La cruel pedagogía del regreso a clases presenciales

Por Guadalupe Mauricio Hernández*

En abril de 2020, CLACSO publicó en línea el libro “La cruel Pedagogía del virus”[1], de Boaventura de Sousa, una reflexión sobre lo que el proceso pandémico nos ha enseñado como fenómeno empírico. No hay una situación normal antes del COVID 19 y una crisis después del COVID 19, pues las últimas cuatro décadas hemos vivido una crisis permanente por el neoliberalismo que se impuso como versión dominante del capitalismo.

Cuando la crisis es permanente se convierte en causa, dice Boaventura, entonces el objetivo ante la crisis permanente es no resolver la crisis, así se impide preguntarse por las causas reales, como la concentración económica y el deterioro ambiental.  Por ejemplo, la crisis financiera, más o menos permanente, se vuelve causa para legitimar los recortes al presupuesto destinado a las políticas sociales, dejando en el olvido  preguntarnos por los factores-causas que provocan la crisis. Por esta razón, la pandemia agrava una situación de crisis que ya venía sufriendo la población mundial.

La política que debía mediar democráticamente entre las ideologías y las necesidades concretas, y las aspiraciones de los ciudadanos, hace mucho renunció a esta función. La única mediación es el mercado, un “ciudadano extraño” que sólo tiene derechos y ninguna obligación. La luz que nos cegaba del mercado es invadida por una nueva luz, aún más intensa: la claridad pandémica y las apariciones en las que se materializa.

Esta “claridad” pandémica, señalada por Boaventura, nos hace ver, sentir, vivir, la precariedad del sector educativo. Durante la pandemia los maestros y alumnos han sacado adelante la educación, en su mayoría utilizando recursos propios que aumentan el gasto familiar. En contraste, el Estado ofertó la teleducación como única manera de garantizar educación pública como derecho constitucional, destinando grandes recursos a las cuatro principales televisoras privadas: 450 millones de pesos (20 millones de dólares)[2], que fueron mal aprovechados, ya que en un dato reciente  proporcionado por la “Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020” del INEGI[3], sólo 5.3 % de los encuestados emplearon la televisión, mientras que 65.7% usó teléfonos inteligentes.

…sólo 5.3 % de los encuestados emplearon la televisión, mientras que 65.7% usó teléfonos inteligentes.

Esta transferencia de dinero público al sector privado, como sucedió con el programa de teleducación “Aprende en Casa”, también es cuestionable dada la urgente necesidad de financiación de las vacunas, que ahora acompaña a las políticas del regreso a clases presenciales, la cual, desde el punto vista de la oficialidad, es necesaria para los niños y las niñas y jóvenes. El  hecho que será posible cuando se declare el color verde del semáforo oficial en los distintos estados, bajo  un supuesto plan de vacunación de todo el personal educativo, que no incluye a las y los estudiantes, y cuyo apresuramiento representa una preocupación latente entre la comunidad educativa estudiantil.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), presentó el 21 de abril los resultados de una encuesta que aplicó a nivel nacional sobre las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales, con una participación de 18, 063 encuestados[4]. El objetivo de esta encuesta fue identificar, cuantitativamente, los riesgos de los docentes frente al COVID 19, y la situación en que se encuentran las escuelas después de más de un año que dejaron de funcionar. De acuerdo a los resultados de esta encuesta, 7 de cada 10 trabajadores de la educación se encuentran entre la población de mayor riesgo al contagio de Covid 19; 7 de cada 10 manifiestan tener riesgo de contagio en el traslado hogar-trabajo. Sólo 2 de cada 10 escuelas tiene aulas amplias para guardar sana distancia. Sólo la mitad de las escuelas tiene patio techado; 4 de cada 10 escuelas no tiene agua potable; 4 de cada 10 escuelas no tienen drenaje.

Aparte de la vulnerabilidad docente y las condiciones de la infraestructura señalados por la CNTE, la insuficiencia de presupuesto para los retos de la educación, es otro de los factores en contra de las condiciones actuales para el regreso seguro a clases. La actual administración no otorgó un presupuesto suficiente para cumplir con los compromisos educativos de la Reforma Educativa de 2019, modificaciones a los artículos 3, 31 y 73, por los cuales el Estado adquirió, como obligación constitucional aparte de las ya establecidas, garantizar la Educación Inicial y la Educación Superior.[5]

Además, en el análisis del presupuesto para el 2021, elaborado por Thamara Martínez[6], apunta que el presupuesto “carece de recursos extras en el marco de la estrategia de Educación a Distancia ante la contingencia sanitaria por la Covid19” y resume:

“En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se propone un presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de pesos (mdp), que implicaría un crecimiento nulo para el gasto educativo, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. Además de ello, el presupuesto educativo proyectado se caracteriza por la ausencia de una estrategia de atención a la educación a distancia por la Covid19 y por la eliminación de 13 programas presupuestarios”.

La CNTE-Maestros de Nuevo León, señala en un pronunciamiento público sobre el regreso a clases presenciales como “una iniciativa criminal porque expone la vida y salud de la comunidad educativa. De llevarse a cabo se favorecerá la terrible estadística de muerte y contagio que hoy tiene a México entre los tres primeros lugares del mundo”[7]. Contextualizan que se vive un ambiente enrarecido por la incertidumbre provocada por la pandemia y las nuevas cepas del virus que están surgiendo. “No se tiene información directa sobre la capacidad de estas vacunas de evitar que la persona vacunada transmita el virus a sus familiares, amigos, comunidad.”[8] A lo cual agregan que las autoridades han utilizado criterios y medidas cuestionables para indicar el grado de contagio y muerte por Covid.  Un ejemplo de ello es el “Semáforos de Contagio” cuyos colores estatales se deciden con relación a las presiones del mercado y no de la Pandemia-Sindemia.

Estas medidas gubernamentales, implementadas de una manera burocrática, enfrentarán no solamente la tozuda realidad, sino también una mayor resistencia de los principales actores de la educación maestros-maestras, estudiantes cuando el derecho a la educación se conjuga con el derecho a la vida. Las últimas cuatro décadas en México se han caracterizado por el insuficiente presupuesto a la educación pública, la precariedad laboral del magisterio y el golpe a sus derechos laborales con la reforma educativa del sexenio anterior. Hoy, aunque se diga en discursos oficiales que: “El compromiso con las maestras y los maestros de México fue cumplido; [que] no serán perseguidos y denostados”[9], los y las docentes destituidos, integrantes de la CNTE, que lucharon contra la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto-Nuño, no han sido todos reinstalados y las mesas de negociación con el Ejecutivo Federal están suspendidas, sin haber cumplido las autoridades federales con los compromisos contraídos.

 

Es en este gran escenario donde se circunscribe el apresurado intento gubernamental del regreso a clases presenciales, acción en la que percibimos y destacamos motivos como los siguientes:

• Hacer viable la afluencia electoral del 6 junio, cuando se elegirán 15 Gubernaturas, Presidencias Municipales, Diputados Federales. En Nuevo León, el vocal del INE, Rubén Vázquez, solicitó a la SEP el restablecimiento de 70 escuelas que albergarán 322 casillas para las próximas elecciones.[10] El trasfondo de las elecciones se confunde con los preparativos del regreso a clases como el motivo principal para rehabilitar las escuelas.

• La presión del sector privado y los sectores relacionados con la educación. La escuela privada enfrentó una deserción escolar en el ciclo escolar 2019-2020 de 4.2% en comparación al sector público con 2.0%[11].  La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) había anunciado[12] que sus colegios abrirían a partir del 1 de marzo de manera opcional para los padres que quisieran enviar a sus hijos al colegio. La población del sector privado representa 15% es decir 5,2 millones de alumnos desde preescolar hasta posgrado y emplea a 465 mil maestros.

• Ensayar el modelo hibrido o llamado también de alternancia educativa, que representa un ahorro considerable de costo por alumno: 12 centavos al día por alumno[13], y la reducción del tiempo educativo presencial acerca más a las y los jóvenes a integrarse al mercado laboral. Existe una correlación significativa entre abandono escolar y trabajo de las y los jóvenes. Según cifras del INEGI[14], de los 33.6 millones de estudiantes en el ciclo 2019-2020, un total de 738.4 mil no concluyeron el ciclo escolar: 98.2 mil de preescolar, 146.1 mil de primaria, 219.2 mil de secundaria, 181.3 mil de educación media y 89.9 mil de superior. De los 738.4 mil excluidos por las circunstancias de la pandemia, 49 mil no concluyeron porque tuvieron que trabajar, esta población se encuentra en el Nivel Medio Superior y Superior, y 66 mil jóvenes no concluyeron por falta de recursos. El cambio drástico dejó fuera de la escuela a 435 mil estudiantes de todos los niveles por causas relacionadas con el COVID 19: cierre temporal o definitivo de escuelas, pérdida del contacto maestro alumno, desempleo, falta de conexión, tutores o padres que no pudieron estar al pendiente de sus hijos menores.

El impacto del COVID 19 en todas las esferas sociales, profundizó la desigualdad entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada, ésta se manifiesta en un mayor número de habitantes en la pobreza y un aumento en las cifras del desempleo. El impacto también se observa en la discriminación sobre una gran parte de la población y la violencia hacia las mujeres, ésta no sólo consecuencia de las políticas patriarcales de Estado, sino también por parte de los medios de comunicación de paga, de las empresas y del mercado mismo, el “gran discriminador” basado en cuestiones económicas.

Una decisión de tal magnitud como el regreso a clases presenciales, no puede dejarse en manos de la apreciación del Estado y de sus intereses políticos y económicos en pugna. La CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) emitió una serie de recomendaciones[15] para la reapertura de los centros educativos y la protección del Derecho Humano a la Educación, entre ellas:

• Asegurar un financiamiento adecuado para garantizar la calidad y disponibilidad de la infraestructura, equipamiento y demás insumos necesarios para la reapertura de las escuelas con la adecuada seguridad sanitaria y otros elementos esenciales.
• Que los procesos de reapertura, en su integridad e implementación estén en línea con el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, diversidad e interculturalidad, y con la interseccionalidad y las dimensiones interrelacionadas de todos los derechos humanos.
• Garantizar el derecho a la información pertinente y oportuna, actualizada y en función de la evolución del COVID 19.

El regreso a clases presenciales es una decisión que debe involucrar de manera vital a las y los maestros, estudiantes, padres y madres de familia, sector salud del Estado, por lo que no debe hacerse de manera apresurada, sino hasta que se cumplan las condiciones necesarias para un regreso seguro que garantice la vida.

3 de mayo de 2021

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* Guadalupe Mauricio Hernández es Doctora en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos, y docente en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas de la UANL. guadalupemazapil@gmail.com

** La foto de portada es de la autora.

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[1] https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/06/La-cruel-pedagogia-del-virus-1.pdf

[2] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-pagara-450-mdp-a-televisoras-por-servicios-para-el-programa-aprende-en-casa/

[3] https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=qTuDMRCzkWU

[5] https://ciep.mx/gasto-educativo-en-el-ppef-2020-impacto-de-la-reforma-educativa-de-2019/

[6] https://ciep.mx/gasto-publico-en-educacion-ppef-2021/

[7] https://www.facebook.com/MAESTROSNL (Abril 23, 20:19hrs.)

[8] (Citado por CNTE N.L.)

[9] Iniciativa de Ley General de Educación Superior (09 SEP 2020):

file:///C:/Users/guada/Downloads/EDUCACI%C3%93N%20SUPERIOR%20LEY%202020%20Iniciativa%20COPIABLE%20Inic_Diversos_Gpos_Ley_Educacion_Superior_Act%20(1).pdf

[10] GarcÍa, Miriam El Norte [Monterrey, Mexico] 25 Apr 2021

[11] https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/

[12]   https://elpais.com/mexico/2021-02-22/las-escuelas-privadas-de-mexico-desafian-al-gobierno-anuncian-el-regreso-a-clases-presenciales-el-1-de-marzo.html

[13] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-pagara-450-mdp-a-televisoras-por-servicios-para-el-programa-aprende-en-casa/

[14] https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/

[15] https://redclade.org/wp-content/uploads/privatizacion-y-COVID.pdf

 

Fuente de la Información: https://academicxsmty43.blog/2021/05/03/la-cruel-pedagogia-del-regreso-a-clases-presenciales-por-guadalupe-mauricio-hernandez/