Las reformas de Kast y la lucha estudiantil: ¿Cómo afectan al estudiante popular?

Mauricio Andrés

Durante décadas, el movimiento estudiantil chileno ha levantado demandas por el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, las condiciones que permiten a un joven estudiar no dependen únicamente de lo que ocurre dentro de las universidades o liceos. También están determinadas por el trabajo de sus familias, los salarios que reciben sus padres, las posibilidades de compatibilizar estudio y empleo y el rol que el Estado decide asumir frente a los derechos sociales.

En ese contexto, cuesta ver el programa de reformas impulsado por José Antonio Kast como algo ajeno a lo que vivimos como movimiento estudiantil. Sus propuestas económicas, tributarias y laborales no son medidas aisladas, sino parte de un mismo proyecto político que apunta a reducir el rol del Estado, ampliar los beneficios del gran empresariado y profundizar la flexibilización de las relaciones laborales. A esto se suman, además, los recortes al gasto público que golpean directamente áreas tan sensibles como la educación y la salud.

La reforma tributaria plantea reducir la carga impositiva para las grandes empresas y establecer mecanismos de mayor estabilidad para los grandes inversionistas, bajo el argumento de incentivar la inversión y el crecimiento económico. Paralelamente, la propuesta de reforma laboral apunta a ampliar la flexibilidad de la jornada de trabajo, otorgando mayores facultades a los empleadores para organizar los horarios de acuerdo con las necesidades de la empresa y debilitando herramientas de negociación colectiva de los trabajadores.

Uno de los aspectos menos discutidos del proyecto es que no solo modifica el régimen tributario y laboral, sino que también introduce cambios directos al sistema de educación superior. Mientras el discurso oficial sostiene que el objetivo es «reactivar la economía» y «estimular la inversión», las medidas concretas muestran una redistribución de recursos y prioridades que inevitablemente repercute sobre las familias trabajadoras y los estudiantes.

Esa misma lógica de ajuste aparece cuando el proyecto aborda la educación. Una de sus disposiciones posterga aún más la ampliación de la gratuidad para los estudiantes de los deciles 7 al 10. El informe estima que, sin la reforma, el séptimo decil podría incorporarse a la gratuidad hacia 2038. Con la modificación propuesta, esa expansión simplemente deja de ocurrir antes de 2050. Es decir, miles de familias de sectores medios y populares deberán seguir financiando la educación superior durante al menos otra generación.

El proyecto tampoco se limita a retrasar la ampliación de la gratuidad. También establece una moratoria de dos años para que nuevas instituciones de educación superior puedan incorporarse al sistema de financiamiento de la gratuidad. El propio Ministerio de Hacienda estima que esta medida impediría que cerca de 48.000 estudiantes accedan a este beneficio durante los primeros años de aplicación.

¿Por qué debería importarle todo esto a los estudiantes? Porque la mayoría de quienes estudian en Chile provienen de familias trabajadoras. Estas medidas no pueden analizarse de manera aislada. Si, paralelamente, se impulsan reformas laborales que buscan flexibilizar las jornadas, aumentar la capacidad de los empleadores para distribuir los horarios de trabajo y reducir el poder de negociación colectiva, las consecuencias recaen directamente sobre las familias que financian esos estudios y sobre los miles de estudiantes que trabajan para sostenerse mientras cursan una carrera.

Cuando se debilitan los derechos laborales, se deterioran también las condiciones materiales que hacen posible estudiar. Salarios más bajos, jornadas más inciertas y menor capacidad de negociación significan mayores dificultades para costear transporte, alimentación, arriendo, materiales de estudio o el propio arancel. Para un estudiante popular, la flexibilidad laboral no suele significar mayor libertad para compatibilizar estudio y trabajo. En la práctica, suele traducirse en horarios impredecibles, mayor disponibilidad frente al empleador y dificultades para asistir regularmente a clases o planificar la vida académica. Quien trabaja para sostener sus estudios termina enfrentando permanentemente la disyuntiva entre cumplir con su jornada laboral o continuar estudiando.

A esto se suman los recortes en educación. Menor inversión pública puede traducirse en menos becas, deterioro de la infraestructura, menor financiamiento para universidades estatales y una mayor transferencia de los costos educativos hacia las propias familias. En otras palabras, mientras se aliviana la carga tributaria de los grandes grupos económicos, aumenta la presión sobre quienes dependen de los servicios públicos para ejercer derechos básicos.

Por eso, la discusión no es únicamente sobre impuestos o sobre educación superior. Es una discusión acerca de qué modelo de desarrollo se quiere construir. Mientras el Estado posterga el acceso a derechos sociales como la gratuidad y limita su expansión, entrega nuevas garantías tributarias a grandes inversionistas y reduce la carga impositiva de las empresas. En otras palabras, el proyecto traslada parte importante del costo de financiar la educación desde el Estado hacia las familias trabajadoras.

Desde esta perspectiva, la lucha estudiantil no puede limitarse exclusivamente a las demandas universitarias. Históricamente, las mayores conquistas del movimiento estudiantil se han producido cuando ha logrado articularse con el movimiento de trabajadores y otros sectores populares. Si las reformas laborales afectan a las familias de los estudiantes y los recortes afectan el acceso a la educación, entonces ambos procesos forman parte de una misma disputa política sobre quién financia el desarrollo del país y quién soporta sus costos.

El desafío para el movimiento estudiantil es comprender que defender la educación también implica defender las condiciones materiales que hacen posible estudiar. La pregunta, entonces, no es solo cómo enfrentar los recortes a la educación, sino también si los estudiantes estarán dispuestos a organizarse junto al movimiento de trabajadores para enfrentar un proyecto que afecta simultáneamente las condiciones de estudio y las condiciones de vida de las mayorías populares.

Por eso es necesario que para este segundo semestre del gobierno de Kast, los organismos estudiantiles como la CONFECH, la FECH y la FEUSACH, dirigidos por Partido Comunista y el Frente Amplio, asi como los centros de estudiantes, junto a sindicatos, dejen la pasividad que han mantenido durante lo que va de gobierno de Kast y llamen a asambleas para discutir cómo enfrentar la megarreforma del gobierno y se llame a levantar un plan de lucha con un gran paro nacional unificado que detenga todo el plan del gobierno.

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