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En las paredes de los campus universitarios, en los baños y las redes sociales se leen mensajes que señalan lo que muchos callan: «Todas sabemos», una frase que hace referencia al atronador silencio institucional sobre casos de violencia sexual en el ámbito académico y universitario y que, cuando alguna alumna o docente se atreve a denunciar, debe enfrentarse a represalias, sentimiento de culpa, falta de apoyo institucional e inacción de las universidades.

La frase «Todas sabemos» escrita en un muro de la Universidad de Coimbra en referencia al acoso sexual ejercido por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, resonó como un grito colectivo frente al silencio institucional sobre casos de violencia sexual en el ámbito académico. Lo mismo sucede en España, donde las pintadas, los hilos en x (Twitter), las publicaciones en redes sociales y los puntos violeta se han convertido en los principales mecanismos de denuncia y resistencia ante el acoso sexual y la violencia de género en las universidades. Sin embargo, lo que sale a la luz es solo una mínima parte de lo que ocurre.

El miedo a las represalias, los sentimientos de culpa, la falta de apoyo institucional y la inacción de las universidades son las barreras que las víctimas deben enfrentar para denunciar estos abusos, según han explicado a Efeminista las investigadoras de la Universidad de Deusto Marie Curie, y de California (Berkeley), Ana Vidu, y la investigadora y experta en Estudios Feministas y de Género, Paula Martín.

Vidu, quien fue víctima de acoso sexual por parte del catedrático Jesús de Miguel Rodríguez en la Universidad de Barcelona, describe la universidad como una «estructura jerárquica feudal» donde el poder se concentra y el pacto de silencio protege a los agresores. Su caso, denunciado en 2011, fue desestimado inicialmente por la Comisión de Igualdad. Solo cuando la Universidad de Harvard, involucrada por la firma del agresor en correos electrónicos, pidió explicaciones, se reabrió la investigación. A ella se sumaron otras 13 víctimas.

Obstáculos y represalias tras la denuncia

Para Vidu esta falta de acción envía un mensaje devastador: «En estos entornos, cuesta denunciar porque las víctimas no tienen poder y enfrentan el miedo a represalias. Este miedo no es imaginario; es real y está respaldado por lo que ocurre a quienes se atreven a alzar la voz».

«Las represalias fueron claras: la gente me dejó de hablar y pasé de ser la mejor estudiante de mi grado a ser la más criticada en el máster y con peores notas. Esto envía un mensaje demoledor a otras víctimas: hablar tiene consecuencias», afirma Vidu. Además, subraya que estas consecuencias no solo afectan a quienes denuncian, sino también a las personas que las apoyan.

Su experiencia no es un caso aislado. La encuesta UniSAFE de 2022, que recibió más de 42.000 respuestas de estudiantes y personal de 46 universidades europeas, reveló que el 31 % de las personas ha sufrido acoso sexual y que el 62 % había experimentado al menos una forma de violencia sexual en las instalaciones del campus.

Sin embargo, el 91 % de las víctimas de acoso en entornos universitarios no denuncia, según un estudio de la Universidad de Barcelona realizado en 2016.

Desde la primera denuncia hasta hoy

Desde la primera denuncia en 1995, cuando el profesor Ramón Flecha, a petición de una estudiante, presentó ante la universidad una denuncia oficial por acoso sexual reincidente de un profesor contra varias alumnas y solicitó la creación de protocolos específicos para prevenirlo, los casos de agresión sexual han seguido ocurriendo.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde el Tribunal Supremo confirmó la condena de un catedrático de Física, Àlvar Sánchez, a un año y medio de prisión y nueve años de inhabilitación por acosar sexualmente a una doctoranda durante dos años.

Otro caso sonado sucedió en la Universidad Carlos III de Madrid, donde el enfermero S.B. fue detenido en 2021 por la Policía Nacional por grabar a más de 200 mujeres desnudas, todas pacientes de la universidad. El enfermero, que realizaba reconocimientos médicos en el campus de Getafe, filmaba a las mujeres sin su consentimiento.

En paralelo, en las redes sociales, el impacto de estos casos también se ve reflejado en testimonios públicos como los recogidos por la cuenta de Instagram @nomasvictimas_universidades o el hilo de X de María Sánchez, quien denunció los abusos sexuales sufridos hace más de una década por parte de un profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Valencia.

Incumplimiento de protocolos

La Ley de Convivencia Universitaria, aprobada en 2022, se presentó como un paso decisivo para erradicar el acoso y la violencia sexual en los campus universitarios. La normativa exige a todas las universidades públicas y privadas implementar protocolos específicos que promuevan la eliminación de cualquier forma de violencia, discriminación o acoso, con principios claros como la confidencialidad, la imparcialidad y la protección de las víctimas.

Sin embargo, a casi dos años de su entrada en vigor, el cumplimiento efectivo de la normativa presenta desafíos significativos. Según un estudio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 41 de las 43 universidades participantes en la encuesta cuentan con protocolos frente al acoso sexual, aunque en el 42 % de los casos estos están integrados en medidas contra el acoso laboral, lo que diluye su especificidad.

Más preocupante aún es que de las 89 universidades activas en el curso 2022-2023, según datos de la Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones (EUCT), 46 no participaron en la encuesta, dejando sin información a más de la mitad del sistema universitario español.

Entre las universidades con datos disponibles, el 35 % reporta haber recibido más de 10 solicitudes de actuación en el último año. Sin embargo, un 20 % no registró ninguna, lo que podría indicar la persistencia del silencio o la falta de confianza en los mecanismos institucionales

En este contexto, Ana Vidu advierte con contundencia: «Lo que está claro es que vamos a ver más denuncias en el futuro, y algunas de ellas serán claves. Creo que lo que nunca hemos tenido en España, y que pronto vamos a tener, es una denuncia a una universidad por no cumplir sus propios protocolos y mecanismos para apoyar a las víctimas».

«Escuchar, creer, apoyar»

En este contexto de inacción institucional, han surgido redes informales y colectivos feministas que desempeñan un papel crucial en el acompañamiento de las víctimas. El proyecto UnisWithHeart, liderado por Ana Vidu, es una de estas iniciativas. Esta iniciativa nació a partir de su experiencia personal y de su investigación sobre cómo funcionan los mecanismos formales e informales en las universidades.

«Descubrimos que una víctima tiene más posibilidades de denunciar si cuenta con redes de solidaridad. Denunciar no es un evento aislado, sino un proceso largo que puede durar años. Sin apoyo, es difícil mantener la fuerza necesaria para atravesarlo», explica.

E insiste en que «las redes de solidaridad no solo respaldan a las víctimas, sino que también generan cambios estructurales en las universidades«.

«Escuchar, creer, apoyar» son para ella los pilares de estas redes que «han demostrado ser efectivas no solo para acompañar a las víctimas, sino también para presionar a las universidades a mejorar sus protocolos».

En la Universidad Complutense de Madrid, el Punto Violeta del campus de Somosaguas se creó en 2018 tras una serie de denuncias de acoso por parte de docentes.

Puntos violeta y redes de apoyo frente a la violencia

La investigadora Paula Martín, una de sus fundadoras, recuerda cómo surgió la iniciativa ante la percepción de que el protocolo institucional no estaba funcionando: «Vimos que las chicas que sufrían acoso, incluso si denunciaban, no recibían acompañamiento. Muchas veces ni siquiera sabían en qué punto estaba su procedimiento. Nos dimos cuenta de que era necesario crear un espacio que también apoyara a quienes no querían denunciar, que son la mayoría».

El trabajo del Punto Violeta no se limita al acompañamiento emocional, sino que también busca educar y sensibilizar a la comunidad universitaria. Martín subraya que muchas víctimas no etiquetan sus experiencias como acoso, lo que refleja la necesidad de una mayor concienciación. Su estudio sobre el acoso sexual en el campus de Somosaguas evidencio que existe una brecha considerable entre la percepción y la existencia de la violencia: solo un 6,5 % declaró haber sufrido acoso frente al 39,4 % de las personas había vivido situaciones constitutivas de acoso sin identificarlas como tales.

La denuncia no siempre es el camino adecuado para todas las víctimas, asegura la investigadora. Según Martín, muchas personas deciden no denunciar debido al agotamiento emocional que supone enfrentarse a procedimientos largos y a menudo infructuosos.

«Desgraciadamente, los protocolos actuales no garantizan apoyo suficiente, y en muchos casos, las resoluciones no son favorables para las víctimas. Esto refuerza la idea de que denunciar no merece la pena», afirma.

Por ello, el enfoque del Punto Violeta se centra en escuchar y respetar los tiempos y deseos de cada persona. Martín explica que el acompañamiento no debe ser impositivo: «A menudo pensamos que lo mejor es denunciar, pero no siempre es así. Hay que respetar los límites de cada persona y entender que su bienestar emocional es la prioridad».

¿Cómo evitar la violencia sexual en la universidad?

Según Vidu, la clave está en combinar medidas institucionales con el fortalecimiento de las redes informales. Esto incluye un claro compromiso y posicionamiento por parte de la universidad que pase por implementar formaciones obligatoria para toda la comunidad, formalizar espacios como los puntos violeta y establecer conexiones sólidas entre las universidades y las organizaciones sociales que trabajan en la lucha contra la violencia machista.

Violencia sexual en la universidad: entre el silencio institucional y la lucha por espacios seguros