La tolerancia, entendida como el reconocimiento y respeto de las diferencias, y la empatía, definida como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, son competencias esenciales que deben ser cultivadas desde la infancia.
En un mundo cada vez más globalizado y diverso, educar en la tolerancia y la empatía se ha convertido en un imperativo social. La convivencia pacífica entre culturas, creencias y formas de vida distintas requiere no solo respeto, sino también la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y perspectivas.
La tolerancia, entendida como el reconocimiento y respeto de las diferencias, y la empatía, definida como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, son competencias esenciales que deben ser cultivadas desde la infancia. Sin embargo, en una era marcada por la polarización y los discursos de odio amplificados en redes sociales, el desafío de inculcar estos valores es más urgente que nunca.
El papel de la educación formal
Las escuelas desempeñan un rol crucial en este proceso. Incorporar programas que promuevan la educación emocional y el respeto por la diversidad es clave para construir sociedades más inclusivas. Según un informe de la UNESCO, las instituciones educativas que fomentan el diálogo intercultural y la resolución pacífica de conflictos ayudan a reducir prejuicios y discriminación.
Los métodos pedagógicos basados en actividades grupales, juegos de rol y dinámicas que simulen situaciones reales son herramientas efectivas para desarrollar empatía en los estudiantes. Asimismo, incluir literatura y materiales educativos que representen diversas realidades puede abrir la mente de los niños y jóvenes a otras perspectivas.
El ejemplo en el hogar
El hogar es otro espacio fundamental para educar en estos valores. Los niños aprenden observando, y los padres o tutores son sus primeros modelos. Actitudes como escuchar con atención, mostrar interés genuino por los sentimientos de los demás y evitar comentarios despectivos son conductas que los adultos deben practicar para inculcarlas en sus hijos.
Además, fomentar el diálogo abierto en familia sobre temas como la discriminación, el respeto por las diferencias o los derechos humanos puede ayudar a los más pequeños a desarrollar un sentido crítico y empático desde temprana edad.
La responsabilidad social
Más allá de la escuela y el hogar, los medios de comunicación, las redes sociales y las instituciones tienen una responsabilidad en la promoción de la tolerancia y la empatía. Evitar la difusión de mensajes que perpetúen estereotipos o fomenten la hostilidad es un paso esencial para construir un entorno cultural más respetuoso.
El desafío no solo recae en individuos o familias, sino en la sociedad en su conjunto. Crear políticas públicas que promuevan espacios inclusivos, así como campañas que visibilicen la importancia de estos valores, puede marcar una diferencia significativa.
Hacia un futuro más humano
Educar en la tolerancia y la empatía no es solo una meta noble, sino una necesidad urgente para afrontar los desafíos de un mundo en constante transformación. Si bien no existe una receta infalible, la combinación de esfuerzos desde la familia, la educación formal y la sociedad puede allanar el camino hacia una convivencia más armónica y solidaria.
Porque al final, como dijo el escritor Albert Camus, “la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo en el presente”. Invertir en valores como la tolerancia y la empatía es, sin duda, la mejor manera de construir un mañana más justo y humano.
Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/como-educar-en-la-tolerancia-y-la-empatia/
DATOS BREVES: Se han logrado avances importantes en la respuesta al VIH, pero los adolescentes, especialmente las niñas, siguen viéndose afectados de manera desproporcionada, advierte UNICEF en el Día Mundial del SIDA
NUEVA YORK, 29 de noviembre de 2024 – Si bien en el último decenio se ha producido una notable disminución de las nuevas infecciones por VIH entre niños y adolescentes a nivel mundial, las adolescentes siguen teniendo dificultades para acceder a servicios de prevención y apoyo personalizados, según las últimas estimaciones disponibles.
Si no se toman medidas urgentes para abordar el impacto desproporcionado del VIH en las adolescentes y las mujeres jóvenes, en particular en el África subsahariana, los avances logrados con tanto esfuerzo en la respuesta al VIH podrían perderse, advierte UNICEF en vísperas del Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre.
“Muchos países han logrado avances notables para poner fin al sida”, afirmó la Directora Asociada de VIH/SIDA de UNICEF, Anurita Bains. “Sin embargo, los niños y adolescentes no están aprovechando plenamente los beneficios de un acceso ampliado a los servicios de tratamiento y prevención. Los niños que viven con el VIH deben ser priorizados a la hora de invertir recursos y esfuerzos para ampliar el tratamiento para todos, lo que incluye la expansión de tecnologías de prueba innovadoras”.
Según los últimos datos disponibles (2023):
En todo el mundo, 96.000 niñas y 41.000 niños de 15 a 19 años se infectaron por el VIH en 2023, lo que significa que siete de cada diez nuevas infecciones entre adolescentes se produjeron entre niñas. En África subsahariana, nueve de cada diez nuevas infecciones por el VIH entre jóvenes de 15 a 19 años se produjeron entre niñas.
En 2023, 330 niños de entre 0 y 14 años contrajeron el VIH cada día.
En 2023 se produjeron 250.000 nuevas infecciones por VIH en el grupo de edad de 0 a 19 años, lo que eleva el número total de niños y adolescentes que viven con el VIH a nivel mundial a 2,4 millones.
Mientras que el 77 por ciento de los adultos que viven con VIH tienen acceso a la terapia antirretroviral (TAR), sólo el 57 por ciento de los niños de 0 a 14 años y el 65 por ciento de los adolescentes de 15 a 19 años lo tienen.
El año pasado, más de 90.000 niños y adolescentes murieron por causas relacionadas con el SIDA (es decir, 250 vidas perdidas cada día), el 73 por ciento de las cuales correspondieron a niños menores de 10 años.
Los niños de entre 0 y 14 años representan solo el 3 por ciento de las personas que viven con el VIH, pero representan el 12 por ciento (76.000) de las muertes relacionadas con el sida en 2023.
La tasa de nuevas infecciones por VIH en África oriental y meridional ha disminuido un 72 por ciento entre los niños de 0 a 14 años y un 57 por ciento entre los de 15 a 19 años desde 2010, lo que lo convierte en uno de los principales logros mundiales en materia de salud pública en décadas.
A pesar de una disminución de las tasas generales de infección en la mayor parte del mundo desde 2010, en 2023 se registraron 74.000 nuevos casos de VIH entre niños y adolescentes de 15 a 19 años en África oriental y meridional, 18.000 en África occidental y central, 8.900 en Asia meridional, 5.800 en Europa oriental y Asia central, y 16.000 en Asia oriental y el Pacífico.
América Latina y el Caribe no ha visto una reducción significativa en la tasa de infección por VIH entre adolescentes en al menos una década, mientras que en Medio Oriente y el Norte de África, las nuevas infecciones entre adolescentes han aumentado en un 70 por ciento desde 2010.
Diecinueve países y territorios han obtenido la certificación de eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y/o la sífilis, incluidos 11 en las Américas, con certificaciones recientes para Belice, Jamaica y San Vicente y las Granadinas. En África, Botswana y Namibia están certificados como países en vías de eliminación.
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FUENTE DE LA INFORMACIÓN: https://www.unicef.org/press-releases/fast-facts-critical-gains-hiv-response-adolescents-especially-girls-remain
Un millón y medio de personas, entre trabajadoras de la función pública y familiares, están dentro de MUFACE. Como cada dos o tres años, dependiendo del convenio, ven cómo el suelo se mueve bajo sus pies cuando hay que renovar los convenios con las tres aseguradoras que, hasta ahora, vienen prestando el servicio.
DKV, Adeslas y Asisa dicen que no les da el dinero y que pierden hasta 600 millones al año por atender a las y los mutualistas. Le solicitaron un aumento del 40 % al Gobierno que se quedó en un 17 que no han aceptado.
Con tal motivo se bajaron de la licitación planteada para el próximo proceso, de 2025 al 27. Dos de estas aseguradoras han enviado cartas a los mutualistas para avisarles de que el 31 de enero perderán la cobertura.
El Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe denunciando las prácticas de la aseguradoras en el sentido de que están haciendo cálculo de riesgos para decidir sobre la atención sanitaria. Además, se asegura que estas empresas están derivando los casos crónicos, complejos o más caros a la sanidad pública.
En el medio, 1,5 millones de personas que no saben bien si podrán continuar con su asistencia sanitaria como la han conocido hasta ahora. Los sindicatos han querido escenificar unidad sindical de la que CSIF se ha desmarcado. Una unidad con la que harán presión tanto al Gobierno como a las aseguradoras para que asuman su responsabilidad en todo esto.
Su objetivo es que se abra una nueva licitación, que se cierre un nuevo convenio de hasta tres años y, después, con datos reales sobre la mesa, comience un proceso de negociación sobre cuál debe ser el futuro de MUFACE.
“Deploramos la actitud de las aseguradoras”, ha resumido Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Les pedimos responsabilidad y decoro”, ha insistido ante el envío de de cartas por parte de dos de las tres empresas avisando del cese de la prestación sanitaria.
Francisco Venzalá, máximo responsable de ANPE, ha insistido también en la posible crisis reputacional para estas aseguradoras en el caso de que dejaran a 1,5 millones de personas sin prestación.
Sobre todo esto, la dificultad de que un colectivo tan grande llegase a las puertas del Sistema Nacional de Salud de un día para otro. Una dificultad que, como ha explicado Maribel Loranca, responsable de enseñanza en la Federación de Servicios Públicos de UGT, dependería de factroes como el volumen de funcionarios o del porcentaje de ellos en MUFACE. Territorios como Madrid o Andalucía verían tensionados sobremanera sus sistemas públicos de salud.
Quienes están en MUFACE eligen cada año dónde quieren recibir la atención sanitaria. El 72 % lo hace en alguna de las aseguradoras: 34 %, Adeslas; 25 %, Asisa y el 13,2%, DKV, mientras que el resto acude a la sanidad pública.
El próximo 11 de diciembre en Madrid se celebrarán dos concentraciones. Una por la mañana ante Unespa, la patronal de las aseguradoras médicas y otra por la tarde ante la sede de MUFACE. En el resto del país, las concentraciones serán por la tarde, frente a las sedes de la mutualidad.
Álvaro Quiroz, un joven mexicano de 25 años, ha sido reconocido por su incansable labor en favor de las personas sin hogar en México, lo que le ha valido un homenaje de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre de Jóvenes Activistas (YAS) de 2024. Su historia es un testimonio de resiliencia y empatía, que ha trascendido su propia experiencia de vivir en la calle para convertirse en un referente internacional en la lucha por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Álvaro Quiroz nació en Atotonilco el Alto, un pequeño pueblo en Jalisco, México. Desde temprana edad, enfrentó un entorno de abuso psicológico, físico y sexual debido a su identidad como parte de la comunidad LGBTQ+. Estos abusos lo llevaron a huir de su hogar en busca de una vida mejor en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, al llegar a la urbe, se encontró con la cruda realidad de vivir en la calle, enfrentando una situación extrema de pobreza y desesperanza, lo que lo llevó a intentar suicidarse en tres ocasiones.
A pesar de estas tragedias, la vida de Quiroz dio un giro positivo cuando fue rescatado y llevado a un hogar que lo acogió y le dio una nueva oportunidad. Fue allí donde comenzó a reconstruir su vida y a encontrar fuerza en su experiencia para ayudar a otros que, como él, vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La experiencia personal de Quiroz fue el motor que impulsó la creación de Brigada 12, una organización sin fines de lucro enfocada en asistir a personas sin hogar en México. Fundada en 2020, durante la pandemia de COVID-19, Brigada 12 comenzó con un simple acto de humanidad: distribuir alimentos y bebidas calientes a las personas sin hogar en las calles de Guadalajara. Sin embargo, pronto se convirtió en un movimiento de mayor alcance al unir fuerzas con otras organizaciones de apoyo, como los Vikingos, y extender sus acciones a otros países de América, incluyendo Colombia y Estados Unidos.
El nombre Brigada 12 se refiere a la medianoche, la hora en la que sus voluntarios salen a la calle, cuando la actividad urbana disminuye y las personas en situación de calle suelen refugiarse en los espacios públicos. La misión de Brigada 12 no es solo proporcionar alimentos y abrigo, sino también ofrecer apoyo integral para la reinserción social, buscando que las personas sin hogar puedan recuperar sus vidas, encontrar empleo y reintegrarse a sus comunidades.
Desde su fundación, Brigada 12 ha logrado atender directamente a más de 15,000 personas en México, Estados Unidos y Colombia. En Estados Unidos, la organización trabaja en ciudades como Nueva York, colaborando con otras iniciativas locales, como Collective Focus y el Concejo de Pueblos Originarios, para asistir a personas sin hogar, muchas de las cuales son migrantes. A través de alianzas con instituciones gubernamentales, Brigada 12 ayuda a estas personas a obtener documentos legales y acceder a servicios básicos como vivienda y empleo.
La organización también tiene planes de llevar a cabo actividades especiales durante las festividades de Acción de Gracias y Navidad, con el objetivo de continuar apoyando a las personas que más lo necesitan.
Un reconocimiento global en la Cumbre de Jóvenes Activistas
El compromiso y la dedicación de Quiroz no han pasado desapercibidos. Su labor fue reconocida por la ONU, que lo eligió como uno de los homenajeados de la Cumbre de Jóvenes Activistas 2024, evento que celebra a jóvenes líderes que trabajan en causas como la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género. Quiroz, el primer mexicano en recibir este honor, compartirá su mensaje de esperanza y lucha con miles de jóvenes alrededor del mundo, destacando la importancia de creer en una causa y luchar por ella, por más difícil que parezca.
“Las personas en situación de calle somos humanos, no somos estadísticas”, afirmó Quiroz en su mensaje, invitando a otros jóvenes a tomar acción y hacer una diferencia en las vidas de aquellos que más lo necesitan. A través de su experiencia personal y profesional, Quiroz ha demostrado que, incluso en las situaciones más difíciles, la solidaridad y el compromiso pueden transformar la vida de las personas.
El activismo de Álvaro Quiroz nos recuerda que, detrás de cada número, de cada estadística sobre pobreza o falta de vivienda, hay una persona con una historia, sueños y esperanzas. Su mensaje, de un joven que ha conocido la oscuridad pero que ha encontrado en su labor una fuente de luz, es un llamado a la acción para todos aquellos que deseen hacer una diferencia en el mundo. Brigada 12 no es solo una organización, es un ejemplo de cómo la empatía y la determinación pueden cambiar vidas, empezando por la propia.
La historia de Álvaro Quiroz es, en definitiva, una muestra de que la lucha por la justicia social no tiene fronteras, y que un solo acto de generosidad puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas.
El Ministerio de Educación de Colombia ha generado debate al presentar un borrador de decreto que plantea una redistribución del tiempo laboral de los docentes, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad y adaptar las jornadas a las necesidades actuales.
La propuesta establece que los docentes trabajarán 8 horas diarias, de las cuales 6 estarán dedicadas a actividades en el establecimiento educativo, incluyendo clases, acompañamiento a los estudiantes y tareas administrativas. Las 2 horas restantes serán destinadas a actividades autónomas fuera del aula, como la planificación pedagógica, la actualización profesional y la evaluación de trabajos, lo que busca fomentar un equilibrio entre la labor presencial y el desarrollo de tareas innovadoras.
Impacto y cuestionamientos
Aunque la propuesta parece apuntar a mejorar las condiciones laborales de los docentes, han surgido cuestionamientos sobre su viabilidad. Sindicatos y expertos en educación señalan que la reducción del tiempo presencial en las aulas podría generar un déficit en la atención a los estudiantes, especialmente en instituciones con jornada extendida.
Además, preocupa la falta de claridad sobre cómo las instituciones educativas manejarán la reorganización de los horarios, en particular en zonas rurales donde el acceso a personal docente es limitado. Para algunos, esta iniciativa podría aumentar la carga laboral de los profesores, quienes, en muchos casos, ya realizan trabajos extra clase sin remuneración adicional.
¿Flexibilidad o desconexión?
Los defensores de la propuesta argumentan que esta flexibilización permitirá a los docentes enfocarse en tareas que tradicionalmente han quedado relegadas, como la innovación pedagógica y la mejora en la calidad de los procesos de aprendizaje. Sin embargo, los críticos advierten que la desconexión del entorno escolar puede debilitar la relación directa entre profesores y estudiantes, afectando la dinámica educativa.
Camino a casa
El Ministerio de Educación ha anunciado que este borrador se someterá a una discusión con diferentes actores del sector educativo, incluyendo sindicatos, asociaciones de padres y directivos docentes. La intención es construir un consenso que permita adoptar un modelo que beneficie tanto a los maestros como a los estudiantes sin comprometer la calidad educativa.
Esta propuesta pone sobre la mesa un tema crucial: la necesidad de modernizar el sistema educativo colombiano para adaptarse a los desafíos actuales. Sin embargo, su éxito dependerá de su práctica de implementación, la asignación de recursos adecuados y el diálogo constante entre las partes interesadas.
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) está en el proceso de negociación colectiva con el patrono. Sin embargo, algunos docentes no son miembros del sindicato que les representa y que lucha por mejorar sus condiciones laborales y de vida. Veamos por qué es valioso que los docentes universitarios tengan un sindicato y que lo apoyen activamente.
Salarios. Los sindicatos de trabajadores son el principal factor en el alza en los salarios de los trabajadores. Los salarios de los trabajadores sindicalizados son claramente más altos (Center for American Progress, 2024; U.S. Bureau of Labor Statistics, 2024b). Eso también sucede entre los docentes universitarios (California Teachers Association, 2018; National Education Association, 2023).
Para la APPU es importantísimo ajustar la escala salarial docente del Sistema UPR a la inflación, pues esa escala no cambia desde 2013 (Junta de Gobierno UPR, 2013). La inflación acumulada durante esos 11 años ha reducido los salarios reales de los docentes en un 35%. Usando la calculadora de inflación del U.S. Bureau of Labor Statistics (2024a), y asumiendo 24 créditos y grado doctoral para todos los casos, estos serían los salarios base anuales que compensarían la inflación:
Rango
Salario actual
Salario ajustado a inflación
Catedrático Auxiliar
$62,256
$84,146
Catedrático Asociado
$69,336
$93,715
Catedrático
$80,124
$108,296
Pero la máxima prioridad de la APPU debe ser aumentar el salario de los docentes sin plaza (DSP), especialmente el de los contratados a tarea parcial. El patrono les paga solo $681 por crédito ($2,043 por sección de tres créditos); prorrateado a 24 créditos al año eso equivale a $16,344 anuales, lo cual viola el principio constitucional de igual paga por igual trabajo. Dicho salario debe multiplicarse por 3.81. El salario de los DSP contratados a tarea completa debe subir de $46,821 a $62,256, pues realizan las mismas tareas que los Catedráticos Auxiliares.
Equidad socioeconómica. La igualdad socioeconómica genera mejores sociedades (Pickett & Wilkinson, 2010) y la sindicalización es determinante para una distribución equitativa del ingreso (Economic Policy Institute, 2021). Las altas tasas de sindicalización también fomentan mejores condiciones laborales para los talleres de trabajo no unionados (Economic Policy Institute, 2021): los aumentos salariales que la APPU logre impulsarán mejorías en las pésimas condiciones laborales de los docentes de las universidades privadas. Dicho progreso en condiciones laborales también mejorará la calidad de la educación, pues con mejores salarios los docentes no tendrán que sobre extender su jornada laboral para compensar la bajísima paga que reciben.
A medida que disminuye el número de afiliados a los sindicatos, aumenta la desigualdad de ingresos.
Salud. Los sindicatos son el principal factor en la promoción de buenas condiciones de salud en el taller de trabajo. La OSHA, oficina de seguridad y salud ocupacional, se creó debido a presión pública protagonizada por las uniones. Desde el establecimiento de dicha oficina, las muertes en los lugares de trabajo han decrecido en un 60% y las tasas de lesiones y de enfermedades laborales se han reducido en un 40% (Occupational Safety and Health Administration, 2024). Ante el colapso de la planta física del Recinto de Río Piedras y los múltiples edificios tóxicos en otros recintos, es imperativo que los sindicatos universitarios exijan lugares de trabajo saludables.
Jornada laboral. Durante la primera mitad del siglo 20, el movimiento obrero logró reducir a ocho horas las larguísimas jornadas laborales impuestas por la avaricia capitalista durante los comienzos de la revolución industrial (Astarita, 2023). Eso permitió más tiempo libre, compartir con las familias y mejor salud. Desde la década de los 1980, los patronos han impuesto el neoliberalismo, el cual eliminó leyes protectoras de los trabajadores y prolongó la jornada laboral (Rosario, 2014; Astarita, 2023). Para compensar los míseros salarios, muchos docentes contratados a tarea parcial trabajan en varias universidades simultáneamente: 6 o 7 secciones por semestre, cobrando $2,043 por sección en la UPR y hasta solo $1,200 en las privadas; eso se traduce a ingresos que rondan los $20,000 anuales por jornadas de trabajo de 60 y 70 horas semanales. Este problema se soluciona aumentando el salario de los DSP contratados a tarea parcial y abriendo plazas.
Permanencia. La estabilidad laboral es crucial. Sobre 1,500 de los 3,400 docentes de la UPR no tienen plaza: sufren desempleo estacional y están expuestos a que no les renueven el contrato. Esto vulnera la libertad académica (American Association of University Professors, 1993). Debido a que dicha libertad es un principio fundamental de la universidad (Comisión de Derechos Civiles, 1967), y como la permanencia garantiza esa libertad, esta debe existir como norma (American Association of University Professors, 1993 y 1940). Para la UPR esto significa abrir unas 1,000 plazas para compensar la eliminación que el patrono ha implantado durante los últimos 30 años.
Servicios médicos. Los servicios médicos debieran ser un derecho humano. Incluso en muchos países capitalistas, el movimiento obrero y los partidos de izquierda han logrado conquistar ese derecho. Pero en PR los servicios de salud son mercancía; por eso el plan médico es clave. Bajo la presidencia de María Gisela Rosado, la APPU consiguió plan médico para los DSP contratados a tarea completa, pero el patrono no ha cumplido consistentemente con este acuerdo. Los docentes sin plaza contratados a tarea parcial no tienen derecho a plan médico. Aspiramos a que todo docente tenga plan médico.
Jubilación. Dejar de trabajar una vez alcanzada una edad mayor y vivir en condiciones socioeconómicas dignas en ese periodo de la vida es un derecho humano. Los patronos tienden a relegarlo. El dinero recibido luego de jubilarse no es una dádiva; es salario diferido, valor que el trabajador generó en periodos previos de su existencia. Actualmente la UPR le adeuda $107 millones al Sistema de Retiro (Martínez, 2024). Este incumplimiento patronal amenaza las finanzas de dicho sistema. El patrono debe cumplir con su responsabilidad y pagar lo que debe.
Dejar de trabajar una vez alcanzada una edad mayor y vivir en condiciones dignas es un derecho humano.
Equidad. Los sindicatos de trabajadores son factor importante para combatir el discrimen por género, orientación sexual, etnia y raza. (Economic Policy Institute, 2021; Center for American Progress, 2024). Dado el carácter eurodescendiente y masculino de la clase dominante, y el perfil femenino, afrodescendiente e inmigrante de la clase trabajadora, nuestros sindicatos son cruciales para que estas minorías mejoren sus condiciones de vida.
Democracia. Sin sindicato, el patrono rige unilateralmente; dotados de ese instrumento, las condiciones laborales resultan del diálogo entre trabajadores y patronos. Necesitamos sindicatos democráticos: con líderes electos por su membresía, que rindan cuentas de su desempeño y de las finanzas organizacionales, y que respeten las decisiones de la base. El desarrollo del poder sindical como instrumento del poder de los trabajadores puede culminar en gobernanza compartida (American Association of University Professors, 2024). Similarmente, la sindicalización es compatible con una reforma universitaria que establezca una universidad democrática en la que los miembros de dicha comunidad escojan los directivos, participen de las principales decisiones, como definir las estructuras decisionales, el presupuesto y el currículo.
Mejor universidad. Reiteradamente los estudios demuestran que la sindicalización docente tiende a reducir los gastos administrativos, conseguir mayores asignaciones presupuestarias gubernamentales, aumentar la inversión en enseñanza y aumentar las tasas de graduación (Rhoades, 2011; Schmidt, 2013; Cassell & Halaseh, 2014; Baute, 2020; Maloney, 2023). Las universidades mejoran cuando invierten más en sus docentes, pues las condiciones laborales de estos son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.
Mirando al futuro. La organización sindical siempre es necesaria. Esto es así independientemente del partido de turno (fascista, conservador, progresista…), del tipo de Estado (dictadura, democracia…) y del sistema socioeconómico (capitalismo neoliberal, capitalismo suavizado, socialismo…) que están vigentes.
Ante una dictadura fascista, los sindicatos son cruciales para mejorar condiciones laborales, o al menos para resistir la degradación de las mismas que los patronos pretenden imponer unilateralmente, y para promover la democratización política. Si hay democracia liberal, es imperativo usar los derechos de organizarse sindicalmente para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, para denunciar los límites que el modo de producción capitalista impone a la mejoría en condiciones de vida de las clases trabajadoras y a la democracia, y para promover propuestas de cambio social basadas en la propiedad colectiva y en el poder político de la clase trabajadora. En contextos de socialismo burocrático, los sindicatos pueden fungir como órgano clave para combatir el autoritarismo de los directivos estatales y para impulsar la democratización de la política, la gestión empresarial y la sociedad. Si se lograra el predominio de la propiedad colectiva y del control democrático de la política y de las empresas por parte de sus trabajadores, los sindicatos serían garante de buenas condiciones laborales y servirían de contrapeso a cualquier posible desmán de los gerentes de las empresas, aún si estos son electos democráticamente por los trabajadores en asambleas en la que estos discuten y deciden lo fundamental de la empresa (qué producir, organización del trabajo, presupuesto, duración de la jornada laboral, salarios…).
Por lo tanto, la organización sindical es imprescindible, indistintamente del partido gobernante o del sistema político o económico vigente. Siempre nos corresponde defender los derechos conquistados e intentar conquistar nuevos. Durante los próximos cuatro años enfrentaremos gobiernos de derecha conservadora-neoliberal en PR y de derecha neofascista en Estados Unidos. Es predecible una dura ofensiva patronal. Ante eso, nos toca defender a la UPR y su presupuesto, desarrollar nuestro sindicato y apoyar al comité negociador de la APPU.
Referencias
American Association of University Professors (1940). 1940 Statement of Principles on Academic Freedom. https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure
American Association of University Professors (1993). The status of non-tenure-track faculty. https://www.aaup.org/report/status-non-tenure-track-faculty
American Association of University Professors (2024). FAQ on shared governance. https://www.aaup.org/programs/shared-governance/faqs-shared-governance
Astarita, R. (2023). Discusiones sobre la jornada laboral. Sin permiso. https://www.sinpermiso.info/textos/discusiones-sobre-la-jornada-laboral
Baute, A. (2020). Collective Bargaining and Community Colleges: Faculty Unionization Effects on Student Outcomes. Doctoral Dissertation on Educational Leadership. Indiana State University. https://scholars.indianastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2887&context=etds
California Teachers Association (2018). Unions make a difference in higher education. California Educator. https://www.cta.org/educator/posts/unions-make-a-difference-in-higher-education
Cassell, M. & Halaseh, O. (2014). The impact of unionization on university performance. Journal of Collective Bargaining in the Academy. Vol. 6. https://thekeep.eiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=jcba
Center for American Progress (2024). 4 ways unions make our economy and democracy stronger. https://www.americanprogress.org/article/4-ways-unions-make-our-economy-and-democracy-stronger/#:~:text=Study%20after%20study%20has%20shown,counterbalance%20to%20wealthy%20interest%20groups.
Comisión de Derechos Civiles (1967). La Libertad Académica en la Universidad de Puerto Rico. Revista del Colegio de Abogados y Abogadas, Vol. XXVII, núm. 4. https://cdc.pr.gov/InstitutoDeEducacion/RecursosEducativos/Informes/La%20Libertad%20Académica%20en%20la%20UPR%201967-CDC-006.pdf
Economic Policy Institute (2021). Unions help reduce disparity and strengthen our democracy. https://www.epi.org/publication/unions-help-reduce-disparities-and-strengthen-our-democracy/
Junta de Gobierno UPR (2013). Certificación 52, 2012-2013. https://apicertificaciones.upr.edu/file/download/25392
Maloney, T. (2023). The Effect of University Faculty Unions on Institutional Outcomes. Master’s Thesis in Economics, Miami University. https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/ws/send_file/send?accession=miami1682090412263005&disposition=inline
Martínez, N. (2024). Preocupante: aumenta la deuda de la UPR con su Sistema de Retiro; va por $107 millones. WIPR. https://wipr.pr/preocupante-aumenta-la-deuda-de-la-upr-con-su-sistema-de-retiro-va-por-107-millones/
National Education Association (2023). Higher education faculty pay 2023. A post-pandemic look at faculty salaries. Educator Pay Data. https://www.nea.org/resource-library/educator-pay-and-student-spending-how-does-your-state-rank/he-2023#:~:text=Faculty%20who%20collectively%20bargain%20earn,at%20research%20universities%2C%20it’s%20%246%2C000.
Occupational Safety and Health Administration (2024). OSHA’s 30th Anniversary. https://www.osha.gov/aboutosha/30-years
Rhoades, G. (2011). Faculty Unions, Business Models, and the Academy’s Future. Change: The Magazine of Higher Learning, 43(6). https://doi.org/10.1080/00091383.2011.599299
Rosario, R. (2014). “Las condiciones laborales de los profesores en la universidad contemporánea”. Revista Kálathos, Vol. 7, núm. 2. http://kalathos.metro.inter.edu/archivo.asp?ano=2014
Schmidt, P. (2013). Universities benefit from their faculties’ unionization, study finds. https://psuaaup.net/blog/entry/universities-benefit-from-their-faculties-unionization-study-finds-faculty
U.S. Bureau of Labor Statistics (2024a). CPI Inflation Calculator. https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
U.S. Bureau of Labor Statistics (2024b). Union Member Summary. https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm
Pickett, K. & Wilkinson, R. (2010). The Spirit Level. Penguin Books
Por Adrián Z. Rivero | adrian.zunigarivero@ucr.ac.cr
En entrevista con UNIVERSIDAD, el presidente del Conare, Gustavo Gutiérrez, y su homólogo en Argentina, Víctor Moriñigo, narran cómo las universidades públicas de cada país se han enfrentado a dos Gobiernos “cortados con la misma tijera”.
Rodrigo Chaves y Javier Milei. Milei y Chaves. Ambos mandatarios no solo comparten tener un posgrado en Economía, sino que muchas de sus políticas se reflejan en un espejo en el que la mayor diferencia es que uno tiene su cabellera más deshecha que el otro.
Cuando se trata de educación superior pública, este par parece seguir un idéntico manual en su contra. Ninguno de ellos obtuvo su título profesional en una universidad estatal de su país, la primera similitud.
“Todo lo que desconozco y no comprendo, será un enemigo potencial por desconocimiento o por prejuicio. Me parece que ellos advierten un peligro, en esta pluralidad de las universidades, que realmente no lo existe, no lo hay”, señaló, desde Argentina, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Harto estoy yo de demostrarle a esta gente que entre el 70% y el 80% de las personas que estudian las universidades públicas vienen de colegios públicos”, Gustavo Gutiérrez, presidente del Conare.
El CIN es el equivalente argentino al Consejo Nacional de Rectores (Conare) en Costa Rica. Moriñigo, también rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), explicó cuál es ese “peligro” que ven esos gobernantes de derecha/ultraderecha:
“La Universidad es ese lugar donde pegan carteles, donde los chicos eligen sus propios centros de estudiantes, donde se tolera al que piensa distinto y la verdad que para ellos todo eso es un nido o un caldo de cultivo de nacimiento de ideas que no van a ir en dirección de sus pensamientos”, añadió.
Unos días después, en declaraciones a este medio, el presidente del Conare y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, llamó la atención sobre lo mismo:
“La intención es muy clara: el desprestigio a la universidad pública, porque la figura que ellos tienen en mente es otra cosa. Aquí nosotros formamos gente crítica, que el día de mañana, potencialmente, van a ser los opositores a medidas liberales que están tomando estos Gobiernos mencionados”, indicó Gutiérrez.
Los mismos ataques
Tanto para el Gobierno de Milei como para el de Chaves, las universidades públicas son lugares a los que les falta transparencia, donde se adoctrinan estudiantes, se utilizan mal los recursos, la mayoría de quienes van son ricos y a los que, definitivamente, hay que dirigir ataques verbales.
Esto se desprende de las declaraciones de ambos rectores, pero solo basta con recorrer los reportes que hacen los medios de comunicación en ambos países para percatarse.
Si para Milei en las universidades públicas argentinas hay “ladrones, delincuentes y mentirosos”, para Chaves hay “esbirros” y “faraones”.
Y si por ventura a los estudiantes se les ocurre defender a las casas de enseñanza de los ataques que les dedica el Ejecutivo, en Argentina son “rehenes” y en Costa Rica más bien “tontos útiles”; pero, en ambos casos, son utilizados para “mantener” o “defender” lo que estos mandatarios consideran “privilegios”.
En ambos países, también, los Gobiernos resienten la autonomía de los centros de educación superior, por lo que ejecutan acciones para socavarla.
El presidente del Conare y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez. (Foto: Kattia Alvarado)
Aunque la ley argentina establece que las auditorías sobre las universidades deben ser realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), controlada por el Congreso, Milei ha insistido en que esta tarea la haga la Sindicatura General de la Nación, dependiente de su despacho.
“El señor presidente quiere que seamos auditados por su propia auditoría, que es mandada por ellos con soldados propios de ellos; así que digo: ante el juzgamiento previo de que somos todos ladrones, imaginate lo que va a decir la propia auditoría del presidente”, comentó el rector de la UNSL.
En Costa Rica, donde las universidades tienen un fuero de protección constitucional, el Gobierno ya intentó algo muy similar, con el fallido proyecto de Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el que pretendía controlar los presupuestos de las universidades.
“Es una clara intención, asfixiando a las universidades públicas, no solo con reducción de presupuesto, sino con toda esta política de mostrarse enemigos de las universidades públicas, de insultar al rector, de hablar mal de las universidades, de hacer comparaciones necias […]. En fin, me parece que todo eso está totalmente programado. Evidentemente, no vienen periodos fáciles para las universidades públicas”, advirtió el dirigente de la UCR.
Financiamiento: el conflicto clave
El mayor punto de fricción entre las universidades estatales y los Gobiernos de estos países es el financiamiento de la educación superior. En ambos casos, el tema se relaciona con la pérdida de poder adquisitivo, por la inflación.
El Conare se enfrentó al Gobierno de Chaves pidiéndole que reconociera en el FEES un 4,06% por el incremento en el costo de vida en los últimos años, pero el Ejecutivo los rechazó y forzó que el tema se resolviera en el Congreso, donde las universidades lograron un 2% de ajuste, lo que causó la furia de Chaves, a quien los diputados le reclamaron haber llamado “malnacidos” a dos congresistas que fueron claves para lograr ese aumento.
En Argentina la situación es más dramática. Las universidades de ese país piden mejoras en los presupuestos para “empatar la inflación”, que en 2023 fue cercana al 300%. Aunque se han hecho algunos ajustes, Moriñigo indicó que los salarios de los trabajadores universitarios han perdido cerca de 40% de su poder adquisitivo. Al momento de esta publicación, las casas de educación superior están en lo que el rector describe como un impasse, a la expectativa de que no hay certeza de que haya presupuesto el año entrante.
Aquí viene otro destello de ese reflejo entre Chaves y Milei: la falta de diálogo. En Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa resolviera el financiamiento de las universidades era necesario que se rompiera el diálogo entre universidades y Gobierno, lo que sucedió por primera vez en la historia. En Argentina, por otro lado, “al Gobierno no le interesa discutir, sino que le interesa pelear”, según anotó el presidente del CIN.
“Se pone de manera intransigente a la hora de expresar sus cuestiones, por lo tanto, siempre redobla la apuesta. Entiende que en el conflicto hay una ganancia directa de corto plazo, por lo tanto, eso muchas veces aleja los puntos de acuerdo”, agregó el rector argentino.
Tanto Gutiérrez como Moriñigo apuntan, como una parte importante de la motivación que tienen estos Gobiernos para atacar a las universidades, que estas no calzan en el discurso más amplio de críticas a la institucionalidad:
“El desprestigio a las universidades públicas va de que les arde muchísimo que sean las instituciones mejor valoradas del país. Y no lo digo yo, ahí están los datos”, dijo el presidente del Conare.
Por su parte, el rector de la UNSL también lo tiene claro: “para la visión y preconcepto que tiene la gestión del presidente, se encontró esta vez con un organismo del Estado nacional que funciona bien y esas son las universidades en la Argentina, con un concepto del Estado que tiene el presidente de que es ineficiente y casi innecesario para la vida de todos”.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), Víctor Moriñigo. (Foto: Cortesía UNSL)
Nuevas herramientas para defenderse
Ambos jerarcas universitarios coincidieron en que las marchas, como herramienta de protesta frente a los proyectiles que lanza el Gobierno, pierden efecto a lo largo del tiempo, si bien tienen un impacto inicial importante. Este mismo año, las universidades de los dos países se han visto obligadas a organizar marchas multitudinarias.
El rector de la UCR reconoció que, en algún punto, pensó que era la única forma de lograr que les pusieran atención, pero también hizo hincapié en el desgaste que conlleva para la gente. Eso sí, destacó que, cuando el Gobierno intentó recortar el FEES, en 2022, si fue efectiva: “Eso fue contundente, el señor de Zapote (Chaves) se asustó”.
En el mismo sentido, Moriñigo aseguró que, para defenderse las universidades, deben tener “la Constitución en una mano y la empatía con nuestro pueblo en la otra”, pero que las marchas deben ser excepcionales:
“En Argentina está muy claro que la Universidad es ese lugar donde los «nadie» pueden ser «alguien» y eso estamos dispuestos a defenderlo”, Víctor Moriñigo, presidente del CIN
“Estas herramientas pueden ser utilizables como emergencia, pero no pueden volverse el método, porque también entiendo que alteran la paz social, que cansan a la gente, que la gente muchas veces está dispuesto a acompañarte una vez, dos, pero no todo el tiempo. Me parece que como medidas extremas y especiales o extraordinarias, me parecen muy bien”, añadió el académico argentino.
Como alternativas, el par de dirigentes universitarios pusieron en el centro la cercanía con la comunidad, como hacer recorridos por las instalaciones para que las personas vean todo lo que se hace en aulas, laboratorios, etc.
“Tenemos que sensibilizar a la gente que paga los impuestos de nuestro país, de que ese lugar que hoy están intentando cerrar, más temprano que tarde, va a tener a alguien de nuestras familia pasando por ahí, intentando ser mejor. Las medidas históricas, antiguas, no van a tener resultados nuevos, van a tener resultados antiguos. Si nosotros tenemos esas medidas un poco más radicalizadas, lo que van a hacer es ir a los brazos de quienes no quieren cerrar”, dijo Moriñigo.
En la misma línea, el rector de la UCR afirmó que no se deben cometer errores del pasado, cuando la universidad era “elitista” y se encontraba en “una burbuja”, aislada de la sociedad, como sucedía, desde su perspectiva, en administraciones anteriores.
“Hay gente que viene a servirse cuando uno tiene que llegar a servir. Y no servirle a la Universidad, servirle al pueblo de Costa Rica. Las autoridades universitarias del futuro de la universidad pública deben llegar a defender los intereses de la institución, a defender los intereses del pueblo y no a servirse del puesto que ostentan en ese momento”, manifestó Gutiérrez.
Los rectores insistieron en la importancia de mantener la lucha para defender a las universidades públicas, debido al fundamental papel que juegan en la sociedad latinoamericana: “En Argentina está muy claro que la Universidad es ese lugar donde los «nadie» pueden ser «alguien» y eso estamos dispuestos a defenderlo”, se plantó Moriñigo.
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