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www.hinterlaces.com/30-08-2016/Por: Scarlet Clemente

Explotación del Arco  Minero compromete 12% del territorio nacional, más de 44 mil toneladas de minerales y 60% de las fuentes hídricas de la nación

12% del territorio nacional se encuentra comprometido por 40 años, en principio. Con el nombre “Arco Minero del Orinoco” fue denominado el decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855)  ordenado por el presidente Nicolás Maduro, que autoriza el desarrollo de la explotación minera en un vasto territorio que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

111.843,70 kilómetros de territorio serán ocupadas por más de 150 empresas de la minería de diversas partes del mundo, según informaciones difundidas por voceros del oficialismo. Esta extensión que será el foco de explotación representa un territorio mayor a países como Cuba, Portugal o Bulgaria.

La división de este territorio ha sido dispuesta en atención a la predominancia de los minerales en:

• Área 1: Coltán tierras raras, diamantes.  
• Área 2. Predominancia de hierro y oro.
• Área 3. Bauxita, hierro y oro.
• Área 4. Oro, bauxita, coltán, caolín y dolomita.

Con la obtención de las certificaciones internacionales que adelanta el país, Venezuela legitimaría que posee 10% de las reservas probadas de diamantes del mundo, ocupando el sexto puesto, y se convertiría en la segunda mayor reserva mundial de oro.

Según el decreto, la decisión se fundamenta en la “creación de estímulos necesarios para implementar las capacidades para el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales del arco”. Según Maduro, el plan persigue desligar al país del “modelo rentista” con el que opera en materia petrolera. Establece que los postulados fundamentales que lo rigen son los principios de “integralidad en la regulación” y  manejo de la zona; posteriormente enumera una serie de postulados que serán analizados a la par de las informaciones que se conocen del proyecto de explotación.

Gaceta Oficial N° 40.855. Decreto N° 2.248

*Ética Socialista

“No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema! Y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta”

Con estas palabras intervino el ex presidente  Hugo Chávez, en la XV Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2009. Hoy, 7 años después, su sucesor, Nicolás Maduro, ha aprobado un plan para la explotación de oro, diamante, hierro y aluminio a empresarios nacionales e internacionales.

Según información difundida por su gabinete ministerial, el plan de inversión involucraría a 35 países de los que solo han sido mencionados Canadá, China, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Estados Unidos, El Congo, Inglaterra, Alemania y Suiza. Y a más de 150 empresas de las que solo han sido dadas a conocer las  chinas Camc Engeerering CO. LTD(trabajará en el área 1), Yakuang Group (para el área 4) y la canadiense Gold Reserve, que retornó al país luego de ser suspendida su concesión en 2009 y posteriormente haber firmado en 2016 un memorándum de entendimiento con el Ejecutivo para el establecimiento de una empresa mixta, que le permitirá retomar acciones y le concederá el pago de 769,6 millones de dólares como indemnización por la estatización de sus operaciones.

El ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, explicó que el plan de trabajo con estas trasnacionales sería bajo la figura de empresas mixtas con mayoría accionaria venezolana, donde “el Estado obtenga un mínimo de 55% de ganancias, 13% de regalías, y además reciba el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr), lo que totaliza más de 70% de ingresos”. Entretanto, el presidente Maduro ha señalado que 60% de los dividendos que reciba el Estado, serán orientados para el Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones.

Diversos sectores del país han alzado la voz en contra de la aprobación de este decreto por considerar que ha revertido decisiones “inconsultas y poco meditadas” entorno al porvenir del país. Han criticado que se le pretenda tildar de “prácticas ecosocialistas” cuando trae consigo grandes impactos ambientales. La llamada Plataforma en Defensa de la Constitución, organización que agrupa a voceros del llamado “chavismo crítico” y a exministros del ex presidente Hugo Chávez, han sido de los más fervientes opositores a este proyecto.

El exministro de Comercio y miembro de la plataforma, Gustavo Márquez, en días pasados aclaró que de esta operación no surgiría “dinero fresco” para el Estado. A su juicio, Venezuela no solamente no va a recibir inyección de capital, sino que además va a tener que cancelar a la Gold Reserve un total de 769,6 millones de dólares antes del 31 de diciembre de este año; y adicionalmente, otros 240 millones de dólares por concepto de los datos técnicos de minería que posee la empresa. Lo que comprometería las finanzas de la nación que atraviesa una profunda crisis producto de la disminución de ingresos por concepto de exportaciones petroleras. Márquez expresó:

 “Este es un acuerdo que revierte toda la política de la Revolución Bolivariana antineoliberal porque de hecho está asumiendo las condiciones que aplica el Fondo Monetario Internacional a los países en materia de promoción de inversiones (…)  Ese tratado está por debajo de la Constitución, porque es heredado y viene desde 1998, es completamente inconstitucional”

*Resguardo y defensa de soberanía nacional

El Gobierno venezolano anunció durante el mes de agosto la firma de 7 acuerdos por4.500 millones de dólares con diferentes empresas nacionales e internacionales para iniciar el “desarrollo” del Arco Minero. Aunque las condiciones contractuales son desconocidas para la opinión pública, diversos sectores han denunciado unas desiguales condiciones. Entre los acuerdos más controvertidos está el establecido con la Golden Reserve. Al respecto, el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, ha señalado:

“Hemos firmado el acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares, que están disgregados en la resolución de la disputa que se tenía -con la Golden reserve-, las inversiones en las minas de oro por 2 mil millones de dólares y 2 mil millones de dólares en préstamo para el país”

Sin embargo, el profesor Edgardo Lander explicó que este acuerdo no resulta beneficioso para la nación, ya que el Estado deberá acudir a financiamiento externo para llevar a cabo el proyecto. Además, denunció que se le cede a la trasnacional canadiense -por 40 años-  18 mil hectáreas para la explotación, pues se le suma a la mina Las Brisas (Bolívar) y la mina vecina Las Cristinas donde se estima que existen reservas de oro de 55 millones de onzas, además de 4,2 billones de libras de cobre

“La nueva empresa mixta tendrá que buscar los recursos en el mercado de capitales, entonces además de pagar mil millones de dólares en el corto plazo, tendrá que endeudarse por 1.155 millones de dólares para poder hacer su aporte de capital”

Pese al anuncio hecho por el ministro Mirabal, donde aseguraba que el fisco percibiría  el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr) y otros tributos de manos de las empresas mineras; Rockne Timm, CEO de la compañía canadiense, ha declarado que otro incentivo para retornar al país ha sido la declaración del área como “zona económica especial”, lo que les ofrece beneficios adicionales como la exoneración de ciertos impuestos, por lo que el país tampoco estaría percibiendo estos ingresos fiscales.

La compensación a Gold Reserve no será la única que deberá realizar el país, porque se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió que Venezuela deberá pagarle a la minera ruso-canadiense Rusoro, una compensación de 1,2 millardos de dólares por concepto de la expropiación de sus activos en el país en 2012.

*Protección y respeto a los pueblos indígenas

La exploración de los territorios del Arco Minero incidiría de manera directa en los territorios indígenas de pueblos y comunidades como los Yekuanas, Piaroas, Pemón, Arawak , Akawayo, Piapoco, entre otras. Distintas comunidades se han manifestado en contra el decreto por considerar que están siendo amenazados sus derechos y que estas explotaciones devastarían sus territorio, y además, afectarían varias áreas bajo Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca del río Caroní, la Reserva Forestal Imataca y el Monumento Natural Cerro Guanay.

En una carta elaborada por todas las autoridades de 49 comunidades Yekuana y Sanemalos representantes indígenas “rechazaron definitivamente la implementación del decreto del Arco Minero “en sus territorios y hábitats. Advirtieron que estudios científicos con data de los 2010 y 2011, vienen reportando un impacto ambiental en la zona, producto de la minería ilegal y artesanal practicada en estos territorios y temen que la situación se agrave con la aprobación de la minería extensiva a cielo abierto:

“Estudios reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así comobioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Yekuana y Sanema”

En contraposición, el ministro Mirabal ha declarado que los planes contemplan el cuidado y respeto hacia el medio ambiente y una “política de bienestar centrada las necesidades, tradiciones y costumbres ancestrales de quienes habitan el territorio”. El presidente Maduro ha añadido que esta exploración se realiza con un amplio criterio “científico, ecológico, econométrico”, que garantizaría el fortalecimiento de la riqueza minera y la capacidad productiva nacional.

“Aún no existe en el mundo una minería ecológica, amistosa con el ambiente, sobre todo cuando se trata de una megaminería de mayores y más bastas proporciones de cualquier iniciativa similar a nivel mundial”. Esteban Emilio Mosonyi, antropólogo.

*Adaptabilidad, solidaridad

Ana Elisa Osorio, exministra del ambiente del expresidente Chávez,  fue la responsable de ejecutar bajo su gestión el retiro de la concesión a la trasnacional Gold Reserve. Se han convertido en una de las voceras más activas en contra del Arco Minero. Osorio ha declarado que  la autorización de la explotación “afianza la lógica rentista” del país y ha alertado que el proyecto esconde la destrucción de nuestro ecosistema y el compromiso del futuro del país.

El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, en declaraciones ofrecidas a la opinión pública dio a conocer que se tienen contabilizados 465 centros poblados a lo largo del Arco Minero, que se traducen en más de un millón 660 mil habitantes (4,9%) de la población nacional y que según estimaciones oficiales esperan un aumento de un millón 768 mil personas para 2019.

Menéndez explicó que en el marco del proyecto minero se impulsará un plan de desarrollo industrial que prevé asistencia en materia de viviendas, salud, educación y la “protección y preservación de nuestras comunidades originarias”.

El Mayor General retirado, excomandante de la REDI Guayana, Clíver Alcalá Cordones ha expresado:

“Es la vida de los venezolanos que está en peligro, la ambición por una riqueza nos va a destrozar de forma abismal y el presidente debe rectificar en la firma de estos documentos y debe haber una discusión previa antes de firmar porque se compromete el futuro del país si se continua avanzando en esa locura. Piensen en las comunidades indígenas que no han sido consultadas. Exigimos el derecho donde el Estado explique este tipo de contratos”.

*Eficiencia, calidad, transparencia, sustentabilidad

Poco se conoce sobre la metodología que emplearán las empresas en la explotación del suelo. El presidente Maduro firmó días atrás un decreto que “prohíbe absolutamente” el uso del mercurio en las actividades mineras en Venezuela. Sin embargo, no ha hecho alguna mención a la solución cianurada altamente contaminante y ampliamente empleada en la explotación del oro.

El investigador Edgardo Lander al ser interrogado sobre los posibles métodos extractivos consideró que es “ poco probable que exista otra opción diferente al uso masivo del cianuro, porque eso se ha convertido hoy en el estándar global de como se opera la minería de oro a gran escala”.

La exministra Osorio explicó que el Macizo Guayanés no solamente es uno de los mayores depositorios de minerales del país, sino también de las más grandes reservas hídricas de la nación. Dilucida que esta zona se encuentra protegida por decretos de reserva forestal, leyes ambientales y convenios internacionales. Destacó que la explotación minera en la zona afectaría de manera irreversible a fuentes como la Cuenca del Caroní (96 mil kilómetros) que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y además “nos abastece más o menos de 70%” de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico nacional.

Lander asegura que Venezuela debe buscar articulaciones con las Redes Latinoamericanas de Resistencia a la Gran Minería, porque somos un país ajeno a este tipo de conflictos. Añade que, estos acercamientos cooperarán con el asimilamiento de experiencias requeridas en términos de instrumentos legales, formas de organización, consultas populares, entre otras.

“La afectación de la Amazonía, del agua, de la capa vegetal y los bosques de esta zona  no solo tienen consecuencias para Venezuela, sino que tienen consecuencias planetarias en papel de lo que esta zona juega en funcionamiento del sistema climático”, resaltó Lander.

*Equidad, control social

Santiago Arconada, activista y profesor de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, ha calificado el plan como “una puñalada a la vida del planeta” y ha deplorado que el decreto presidencial se hiciese sin el menor desarrollo de estudio de impacto ambiental. Esta falta iría en menoscabo del  Artículo 129 de la Constitución que establece que “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben serpreviamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural“.

“Esos estudios no han sido presentados y no se pueden presentar a posteriori. No es que los van a presentar mañana o pasado y eso es lícito (…) eso tendría que haberse presentado previamente a la emisión del decreto y a la realización de cualquier tipo de convenio con ninguna empresa”, señaló el psicólogo y comunicador, Gonzalo Gómez.

Arconada añadió que el decreto del Arco Minero donde se abre la posibilidad a las empresas de comercializar un porcentaje del oro en el extranjero, sin tener que pasar por el Banco Central de Venezuela y dejar las ganancias fuera del país en cuentas offshore; entra en contradicción con la Gaceta Oficial N° 40.692 del 30 de junio de 2015,  donde el Gobierno Nacional establecía que “las personas, sociedades o formas de asociación que desarrollen actividades de exploración y explotación del oro en áreas destinadas a las actividades mineras en el país deberán vender al Banco Central de Venezuela (BCV) todo el material aurífero obtenido“

La Plataforma denuncia que se pretenda justificar la realización la explotación masiva a cielo abierto con mega minería como medida de urgencia para hacer frente a la crísis económica,  cuando los riesgos ecológicos y económicos duplican los volúmenes de las ganancias que se podrían obtener en las extracciones.

“Esos 280 mil millones de dolares de los que habla el Gobierno (en reservas de oro en el Arco Minero), son apenas un poco más de la mitad de lo que se estima que ha perdido la nación, por el desfalco, fuga de capitales y faltantes detectados en PDVSA”, expresó  Gonzalo Gómez Freire, también miembro de la Coordinación de Marea Socialista.

*Participación del Poder Popular

El artículo 128 de la Constitución Nacional decreta que “el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geológicas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”.

Para la Plataforma de Defensa de la Constitución, ningún procedimiento anterior al decreto de creación del Arco ha cumplido con estás características. Por esta razón, encabezados por Freddy Gutiérrez Trejo, Cliver Alcalá Cordones, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro; han interpuesto una demanda de nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya fue admitida por el ente.

Gómez, califica el proyecto como “lesivo para la soberanía nacional” y acota que arrebata competencias legislativas al Estado al comprometerse a indemnizar a las corporaciones por cualquier acción judicial que se lleve a cabo más adelante:

“Cuando la empresa se plantea que podría apelar a los Tratados de Protección en Materia de Inversiones y que no sería posible que en Venezuela se emitiera ninguna ley o decreto posterior que pretendiese anular o menoscabar las condiciones en que se establecen estos contratos actualmente, entonces nosotros también estamos cediendo soberanía a futuro“

El exconstituyente Gutiérrez ha dejado claro que “cualquier contrato que suscriba la República y que no pase por la Asamblea Nacional (AN) es ilegal e inconstitucional”, puesto que el Parlamento debe conocer y posteriormente aprobar cualquier compromiso que asuma el Gobierno Nacional con otras naciones o empresas.

Para diversos sectores el país, este decreto revierte una enorme preocupación para el porvenir de la nación. Dada la envergadura del proyecto y sus implicaciones, exigen una todos los miembros de la sociedad civil tengan cabida en la discusión para construir los términos de acuerdos, ya que compromete el porvenir económico, político, ecológico y social de varias generaciones.

“¡Queremos seguir existiendo! ¡Exigimos nuestro territorio para seguir viviendo bien! ¡La vida vale más que el oro!“, proclama la comunidad Yekuana.