Redacción: Nora Barrows–Friedman/Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Carolina del Sur aprobó una ley esta semana que codifica una definición desacreditada de antisemitismo que combina la crítica a Israel y al sionismo con el antisemitismo.
«La ley violará inevitablemente los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes si se aplica para restringir o castigar el discurso del campus crítico de Israel», dijo a The Electronic Intifada Dima Khalidi, directora del grupo de derechos civiles Palestine Legal.
Los estudiantes se enfrentan ahora a mayores escrutinios, investigaciones, censura y posible castigo por sus actividades de defensa de los derechos de los palestinos en los campus de Carolina del Sur, advirtió Palestine Legal.
La definición de antisemitismo, que ha sido impulsada por los grupos de presión de Israel en los EE.UU. y Europa, a veces se califica como «Definición del Departamento de Estado» porque el Departamento de Estado de EE.UU. adoptó una versión de la misma.
La medida se agregó como cláusula adicional en el proyecto de presupuesto de 2018-2019 de Carolina del Sur, que hace que la ley sea válida por solo un año.
Se requieren instituciones financiadas por el Estado para utilizar la definición en la investigación de supuestos incidentes por antisemitismo en los campus.
En particular, el autor principal de la definición original de antisemitismo, el exejecutivo del Comité Judío Estadounidense Kenneth Stern, se ha opuesto firmemente a los esfuerzos para consagrarlo en la legislación, argumentando que podría llevar a una censura de inconstitucionalidad.
El claro propósito de la ley de Carolina del Sur «es apuntar a un discurso político crítico hacia Israel», dijo Khalidi. Agregó que Palestine Legal estará «monitoreando de cerca su implementación durante el próximo año y explorando posibles desafíos legales».
El mes pasado los legisladores del Congreso de los EE.UU. volvieron a presentar un proyecto de ley, la Ley de Concientización sobre antisemitismo, que utilizaría la misma definición de antisemitismo para evaluar el discurso crítico de Israel.
Si se aprueba el proyecto de ley, se instruirá a Kenneth Marcus, defensor de Israel desde hace mucho tiempo y designado por Trump para dirigir la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación, a usar la definición para juzgar si el antisemitismo está o no ocurriendo en los campus de EE.UU.
El Brandeis Center, un grupo de manipuladores jurídicos proisraelí encabezado anteriormente por Marcus, respaldó la legislación de Carolina del Sur.
Carolina del Sur es uno de los 25 estados que han aprobado medidas, impulsadas por grupos de presión de Israel, que apuntan a sofocar la defensa de los derechos de Palestina y aplastar la campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS). La legislación está pendiente en otros 12 estados.
El Congreso de Estados Unidos también está considerando la Ley de Antiboicot a Israel, que podría imponer prisión y fuertes multas a las empresas o a su personal acusado de cumplir con los boicots a Israel convocados por organizaciones internacionales.
Louisiana castiga y amenaza a las empresas que participan en el boicot
En mayo, el gobernador demócrata de Luisiana, John Bel Edwards, emitió una orden ejecutiva que prohíbe al Gobierno estatal hacer negocios con empresas acusadas de boicotear a Israel.
La orden ordena a los funcionarios del Estado «acabar con los contratos estatales existentes con las compañías si actualmente están boicoteando a Israel o apoyando a quienes lo hacen», informa The Times-Picayune. Se exigirá a las empresas que certifiquen que no están boicoteando actualmente a Israel antes de que se les adjudique un contrato estatal.
La orden se aplica a las empresas que ganan más de 100000 dólares en un contrato estatal o que tienen más de cinco empleados.
Edwards emitió la orden «en la misma noche que estaba celebrando el 70 aniversario de Israel en la mansión del gobernador», según The Times-Picayune.
En enero, el consejo de la ciudad de Nueva Orleans aprobó una resolución para comenzar a seleccionar inversiones y contratos y desprenderse de corporaciones que se benefician de abusos contra los derechos humanos, convirtiéndose en la primera ciudad importante del sur de Estados Unidos en aprobar tal medida.
Pero después de la fuerte presión de las organizaciones comunitarias judías proisraelíes y los legisladores de derecha, el consejo votó unánimemente dos semanas después para rescindir la resolución.
Victoria en Missouri
Mientras tanto, los activistas de derechos humanos celebran el fracaso de una medida que habría castigado a los partidarios de la campaña de BDS en Missouri.
El proyecto de ley, que se introdujo en ambas cámaras de la legislatura estatal, habría negado contratos estatales por valor de 10.000 dólares o más a empresas y organizaciones que apoyan el boicot de Israel.
Los activistas dicen que el fracaso de la legislación fue el resultado directo de meses de organización de base, presión sobre los legisladores y testimonios durante las audiencias de los comités, de acuerdo con la campaña de Missouri sobre el derecho al boicot.
En un memorando a los legisladores estatales, 15 grupos de derechos llamaron a la legislación «constitucionalmente indefendible» y «una prueba de fuego político macartista en cualquier empresa u organización sin fines de lucro que quiera firmar un contrato con el Estado».
«Los ataques de Israel a los manifestantes en Gaza ilustran precisamente por qué las personas de conciencia en Missouri y en todo el mundo están prestando atención al llamado palestino de participar en campañas de BDS que esta legislación habría penalizado», dijo Neveen Ayesh, del Comité de Solidaridad Palestina de St. Louis y Musulmanes estadounidenses por Palestina.
Ley de Kansas modificada
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dice que ha retirado su demanda contra una ley del estado de Kansasde 2017 que exige que los contratistas certifiquen que no van a boicotear a Israel.
El Estado ha modificado su legislación para que no se aplique a los individuos, pero sigue siendo ejecutable para las empresas y los contratos que superan los 100.000 dólares, de acuerdo con The Topeka Capital-Journal.
La ACLU sostiene que la ley todavía viola la Primera Enmienda.
Un juez federal bloqueó la aplicación de la ley en enero, citando violaciones de la libertad de expresión.
La ACLU presentó la demanda en nombre de Esther Koontz, una profesora de matemáticas a quien se le denegó un contrato de capacitación educativa estatal porque apoya el movimiento BDS y no pudo firmar la declaración requerida con buena conciencia.
«Si bien los cambios reducen el número de personas requeridas para firmar la certificación antiboicot, el propósito fundamental de la ley -reprimir los boicots políticos a Israel y enfriar la expresión protegida- sigue siendo inconstitucional», dijo el abogado de la ACLU, Brian Hauss, quien argumentó el asunto en un tribunal de Kansas.
El tribunal ordenó que el estado pague a Koontz más de 41.000 dólares por sus honorarios legales.
La ACLU y el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses han presentado demandas contra el Estado de Arizona por su ley de 2016 que crea una lista negra de compañías, organizaciones y otras entidades acusadas de boicotear a Israel.
Un tribunal federal escuchó los argumentos sobre la ley a finales de mayo.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=244124
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