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Estados Unidos: Escasez de personal en educación especial pone en riesgo el futuro de los estudiantes – cómo resolverlo es complicado

Cada año, más maestros de educación especial renuncian que los que se gradúan de los programas de preparación de maestros en la nación, incluso a medida que aumenta el número de estudiantes diagnosticados con discapacidades.

Sin suficientes maestros y terapeutas calificados, los estudiantes no siempre reciben la ayuda que necesitan para tener éxito en la escuela. Las escaseces también contribuyen a situaciones graves donde los niños son encerrados en pequeñas habitaciones, los maestros sujetan físicamente a los estudiantes, o los niños interrumpen el aprendizaje de sus compañeros porque no han aprendido a regular su propio comportamiento.

Hubo un amplio acuerdo en que las escaseces de personal de educación especial son un problema grave en una sesión informativa pública realizada por la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos el viernes. Pero hubo ideas ampliamente divergentes sobre cómo resolver el problema y qué papel debería desempeñar el gobierno federal.

Algunos educadores y expertos dijeron que la solución es que el gobierno federal cumpla su promesa de décadas de cubrir más de los costos de la educación especial. A sus ojos, el Departamento de Educación debería estar inundando el canal de educadores especiales y ofreciendo capacitación a todos los maestros para apoyar mejor a los estudiantes con discapacidades.

Otros dijeron que se trata de incentivar el trabajo, y que los maestros de educación especial deberían recibir un salario más alto que sus colegas y ofrecer bonificaciones de retención. Otros aún dijeron que los estados deberían flexibilizar las reglas de licencia y expandir los programas de vales escolares privados para dar a las familias desesperadas más opciones.

La sesión informativa, destinada a informar al presidente y al Congreso, se llevó a cabo cuando el presidente electo Trump se prepara para comenzar su segundo mandato en el cargo. Trump ha prometido expandir la elección de escuelas y reducir drásticamente el papel federal en la educación, una medida que los panelistas dijeron podría afectar mucho o poco a los estudiantes con discapacidades, dependiendo de cómo se ejecute el plan.

La sesión informativa no incluyó testimonios del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que Trump ha dicho que aboliría. Stephen Gilchrist, el comisionado republicano designado por Trump que convocó la sesión informativa, dijo que la ausencia del departamento era “inconcebible”. Un portavoz del Departamento de Educación dijo que los conflictos de programación impidieron que la agencia estuviera presente en persona, pero enviaría respuestas escritas.

El debate se produce cuando el número de estudiantes con discapacidades está creciendo. Alrededor de 7.5 millones de estudiantes requirieron servicios de educación especial a partir del año escolar 2022-23, según los datos federales más recientes, o alrededor del 15% de los estudiantes. Eso representaba un aumento de 7.1 millones o el 14% de los estudiantes en el año escolar 2018-19, justo antes de que golpeara la pandemia.

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No está claro si el aumento se debe a que las escuelas están mejorando en identificar a los estudiantes con discapacidades o si más niños tienen necesidades ahora. Muchos niños pequeños se perdieron la intervención temprana y los servicios de educación especial temprana durante la pandemia, y muchos educadores dicen que están viendo necesidades de comportamiento más altas y brechas académicas más amplias en sus aulas.

“Los estudiantes llegan a nuestras aulas con un alto nivel de desregulación, que se muestra a través de sus respuestas de lucha, huida o congelación”, escribió Tiffany Anderson, la superintendente de las escuelas públicas de Topeka, Kansas, en su declaración. “Los estudiantes también muestran un comportamiento más físicamente agresivo.”

Todo eso tiene efectos secundarios. Cuando los niños se desvinculan o actúan, las escuelas a menudo los sacan de clase, dijo Dan Stewart, el abogado principal de educación y empleo de la Red Nacional de Derechos de Discapacidad. Eso podría ser una suspensión o algo más informal, como acortar el día de un niño. Luego, la carga de proporcionar apoyo educativo recae en las familias, dijo Ariel Simms, presidenta de Disability Belongs, una organización sin fines de lucro que aboga en nombre de las personas con discapacidades.

“Los padres y cuidadores han tenido que intervenir para llenar vacíos en áreas como tutoría, terapia y adaptaciones de aprendizaje, lo que ha resultado en un mayor estrés y tensión financiera”, dijo Simms a la comisión en su declaración.

Por qué hay escasez de maestros de educación especial

Hay muchas razones para las escaseces. Si bien el número de maestros de educación especial ha aumentado en las últimas dos décadas, la demanda aún supera la oferta, escribe Chad Aldeman, quien investiga los mercados laborales de los maestros. Alrededor de 16,000 maestros de educación especial abandonan las escuelas públicas cada año más de los que los programas de preparación de maestros entrenan para reemplazarlos.

Los maestros de educación especial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo o renunciar a la enseñanza que sus colegas de educación general. Además, muchos distritos tienen dificultades para contratar y retener a los paraprofesionales, cuyo trabajo crucial pero mal remunerado ayuda a los maestros a satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Todo eso aumenta la carga de trabajo y contribuye al agotamiento.

Para salir adelante, muchas escuelas aumentan el tamaño de las clases o dependen de suplentes y maestros con credenciales de emergencia que a menudo carecen de la formación adecuada para trabajar con estudiantes con discapacidades.

“Tuvimos que contratar maestros virtuales y aquellos con visas especiales, lo que complicó las cosas para nuestros estudiantes con necesidades especiales que ya enfrentaban desafíos académicos y sociales”, dijo Karen Lockerman, una maestra de educación especial en un área rural de Carolina del Sur, a la comisión sobre cómo su distrito manejó las escaseces de personal durante la pandemia. “Las barreras del idioma y la instrucción virtual añadieron dificultades adicionales a su aprendizaje.”

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Algunos dicen más financiación; otros quieren la expansión de los vales

Para algunos defensores, la solución es obvia: el gobierno federal necesita pagar una parte mayor de los costos de educación especial de las escuelas. En 1975, cuando los legisladores federales aprobaron lo que se convertiría en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, dijeron que el gobierno cubriría el 40%.

Pero “la financiación federal real para IDEA nunca se ha acercado a eso y generalmente está muy por debajo de la mitad de esta cantidad de ‘financiamiento completo’”, dijo Jessica Levin, directora de litigios del Centro de Derecho de la Educación, a la comisión. Sin una financiación adecuada, Levin dijo, “es imposible satisfacer las necesidades educativas y los derechos legales de los estudiantes con discapacidades, incluido garantizar que haya suficientes maestros calificados”.

Anderson dijo que la falta de fondos significa que su distrito tiene que sacar dinero del presupuesto de educación general para cubrir los costos de educar a los niños con discapacidades. Kansas dio a las escuelas 75 millones de dólares adicionales para pagar la educación especial este año, pero no hay planes para mantener eso hasta ahora. La ayuda federal de la pandemia que ayudó está a punto de expirar.

El gobierno federal y los estados también podrían hacer más para derribar las barreras financieras para convertirse en maestro de educación especial, dijo Julián Vásquez Heilig, director de la Red para la Educación Pública, un grupo de defensa, ofreciendo más becas, estipendios y condonación de préstamos. Invertir en la expansión de iniciativas de “crezca el suyo propio”, que a menudo producen muy pocos maestros para cambiar los niveles de personal en general, también podría ayudar.

Jonathan Butcher, un investigador principal en la Fundación Heritage, un grupo de expertos conservador, dijo que el gobierno federal podría elevar ejemplos de estados como Indiana, que creó un programa que paga a los maestros con licencia para volver a la escuela para obtener su licencia de educación especial y condensa su trabajo de curso. El programa respaldado por la ayuda de la pandemia ha producido más de 600 maestros de educación especial con licencia desde 2021 y se ha convertido en una estrategia clave para algunos distritos para cubrir las vacantes.

En Topeka, Anderson ha intentado reclutar paraprofesionales, personas que cambian de carrera y maestros internacionales. A través de un programa estatal, los padres que no habían ido a la universidad o trabajado en un aula antes recibieron capacitación en el trabajo de maestros experimentados. Aun así, todos esos esfuerzos no han hecho realmente mella.

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“Estos programas nos han dado vías alternativas adicionales; sin embargo, la escasez es tan significativa que no ha eliminado la necesidad y la crisis que los distritos escolares como las Escuelas Públicas de Topeka siguen enfrentando”, dijo Anderson a la comisión.

Butcher, de la Fundación Heritage, también lanzó otra idea: cambiar la ley federal para que las familias puedan tomar la parte de la financiación de IDEA que normalmente iría a su hijo en una escuela pública y usarla como mejor les parezca, una idea similar a crear un programa nacional de vales para estudiantes con discapacidades.

“Al hacer portátil IDEA, las familias podrían comprar servicios de terapeutas de educación, matrícula en escuelas privadas u otros productos educativos que se adapten a las necesidades de su hijo”, dijo Butcher a la comisión en su declaración. “Esta política ayudaría a aliviar la presión sobre los funcionarios de las escuelas públicas para encontrar personal de educación especial, al tiempo que daría a las familias opciones de educación privada cuando las frustrantes batallas legales con los distritos escolares impiden que los estudiantes reciban los servicios que necesitan”.

Muchos defensores de los estudiantes con discapacidades se preocupan de que tal idea despoje a los niños de su derecho a una educación gratuita y apropiada, ya que las familias suelen tener que renunciar a ese derecho para participar en un programa de vales para escuelas privadas a nivel estatal.

La idea requeriría acción del Congreso y la aprobación de Trump. Aun así, algunos están tomando en serio la propuesta de Butcher, ya que la Fundación Heritage publicó Project 2025, un manual de políticas escrito por varios ex funcionarios de la Casa Blanca de Trump. Ese plan propone convertir la mayor parte de la financiación para la educación especial en subvenciones globales que los estados controlarían.

Chalkbeat es un sitio de noticias sin fines de lucro que cubre los cambios educativos en las escuelas públicas.

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Kalyn Belsha, Chalkbeat

Kalyn Belsha es una reportera nacional senior de educación con sede en Chicago. Contáctela en kbelsha@chalkbeat.org.

Escasez de personal en educación especial pone en riesgo el futuro de los estudiantes – cómo resolverlo es complicado

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Educación que resiste: Fe y Alegría y su lucha por la calidad educativa de Venezuela

Para el movimiento de educación popular y promoción social, solucionar la crisis educativa debe comenzar con las alianzas e inversiones en infraestructura, en la mejora de los salarios y en el reforzamiento de las áreas de lectura, escritura y matemáticas en los colegios.

El año que viene Fe y Alegría cumple 70 años de historia. Este movimiento de educación popular y promoción social, está presente en 22 países de América Latina, África y Asia. Pero en Venezuela, Fe y Alegría es prolija. Pese al contexto económico, estas instituciones siguen abiertas ofreciendo educación de calidad en 19 estados del país con 176 centros educativos.

“¿Cómo lo siguen haciendo posible?”, es la pregunta más frecuente que recibe Noelbis Aguilar, directora nacional del programa escuelas de Fe y Alegría. Noelbis, acostumbrada a ver la sorpresa en la cara de los demás, inicia su respuesta con una sonrisa amable.

Fe y Alegría no solo ha llegado a fundar escuelas. Lo hacemos de la mano de la comunidad, a partir de sus necesidades, de la valoración que tiene para ellos la educación y a partir de esa valoración, este proyecto comienza montando una escuela -responde, más que segura, orgullosa al ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga de El PitazoRunrun.es y TalCual.

Fe y Alegría provee educación a más de 90 mil niños y adolescentes en el país, no solo por la organización social que tiene, sino por la lectura oportuna y estratégica de la situación, y más allá, a las respuestas y alternativas a una realidad que para muchos es apabullante.

Atajar las consecuencias de la situación económica en maestro ha sido una de las bases más sólidas para la prevalencia de las escuelas. En la actualidad, el pago que percibe un docente nivel I es de 329,85 bolívares.

En esta misma realidad, el Observatorio Venezolano de Finanzas en su estudio del mes de septiembre de 2024 publicó que la canasta básica para esa fecha rondaba los 391 dólares. Un docente nivel I necesitaría 60,43 sueldos para cubrir solo la canasta básica alimentaria.

Además es importante acotar que desde el mes de septiembre hasta la fecha la economía ha sufrido una inflación. Por lo que probablemente hoy un maestro necesite más de 60 sueldos para las compras de alimentos.

En este sentido Fe y Alegría trata de mediar esta realidad. Para ellos los maestros son la base del mantenimiento de las instituciones. Por eso han desarrollado una importante inversión en proveer bienestar económico y emocional para sus docentes. Cuidado al Cuidador es el programa con el que responden a las necesidades de sus educadores.

Con Un Premio a la Permanencia las escuelas y representantes incentivan económicamente a los maestros. “Lo bonito es que ese premio lo otorgan las familias desde la contribución que dan los padres mensualmente para la sostenibilidad del colegio”, informa Noelbis.

Fe y Alegría considera que esta estrategia ha sido clave para la permanencia de sus docentes y la disponibilidad de dar clases los cinco días de la semana, a diferencia de las instituciones públicas antes de la eliminación del horario mosaico.

Además, el apoyo emocional ha sido fundamental, tanto para maestros como para los niños. Noelbis comparte que entre sus registros la mayoría de sus educadores y alumnos han vivido la partida de sus familiares por la migración.

Entre lo global y lo terrenal

En medio de este panorama, estas escuelas se plantean problemáticas globales como la innovación y el uso de nuevas tecnologías. A la par hacen lo posible para mantener un estado óptimo y digno de sus instituciones y también solventan el decaimiento educativo y cognitivo de sus alumnos.

Noelbis se detiene en este último punto para explicar que este decaimiento de la educación es, en parte, producto de la separación familiar y, en muchos casos, por falta de nutrición que presentaron y presentan una población de niños. “Sabemos que muchos de los niños en los últimos años en Venezuela por temas alimentarios están perdiendo peso y tamaño”.

Para los niños en esta condición Noelbis admite que el aprendizaje no es el mismo. “Hay que estimularlos mucho, hay que acompañarlos mucho porque el aprendizaje en ellos es mucho más lento”, reveló.

Como estrategia a esta situación, Fe y Alegría propone ver la solución multifactorialmente. Estado, comunidad, familia y empresas privadas deben generar alianzas para defender el derecho a la educación de los niños y en especial de los niños de sectores populares, que es donde hay mayor población.

La pérdida de lecto-escritura de una generación

Debido a la situación política y socioeconómica vivida en el país desde 2015 hasta después de la pandemia, Fe y Alegría comenzó a registrar pérdida de aprendizaje en sus estudiantes.

“Allí vimos que esa población, que es bastante numerosa, no logró consolidar estos aprendizajes fundamentales de lectura y escritura”, explicó Noelbis.

Esa generación de la que habla Noelbis es la que está llegando en la actualidad a las universidades del país. En el futuro el impacto que puede generar esto al desarrollo del país es incierto. En el presente, las acciones tomadas por el Estado no terminan de responder a las necesidades de la educación pública del país.

En la búsqueda de soluciones, Fe y Alegría ha comenzado a desarrollar en la actualidad un programa en alianza con la Universidad Metropolitana (Unimet). En él, a través de los maestros, se imparten distintos métodos de lectura y escritura a niños de preescolar. El objetivo es que puedan llegar a primer grado leyendo fluidamente. Aunque en el programa de educación nacional este objetivo está planteado, en las instituciones públicas esta meta se cumple cada vez menos.

Los padres y representantes han jugado un papel importante en esta estrategia. “Se le decía a los representantes acompáñelo, animelo, que el niñito le lea, que le haga el ejercicio. Aquí en la escuela lo vamos corrigiendo”, afirmó Noelbis.

Este año el resultado de esta estrategia aplicada a más de 10 mil niños ha sido que el 75% pasó a primer grado leyendo y mejorando todo lo que era el nivel de comprensión lectora a esos niveles.

Para lograr la sostenibilidad, y manteniendo como estrategia el valor de las alianzas, Fe y Alegría lleva a cabo una campaña llamada Beca a un Estudiante. Por un monto mensual de 30 dólares, la sociedad civil y las empresas pueden mantener la educación de un niño en las escuelas de Fe y Alegría.

Al sincerar costos y trabajar de forma creativa, Fe y Alegría ofrece una oportunidad cómoda a los interesados en contribuir a la educación de niños desde primer nivel de preescolar, hasta sexto año de bachillerato, en los colegios técnicos. En el mismo sentido, Adopta una Escuela es otra de las posibilidades de colaboración para empresas y comunidades de aportar a la sostenibilidad de las instituciones.

Para Fe y Alegría solucionar la crisis educativa del país debe comenzar con las alianzas e inversiones en infraestructura, en la mejora de los salarios y en el reforzamiento de las áreas de lectura, escritura y matemáticas en los colegios públicos. Mientras esperan que ese proceso inicie pronto, sus colegios toman la iniciativa de seguir buscando estrategias que le permitan continuar mejorando la educación y el futuro de más de 90 mil niños venezolanos.

Educación que resiste: Fe y Alegría y su lucha por la calidad educativa de Venezuela

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Libro: Activismos y movimientos sociales Experiencias, desafíos y proyecciones. (PDF)

Presentación

América Latina y el Caribe están viviendo una época de gran inestabilidad y cambios políticos, donde se manifiestan los límites y problemas de las democracias tal como las conocemos en las últimas décadas. A su vez, la región vive una coyuntura de protestas masivas, revueltas populares, así como de protagonismo de diversos movimientos sociales que –desde su singularidad– se oponen a las diversas violencias del neoliberalismo y constituyen desafíos para las democracias existentes.

En algunos países, los actuales gobiernos han llegado con promesas de responder a las demandas, anhelos y propuestas de transformación de estos movimientos. Aunque esto podría interpretarse como un triunfo de las fuerzas populares y progresistas que lograron por medio de sus acciones tensionar las estructuras institucionales, no faltan las miradas que interpretan estas realidades como una estrategia de las mismas instituciones para cooptar a las organizaciones movilizadas.

Descargalo aquí: Activismos-movimientos

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Las tecnológicas te distraen con un mundo de robots mientras te roban derechos laborales básicos

Por Laura Olías 

La huida del Derecho del Trabajo en favor de los falsos autónomos y la dirección empresarial invisible a través de algoritmos ya están en marcha, por lo que varias voces reclaman ampliar la regulación

Desde hace años, la mayoría de los debates sobre la digitalización y el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo se centraron en pronosticar prácticamente el fin del trabajo. En los millones de puestos que van a ser destruidos por robots. Un mundo con taxis o camiones autónomos, sin camareros, ni personal de atención al público. Si acaso, con un sonriente humanoide metálico al otro lado de un mostrador. Sin despreciar los efectos en la sustitución de trabajadores, hay quienes alertan de otro proceso mucho más masivo y discreto: la merma de derechos laborales básicos gracias al uso de los algoritmos. Algo que no hay que proyectar a futuro, porque está ocurriendo ya.

Una de estas voces es la de Paris Marx, periodista y escritor canadiense, que estuvo esta semana en Madrid en el Congreso Internacional del Trabajo organizado por el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. “Mientras hablábamos de robots, porque la industria nos estaba distrayendo con estos temas, las tecnológicas se centraban en los algoritmos”, apuntó Marx.

En desarrollar el control de los empleados a través de estos y reducir los derechos de las plantillas, en desplegar la llamada gig economy (economía de plataformas), con la que “reclasificaron a trabajadores que debían ser asalariados como autónomos” y “en convencer a muchos gobiernos de que esto era lo que tenía sentido porque era una nueva tecnología que requería un completo cambio”, argumentó el autor canadiense.

Por el camino, gracias al aislamiento de estos trabajadores, el alejamiento de sus compañeros y de herramientas como la representación de los sindicatos, se iban por la borda de manera discreta algunos de “los derechos que los trabajadores habían adquirido gracias a la lucha de décadas, si no de un siglo”, alertó Paris Marx.

Derechos como el propio contrato de trabajo en el caso de los riders y otros trabajadores de plataformas a los que les obligan a operar como autónomos. Así como todos sus derechos asociados: desde las vacaciones, la protección social por enfermedad o accidentes, a la indemnización por despido.

En ocasiones, los trabajadores ni siquiera son conscientes de sus despidos. El algoritmo, sin más, les deja de enviar trabajos. Es lo que entre los riders en España se denominó ser “desconectados” y que las denuncias de sindicatos y colectivos como RidersXDerechos fueron logrando que los tribunales identificaran como extinciones de contratos.

Un mundo distópico “que paraliza”

Esa gestión empresarial ‘fantasma’, gracias a los algoritmos, supone un control invisible de las plantillas y sin capacidad de réplica por parte de los trabajadores, denunció también en las jornadas celebradas en Madrid la eurodiputada de la izquierda Leïla Chaibi, de Francia Insumisa. Como los trabajadores de VTC a los que la aplicación (app) les envía viajes a precios de saldo, mucho más baratos que otros compañeros. Incluso si son conscientes de ello, se enfrentan a una gran indefensión. “Cuando uno está en una empresa, puede hablar con el jefe, pero aquí no. Porque es el algoritmo quien decide”, explicó.

Chaibi puso otros ejemplos, como la dirección, control y sanción de empleados en empresas corrientes –más allá de la economía de plataformas– en función de la recopilación de datos como el rendimiento, lo rápido o lento que se realizan las tareas y las pausas que realizan los trabajadores. Incluso este control algorítmico a veces rige el propio acceso al empleo, con procesos de contratación que tienen en cuenta datos personales que en muchas ocasiones los candidatos desconocen.

Paris Marx abogó por “atajar los problemas del presente”, que van surgiendo debido a la implantación de nuevas tecnologías por parte de las empresas, y “no centrarnos solo en las modas que nos plantean las grandes tecnológicas”. Como los robots hace unos años, “me preocupa que con la Inteligencia artificial” esté pasando lo mismo ahora, sostuvo el canadiense.

En la inauguración del Congreso Internacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo que el debate de la digitalización “es uno de los debates de época”, pero coincidió en que “suele enfocarse de manera errónea”.

“Desde un mundo distópico, desde el miedo, desde los despidos masivos… El FMI nos avisaba hace poco de millones de puestos de trabajo que iban a ser destruidos. Es una mirada que paraliza, se hace desde un determinismo con el que nos quieren decir que no podemos hacer nada. Yo les digo que sí podemos hacer mucho. Que las políticas públicas importan, que cambian la vida de la gente”, defendió.

La regulación como salvaguarda

Yolanda Díaz destacó la regulación de la Ley Rider en España, para evitar los falsos autónomos entre los repartidores de plataformas digitales, que no obstante aún enfrenta el reto de una de las principales empresas del sector, Glovo. El Gobierno dio un paso más, y el jefe de la multinacional está en los tribunales acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Su Ministerio se ha comprometido en ampliar la regulación a otros trabajadores de plataformas, algunos con mucha presencia de estas apps, como la limpieza, las empleadas del hogar o la ayuda a domicilio.

La Ley Rider española además se adelantó en uno de los debates que más miradas concentra en Europa: la transparencia de los algoritmos. La norma añadió una disposición para dar acceso a los sindicatos a la gestión laboral que hacen estos algoritmos, aunque se incumple de manera generalizada.

El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, también presente en las jornadas celebradas en Madrid destacó que la Unión Europea es un actor clave para salvaguardar los derechos de los trabajadores. “Hay que regular”, defendió.

Tras el ejemplo de la Directiva europea de trabajadores de plataformas digitales aprobada este año, que sufrió enormes presiones y dificultades para salir adelante, Schmit –que abandonará el cargo en breve– reconoció que no era “muy optimista” de cara a la futura directiva sobre algoritmos en el ámbito laboral. “Estamos en un momento en el que todo el debate, en EEUU y Europa, gira en torno a la desregulación”, lamentó.

Leïla Chaibi coincidió en la necesidad de aprobar esta directiva europea sobre gestión algorítmica, para la que la eurodiputada enunció varios objetivos. Por un lado, que “haya personas” en decisiones clave en las relaciones laborales, como los despidos o las sanciones a empleados. También “la prohibición del uso de ciertos datos personales” en el ámbito laboral, en el que recordó que la libertad de consentimiento está viciada por la subordinación de los trabajadores al empleador.

Y, en cualquier caso, destacó Chaibi, “no caer en la trampa” de las tecnológicas e imponer “el derecho común”. Que los trabajadores sean considerados como tal, evitar la huida del Derecho del Trabajo, y garantizar su cumplimiento. “No caímos en la trampa de las plataformas, no hay un Estatuto nuevo para los riders. La directiva dice que eres empleado o autónomo. El derecho común debe aplicarse”, subrayó.

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/tecnologicas-distraen-mundo-robots-roban-derechos-laborales-basicos_1_11821538.html

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Argentina: Quién es el nieto 138 que acaba de recuperar su identidad

La historia del hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor

Nacido en la Esma durante el cautiverio de su madre, este hombre de 48 años tiene, entre otros familiares, un medio hermano que lo esperaba.

El nieto recuperado 138, cuya restitución de identidad se anuncio este viernes, nació durante el cautiverio de su madre en la ESMA. Es hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, secuestrados el 10 de diciembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Es nieto de Rosa Pourtalé.

Al momento del secuestro, María Enriqueta estaba embarazada de nueve meses. Ambos fueron reconocidos dentro de la ESMA por los testimonios de sobrevivientes.

Marta Enriqueta había nacido en Azul, provincia de Buenos Aires y tenía 30 años. Juan Carlos era porteño y tenía 21 años. Ambos militaban en Montoneros. «La Negra» o «María» y «El Negro», «Negrolín» o «Ricardo» fueron los nombres con que eran conocidos en la organización.

En 1972 Marta tuvo a su primer hijo, Diego Antonio, junto a un compañero anterior, y que es medio hermano del hombre de 48 años que acaba de recuperar su identidad.  Marta conoció a Juan Carlos poco después y él le dio su apellido a Diego. Ella cursó el profesorado de Historia en el Colegio Normal de Azul y trabajó como empleada administrativa.

Tras el secuestro, María del Carmen Villamayor, hermana de Juan Carlos, y su madre, Carmen Antonia Morinigo, comenzaron la búsqueda infructuosa, que incluyó la presentación de habeas corpus.

En septiembre de 1979, Carmen Morinigo pudo denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita en el país para recoger información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Allí contó que su muera estaba embarazada.

Cuando se produjo la desaparición, el tío de Marta, Pedro Pourtalé, recibió un llamado de la comisaría de Villa Ballester para buscar a un menor de cuatro años. Era Diego, que había sido dejado allí, pero no le dieron información sobre el paradero de su hermana y su cuñado. Pedro junto a su madre, crió al niño y, tiempo más tarde, denunció el caso de Marta y Juan Carlos ante la Conadep.

Diego supo que esperaba un hermanito desde los primeros días. Cuando se lo contaron, hizo un dibujo de la familia incluyendo al bebé. Diego continuó esta búsqueda desde el grupo de familiares que participa de Abuelas.

Desde 1999 la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad trabajó en la investigación del grupo familiar Villamayor-Pourtalé para que, a partir de esa reconstrucción, el Banco Nacional de Datos Genéticos fuera incorporando las muestras biológicas de la familia. Este jueves, el Juez Daniel Rafecas informó al nieto 138 los resultados y un nueva identidad fue restituida.

https://www.pagina12.com.ar/793259-quien-es-el-nieto-138-que-acaba-de-recuperar-su-identidad

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Más de 10 mil migrantes murieron tratando de llegar a España

Al menos 10.457 migrantes murieron o desaparecieron en 2024 tratando de llegar a España por mar, según datos comunicados este jueves (26.12.2024) por la ONG Caminando Fronteras, que constituyen el peor balance desde que empezó a recopilarlos en 2007. Además, 131 embarcaciones desaparecieron con todos sus pasajeros, sin que nunca se volviera a saber de ellos.

El total entregado esta jornada es un 58 por ciento superior al registrado por esta organización el año pasado, e incluye a 1.538 niños y 421 mujeres, señaló Caminando Fronteras en un informe que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2024. Esto supone una media de 30 muertes al día, frente a las 18 de 2023.

La ONG, que elabora sus cifras a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias de los migrantes fallecidos o desaparecidos y de las estadísticas oficiales de salvamento, achaca el aumento de las muertes al uso de embarcaciones precarias, a las rutas cada vez más peligrosas y al empleo de medios insuficientes por parte de los servicios de rescate en el mar.

Rutas muy peligrosas

La inmensa mayoría de estas víctimas (9.757) se produjeron en la ruta que lleva del noroeste de África a las islas Canarias y que discurre por el océano Atlántico, entre fuertes corrientes. Precisamente, el miércoles, día de Navidad, al menos siete barcazas con cientos de inmigrantes llegaron a este archipiélago español, informó Salvamento Marítimo, la organización estatal española de rescate en el mar.

Otras 517 muertes tuvieron lugar en la ruta que parte de Argelia y llega a la costa este de España. «Estas cifras evidencian un fracaso profundo de los sistemas de rescate y de protección», dijo Helena Maleno, fundadora de la ONG, que calificó como «tragedia inadmisible» la sistemática muerte de los migrantes.  Las más de 10.000 víctimas de 2024 eran de al menos 28 países, africanos en su mayoría, pero también de Irak y Pakistán.

El número de inmigrantes llegados ilegalmente a España entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2024 ascendió a 60.216, un 14,5 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior español.

DZC (AFP, EFE)

https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-10-mil-migrantes-murieron-tratando-de-llegar-a-espa%C3%B1a-en-2024/a-71163827

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Argentina: Se multiplican las renuncias de docentes universitarios por los bajos salarios y la falta de fondos para investigar

Por: Milagros Alonso

Hasta hace algunos meses Esteban Ciarlo trabajaba 40 horas semanales en la Facultad de Agronomía como profesor adjunto de la cátedra de edafología, una disciplina que estudia los suelos en relación con el crecimiento de las plantas. Pasó de esa carga horaria a una dedicación simple de 10 horas para poder tomar otro empleo. “La verdad es que el desfinanciamiento que hay en la universidad es tremendo y todo lo que es investigación se frenó”, cuenta.

Cómo él, cada vez más profesores de universidades públicas reducen sus horas o renuncian a sus cargos por los bajos salarios y en algunas facultades las partidas ya alcanzan al 13% del plantel docente. La tendencia genera incertidumbre por la calidad educativa hacia adelante, pone en peligro la continuidad de investigaciones y plantea un “panorama desolador” a futuro, según coincidieron autoridades académicas y profesores consultados por elDiarioAR.

El aumento de las renuncias es mayor entre los docentes más jóvenes, que pueden cobrar hasta cuatro veces más en el exterior o en el sector privado. En el otro extremo de la escala, también crece la deserción entre quienes están en edad de jubilarse, una situación que vacía a las universidades del personal con más trayectoria.

“Sin ningún lugar a dudas, la preocupación más urgente con la cual vamos a iniciar el 2025 es la recomposición salarial pendiente del año 2024”, advierte Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas de Argentina.

El atraso salarial trae como consecuencia el incremento de renuncias docentes, “un fenómeno que se da en todo el país, pero se ve mucho más en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Santa Fe porque hay más variedad de potenciales empleadores”, precisa Moriñigo.

“Es muy penoso perder a profesores que uno los viene formando desde hace mucho tiempo y que, por cuestiones coyunturales, tengan que irse”, agrega el presidente del CIN, que también es rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Más de 130 renuncias en Exactas de la UBA

A lo largo del 2024, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) renunciaron en total 135 profesores y auxiliares, lo que representa el 13% del plantel docente, según datos que esa casa de estudios le brindó a elDiarioAR.

“Es un número muy grande y se nota una tremenda deserción. Dependiendo de las disciplinas, va cambiando el perfil de adonde se fueron. Algunos pasaron a la industria, otros a universidades privadas o partieron del país”, explica el decano de Exactas, Guillermo Durán. Y continúa: “Los sueldos de nuestros profesores investigadores son entre tres y cuatro veces más bajos que los sueldos que pueden llegar a ganar en países como Chile, Uruguay o Brasil. Y la calidad de nuestra gente es muy buena, entonces tienen oportunidades en todos lados”.

Las áreas más afectadas de la Facultad son las que están vinculadas con computación y química. A contramano de la deserción de sus profesores, Ciencias de Datos es la carrera con mayor cantidad de inscriptos de Exactas desde sus inicios en 2021.

“La situación es espantosa. En cuarenta años de democracia no hubo un ajuste sobre la universidad y la ciencia tan salvaje como el que hizo este Gobierno en un año”, remarca Durán. “Por el momento, estamos haciendo todo lo posible para mantener la oferta académica tal cual estaba sin tener que cerrar cursos, pero por supuesto que estas partidas en masa provocan una disminución de la calidad”.

Cierre de inscripciones

Una de las instituciones que se vio obligada a modificar la oferta académica es la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que cerró las inscripciones para 2025 en las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Informática porque no hay docentes para cubrir todos los cursos que se necesitarían si se sumarán nuevos estudiantes.

“A los docentes de esos rubros les conviene trabajar en el sector privado y la demanda de inscriptos a esas dos carreras es muy elevada, por lo que se priorizó que quienes ya están cursando puedan seguir haciéndolo”, informaron desde la UNQ a este diario.

Alejandro Díaz-Caro es docente de la Licenciatura en Informática de la UNQ y en octubre de este año emigró a Francia para investigar en lenguajes de programación para la computación cuántica en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (Inria, por sus siglas en francés).

“Mientras pueda voy a seguir dando clases virtuales para la UNQ porque es mi manera de ayudar a que la carrera se mantenga”, cuenta a elDiarioAR por teléfono Díaz-Caro, a unos 11.000 kilómetros de distancia. “Siempre fue difícil competir contra los salarios de la industria, pero ahora las condiciones se deterioraron tanto que nos estamos yendo todos y eso hace que la carga para los que quedan sea más grande. Es una situación bastante catastrófica”, agrega.

El investigador ya había vivido en Francia cuando hizo su doctorado y posdoctorado, pero regresó a la Argentina en 2014 gracias al programa Raíces del entonces Ministerio de Ciencia, que promovía la repatriación de científicos.

“Volví con la intención de crear un grupo de investigación y hacer ciencia en Argentina. En diez años formé un montón de estudiantes y ahora tener que bajar la persiana de repente e irme es muy feo. No es lo que hubiese querido”, afirma y explica que tomó la decisión de emigrar porque el Gobierno suspendió los financiamientos para las investigaciones.

En ese sentido, Díaz-Caro apunta que tampoco se abren llamados para pedir financiamiento al exterior, como hizo durante los últimos años para obtener fondos de la Unión Europea. “Entonces, no es una cuestión de ahorrar plata, sino que hay una intención clara del Estado de que no hagamos más ciencia”, apunta.

“Admiro muchísimo a los que decidieron quedarse y pelearla desde adentro, pero creo que eso no es gratis. Pelearla desde adentro significa dedicar gran parte de tu esfuerzo y tu tiempo a pelear para que el sistema científico no se caiga, en lugar de hacer investigación”, concluye.

La profundización del conflicto

Después de un año con paros docentes, tomas de facultades, clases públicas y dos marchas universitarias federales contra el ajuste que aplica el Gobierno de Javier Milei sobre la educación superior, el conflicto, lejos de solucionarse, se expande en el tiempo.

Ya en octubre la Facultad de Agronomía de la UBA había advertido sobre la renuncia de 30 profesores “altamente calificados”, que configuraban alrededor del 10% del plantel. Ahora, la problemática se profundiza porque al menos 15 docentes solicitaron la disminución de su dedicación exclusiva.

“Pidieron tener una dedicación part time y el resto del tiempo se dedican a la actividad privada, con lo cual estamos perdiendo cerebros y capacidades. Se trata de una tendencia peligrosa para sostener el rol fundamental de la universidad que es la investigación”, resalta la decana de Agronomía, Adriana Rodríguez.

Entre los docentes que redujeron este año su dedicación está Esteban Ciarlo, quien pasó de trabajar 40 horas semanales en la facultad de Agronomía a tener una dedicación simple de 10 horas para tomar otro empleo. Ciarlo, profesor adjunto de la cátedra de edafología, dice que en sus 26 años como docente nunca hizo un paro hasta este año. “No es que yo era el único que no hacía paros, no se usaba en la facultad porque es muy apolítica. Pero este año cambió”, enfatiza y remarca que nunca vio un ajuste similar.

“También nos sentimos muy discriminados por la forma en que se trataba a la comunidad universitaria y por esta idea errónea de que los docentes bajamos línea subestimando a los alumnos. Eso nos empujó a todos a movernos”, continúa Ciarlo, quien espera algún día volver a tener dedicación exclusiva porque asegura que la facultad es como su casa.

Durante el 2024 el sueldo de los docentes universitarios “perdió más del 50%”, según alertó esta semana el gremio de la Conadu Histórica, que reclama la reapertura de paritarias. Hoy un salario de cargos iniciales está “en $420.000 de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, afirmó la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti.

Asimismo, el salario de los docentes universitarios sufrió el mayor recorte dentro del sector público, de acuerdo a un informe elaborado por el centro de investigación Fundar con motivo del primer aniversario de la presidencia de Milei.

Menos profesores y laboratorios más vacíos 

“Tuvimos alrededor de 30 renuncias de docentes a lo largo del año. Es un número que está por arriba de la media de los años previos y ha aumentado significativamente en los docentes más jóvenes, de hasta 35 años”, detalla a elDiarioAR el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA, Pablo Evelson.

También advierte sobre otro fenómeno: “Los docentes se empezaron a jubilar apenas pueden. Tenemos un aumento en las jubilaciones de las mujeres a partir de los 60 años, o sea que hay deserción en los niveles más bajos y en los más altos de la escala”.

La partida de los docentes más jóvenes se profundiza por la suspensión del ingreso a la carrera de investigador del Conicet y por la interrupción del pago de subsidios a los laboratorios de las facultades. En la FFyB, el ajuste afecta investigaciones que buscan dar respuesta a problemas de salud de la población, como el desarrollo de vacunas, kits diagnósticos o medicamentos para enfermedades desatendidas.

“El panorama es bastante desolador porque además no hay ningún indicio de que las autoridades nacionales tomen seriamente la caída del salario”, agrega el decano. Y advierte: “Si la situación permanece, prevemos una disminución muy grande en los distintos estamentos de recursos humanos de la universidad”.

Hacia una consulta popular 

Si bien las autoridades académicas consultadas concuerdan en que los salarios docentes son el tema más grave de cara al próximo ciclo lectivo, advierten que la cuestión de los gastos de funcionamiento tampoco está resuelta porque el Congreso no aprobó un nuevo presupuesto para 2025.

Para encontrar una alternativa, el Consejo Superior de la UBA firmó la semana pasada una resolución donde solicita a la Cámara de Diputados convocar a una consulta popular vinculante para aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó en octubre.

El lunes pasado el Ministerio de Capital Humano anunció que “la inversión universitaria para 2025 es la tercera más alta del presupuesto nacional”. Sin embargo, los 4 billones de pesos previstos están apenas por encima de la mitad de los 7,2 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional para cubrir las necesidades del sistema.

“Esperamos que el Gobierno haga el esfuerzo y genere todas las condiciones políticas para que durante enero y febrero pueda trabajarse en una oferta que empiece a recuperar salarios respecto a la inflación porque de eso depende cómo arrancará el año”, concluye Moriñigo.

DTC

https://www.eldiarioar.com/sociedad/multiplican-renuncias-docentes-universitarios-bajos-salarios-falta-fondos-investigar_1_11918849.html

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