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Leonardo Tello Imaina: El impacto de la crisis en la educación indígena de la Amazonía

La crisis económica por la pandemia profundizó aún más las brechas en las comunidades indígenas de Loreto. Las familias debieron comprar celulares para que los niños estudien, pero no todos accedieron al programa estatal Aprendo en Casa. “Antes de la pandemia el sistema educativo ya era desigual e injusto con los pueblos indígenas. Es urgente que las autoridades promuevan una mejor educación”, dice en esta columna el periodista kukama.

La educación en la región Loreto es de muy baja calidad. Antes de la pandemia los medios de comunicación de Nauta denunciaron que los docentes no acudían a sus puestos de trabajo y que las escuelas estaban desatendidas por las autoridades. Con la crisis sanitaria por la Covid-19 el problema se agudizó.

Cuando el gobierno decretó el estado de emergencia durante la primera ola, muchas comunidades indígenas quedaron desatendidas por el Estado. Faltaban los alimentos y las medicinas también escaseaban en los puestos de salud. Las comunidades afectadas por la contaminación petrolera fueron las que más sufrieron en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los primeros bonos otorgados por el gobierno, como ayuda para paliar la crisis económica, causaron desorden en las comunidades. Los niños indígenas necesitaban alimentarse y sus padres también debían pensar en cómo adquirir medicinas para sus enfermos. Y de pronto comenzó el programa “Aprendo en casa”. Sin mucha información, los padres tuvieron que comprar celulares para que sus hijos se conecten a las clases virtuales.

Algunas familias pudieron adquirir esos equipos en la ciudad de Nauta, ubicada a dos horas por carretera o doce por río desde la capital de la región. Pero no eran las únicas necesidades. También les hacía falta comprar un galón de gasolina diario en la ciudad para los generadores eléctricos. Solo así los niños podían seguir las clases. Eran pocos los estudiantes indígenas que accedían a clases mediante ese programa estatal.

ANTES DE LA PANDEMIA EL SISTEMA EDUCATIVO YA ERA DESIGUAL E INJUSTO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS».

En las ciudades amazónicas, donde la mayor parte de la población es indígena, las madres y los padres de familia se han convertido en docentes de sus hijos. Los profesores solo se dedican a enviarles tareas con poca orientación y pautas para su desarrollo. Las tablets, que llegaron al final de la segunda ola de la pandemia, vienen construyendo una generación de estudiantes alejados de la realidad. Los convierten en posibles víctimas de acoso sexual o trata de personas, como ocurrió con dos niñas de Nauta y Cuninico (distrito de Urarinas), que en agosto fueron captadas mediantes las redes sociales por personas mayores.

Si antes de la pandemia el sistema educativo era desigual e injusto con los pueblos indígenas, con la crisis sanitaria esas brechas se hicieron aún más profundas. Los recursos económicos, insuficientes desde antes de la pandemia, terminaron en manos de funcionarios que se aprovecharon de la situación y agravaron la vida de las poblaciones indígenas.

Es el caso de Ladislao, un niño de 5 años, que vive en la junta vecinal “El Mirador” de Nauta. El pequeño tiene una muela que no lo deja dormir. Además, no puede atender las clases debido a que sus padres  —que trabajan vendiendo golosinas en las calles de Nauta— no han podido comprarle un celular. No tienen dinero para los analgésicos. El Sistema Integral de Salud (SIS) no lo atiende todavía. Llora cogiéndose la carita.

A él no le contaron, pero algún día sabrá que el dinero con que debieron atenderlo para aliviarle el dolor de muela, se lo llevó un funcionario del gobierno. Entonces toca volver a las plantas medicinales. La escuela tendrá que esperar. La desigualdad para Ladislao y otros niños indígenas se ha expuesto más durante la pandemia.

Es urgente que las autoridades promuevan una educación de calidad, sin discriminación, sin exclusiones de los pueblos indígenas. Niños como Ladislao necesitan toda la atención del Estado peruano.

Fuente: https://ojo-publico.com/3078/el-impacto-de-la-crisis-en-la-educacion-indigena-de-la-amazonia

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Estados Unidos: 48 horas dan a 8 Juntas Escolares de Florida para eliminar mandato de mascarillas en escuelas

Si estos no acatan la nueva orden del Departamento de Salud de Florida, sus salarios se verán afectados.

Al menos 8 Distritos Escolares del estado del sol están bajo amenaza de retención de sus sueldos si no levantan el requerimiento del uso obligatorio de cubrebocas en sus planteles, medida que han tomado para mitigar la propagación del COVID-19 en las aulas.

Las Juntas Escolares de los condados Orange, Brevard, Miami-Dade, Duval, Leon, Alachua, Broward y Palm Beach tienen 48 horas para eliminar sus mandatos de mascarillas en sus escuelas para cumplir con la nueva normativa del Departamento de Salud de Florida, la cual prohíbe que se exijan los tapabocas en las instituciones. Si no lo acatan, sus salarios se verán afectados.

Además de retenerles los sueldos a los miembros de estos entes escolares, también perderían los fondos federales de compensación.

La Superintendente Escolar del condado Orange, Barbara Jenkins, defiende las acciones tomadas en sus planteles para «proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes», así como del personal.

Sin embargo, a pesar de querer cuidar del coronavirus a los alumnos y trabajadores, el condado Orange ha recibido una demanda de un grupo de padres que consideran que se les debe permitir tomar la decisión de enviar o no con mascarillas a sus hijos a las aulas.

Uno de los querellantes, explicó que su hijo sufre de constantes dolores de cabeza por no tener buena respiración al usar la mascarilla.

Aunque el mandato de mascarillas en el condado Orange se extiende hasta el próximo 30 de octubre, la Junta Escolar de esta entidad deberá tomar una decisión dentro de las próximas 48 horas o sus sueldos serán retenidos.

Fuente: https://noticiasya.com/san-diego/2021/10/08/48-horas-dan-a-8-juntas-escolares-de-florida-para-eliminar-mandato-de-mascarillas-en-escuelas/

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“Hasta aquí llegué”: el sindicalista Fernando Gambera se desafilió del Partido Socialista

Cuestionó algunas estrategias “muy lejanas al legado socialista”, en particular la decisión de impulsar la candidatura de Civila “justificada en una política de alianza”

Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), anunció días atrás que apoyaría la candidatura de Fernando Pereira a la Presidencia del Frente Amplio (FA).

En una carta dirigida a Civila, a la que accedió la diaria, Gambera manifestó que el partido “viene en un derrotero de decisiones y posicionamientos que resultan ajenos, al menos a quien suscribe, formado en aquel documento de democracia sobre nuevas bases”.

El dirigente de AEBU explicó que algunas decisiones “táctico políticas” no las ha compartido, pero las ha acatado. “Y en otras estratégicas que son muy lejanas al legado socialista que forman mi esencia y que a mi entender niegan la rica historia y autoconstrucción de nuestro PS”.

Se refirió en particular a la disputa por la presidencia del FA y cuestionó la decisión de impulsar a Gonzalo Civila como candidato, “justificada en una política de alianzas” —entre ellas, con La Amplia, liderada por la intendenta de Montevideo Carolina Cosse—, que no lo representa “en absoluto”. Este punto “hace ya público y notorio que hasta aquí llegué”, dijo Gambera y agregó: “Por ello pido ser dado de baja y dejar de ser afiliado. Como decía el Zita… ’que pena que no me duela el dolor’. Con esa pena y más socialista que ayer y menos que mañana, te mando un abrazo”, concluyó.

El jueves, en diálogo con El Observador, se refirió a la candidatura de Fernando Pereira para la presidencia del FA, dijo que “hubiera querido que Fernando durara más en el PIT-CNT”, y agregó: “Si lo perdemos en la central, lo quiero ganar como presidente del Frente Amplio. Va de suyo que en diciembre voy a votar a Fernando”.

Sostuvo que dará “los debates internos” en el PS si es necesario, “pero esto termina siendo mi postura personal, no sería honesto si no lo admitiera”, concluyó.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/10/hasta-aqui-llegue-el-sindicalista-fernando-gambera-se-desafilio-del-partido-socialista/

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Concurso y convocatoria: Pandemia de Covid 19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad económica y climática en América Latina y Caribe

Los países de América Latina y el Caribe ya venían experimentando escenarios de austeridad fiscal, con recortes presupuestarios importantes y privatizaciones en servicios públicos, antes del inicio de la pandemia del Covid 19. En este sentido, resaltan las vías de flexibilización y vulneración de políticas/normas ambientales y laborales para favorecer la inversión de grandes empresas privadas (sobre todo del sector agropecuario e hidrocarburos) en contextos que carecían de robustas políticas: regulatoria y tributaria.

Con la pandemia, hemos percibido aumentos significativos de pobreza y desigualdad y otros efectos asociados al desempleo en la región, el hambre y la crisis climática que afecta a nuestros países. Como respuesta apremiante, algunos gobiernos empezaron con paquetes de estímulo a la economía y de protección social focalizada; pero estas políticas se mostraron insuficientes, dejando una gran parcela de la población sin asistencia y forzando condiciones de pauperización creciente en la región.

Al mismo tiempo hemos presenciado el aumento en la concentración de la riqueza. Según nota recientemente publicada por el Subsecretario Adjunto de la ONU: “En conjunto, vemos que, durante la pandemia, el número total de multimillonarios en ALC aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en $196 mil millones, esto es aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador. Es decir, el acervo de riqueza de los multimillonarios en ALC, medido por la lista de Forbes, ha crecido más del 40 por ciento durante el COVID-19 hasta ahora.[1]

A estas dificultades se suman prácticas asociadas con la captura del Estado y los privilegios que detentan determinados sectores tanto en el campo económico, como en materia ambiental. Ejemplos de esto podría ser la manutención y ampliación de privilegios fiscales y la flexibilización de normas y baja fiscalización en materia de protección del ambiente, así como el apoyo a grandes empresas e inversiones privadas que impulsan un modelo de desarrollo basado en la profundización de la desigualdad y la explotación de recursos naturales.

Algunos temas sugeridos para Justicia Económica:

  • Compromisos asumidos por los países para “pagar” los créditos a los que tuvieron acceso con la finalidad de enfrentar la crisis socioeconómica durante la pandemia de Covid 19.
  • Captura de los sistemas públicos de: salud, educación, pensión, entre otros.
  • La desigualdad y las brechas de género en materia de cuidado/alternativas desde los feminismos en la región, desde la economía informal, popular y solidaria.
  • La captura de las políticas en materia de inversión en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de sistemas productivos en la región.

Algunos temas sugeridos para Justicia Climática:

  • Políticas y alternativas propuestas para la recuperación del entorno social, económico y ambiental tras la crisis abierta por la pandemia del Covid 19.
  • Captura política en iniciativas que impulsan la trasparencia, participación y ejercicio pleno de la sociedad civil en el control y protección de los territorios y bienes comunes, por ejemplo, alrededor del Acuerdo de Escazú.
  • Políticas ambientales y protección de los derechos de poblaciones indígenas y/o afrodescendientes (principalmente mujeres y jóvenes) para enfrentar los desafíos de la pandemia y los efectos de crisis recurrentes en los territorios.
  • Posibles impactos (uso de la tierra) y conflictos derivados de los compromisos asumidos por los gobiernos de la región en materia de Cero Neto y compromisos nacionalmente determinados (NDCs), así como mecanismos para financiar la mitigación y los planes nacionales de adaptación.

[1] (https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/covid-19-and-wealth-at-the-top–more-and-wealthier-billionaires-.html)



NORMAS DEL CONCURSO


Cierre de inscripción: 29 de octubre de 2021 (Argentina)
Publicación de ganadores/as: diciembre de 2021
Realización del proyecto: 20 de diciembre de 2021 al 20 de mayo de 2022
Presentación del resumen ejecutivo: 2 de mayo de 2022
Presentación del informe final: 31 de mayo de 2022

Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO. Los/as ganadores/as serán contactados/as por correo electrónico.

Consultas: capturadelestado@clacso.edu.ar

Fuente: https://www.clacso.org/pandemia-de-covid-19-captura-del-estado-y-los-efectos-en-la-desigualdad-economica-y-climatica-en-america-latina-y-caribe/

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Paraguay: los trabajadores ganan las calles. Médicos, docentes y campesinos, en lucha.

En el marco del debate del presupuesto 2022 en la nación guaraní, los trabajadores de la salud y los docentes han salido a las calles a reclamar sus derechos.

Más de 3 mil profesionales, nucleados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), iniciaron una huelga el 28 de septiembre en demanda de un aumento presupuestario que permita lograr una equiparación en el sector, dado que las jornadas son desiguales. Reclaman una reducción de la carga horaria, o en su defecto el pago de las horas que no les están abonando. La huelga, que se extenderá hasta el día 11, ha incluido movilizaciones diarias a las sedes ministeriales.

El desprecio del gobierno de Mario Abdo Benítez por la salud pública se evidenció en la calamitosa gestión de la pandemia, marcada por la falta de insumos, sueldos atrasados, el colapso hospitalario y un sistema de vacunación vip, que privilegió a funcionarios y empresarios, mientras la población no podía inmunizarse. Todo esto condujo, en uno de los picos de los contagios, a la rebelión de marzo, que el presidente sobrevivió debido al amparo de las distintas fracciones del Partido Colorado.

En simultáneo a la actual lucha de los médicos, los docentes están reclamando un aumento del 16%. Ante la falta de respuestas del gobierno, iniciaron una huelga el 1 de octubre. Ese día, además, 10 mil trabajadores del sector marcharon en Asunción (La Nación Paraguay, 5/10). La medida de fuerza entró en cuarto intermedio este jueves, pero se reanudaría el viernes. Están programadas acciones hasta el día 15.

https://www.facebook.com/100000400064996/videos/854932065214402/

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, amenazó con vetar el presupuesto si se contemplaran los reclamos de los trabajadores. Pero mientras se retacea el aumento en salud y educación, los fondos para pagarle a bonistas y organismos financieros internacionales suben un 25%, en el caso de las llamadas entidades descentralizadas (como la eléctrica Ande), y 9% en el caso de la administración central (ABC Color, 8/9).

La lucha de médicos y docentes plantea la necesidad de un paro general de las centrales sindicales, que sea el puntapié de un plan de lucha nacional. Si ganan estos sectores, se abren mejores perspectivas para todo el movimiento obrero.

El problema de la tierra

Además de las luchas salariales, los campesinos e indígenas se movilizaron la semana pasada en Asunción, dado que el Congreso aprobó una norma infame que aumenta los montos de las penas por las tomas de tierra, que pueden llegar ahora hasta los 10 años de cárcel. En la nación guaraní hay 300 mil familias campesinas sin tierras y el 2% de la población concentra el 85% de la mismas (La Tinta, 6/10).

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la élite terrateniente se apropió irregularmente de 7 millones de hectáreas. Posteriormente, hasta 2003, se quedó con un millón de hectáreas adicionales (ídem). Estas tierras pertenecían al Estado o a comunidades campesinas u originarias, que fueron desalojadas. Entre los favorecidos estuvieron familiares del presidente actual y del expresidente Horacio Cartes, al igual que algunos de los senadores que impulsaron el proyecto de ley, bendecido por la Asociación Rural de Paraguay (ARP), la Asociación de Productores de Soja y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Fue aprobado con los votos de congresistas colorados y algunos liberales.

A la par de la apropiación latifundista, avanza en forma acelerada la deforestación y se persigue a quienes luchan por su derecho a la tierra. Desde 1989, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), hubo 126 asesinatos (ídem).

La norma represiva que busca consolidar el dominio inicuo de los terratenientes fue promulgada por Abdo Benítez en apenas 24 horas. Se plantea la lucha por su anulación y por la confiscación de la oligarquía terrateniente para satisfacer los reclamos de tierra de campesinos e indígenas.

Paraguay se encamina a elecciones municipales este domingo, pero de ellas no saldrá ninguna respuesta a los grandes problemas de las masas. Estos demandan la organización independiente de trabajadores, campesinos e indígenas, en un plan de lucha unificado, para derrotar al gobierno reaccionario de Abdo Benítez.

Fuente: https://prensaobrera.com/internacionales/paraguay-los-trabajadores-ganan-las-calles/

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«Hambre y olvido»: Más de 16.000 niños están en riesgo de desnutrición en La Guajira colombiana

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados «tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos«.

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en «huelga de hambre» y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el «epicentro político de toma de decisiones del país», para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra «el hambre y olvido».

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de «medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira», ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

«Vulneración generalizada»

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una «vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu».

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía «iniciar o continuar», según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

«Uno de los mayores problemas»

De acuerdo al informe «Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables», presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja «graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral».

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

«La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad», cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también «afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia» y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en «zonas rurales y dispersas», entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

«La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito», señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/406399-ninos-riesgo-desnutricion-guajira-colombia-persiste

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España: Así es el giro progresista de la asignatura de Religión

Igualdad entre hombres y mujeres, denuncia de la pobreza y ecologismo: la Conferencia Episcopal presenta el nuevo diseño de la materia, cuyo contenido elabora la Iglesia, e invita a la comunidad educativa a proponer mejoras

Los obispos han presentado este lunes su propuesta de nueva regulación de la asignatura de Religión, lo que se conoce como currículo, que abarca aquello que se debe aprender y evaluar en la materia, en un texto que implica un cierto giro hacia planteamientos más progresistas, con un mayor acento en la “erradicación” de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la pobreza, así como de la importancia de la sostenibilidad, el valor de la diversidad en la sociedad y el diálogo intercultural.

En virtud del acuerdo entre España y la Santa Sede, los contenidos de la asignatura de Religión son diseñados por la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española ha publicado en su web los tres documentos, uno para la etapa de Infantil (alumnos de tres a seis años), otro para Primaria (de seis a 12) y otro para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16) en estado de “borrador” para recabar “aportaciones de mejora” de profesores, familias y otros representantes de la comunidad educativa antes de remitirlo al Ministerio de Educación. Estos nuevos currículos constituyen uno de los desarrollos de la nueva ley de educación, la Lomloe, también conocida como ley Celaá, que entró en vigor a principios de año. Los cambios en la materia empezarán a aplicarse el curso que viene.

La normativa, todavía en vigor, aprobada en 2015 para desarrollar la Lomce, la ley de educación que elaboró el exministro del PP José Ignacio Wert, se refiere en dos ocasiones, con la misma frase, a la igualdad entre hombres y mujeres, al señalar que la asignatura “favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación”. Los nuevos currículos se refieren a la cuestión más veces, con fórmulas diversas y una mayor contundencia.

El currículo de secundaria indica, por ejemplo, que una de las competencias específicas de Religión (es decir, una de las cosas que deben aprender los alumnos en la asignatura) “asume como propias todas las situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con la esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio”. El documento de Primaria afirma que la asignatura “proporciona los criterios para el análisis y denuncia de todas las situaciones de marginación o desigualdad entre varones y mujeres” e incluye, entre los “saberes básicos” que debe contener la materia, el “reconocimiento del papel de las mujeres en la Biblia”. Y el currículo de Infantil incorpora, por su parte, entre las competencias de la asignatura “el reconocimiento de la plena igualdad entre niños y niñas, y la adquisición de hábitos de vida saludables que pueden fortalecerse desde la visión cristiana de la vida”.

Valores democráticos

El nuevo diseño de la asignatura también contiene un subrayado, inexistente en la redacción anterior, de la contribución que debe hacer la materia a la “erradicación” de la pobreza, la “denuncia de las situaciones de exclusión, injusticia o violencia”, la promoción de la “libertad de expresión” y la apreciación de los “valores democráticos”. La materia de Religión, indica el documento de Primaria, debe ayudar a los alumnos a prepararse “para el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprecio a los derechos humanos, así como al pluralismo de las sociedades democráticas; supone haber comprendido con valores de respeto e inclusión las diferencias entre las personas y las sociedades, y las diferentes culturas y religiones”.

El nuevo currículo hace hincapié en el fomento de los valores encaminados a la “sostenibilidad del planeta” y la “ecología integral”, un concepto que combina la preocupación por la naturaleza y los sectores sociales más desfavorecidos, utilizado con frecuencia por el papa Francisco. Y manifiesta la alineación de la asignatura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los Derechos Humanos.

En la nueva ley de educación la asignatura de Religión ya no tiene una asignatura alternativa para quienes no la estudien. Tampoco está previsto que Religión cuente a efectos de la nota media del expediente, es decir, para matricularse en una carrera o recibir una beca.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-10-04/erradicar-la-desigualdad-entre-varones-y-mujeres-y-cuidar-el-planeta-asi-es-el-giro-progresista-de-la-asignatura-de-religion.html

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