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Facebook niega utilizar información de usuarios vulnerables en Australia

Australia/Mayo de 2017/Autor: Julio Sanchez Onofre/Fuente: El Economista

El diario The Australian dio a conocer un documento confidencial producido por la sede de Facebook en Australia, en el que consta una investigación realizada por la empresa con miras a ofrecer información de sus usuarios —sin el conocimiento y consentimiento de los mismos— a potenciales anunciantes. En el informe de 23 páginas consta que la empresa realizó un estudio entre los usuarios más jóvenes de la red social, en el que programó sus algoritmos para que identificaran cuando se encontraban psicológicamente vulnerables.

Tras la publicación de la nota, Facebook emitió una declaración pública en la que no negó la autenticidad del documento y cuestionó el enfoque del artículo del diario. La compañía argumentó que el análisis tenía la intención de identificar para los vendedores las formas en que los usuarios de la red social se expresan. En el comunicado se afirma que la empresa no ofrece herramientas para dirigir anuncios segmentados a las personas en función de su estado emocional y que se basó en datos anónimos.

Facebook monitoreó la actividad de 6.4 millones de usuarios por un periodo de dos semanas, que cayeron en las categorías de “estudiantes de secundaria, estudiantes de educación terciaria y jóvenes australianos y neozelandeses en la fuerza de trabajo”. Los algoritmos de la red social fueron programados para detectar las manifestaciones de los jóvenes en las que expresaran sentirse estresados, derrotados, abrumados, ansiosos, nerviosos, estúpidos, tontos, inútiles y fracasados. Para realizar esto, Facebook monitoreó mensajes, fotos, interacciones y la actividad de internet en tiempo real para detectar los momentos en que se presentaban las caídas emocionales en los jóvenes.

A decir de Cédric Laurant, director del programa SonTusDatos de la asociación civil Artículo 12, el posicionamiento de la compañía tiene sus matices. El experto de la Asociación dedicada a la defensa, promoción y protección de los derechos a la privacidad y datos personales de los usuarios, explicó a El Economista que Facebook no vende datos personales a anunciantes sino las categorías de usuarios a las que enfocar su mercadeo.

“No menciona que Facebook siempre tiene el conocimiento de qué usuario en particular está categorizado de tal o tal forma (deprimido, con sentimiento de tristeza, problema psicológico vinculado a alimentación como anorexia, bulimia), y que las categorías de usuarios que Facebook vende a los anunciantes permite a estos anunciantes, a su vez, vender a categorías de personas muy específicas”, comentó en un correo electrónico.

Facebook aseguró también que la investigación no siguió los protocolos de la compañía y anunció que realizaría una averiguación al respecto, con miras a mejorar los controles de supervisión, lo que, a juicio de la influyente publicación Wired, implica que la sede central no estaba al tanto de la misma.

En el comunicado, Facebook asegura que el análisis lo realizó “un investigador australiano”. En el documento en poder de The Australian, los ejecutivos australianos de Facebook David Fernández y Andy Sinn aparecen como los autores del estudio. El diario informó también que el estudio fue realizado para un banco australiano.

“La práctica documentada por The Australian refleja la punta del iceberg de lo que seguramente está haciendo Facebook a escondidas o, por lo menos, a nivel experimental para próximamente implementarlo. Es algo que nunca iba a revelar: que venden a anunciantes su capacidad de enfocar su publicidad hacia menores de edad basándose en sus estados de ánimo y emociones”, dijo Laurant.

“Si no fuera el caso, ¿por qué estaría tratando de venderlo a anunciantes? Refiriéndome a la larga historia de repetidas mentiras por parte de Facebook desde que inició sus operaciones hace más de una década, es más que probable que tiene ese objetivo – y no sólo en Australia sino a nivel global, México incluido obviamente”, cuestionó.

Preocupaciones llegan a México

Tras la publicación del artículo en el diario australiano y la respuesta de Facebook, unas 26 organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la protección de datos personales enviaron a Mark Zuckerberg una carta donde pidieron la publicación de la investigación y los materiales relacionados.

“Somos conscientes de que Facebook ha publicado un posicionamiento en el sentido de que esta investigación se desvió de los protocolos de Facebook y que la empresa no se involucra en el tipo de targeteo reportada por The Australian. Sin embargo, la declaración de Facebook no resuelve las preocupaciones sobre el análisis encargado, su propósito y lo que dice sobre las prácticas publicitarias reales de Facebook”, se lee en la carta.

En México, la carta fue firmada por SonTusDatos. Esta organización envió además una carta fechada el 10 de mayo a las oficinas de Facebook México y al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que realizara una investigación sobre este tipo de prácticas.

“No recibimos ninguna respuesta sino de dos personas de Facebook en Estados Unidos, que nos prometieron iban a organizar una videoconferencia con nosotros. Escribimos la carta para obtener una respuesta de Facebook México por la cual podían comprometerse a que no estaban haciendo lo reportado en el informe filtrado; también para resaltar que este tipo de tratamiento de datos personales violaba la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (por ello, copiamos a los comisionados del INAI)”, comentó Laurant.

“Hasta ahora, no hemos recibido su respuesta, ni en un sentido ni en otro. Y Facebook Estados Unidos no nos ha contestado tampoco al respecto”, insistió.

El Economista buscó a Facebook México para conocer su posicionamiento sobre la misiva enviada por SonTusDatos, pero la empresa respondió con el mismo posicionamiento emitido por la compañía como reacción al artículo de The Australian. Además se buscó al INAI, a través de su departamento de Comunicación Social, pero hasta la publicación de este artículo no se recibió respuesta

En la comunicación de Facebook enviada a El Economista se hace un hincapié: «Trabajamos para mantener a las personas informadas sobre sus opciones de privacidad desde el momento que crean una cuenta en Facebook. Las personas que utilizan Facebook quieren control sobre el contenido que comparten, entonces construimos nuestros productos para darles exactamente eso. Estamos enfocados en ayudar a las personas a entender cómo utilizar las herramientas que hemos creado para que puedan tomar decisiones informadas y controlar su experiencia en la plataforma.»

Pero el experto en protección de datos personales reviró el posicionamiento de la compañía al asegurar que Facebook no menciona que el control que tiene el usuario se limita a la distribución de sus contenidos a los varios círculos de sus posibles destinatarios: amigos, amigos de amigos, todos los usuarios de Facebook o el público en general (vía la indexación de contenidos en motores de búsqueda).

“Facebook no menciona que no permite a sus usuarios controlar cómo Facebook los categoriza (en múltiples categorías socio-económicas, religiosas, filosóficas, políticas o hasta psicológicas) y cómo vende esas categorizaciones a los anunciantes en México”, dijo.

No es la primera ocasión en que la empresa propiedad de Mark Zuckerberg lleva a cabo prácticas de ingeniería social, técnica que consiste en obtener información confidencial a través de la manipulación de los usuarios en sistemas de información.

Hace cinco años, Facebook realizó un experimento masivo de manipulación de emociones en casi 700,000 usuarios sin su consentimiento. La compañía realizó ajustes en el algoritmo de difusión de noticias para controlar lo que aparecía en los timelines de los usuarios seleccionados. El objetivo era era determinar si se podía dar un «contagio emocional» entre individuos sin necesidad de que interactuaran en persona. Facebook, en cooperación con científicos de las universidades Cornell y California, querían saber si el número de mensajes positivos o negativos que leían los usuarios les influían a la hora de colgar mensajes en su muro. El experimento constató que los usuarios colgaban mensajes positivos o negativos en función de los contenidos a los que habían sido «expuestos».

Cédric Laurant consideró que estos casos y el aviso de privacidad de Facebook viola la ley mexicana de protección de datos: “No provee la información requerida a sus usuarios sobre todas las finalidades para las cuales trata sus datos personales y sobre cómo los ‘venden’ a anunciantes para que puedan consentir en pleno conocimiento al tratamiento de sus datos personales. Esto se vio demostrado múltiples veces, por ejemplo en el año 2014 cuando reveló que había manipulado a casi 700,000 de sus usuarios para evaluar sus reacciones emotivas a noticias en su ‘news feed’”

Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/05/28/facebook-niega-utilizar-informacion-usuarios-vulnerables-australia

 

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España: Medio millón de euros de fianza para los 27 okupas que denunciaron los chiringuitos universitarios

España/Mayo de 2017/Autor: Ferran Barber/Fuente: Público

“Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), el desembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.

No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.

Si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27

El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.

Todas las nóminas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, serán embargadas en los porcentajes máximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y més, se han solidarizado con los procesados, dicha decisión es una condena tácita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que comprometerá seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.

“Las pérdidas diversas de los servicios del rectorado”

Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cerdanyola del Vallés que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fernández- no sólo no ha rebajado la petición de fianza realizada por la fiscalía en el escrito de acusación, sino que la ha endurecido incrementándola en 126.997 euros (casi un 25 por ciento). En su petición de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluyó en su primera denuncia.

En la valoración citada de los daños y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la pérdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las pérdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gestión del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, “las pérdidas diversas de los servicios del rectorado” y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulación, jardinería, cristales y mobiliario.

El nuevo rectorado de la UAB de oposición moderada que reemplazó al equipo de Ferran Sancho intentó posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoración de las responsabilidades civiles que reducía hasta los 10.000 euros la estimación de los desperfectos supuestamente provocados. Ésta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instruía el sumario, dado que el rectorado había retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusación particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fernández haya incrementado la petición de fianza de la fiscalía atendiendo a un tercer peritaje, “todavía más desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que también concurren al proceso”.

En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vallés se imputa a los 27 encausados un delito continuado de desórdenes públicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jurídica mediante la intimidación, así como daños y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son también acusados de “un delito continuado de coacciones encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresión de los supuestamente perjudicados”, traducción penal del “escrache” que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperación con sólo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejercía sus labores docentes.

Juicio político

Las penas de prisión que el fiscal solicita para estos siete últimos procesados son de catorce años. Al resto se le pide once y medio más cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicaría de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot y Jordi Gassiot, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 amén de uno de los pocos líderes sindicales que, junto a Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la caída del régimen franquista.

Además de profesor de Prehistoria y arqueólogo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un año después de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, había desempeñado el cargo de secretario de Acción Social. A partir de 2006, formaba parte también del comité de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicación en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados.

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya. FOTO CEDIDA

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya.

Al abogado de los estudiantes, Eduardo Cáliz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio político contra los líderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, venían señalándose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todavía más allá cuando afirman que el proceso tiene algo también de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.

El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gestó en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logró aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matrícula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una política de transparencia que impidiera que la universidad pública fuera un vívero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.

Las sospechas de corrupción se extendían sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores más estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se pedían explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del “funcionamiento irregular” de “ciertos chiringuitos” como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundació UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en “dudosas condiciones” de millones de euros procedentes de las arcas públicas.

La CGT denunció también que algunos docentes habían suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la institución y apuntó directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio público-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este último respondió en su día amenazando con interponer una demanda por injurias que jamás llegó a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opinión de los procesados viene a respaldar la idea del “ajuste de cuentas”.

Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposición de Pere Solà que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.

En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un sólo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moción aprobada por el “parlamento de la UAB” o claustro. Una semana después de que diera inicio la ocupación, en vísperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad Pública (PUC) -de la que también forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.

Los estudiantes, durante la ocupación del campus de Bellatera de la UAB.

Los estudiantes, durante la ocupación del campus de Bellatera de la UAB.

El entierro se prolongó durante 31 días, pero sólo a partir de la tercera semana se cerraron las puertas de las instalaciones para impedir el acceso de los trabajadores, a modo de medida de presión y a imitación de lo que habían hecho recientemente otros activistas en la Universidad de Barcelona contra los que, sin embargo, no hubo represalias. A mediados de mayo de 2013 y sin que la policia interviniera en el desalojo, los estudiantes abandonaron el edificio de vacío.

Ni hubo concesiones, ni se produjeron detenciones o se abrieron expedientes, pero al cabo de los días, Silvia Carrasco, se presentó en unas dependencias policiales como vicerectora de Estudiantes para presentar una denuncia contra uno de los imputados, Oriol Guerra, a quien responsabilizaba especialmente del escrache del que había sido víctima. Esta denuncia fue ampliada posteriormente en una segunda demanda interpuesta por el rectorado de la UAB, que adjuntó un documento de 600 páginas donde se detallaban pormenorizadas descripciones de las actividades de la oposición, “producto del espionaje”.

La ficción que, a juicio de la defensa, construyó la rectoría con la ayuda de Carrasco y de varios becarios venía a asegurar que existía un entramado criminal compuesto por las secciones sindicales del profesorado precario y los trabajadores de servicios y la administración, asi como por la CGT, el Sindicat d’Estudians dels Paisos Catalans (cercano a la izquierda independentista catalana) y los Colectivos Asamblearios de la Universidad y la Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC). Fue también en esas denuncias donde se propocionaba el listado de los 27 participantes en la ocupación que finalmente van a ser procesados, de acuerdo a una petición del fiscal que, según los imputados, asume a pies juntillas “el constructo fantasioso de la rectoría para represaliar por la vía judicial cualquier intento no tutelado de disidencia”.

El juez acepta los argumentos del fiscal

En palabras de Ermengol Gassiot Ballbé, “el listado de 27 incriminados presentado por Carrasco y posteriormente asumido por la rectoría y la fiscalía incluía a dos estudiantes señalados de cada facultad, lo que viene a confirmar la voluntad política que tenían los denunciantes de decapitar el movimiento estudiantil endureciendo la represión de los movimientos sociales en los campus. Esto es una tendencia general en todo el estado español, donde vienen produciéndose de forma sucesiva un goteo de denuncias contra los líderes estudiantes de protestas en universidades del País Vasco, Lleida o Cantabria, entre otras. Es obvio también que cargaron contra la CGT debido a la fuerza y la representatividad que el sindicato anarquista ha ido cobrando entre el profesorado precario de las universidades barcelonesas”.

Entre las prácticas franquistas que en opinión de los imputados utilizó contra ellos el anterior equipo rector de la UAB se hallaba la utilización de fondos públicos para espiar las actividades públicas de los líderes más señalados sirviéndose de los servicios universitarios de seguridad. “La universidad identificó y estigmatizó a algunos de nosotros, mientras trataba de extender la falsa idea de que algunos profesores entre los que me cuento nos servíamos de los campus para fabricar kale borroka y arrojar a los estudiantes contra el sistema”, precisa Gassiot Ballbé.  Incluso el modo en que la fiscalía estructuró su escrito de acusación guarda semejanzas con el del sumario 18/98 contra entornos abertzales del País Vasco”.

A la defensa de los 27 encausados le ha sorprendido que el magistrado de Cerdanyola del Vallés haya aceptado los argumentos del fiscal en su acto de apertura oral del juicio, aunque el juez Claudio Alejandro Montero Fernández era ya bien conocido por otros polémicos autos anteriores, como el que dictó el 27 de septiembre de 2012 ordenando el desalojo de la masía de Can Piella en un plazo de diez días, contradiciendo así la jurisprudencia de las audiencias provinciales de Girona, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, que en su día dictaminaron que ese tipo de litigios relacionados con la ocupación de fincas abandonadas deberían dirimirse por la vía civil.

Vista exterior de la furgoneta quemada del secretario general de la CGT de Catalunya. FOTO CEDIDA

Vista exterior de la furgoneta quemada del secretario general de la CGT de Catalunya.

Por otro lado, en el transcurso de las movilizaciones que se han llevado a cabo contra el juicio desde la primavera de 2013, resultó quemada la furgoneta personal de Ermengol Gassiot, cuando permanecía estacionada en la población de Terrassa. Los hechos sucedieron en septiembre del pasado año, tan sólo un día después de una protesta contra el procesamiento judicial de los 27 activistas. Gassiot ignora las razones de los hechos o si, en verdad, se hallan vinculadas con su participación en este caso. De lo que no alberga duda alguna es que el vehículo fue quemado deliberadamente en represalia por alguna de sus actividades anarcosindicales. Los 4.000 euros en los que se cifró el valor del vehículo fueron recogidos en tan sólo unas horas mediante una campaña de crowdfunding organizada en beneficio de Gassiot.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/subida-tasas-medio-millon-euros.html

 

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Colombia: Gobierno expidió decreto para prestación de servicio educativo estatal en zonas afectadas por el conflicto

América del Sur/Colombia/28 Mayo 2017/Fuente: elespectador/Autor: Redacción Politíca

La normativa contempla un concurso especial de méritos que será convocado por la Comisión del Servicio Civil. El Ministerio de Educación deberá determinar las zonas en las cuales este se desarrollará.

El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Yaneth Giha, expidieron un decreto con fuerza de ley que prevé normas sobre la organización y la prestación del servicio educativo estatal en zonas afectadas por el conflicto armado, dentro de las facultades especiales otorgadas por el Congreso el jefe del Estado con el objeto de facilitar la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

La normativa contempla un concurso especial de méritos para la provisión de educadores en dichas zonas, que será convocado por la Comisión del Servicio Civil y cuya reglamentación elaborará el Gobierno Nacional en los dos meses siguientes a la promulgación del este decreto ley. A su vez, el Ministerio de Educación determinará las zonas en las cuales se desarrollará dicho concurso, con fundamento en la priorización de municipios para implementar planes de desarrollo con enfoque territorial.

“Para la definición de las zonas, el Ministerio de Educación deberá limitarse exclusivamente a aquellos municipios en los que existan dificultades para la provisión de planta en razón a la falta de oferta de docentes profesionales”, precisa el decreto. Como requisitos especiales para participar en el concurso se deberá acreditar algunos de los siguientes títulos académicos: bachiller, cualquiera que sea su modalidad de formación; técnico profesional o laboral en educación; tecnólogo en educación; normalista superior; y licenciado en educación u otro título del nivel profesional universitario expedido por una institución de educación superior del país.

Por último, en el proceso de concurso docente, la autoridad competente valorará “la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del candidato en proceso de evaluación”.

Fuente de la noticia:http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-expidio-decreto-para-prestacion-de-servicio-educativo-estatal-en-zonas-afectadas-por-el-articulo-695860

Fuente de la imagen: http://www.elespectador.com/sites/default/files/escuela.jpg

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China becomes ever more plausible as a study destination

China/Mayo de 2017/Autor: Melanie Peters/Fuente: IOL

Resumen:  China tiene uno de los sistemas de educación más grandes del mundo y como el poder económico del país fortalece su influencia en la educación global. Más estudiantes se están matriculando en las 2852 instituciones de educación superior del país  y esto incluye a estudiantes del extranjero.World Education News & Reviews describió el dramático aumento en el consumo de estudiantes de educación superior, en el último cuarto de siglo, como una «masificación» del sistema universitario del país.

China has one of the biggest education systems in the world and as the country’s economic might strengthens so does its influence on global education.

More students are enrolling in the country’s 2852 higher education institutions than ever before, and this includes students from abroad.

World Education News & Reviews described the dramatic increase in the intake of higher education students, in the last quarter century, as a “massification” of the country’s university system.

The percentage of 18 to 22 year olds in higher education has increased from 4% in 1990 to 6.5% in 1999 to 37.5% in 2014.

Last year seven million graduates flooded China’s labour market and education authorities are recognising the need to nurture and grow vocational training.

As the country’s population climbs towards 1.4 billion and its middle class expands, more Chinese students are opting to study abroad than any other country in the world.

While this may be the case, China’s global integration has led to its universities opening their doors to an increasing number of international students.

According to some estimates, students from Africa account for more than one in 10 students studying abroad. Previously their universities of choice were in the UK, France and the US.

However, in recent years trends have changed.

As Sino-African ties strengthen and China is increasingly seen as the continent’s lodestar, more students apply to study in the East.

According to China’s Ministry of Education, the growth rate of international students has seen a 35% annual rise on average.

Between 2005 and 2015, the department reported the number of African students in China rose from 2 757 to almost 50 000.

The number of South Africans studying there are small, only 2299 of the student population with 146 awarded scholarships. One of the spin-offs of studying in China is learning Chinese languages, and about its people and the culture.

Since China is South Africa’s biggest trade partner and more Chinese-run companies are opening their doors in the country, an academic certificate from China may work to the advantage of the possible job-seeker.

Education expert Ye Liu argues that the emerging economic giant is not only an increasingly important geopolitical, but also a cultural, force in the world.

“If this is to be the Asian Century”, Liu wrote in an article for The Conversation, “global interest in China’s cultural traditions and institutions will undoubtedly increase.”

The Chinese view education as an import tool to promote its so-called “soft power”.

Across Africa there are a growing number of Confucius Institutes which seek to teach Chinese language skills and culture.

These Chinese government-supported institutes run in partnership with local colleges or universities around the world.

South Africa has 10 Confucius Institutes and Confucius Classes, the most in Africa, which hosts a total of 48 Confucius Institutes and 27 Confucius Classes.

South Africa has also added Chinese languages to its school curriculum, currently conducting trials at 11 primary and secondary schools.

Brics (Brazil, Russia, India, China and South Africa) has its own barometer which tracks performance at tertiary institutions in the five countries.

In the latest results of the QS University Rankings: Brics, Chinese universities make up more than a third of the 250 institutions featured. The Brics ranking aims to showcase the best universities in the emerging economies.

China has been a strong contender, a reflection of the country’s investment in higher education and research, boasting 86 entrants and has consistently dominated the top five positions.

As the embers burn from South Africa’s bruising university fee protests, studying in China may well be a plausible option.

Fuente: http://www.iol.co.za/weekend-argus/opinion/china-becomes-ever-more-plausible-as-a-study-destination-9400169

 

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Russian Orthodox Church Using Social Media To Connect Kids, Clerics

Rusia/Mayo de 2017/Fuente: Radio Free Europe

Resumen: A principios de este mes, varios centenares de escolares de la ciudad de Ulyanovsk, en el centro de Rusia, se reunieron en un centro cultural municipal para una asamblea que conmemoraba el sexto aniversario de un único programa de evangelización de la Iglesia Ortodoxa Rusa. «Es más fácil vivir con Dios», dijo a los niños Olga Solntseva, directora del departamento de información suplementaria del Ministerio de Educación y Ciencia de Ulyanovsk. «Espero que todos ustedes comprendan esto, y cuanto antes lo comprendan, mejor». El evento para celebrar el proyecto Padre-Online, un sitio web y una iniciativa de medios de comunicación social en la que los sacerdotes ortodoxos responden a las preguntas enviadas por los jóvenes, fue la última de una serie de acontecimientos que tienen muchos rusos cuestionando la relación apropiada entre la iglesia y el estado En la Rusia contemporánea. También este mes, un blogger en Ekaterimburgo recibió una sentencia de tres años y medio de prisión suspendida por jugar Pokemon Go en una iglesia ortodoxa y por mensajes en Internet que supuestamente ofendieron a los creyentes negando la divinidad de Jesús.

Earlier this month, several hundred schoolchildren in the central Russian city of Ulyanovsk were gathered in a municipal cultural center for an assembly marking the sixth anniversary of a unique Russian Orthodox Church youth-outreach program.

«It’s easier to live with God,» Olga Solntseva, director of the department of supplemental information of the Ulyanovsk Oblast’s Ministry of Education and Science, told the children. «I hope that all of you will understand this. And the earlier you understand it, the better.»

"It's easier to live with God," Olga Solntseva of the Ministry of Education and Science, tells children. "The earlier you understand it, the better."

«It’s easier to live with God,» Olga Solntseva of the Ministry of Education and Science, tells children. «The earlier you understand it, the better.»

The event to celebrate the Father-Online project, a website and social-media initiative in which Orthodox priests answer questions submitted by youths, was just the latest in a spate of developments that has many Russians questioning the proper relationship between the church and the state in contemporary Russia.

Also this month, a blogger in Yekaterinburg was given a 3 1/2-year suspended prison sentence for playing Pokemon Go in an Orthodox church and for Internet posts that allegedly offended believers by denying the divinity of Jesus.

Since the collapse of the Soviet Union more than a quarter-century ago, Russians have wrestled with the role of religion and the Orthodox Church. Under the constitution, Russia is a secular state with a strict separation of church and state. However, President Vladimir Putin has emphasized what he describes as traditional Russian values and has identified the church as a central pillar of Russian national identity. He and other officials in his government maintain close personal and public relations with representatives of the church.

A solid majority of Russians identify themselves as Orthodox Christians, but only a small fraction — particularly among younger Russians — attend church regularly or observe Orthodox rituals.

According to a 2016 poll by the independent Levada Center research agency, 34 percent of Russians said religion plays an important or very important role in their lives. Twenty-one percent of respondents agreed that Orthodox believers should have «legal advantages» over other people in society.

Only 17 percent said they believe the church has too much influence on government policy. Nineteen percent said there is no place for religion in the schools (up from 10 percent in 1991), while 13 percent said schools should teach «God’s law» in schools to «everyone who wishes it» (down from 20 percent in 1991).

The May 20 assembly was hosted by 30-year-old Nadezhda Zemskova.

The May 20 assembly was hosted by 30-year-old Nadezhda Zemskova.

The Father-Online project is an attempt by the church to engage with Russian youth. Over the last six years, organizers say, priests have used the program to respond to over 200,000 queries on topics from the quotidian to the existential. The responses, however, tend to boil down to a narrow set of recommendations: go to church, observe the sacraments, obey the commandments, pray, and submit to the will of God. Patriarch Kirill has endorsed the project and urged more priests to participate in it.

About two years ago, the online initiative launched a real-world version. Through the program, priests have visited dozens of schools throughout Ulyanovsk Oblast. Father-Online is actively promoted by both the Ulyanovsk regional and municipal governments and boasts joint projects with the culture and education departments of both levels.

It is believed to be a pet project of former Ulyanovsk city Education Director Lyudmila Solomenko, who, before she stepped down in 2012, was noted for her devotion to the church and for decorating her office with Orthodox icons. During her time in office, schools were regularly ordered to take students to Orthodox exhibitions or on field trips to local churches. She also ordered some schools to display copies of a particular icon associated with learning.

In 2015 and 2016, the project has received 370,000 rubles in direct grants from the government. Its advertisements are also prominently displayed on government billboards and laudatory videos about the program appear on the local administration’s YouTube channel:

The May 20 assembly to mark the project’s sixth birthday was hosted by 30-year-old Nadezhda Zemskova in the slick style of a DJ, peppering her presentation with fashionable neologisms and urging participants to take selfies with the priests and to «check in» on social media.

The questions posed at the event were sent by audience members to the priests onstage by SMS.

One girl said she had recently broken up with her boyfriend and asked, «Why do boys say they love you and then leave you?» In response, Zemskova called up a video in which Moscow priest Pavel Ostrovsky discusses the sin of fornication, stressing that it is a «mortal» sin.

«That’s a very good answer,» Zemskova said as the video ended.

The Father-Online project is an attempt by the church to engage with Russian youth.

The Father-Online project is an attempt by the church to engage with Russian youth.

Supporters of the project dismiss questions about whether the government’s support and the appearances of the project in Ulyanovsk schools are a violation of the constitution.

«A secular education separate from the church only means that there cannot be calls directly for prayers during lessons,» said Vasily Dronov, who is a representative of the local eparchy and a teacher of religious culture.

Archbishop Dmitry Savelyov told RFE/RL that as long as there are no religious services at the Father-Online events, there are no violations.

«Service are forbidden in schools,» he said. «But a priest or a mullah or an activist with some political party espousing an ideology can come to class. This is not forbidden. The children study the foundations of Orthodox culture and world religious culture, so I sometimes attend parents’ meetings and explain the course. There is no legal problem here.»

Ulyanovsk lawyer Nadezhda Semyonova, however, argued that the project itself does not violate the constitution but that the «action of the teachers of the schools — acting in the name of the state — in bringing someone from Father-Online into the educational process or taking their students to some event featuring the priests» is a violation.

«Making the Orthodox Church ‘more equal’ than other religions violates Article 14 of the constitution,» Semyonova said.

One of the teachers attending the May 20 assembly who asked not to be identified expressed doubt that the program will have the desired results in the long run.

«My children are baptized,» he said. «They know the symbols of faith. But I would not allow them to attend such an event as this.»

«It is as if someone made a signal and they began acting zealously,» the teacher added. «But all this has the opposite effect on me. The project is just bureaucratism. … If we continue in this direction, I can’t imagine what people are going to think of the church.»

«To be honest,» he confessed, «at one point I was ready to take my children out of this event. But I understood that I would just be disciplined for doing it, since all our managers were sitting there. … As an employee, I have to obey the orders I get. One person is not an army.»

Fuente: https://www.rferl.org/a/russian-orthodox-church-social-media-connecting-youth-clerics-constitution/28513697.html

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Venezuela: Estudiantes de la UEN Hipólito Cisneros serán beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar

Venezuela/Mayo de 2017/Fuente:MPPE

La comunidad del sector Tipitiripe en el Cafetal, ubicado en el kilometro 12 de la parroquia El Junquito realizó una asamblea con ministros y viceministros del Ejecutivo Nacional como parte del despliegue del Gobierno de Calle que se llevó a cabo este sábado en el corredor Mamera – El Junquito en la ciudad de Caracas.

En el encuentro estuvieron presentes la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Érika Farías, el viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Jehyson Guzmán, y el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, quienes realizaron un recorrido casa por casa para escuchar y atender las necesidades de la comunidad en lo que se denomina la gran Misión Hogares de la Patria.

El viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del MPPE, informó que durante el contacto directo con la comunidad pudieron escuchar las necesidades y problemas de la comunidad así como atendieron a la población estudiantil de la Unidad Educativa Nacional Hipólito Cisneros el cual cuenta con una matrícula de 547 niños y niñas.

Asimismo, Guzmán indicó que gracias a un grupo de niñas valientes que decidieron hablar por toda la comunidad, los estudiantes serán beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como gozarán del beneficio de sistema de becas para que de esta manera continúen con el derecho que tienen todos y todas las hijas de la Patria.

“Se nos acercaron un grupo de niñas de la escuela, quienes de manera muy firme nos presentaron la problemática que afecta a su institución y a todos los que en ella estudian, siendo una de ellas los problemas de infraestructura y de comida, pues el Programa de Alimentación Escolar (PAE), no llega a esta juventud por lo que hemos acordado incorporar a todos estos niños y niñas en el sistema de becas así como el suministro de la comida para todos en la escuela para el inicio del próximo año escolar 2017-2018, además enviaremos un equipo de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) para que estos 547 niños y niñas puedan continuar con su derecho al estudio” detalló Guzmán.

Durante la Asamblea sostenida con miembros de la comunidad de El Cafetal en el Junquito, Jehyson Guzmán, exhortó a los presentes a continuar trabajando de la mano con el Gobierno Bolivariano que se hace presente en las comunidades, porque “cuando se trata de construir un sistema de gobierno que vaya de la mano con el Poder Popular, la comunidad debe defender los logros que se han logrado durante este proceso y por ello éstos mismo logros deben estar consagrados en la Constitución como derechos”.

Por su parte, la ministra de Agricultura Urbana, Érika Farías, señaló que el despliegue del Gobierno de Calle, sirve para visitar y chequear como están organizada las comunidades además que permite ir atendiendo todos los casos que son de carácter prioritarios.

“Estamos haciendo un recorrido integral para observar todas las problemáticas de las comunidades así como también estamos haciéndoles ver al pueblo que debemos recrear los logros que ha tenido nuestra revolución en 18 años, no podemos relacionarnos con lo que necesitamos y carecemos. Es el mismo pueblo quien debe recuperar y mantener las cosas que el Gobierno les suministra, el Poder Popular es quien debe transformar las cosas” explicó.

Ana Mena, vocera comunal del sector El Cafetal, señaló que la comunidad cuenta aproximadamente con mil 700 familias y la conforman cinco consejos comunales organizados, por lo que “me parece una buena iniciativa que el Gobierno Bolivariano se aboque a las comunidades y puedan vernos en atención directa lo que les permite ver las necesidades y carencias de nuestros sectores en los que aun existe la pobreza extrema”, apuntó.

(FIN//Texto: Prensa MPPE / Foto: Bonilla Garay)

El Gobierno de Calle se desplegó en el sector Tipetiripe de El Cafetal, en el kilómetro 12 de El Junquito.

Fuente:  http://me.gob.ve/index.php/noticias/82-noticias-2027/mayo/2932-estudiantes-de-la-uen-hipolito-cisneros-seran-beneficiados-con-el-programa-de-alimentacion-escolar

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Estados Unidos: Cómo afectaría el presupuesto de Trump a las escuelas de California y de todo el país

Estados Unidos/Mayo de 2017/Autor: Joy Resmovits/Fuente: Hoy

La propuesta presupuestaria del presidente Trump, publicada el martes, busca recortar el financiamiento para la educación en un total de $9,200 millones de dólares. El proyecto retiraría parte de apoyo federal, como el dinero para las Olimpiadas Especiales y una iniciativa de lectura, mientras que promocionaría los vales escolares y generaría ingresos para las escuelas charter.
Para la secretaria de Educación, Betsy DeVos, el plan es “una inversión histórica en los estudiantes de los Estados Unidos”. Para otros, es todo menos eso.

Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, lo consideró una “bola de demolición”; el superintendente de Instrucción Pública de California, Tom Torlakson, afirmó que “fallará”, y el último secretario de Educación de la administración de Obama, John B. King Jr., lo consideró como “un ataque al sueño estadounidense”.

A continuación, los puntos más importantes acerca de cómo afectaría la propuesta a las escuelas y los estudiantes de California y de todo el país.

  1. Habría grandes recortes en general, tanto para la educación K-12 como para la enseñanza superior

    Los $9,200 millones en recortes representan una caída del 13.5% del presupuesto de 2017, de $68.2 millones de dólares, del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Incluye una reducción de $2 millones a la Oficina de Derechos Civiles, el grupo responsable de hacer cumplir la ley de derechos civiles en las escuelas del país.

Los observadores no esperan que el Congreso apruebe el presupuesto en su forma actual, pero King, quien ahora dirige Education Trust, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que se enfoca en la equidad educativa, dijo que éste muestra los valores de la administración y centra la conversación en los recortes en lugar de las inversiones.

El gobierno está creando un comité para reformar el Departamento de Educación. Se espera que sus miembros presenten un proyecto de plan para finales de junio, que propondría “áreas para la reducción de personal”.

  1. Utilizaría parte de una fuente de financiación para niños desfavorecidos por la elección escolar 

    El programa federal conocido como Título I paga los servicios de los estudiantes de bajos recursos. La administración de Trump propone utilizar $1,000 millones de dólares en fondos del Título I para pagar un nuevo programa de elección escolar. El incremento de $550 millones del Título I que un reciente acuerdo presupuestario le otorgó a los estados se recortaría de la fórmula de financiación programada con regularidad. California recibió $1,740 millones de dólares de este programa para el año escolar actual.

Cambios en la mayor fuente de financiación federal escolar para los estudiantes pobres

Propuesta presupuestaria de Trump

  • Los estados obtendrán la mayor parte del dinero sin condiciones, pero se repartirían $1,000 millones de dólares en nuevas subvenciones, llamadas Furthering Options for Children to Unlock Success (FOCUS).
  • Las becas FOCUS solamente le darían dinero a los distritos escolares que utilizan los sistemas de inscripción abierta y los sistemas de financiación ponderados con base a las necesidades de los estudiantes individuales.

* Para calificar, estos sistemas de inscripción abierta tendrían que incluir a todas las escuelas, de distrito y charter, afirmó un funcionario federal.

Actualmente

  • Los estados reciben el dinero sin condiciones específicas, más allá de aquellas  escritas en la Ley Cada Estudiante Triunfa.

* El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se está preparando para construir un portal de inscripción abierta, pero el plan actual no incluye ninguna escuela charter o independiente.

  1. Convertiría un concurso de innovación en un incentivo de vales escolares

    La administración de Obama utilizó un programa llamado Investing in Innovation para ayudar a los estados a experimentar con nuevas ideas en educación. La propuesta presupuestaria reforzaría ese programa por $250 millones, pero la versión nueva alentaría a los estados a utilizar los fondos para crear o ampliar los programas de vales escolares.

California rechazó dos veces las propuestas de vales. “No veo que esto suceda aquí”, estimó el profesor de la Universidad de Stanford David Plank, acerca de la posible participación en un programa federal de vales.

La financiación federal para las escuelas charter aumentaría en $167 millones. El LAUSD ya cuenta con más escuelas charter que cualquier otro distrito escolar en el país.

  1. Los estudiantes universitarios en conjunto obtendrían menos ayuda para pagar sus estudios

El presupuesto consolidaría varios programas de condonación de préstamos estudiantiles en un solo programa, el cual limitaría el pago en un 12.5% del ingreso de los graduados y condonaría los saldos de los préstamos para alumnos de pregrado después de 15 años.

La propuesta eliminaría el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, pero los estudiantes actualmente matriculados no se verían afectados. También pondría fin a los préstamos estudiantiles subsidiados por el gobierno federal, lo cual significa que los alumnos universitarios deberían pagar intereses sobre el dinero que piden prestado del gobierno federal, incluso mientras están en la escuela.

Los estudiantes podrán acceder a las becas Pell para clases que puedan tomar durante los semestres de verano.

  1. Eliminaría una serie de programas

    El presupuesto eliminaría un programa de alfabetización de $190 millones, un programa de $2,300 millones para enriquecer la instrucción y el programa Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, de $1,200 millones, que ofrece opciones extracurriculares para los alumnos de escuelas desfavorecidas. También reduciría los programas educativos de las Olimpiadas Especiales, una medida que un funcionario público consideró como un sacrificio duro pero necesario.

    La administración justifica estos recortes diciendo que dichos programas están duplicados o no muestran evidencias de éxito.

  1. Las escuelas en las reservas indígenas y los estudiantes militares podrían salir perdiendo

El presupuesto eliminaría los pagos Impact Aid Support Payments for Federal Property, dinero que el gobierno federal entrega directamente a los distritos escolares que no generan impuestos a la propiedad, como aquellos que tienen estudiantes en las reservas indias o escuelas públicas en terrenos federales no gravables, como las bases militares. En California, cerca de 15 distritos escolares podrían verse afectados.

  1. Los recortes a otros organismos también podrían afectar a los niños

    Los estudiantes de bajos recursos y sus familias dependen del gobierno federal para conseguir ayuda para acceder a la atención médica, alimento y refugio. El presupuesto reduciría $193,000 millones en estampillas de comida. También recortaría  $800,000 millones en fondos para programas como el Children’s Health Insurance, Medicare y Obamacare. Sin embargo, el programa Head Start recibiría un pequeño aumento de financiación.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/latimesespanol/hoyla-lat-siete-puntos-importantes-sobre-como-afectaria-el-presupuesto-de-trump-a-las-escuelas-de-california-y-20170524-story.html

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