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Guatemala / www.es.pamanpost.com / 27 de Diciembre de 2016

Por Roberto Dardón

Muchos nos hemos preguntado alguna vez que utilidad pueden tener los ejércitos. En el caso guatemalteco, la institución castrense es incondicionalmente amada u odiada ―en forma desaforada y visceral― pues la percepción de afinidad u hostilidad dependerá de razones estrictamente personales. Particularmente he notado estos extremos entre los estratos sociales más y menos educados. Sin embargo, hay algunos —en especial entre el medio urbano menos instruido— que perciben al uniformado de una forma más neutral; como sí pertenecer a la institución fuera una suerte de castigo para los descarriados que necesitan ser corregidos.

Con todo, el resto de la población —en particular la del medio rural que más sufrió los embates de la fase más compleja del enfrentamiento armado interno ocurrido en Guatemala entre 1977 y 1990— la percepción de las fuerzas armadas no deja de sorprender por su amplio respaldo popular. Este fenómeno no deja de llamar la atención, puesto que desde hace décadas la incansable campaña que busca desacreditar a los militares guatemaltecos no ha dejado de crecer en intensidad y agresividad.

A partir de esta entrada, en la que cuento con la asistencia magistral de la Capt. As. Lucila Sierra González (B. A. en Arqueología, USAC) curadora del Servicio de Historia Militar—Museo del Ejercito de Guatemala— quiero centrarme concretamente en lo que han recibido los pueblos de Guatemala; a cambio tener una institución como el Ejército de Guatemala. Por eso en la presente entrada dejaré momentáneamente de lado su mandato histórico y constitucional: proteger y defender a la Nación Guatemalteca de sus potenciales agresores externos y/o internos (Art. 244 y 245 de la Constitución Política de la República de Guatemala).

En síntesis, puede concluirse que el aporte del Ejército guatemalteco a los pueblos que componen nuestra nación puede destacarse en tres elementos de carácter patriótico: la instrucción (transformada en educación formal y técnica), las comunicaciones (convertidas en oportunidad de crecimiento económico) y la asistencia comunitaria (desde el ámbito sanitario hasta la contingencia de desastres). Para el presente artículo ofrezco algunos datos curiosos sobre el apoyo castrense en materia de instrucción y educación durante la época previa a la revolución de 1944.

En distintos grados y magnitudes, dichos componentes han estado relacionados al Ejército guatemalteco desde los albores de la Primera República o período conservador (entre 1847 y 1870). En aquel tiempo, se recompensaba a quienes habían cumplido su servicio militar con un estipendio complementario a su retiro, siempre y cuando al regresar a lugar de origen, proyectara lo aprendido en el cuartel en beneficio de su comunidad.

Sin embargo, esta praxis quedó institucionalizada dentro del ordenamiento jurídico a principios de la Segunda República o tercer régimen liberal (1871-1885), cuando se habilitaron las primeras escuelas de educación primaria dentro de los cuarteles. Ejemplos donde la tropa recibió los rudimentos de la alfabetización se encuentran tanto en la literatura costumbrista (como los trabajos del finado periodista chapín Héctor Gaitán Alfaro) como en los ensayos historiográficos más rigurosos (como el caso de historiador italiano Piero Gleijeses).

A finales del siglo XIX y principios del XX, el déficit de preceptores y pedagogos civiles era tan notorio que —en virtud al espíritu positivista de la época—se aprovechó el personal con formación académica y militar formado en la Escuela Politécnica, nacida en 1873. Algo después, durante la administración del Presidente General José María Reina Barrios (1892-1898), quedaron incorporados algunos cursos militares como el manejo de fusil, armamento y orden cerrado al pensum de estudios en los institutos nacionales masculinos. De acuerdo a Sonia Alda Mejías (Ph.D. de Historia, Fund. O&G) la educación [en tiempos del liberalismo positivista], era «el bautismo de la civilización” [donde] el ciudadano sería capaz “de comprender sus deberes, […] derechos, […] intereses [y] de conducirse i(sic) vivir bajo el imperio de la libertad» (Alda, 2000, p. 301).

No obstante, ante el aumento demográfico en la primera mitad del siglo XX, la demanda de profesionales en el ramo educativo aumentó, sin que su oferta realmente llenara este requerimiento. La escasez de personal magisterial calificado, así como su eficiencia, puso en aprietos a los gobiernos en tiempos de nuestros ancestros más cercanos. Por esa razón el Estado tuvo que seguir apoyándose en los militares para administrar y enseñar dentro de los planteles de educación pública. Por eso la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública —apoyándose en el despacho de la Guerra— tuvo para nombrar oficiales graduados de Escuela como directores académicos y administrativos, así como personal docente. En este sentido los motivos concretos para obrar de esta forma se debieron a dos razones, una de carácter institucional y otra de carácter civilista.

La primera fue durante la década de los veintes y los treintas; muchos elementos del gremio magisterial —los mismos maestros— se quejaban que el comportamiento de los alumnos; tanto normalistas como de los institutos nacionales, rayaba en la anarquía; por cuanto las solicitudes habrán sido rápidamente atendidas. En el segundo caso, de acuerdo al testimonio de un testigo de la época, hubo jóvenes que —a título personal—solicitaron la militarización de los institutos públicos a principios de la época del Presidente General Jorge Ubico Castañeda (1931-1944). Este dato fue proporcionado por el venerable Teniente y Doctor don Jorge Martínez del Rosal Alburéz, nacido en 1924 (CC. 831 y Ph.D. en MVZ, UNAM).

Cuando mi señora abuela, Profesora, Marta Camey Herrera de López (n. 1922- m. 2015) y graduada en 1941 (Mtrª. de Ed. Prim. – Instituto Nacional Central para Señoritas de Belén) compartió con este servidor sus recuerdos de juventud hace algunos años; corroboró que el modelo de la educación militarizada era sumamente estricto, pero altamente eficaz (Dardón, 2013, pp. 61-78). Fue ella quien contó que ―en tiempos del General Ubico―, se incorporó la calistenia como parte del pensum de estudios en el «colegio de Belén». Esta disciplina, precedente inmediato de los cursos de educación física, tenía sus orígenes en la formación física militar. Para aclarar dudas sobre sus lealtades personales, mi finada antepasada siempre se consideró como una maestra «revolucionaria del 44».

Siguiendo con las impresiones de la Capitán Sierra González, cuando se inició el proceso de militarización en las escuelas normales, institutos públicos civiles e incluso colegios privados —v. gr. el Instituto «Modelo»—; fue uno de los centros educativos que solicitó a la Secretaria de Estado en el despacho de la Guerra (precedente del actual Ministerio de la Defensa Nacional) la adopción del régimen de militarización por aquel entonces. Para efectos prácticos, se nombraba a un instructor militar que impartiera la catedra asignada dentro del plantel. Generalmente el oficial nombrado como instructor se mantenía de alta en el cuartel más cercano al centro educativo, por lo que recibía entonces su sueldo ordinario del Ejército. En estas circunstancias el oficial se vería en la necesidad de compartir su tiempo de servicio militar con la función civil.

Un ejemplo, particularmente conspicuo, fue el caso del General de División Jose María Orellana Pinto (luego Presidente de la República, 1922-1926), cuando ocupó el puesto de director del Instituto Nacional Central de Varones entre 1902 y 1904 teniendo también la responsabilidad de la Jefatura del Estado Mayor Presidencial (Rodríguez Beteta, 1980, p. 57; Mérida González, 2003, p. 34). Sí concentramos la atención en cómo se conducían nuestros padres, abuelos y bisabuelos (para quienes tuvimos la dicha de conocerlos) durante nuestros años de crianza; caemos fácilmente en la cuenta que la disciplina, orden y civismo fueron el “pan nuestro de cada día” de nuestros ancestros más inmediatos.

Aunque haya quienes se empeñen en hacer «las de los tres monos» (¡que de sabios no tiene nada!), rezongando su extremada frustración y obtusa antipatía frente a los uniformados, cabe preguntarse: Sí la educación militarizada solo enseñaba a marchar con fusil y crear autómatas, ¿cómo fue que después de la caída del régimen liberal, no se buscó extirpar el «militarismo autoritario» a favor del «civilismo democrático»? como ocurrió, aparentemente, en el caso costarricense. ¿Por qué entonces una institución «tan mal vista» (según sus detractores) no solo permaneció en el tiempo y el espacio, sino que profundizó su campo de acción directa sobre la población civil, particularmente la rural?

En la siguiente entrada, se ofrecerán algunas consideraciones sobre la continuidad del Ejercito en su labor de proyección y permanencia dentro del imaginario popular de los años posteriores a las transformaciones políticas y sociales de mediados del siglo XX.

Fuente: https://es.panampost.com/editor/2016/12/22/el-innegable-respaldo-popular-al-ejercito-de-guatemala/