, de menos de 120 casos.

Integrantes de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos se manifestaron en contra del fallo y denunciaron que el gobierno provincial modificó la ley provincial que regula los amparos para conseguir una resolución favorable.
Vamos a apelar a la Corte Suprema Nacional”, indicó a Página|12 María Fernández Benetti, una de las abogadas de la Coordinadora que llevan el caso.

Gustavo Bordet, aliado de Alberto Fernandez y el agronegocio

Gustavo Bordet es uno de los gobernadores que acompañaron al gobierno de Macri en el tratamiento y la aprobación de la reaccionara reforma previsional y uno de los que lo acompañó a Davos a buscar la famosa “lluvia de inversiones” que nunca llegó, junto a Sergio Massa.

A fines de 2017, el mandatario entrerriano fue uno de los firmantes del Pacto Fiscal, que sirvió de base para votar la reforma jubilatoria. Días más tarde, vía sus legisladores Mayda Cresto y Juan José Bahillo, daba su aval para votar ese saqueo al bolsillo de los jubilados.

Pero Bordet pasó de haber sido uno de los que garantizaron el ajuste del macrismo y el FMI, a integrante del Frente de Todos. Su defensa del agronegocio que enferma a las y los habitantes de la provincia que gobierna, no es tan distinto al que hace el reciente presidente electo.

Ya en campaña electoral Alberto Fernández, se había pronunciado respecto al fallo original al cual calificó de “loable pero desmedido”. “Hay que cuidar la salud de los que consumen esos productos agrícolas y los que están en inmediaciones de las plantaciones donde se tiran los agrotóxicos. Pero tenemos que ser cuidadosos para que esto no se convierta en un boomerang contra la producción”, opinó.

En ese sentido pidió “buscar un punto intermedio». “Está clarísimo que debemos garantizar la salud de la gente, la salud de los que están cerca de las zonas rurales y la salud de quienes comemos esos productos antes que nada. Pero, a veces, llevar lo útil a un extremo se convierte en malo y perjudicial”, agregó.

Fuente de la Información: http://www.laizquierdadiario.com/Entre-Rios-fallo-judicial-permite-fumigar-con-agrotoxicos-a-150-metros-de-escuelas-rurales

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South Africa: Failing asylum system is exacerbating xenophobia

Despite its strong legal and human rights framework on refugees and asylum seekers’ rights, South Africa’s asylum management system is failing, leaving hundreds of thousands of applicants without proper documentation and exacerbating xenophobia in the country, according to a report – Living in Limbo: Rights of Asylum Seekers Denied – released by Amnesty International South Africa today.

The current asylum management process system is failing everyone. In persistin with a broken system that leaves those trying to claim asylum undocumented and in limbo, the government is causing a divide and inflaming tensions between South African citizens and fellow Africans living in the country,” said Shenilla Mohamed, Executive Director of Amnesty International South Africa.“Instead of acknowledging its failures, the government is perpetuating the view that the ongoing high demand by people trying to seek asylum at refugee reception offices stems from the abuse of the system by economic migrants. This has given rise to a toxic anti-asylum seeker narrative that is pushed by those in authority.»

The report found that poor decision-making, including mistakes of fact and lack of sound reasoning, has resulted in a 96% rejection rate of asylum applications and a massive backlog of appeals and reviews – around an estimated 190,000. This has kept some asylum seekers in the asylum system without a final decision of their case for as long as 19 years.

While their claim is being processed, asylum seekers are supposed to be issued with official documents saying that their application is being considered and confirming that they are officially in the system. These documents are essential for getting treatment in public hospitals, registering in schools and accessing formal employment. However, Amnesty International found that asylum seekers were frequently not issued with the required papers

With a broken system that leaves those trying to claim asylum undocumented and in limbo, the  government is causing a divide and inflaming tensions between South African citizens and fellow Africans living in the country .

Without formal status or proper documentation they are unable to work legally, or access healthcare and education. This can leave them destitute and vulnerable to harassment, arrest and detention.

“Rights protection should be the bedrock of any asylum system, yet asylum seekers’ rights are being violated as they are left in limbo, often for years on end. This flagrantly undermines the intentions of the Refugees Act as well as the South African Constitution, which protects the rights of every individual in the country,» said Shenilla Mohamed.

“It’s shocking that a country such as South Africa trivialises the vulnerability of those fleeing desperate circumstances.The asylum process is not explained properly to asylum seekers when they arrive at the refugee reception offices (RROs), and translation is either lacking or of poor quality. Asylum seekers have recently fled their countries of origin and many are unable to speak and understand English, which puts them at a major disadvantage in being able to claim refugee status without prejudice.

  • This is compounded by the fact that most asylum seekers do not have legal representation to assist them with their claims if they are rejected – only around 10% have access to lawyers.

 

  • A major and worrying proposed change in legislation is the establishment of asylum processing centres at the northern border posts where asylum seekers will be ‘accommodated’ while their asylum claims are considered. Contrary to South Africa’s current refugee law, asylum seekers held in these centres will not have the automatic right to work, conduct business and study while their status is being determined. However, there is silence around how these processing centres will be resourced. That is, how asylum seekers and their dependants will access education, housing, food and medical care. The current system is cheaper compared to the cost of the proposed camps.
  • Further to the immense backlog of appeals and reviews, closure of three of the urban RROs, in Johannesburg, Port Elizabeth (PE) and Cape Town (CT), has put additional strain on the asylum management process, and has had dire consequences for many asylum seekers who have to travel great distances to their nearest RRO to remain documented. The closure of the RROs in PE and CT have been challenged in court since they were closed in 2011 and 2012.  Long court processes resulted in the PE RRO being reopened in October 2018, but the CT RRO remains closed despite a Supreme Court of Appeal order that it be reopened by 31 March 2018.

Amnesty International is calling on the South Africa government, in particular the Department of Home Affairs (DHA), to ensure a safe, fair and efficient asylum management process and to create a united South Africa that welcomes those in search of safety. It should also comply with court orders to reopen the Cape Town RRO, and effectively resource all of the RROs and ensure that the refugee status determination process is administratively and procedurally just and fair.

«South African authorities must stop promoting divisive political narratives and start uniting people around shared values that build a more inclusive society»

Amnesty International Shout Africa embarked on research in 2018 to gather its own data on the experiences of asylum seekers attempting to exercise their rights to seek asylum and remain regularized in South Africa during the determination of their asylum applications.  Amnesty spoke to 88 people through focus group discussions and one-on-one interviews in four locations: Cape Town, Port Elizabeth, Johannesburg and Durban

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/south-africa-failing-asylum-system-is-exacerbating-xenophobia/

 

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Bélgica: Belgian students demand free higher education

Members of the French-speaking student association protested on Tuesday morning outside the building of the Wallonia-Brussels Federation in Brussels to demand free education.

According to the students, the annual study costs are between €8,000 and €12,000. The money is not within reach for everyone and makes higher education sometimes inaccessible.

However, the student association recalls, that the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted by the UN in 1966, states that “higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education”.

The fight against student insecurity is long-time fight for the student association (FEF). The new Walloon government has promised refinancing but the association is not satisfied with promises.

The association set up a “student checkpoint” to make their point to the government. The students also announced that the government was “in default”.

The Brussels Times

Fuente de la Información: https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/76017/belgian-students-demand-free-higher-education/

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House committee takes up Democrats’ higher education plan

With help from Bianca Quilantan

Editor’s Note: This edition of Morning Education is published weekdays at 10 a.m. POLITICO Pro Education subscribers hold exclusive early access to the newsletter each morning at 6 a.m. Learn more about POLITICO Pro’s comprehensive policy intelligence coverage, policy tools and services at politicopro.com.

— A House committee today is set to take up Democrats’ $400 billion higher education plan. Expect dozens of amendments.

— Education Secretary Betsy DeVos is being called to testify before the House about the Trump administration’s stalled processing of loan forgiveness claims submitted by former Corinthian Colleges students.

— A GAO report found that religious-based hate crimes are on the rise on college campuses and recommended that the Justice Department do more to help colleges address the problem.

IT’S TUESDAY, OCT. 29. WELCOME TO MORNING EDUCATION. Drop me a line with your tips and feedback: mstratford@politico.com or @mstratford. Share event listings: educalendar@politicopro.com. And follow us on Twitter: @Morning_Edu and @POLITICOPro.

HOUSE COMMITTEE TAKES UP DEMOCRATS’ HIGHER EDUCATION BILL: The House education committee today will consider Democrats’ sweeping plan to overhaul federal higher education policy. The $400 billion proposal to reauthorize the Higher Education Act, dubbed the College Affordability Act, H.R. 4674 (116), calls for expanding federal student aid programs and new federal spending to help states eliminate tuition at community colleges. Here’s what to expect:

— Democrats are upping the ante on Pell Grants: They’re proposing to further increase the program as part of a package of revisions to the original bill. The committee will take up those revisions in an amendment in the nature of a substitute by Rep. Susan Davis (D-Calif.). Other changes include expanding subsidized federal student loans to graduate and professional students at public and nonprofit colleges and replacing a six-year statute of limitations on collecting defaulted federal student loans with a new cap on the collection fees borrowers may be charged.

— The revised proposal calls for boosting the maximum Pell Grant amount by $625 instead of the $500 increase in the original bill. That would be the largest single-year increase in the history of the program, according to a Democratic committee aide. The increase would push up the maximum award to $6,820 for fiscal 2021, and subsequent automatic increases tied to inflation would lead to an estimated $8,250 maximum in fiscal 2029.

— Expect the committee to work through dozens of amendments: Democrats are planning to offer roughly 10, and GOP lawmakers have submitted approximately 50, according to committee aides. Most of the amendments will likely break down along party lines — meaning committee Democrats will reject GOP proposals — but it’s expected that several of them may win bipartisan support.

— The markup begins at 10:15 a.m. ET in room 2175 of the Rayburn House Office Building. Watch the livestream.

POLITICO Pro surveyed over 1,400 government affairs, communications, public relations and legal professionals at corporations, associations, non-profits and professional services firms. Learn about the average team size, budget, biggest challenges, and skills needed for each organization type. Download the Report Today.

Fuente de la Información: https://www.politico.com/newsletters/morning-education/2019/10/29/house-committee-takes-up-democrats-higher-education-plan-781750

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México: Pegan a mujeres las brechas educativas en Oaxaca

América del Norte/ México/ 29.10.2019/ Fuente: www.proceso.com.mx.

Las brechas educativas en Oaxaca siguen siendo abismales, particularmente entre la población femenina, cuyo porcentaje de mujeres de 15 a 59 años de edad con educación superior y hablante de una lengua indígena alcanza apenas el 6.27%, mientras que la proporción de no hablantes indígenas es de 18.05%.

Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, cuya finalidad es contar con información sobre discriminación y colocarla en el centro de las políticas de desarrollo incluyentes.

De acuerdo con el proyecto estadístico del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación (Sindis), la población adolescente (12-17 años) y joven (18-29 años) dejó los estudios porque no pudo pagar los gastos escolares. El porcentaje fue de 39.33% en mujeres y 29.35% en varones.

Los siguientes resultados arrojaron que 20.18% de mujeres abandonó sus estudios porque se casó o se embarazó, y entre los varones el porcentaje alcanzó 6.51%. Sobre las personas que debieron trabajar para ayudar en los gastos del hogar, el porcentaje de varones fue de 22.84% y el de mujeres de 9.70%.

En otra sección se precisa que 23.58% de los varones dejó los estudios porque no quiso seguir, no le gustó o piensa que no es apto, y la proporción de mujeres en este caso fue de 12.66%, mientras que en el rubro de cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar, 2.16% correspondió a mujeres y 0.48% a varones.

Entre la población de 15 a 59 años que no sabe leer ni escribir en el estado de Oaxaca alcanza el 7.97%, porcentaje del que 6.84% son hombres y 8.96% mujeres, cuando a nivel nacional la tasa es de 3.12% (2.66% hombres y 3.55% mujeres).

Los porcentajes se disparan entre la población de 15 a 59 años de edad que no sabe leer ni escribir, y el estudio precisa que en este “grupo discriminado” el sector más vulneraba es de las personas con discapacidad, al alcanzar 39.97%, seguido de los afrodescendientes, con 16.51%; hablantes de lengua indígena, 14.18%; de adscripción indígena, 10.30%, y personas de la diversidad religiosa, con 5.42%.

Respecto de las brechas en el acceso y condiciones de trabajo, revela que el porcentaje de mujeres de 15 a 59 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar por grupo discriminado alcanza 49.94% en Oaxaca, cuando el porcentaje nacional asciende a 41.21%.

En este caso, el porcentaje más alto lo alcanza la población hablante de lengua indígena, con 61.52%, seguido de la población afrodescendiente, con el 61.47%; la población de la diversidad religiosa, con 59.54%; la población adscrita indígena, con 56.89%, y finalmente la población con discapacidad, con 34.33%.

En cuanto al acceso y condiciones de trabajo entre la población adolescente (12-17 años) y joven (18-29 años) que no recibe remuneración, 51.07% tiene que dedicarse a los quehaceres del hogar, y en este caso el 54.26% son mujeres; otro 16.46% tiene que cuidar a alguien o no lo dejan trabajar; 10.36% busca pero no encuentra empleo (de ese porcentaje el 75.67% corresponde a hombres y 6.29% a mujeres) y 8.02% no tiene experiencia o preparación.

Por lo que se refiere a la población ocupada de 15 a 59 años con contrato laboral y prestaciones médicas de ley, la población de la diversidad religiosa tiene 21.33% de prestaciones médicas y 23.40% cuentan con un contrato, mientras que la población con discapacidad apenas alcanza 7.47% en prestaciones médicas y 12.98% cuenta con contrato.

De la población afrodescendiente, el reporte resalta que 16.18% tiene prestaciones médicas y 19.06% contrato, en tanto que la población adscrita indígena tiene 20.48% de prestaciones médicas y 19.57% contrato, mientras que entre la población hablante indígena 15.20% tiene prestaciones médicas y 15.49% contrato.

En el rubro de las trabajadoras del hogar remuneradas de 18 años y más con contrato y prestaciones laborales (aguinaldo, vacaciones, seguro médico), en Oaxaca la brecha es enorme porque sólo 0.52% tiene contrato y 3.59% prestaciones.

Estas cifras contrastan porque a nivel nacional 2.29 % tiene contrato y 12.33% prestaciones.

En el uso y acceso a servicios de salud las cifras también son contrastantes, ya que en Oaxaca 62.60% de la población de seis años y más se atiende en el seguro popular o servicios de salud; 19.66% en el IMSS, ISSSTE, Pemex y otros; 11.69% en consultorios privados, y 4.26% en consultorios de farmacia.

A nivel nacional, 36.71% se atiende en el seguro popular o servicios de salud; 35.15% en el IMSS, ISSSTE, Pemex y otros; 15.66% en consultorios privados, y 10.21% en consultorios de farmacia.

En el rubro de percepciones sociales existen cifras altamente preocupantes, ya que entre la población de 18 años y más que percibe poco o nulo respeto a los derechos de grupos discriminados, sobresalen las personas trans con 71.13%. A nivel nacional el porcentaje es de 71.93%.

Entre personas gay o lesbianas alcanza 68.02% en Oaxaca y 65.49% en el país, y el de trabajadoras del hogar remuneradas asciende a 57.70% en el estado y 61.99 % en México.

Finalmente, en personas indígenas el porcentaje en Oaxaca es de 57.33% y a nivel nacional es de 65.40%, mientras que entre afrodescendientes llega a 57.11% en el estado y 56.13% en el país.

Fuente de la noticia: https://www.proceso.com.mx/604960/pegan-a-mujeres-las-brechas-educativas-en-oaxaca

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