América del Norte/México/22 de noviembre de 2016/Fuente: insurgencia magisterial
Maestros que laboran en Escuelas Telesecundarias de Veracruz, denuncian que autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, se encuentran realizando negocios económicos para su propio beneficio, aprovechándose de los puestos que ocupan.
Compartimos la denuncia que nos envían, guardando el anonimato que nos solicitan.
Hechos:
Se les ordenó a las escuelas, comprar a las Jefaturas de Sector todos los exámenes de cada bimestre para evaluar a la totalidad de los estudiantes.
Cada examen, los Sectores lo están vendiendo en 7 pesos. Fácilmente se puede multiplicar esta cantidad por el total de materias que se cursan en un bimestre y luego multiplicar esa cantidad por 5 que es el total de bimestres en los que esta dividido el ciclo escolar. La cantidad resultante se multiplica por el total de alumnos de una escuela para darse una idea de la cantidad que la escuela debe aportarle obligatoriamente al Jefe Sector. Luego se puede sumar la cantidad que aporta cada escuela de un Sector y con ello dimensionar el tamaño del “negocio”.
Por si esto fuera poco, el Sector está obligando a las escuelas que el pago sea por adelantado, es decir, que las escuelas paguen lo equivalente a 5 bimestres de exámenes para todos los alumnos durante el primer bimestre.
Ante la resistencia de los maestros de Telesecundarias para no prestarse a este “negocio”, las autoridades les hicieron llegar un documento oficial con débiles argumentos pedagógicos para obligarlos a pagar, el cual compartimos con nuestros lectores.
Los denunciantes puntualizan que esto viola el precepto de gratuidad de la educación y atenta contra el derecho a la educación. Recuerdan que los Apoyos técnicos, tanto de Sectores como de Zonas reciben un salario de la Secretaría de Educación, por ello, no se puede argumentar algún pago por la realización de un trabajo relacionado con sus funciones.
Solicitan a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, ordenen detener este negocio, se devuelva el recurso económico a los padres de familia y se sancione a los involucrados.
Europa/España/22 de noviembre de 2016/Fuente: fundacionamigo
La Plataforma de Infancia, conjunto de organizaciones sociales del que Fundación Amigó es entidad miembro, ha solicitado que se tome medidas urgentes para afrontar la situación de crisis que viven los niños y niñas en España. “Hemos perdido un año ante la ausencia de gobierno y los principales problemas que afectan a la infancia no se han podido abordar en la agenda política”, afirma el presidente de la Plataforma, Adolfo Lacuesta Antón. “Esta circunstancia ha paralizado la aprobación de nuevas políticas sociales y ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas y de sus familias”, lamenta Lacuesta.
En este sentido, la Plataforma de Infancia demanda al gobierno, en el marco de la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, medidas urgentes para garantizar que la población infantil deje de ser la más vulnerable en España. Para ello, presenta una agenda institucional con 5 compromisos mínimos que entregará próximamente a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat i Montserrat, con el fin de que se tomen en cuenta en el inicio de la presente legislatura y, muy especialmente, durante el debate de construcción de los Presupuestos Generales del Estado 2017:
Aumentar de la inversión en protección a la infancia hasta llegar a los índices de media de la Unión Europea.
En España se invierte menos en infancia que en los países de nuestro entorno. En concreto, la inversión en protección se sitúa en 1,3 % del PIB muy por debajo de la media de los índices de la Unión Europea (UE) cuyo porcentaje del PIB se sitúa en un 2,4%. Como referencia, señalamos el periodo de 2010 a 2014 en el que España registró una importante reducción sobre la inversión en infancia hasta alcanzar el 14,6%. En concreto, la inversión en políticas de infancia que las administraciones públicas hacen por niño disminuyó en más de 6.300 millones de euros en el mismo periodo.
Aumentar la prestación por hijo a cargo comoprincipal herramienta para reducir la pobreza y la exclusión social infantil.
La gran mayoría de países de la UE tienen una prestación por hijo a cargo y su carácter es universal. España por su parte, es el segundo país de la UE con la prestación por hijo a cargo más baja y no universal. Actualmente la dotación es inferior a 24,25 euros al mes por hijo en las familias con rentas más bajas. Dicha prestación es imprescindible para familias con estas circunstancias pero altamente ineficiente ya que no logra sacar a los niños y niñas del riesgo de pobreza. Si se incrementa esta prestación hasta los 100 euros al mes, es decir 1.200 euros al año, así como incrementar los umbrales de familias que perciben esta prestación, supondría sacar a más de 630.000 niños y niñas de la pobreza relativa y otros tantos de la pobreza severa, según datos del estudio por Save The Children.
Desarrollar una ley integral para combatir la violencia que sufre la infancia y que se garantice la reparación de sus derechos, incluidas normas vinculadas a su aplicación por las diferentes Comunidades Autónomas, tal y como recomienda el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus Observaciones finales de 2010 a España.
Garantizar el derecho de los niños y niñas a participar, escuchando sus opiniones en todo aquello que les afecta y estableciendo canales estables para su participación en el desarrollo de planes y leyes que les afectan, especialmente en el Plan Estratégico Estatal de Infancia y Adolescencia o en las Comisiones de Infancia del Congreso de los Diputados y el Senado.
Compromiso por asumir un Pacto de Estado por la Infancia para alcanzar un consenso que asegure que ningún niño o niña viva en España en situación de vulnerabilidad a pesar de las situaciones de crisis. Pedimos para ello conocer:
El gasto que realizan todas las Comunidades Autónomas en materia de infancia.
Las partidas específicas destinadas a los niños y niñas en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de generar un acuerdo que facilite una mejor cooperación entre todos, una mejor inversión de los recursos.
Creación de un fondo social de reserva que garantice la inversión en infancia.
Con estas medidas la Plataforma de Infancia reclama al gobierno que los niños y niñas empiecen a ser una prioridad en la agenda política de esta XII legislatura que se inicia y recuerda al presidente de gobierno que los problemas de los niños y niñas pueden solucionarse si existe voluntad política. “No sigamos postergando sus problemas ni condenando a una generación que tiene mucho que ofrecer a España”, afirma Lacuesta.
América del Sur/ Colombia/22 de noviembre de 2016/Fuente:el universal
Surgió de las más de 500 propuestas que presentaron los representantes del “No” liderados por los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana,
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron el pasado sábado el nuevo acuerdo “definitivo” que reestructura el que estuvieron negociando por más de cuatro años en La Habana y fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
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Esta modificación surgió de las más de 500 propuestas que presentaron los representantes del “No”, liderados por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, que concluyeron en 57 temas, de los cuales 56 fueron tomados en cuenta. El único punto que no se modificó fue el que hace referencia a la participación política de las FARC.
Desde el principio de la campaña el “No” luchó en contra de los acuerdos porque estos generaban “impunidad” y daban más “beneficios” al grupo guerrillero que a las víctimas. Por ende, en estos puntos fue enlos que recayó el mayor tiempo de negociación.
Otros tópicos que también fueron cambiados en el nuevo texto, se ubican en el primer y último punto del acuerdo anterior que hacen referencia a la reforma rural integral, y a la implementación y verificación de los acuerdo, respectivamente.
Anteriormente, se estimó que todas las tierras que habían sido usadas por las FARC para cultivos ilícitos, serían recuperadas por el Estado, y convertidas en terrenos productivos. Sin embargo, en este nuevo ejemplar se aclaró que este procedimiento -de estudiar los campos- será llevado exclusivamente por expertos agrarios, mientras que, las actividades de siembra las realizará el mismo campesinado. Los procedimientos para distribución de estos terrenos, estará guiada por la legislatura colombiana actual, para evitar violar la propiedad privada.
Con respecto a la implementación y verificación, se acordó que el pacto no será llevado a la Constitución para garantizar su cumplimiento, como lo indicaba el anterior, sino que el compromiso quedará en la “buena fe” de las partes. Asimismo, aun esta por definirse si este acuerdo será refrendado en cabildos abiertos, por el Congreso o en un plebiscito.
Igualmente, se eliminó la asignación de curules a dedo tanto en el Senado, como en el Congreso, se implantó que además de las armas las FARC deben entregar sus bienes para “reparar a las víctimas”, se modificaron las sanciones a los guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y se mantendrá el Tribunal Especial para la Paz (TEP).
Los cambios más importantes en los acuerdos de paz son:
Justicia
Con respecto al tema de la justicia transicional, ubicado en la quinta parte del acuerdo anterior denominada “Las víctimas” se mantendrá el Tribunal Especial para la Paz (TEP), y la Jurisdicción Especial para la Paz (EJP), con un límite de funcionamiento de 10 años. La variación es que los magistrados deberán ser colombianos, y los extranjeros sólo podrán observar, aceptando la intervención de la Corte Constitucional, luego del procedimiento correspondiente.
Con respecto a la restricción efectiva de la libertad, que proponía sanciones sin limitaciones de movilidad, en esta nueva edición se plantea que el TEP deberá indicar en que espacio cumplirán sus penas los guerrilleros, el cuál no debe ser mayor al de una vereda (la división rural más pequeña de Colombia) y en que horario se pueden movilizar dentro o fuera de ella, así como también las actividades que van a desarrollar durante la condena.
Víctimas
La crítica quizá más contundente que dieron tanto los colombianos, como los principales promotores del “No” a los acuerdos de paz fue la “poca importancia” que se le dio a las víctimas.
Anteriormente, las FARC retribuirían a los afectados declarando ante el TEP todos los crímenes cometidos, y a su vez comprometiéndose a no recaer en algún delito. Sin embargo, ahora las FARC además de dar su palabra, deberán entregar todas sus armas –aspecto planteado en el tercer punto del acuerdo anterior, denominado “Fin del conflicto”- y bienes en 180 días al Estado para que este los asigne a la “reparación de las víctimas”, de la manara que este considere conveniente.
En esta repartición se dará prioridad a las mujeres, y a las familias.
Política
El punto de la participación política de los rebeldes ante el Senado y el Congreso, es el único que se mantiene casi intacto.
Lo que se modificó de este aspecto ubicado en el segundo punto del acuerdo anterior“Inclusión política de las FARC”, fue la asignación de curules a dedo, pues ahora el partido político que surja de ese movimiento deberá participar en los procesos electorales para asegurar una representación mínima en el Congreso, donde tendrán 10 espacios garantizados.
Por otra parte, no podrán participar como candidatos en las 16 circunscripciones que abarcan las zonas afectadas por el conflicto armado, y se les redujo en un 30% la financiación del partido.
Se mantiene que los que hayan pasado por el TEP podrán participar en las elecciones.
Si deseas leer el nuevo acuerdo de paz El Universal te lo muestra aquí
Para leer las modificaciones y aclaratorias haz click aquí
Asia/Siria/22 de noviembre de 2016/Fuente: antena3
Una lata de atún ha pasado de costar 2 a 10 dólares en el este de Alepo. La dificultad para tener electricidad incrementa la falta de agua que se consigue a través de bombas. Tampoco hay combustible y los hospitales operativos son escasos como el personal que en ellos actúa. Con este panorama desolador Unicef alerta de que podría producirse «un brote de desnutrición» entre los 80.000 niños que están atrapados en esa zona de la ciudad siria.
El Fondo de la ONU para la Infancia ha expresado su preocupación por la posibilidad real de que se produzca un «brote de desnutrición» entre los alrededor de 80.000 niños que se encuentran atrapados en el este de la ciudad siria de Alepo de seguir la situación de asedio y no poder hacer llegar ayuda.
Según ha explicado Gianluca Buono, coordinador de operaciones de Unicef en Siria, hasta la fecha no se tiene constancia de que haya casos de desnutrición dentro del este de Alepo, la zona controlada por los rebeldes y asediada por las fuerzas sirias, pero «si sigue así la situación, con falta de acceso a carne y verduras, nos preocupa que pueda producirse». «Las reservas de comida se están terminando», ha alertado.
La situación en el este de Alepo es «terrible», ha reconocido, entre otras cosas porque los elevados precios de los alimentos, una lata de atún ha pasado de 2 a 10 dólares, por ejemplo, y la falta de suministro de los mismos dificultan el que los habitantes puedan alimentarse adecuadamente.
A esto se suma, el que hay pocos hospitales y clínicas operativos y los que funcionan carecen de personal suficiente y de medicinas. Como resultado de ello, según Buono, «hay niños en condiciones críticas que están siendo rechazados porque no hay personal para atenderles».
Otro de los principales motivos de preocupación para Unicef es la falta de agua, ya que el suministro en el este de Alepo depende de bombas para las que hace falta electricidad, algo que no siempre está disponible.
También hay falta de combustible, lo que impide en ocasiones recurrir a generadores. «Tenemos miedo de que los niños y sus familias tomen agua de pozos contaminados», ha reconocido. A este dramático panorama hay que añadir ahora la llegada del invierno.
Según el responsable de Unicef, por el momento las temperaturas no han caído en exceso pero lo harán en las próximas semanas. La agencia de la ONU ha elaborado una «estrategia de invierno para todo el país», que incluye la distribución de ropa de abrigo y mantas, así como vales para que las familias puedan adquirir ropa en determinadas tiendas.
Mинистр образования озвучил планы масштабных изменений: со следующего года предполагается предоставить абитуриентам возможность сдавать не три теста, а четыре; с 2019 года вводится независимая аттестация за 9-й класс; еще через год — национальный экзамен за 11-й. С 2020 года ожидаются новые правила поступления в вузы, а итоги ЦТ предполагается сделать действительными в течение двухлетнего срока. О самой форме тестирования спорят уже давно — эффективно оно или нет, как лучше проверять знания абитуриентов? А может, пора вернуть “старые добрые” устные экзамены по всем предметам? Об этом рассуждают наши эксперты.
Валентина Леоненко, кандидат исторических наук, доцент Проверка знаний в виде теста удобна — она позволяет оперативно выявить, насколько хорошо или плохо ученик усвоил материал. Но делать масштабное тестирование по предметам итоговым этапом контроля уровня знаний по окончании школы — это было и остается крайне спорным и неоднозначным решением. Конечно, можно возразить, что в России уже не первый год существует практически аналогичная система — ЕГЭ и мы не придумали ничего нового, скопировав образец. Но нужно ли говорить о том, насколько российское общество недовольно этим единым государственным экзаменом? Против выступают не только родители, но и многие преподаватели. Централизованному тестированию у нас исполнилось уже более десяти лет (первый опыт был в 2005). В качестве обязательного испытания оно было утверждено в 2008 году. Сейчас именно суммарные баллы, полученные на ЦТ, определяют поступление в высшее учебное заведение. По прошествии времени можно делать определенные выводы о том, насколько эта система оправдала или не оправдала себя и чего в ней больше — пользы или вреда. И, как мне кажется, отказ от годами испытанной советской экзаменационной модели был ошибочным
Посмотрите, как стремительно сокращается процент гуманитарного знания в учебном процессе. В советское время в вузах он составлял 25% от всех учебных дисциплин. Сегодня этот показатель не превышает 6—8%. В итоге у молодежи наблюдается косноязычие, неумение высказывать и грамотно формулировать мысли. Формируется так называемое клиповое сознание. И, как мне кажется, в этом процессе огромную отрицательную роль, помимо всего прочего, играет и ЦТ. Начнем с того, что, когда человек отвечает устно, он развивает мышление, обогащает лексикон понятиями и терминами. Тесты же закладывают знания в прокрустово ложе, чтобы их удобно было изображать схематично. Для того чтобы “угадать” ответ, нужно не думать, а просто зубрить.
Тестирование — это всего лишь одна из форм оценки знаний, оно имеет право на существование. Но нельзя возводить его в абсолют, потому что подходит оно исключительно для математики, физики и химии. Сдача литературы, истории и всех прочих предметов гуманитарного цикла в виде тестов сводит на нет все усилия учителей-предметников. Получается, мы одинаково оцениваем и того, кто всего лишь имеет “усеченное” представление о художественном произведении или историческом событии, и того, кто имеет глубокие знания? О какой объективности тогда может идти речь? Существует и еще один немаловажный момент — бывают ситуации, когда человек попросту теряется от стресса. На устном экзамене у него есть возможность реабилитироваться. На тестировании же это невозможно. В свое время мы чуть было не разрушили советскую систему образования, которая была лучшей в мире. И на ее обломках стали строить то, что было заимствовано из мирового опыта (в данном случае западного). А сейчас уже начинаем понимать, что не все то золото, что блестит. В любом процессе важен конечный результат. И если сравнивать, то разница ощутимая. Например, в СССР в 20-е годы 76% населения было неграмотным, а потом стало самым читающим обществом в мире. Сейчас, используя “новые” достижения мирового образования, мы скатились к тому, что многие студенты хорошо считают, отлично владеют компьютерными технологиями, но совершенно не интересуются ни литературой, ни культурой и даже читают по слогам.
Непонятно, почему в ответ на мои сомнения в честности тех или иных экзаменов мне отвечают, что нельзя делать заявления, не имея доказательств. Но вот вам элементарный пример — в каждом магазине и на рынке есть контрольные весы. Если есть желание проверить, не обманули ли вас, продавец не станет тут же кричать про клевету и грозить судом. На рынках за качеством продукции следят и руководство, и санэпидемслужба. Но покупатель имеет законное право усомниться в качестве. И тоже никому не придет в голову возмущаться: “Мамой клянусь, у меня все без обмана!” Любые современные системы стараются выстроить так, чтобы даже не возникало сомнений в честности, а вероятность ошибки или злоупотребления была сведена к минимуму. Например, за банковскими переводами можно следить в онлайн-режиме. В общем, это нормально и правильно, когда работу делают одни, экспертизу другие, а контроль третьи. В случае экзаменов нужна такая же схема — прозрачность и доступность информации, когда в ответ на любые сомнения администрация учебного заведения предлагает провести независимую проверку фактов, которые породили эти сомнения, а не “вызывает на дуэль”.
As it currently stands, less than 13% of the UK’s primary school teachers are male. A lot of this is down to the fact that primary teaching continues to be seen as a job only suitable for women. “Feminine” characteristics such as “caring” are seen as central to the role, and Western society mainly still envisions that it is only women – and not men – who possess such qualities.
So here lies part of the problem. While women have long been rightly told that they can be what they want to be – that they can enter into traditional “men’s work” – and to not let their gender prevent them from doing so, we have not seen the same push for men. Indeed, men who do enter into so-called “female” professions often report challenges to their masculinity. They are often labelled by society as “gay”, “unmanly”, or even as sexual predators.
It has also been suggested that more men are needed in the classroom to enforce “tougher” discipline, with women stereotyped as having a more “liberal” style when it comes to classroom management. But recent research actually shows that women also use “tough” discipline, just like men.
Talk the talk
Although previous research has examined “teaching” from a gender perspective, male teachers’ linguistic behaviour – how they interact with the children they teach – remains largely ignored. And with this in mind, I have recently conducted research into three London Primary schools – looking at how male and female primary school teachers actually interact with their students in the classroom.
Collecting data from both male and female teachers across several days of teaching, it was shown that both men and women use “masculine” strategies to carry out classroom management. This includes the use of direct orders and strict discipline.
Forget the stereotypes, women can be just as tough as the men in the classroom.Shutterstock
And despite popular assumptions, it was shown that both men and women also use “feminine” or more “liberal” styles to discipline their students, with great success. This included softening criticism, mitigating orders and hinting at bad behaviour. In fact, it was men who were shown to do this more than women – showing how both male and female teachers use the stereotyped language style of the “other” sex. And this was also shown to be the same in earlier research I carried out looking at the linguistic behaviour of male nurses.
This strongly points to the need to move away from the stereotype that women linguistically behave in one way, and men in another. Gender is a “cultural construct”, and language is something we use to “perform” our identity. We can be both masculine and feminine, depending on what our current context requires, or even demands.
So what these teachers are doing is simply using speech styles that are effective. They are “doing” being an effective teacher, and gender should not be seen as a prerequisite for this effectiveness. Teachers must adapt their styles to suit both the situation in the classroom – and the child they are working with. This is what makes an effective teacher, and this is far more important than teacher gender.
Tackling gender roles
So while it is clear that we do need more men in the classroom, this is not because they can offer something women teachers cannot. Qualified male teachers are simply needed to tackle the deficit of primary school teachers that Britain – like so many other countries – is experiencing.
We just need more teachers … male or female.Shutterstock
But this is not an easy task because primary school teaching is still seen as “women’s work” – which can often act to deter men from taking up the role. This can only be tackled if the longstanding assumptions that men and women cannot, or should not, undertake certain roles because of their gender are challenged.
Jobs, and all that they entail, must be de-gendered. And current research, including my own, may enable us to take a step towards this goal – and encourage more men to become primary school teachers.
Many academics, including myself, have explored why free higher education is not economically viable in South Africa.
Money is not the only issue, though. Quality also matters. And the two go hand in hand. Students have hastened to conflate free education and access to quality education. But introducing free university education will not magically grant students access to quality education, nor employment in the marketplace. There’s a lot of work to be done to achieve this. And in my view this should take precedence over doing away with university fees.
This work will not only involve universities as institutions.
The starting point must be to improve the quality of basic and secondary education. South Africa’s basic education system faces serious problems and has done so for years.
Added to this is the fact that universities have become increasingly bureaucratic as well as driven by the need to raise money from fees. This makes them ever more expensive and beyond the reach of the vast majority of South Africans. Universities must return to their core business of teaching, research and learning rather than focusing on profit margins.
And, last but not least, there needs to be a shift in students’ attitudes: they must begin to value their access to universities.
Basic education is a mess
The basic education system compares poorly with others on the continent. It fares even worse when compared globally.
The country has too few teachers; those who are in classrooms are frequently under qualified and perform badly. Teacher to pupil ratios are extremely high and many public schools – particularly those in rural areas – lack even basic infrastructure like desks and books.
Against this backdrop, the relatively small number of students who eventually manage to enter university education are naturally ill-equipped to handle the complex nature of knowledge construction at a tertiary level. They struggle with literacy and numeracy and are in no way ready to tackle university assignments.
So, fundamental change must happen in the basic education sector. It’s no use making higher education free for all if those entering the system are not able to cope with its demands.
Universities aren’t corporate houses
While it is necessary to overhaul the basic education system, South Africa needs to also transform its educational institutions and make them affordable.
This will involve not just equipping students with the skills the country needs, but also making degrees affordable. The cost of higher education in South Africa has risen phenomenally in the last two decades.
According to a 2016 survey, a standard Bachelor of Arts or Bachelor of Social Science costs anywhere from R14 000 to an average of around R35 000. This is far beyond the reach of most South African households. By comparison, a standard Bachelor of Arts at one of Kenya’s biggest public universities currently costs the equivalent of R14 000 for a year.
Higher education must be seen to be within the reach of poor students who aspire to it. Universities are not corporate houses that need to be obsessed by profits and income. It’s not appropriate that they focus on things like «management and efficiency techniques and professional support for accountability, measurement, ‘product control’ and assessment» instead of teaching and research.
Corporatisation of the higher education system has led South Africa down the wrong path. Too much money is spent on paying senior managers and remunerating bloated administrative units.
With the ever-growing decrease in state funding for higher education, the universities are forced to depend on student fees, donor funding and other sources. There may be some justification that universities are profit driven to pay for the increasing costs of higher educational institutions.
But all this comes at a cost to students and the academic programme. It’s time to return the academic agenda – teaching and research – to the centre of university life.
Rethinking protest
It’s also important to remember that access to education is a two sided coin. It’s not enough for universities to open their doors; the people entering must also value their access. Yes, universities have a lot of work to do to ensure they are transformed. But there must also be a change in the culture of students.
Students must realise that South Africa is no longer fighting an external enemy like the apartheid system. Instead, citizens are fighting within a system of democracy. This means that the way the country protests needs to be rethought. In the past the means for legal protest weren’t easily available. There are now appropriate structures and institutions to seek redress and put pressure through peaceful protest and through democratic negotiations. The destruction of infrastructure that’s been seen at educational institutions in recent months will only deprive the future generations of access to education.
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