Chile tiene la tasa de escolarización en la educación superior más alta de América Latina, equivalente a Australia, y superior a Estonia y Gran Bretaña. Así lo deja de manifiesto el informe 2016 Educación Superior en Iberoamérica editado recientemente por CINDA, Centro Interuniversitario de Desarrollo, cuya directora ejecutiva es María José Lemaitre.
Otro dato es que, en materia de educación superior, Chile figura como el país con la mayor cobertura del quintil más pobre, y un nivel de desigualdad reducido. Al respecto, Lemaitre explica que “la participación del quintil más rico es 2.3 veces la del quintil más pobre, lo que contrasta con cifras de 9,3 para Brasil, o 13,0 para Uruguay”.
En cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, el informe de CINDA señala que Chile tiene una legislación adecuada, la cual establece que el Estado debe concurrir con ayudas y recursos humanos, materiales o pedagógicos. “En la práctica, si bien hay algunas becas y recursos para proyectos, la inclusión sigue siendo una responsabilidad de las instituciones, con escaso impacto más allá de algunas acciones esencialmente en el campo de la infraestructura”, acota la presidenta de CINDA.
Consultada sobre lo que postula el informe en relación al aseguramiento de la calidad, tema sustancial de la reforma a la educación que se discute en el país, María José Lemaitre señaló que “Chile tiene una larga experiencia en el tema, que se ejerce a través del CNED (licenciamiento), la CNA (acreditación institucional, de algunos programas y evaluación de agencias) y agencias privadas (acreditación de carreras). Y el Ministerio de Educación participa con la recolección, análisis y difusión de información estadística. Luego de un período negro, de corrupción e ineficacia, la CNA ha logrado reconstruir sus procesos y dar garantía de seriedad en sus decisiones. Sin embargo, no ha sido capaz de hacerse cargo de los principales desafíos que comparte con otras agencias de América Latina: cómo hacerse cargo de la diversidad de instituciones, programas, modalidades, estudiantes, para dar cuenta de una calidad que tiene distintas características; cómo avanzar en la responsabilización creciente de las IES por la calidad (autonomía responsable vs obediencia a la agencia); cómo profesionalizar el trabajo de la agencia, integrándose a la experiencia internacional, y a los criterios de buena práctica que rigen el AC en el mundo, y cómo regular las agencias privadas, asegurando la consistencia y el cumplimiento de principios y orientaciones de fondo, y no solo o principalmente formales», indicó.
Otras materias
En ciencia y tecnología, otro de los aspectos analizados en el informe, se muestra que en Chile, como en otros países de América Latina, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico son mayoritariamente tarea de las universidades. “El 65% de los investigadores está en las universidades, y aunque son pocos en número (casi 6.000, comparado con 37.000 en Argentina, y 106.000 en Brasil), tienen el tercer lugar en productividad científica medida en publicaciones en SCI por cada cien mil habitantes. El nivel de inversión en I+D, sin embargo, es muy bajo: El gasto total en IES por alumno incluyendo I+D es 7.960 dólares al año; excluyendo I+D, el gasto es de 7.600. Esto contrasta con países como Portugal, donde las cifras equivalentes son 9.200 vs 4.900”, puntualizó Lemaitre.
Como conclusión, María José Lemaitre dijo que “resulta interesante verificar que, respecto de Chile, en muchos casos, el informe muestra una situación bastante más equilibrada que la que se suele difundir en el discurso nacional sobre educación superior: el sistema tiene tasas de cobertura elevadas, con un bajo nivel de desigualdad, al menos en cuanto a la cobertura”.
El libro Educación Superior en Iberoamérica: Informe 2016, cuyos editores son José Joaquín Bruner y Daniel Andrés Miranda, se enmarca en el proyecto creado en 2016 por CINDA en asociación con Universia, destinado a generar y publicar información sobre la educación superior en la región y que cuenta con dos publicaciones anteriores ( 2007 y 2011), siendo considerados como única fuente sistemática de Educación Superior en la región.
En el actual participaron 21 países, constituyendo una base esencial para el diseño y evaluación de políticas, tanto a nivel nacional como institucional.
Los países participantes fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Guatemala, México; Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Para fines de comparación internacional, se incluyen datos de cinco países de altos ingresos: Australia, Canadá, Estonia, Gran Bretaña y Corea.
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