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México: Regresan a clases presenciales en IPN tras 22 meses de confinamiento

América del Norte/México/04-02-2022/Autor(a): Emir Olivares Alonso/Fuente: www.jornada.com.mx

De acuerdo con información de la casa de estudios, las labores académicas se retomarán gradualmente en sus 90 unidades académicas ubicadas en 24 entidades del país, donde estudian más de 221 mil alumnos en los niveles medio superior, superior y posgrado.

Del total de estudiantes politécnicos, se dio a conocer, este lunes retornaron a clases en las aulas 32 mil 574, en ambos turnos. El resto se mantendrá con clases a la distancia. Además, continuaron actividades 38 mil 600 docentes, investigadores y personal de apoyo y asistencia a la educación (PAES).

“Hoy es un día muy importante para el @IPN_MX, el regreso a clases presenciales constituye una etapa de recuperación y fortalecimiento de nuestro Instituto, después de un periodo de confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19. ¡Bienvenidos y les deseo todo el éxito!”, señaló en sus redes sociales el director general de la casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval.

Al inaugurar el ciclo escolar enero-junio 2022, Reyes Sandoval reconoció la resiliencia de la comunidad politécnica ante la pandemia y aseguró que el regreso a clases es impostergable, para contribuir al desarrollo académico de los estudiantes.

Las autoridades politécnicas detallaron que el regreso a actividades presenciales se realiza “bajo estrictas medidas sanitarias para preservar la salud de alumnos, docentes, PAES y personal directivo”.

La vuelta a clases, se detalló, se hará de manera escalonada. Es decir, si un grupo consta de 50 estudiantes, 25 estarán de forma presencial ciertos días y los otros 25 de manera remota. Y posteriormente a la inversa. La intención es “recuperar aprendizajes y el tiempo” que vio afectado debido a la pandemia.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/31/sociedad/regresan-a-clases-presenciales-en-ipn-tras-22-meses-de-confinamiento/

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El Salvador: Educación inicia año escolar 2022 semipresencial opcional por segundo año consecutivo

América Central/El Salvador/04-02-2022/Autor@s: Susana Joma / Jessica Orellana / Jonatan Funes/Fuente: www.elsalvador.com

La ministra Carla Hananía de Varela afirmó que el modelo semipresencial es flexible porque permitirá seguir trabajando desde o fuera de las aulas, además se cuenta con protocolo de bioseguridad.

Entre alegría, nerviosismo y medidas de bioseguridad para prevenir contagios, miles de estudiantes del sector público volvieron este lunes a las aulas. Las autoridades educativas, quienes inauguraron el inicio del año escolar 2022 en el Centro Escolar República de Honduras, de esta capital, afirmaron que se trabajará en modelo semipresencial opcional, por segundo año consecutivo.

“¡Llegó el día, aquí estamos!, dijo la ministra Carla Hananía, quien durante la ceremonia inaugural estimó que son alrededor de 1.3 millones de estudiantes del sector público y privado que están ya en las aulas.

Hananía de Varela también indicó que son 45,000 maestros, la mayoría de ellos formados y especializados en el uso de las plataformas, los que estarán atendiendo a los escolares bajo esta modalidad flexible, dado que está diseñada para adaptarse a cualquier eventualidad y a cualquier nivel de evolución de la pandemia.

“Es una modalidad semipresencial y opcional, utilizando las diferentes plataformas que hemos puesto a disposición de maestros y alumnos que son la radio, la televisión, las guías impresas, la plataforma de Google Classroom. En resumen la educación sigue y no se va a detener”, afirmó.

En las últimas semanas, dada la incidencia de casos de covid entre la planta de docentes y administrativos, gremios de profesores del sistema de enseñanza pública han insistido en que las clases deberían comenzar virtuales, porque según argumentan no todas las escuelas guardan las condiciones y recursos para cumplir los protocolos de bioseguridad.

Alumnos del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) de San Salvador inician el año escolar 2022 de forma semipresencial este 31 de enero.
Foto EDH / Jessica Orellana

Hananía de Varela sostuvo que se cuenta con un protocolo de bioseguridad y si se respeta este protocolo las aulas y las escuelas seguirán siendo seguras, porque se está adoptando la responsabilidad entre padres de familia, maestros, directores, ministerio de Salud y todo el personal del Ministerio de Educación.

José Tránsito García Gómez, director del Centro Escolar República de Honduras, expresó que en los últimos dos años la institución ha tenido mejoras en las instalaciones, así como en el equipamiento de docentes y estudiantes, de ahí que este año quieren enfocarse en impulsar fortaleciendo los valores como la responsabilidad, excelencia, equidad y el dominio de las herramientas informáticas, además de la lectura y matemática.

En otros centros de la ciudad los directores, profesores, padres y alumnos hicieron lo propio en el primer día de clases, retando las adversidades, como se pudo verificar durante un recorrido.

El Centro Escolar República de Costa Rica, el Centro Escolar República de Argentina y el Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), siempre de esta capital, son de los que están aplicando de forma estricta las medidas sanitarias: en las dos primeras instituciones se constató que no se permite la entrada a los padres de familia, mientras en el tercero se observó como los alumnos hicieron una fila para ingresar, se `puso en práctica el distanciamiento social y la aplicación del alcohol gel.

Natividad Vásquez Pérez se despide de su hija, Maritza Esmeralda Morales Vásquez, de 12 años, estudiante de sexto grado en el Centro Escolar República de Costa Rica. La madre dice que es mejor el estudio presencial y confía en que no se contagie ya que la menor tiene las dos vacunas contra el COVID-19. Foto EDH / Jonatan Funes

En opinión del profesor Hugo Canjura, director del INFRAMEN, los jóvenes han asimilado con con gran entusiasmo el regreso a clases: “La situación de la pandemia no podemos obviarla, por lo que hemos decido empezar con los primeros años”, recalcó.

Canjura precisó que determinaron dividir a los estudiantes en dos grupos, uno de ellos tomará las clases presenciales y el otro de forma virtual, dado que ahora tienen computadora y les es más fácil.

En el INFRAMEN también se pudo observar que en las aulas solo se permite 20 estudiantes, a cada alumno se le entregó una mascarilla, los pupitres están distanciados y los que no se pueden utilizar tienen una calcamonía como indicativo.

La opinión de los padres en torno al regreso a clases presencial está dividido. Este lunes, algunos padres se decantaron por la idea de que sus hijos tomen las clases presenciales y otros por la virtualidad.

Natividad Vásquez Pérez, de 41 años, quien llevó a su hija Maritza Esmeralda Morales Vásquez, de 12 años, al Centro Escolar República de Costa Rica, dijo que son mejores las clases presenciales y se mostró confiada de que su hija no se contagie. La madre contó que la escolar atenderá el sexto grado y según detalló tiene dos vacunas contra la covid-19.

Para Herber Rivera, de 57 años, otro padre de familia que llevó a su hijo Guillermo Rolando Rivera, de 15 años, al Centro Escolar República de Costa Rica, la opción es la  educación virtual. Según dijo este lunes será el único día que asistirá a la escuela de forma presencial para recibir las indicaciones, el resto del año estudiará desde casa para evitar que se enferme.

Aunque Guillermo Rivera ya tiene las dos dosis de vacuna anticovid, su padre señaló que muchos de sus familiares ya sufrieron la enfermedad y la variante ómicron, de ahí que no quiere que su hijo corra el mismo peligro.

María Guadalupe Hernández, de 33 años, quien tiene dos hijas en la Escuela Costa Rica (Luisa Michelle Hernández, de 7 años, y Brixia Adriana Hernández, de 11), dijo que “me da un poco de miedo pero ellas querían venir”. En este caso ambas están vacunadas.

María Guadalupe Hernández, de 33 años, acompaña a sus hijas, Brixia Adriana Hernández, de 11 años, estudiante de sexto grado, y Luisa Michelle Hernández, de 7, estudiante de segundo año. “Me da un poco de miedo pero ellas quieren venir. Ambas están ya vacunadas”. Foto EDH / Jonatan Funes

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/educacion-inicio-clases-semipresenciales-el-salvador-estudiantes/922532/2022/

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Argentina/Marcha 1F: «Venimos por la democracia, porque creemos en un país mejor»

Organizaciones políticas, sociales y judiciales se movilizaron frente a Tribunales para exigir la democratización de la Justicia.

A las cuatro de la tarde el sol pega fuerte en la plaza Lavalle. Las banderas de agrupaciones políticas y sociales ya están atadas en las vallas que rodean al Palacio de Justicia y un puñado de trabajadores de saco y corbata miran desde el otro lado, parados en las escalinatas, cómo de a poco llega la gente de todas direcciones a manifestarse en contra de la Corte Suprema de Justicia.

En la plaza, Sergio se para a posar para las fotos con su obra: un cartel-caja que él lleva con un palo y que representa a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sentados sobre un estrado, cada uno con una corona sobre sus cabezas y el símbolo Clarín a un costado. Cuando Sergio tira de una cuerda, el estrado se abre y revela a un buitre gigante con sus alas extendidas que en una de sus garras tiene tres ramas, una para cada supremo. “Estuve tres días para hacerlo y no lo terminé. Me faltó ponerles al cuello una bolsa de dinero”, dice el creador.

Mientras tanto, en Twitter, dirigentes de Juntos por el Cambio critican la movilización y la tildan de inconstitucional. “Son siempre los mismos los que se quejan, son los dueños de la Argentina. Si se quejan está bien, significa que les molesta, el pueblo en la calle les duele”, opina Sergio.

“Lo antidemocrático es lo que hace la Corte Suprema, los últimos fallos que hemos visto son completamente anticonstitucionales”, dice a El Grito del Sur Sofía Corradini, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju). “Nosotros creemos en el sistema de justicia y creemos también en las instituciones. Lo cierto es que si las instituciones se deslegitiman nosotros estaremos acá marcando nuestra postura”, manifiesta.

Fotos: Pedro Palacios

La marcha convocada para las 18 horas frente a Tribunales -y que se replicó en distintos puntos del país- se organizó bajo la consigna “Democratizar la Justicia” para exigir “el fin del lawfare” y una reforma del Poder Judicial, en especial de los jueces de la Corte: Rosatti, Rosenkrantz -ambos designados por el expresidente Mauricio Macri-, Lorenzetti y Carlos Maqueda.

“Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron», dice Juan María Ramos Padilla, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 y uno de los convocantes, desde el escenario ubicado en la intersección de Talcahuano y Tucumán.

La lectura del documento está a cargo de las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas. “Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales”, leen y recuerdan que además de avalar “pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna”, la Corte “legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad”.

Fotos: Pedro Palacios

Alrededor del Obelisco se concentran la mayoría de las organizaciones antes de marchar. Domingo, militante de la Tupac Amaru, reparte las banderas entre sus compañeros. “Cuando empezó el gobierno de Macri empezó la detención de los compañeros nuestros, de Milagro (Sala), compañeros de Jujuy, Mendoza y después políticos del Frente de Todos, les fueron armando causas injustificadas -dice a este medio-. Queremos una Corte independiente, que sea real, que no esté trabajando para un sector del macrismo que siempre hace lo que quiere”.

Eduardo López, secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), asegura que a los docentes “la Corte nunca nos responde”. “Solo nos responde para mandarnos a la presencialidad a los docentes cuando había que dar clases a distancia. Hoy hay 35 docentes fallecidos”, afirma.

Fotos: Pedro Palacios

“Ellos avalaron la Gestapo antisindical, la suba de tarifas, le sacaron Internet a nuestros pibes dándoles de baja un DNU, solo protegen a Clarín, nosotros queremos que protejan las leyes y la Constitución”, agrega.

Por su parte, Paula Pelayo, maestra inicial e integrante de UTE, recuerda que la Corte “decidió en una reunión por Zoom que los chicos no iban a usar barbijo”. “Y los mismos chicos te lo pedían porque tienen un poco más de conciencia y de criterio”, señala.

Walter Correa, exdiputado nacional y secretario general de la Federación del Cuero (Fatica), afirma que “nosotros hemos vivido la apertura democrática del ‘83 hasta la fecha, sin embargo la Justicia no se hace cargo del sistema democratico. Nosotros vivimos y padecemos la monarquia judicial que defiende los intereses de los poderes fácticos, de los ricos, de los poderosos, y no los intereses del pueblo”. “Por eso venimos acá”, explica.

Adolfo y Dina llegan a la plaza por Talcahuano, del lado de Lavalle. Los dos usan banderas argentinas como capas y se paran a mirar las consignas de las banderas. “Esto va más allá de lo partidario, hay que reforzar las instituciones, no se trata de cambiar a cuatro figuras y poner otras que respondan a intereses particulares como los de la oligarquía”, dice él mientras que ella señala que “si no cambiamos eso, estamos perdidos”.

Y Dina cierra: “Venimos por la democracia, porque creemos en un país mejor, porque apoyamos todo lo que sea a favor del pueblo”.

Fuente de la información e imagen: https://elgritodelsur.com.ar

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Democratizar la comunicación y la tecnología digital – Por FCINA

Nodal

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Contexto general

La pandemia mundial profundizó las condiciones de precariedad de las mayorías generadas por la financiarización capitalista y mostró las carencias y desigualdades producidas por el orden neoliberal, atenuadas en algunos lugares por sistemas sociales de contención de carácter progresista o revolucionario.

La emergencia sanitaria creó además condiciones para un aumento radical del uso de las tecnologías digitales, lo que multiplicó las ganancias y el poderío de las corporaciones que controlan las principales plataformas que intermedian las relaciones y búsquedas en internet. Con ello, casi imperceptiblemente, se acelera la transición a nuevas formas de vida, trabajo, educación, salud, cultura, intermediadas por las tecnologías digitales y caracterizadas por la privatización del espacio público y hasta la vida íntima.

Las nuevas tecnologías junto a la innovación “verde” son abrazadas a su vez por los fondos de inversión y el capital en general como vía de reconversión del capitalismo, cuya responsabilidad en el dramático deterioro medioambiental es a todas claras manifiesto, colocando en severo entredicho al expolio de recursos naturales finitos. En el marco del plan conocido como “Great Reset”, promovido por el Foro Económico Mundial, hay un proyecto en marcha para potenciar este recambio que contempla, entre otros, un modelo de gobierno mundial tecnocrático dominado por las grandes empresas de la mano con la inteligencia artificial, que supuestamente encontrará soluciones al cambio climático y suplirá a las “deficiencias” del sistema democrático.

El proceso de reconversión del capital ha incrementado la pobreza, la desigualdad y la exclusión de las mayorías, trayendo aparejado un aumento del control y la represión.

Otro aspecto marcado del contexto son las presiones migratorias, resultantes de crisis ambientales, económicas, bélicas, de violencia, etc., que a su vez inciden en el mercado laboral, a la vez que actúan como válvula de escape para las economías deprimidas.

Al mismo tiempo, se observa una reactivación de la esperanza en las fuerzas populares, con la vocación de generar transformaciones positivas. En el ámbito social y político, emerge el protagonismo de una generación joven y de las mujeres reivindicando espacios y nuevos derechos. En este espacio, tiende a generalizarse el reclamo contra la degradación medioambiental, el rechazo a los centralismos y las formas y mandatos verticalistas.

Como reacción a este avance y a un mundo de transformaciones vertiginosas, cobran también fuerza las corrientes retrógradas con respaldo confesional, encabezadas por personajes de derecha violentos con proclamas racistas y misóginas.

Contexto geopolítico

El ascenso de China y Rusia como actores en el escenario mundial, ha debilitado la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y de Occidente en general, dando lugar a una puja en todos los campos por la conservación de preeminencia o la apertura a un nuevo equilibrio multilateral. Es preciso develar y acercar desde la comunicación el impacto de la rivalidad de estos bloques de poder, que convierten a América Latina y el Caribe en territorio de disputa.

En este contexto, la integración regional significa no solamente la posibilidad de cooperación en su interior, sino una necesidad de escala para incidir en este nuevo escenario mundial.

Contexto político

Con la excepción de la derrota de la opción progresista en Ecuador, las victorias populares en Bolivia, Perú, Honduras y Chile, antecedidas por las de Argentina y México, junto a la resiliencia de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua ante los embates de los EEUU, permiten hablar de un entorno sociopolítico más favorable a la justicia social y la integración latinoamericana.

Sin embargo, las tensiones internas derivadas de las relaciones de fuerza entre el bloque oligárquico de poder real y las organizaciones populares muestran que llegar al gobierno no significa conquistar el poder, observándose giros de compromiso a la derecha, con la continuidad de soluciones extractivas, endeudamiento y protección de los intereses del capital.

Todo ello, sumado a los permanentes intentos de injerencia externa vía cooptación de instancias judiciales (lawfare), entre otras maniobras, relativiza el avance y augura inestabilidad.

En este escenario, adquieren máxima centralidad las próximas elecciones en Colombia y Brasil.

En Colombia continúa el agravamiento de las situaciones de violencia, el hostigamiento y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, hechos que deben ser denunciados con máxima firmeza. Por lo mismo, es necesario apoyar a los movimientos populares y en las próximas elecciones, brindar respaldo desde la comunicación al emergente político resultante de la unidad de las fuerzas de izquierda, como posibilidad de superación de los conflictos derivados de la concentración de poder existente.

En Brasil, fundamental por su peso específico para el balance político y la posibilidad de integración regional, la necropolítica del gobierno actual frente a la pandemia, el aumento de la miseria y el hambre, el desempleo galopante, entre otros factores, han generado en las mayorías una nostalgia de la época de gobierno de Lula. Por otra parte, el aumento de los precios de insumos básicos en la canasta básica alimentaria o el combustible, han hecho que la clase media reste apoyo al actual régimen. Este escenario, junto al empeño y destreza del precandidato del PT para construir una suerte de frente amplio en base a la reconstrucción del proyecto de país, lo han convertido en posible ganador en primera vuelta.

No obstante el panorama alentador, las fuerzas transformadoras alertan sobre la necesidad de guardar la calma y no caer en la ingenuidad. Hay un pacto de élites y lo que hoy está en el gobierno es un partido militar, cuyos personeros son sus piezas claves, lo que anuncia un camino duro. La batalla de ideas y la necesidad de neutralizar la mentira y el discurso de odio institucionalizado será crucial.

El campo comunicacional

La fundamental importancia de la disputa de relatos es manifiesta, por lo que la democratización del espectro comunicacional, incluyendo los espacios digitales, continúa siendo prioritaria para el avance de las aspiraciones de los pueblos. Es preciso prestar máxima atención a las agendas informativas, de dónde surgen y quienes las promueven.

En el campo de los medios, el irrespeto o cancelación de normas legales logradas en ardua lucha por la comunicación popular, la desfinanciación o eliminación neoliberal de medios públicos, la inequitativa distribución de pauta estatal a favor de los medios hiperconcentrados, su progresiva transnacionalización junto a la monolítica cartelización de discursos estigmatizantes contra las alternativas revolucionarias o progresistas afectan la posibilidad de imprescindibles transformaciones que garanticen diversidad informativa y un balance equilibrado en la opinión pública.

Los gobiernos populares tienden aún en este campo a la inacción o a la instrumentalización propagandística de la comunicación. En ambos casos, en desmedro de la comunicación popular, comunitaria y plural.

Los espacios de integración regional

Las iniciativas oficiales de integración soberana continúan con una dinámica atenuada y en todos los casos, sin recuperar o abrir espacios para la participación popular.

La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) como posible ámbito de sustitución de la anacrónica OEA, aparece, pese a su relativa revitalización por la gestión mexicana, como un espacio tendiente a abandonar su origen políticamente disruptivo, adoptando un estilo de compromisos pragmáticos, que refleja el signo político antitético o reformista de sus componentes.

La UNASUR en parálisis total, dada la división política en Suramérica.

El Mercosur, reapropiado en su carácter neoliberal por los gobiernos derechistas de Brasil, Paraguay y Uruguay, ha perdido incluso su esencia integradora a partir de la primacía del interés particular de sus miembros, mientras que el ALBA-TCP conserva el carácter de trinchera antiimperialista, sin embargo más discursiva que efectiva, dada las dificultades objetivas que atraviesan sus componentes.

También han surgido iniciativas de integración popular como la Asamblea Internacional de los Pueblos o RUNASUR, que promueven la participación directa, inclusiva y paritaria de los pueblos en procesos de integración y refundación institucional de carácter soberano.

El ámbito digital

La incidencia de la tecnología digital en casi todos los aspectos de la actividad social y la apropiación monopólica de las lógicas y entornos digitales por parte del capital, hacen imprescindible la disputa del campo popular por su re-democratización.

Alai

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La Educación en tiempos de COVID-19 en Guatemala, estos son los desafíos que enfrentan los estudiantes

Por: Elvis Hidalgo. https://tvaztecaguate.com

La pandemia del COVID-19 en Guatemala, como en otros países, ha agravado los problemas sociales, la educación es uno de ellos. El presidente Alejandro Giammattei declaró el 14 de marzo el cierre de los establecimientos educativos tanto públicos como privados.

El 31 de marzo el Mineduc inició un programa televisivo para que se pudiera dar continuidad a clases de preprimaria, primaria y secundaria, pero no todos los estudiantes tienen acceso a telecomunicaciones y tecnología.

Ante esta situación la ex ministra de educación María del Carmen Aceña dio a conocer que en los último 10 años ya no se ha innovado en el tema educativo. Aceña señaló que si no se cambia el rol del maestro y se adaptan a los desafíos del siglo XXI no se tendrá un aprendizaje con los niños y jóvenes.

La Educación en tiempos de COVID-19 en Guatemala, estos son los desafíos que enfrentan los estudiantes

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Fiscalía brasileña denuncia por homofobia al ministro de Educación

Ultima Noticias

La Fiscalía de Brasil denunció este lunes por homofobia al ministro de Educación, el pastor evangélico Milton Ribeiro, por unas declaraciones de 2020 en las que afirmó que los adolescentes homosexuales provienen de «familias inadaptadas».

«Al afirmar que adolescentes homosexuales proceden de familias inadaptadas, el denunciado discrimina a jóvenes por su orientación sexual y prejuiciosamente descalifica a las familias en las que crecen, afirmando que son inadaptadas», indicó el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, en su denuncia presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), según una nota publicada en el sitio de la Fiscalía citada por AFP.

La homofobia es un delito en Brasil desde mediados de 2019, cuando el STF resolvió que prejuicios contra homosexuales y transexuales son un acto de racismo.

La denuncia se refiere a los dichos de Ribeiro en una entrevista con el diario «O Estado de S. Paulo» en septiembre de 2020, dos meses después de asumir al frente de la cartera de Educación, en la que habló de «homosexualismo», un término considerado despectivo por la comunidad gay.

«Creo que el adolescente, que muchas veces opta por transitar el camino de la homosexualismo, tiene un contexto familiar muy cercano, basta con hacer una encuesta. Algunas son familias inadaptadas», indicó Ribeiro en aquella ocasión.

«Falta atención del padre, falta atención de la madre. Un chico de 12, 13 años que opta por ser gay, nunca estuvo con una mujer realmente, con un hombre real, y va por ahí. Son cuestiones de valores y principios», señaló Ribeiro.

Tras la presentación, el STF tendrá que decidir si da lugar al pedido de la Fiscalía para abrir el proceso contra el funcionario.

En la misma entrevista, Ribeiro consideró que no veía necesario debatir cuestiones de género y sexualidad en el aula.

En el curso de la investigación por sus declaraciones, Ribeiro dijo ante la Policía Federal en marzo de 2021 que no quiso «faltar el respeto a nadie», y que «las familias de los gays, son familias» como la suya, según informó entonces el diario Estadao.

La AFP solicitó al ministerio de Educación una reacción a la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

El ministro, de 63 años, asumió su cargo al frente de la cartera de Educación el 16 de julio de 2020, como el cuarto ministro de Educación del gobierno de Jair Bolsonaro. Es teólogo, abogado y pastor de la Iglesia Presbiteriana.

Fiscalía brasileña denuncia por homofobia al ministro de Educación

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Derrame de petróleo en Perú: ¿qué pasa en la Amazonía?

Fuentes: Servindi / Tierra Viva

La contaminación generada por Repsol en las costas limeñas pone la atención mediática en los peligros de la industria hidrocarburífera. Organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denuncian que hace años vienen sufriendo el impacto del accionar de las petroleras. Entre 2000 y 2019, hubo 474 derrames en la Amazonía Norte y durante la pandemia se registraron otros 45 en un solo departamento.

Mientras el derrame de petróleo en Perú —en las costas de Lima, frente al distrito norteño de Ventanilla— ha producido la indignación general, cuatro derrames de crudo se han reportado desde fines de diciembre en los departamentos de Loreto y Amazonas, en el este peruano. Entre 2000 y 2019, la cantidad de derrames ocurridos en la Amazonía Norte peruana ascienden a 474, según un relevamiento de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). En el departamento de Loreto se registraron 45 derrames entre marzo de 2020 y julio de 2021. Las comunidades indígenas de esas zonas cuestionan que «el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios».

El 15 de enero ocurrió un derrame de 6 mil barriles de petróleo ocasionado por la Refinería La Pampilla, de Repsol. El derrame recorrió los portales de los medios de comunicación a nivel global por su magnitud; el hecho fue considerado “el peor desastre ecológico en la historia reciente de Perú”. Además, este miércoles 26, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) inició el proceso de supervisión ante el aviso de un segundo derrame de hidrocarburos en la refinería La Pampilla de Repsol.

En junio del 2021, un estudio reveló los altos niveles de plomo en la sangre de grupos indígenas que habitaban en una región del norte de la Amazonía peruana, en las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre. “Se hicieron análisis de peces y otros tipos de alimentos, tanto en la cocina de las personas como en el río, y en esos productos se encontró presencia de metales pesados”, explican los investigadores y sentencian: “El petróleo se queda en el fondo del río”.

No ocurre solo en Lima

Horas después del primer derrame, el Observatorio Petrolero de Amazonía Norte denunció y reconoció el «terrible el daño cometido por la empresa Repsol a nivel ambiental (flora y fauna afectada) y social (impacto en economías locales, principalmente pescadores y esparcimiento y ocio para población afectada de Ventanilla y aledaños)». Además, el organismo añadió que se trata de «una expresión más de las malas prácticas empresariales» y que Repsol «no reportó la real dimensión de la afectación, falta de transparencia, falta de acciones a tiempo y de cobertura». Pero en el Amazonas peruano la situación es cotidiana.

Las organizaciones indígenas de la Amazonía lamentaron que el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios. Asimismo, recordaron que la crisis ecológica que hoy vive la capital, ellos la enfrentan desde hace 50 años por la contaminación de hidrocarburos.

En ese sentido, demandan con urgencia la restauración ambiental de las zonas impactadas, además de la imposición de multas ejemplares a las empresas responsables. Estudios científicos han demostrado las graves afectaciones a la salud de los pueblos indígenas del norte y oeste peruano.

El estudio «La sombra del petróleo» (Oxfam) estima que entre 2000 y 2019 la cantidad de derrames ocurridos en la Amazonía Norte asciende a 474. El estudió indicó que el 65 por ciento de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y el 28 por ciento a la intervención de terceros. Este dato evidencia que la mayoría de estos derrames fueron responsabilidad de las operadoras.

Además, se evidenció que el 94 por ciento de los barriles derramados en ese periodo fueron responsabilidad de la petrolera Pluspetrol, siendo esta la empresa más contaminante del país. El informe señaló la necesidad de cambiar la producción y consumo energético en el país, teniendo en cuenta las consecuencias en el cambio climático y los problemas que representaban los derrames para los pueblos indígenas de la Amazonía.

“Desde la plataforma Puinamudt sabemos lo que estos impactos conllevan y el perjuicio que generan”, indica la organización que representa a 98 comunidades indígenas ubicadas en ámbito petrolero y que agrupa a las federaciones indígenas de los ríos Corrientes, Marañon, Tigres y Pastaza.

Derrame de petróleo en el Amazona
Foto: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP-Cuenca del Pastaza)

La empresa Pluspetrol es una de las principales causantes de esta contaminación. «Los derrames se producen de manera permanente en la Amazonía ante la mirada pasiva y permisiva del gobierno, así como la falta de reacción de la ciudadanía y lo medios de comunicación nacionales», lamentarion desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Desde Aisedep advierten que “el impacto de estos derrames en los territorios, los ríos, la vida y salud de los pueblos amazónicos es enorme”, por lo que no basta con sancionar a las empresas responsables. “En este escenario, la imposición de las multas a las empresas es una medida insuficiente, se necesita mayor contundencia del Estado frente a los crímenes ecológicos para que no queden impunes”, precisaron. La organización exige una restauración ambiental de las zonas impactadas por derrames petroleros, no solo en Lima, sino también en las comunidades indígenas de la Amazonía.

Sobre este tema también se manifestaron las cuatro federaciones de Loreto que integran la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). Al respecto, recordaron que desastres como el registrado recientemente en la capital peruana, «también ocurren en el Lote 182, Lote 8, el Oleoducto Norperuano y otros”. En efecto, desde fines de 2021 se reportaron cuatro derrames en dichos lotes.

El último 13 de enero, se reportó un derrame en el centro poblado de Pavayacu del Lote 8 (Loreto) y que se extendió hasta el río Huanganayacu. A este caso se suman otros tres que evidencian el incesante problema que representa la extracción petrolera en la Amazonía. El 27 de diciembre pasado se reportó un derrame en la cuenca del río Tigre, en el Lote 192 (Loreto). El 31 del mismo mes se reportaron otros dos: uno ocurrió en la cuenca del río Corrientes y otro en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, en Santa María de Nieva (Condorcanqui, Amazonas).

Asimismo, como reportó el portal Ojo Público, se registraron 45 derrames de petróleo en Loreto desde el inicio de la pandemia (en marzo del 2020), hasta julio del 2021. Casi la mitad (22) de estos derrames ocurrieron en el Lote 8, administrado por Pluspetrol Norte. Esta petrolera busca abandonar la zona de explotación petrolera sin remediar los daños. A su vez, la empresa Frontera Energy, administradora del Lote 192, registró 15 derrames. Le siguen Petrotal Perú (4), Petroperú (3) y Perenco Perú Petroleum Limited (1).

Las huellas en la salud del derrame de petróleo en Perú

“Cuando hay un derrame de petróleo en los pueblos indígenas ni siquiera toman una decisión”, le dijo el apu de Pucacuro (Loreto), Emerson Mucushua, a la radio local RPP Noticias. Según Mucushua, pese a los pronunciamientos y las exigencias que hacen cuando un derrame impacta sus territorios, “el Estado no toma acciones legales” frente al hecho. “Hasta hoy no hay nada”, expresó el apu tras mostrarse sorprendido por como los ministerios se han movilizado para controlar el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

En junio del 2021, un estudio reveló los altos niveles de plomo en la sangre de grupos indígenas que habitaban cerca de los lotes 8 y 192, en el norte de la Amazonía peruana. Además, se demostraba que los participantes del estudio que vivían en la cuenca del río Corrientes presentaban un mayor nivel de plomo. El estudio registró también las afectaciones de las cuencas de los ríos Marañón, Pastaza y Tigre.

Como señaló la antropóloga Federica Barclay, quien acompañó el proceso de esta investigación, el precario sistema de salud no permitió detectar que las enfermedades de los pacientes del lugar se debían a la contaminación por metales pesados. “La gente pasa los años teniendo tal vez niveles altos de arsénico, plomo, cadmio, que se manifiestan de diversas maneras. La contaminación por metales es el origen”, resaltó la profesional en su momento.

La investigación científica indicaba que la alimentación y las actividades ocupacionales de los pobladores (como la casa y pesca) eran las vías más probables de contaminación de las comunidades de los pueblos Achuar, Quechua, Kichwa y Kukama.

“Se hicieron análisis de peces y tipos de alimentos, tanto en la cocina de las personas como en el río, y en esos productos se encontró presencia de metales pesados”, explicó Barclay. “El petróleo se queda en el fondo del río. No se puede lavar el fondo del río y los peces siguen alimentándose de estas sustancias tóxicas”, agregó.

Derrame de petróleo en el Amazona
Foto: José Romero

Nota elaborada con publicaciones originales de: Servindi

Edición: Tierra Viva

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