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Como decimos los profesores: «Puede y debe rendir más». Así definió Luis Martínez, presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) el incremento presupuestal que el Poder Ejecutivo quiere asignarle a la ANEP y Udelar. Este salto de US$ 62 millones para un año (alrededor de un punto del PIB) está «lejos de lo sustantivo: no parece haber un crecimiento en infraestructura, en otros cargos y se replica el aspecto salarial de los dos años anteriores», agregó José Olivera, dirigente de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, en base a los datos que se enteró «por la prensa» y «no por vía oficial».

Los docentes organizados, que ayer encabezaron un paro nacional en ANEP que «en algunos departamentos alcanzó una adhesión del 96%, se reúnen hoy a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo. Llegan a este Consejo de Salarios con la esperanza de negociar; porque si el Ejecutivo «solo quiere imponer su idea, estamos ante un problema grave», dijo Olivera.

Según los cálculos primarios de los sindicatos, los US$ 50 millones que irán para la ANEP y los US$ 12 millones para Udelar, cubrirían el 3,53% de aumento general que va destinado a salarios. Es decir: mantiene «a la baja» aquella cláusula de paz que destrabó el conflicto de 2015. Por aquel entonces se había acordado alcanzar un salario base de $ 25.000 (a precios de 2015) hacia 2020.

Según el anuncio que hizo ayer el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda (ver página A5), la educación también recuperará los US$ 25 millones que le fueron quitados en la Rendición de Cuentas anterior.

Contando esta recuperación y el aumento anunciado, se está a un punto de alcanzar el 6% del PBI para la educación hacia 2020 y «solo restará» el salto cuantitativo del año próximo (el año electoral no se puede incrementar el gasto).

Más allá de lo financiero, los docentes están preocupados por las formas en que se está dando este proceso de negociación. Primero, dicen haberse enterado de que la Rendición de Cuentas sería por un único año a través del anuncio que hizo el presidente Tabaré Váz-quez desde Ginebra, cuando nueve días antes «se había dicho desde el gobierno que no tenían información».

Segundo, no hubo una convocatoria al Consejo Superior y mañana irán a negociar, directamente, los actores involucrados. Tercero, la cifra de incremento en educación les «llegó por la prensa». Y cuarto, «hay un problema de plazos: recién mañana nos sentaremos a conversar y el proyecto de ley debe enviarse antes del 30 de junio», cuestionó Olivera.

Para el dirigente sindical, «el gobierno tiene una actitud cuando oficia de garante en las negociaciones del sector privado y otra cuando hace de empleador». Desde que comenzó esta administración, agregó Olivera, «hay una estrategia de dilatar los tiempos para que no haya margen».

Los docentes reclaman un aumento para la educación que llegue al 6% del PIB para ANEP y Udelar hacia 2020 y 1% para investigación y desarrollo. La búsqueda de ese objetivo llevó a la paralización de ayer, con 40 actividades en todo el país, la adhesión de los dos consejeros en representación de los sindicatos (Isabel Jaureguy por Secundaria y Pablo Caggiani por Primaria), el corte de calle en Montevideo frente al Ministe-rio de Economía y la convocatoria para un paro general de 24 horas el próximo 21 de junio (que esa vez incluirá también a Udelar, UTEC y la enseñanza privada).

A diferencia de otros paros, «las medidas que estamos encabezando están teniendo buena comprensión de la ciudadanía», dijo el sindicalista Martínez. El dirigente de ADES se basa en los comentarios que han recibido en las movilizaciones de ayer y en que «no puede ser que el gobierno haga demagogia con la educación».

Desde el colectivo Eduy21 ven con beneplácito que haya un aumento para la educación, y que haya una priorización de esta área, pero insisten con que «la mayor preocupación es saber a qué van destinados los recursos».

Bruno Gilli, integrante de Eduy21, explicó que de seguir contribuyendo a engrosar la estructura actual, la que no está dando resultados esperados (sobre todo en ANEP), hay «una alta probabilidad de que se esté ante más de lo mismo».

El último informe de estado de la educación, que presentó hace dos semanas el Ineed, da cuenta de que la estructura actual fomenta la desigualdad. Los indicadores de rendimiento y calidad educativa muestran un claro diferencial según el contexto en que se encuentra el centro educativo. «Es ahí donde hay que poner los esfuerzos», insistió Gilli. Y agregó: «Es necesario que los mejores docentes vayan a dar clase a los lugares donde se los está necesitando».

Paro con una «gran adhesión».

La dirigencia de los sindicatos de la educación quedó conforme por la «excelente» respuesta al paro de ayer, dijo el gremialista José Olivera. «En algunos centros educativo apenas fueron a trabajar dos o tres personas; toda una señal». De hecho, la adhesión superó a la cantidad de afiliados de todos los sindicatos.

Mañana, desde las 18 horas, habrá una marcha organizada por la FEUU y la Intergremial Universitaria a la que adhieren los sindicatos docentes (aunque no habrá paro).

Aumento a Udelar dista de lo solicitado.

Entre la aspiración presupuestal de la Universidad de la República y la que planteará el Poder Ejecutivo hay un abismo. Los US$ 12 millones para 2018 que el gobierno quiere incrementarle a la UdelaR, apenas alcanzan para cubrir la inversión en el Hospital de Clínicas.

Hace una semana, el rector Roberto Markarian anunció que la institución solicitará un aumento de $ 4.477 millones para el próximo año, US$ 138 millones más de lo que le quiere asignar el Ejecutivo. Esta diferencia dejaría por el camino alguno de los proyectos que busca promover la UdelaR, como el aumento de becas para los estudiantes, la inversión y la investigación.

El aumento salarial planteado por UdelaR representa un 38% del total del gasto del organismo. En la ANEP, las remuneraciones trepan al 85% de la torta a repartir.

Para los funcionarios no docentes de UdelaR, en base al esquema del Rectorado, se les solicitará un sueldo mínimo de diez BPC hacia 2019, por 40 horas de trabajo a la semana. A la fecha, esas 10 BPC son poco más de $ 36 mil.

Con la intensión de llegar al 6% del PBI dedicado a la educación, la UdelaR había proyectado $ 3.582 millonespara 2019, siempre a precios de 2017. Pero la realidad con la que se enfrenta ahora hará más que duplicar esa cifra.