Antropoceno en México. Historias de evolución, biodiversidad y cambio climático es una serie de TV UNAM y Claro Video que sigue la evolución del Homo sapiens para documentar cómo ha transformado el planeta de manera dramática en muy poco tiempo, al grado de poner en riesgo la vida en la Tierra. Explora la enorme biodiversidad del planeta y muestra cómo ha cambiado a través de millones de años para adaptarse a las condiciones del medio. Pero también examina las soluciones que se plantean desde la ciencia y el desarrollo tecnológico para enfrentar los enormes retos ambientales de la humanidad.
Desde el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, con la conducción de la escritora Yael Weiss y el director del Instituto de Geografía, Manuel Suárez Lastra, Antropoceno en México tendrá transmisiones los miércoles, a partir del 5 de julio, a las 21:30 horas, con retransmisión los domingos, a las 17:00 horas.
Cada uno de los programas centrará su atención en dos factores antagónicos que han dado lugar a las adaptaciones indispensables para la supervivencia de ciertos organismos:
Agua y tierra. La crisis de agua y empobrecimiento de suelos
Luz y oscuridad. Consumo energético y contaminación por acción humana
Frío y calor. Calentamiento global y cambio climático
Reproducción y sexualidad. Equidad y violencia de género
Viento y fuego. Manejo y prevención de desastres naturales
Aire y vida subterránea. Causas y efectos de la contaminación atmosférica y de residuos químicos en el subsuelo
Depredadores y presas. ¿Es la violencia la pandemia del siglo XXI?
Local y global. Cómo los grandes desplazamientos humanos afectan la faz de la tierra
Enanos y gigantes. Sobrepoblación y escasez de recursos naturales
Larga vida para la vida en la tierra. De la salud del planeta depende la salud de la especie humana
La serie Antropoceno en México, conformada por veinte programas de media hora, se integra a partir de piezas uniconceptuales que dan cuenta de sorprendentes adaptaciones de los seres vivos. Se explica cómo la investigación básica ha permitido comprender esos mecanismos y se resalta la importancia de que México sea un país megadiverso. La serie explora el origen y evolución del Homo sapiens que, como ninguna otra especie, es capaz de modificar su entorno. Se consignan logros relevantes de la humanidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como las distintas actividades humanas que han dado lugar a daños, catástrofes y crisis ambientales, sobre todo a partir de la Revolución Industrial.
La serie cuenta con opiniones de expertos en cada tema, que documentan la gravedad de la crisis ambiental actual producida por acciones humanas. A manera de epílogo, y con base en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, se dan a conocer las propuestas que la ciencia y la tecnología ofrecen para mitigar los efectos del cambio climático.
Antropoceno en México, un proyecto de TV UNAM y el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías, en coproducción con Fundación Telmex Telcel y Claro Video, cuenta con la colaboración del Pabellón Nacional de la Biodiversidad del Instituto de Biología, el Instituto de Astronomía, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Instituto de Ecología, el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Geografía y el Instituto de Geofísica, así como con el auspicio de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la CDMX, la Universidad de Arizona, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Fundación UNAM y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
No te pierdas por la señal de TV UNAM el estreno de la serie Antropoceno en México.Historias de evolución, biodiversidad y cambio climático, los miércoles, a partir del 5 de julio, a las 21:30 horas, con retransmisión los domingos, a las 17:00 horas. Cada miércoles se estrenará un nuevo capítulo por la señal de TV UNAM y su respectiva retransmisión y salida en la plataforma de Claro Video será el domingo siguiente.
El Pabellón de la Biodiversidad también contará con una copia del programa cada domingo, después de la retransmisión por TV UNAM, para proyectarlo de manera presencial en las actividades que considere pertinentes. También contará con las cápsulas por separado para conformar una base de datos bajo el nombre de Historias de evolución, biodiversidad y cambio climático.
Cuatro trabajos sobre la búsqueda de la paz, entre los que destaca el estreno del documental francés: Justicia por los desaparecidos, sobre la crisis de crímenes y desapariciones en México.
Se transmitirán los martes, del 8 al 29 de agosto, a las 19:30 horas, por la señal de TV UNAM.
El objetivo de una cultura de paz es que los conflictos se resuelvan de manera no violenta a través de la impartición de justicia, libertad, equidad, solidaridad, tolerancia y respeto a la dignidad humana. Para entender más este concepto, TV UNAM transmite el ciclo de documentales Violencia y cultura de paz, los martes, del 8 al 29 de agosto, a las 19:30 horas, con retransmisión los sábados, a las 18:00 horas.
El ciclo inicia con la transmisión de El hombre del tanque (2006), de Antony Thomas, documental que se centra en las teorías sobre quién pudo haber sido el hombre que hizo frente a una columna de tanques del Ejército Popular de Liberación que avanzaba por la avenida principal de Pekín, durante las protestas de la Plaza de Tiananmén, ocurridas el 4 de junio de 1989. El fotógrafo estadounidense Jeff Widener, que trabajaba para la agencia Associated Press (AP), fue quien logró captar el momento con una cámara Nikon y una lente de 300 milímetros desde el balcón de un hotel, a unos 200 metros de la escena. Widener había sido asaltado y agredido por la policía china la noche anterior cuando se le pidió que entregara el material captado de la represión contra los estudiantes. Al poco tiempo de que tomara las imágenes del hombre frente a los tanques, escondió el carrete en la cisterna del inodoro y pese al registro de su habitación por las autoridades, logró sacar la foto y enviarla a su redacción.
El ciclo continúa el 15 de agosto con la transmisión de No en nuestro nombre (Francia, 2006), de Philippe Borrel, sobre las denuncias de los opositores, en Estados Unidos, a la guerra en Irak. Después del ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre, un clima de miedo se apoderó de Estados Unidos, no sólo por el pavor a nuevos ataques terroristas, sino también por el temor de la propia sociedad a opinar de manera contraria a las políticas del gobierno y a la representación de los hechos por parte de los medios de comunicación. La película cuenta con los testimonios de quienes defendieron la libertad de expresión y se atrevieron a decir lo que pensaban a pesar del riesgo de perder sus trabajos o de ser perseguidos y encarcelados, como Cindy Sherman, que instaló un campamento frente al rancho del presidente George Bush en Crawford, Texas, para protestar en contra de la guerra.
El 22 de agosto se estrena No estoy solo (Estados Unidos, 2019), de Garin Hovannisian ¿Cuánto se tarda un pueblo en derrocar un gobierno corrupto? En Armenia tomó sólo 40 días, con la ayuda de las redes sociales, canciones pop, bloqueos de tráfico, la movilización de los estudiantes y las acciones de Nikol Pashinyan, actual primer ministro de Armenia, quien desempeñó un papel definitivo en las protestas por el resultado de las elecciones presidenciales de 2008. Antes de dedicarse a la política, Pashinyan fue editor del periódico Haygagán Zhamanag y, posteriormente, uno de los líderes del opositor Congreso Nacional Armenio. Entre 2009 y 2011 permaneció arrestado bajo la acusación de desorden público y en 2012 se presentó en las elecciones y fue elegido miembro de la Asamblea Nacional de Armenia. Desde 2013 encabeza el movimiento liberal Contrato Civil. El documental se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y fue la primera película finalista del premio People’s Choice Award for Documentaries.
El ciclo finaliza el 29 de agosto con el estreno de Justicia por los desaparecidos (Francia, 2017), de André Chandelle y Patrick Remacle, sobre los crímenes y desaparecidos en México. El documental cuenta la historia de José Guevara, Michael Chamberlin y Ariana García, defensores de los derechos humanos, quienes están dispuestos a correr todos los riesgos para acabar con la impunidad que reina en México donde la población vive asolada por el narcotráfico y los crímenes masivos. En 10 años se registraron en el país más de 200 mil víctimas de asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos de población. Los presuntos responsables son narcotraficantes, pero también fuerzas estatales. El 98% de los delitos quedan impunes. Los activistas de derechos humanos tienen una misión: llegar con las denuncias hasta la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
No te pierdas la transmisión por la señal de TV UNAM del ciclo de documentales Violencia y cultura de paz, los martes, del 8 al 29 de agosto, a las 19:30 horas, con retransmisión los sábados, a las 18:00 horas.
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Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron la tarde de este martes 1 de agosto que los trabajadores y luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes fueron condenados a 16 años de prisión.
Estos activistas, que habían estado exigiendo en las calles salarios dignos y protestando contra el instructivo Onapre, fueron detenidos en julio de 2021 y han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“El sistema de justicia de Venezuela está viciado”, publicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la condena fue “arbitraria” y detalló que se utilizaron presuntas capturas de WhatsApp para justificar “conspiración”.
“El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses”, agregó Provea.
Por su parte, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos denunció en su Twitter que la juez Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo “condenó a los 6 luchadores sociales sin elementos de convicción en su contra y tras un proceso judicial plagado de violaciones al debido proceso”.
Los seis detenidos se encuentran en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
Ocho importantes bancos estadounidenses, europeos y brasileños encabezan las entidades que al financiar negocios de petróleo y gas impulsan la destrucción climática y de la biodiversidad en la Amazonia, de acuerdo con una investigación que ha visto la luz el martes 25 de julio
“Los bancos y otras compañías que invierten en la región, y cuyas ganancias se derivan de la explotación petrolera, son cómplices de la muerte de nuestros líderes, culturas y formas de vida”, deploró Fany Kuiru Castro, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Coica y la organización ambientalista Stand.earth, basada en Canadá, adelantaron la investigación “Capitalizing on Collapse (Aprovechando el colapso)”, en la que muestran cómo la banca ha financiado proyectos de hidrocarburos que han contribuido a la destrucción de la naturaleza en la Amazonia.
Esos financiamientos alcanzan a 20 000 millones de dólares en 15 años (2009-2023), de los cuales 11 000 millones fueron proveídos por ocho grandes bancos, y los restantes 9000 millones por otras 152 entidades.
“La degradación combinada y la deforestación nos enfrenta a un inminente punto de no retorno que, para nuestros pueblos, se traduce en enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación de nuestros alimentos debido a los metales pesados que se encuentran en los peces y el agua que bebemos, la pérdida de soberanía, y la violencia sistemática contra los que defienden nuestro hogar”: Fany Kuiru Castro.
Encabezan la lista los estadounidenses JP Morgan Chase y Citibank, con 1913 y 1850 millones de dólares, respectivamente, seguidos del banco brasileño Itaú, con 1743 millones, y el británico HSBC, con 1300 millones de dólares.
Le siguen el español Santander, con 1271 millones de dólares, el estadounidense Bank of America con 1188 millones, el brasileño Bradesco con 1015 millones de dólares, y Goldman Sachs, de Estados Unidos, con 742 millones de dólares.
Los financiamientos se han relacionados principalmente con actividades de petróleo y gas áreas amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde durante décadas las quemas y derrames de petróleo han contaminado suelos y vías fluviales.
La producción de hidrocarburos favorecida por el financiamiento bancario ha conllevado un incremento en las emisiones de carbono a la atmósfera, con costo y daño seguro para el clima, de acuerdo con el análisis de los investigadores.
El estudio, divulgado por la red latinoamericana Periodistas por el Planeta, destacó como “la mayor bomba de carbono de la Amazonia”, al brasileño Complejo Gasífero de Paraíba (en el nororiental estado de Maranhão) que es capaz de liberar dos gigatoneladas de carbono durante su vida útil.
También se muestra cómo la opacidad en los datos financieros, y la debilidad en las políticas de riesgo social y en el ambiente bancario pueden crear condiciones para que el financiamiento fluya hacia los combustibles fósiles, incluso cuando los bancos hacen compromisos explícitos sobre clima, derechos humanos y biodiversidad.
La investigación se divulga mientras se aceleran los preparativos para la cumbre de mandatarios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), los días 8 y 9 de agosto, en esta ciudad norteña en la desembocadura del río Amazonas, y con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como anfitrión.
El documento reconoce que algunos bancos han dado un paso al frente para abordar su complicidad en la destrucción de la Amazonia.
En mayo de 2022, el mayor banco francés, BNP Paribas, se comprometió a dejar de financiar o invertir en empresas que en la cuenca amazónica produzcan a partir de reservas de petróleo y gas, o desarrollen infraestructura relacionada.
El pasado diciembre HSBC modificó sus políticas para excluir todos los nuevos servicios financieros y de asesoría para cualquier cliente de petróleo y exploración, evaluación, desarrollo y producción de proyectos de gas en el bioma amazónico.
Esos dos grandes bancos, y otros más pequeños “están enviando señales importantes de que los bancos deberían estar dispuestos a revisar su relación con la destrucción del Amazonas y tomar medidas para gestionar ese riesgo”.
Angeline Robertson, investigadora principal en el grupo Stans.earth, destacó que “los bancos tienen un papel fundamental que desempeñar para cambiar la economía energética detrás de la crisis climática”.
La Amazonia “es una región clave para que los bancos introduzcan políticas globales audaces que puedan cumplir con la intención de defender los derechos humanos, proteger la biodiversidad, y mantener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados”, agregó Robertson.
En el Acuerdo de París de 2015, la inmensa mayoría de los países fijó como meta que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados centígrados sobre los niveles de la era preindustrial (1850-1900) hacia el año 2050, lo que requiere una drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases.
Las instalaciones para la explotación de petróleo y gas en Urucu, nordeste brasileño, figuran entre las explotaciones de hidrocarburos que, apuntaladas por financiamiento de grandes bancos, generan cambios que pueden ser irreversibles para el clima, la biodiversidad y los pueblos indígenas. Imagen: Petrobras
Metástasis o destrucción irreversible
El estudio recoge información según la cual la Amazonia se encuentra en medio de una crisis con punto de inflexión hacia lo irreversible, ya que la deforestación y la alta degradación combinadas ya han alcanzado a 26 % de la región.
El punto de inflexión “debe entenderse como el comienzo de una metástasis o la destrucción irreversible del ecosistema. Como resultado, allí ya se está produciendo una sabanización”, dice el informe.
“Sin embargo, aún es posible preservar 80% de la Amazonía para 2025. Esa meta requiere medidas urgentes para salvaguardar el 74 % restante (629 millones de hectáreas) de la Amazonia que son Áreas Prioritarias Clave Intactas (33 % del espacio amazónico) y con Baja Degradación (41 %).
La preocupación se dirige en primer lugar a Bolivia y Brasil, países que concentran 90 % de toda la deforestación y degradación combinadas de la región, aunque la actividad hidrocarburífera también ha afectado a otras naciones y amenaza los ecosistemas y hábitats de la Amazonia.
En la región hay más de 500 pueblos indígenas, con decenas de ellos que reivindican el aislamiento voluntario, que hablan más de 200 idiomas y suman más de tres millones de habitantes.
Kuiru Castro sostuvo “la expansión petrolera en la Amazonia no solo es una amenaza latente para los territorios indígenas y ecosistemas vitales en Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, sino que también pone en riesgo a decenas de indígenas no contactados, pueblos cuya existencia depende de la intangibilidad de sus territorios”.
“La degradación combinada y la deforestación nos enfrenta a un inminente punto de no retorno que, para nuestros pueblos, se traduce en enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación de nuestros alimentos debido a los metales pesados que se encuentran en los peces y el agua que bebemos”, expresó.
También se traduce en “la pérdida de soberanía, y la violencia sistemática contra los que defienden nuestro hogar”, dijo Kuiru Castro, del pueblo uitoto que habita entre Colombia y Perú.
“Hay una correlación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos de líderes indígenas, defensores de nuestros territorios”, dijo por su parte el ex coordinador de Coica, José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo curripaco en el sur de Venezuela.
“Hemos constatado que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia es una solución urgente para salvaguardarla. Todos debemos actuar en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, concluyó Díaz Mirabal.
A-E/HM
Fuentes: IPS [Imagen: Mapa de la Amazonia que muestra las áreas consideradas intactas (verde oscuro), con baja degradación (verde claro), alta degradación (rosado) y ya en transformación (rojo). Detener la degradación es posible, pero requiere medidas urgentes por ejemplo para frenar la deforestación. Imagen: Raisg]
El día miércoles recién pasado en el marco del paro nacional de profesores, trabajadores de Fluitek marco quienes llevan 1 mes de huelga legal marchan en conjunto con las y los docentes movilizados.
Gran ejemplo mostraron los trabajadores de fluitek al marchar en conjunto con las y los docentes en el marco de paralización nacional, la cual tuvo un participación de más de 18 mil profesores en Santiago, según Carlos Días Marchant, presidente del Colegio de profesores nacional y al igual que en Antofagasta donde centenares de docentes y trabajadores/as del Programa de Integración (PIE) marcharon por el centro de la ciudad contando con la solidaridad de los trabajadores en huelga y la concejala del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) Natalia Sánchez.
¿Qué es Fluitek Marco, la empresa que mantiene sin respuesta a los trabajadores en huelga?
Fluitek Marco es una empresa contratista que se especializa en Instalación de sistemas de supresión de incendios en equipos mineros y de apoyo a nivel nacional como en la pesca, forestal y otros negocios en el país. Esta empresa mes a mes genera contratos millonarios con diferentes empresas del rubro, a pesar de esto tienen a los trabajadores en huelga sin respuestas.
Un mes cumplieron los trabajadores en huelga legal, quienes están luchando por mejores condiciones laborales, denunciando bajas remuneraciones en relación con la carga laboral sin que existan beneficios escriturados y cumpliendo labores no correspondidos por contratos. Ante las demandas de los trabajadores la empresa ha respondido con prácticas antisindicales e incluso hostigamiento enviando a que Carabineros para frustrar la huelga.
En defensa de nuestros derechos “En esta empresa es más importante la producción que sus trabajadores” esta es una de las consignas que representa a los trabajadores en huelga.
A pesar de todas las incesantes estrategias de la empresa para desmoralizar a los trabajadores y que terminen bajando su huelga, los trabajadores siguen firme y cada día suman apoyo por parte de diferentes sectores como el Sindicato N°1 de Escondida, la agrupación de trabajadores de la educación “Nuestra Clase”, la agrupación de mujeres y diversidad sexual “Pan y rosas” y la concejala del PTR Natalia Sánchez, quienes han solidarizado con su pelea.
Como agrupación “Nuestra Clase” vemos la importancia de seguir el ejemplo de los trabajadores en huelga, quienes se sumaron a la marcha y llevaron su solidaridad a los docentes, señalando sentirse representados por la lucha porque ellos también son apoderados del sistema de educación pública.
Intervención del dirigente sindical en la marcha docente:
En momentos de crisis educativa y social, la unidad de las luchas, la solidaridad entre trabajadores, estudiantes, apoderados, etc, es muy importante para enfrentar los ataques de los empresarios y la desorganización de las burocracias sindicales, como es el ejemplo del Colegio de Profesores que no hace asambleas abiertas para discutir la crisis en que está inmersa la educación pública, algo muy importante para la organización, así como asambleas como toda la comunidad educativa inclusive para poder discutir el petitorio de 8 puntos que decidieron dirigentes en asamblea nacional sin consultarle a las bases. Así como la necesidad de invitar a otros sectores a que se sumen a la movilización docente para poder enfrentar esta crisis.
¡Toda la solidaridad para los trabajadores en huelga! ¡Unidad de los trabajadores!
La ministra porteña aseguró, además, que los trabajadores “que paran no cobran” y que «los que no paran ganan más». El gremio ADEMyS le respondió: «Le mienten a la comunidad educativa».
Frente al paro convocado para este lunes por la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS) de la Ciudad de Buenos Aires,la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, reiteró su rechazo a la medida de fuerzay propuso como solución final «declarar la educación como servicio esencial».
Según un relevamiento que el Ministerio de Educación de la Ciudad realizó en 338 escuelas del distrito, la adhesión a la convocatoria de ADEMyS fue del 2%.
Pese a la baja participación en la huelga, la funcionaria del Gobierno porteño se mostró ofuscada por la nueva huelga docente en el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo tras el receso invernal y enfatizó en una entrevista con radio La Red que “la educación, tanto como la salud, como el transporte, es un servicio que no puede parar».
“Nosotros tenemos que declararla un servicio esencial, después garantizar que la escuela esté abierta, que los chicos puedan estar en la escuela, que haya alguna actividad pedagógica”, agregó Acuña, que cuestionó: «Es una señal como sociedad, también, ¿en qué momento la educación pensamos que no es un servicio esencial?».
Por otra parte, la ministra se refirió a que en la Ciudad, «los docentes que paran no cobran y los que no paran ganan más”.
“Los que hacen el esfuerzo, los que están todos los días en el aula con el cuerpo, el corazón y la mente, tienen un reconocimiento salarial extra”, añadió Acuña, que remarcó: “El que hace las cosas bien tiene que ser reconocido. No nos da todo lo mismo. Vamos por más trabajo y más educación para recuperar la Argentina del progreso”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó en el mismo sentido el pasado domingo. “No nos dan lo mismo los docentes que trabajan con esfuerzo y compromiso, que son la gran mayoría, que aquellos que no”, manifestó el precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC) en sus redes sociales.
El Ministerio de Educación de la Ciudad destacó que los docentes que hayan trabajado del 1 de febrero al 30 de junio sin una sola falta, cobrarán este martes y por única vez un bono extraordinario de hasta 60 mil pesos, proporcional al cargo ejercido.
Para pagar este reconocimiento, el Gobierno porteño usará los fondos recaudados con el descuento realizado a los docentes que perdieron presentismo por adherirse a alguna medida de fuerza.
La respuesta del gremio
Desde ADEMyS rechazaron los dichos de Acuña y Rodríguez Larreta y respondieron mediante un comunicado: “Salieron en los medios a atacar a nuestro sindicato y le mienten a la comunidad educativa”.
“En modo campaña dicen ‘priorizar la educación’, sin embargo en las escuelas sabemos perfectamente del vaciamiento educativo, con una baja en el presupuesto de -8,8 puntos porcentuales comparado con el presupuesto anterior”, agregaron desde el sindicato docente.
Además, desde el gremio denunciaron la falta de vacantes, las malas condiciones edilicias de las escuelas, la baja calidad nutricional de la comida que reciben los alumnos, y remarcaron: “Su único interés es mandar a los estudiantes de 5to año a trabajar gratuitamente para grandes patronales”, en referencia a las llamadas prácticas educativas laborales impuestas para los estudiantes del último tramo de la Escuela Media en la ciudad de Buenos Aires.
“Nuestro salario, aún queda por debajo de la canasta de pobreza obligando a tener que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, precarizando aún más nuestro trabajo y el proceso de enseñanza en la escuela. Motivos sobran, les molesta la lucha consecuente de ADEMyS”, aseguró la entidad gremial.
Los embarazos de niñas y adolescentes continúan imparables en América Central, donde las legislaciones para prevenirlos, cuando las hay, son letra muerta, y los Estados se dejan influenciar por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual en las escuelas.
El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.
“No conocemos los fundamentos del veto, pero se puede pensar que esa ley sigue parada por la presión de esos grupos antiderechos”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la abogada Erika García, del Centro de Derechos de la Mujer.
La influencia de grupos de presión
Sectores conservadores, aglutinados en “Por nuestros hijos”, una versión hondureña del movimiento regional “Con mis Hijos no te Metas”, se han opuesto a la ley porque para ellos buscaba instaurar la “ideología de género”, como el populismo conservador internacional llama a la difusión de derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbti.
Las Naciones Unidas mostró en junio su preocupación por las “campañas de desinformación” en torno a esa ley hondureña
La última de las marchas en favor de “la familia y la niñez”, la realizaron en Tegucigalpa, la capital del país, el 22 de julio.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”: Zuleyma Beltrán.
Esos grupos “apelan a la ignorancia de las personas, al miedo, a la religión, con argumentos alejados de la realidad, dicen, por ejemplo, que a los niños les van a poner faldas y a las niñas, pantalones”, añadió García.
El Código Penal de Honduras establece que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es violencia sexual y por tanto, un delito, sin importar si hubo consentimiento por parte de la niña.
En 2022 hubo 1039 partos de niñas entre con ese rango de edad.
“Es bastante grave, y se agrava más porque no hay políticas públicas de prevención de embarazos de niñas ni adolescentes”, acotó García.
En los países de América Central, con unos 50 millones de habitantes, prevalecen visiones ultraconservadoras cuando se trata de educación sexual y reproductiva.
El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen una prohibición absoluta del aborto, a los que se les suma República Dominicana, en el Caribe. En el resto de Centroamérica la interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.
La presidenta hondureña vetó la ley con la fórmula de “vuelva al Congreso” legislativo, para que la analice nuevamente y eventualmente se ratifique si se obtienen los dos tercios de los 128 diputados.
Zuleyma Beltrán, de 41 años, narró la experiencia vivida cuando quedó embarazada a los 15 años por no tener educación sexual apropiada en El Salvador. Un segundo embarazo desembocó en una emergencia obstétrica que la llevó a la cárcel en 1999, una realidad por la que pasan muchas mujeres salvadoreñas. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
“No sabía qué era un condón”
Sin embargo, contar con leyes de esa naturaleza tampoco asegura que el fenómeno se va a aliviar, pues sucede que los mandatos legales no siempre se cumplen.
Un informe de Unfpa señaló que en este país la tasa de embarazo en niñas y adolescentes ha bajado en más de 50 % entre 2015 y 2022.
Sin embargo, “es preocupante ver a El Salvador como uno de los 50 países del mundo con las mayores tasas de fecundidad en niñas de 10-14 años”, refirió en su último informe, publicado en este mes de julio.
Entre las niñas de 10 a 14 años, señaló el documento, la tasa de embarazo ha bajado un 59.6% al pasar de 4.7 inscripciones prenatales por cada 1000 niñas en 2015 a 1.9 en 2022.
El mapa sobre los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador agregó que el país “necesita acelerar aún más el paso, adoptando políticas y estrategias ajustadas a las realidades diferenciadas de las niñas de 10-14 años y las adolescentes de 15-19 años”.
Esas acciones tienen que estar basadas “en evidencia”, citó el informe.
Esa referencia pareciera ser una alusión a la prevalencia de actitudes conservadoras de grupos que, al igual que en Honduras, rechazan la educación sexual y reproductiva en las escuelas.
Esa falta de conocimiento elemental sobre sexualidad, en medio de un contexto de pobreza estructural, llevó a Zuleyma Beltrán a quedar embarazada cuando era una adolescente de 15 años.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”, aseguró a IPS Beltrán, ahora de 41 años.
Y agregó: “Sufrí mucho por no tener conocimiento de muchas cosas, por vivir en la ignorancia”.
Dos años más tarde, Beltrán volvió a quedar encinta y tuvo una emergencia obstétrica. Perdió el feto y eso la llevó a la cárcel en agosto de 1999, acusada de aborto, como sucede con cientos de mujeres en El Salvador.
Este país no solo prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas, incluso en casos de violación, sino que también impone penas de hasta 30 años de cárcel a las mujeres que han sufrido abortos inducidos o espontáneos y que el sistema de justicia las criminaliza casi siempre por igual.
“El Estado no les asegura a las niñas educación sexual ni salud sexual y reproductiva, y cuando vienen las consecuencias por los embarazos o por las emergencias obstétricas, es demasiado cruel con ellas, solo les ofrece la cárcel”, añadió.
Recinos dijo que, por la presión de los grupos conservadores, el Estado ha retrocedido en la estrategia de brindar información sexual y reproductiva en las escuelas.
“Ahora son más rigurosos para no permitir que las organizaciones que trabajan en esa área vayan y den charlas sobre educación sexual integral en las escuelas”, acotó.
Ni fórmula para bebés
En Guatemala tampoco han avanzado las iniciativas de organizaciones civiles que desde 2017 han propuesto, entre otras cosas, que al menos el Estado debería de ofrecerles una reparación a las niñas y adolescentes embarazadas, para aliviarles la dura carga.
Entre esas propuestas se incluyeron al establecimiento de un plan de becas, un mecanismo para asegurar el cuido del bebé para que la madre vaya a la escuela y el suministro de fórmula para alimentarlo.
“Pero lastimosamente no logramos dar el siguiente paso, echar a andar esas medias”, afirmó Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, en conversación telefónica con IPS, desde la capital, Ciudad de Guatemala.
Barrios dijo que la mayoría de las usuarias de los servicios que ofrece esa organización, como acompañamiento legal y sicológico, “son niñas y adolescentes que por la violencia sexual empiezan una maternidad forzada”.
Aseguró que en los último cinco años han quedado embarazadas alrededor 500 000 niñas menores de 14 años, y la cantidad se incrementa al incluir a las de hasta 19 años.
“Hoy tenemos medio millón de niñas que no sabemos con qué se están alimentado ellas ni los niños y niñas productos de la violación”, subrayó Barrios, al agregar que al igual que en El Salvador y Honduras, en Guatemala se considera un delito sexual tener sexo con una menor de 14 años.
Agregó: “La sociedad normaliza que las mujeres nacemos para ser madres, y entonces da igual que una niña quede embarazada a los 10 o a los 12 años, se piensa que ella solo se ha adelantado”.
Patriarcado y capitalismo
Las expertas de Guatemala, Honduras y El Salvador consultadas por IPS sostuvieron que la raíz del fenómeno es multicausal, y sobresalen aspectos visibles del patriarcado, como los estereotipos de género y la violencia sexual, entre otros.
“El patriarcado tiene un interés de detener que las mujeres salgamos al ámbito público”, aseveró la guatemalteca Barrios.
Aseguro que la vida de una niña de 10 años queda truncada al salir embarazada. Ya no irá a la escuela y se quedará en el ámbito doméstico, “para criar hijos y estar en la casa”.
Por su parte, la hondureña Garcia señaló que también está de fondo un “sistema de opresión” que se entrelaza con el patriarcado y el colonialismo, que es la influencia de un país o región hegemónica.
“Tenemos niñas pariendo mano de obra barata para alimentar el sistema (capitalista), y se da una mayor feminización de la pobreza, niñas pariendo niñas a las que se les arruina su proyecto de vida”, comentó la abogada.
Mientras tanto, para no repetir la dura experiencia vivida, la salvadoreña Beltrán señaló que ella sí habla y enseña a su hija de 9 años sobre sexualidad.
“Para no repetir mi historia le hablo de los preservativos, de cómo una mujer se tiene que cuidar y de cómo una puede salir embarazada”, acotó.
“No quiero que pase por lo que me tocó pasar a mí”, dijo.
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