La ministra de Educación Lucy Molinar evitó contestar respecto a la ejecución del presupuesto de inversión. En tanto, una reunión para una licitación millonaria de computadoras empezó con cuestionamientos de obstáculos a la competencia
A los niveles de la pandemia, así se encuentra la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) y mientras que docentes advierten de serias necesidades en infraestructura, el ministerio ha evitado rendir explicaciones.
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Meduca fue la entidad del gobierno central con la más baja ejecución en el presupuesto de inversión, al 31 de diciembre del año pasado.
La cartera de educación contaba con un presupuesto ley de $1,652.7 millones, sin embargo trasladó $436.8 millones a otras entidades por lo que el presupuesto modificado quedó en $1,215.9 millones. De este monto, se ejecutaron $209 millones.
Esta ejecución en inversiones es similar a los niveles de la pandemia por covid-19, cuando en el año 2022 el Meduca ejecutó $203,9 millones, según la información de la Dirección de Presupuesto de la Nación y que se publica en el portal del MEF.
Desde el pasado martes La Estrella de Panamá intentó conocer a qué se debe esta ejecución presupuestaria y a qué entidades se trasladaron los fondos así como los motivos de ello, pero la respuesta dejó más interrogantes.
“¿Importa lo que digamos?”
En vista de que la jefa de relaciones públicas del Meduca no atendió las llamadas ni mensajes, este diario contactó al viceministro administrativo, Roberto Sevillano quien se comprometió en dar respuesta desde el miércoles pero la misma no llegó.
Por su parte, la ministra Lucy Molinar tampoco atendió la llamada; abordada al respecto por mensaje de texto contestó: “¿Importa lo que digamos?” y se le volvieron a remitir las preguntas: ¿ A qué se debe esta ejecución?, ¿En qué se invirtieron los fondos, ¿A qué entidad se transifieron los $436.8 millones y cuál fue el motivo?. Tras ello, respondió: “Sugiero abordar el tema con el MEF, por favor”.
Este diario pudo conocer que estos $436.8 millones al menos la mitad fueron repartidos entre seis entidades, según información de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El grueso: $173 millones al Ministerio de Obras Públicas, otros $81.2 millones al Ministerio de Salud, al MEF $14 millones y otros $12 millones entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la de Turismo y el Ministerio de Comercio a Industrias.
Al respecto, tanto el diputado independiente de Seguimos, Betserai Richards y Fernando Ábrego dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) coincidieron en su rechazo en estos traslados y calificaron que el Meduca se había convertido en “la caja menuda” de los demás ministerios.
Y mientras que desde el Meduca se informa que el 99.5% de las 3.112 escuelas están listas para iniciar el año lectivo este lunes 2 de marzo, a excepción de unos 13 planteles que iniciarán por módulos, docentes advierten de una situación opuesta, precisamente por falta de infraestructuras.
El profesor José Cambra, de la Asociación de Profesores de Panamá recordó que producto de la movilización de los docentes en 2023 se estableció que se destinara el 7% del Producto Interno Bruto pero esto nunca se ha cumplido.
Advirtió que de las 108 escuelas en las que se imparten los bachilleratos en ciencia, 76 de ellas no cuenta con los laboratorios apropiados.
De igual manera, mencionó que de los 108 Institutos Profesionales y Técnicos existentes, no conoce uno solo que cuente con todos los talleres e instalaciones que requieren los alumnos para poder recibir el conocimiento requerido.
Controversia en la licitación de computadoras
Por otro lado, ayer se efectuó la reunión de homologación virtual convocada por el Meduca para la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, con el desacuerdo de los participantes ante la solicitud del requisito de una muestra física.
La licitación de 531,250 equipos de computación también incluye 21.000 licencias de Microsoft M365 A3 con un precio de referencia de $273.1 millones, según Panamá Compra.
Uno de los requisitos de la licitación por renglón es que el proveedor presente ,como parte de su propuesta, “una muestra del dispositivo ofertado que permita su evaluación” con todos los software instalados y operativos, para evaluar su funcionamiento.
“Exigir una muestra completamente funcional en este plazo solo es posible si el equipo ya estaba previamente desarrollado con esas mismas características. Esto limita la participación real y favorece únicamente a quien ya tenga la solución lista”, reclamó un proponente.
También se solicitó que “por transparencia” el Meduca evaluara la muestra de forma pública y en presencia del proponente, pero la institución rechazó modificar el pliego de cargos, asunto que continuará abordándose este viernes.
De cara al inicio del año lectivo en el que 737,200 alumnos – el 84% de escuelas públicas -se darán cita este lunes 2 de marzo, el mandatario José Raúl Mulino dejó un mensaje:
“Tener casi el 100% de las escuelas listas” ha sido un gran esfuerzo, y que contó con la mano de obra de los privados de libertad. Espero que los maestros, profesores y administrativos hagan el gran esfuerzo de dar clases. No hay en este momento nada que deba obstaculizar ese proceso de aprendizaje. El que quiere buscar (un obstáculo) es porque lo quiere buscar”, manifestó Mulino en su conferencia semanal en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.
“Les deseo lo mejor y he dado todo el apoyo a la ministra Molinar para que este año escolar sea tranquilo y no tengamos que vernos en la penosa necesidad del año pasado en el que se mezcló educadores con politiquería y casi pierden el año escolar por una semana”, agregó el mandatario.
La Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural reúne a gobiernos, movimientos campesinos y pueblos indígenas para debatir la tierra para quién y para qué. «Las reformas agrarias deben estar basadas en la soberanía alimentaria y la agroecología», señalan desde la Vía Campesina. El sector de la agricultura familiar, campesina e indígena es el mayor productor de alimentos sanos y cuenta con solo el 12% de la tierra.
La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) se realiza desde el 23 al 28 de febrero en Cartagena (Colombia). Es convocada para promover el derecho a la tierra para las poblaciones campesinas e indígenas a nivel global. “Lo que hoy nos amenaza es la mercantilización de la naturaleza. Se debe tener en cuenta a los territorios como un centro de autodeterminación y de vida”, afirma Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) de Colombia, organización integrante de La Vía Campesina. Actualmente, el uno por ciento de las grandes explotaciones de tierra concentra el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Y los establecimientos de pequeña escala solo cuentan con el 12 por ciento de las tierras.
La primera Ciradr, realizada en Brasil en 2006, definió los compromisos internacionales para el acceso equitativo a la tierra, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural inclusivo. Veinte años después y con Colombia como anfitriona, la Conferencia reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de la agricultura familiar, pueblos indígenas y personas del sector académico para actualizar el diálogo sobre la reforma agraria.
El concepto y la práctica de reforma agraria tiene múltiples aristas. El histórico dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Pedro Stédile, en su artículo “Conceptos y tipos de reforma agraria“ (incluido en el libro Experiencias de reforma agraria en el mundo), explica que esta noción se adoptó en el siglo XX como una síntesis de programas o propuestas para democratización del acceso a la tierra en cada país. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo procesos similares aunque no se llamaron explícitamente “reforma agraria“. Sucedieron en Europa, Asia, América (incluido Estados Unidos) y África.
El sociólogo chileno Sergio Gómez, en el texto “Reformas Agrarias en América Latina en el siglo XX“, destaca las experiencias de México en la primera mitad del siglo XX (con el lema zapatista de “la tierra para quien la trabaja“); de Bolivia a mediados de siglo y de Cuba post revolución, entre otras. Señala que en solo dos países de la región la reforma agraria no llegó a plantearse como tal en el siglo pasado: Argentina y Uruguay. Y explica que eso ocurrió porque, en el auge de las reformas, estos países no contaban con un «problema agrario» sino que sus «agriculturas eran altamente eficientes, conectadas a los principales mercados agropecuarios mundiales de la época».
También apunta que, en la actualidad, las políticas de reforma agraria se dan por expropiaciones o por diversas formas de asignación de tierras. Un ejemplo de ello es la experiencia del MST brasileño de “ocupar, resistir y producir“ en grandes latifundios improductivos.
Foto: Laís Alanna – MST
A la historia transitada se suman los desafíos del presente: la alta concentración de tierras en manos de multinacionales, la necesidad de planificar las políticas rurales en clave feminista, la iniciativa de mejorar la situación de la tenencia de la tierra de las familias campesinas y de restituir las robadas a los pueblos indígenas.
En las vísperas del encuentro, Martínez apunta: “El agronegocio se fundamente en los agrotóxicos y el monocultivo. Y consideramos que las reformas agrarias en los diferentes países deben estar basadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología”. Afirma que la distribución de la tierra incluye al agua y a las semillas.
Distribución de la tierra ante el poder corporativo
La Segunda Conferencia de Reforma Agraria se propone actualizar estos debates con aspectos como la seguridad y la soberanía alimentaria, la inseguridad de la tenencia por parte de las comunidades campesinas e indígenas y la gobernanza de la tierra. La convocatoria institucional define a la reforma agraria como “el conjunto de políticas que buscan redistribuir, regularizar o democratizar el acceso y uso de la tierra, especialmente para las poblaciones rurales excluidas“.
En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) ratificó un conjunto de directrices universales y voluntarias. Las mismas están orientadas a los gobiernos para salvaguardar el derecho de las personas a poseer, ordenar y acceder a la tierra, la pesca y los bosques. Pero no son vinculantes. Y diversos datos afirman que lo que se incrementó en los últimos decenios es la concentración de la tierra en pocas manos.
El Transnational Institute marca cómo se consolidó la compra de tierras a gran escala. Por ejemplo, 30.000 hectáreas adquiridas en Nigeria por la empresa estadounidense Dominion Farms, en 2011, para producir arroz. Otro caso: 60.000 hectáreas adquiridas en Camboya por el político y empresario local Ly Yong Phat, en 2006, para producir caña de azúcar. O las 900.000 hectáreas compradas en Argentina por la compañía italiana Benetton, en 2002, para monocultivos y cría de ovejas.
En muchas instancias, agrega el informe, se sobrepasan los marcos formales-legales preexistentes para dar la apariencia de legalidad. Algunos de los casos más destacados conllevan acoso, intimidación y violencia contra las comunidades. Y destacan que la inversión en tierras se relaciona más con la especulación de su valor que con iniciativas productivas.
La FAO señala en su estudio «Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles» que agricultores con menor acceso a la tierra (propiedades de menos de dos hectáreas) producen aproximadamente el 35 por ciento de los alimentos del mundo. Y cuentan con solo el 12 por ciento de las tierras agrícolas disponibles en el planeta.
El relavamiento titulado “Señores de la Tierra” de la organizaciones FIAN y Focus on the Global South da cuenta del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde el 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas. Blue Carbon, firma financiera de los Emiratos Árabes centrada en créditos de carbono, encabeza la lista: 24,5 millones de hectáreas. El segundo lugar es de la australiana Macquarie Group, empresa de gestión de activos, con 4,7 millones. En tercer lugar, con 2,36 millones de hectáreas, está Olam Group, empresa agroindustrial de Singapur. En Argentina, entre las diez grandes empresas que concentran la tierra en el mundo operan la forestal Arauco, el Grupo Benetton y Cresud.
Ese informe destaca que el uno por ciento de las grandes propiedades agrícolas concentran el 70 por ciento de la tierra a nivel global.
José Dionicio Canahui, miembro del Consejo Internacional de Tratados Indios, denuncia la criminalización de los líderes indígenas, muchas veces acusados de terrorismo por defender su territorio. Asegura: “Hay una agenda de los Estados y de las corporaciones internacionales de acaparar la tierra. Y no cualquier tierra, sino la tierra fértil, la tierra donde están los minerales y el agua. Y quienes producimos la comida y nutrimos a las comunidades nos estamos quedando sin tierra, sin agua y sin recursos”.
Derecho a la alimentación, crisis climática y cuidado de la biodiversidad
Martínez precisa que es necesario abordar los factores estructurales del despojo: la explotación y el colonialismo. Sin embargo, marca su posicionamiento frente a la conferencia: “No nos ilusionamos con que este encuentro vaya a resolver estos aspectos, pero sí nos va a permitir participar por primera vez, como movimientos sociales, en la conferencia oficial y colocar allí nuestras posiciones”.
Consultada sobre el rol de los Estados, considera que falta un compromiso real con la reforma agraria. “Hay muchos compromisos de los Estados con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio (OMC). A través de las COP y de los compromisos que han habido, se aumenta o se mantiene el acaparamiento de tierras. Los compromisos que existen son los que mantienen el poder de las corporaciones”.
Señala también la necesidad de ampliar el Acuerdo 8J, adoptado en la 16° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), realizada en Cali en 2024. Allí se reconoció a los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad, por sus conocimientos tradicionales y derechos territoriales. “Pero no se reconoció al campesinado y no se vinculó ese acuerdo con la Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas de la ONU”, apunta.
“Si queremos conservar la biodiversidad se le debe entregar tierra a los pequeños productores campesinas y campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, pastoralistas, pescadores”, argumenta.
Recuerda que el sistema agroalimentario industrial es uno de los responsables del calentamiento global, por lo que es necesario hablar de cambios sistémicos y no tener discusiones multilaterales en conferencias independientes sobre clima, sobre biodiversidad o sobre alimentación. Y subraya que el Banco Mundial y el poder corporativo sí ven estos aspectos como un todo al momento de hacer negocios.
También menciona los negocios ilegales que acaparan tierras. Por ejemplo, la minería ilegal y el narcotráfico. Y anticipa que ese será otro tema que llevarán a la conferencia. “El narcotráfico en América Latina también despoja y criminaliza. No son los pueblos los que cultivan coca o amapola; son los grandes narcotraficantes que ni siquiera están en estos países”, señala.
Sobre la coyuntura global, analiza: «Estamos en un momento político complejo. Vemos lo que pasa en Cuba y en Palestina, donde se instrumentaliza la alimentación como un arma de guerra. Para acabar con el hambre en el mundo, hay que hablar de redistribución de la tierra. Y por lo que pasó con Venezuela también es importante colocar el elemento antiimperialista en esta conferencia”.
Una perspectiva feminista de la reforma agraria
Sarah Luiza de Souza Moreira es activista de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) de Brasil. Camino a Cartagena, señala: “Estamos muy atentas y preocupadas por los desafíos que enfrentamos para construir una reforma agraria verdaderamente feminista, integral y popular en nuestra región”.
“Las mujeres han experimentado los desafíos concretos de enfrentar la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes, empresas transnacionales y hombres. Representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral agrícola mundial, pero solo poseen el 15 por ciento de las tierras agrícolas a su nombre”, indica. Sin embargo, agrega, contribuyen de manera fundamental a la producción de alimentos agroecológicos.
Para Moreira de Souza, una reforma agraria popular integral debe ser también una reforma agraria feminista que reconozca y valore el trabajo de las mujeres. Pero que cuestione y problematice la sobrecarga laboral que recae sobre ellas, por las tareas de activismo, de trabajo doméstico, de cuidado y en el campo.
Y concluye: “No es posible luchar por la reforma agraria y construir políticas públicas de reforma agraria sin que las mujeres sean escuchadas, sin que sus necesidades, conocimientos y sabidurías sean valorados. Sin feminismo no hay reforma agraria justa, integral, popular; sin feminismo no hay soberanía alimentaria ni justicia climática”.
En el informe “Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles”, la FAO remite a una estimación que realizó en 2011. La misma proyectaba que, a nivel mundial, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a recursos productivos como la tierra y los fertilizantes, podrían aumentar la producción de sus explotaciones agrícolas entre un 20 y un 30 por ciento. E incrementarían la producción agrícola total entre un 2,5 y un 4 por ciento.
Foto: La Vía Campesina
Pueblos indígenas: “Que nos devuelvan lo que es nuestro”
José Dionicio Canahui vive en Guatemala y pertenece al Pueblo Maya. Sobre la situación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en el país, hace historia. Explica que durante la colonización se arrebataron grandes extensiones de tierra. Más tarde, en la época liberal, se les quitó a las comunidades las pocas hectáreas que les quedaban. En la actualidad los pueblos indígenas que habitan Guatemala cuentan con muy poco territorio. Y lo grafica: «Una manzana por familia, como mucho».
Guatemala tuvo su experiencia de reforma agraria en 1953, durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Se distribuyeron tierras a 100.000 familias campesinas. Pero el proceso fue detenido por la empresa United Fruit Company, en complicidad con Estados Unidos.
Explica que hay comunidades que habitan zonas de amplia biodiversidad. Y que están siendo hostigadas para dejar sus tierras porque el área donde viven es codiciada para la minería, las hidroeléctricas, la explotación maderera o el monocultivo de palma africana.
En Guatemala viven el Pueblo Maya, el Pueblo Garífuna y el Xinca. El Pueblo Maya, que es el más numeroso, se divide en 22 nacionalidades. Según el Instituto Nacional de Estadística, los pueblos indígenas representan el 43 por ciento de la población guatemalteca. Pero Canahui asegura que la metodología estadística no es utilizada correctamente y que ese porcentaje asciende al 70 por ciento.
“Los pueblos indígenas hablamos de restitución de tierra y territorios y bienes naturales. No hablamos de que distribuyan lo que tiene el Estado, porque el territorio de los actuales Estados es territorio de pueblos indígenas. Hablamos de que devuelvan lo que nos han quitado”, asegura.
Menciona que varias comunidades poseen tratados firmados por los Estados colonizadores (como España). Estos reconocen su posesión de las tierras, pero no son tenidos en cuenta. “Esos títulos deben prevalecer en las relaciones actuales con los Estados”, señala. Este reconocimiento figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (del 2007).
También alude a la importancia de incorporar los saberes y tecnología indígenas en la producción de alimentos, frente al avance del paquete tecnológico del agronegocio. Y reflexiona: “Las personas de las ciudades deben estar conscientes de que la comida que llega a su mesa no viene del supermercado. Hay miles y millones de personas del campo labrando la tierra, cortando y transportando los frutos hacia su mesa”.
Canahui marca que el colonialismo es algo vigente. “La reforma agraria solo será viable cuando hablemos de la descolonización contemporánea. Cuando el Estado deje de pensar que quitar tierras a los pueblos indígenas significa garantizar mayor producción de alimentos para el mercado internacional o mayor rentabilidad para los bancos”, afirma.
Marca el deterioro de los organismos multilaterales de las Naciones Unidas y la presión que ejercen sobre ellos las multinacionales. Se esperanza en la solidaridad internacional entre los titulares de derechos. En otras palabras: “Entre la gente del campo, entre la gente que sale a las calles a manifestar, a señalar al Estado. Ahí está nuestra fuerza porque ¿de dónde viene el poder, sino del pueblo?”.
Colombia: sede de la conferencia y escenario de una reforma agraria
El país donde se realiza la conferencia no es casual. El gobierno de Gustavo Petro, electo en 2022, comenzó a implementar políticas de reforma agraria en Colombia. Y desde el Ministerio de Agricultura asumieron la organización del encuentro multilateral. Sobre la reforma agraria colombiana, Martínez considera: “No es el cambio estructural que nos gustaría, pero es importante porque el Gobierno tomó elementos que ya estaban en las leyes y los usó para el bien de la población rural”.
Cita como ejemplo el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en 2016. Ese documento incluye el desarrollo rural con enfoque de reforma agraria. Pero, asegura, fue el punto que menos avanzó en la implementación del acuerdo. “El gobierno actual lo colocó como un elemento importante“, asegura.
No obstante, el Presidente se comprometió en la campaña electoral a no realizar expropiaciones. Por lo tanto, las tierras que hasta el momento se entregaron a las familias campesinas e indígenas son aquellas incautadas al narcotráfico. “La voluntad política y el trabajo que se hacen son importantes, aunque el Congreso y la Corte Constitucional no hayan querido avanzar en ello”, alerta.
En medio de la proclamada campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, los ataques también han alcanzado infraestructuras civiles aledañas y han causado víctimas entre la población civil, entre ellos menores de edad. Este sábado, un bombardeo israelí alcanzó una escuela primaria, provocando decenas de víctimas fatales.
De acuerdo con la última actualización de los medios locales, el saldo mortal en el colegio se elevó a 85 víctimas fatales, y se contabilizan 93 heridos. Si bien la mayoría de los fallecidos eran alumnas, también se encuentran entre ellos padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos continúan en estos momentos. Diversos medios están difundiendo imágenes del impacto en el centro educativo.
Horas antes se había reportado que, en la ofensiva del sábado, Israel bombardeó directamente una escuela primaria para niñas en la localidad de Minab, al sur de Irán. El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros.
Este sábado, Israel lanzó un ataque «preventivo» contra Irán para «eliminar amenazas», según su Ministerio de Defensa. Horas después, Donald Trump confirmóque EE.UU. se sumó a la agresión, alegando «actividades amenazantes» iraníes. Medios locales reportan bombardeos contra los Ministerios de Inteligencia y Defensa, la oficina del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, e instalaciones nucleares, así como daños a viviendas en zonas céntricas de la capital iraní. En redes sociales circulan imágenes de la destrucción causada.
Respuesta de Irán
Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra «se considerará el inicio de una guerra», al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban «preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión». No obstante, expresó su disposición a mantener un «diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos».
El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.
Según sus palabras, las tropas «tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe, un líder más querido que sus propias vidas», en referencia al ayatolá Alí Jameneí. Otro alto cargo militar de Irán, Ali Abdollahi, aseguró que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, «todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses» serían «objetivos legítimos» para las Fuerzas Armadas iraníes.
Guerra de los 12 días
Esta nueva agresión contra Irán se produce apenas meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la llamada Guerra de los 12 días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.
El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeótres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.
Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.
El Departamento de Educación ha revisado al alza el seguimiento de la huelga educativa del pasado 11 de febrero y del 40,94% inicial lo sitúa ahora en el 54,73%. El Departamento indica que la actualización de la cifra se ha hecho tras una serie de días sin normalidad en las aulas, debido a la suspensión de clases por el temporal o por los días de libre disposición. La cifra de participación cambia, pero apenas varía el porcentaje de centros que han comunicado las cifras: del 39,42 pasa al 39,99%.
El cálculo del impacto de la huelga -que vació aulas de la pública y llenó las calles- ya generó controversia el mismo día 11: mientras los sindicatos cifraban el seguimiento en un 85%, el Departamento lo reducía casi a la mitad. Uno de los elementos chocantes de las cifras oficiales era el bajo porcentaje de centros que habían comunicado las cifras, solo el 40%, cuando en otras convocatorias se llegaba al 80%. Además, Educación mezcló cifras de pública y concertada y declinó ofrecerlas de forma segregada, algo que se había hecho en la otra gran huelga, la del calendario escolar, en contra del consejero Josep Gonzàlez Cambray en 2022.
Fuentes de Educació achacan estas grandes diferencias, en parte, al hecho de que la convocatoria –impulsada por Ustec, Aspepc, CC OO, CGT y UGT– era mayúscula, afectando a una gran diversidad de sectores. Y es que, en la huelga del pasado día 11 estaba convocado todo el sistema educativo: desde guarderías a colegios e institutos hasta escuelas de adultos y de educación especial, tanto públicas como privadas. La convocatoria afectaba a funcionarios, interinos de centros educativos de la Generalitat, municipales o dependientes de Justicia, pero iba más allá e incluía personal laboral de las oficinas del Departamento en Via Augusta y el personal de ocio educativo (desde extraescolares, vetlladores, comedores escolares y casas de colonias).
Ustec critica el método de cálculo del Departamento, porque asegura que simplemente se divide el número de huelguistas por el total de plantilla. El problema es que, en ese total, también se incluyen los docentes de baja o los que cumplen los servicios mínimos. “Ello puede inflar artificialmente el número de no huelguistas”, critica Ustec. El sindicato también deplora la “poca claridad” en los datos del Departamento, porque no discriminan entre escuelas públicas y concertadas.
Las direcciones consultadas por este diario también admiten disfunciones en la aplicación VAGA, que es la se usa para comunicar los datos de seguimiento en las huelgas. Explican que en el programa aparecen todos los docentes en plantilla, incluyendo los servicios mínimos y los que estaban de baja. “Yo tengo un docente haciendo dos medias jornadas con dos asignaturas diferentes y lo han contado como dos profesores. Todo lo que han podido sumar lo han puesto, han inflado el total”, se queja un director. Otra directora ha detectado incluso que un mismo docente aparecía varias veces repetido en la aplicación. Una dirección habla también de problemas a la hora de fijar los servicios mínimos en las escuelas de adultos. “Un centro tenía destinados 16 docentes en servicios mínimos cuando solo tiene 15 en plantilla. El problema es que la orden fijaba las dotaciones según el número de aulas, pero esto en estos centros no funciona porque tienes pocos profesores para muchas aulas”.
El Departamento admite como disfunción que se cuente en el total el personal en servicios mínimos. Asimismo, detalla que el porcentaje de comunicación de centros se realiza teniendo en cuenta todos los convocados, incluyendo los que no dependen de la Generalitat, como las guarderías municipales, además de las unidades de la sede de Via Augusta: en total, unos 7.500. Y en el porcentaje de seguimiento se tiene en cuenta todo el personal de la pública, mientras que de la concertada solo se contabiliza la plantilla de aquellas escuelas que comunican los datos, “ya que la concertada usa otro aplicativo y el Departamento no conoce la plantilla total de estos centros”, justifican desde Educación. A estos hay que añadir también todo el personal laboral del mismo Departamento, además de los administrativos y profesionales de apoyo educativo de los centros educativos.
Los cálculos sindicales
El sindicato Ustec elevó el seguimiento a un 85% en la pública. La organización defiende que el cálculo lo realiza a través de “datos obtenidos por canales propios, mediante encuestas y comunicaciones con centros y docentes de diferentes territorios”. Ustec asegura que trabaja “con una muestra amplia y territorialmente distribuida” -un tercio de los centros- y calcula el porcentaje, obviando los servicios mínimos “para evitar distorsiones”.
Lo dispuso CTERA en reclamo de la “convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente” y de un aumento salarial que supere la inflación. Los gremios educativos de la CGT advirtieron que también podrían definir medidas de fuerza
Por Ricardo Carpena
El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.
Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.
Sonia Alesso y Roberto Baradel, en un encuentro de CTERA
Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero,secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.
Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse,lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.
UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
Sergio Romero, líder de UDA, en una movilización de la CGT
Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.
Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.
Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.
Mientras la mayoría mide la excelencia académica por artículos publicados, el gigante asiático ha decidido otorgar doctorados por construir puentes, diseñar tecnologías y resolver problemas reales.
En un mundo en el que la ciencia y la tecnología son motores críticos del desarrollo económico y social, China está cambiando la manera en que forma a sus doctorandos. Recientemente, el país ha introducido lo que se ha denominado como PhDs prácticos: doctorados que se otorgan no por una tesis tradicional publicada como artículo académico, sino por logros tecnológicos y productos concretos que resuelven problemas reales del sector industrial y de ingeniería.
Tradicionalmente, el doctorado, en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, ha sido sinónimo de investigación original y de producción de artículos científicos en revistas especializadas. Sin embargo, el nuevo enfoque chino pone énfasis en la creación de soluciones y desarrollos tecnológicos directamente aplicables, tales como prototipos, técnicas industriales o sistemas empleados en grandes proyectos de infraestructura.
Por ejemplo, uno de los primeros graduados con este nuevo tipo de doctorado fue un ingeniero civil, Zheng Hehui, cuya “tesis” se basó en bloques modulares, tipo Lego, que se utilizaron en la construcción de un puente colgante sobre el río Yangtsé. Gracias a ello, obtuvo su doctorado sin necesidad de una tesis escrita tradicional.
“(El enfoque) puede guiar a los estudiantes a resolver problemas reales que nuestra sociedad necesita, especialmente en industrias estratégicas con cuellos de botella tecnológicos”, según explica en una entrevista, Sun Yutao, experto en políticas de innovación en China.
Este cambio forma parte de reformas educativas impulsadas desde 2010 por el gobierno chino, con leyes aprobadas en 2024 que permiten a las universidades evaluar y otorgar grados doctorales basados en logros prácticos más que académicos convencionales. Eso sí, por ahora solo está disponible en carreras vinculadas a la ingeniería.
Este nuevo enfoque no surge en el vacío. China ha intensificado su inversión en ciencia y tecnología durante décadas, con un crecimiento sostenido del ecosistema de innovación nacional. Por ejemplo, el índice de innovación del país (una medida que combina entorno, inversión, producción y eficacia de la innovación) pasó de 100 en 2015 a 174,2 en 2024, con aumentos notables en la producción de patentes y en la educación en ciencia y tecnología.
Del mismo modo, China ha escalado posiciones en indicadores globales de innovación, llegando al top 10 del Índice Global de Innovación, desplazando a economías hasta ahora más dominantes como Alemania.
Este avance se ha acompañado de una proliferación de talentos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Datos recientes muestran que China ha producido más doctorados en campos STEM que los Estados Unidos: en el año 2000, China otorgó 7.500 doctorados, mientras que Estados Unidos más que duplicaba las cifras: 17.800. Ahora la tendencia se ha revertido y China alcanzó los 51.000 doctorados, mientras que EEUU apenas llegó a 34.000 doctorados.
Además, el país tiene una enorme base de graduados en general: alrededor de 5,8 millones de titulados, con más del 40 % optando por carreras STEM, lo que alimenta una vasta fuerza de trabajo cualificada para investigación y desarrollo. Aunque China no participa oficialmente en el informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) como país entero, regiones educativas como Macao, Beijing y Shanghai han demostrado resultados muy superiores a la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, con puntuaciones que compiten incluso con los países mejor posicionados.
Los cambios en el modelo de formación doctoral en China pueden empujar a otros países a replantearse qué significa realmente “investigación de alto impacto”. Desde lo académico, ¿se debe seguir valorando principalmente artículos técnicos publicados o se debe premiar también resultados importantes para la industria y la sociedad?
Si a esto le sumamos la “industria de la publicación”, donde se cobra miles de euros por publicar un estudio, que no todos ellos son fiables y que hasta se paga por poner el nombre en el estudio, como si se hubiera participado del mismo, esta nueva vertiente china, puede resolver de un plumazo el conflicto. Y, en el camino, impulsar la innovación.
Bajo el anuncio del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se instala una política que no viene acompañada de recursos adicionales ni de fortalecimiento de equipos de apoyo, pero sí de nuevas obligaciones de fiscalización y control dentro del aula. En vez de asumir estructuralmente la falta de financiamiento, la sobrecarga laboral y la carencia de profesionales en los establecimientos, el ministerio opta por una señal normativa que, en la práctica, recae sobre quienes ya sostienen el sistema en condiciones precarias.
Por: Teresa Melipal/Santiago de Chile
La entrada en vigencia de la Ley 21.801, publicada en el Diario Oficial y que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales desde el inicio del año escolar 2026, marca un nuevo capítulo en la gestión educativa del país. A través del lanzamiento de la campaña gubernamental “Modo Aula”, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo ha defendido esta normativa como un intento por “fortalecer la convivencia, el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología”.
Pero más allá del discurso oficial, la medida se implementa en un sistema educativo asfixiado presupuestariamente y con una sobrecarga laboral creciente para las y los docentes.
El Partido Comunista y la administración del modelo
No es un dato menor que Cataldo sea militante del Partido Comunista de Chile. Un partido que históricamente levantó banderas contra la mercantilización de la educación hoy administra, desde el ministerio, el mismo modelo de financiamiento vía subvención por asistencia heredado de la dictadura.
El actual gobierno decidió no tocar el corazón del sistema: la lógica de que los recursos dependen de la matrícula y la asistencia. Es decir, si un establecimiento “no tiene buena matrícula, no hay plata”. Este esquema, impuesto en los años 80, fue mantenido por los gobiernos de la ex Concertación, de la derecha y ahora también por una administración que se reivindica transformadora.
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se avanzó en reformas como la eliminación del copago y el Sistema de Admisión Escolar, pero el mecanismo central de financiamiento no fue modificado. Y hoy, bajo un ministerio encabezado por un dirigente comunista, tampoco.
La consecuencia es clara: faltan profesores, faltan psicólogos, trabajadores sociales, equipos de apoyo a la inclusión. Mientras tanto, se imponen nuevas exigencias y regulaciones.
Más exigencias, menos recursos
En este marco, la Ley 21.801 amplía responsabilidades sin resolver carencias estructurales. La prohibición no solo alcanza a estudiantes: incluye a docentes, asistentes y directivos dentro de la sala de clases. Serán los propios profesores quienes deban fiscalizar el cumplimiento, modificar reglamentos internos y enfrentar los conflictos derivados de la medida.
Todo esto ocurre en un contexto de recortes y ajustes.
La creación de los Servicios Locales de Educación Pública fue presentada como el fin de la municipalización. Sin embargo, sin modificar el modelo de financiamiento, el cambio resulta más administrativo que estructural.
El caso del Servicio Local de Educación Pública Del Pino es ilustrativo: tras un primer año respetando las condiciones heredadas, ahora —en medio de una reducción presupuestaria asociada a la política de subvenciones— se proyecta el recorte de 5.000 horas docentes. Eso significa menos profesores, más estudiantes por sala y menor acompañamiento profesional.
¿Dónde queda la “prioridad por la educación pública” cuando se recortan horas en establecimientos que atienden principalmente a familias trabajadoras?
Entre la continuidad y la profundización del ajuste
El desfinanciamiento sostenido de la educación pública no comenzó con este gobierno, pero sí continúa bajo su administración. Y mientras tanto, la ultraderecha de José Antonio Kast ya anuncia que buscará profundizar esta orientación, avanzando aún más en la lógica de mercado.
La paradoja es que hoy es un ministro del Partido Comunista quien aplica políticas de ajuste indirecto al mantener intacto el sistema de subvención y al priorizar medidas de control antes que inversión estructural.
Control sin transformación
Se habla de recuperar la concentración y mejorar la convivencia, pero no se garantiza financiamiento basal suficiente, estabilidad laboral ni dotación adecuada de profesionales. Se exige educar en ciudadanía digital mientras se restringen herramientas y no se entregan recursos tecnológicos públicos suficientes.
La discusión de fondo no es solo sobre celulares. Es sobre quién paga la crisis de la educación pública y qué modelo la organiza.
Mientras no se rompa con el sistema de subvención por asistencia y no se garantice financiamiento estable, cualquier normativa —por bien intencionada que se presente— seguirá descargando la crisis sobre docentes y comunidades educativas.
Y eso no es un problema técnico. Es una decisión política.
Preparar la resistencia desde las comunidades educativas
Frente a este escenario de más control y menos presupuesto, la pregunta no puede ser solo cómo se implementa la ley, sino cómo respondemos colectivamente a un modelo que sigue deteriorando la educación pública.
Las y los profesores en Chile han sido protagonistas de una historia de lucha. Las y los docentes históricamente han salido a las calles contra la municipalización, por el fin del lucro, por el pago de la deuda histórica, por mejores condiciones laborales y por el derecho social a la educación. Si hoy la educación pública no está aún peor, es en gran medida gracias a esa organización y movilización sostenida desde abajo.
No se trata únicamente de defender nuestras condiciones de trabajo, que ya son precarias, sino también de defender el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes de familias trabajadoras que estudian en el sistema público. La educación pública importa, y mucho, en los barrios populares.
Por eso no podemos desentendernos del rol que históricamente que han jugado los docentes. Son parte de las comunidades educativas y somos, también, trabajadores que conocemos desde dentro las necesidades reales de nuestras escuelas y liceos. Son los primeros que debemos proteger las necesidades educativas de nuestras comunidades frente a recortes, sobrecarga laboral y políticas que eluden el problema estructural del financiamiento.
Preparar la resistencia no significa solo rechazar una ley puntual. Significa abrir espacios de deliberación en los establecimientos, fortalecer la organización docente, articularnos con asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, y exigir un financiamiento basal suficiente que rompa con la lógica de competencia por matrícula.
Porque si el ajuste continúa, y si sectores como la ultraderecha buscan profundizarlo, la defensa de la educación pública dependerá, una vez más, de la fuerza organizada de quienes la sostenemos día a día.
La crisis no la provocamos docentes ni estudiantes. Pero sí podemos ser quienes la enfrentemos colectivamente.
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