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Chile: Estudio revela que personas con educación universitaria ganan el triple que aquellos que cursaron solo básica

Redacción: El Heraldo

La «Radiografía del cambio social» elaborada por COES muestra que la brecha se mantiene cuando se considera el nivel educacional de los progenitores. Además, se constata que el género y las redes de apoyo inciden en la pobreza.

Por encima del millón de pesos para quienes cursaron educación universitaria, bordeando los $500.000 para aquellos con nivel técnico o enseñanza media, y cerca de $300.000 para quienes solamente completaron la básica. Son los ingresos que promedia la sociedad chilena en la «Radiografía del cambio social» y que se dieron a conocer este martes.

El estudio fue realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) —una iniciativa que reúne a la U. de Chile, Católica, Diego Portales y Adolfo Ibáñez— y consolida los principales hallazgos derivados de tres mediciones anuales del Estudio Longitudinal Social de Chile, que se realiza desde 2016. En él se reflejan variables económicas, sociológicas, psicológicas, políticas y urbanas.

Según el informe, existe una asociación significativa entre los ingresos percibidos por cada ciudadano y su nivel educacional: el promedio de aquellos con educación universitaria triplica el que reciben quienes solamente cuentan con educación básica, un patrón que traspasa generaciones.

De acuerdo al centro, las desigualdades de ingreso tienen un «carácter estático»: si se divide a los participantes según el máximo nivel educativo alcanzado por sus padres, la tendencia se mantiene e incluso se agudiza. Quienes tienen padres con educación universitaria llegan a ganar cerca de $1.300.000.

«No existe evidencia de que dichas brechas se hayan reducido en años recientes», asegura el informe, que además profundiza el panorama de la pobreza en Chile, no como una muestra representativa del país —la encuesta fue realizada solamente en áreas urbanas—, pero sí para caracterizar el fenómeno. El género y las redes de apoyo Una de las variables medidas en el estudio es la persistencia de la pobreza, debido a que se entrevistó en tres años consecutivos a la misma muestra.

Así, se revela que solamente un 9% de los participantes se ubica bajo la línea de la pobreza sobre la base de ingresos durante los tres años y existe otro 54% que se mantiene siempre por encima. Quienes tienen un patrón de movilidad en torno a la pobreza son un 37% de los participantes.

En otras palabras, una fracción importante de ellos estuvo en la pobreza durante los últimos tres años y en ninguno de los distintos patrones de ingreso y salida de la pobreza medidos en el estudio se concentra más de un 10% de la población estudiada. Es decir, las experiencias de pobreza además son heterogéneas.

También se evidencia una brecha de género. Las mujeres, además de tener menores ingresos que los hombres en cada uno de los años medidos, se ubican en mayor proporción bajo la línea de la pobreza de manera persistente. Mientras solamente un 5% de los hombres participantes estuvieron en condición de pobreza los tres años, en el caso de las mujeres la cifra llegó a un 13%.

Otra de las variables que tienen implicancias en la pobreza, de acuerdo al informe, es el tamaño de las redes de apoyo de los chilenos. De acuerdo a la evidencia, son uno de los principales activos para disminuir la vulnerabilidad y enfrentar problemas, tanto al hablar de amigos cercanos y confidentes —redes cercanas— y los conocidos —redes extendidas—.

De acuerdo a los cálculos efectuados en el estudio, las personas que durante los tres años examinados estuvieron en situación de pobreza tuvieron un promedio de 121 conocidos en 2018. En tanto, quienes fueron catalogados como no pobres en todas las oportunidades promediaron 215.

Lo mismo para la proporción de amigos cercanos: quienes están sistemáticamente en situación de pobreza tienen en un 62% de las oportunidades muy pocos amigos (cero, uno o dos amigos cercanos), mientras que quienes no cayeron en la pobreza tienen en el 29% de los casos seis amigos cercanos o más.

Fuente: http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/estudio-revela-que-personas-con-educacion-universitaria-ganan-el-triple-que-aquellos-que-cursaron-solo-basica

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Uruguay: Udelar flexibilizó requisitos de ingreso para migrantes

América del Sur/Chile/educacion.ladiaria.com.uy

Los extranjeros sólo deben tener residencia en el país, sin mínimo de tiempo.

“Hemos aprobado la flexibilización total del ingreso de migrantes a la Universidad de la República”, afirmó ayer su rector, Rodrigo Arim, luego de que los 19 miembros del Consejo Directivo Central (CDC) votaran cambiar la normativa vigente (de 1986) sobre el ingreso a los estudios de grado de extranjeros. La modificación más importante implica que los migrantes sólo deberán demostrar la residencia en Uruguay, sin mínimo de tiempo; esta versión primó sobre las otras propuestas de pedir un año o tres de residencia. Otros cambios fueron la habilitación del pasaporte como documento oficial y el pase al CDC en los casos que los servicios nieguen la inscripción excepcional.

Eliminar el requisito de un año de residencia fue una propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y el consejero Rodrigo Nicolau explicó la decisión: “Mantener el año de residencia es seguir perpetuando desigualdades entre ciudadanos uruguayos y extranjeros”. Además, señaló que para obtener la residencia en el país se requieren controles muy específicos, por lo que “no hay justificación para, además, pedir un año de residencia”. El estudiante agregó que pedir ese tiempo “no toma en cuenta los años lectivos de la Universidad: una persona que consigue su residencia en julio debe esperar no sólo el año que le piden, sino hasta el próximo marzo”.

La mayor discusión sobre este punto giró en torno a los recursos económicos. El decano de Medicina, Miguel Martínez, marcó su preocupación por la falta de recursos para atender el posible aumento de matrícula que surja a partir de los cambios y pidió que se estudie con precisión los efectos que podría tener esta apertura antes de tomar una decisión. Sobre este punto Arim comentó que los estudiantes migrantes son “4% de la matrícula de ingreso de la Udelar. Es bastante irrelevante en el ingreso total, pero se observa un cambio en la tendencia del ingreso”.

Desde los órdenes estudiantil y docente apoyaron la evaluación de los impactos e insistieron en que es aun más importante abrir la Universidad, en el entendido de que es una cuestión de derechos humanos. La consejera Susana Rostagnol sentenció: “Se necesitan más recursos, lo sabemos, pero esto no se va a solucionar cerrándoles la puerta a los extranjeros”.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/9/udelar-flexibilizo-requisitos-de-ingreso-para-migrantes/

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México: Activistas rechazan “solución amistosa” del gobierno por feminicidios

América del Norte/México/ Autor y Fuente: La Jornada

La activista Paula Flores Bonilla rechazó a nombre de otras madres, el acuerdo de solución amistosa que el Estado mexicano propuso para saldar el caso de su hija María Sagrario González Flores y otras cinco mujeres más de entre 6 y 20 años, víctimas de desaparición y feminicidio ocurridos entre 1995 y 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso que fue analizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A 24 años de algunos de estos crímenes, hoy activistas y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio comparecieron en audiencia pública titulada “Caso 13.377 de Silvia Elena Rivera y otras v. México sobre las niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez”.

En este espacio las familias, Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer de Ciudad Juárez y representantes de la Fundación Robert F Kennedy Human Rights y Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, escucharon del Estado Mexicano una propuesta de solución amistosa que incluía medidas rehabilitación, compensación e indemnización para dar una reparación integral de las víctimas y continuar las investigaciones por los feminicidios.

En voz de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Martha Delgado, la delegación mexicana lamentó los hechos “y la acompañamos en su dolor”.

La funcionaria afirmó que hace 10 meses el gobierno de México inició una nueva etapa “ y venimos a presentar una propuesta de solución que contempla la reparación integral por los hechos ocurridos a cada una de las seis víctimas…

Afirmó que el gobierno tiene un “espíritu renovado del gobierno, que empieza por un reconocimiento de la situación tan grave y vergonzosa de la actuación de nuestras propias autoridades a estos niveles”.

Sin embargo, por la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido, las víctimas consideraron inaceptable iniciar cualquier proceso de solución amistosa en el presente caso, se expuso en este encuentro celebrado en el contexto del 173 periodo de sesiones de la CIDH con sede en Washington DC, Estados Unidos.

En este sentido solicitaron a la CIDH adopte “a la brevedad” un informe de fondo declarando al Estado mexicano responsable por haber faltado a sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención do Belém do Pará.

“Yo no acepto una solución amistosa, lo único que me podrían ofrecer en esta solución amistosa son los verdaderos asesinos de mi hija, de María Sagrario, que se lleve la investigación con seriedad y responsabilidad. Eso es lo que yo acepto al gobierno y las demás madres, es la misma postura de ellas”, así respondió Paula Flores Bonilla.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/09/27/activistas-rechazan-201csolucion-amistosa201d-del-gobierno-por-feminicidios-8466.html

Imagen: https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.html

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Brasil: Más de la mitad de los estados brasileños interesados en escuelas militares de Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — De los 27 estados que forman Brasil, 16 de ellos (15 estados y el Distrito Federal) manifestaron interés en acoger las nuevas escuelas «cívico-militares» que propone el Gobierno de Jair Bolsonaro y que son instituciones educativas públicas civiles que cuentan con la participación de militares.

«La mayoría de Brasil desea la gestión de excelencia de las escuelas cívico-militares; quince estados y el Distrito Federal se sumaron al programa lanzado por el Gobierno federal en septiembre», celebró en una nota oficial el ministerio de Educación.

La mayoría de los estados interesados están en las regiones centro-oeste, norte y sur, mientras que Río de Janeiro y São Paulo (los estados más poblados del país, en la región sudeste) optaron por no sumarse a la convocatoria.

El ministerio tiene como objetivo instalar 216 escuelas cívico-militares en todo el país antes de 2023, que en realidad supone transformar escuelas públicas convencionales en este nuevo modelo.

En 2020 pretende inaugurar 54, dedicando un millón de reales por escuela (240.000 dólares), para ejecutar obras de reforma en edificios ya existentes, compra de material escolar, etc.

En este tipo de escuelas, la plantilla está formada por profesores de la red pública, pero se contrata a militares, policías o bomberos jubilados para dar apoyo en las tareas administrativas, garantizar el orden en las aulas, etc.

Para poder cumplir su meta de cara a 2023, el Gobierno central abrirá en breve otra convocatoria para municipios interesados en acoger este tipo de escuelas.

Según el ministerio, tendrán preferencia las escuelas de educación fundamental, con estudiantes en situación de vulnerabilidad y con un Índice de Desarrollo de Educación Básica (Ideb) por debajo de la media del estado.

 

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El modelo de Macri y el FMI: casi 16 millones de personas son pobres en ArgentinaArgentina:

El Indec confirmó que en el primer semestre de 2019 la pobreza fue de 35,4 %. Estos 4 millones de nuevos pobres en un año son expresión del fracaso del modelo macrista, de la pobreza estructural que hace tres décadas no desciende del 20 % (salvo 2011), y consecuencia de los planes de ajuste del FMI. El peronismo también es responsable por las leyes que le votó a Macri en el Congreso, por los mismos ajustes que aplica en las provincias que gobierna y por la CGT que dejó pasar todos los ataques.

A poco más de un año de la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la escena nacional, y de su injerencia sobre el rumbo de la economía, el Indec confirmó que en el primer semestre del año la pobreza trepó un 8,1 % interanual. La pobreza pasó de 27,3% en el 1er semestre de 2018 a 35,4% en 2019, marcando un récord en 17 años.

Son 4 millones de nuevos pobres, una realidad alarmante consecuencia del fracaso del modelo M y del ajuste salvaje exigido por el FMI, votado por los diputados y senadores peronistas en el Congreso a través de la aprobación del Presupuesto de ajuste 2019.

La pobreza duele, el 52,6 % de los niños y niñas menores de 14 años son pobres en Argentina. Y la indigencia aumentó al 7,7 %. El organismo sostuvo que el “Ingreso total familiar promedio del hogar pobre” fue de $ 18.437, siendo la “Canasta básica alimentaria promedio del hogar pobre” fue de $ 30.379. La diferencia entre ingresos y poder de consumo de bienes básicos, da como resultado la “Brecha monetaria promedio de los hogares pobres” que fue de $ 11.942.

Esta pobreza por ingresos golpea con fuerza los sectores del conurbano bonaerense, donde aumentó del 31,9 al 39,8%, afectando a 4.864.475 personas.

La pobreza estructural como disciplinadora social

En las últimas tres décadas los niveles de pobreza por ingresos en el país no descienden del umbral del 20 %. Esta realidad que implica vidas de miseria para un sector muy importante de la población, se fue consolidando, volviéndose estructural. Veamos:

Con la hiperinflación del año 1989 la pobreza pegó un salto cualitativo, principalmente porque se pulverizó el poder de compra de los ingresos, acercándose al 47 % en octubre de ese año. En los noventa, bajo el menemismo, los niveles de pobreza descendieron al controlarse la inflación, pero nunca por debajo del 20 %. Otro salto en este indicador se registró en la crisis del 2001 y en 2002 llegó al 50 %.

Tal como sostiene Esteban Mercatante el «modelo de crecimiento con inclusión»-del kirchnerismo- nunca mostró pobreza menor a 20 % excepto en 2011, y en los años siguientes fue in crescendo.

Ver imagen en Twitter

Como se ve en el gráfico, la pobreza estructural en argentina ronda el 20 %, ni peronistas ni radicales o cambiemitas, han implementado medidas de fondo para acabar con este flagelo social. ¿Por qué sucede esto? El capitalismo es un sistema de producción global basado en la explotación del trabajo humano que aumenta la desigualdad social a su paso, ricos más ricos y pobres más pobres. Según Oxfam, “La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación.”

En argentina, las relaciones capitalistas de producción necesitan un piso de pobreza que actué como disciplinador social en los momentos de crisis y a su vez como regulador a la baja de los salarios. La precarización y los cambios en el mercado laboral desde finales de los setenta, que se profundizaron en pleno auge neoliberal bajo el menemismo, fueron sentando las bases de esta realidad que afecta a millones y amenaza el futuro de la juventud.

A más de un año de la llegada del FMI, una máquina de crear pobres, los niveles de pauperización crecieron aceleradamente. Se espera que los resultados del segundo semestre del año, en los que impactará el efecto de la devaluación post PASO con una suba en la inflación, siga la misma tendencia alcista. Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, declaró que 2019 terminará con una pobreza cercana al 38%.

“Los que más experimentaron caídas y que explican la pobreza son estos segmentos (clase media baja), aunque la pobreza estructural se profundizó”, afirma. “A los segmentos de clases media baja la inflación les está comiendo los ahorros y los ingresos y no tienen posibilidad de dolarizarse”, señaló.

Macri se va, pero Alberto Fernández ya anticipó que seguirá pagando la deuda a los especuladores, es decir, hay FMI y ajuste para rato. Desde el Frente de Todos no explican cómo harán para combatir la pobreza y al mismo tiempo continuar pagando la deuda a los especuladores. Aunque ellos no lo digan, el resultado de seguir aplicando las viejas recetas de ajuste salvaje y reformas del FMI son mayor pobreza y hambre.

Sólo la izquierda propone poner por delante las prioridades de las grandes mayorías, atacadas día a día, a partir de implementar medidas urgentes y en base al no pago de la deuda a los especuladores. Echar al FMI se vuelve imprescindible para frenar el saqueo en curso. Macri se va, nos deja al FMI y su ajuste, para los años que vienen se necesita una izquierda fuerte

Fuente de la Información: http://laizquierdadiario.com/El-modelo-de-Macri-y-el-FMI-casi-16-millones-de-personas-son-pobres-en-Argentina

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.Sweeping education ballot initiative OK’d for signatures

A voter initiative that calls for what supporters say is an Alaska Students’ Educational Bill of Rights  was approved by Lt. Gov. Kevin Meyer today, upon advice of the Department of Law.

The group behind the measure can proceed with gathering signatures in petition format, and that would lead to a question being put to voters.

The initiative outlines lofty, undefined, and unquestionably expensive goals that include certain vague outcomes, such as pre-K programs, and a “quality” education for all children in a state where education spending is the highest in the nation per student, but which has some of the poorest outcomes.

The initiative goes so far as to mention that learning begins at infancy, suggesting that in future years, litigation could occur if programs for infants are not implemented statewide. The initiative also mentions better pay for teachers and seems to grant authority that is now at the district level to the state:

The initiative says the State should ensure:

“students of all ages have access to a continuous system of high-quality public education;

“incentives are in place to make voluntary pre-elementary programs as available, affordable, and high-quality as possible;

“investments are made in high-quality, voluntary pre-elementary programs that reflect the best available data on outcomes for students throughout their academic careers;

“public schools are safe, accessible, and modern in order to facilitate an environment conducive to learning;

“public schools receive the tools, including salaries and benefits, to attract and retain highly-qualified professionals in a manner that is competitive with other jurisdictions;

“public schools provide a classroom environment, including class-size, caseloads, and educator workload, that is conducive to frequent one-on-one interactions with educators;

“public schools offer a comprehensive education that includes career and technical education; engineering; world languages; language arts; mathematics; physical education; science; social studies; technology; visual and performing arts; consistent with the provisions of AS 14.35.010-030; and other electives offering enrichment;

“voluntary pre-elementary programs and public schools offer access to extracurricular activities that enhance skillsets beyond the classroom;

“voluntary pre-elementary programs and public schools prepare students to be good citizens and productive members of society;

“public schools provide culturally sensitive curricula, including programs, experiences, and teaching methods that speak to and preserve Alaska Native identity and history, and reflect the needs and cultures of diverse student populations;

“where practicable, voluntary pre-elementary programs and kindergarten through twelfth-grade public education are available at or near each student’s place of residence; and

“voluntary pre-elementary programs and public schools provide for the social and emotional needs of students in order for them to succeed in their program expectations and academic studies.

UNIVERSITY INVESTMENTS

In addition to birth through 12th grade overhaul of education, the initiative calls for an undefined and non measurable investment in university programs, to ensure:

“quality public university education is affordable and accessible to Alaskans of all economic means and provides a clear value when compared to universities in other jurisdictions;

“provide for the maintenance of university facilities; ensure that academic programs and educational technology, including connectivity among university campuses, support lifelong learning opportunities for Alaskans in urban and rural Alaska; encourage research, discovery, and creative activities and, where appropriate, the commercialization of those activities in support of economic development and diversification; ensure coordination with Alaska’s schools in the preparation of educators and education leaders, and through provision of dual enrollment opportunities for academically qualified students; collaborate with the Alaska Department of Education and Early Development and the Alaska Department of Labor and Workforce Development to ensure that Alaska’s students are prepared for a productive career that meets the needs of Alaska’s employers; provide programs and services that build on and contribute to the rich cultural diversity of Alaska’s people.”

The group of educators promoting the measure will need to collect 28,501 signatures and has a year to do so.

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.PNG: Has education policy reform worked?

The ambition to improve the quality of teaching and
provide free education has not entirely matched reality.

Papua New Guinea continues to reform its education sector. In recent years, the spotlight has been on teaching quality. Research by the World Bank indicates that teacher effectiveness is the most important school-based predictor of student learning. Despite this, PNG has lacked a clear roadmap and funding for the upskilling of teachers.

The Tuition Fee Free (TFF) policy was launched in PNG in 2012. It was the fourth attempt at providing free education. Initial reviews of the policy found it to be successful in reducing financial costs to families, with most schools surveyed having received the subsidy. In recent years, however, it has become evident that implementation of the policy has varied significantly between provinces, and contradictory approaches to financial management have caused confusion and inefficiencies.

While a main priority of the TFF policy is to reduce costs to households, TFF subsidies have not always been paid in full, requiring parents to contribute additional funds. In 2016, the subsidy was separated into three buckets – a cash administration component, a teaching and learning component, and an infrastructure component. Previously, schools had been issued TFF subsidies directly, but following the 2016 reforms, only the administration component was given to schools, with the other two components going to the provincial government.

Partly, this was born of concerns that schools were not managing the funds properly and required greater oversight from provincial administrators. Anecdotal evidence suggests that some administrators police the funds rigidly and have implemented their own compliance requirements for schools in order to issue funds.

As of 2019, the TFF policy continues to operate successfully in some provinces, with limited success in others, particularly remote and island provinces such as Gulf and Milne Bay. The main concerns raised by educators are that TFF subsidies are not received on time, and parents are having to contribute their own fees, which in some instances keeps them from sending their children to school at all.

In 2016, the National Department of Education announced that it would terminate the contracts of more than 3000 partially trained elementary teachers within 12 months if they didn’t complete their certification. After the Kokoda Track Foundation and the PNG Education Institute committed to training them, the Department agreed to extend the deadline for certification to the end of 2018.

Between 2016 and 2018, 3685 partially trained teachers across 14 provinces received their elementary certification. In most case, the teachers had completed one of three parts of their training, which then varied the length of the training required for completion. After additional training, they were certified to teach all three years of elementary schooling.

The Government of PNG has remained focused on teacher quality, in order to see large-scale improvements to teaching outcomes. Elementary teachers in some provinces reportedly remain unpaid and have no indication of when they can expect to be on the payroll. There has been confusion around the accreditation process, and ongoing delays, which have prevented teachers who work full-time from being paid, including in Milne Bay and Southern Highlands provinces.

The current system of education in PNG is known as 3-6-4, which involves three years of elementary, six years of primary, and four years of secondary school. In alignment with the Australian system, and other education systems, the PNG has committed to transitioning to 1-6-6, meaning one year of elementary and six years of primary and secondary, respectively.

Minister for Education Joseph Yopyyopy announced at an education conference in Goroka in July 2019 that the 1-6-6 transition would be rolled out by 2030. In order to make this transition, teacher qualifications will need to be upgraded, alongside improvements to school infrastructure. The newly trained cohort of elementary teachers will lose two-thirds of their students, requiring them to retrain as primary teachers, teach only first-year students, or prepare for incoming pathways into newly proposed early-childhood care and education.

Although 1-6-6 makes sense in theory, implementation of the policy is causing concern. Schools are concerned they don’t have adequate infrastructure as is, and classes are already overcrowded. Opportunities for further training and professional development for teachers are scarce, and monitoring of teacher performance is equally uncommon. Thus, there is very little baseline data on teacher quality across the country, nor any plan on how the national population of teachers will be upskilled in readiness for 1-6-6.

In the wake of PNG hosting Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), questions have been raised about whether expenditures intended for the education budget were reallocated to APEC spending, including the purchase of luxury vehicles for delegates. In July 2019, the then–Shadow Treasurer and now Treasurer Ian Ling-Stuckey asked parliament why there had been an education underspend of up to 50%.

There is continued concern regarding teacher salaries, and a fear of further pay cuts. Deterring high-performing young people from entering teaching careers, out of a belief that the salary and benefits will be limited, is a risky step in the wrong direction for PNG.

Despite these concerns and challenges, anecdotal evidence suggests that there is widespread commitment among teachers to the profession and that many identify alternative pathways in which to support their schools and their positions, including partnerships with communities, Churches, and NGOs.

Further reform is needed. A nationwide stock-taking of school infrastructure needs would be a possible starting point. Further, teachers and trainers require greater performance monitoring, as well as further opportunities for training and professional development. For PNG to achieve its vision of having a world-class education system, teachers need to be appropriately trained, resourced, and supported, and other stakeholders in the education sector need clear and evidence-based directives from the top to promote collaboration and consistency, rather than contradiction and confusion.

Fuente de la Información: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/png-has-education-policy-reform-worked
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