El lote recibido este jueves en el Aeropuerto de Carrasco, tuvo como intermediario el aeropuerto de Santiago, donde llegó otro lote del inmunizador chino, sellando parte de un acuerdo con la farmacéutica Sinovac por el que el país recibirá otra tanda de más de 1,5 millones de dosis en marzo.
El gobierno de Uruguay anunció que comenzará su campaña de vacunación contra el coronavirus el próximo lunes, esto después de recibir las primeras 192.000 dosis del inmunizador Coronavac, desarrollado por la farmacéutica china Sinovac.
En un primer momento las autoridades uruguayas habían decidido aplicar la mitad de estas dosis y reservar el resto. Sin embargo, ahora darán inicio al plan de vacunación con la administración de al menos 150.000 unidades, mientras que el remanente se guardará, informa el medio local ‘El País’.
De manera especial, el personal sanitario encargado de la inoculación recibirá su dosis este sábado. Y desde el lunes empezará la campaña de manera oficial, con la administración a grupos prioritarios, entre los que se encuentran el personal educativo, bomberos, policías, militares o funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay mayores de 60 años.
La Fundación Cermi Mujeres (FCM) reclamó que las mujeres con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones “con independencia y libertad” en igualdad de condiciones con las demás personas, como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.
Así lo manifestó la entidad durante la celebración del XXVI webinario ‘No estás sola’, un ciclo de encuentros que tienen como objetivo el acompañamiento y la participación durante la pandemia de mujeres y niñas con discapacidad, así como de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad.
De esta manera, la entidad fundamentó este derecho vital en la Convención. Así, en su primer artículo, se proclama como propósito de la misma promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
En su artículo tercero, se establece, además, como principio fundamental el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
Precisamente por esto, la Fundación Cermi Mujeres llevó a cabo este webinario, cuya temática se centró en el derecho a tomar las propias decisiones, un derecho que con frecuencia se vulnera en el caso de las mujeres con discapacidad como consecuencia de los estereotipos negativos por razón de sexo, discapacidad y otras condiciones sociales instalados en la familia, en la sociedad y hasta en las instituciones públicas, lo que provoca su discriminación.
EXPERIENCIAS PERSONALES DE MUJERES CON DISCAPACIDAD
Durante la jornada, mujeres con discapacidad compartieron sus testimonios, reflexiones y experiencias sobre el ejercicio del derecho a decidir y explicaron cómo han sido capaces de sobreponerse a ciertas limitaciones en su vida diaria.
Juani, mujer con discapacidad de una etnia minoritaria, tomó la decisión de irse a vivir sola a un piso de protección oficial con su hijo, pese a que los servicios sociales le recomendaban seguir viviendo con sus padres. “Los estereotipos que tiene la sociedad me complicaron las cosas, pero al final pude irme con mi hijo y supone una satisfacción poder tener mi casa, mi economía y poder tener la libertad de salir a la hora que quiero”, manifestó.
Aminah, joven con discapacidad procedente de Uganda, explicó que llegó a España siendo una niña y que su procedencia le ha condicionado para tomar sus propias decisiones. “En mi país las personas con discapacidad están mal vistas”, lamentó Aminah. Cuando llegó a España, también se encontró con dificultades. “En la escuela me decían que no estudiara bachillerato porque no iba a ser capaz, pero me di cuenta que tenía que cambiar la forma de ver las cosas y buscar mi propia felicidad”, recalcó.
En el ámbito educativo, Cristina explicó que la universidad pública no está preparada a día de hoy para aceptar a personas con discapacidad. “Durante mi proceso de doctorado presenté un modelo adaptado para mi discapacidad y aun así todas las propuestas fueron denegadas”, lamentó. Cristina quiere ser profesora de universidad y no está dispuesta a que nadie la frene en su decisión.
Maribel, una mujer con discapacidad intelectual, declaró que, gracias al apoyo de Plena inclusión Extremadura, y tras más de dos años intentando poder constituirla, se va a crear de manera inminente una organización de mujeres con discapacidad intelectual de Extremadura. “Existen barreras en la sociedad porque se piensa que no podemos decidir, pero ahora es momento de poder decidir por nosotras mismas y, gracias a la creación de esta organización, podremos estar presentes en los procesos de toma de decisiones y luchar para que las mujeres con discapacidad intelectual se sientan representadas”, manifestó.
Por su parte, Mamen, mujer con parálisis cerebral que lleva viviendo en una residencia de Aspace Navarra desde hace siete años, explicó que tuvo que irse a vivir a la ciudad porque ella procede del mundo rural y “tenía muy claro que debía buscar otras oportunidades”. “Durante estos siete años que llevo viviendo en la institución ha habido una evolución muy positiva por todo el apoyo que he recibido”, aseguró.
Además, explicó el proyecto ‘Ciudadanía activa’, puesto en marcha por Confederación Aspace, que “sirve de espacio donde poder tomar nuestras propias decisiones y compartir experiencias”. “Es un proyecto que nos ayuda mucho porque personas que antes no podían decidir ni qué ropa se ponían, ahora se dan cuenta de que tienen voz”, explicó.
Por último, intervino la coordinadora del Programa de ‘Ciudadanía Activa’ en Aspace Navarra, Adela García, quien aseguró que el principal objetivo de este programa es crear espacios de diálogo abiertos para personas con discapacidad, con grupos heterogéneos y voluntarios donde las personas se sientan libres y donde las relaciones se potencien y el respeto sea una herramienta esencial.
Los bajos salarios, aunado a las dificultades para conseguir efectivo para la movilización, han influido para que gran parte de los trabajadores no puedan volver a sus puestos con normalidad durante la flexibilización de la cuarentena por Covid-19. Al menos así lo dieron a conocer representantes de varios sectores que hacen vida en la región.
De acuerdo con el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, esta situación ha llevado a muchos a reducir su asistencia a sus lugares de labores a tres días a la semana, en vez de cinco.
“En el sector público es donde se nota más el ausentismo, por la miseria de salario que perciben. Casi 70% aplica esta modalidad, porque no les da para ir más días. El problema es que no tienen recursos”.
Barrero calculó que si una persona paga un pasaje diario para ir a su trabajo y retornar, tiene que desembolsar un millón de bolívares, cuando percibe Bs 1.200.000 al mes, aunque el gobierno nunca ha publicado la gaceta oficial actualizando el salario mínimo a ese monto.
“Si no unificamos al sector sindical, entonces no vamos a poder lograr el beneficio de los trabajadores”, instó Barrero.
Según Giovanni Yaguaracuto, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) y directivo de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), de los 80 mil empleados afiliados y agrupados en 120 sindicatos, deben quedar como 30 mil.
“Solamente en el sector público, como lo es educación y salud, se ha ido la mitad y la Federación abarca al sector construcción y hasta a la economía informal. En el hospital de El Tigre se han ido casi todos”, mencionó.
Además de que algunos asalariados se han marchado del país, el dirigente sindical destacó que ha crecido la modalidad de trabajar a domicilio por el pago en dólares, como es el caso de las enfermeras.
“Lamentablemente en Anzoátegui, las autoridades, tanto el gobernador como los diputados, no quieren tomar cartas en el asunto”.
El secretario de reclamos del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS) en el estado, Luis Reyes, apuntó que tras la circular que envió el ministerio, sobre la reincorporación a los puestos de trabajo, estas incomodidades fueron planteadas a los jefes de departamento.
“No les estamos diciendo a los trabajadores que no asistan, sino que nombremos una mesa de trabajo, tanto el patrón como los empleados, y lleguemos a un acuerdo para ver cómo podemos asistir y cubrir todos los puestos que están desocupados, porque hay una merma del personal”.
Estima que a nivel estadal, entre 2 y 3 mil empleados del sector se han marchado del país o abandonaron sus puestos por el “pírrico” sueldo que perciben actualmente.
Cuantificación
En el caso de educación, la presidenta regional del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, manifestó que junto a la coalición sindical magisterial se encuentran cuantificando el impacto de la deserción laboral, y otros factores, que están incidiendo en la desmejora de la calidad de vida del educador.
“No solamente han dejado de ir a trabajar para ocuparse de otras labores. Tampoco van más a las escuelas, porque los salarios que devengan no alcanzan ni para pagar el transporte, mucho menos para cubrir otras necesidades”, dijo.
Marín recalcó que además de la falta de condiciones de bioseguridad y calidad de servicios que mencionó, son amenazados con despidos si no se reincorporan.
“En el estado hay personas que tienen hasta un año con el sueldo suspendido y nadie sabe por qué”, aseveró.
Los recientes hechos de extrema violencia, como la eliminación de una familia entera o el brutal asesinato de niños, confirman trágicamente la situación del país y sus precarias instancias policiales, ausencia de cohesión social y un espíritu de miedo que se generaliza.
Qué se dirá en el futuro sobre esta época bárbara, ahora que ser niño o joven resulta un delito, castigado con la pena de muerte por inanición o por enfermedad o el castigo del trabajo forzado en lugar de la escuela, el juego y la seguridad de un hogar.
La juventud y la infancia guatemalteca son explotadas y se les induce, directa o indirectamente, a la criminalidad. Se exportan niños, se envían a los coyotes en Tijuana, solos e indefensos y son miles. Se abusa sexualmente de los niños. Se roban niños. Se asesinan niños. El infanticidio prolifera entre la pobreza y la ignorancia. Y las drogas, la prostitución, el abandono y la violencia. ¿Qué puede esperarse del futuro si no se cambian las estructuras del infanticidio estructural?
Los problemas de fondo no pueden seguir abordándose por las ramas. Con inventivas graciosas a lo Jimmy o populismo agresivo a lo Giammattei, coyotes de la misma loma. A cualquier conciencia civilizada le horrorizan los asesinatos de niños y niñas y el grado de salvajismo y violencia en Guatemala. Pero también espanta escuchar que la solución sea matar a los que matan, que muchas veces son menores. No se trata de eliminar a unos cuantos asesinos sino ir a la raíz para superar las causas de la pobreza y la falta de educación. Es moralmente condenable eso de “limpiar a la sociedad” o “limpieza social” como si la sociedad estuviera limpia de pecado. ¿Existirá mayor escoria y ultraje que la corrupción? Mayor afrenta social que pagar bajísimos salarios y a la vez no pagar impuestos. No resulta difícil el razonamiento, y está clarísimo que la corrupción estructural del Estado no solo hace ricas a las mafias políticas sino empobrece más a los pobres, debido a la mala calidad del gasto público.
Ya cansa la cantaleta de que denunciar la injusticia es “castro chavismo” y es obra de los chairos. Repetir esto como un mantra solo es una muestra de la falta de argumentos y de escrúpulos para defender un sistema que produce pobres y la pobreza impide que Guatemala entre a la modernidad y se democratice.
El sistema no funciona o funciona solo para pocos. Por ejemplo, en educación el promedio de escolaridad es de 5.60 años en el ámbito urbano y más baja aún en el área rural, donde apenas llega a 3.84. Todas estas cifras nos ponen entre los últimos lugares del continente.
El presidente de Guatemala, doctor en Medicina Alejandro Giammattei, afirmaba en un derroche de irresponsabilidad retórica que la medicina contra el infanticidio en el país es la pena de muerte. Matar a los asesinos de niños y se acabó el problema, según el doctor Giammattei. Así de fácil. Al mandatario no le preocupan las causas estructurales que azotan a la infancia. No menciona la desnutrición que mata más niños, el maltrato, la drogadicción, la falta de educación, en una palabra, a Giammattei no le interesa cerrar la gran fábrica antiniños que es el sistema social que tenemos sino pedirle a sus aliados en el Congreso que reactiven la pena de muerte contra todas las convenciones que el país ha firmado. En otras palabras, se trata de una obvia y lamentable maniobra populista que no solucionará el problema del infanticidio estructural.
Pero ¿quién está matando a los niños en Guatemala? Para responderlo debemos hacer un acercamiento histórico. No es cosa de hace un mes o unos años sino décadas de violencia y pobreza.
La criminalidad y los homicidios no han disminuido en Guatemala. El país es considerado uno de los más violentos del mundo con más de 50 mil asesinatos en los últimos diez años. Es una problemática de décadas que ha hundido al país en el ámbito internacional y a nivel nacional ha producido la República del Miedo aunque lo niegue alguna personera del actual Ministerio Público que parece preguntar con arrogancia “¿quién dijo miedo?”, porque considera que en Guatemala no existe un problema de temor de la ciudadanía y que todo funciona a la maravilla.
De vuelta al Presidente, ya en octubre pasado había negado que hubiera una ola creciente de asesinatos de niños y secuestros. Entonces dijo que se trataba de “una campaña bastante peligrosa con intereses más políticos”, Y se atrevió a desmentir estadísticas, informes y testimonios afirmando lo contrario: “Había una disminución”.
Las estadísticas de la muerte, la desnutrición y la falta de escolaridad resultan dolorosas y concretas comprobaciones que el sistema social y político de Guatemala hace rato ha colapsado. No es fácil ser niño en Guatemala ni mucho menos ser padre.
Los padres pobres ven con aflicción la enfermedad de sus hijos, la falta de medios para una infancia feliz, la falta de distracciones y juegos, la carencia de seguridad social. Agreguemos la mala salud relacionada con la desnutrición.
Las historias de infanticidio sobrepasan la literatura del horror. Hace 15 años, un pandillero de 18 años, apodado el Black, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, acusado de haber participado en la muerte de cuatro menores y la madre en San Miguel Petapa. El Black mismo había perdido la pierna izquierda a los 14 años, en una balacera con miembros de una mara rival. El pandillero confesó que había dado muerte “solo” a uno de los niños, sin precisar a quién. En estado de drogadicción afirmaba no sentir nada, aunque repetía como aduciendo una defensa: “Yo solo maté un niño no a los cuatro”. “Solamente maté a uno”, insistía.
El sicariato juvenil, incluso infantil, viene siendo una realidad tenebrosa en Guatemala. La actitud y perspectiva de matar a los criminales también ha venido opacando los análisis serios y balanceados que ven en el sistema social y político la esencia del problema. Asimismo preocupa la falta de cultura social y democrática cuando no se ve ni se considera que existe una relación entre pobreza, criminalidad e infancia en Guatemala.
Un país que no apuesta por la infancia y la mantiene en condiciones flagrantes de precariedad social, escolar y sanitaria no puede pretender llegar al desarrollo. No se llega pasando por encima de miles y miles de infantes que ven sus vidas frustradas, acabadas, maltratadas.
La imagen del país no cambiará nunca si no se cambia primero al país. No puede esperarse que a base de ponerse como el avestruz, con la cabeza metida en la arena, se solucionarán los graves problemas. Los partidos evaden la problemática porque a la clase política nacional le importa muy poco la infancia.
La infancia es un periodo corto que, sin embargo, afecta el resto de la vida. Un país de niños desgraciados se labra un futuro incierto. La infancia debe ser una etapa maravillosa de la vida. Para todos y no solo para una minoría que desconoce el significado de la solidaridad y la empatía.
En Guatemala, 25 de cada mil niños que nacen mueren antes de cumplir un año. La mayoría fallece por enfermedades curables y por la desnutrición que azota nuestros campos. Un porcentaje grande de los niños y niñas sufren de anemia. Muchos morirán antes de llegar a los 10 años y antes de llegar a la vida adulta. Y de los que lleguen a la vida adulta, si no cambian las cifras actuales, solo una minoría llegará a pisar una universidad.
A los niños guatemaltecos los está matando ese sistema que el Presidente y el Pacto de Corruptos defiende y utiliza para sus propios fines. Giammattei niega la realidad y se aboca al patíbulo. A castigar directamente a los autores materiales, unos cuantos asesinos. Pero los verdaderos asesinos son gente de camisa blanca y corbata, con maletín de ejecutivo, con grandes empresas, con automóviles blindados, con curules, con casas en Miami y lugares aledaños. ¿Quién les pide cuentas? La historia en todo caso no los absolverá. Ni a Giammattei que se queja de ser el presidente más criticado de la era democrática. Tiene razón, pero sus críticos también la tienen, y de sobra.
¿Qué habrá sido de la vida del Black? ¿Cuántos Black están naciendo cada día?
«Deberíamos considerarnos afortunados por recibir alguna vacuna», afirma el jubilado Laszlo Cservak frente a un centro de vacunación de Budapest, despejando las dudas sobre el inmunizador contra el covid-19 del laboratorio chino Sinopharm, que se administra en Hungría desde el miércoles.
Ante la «lentitud» del proceso de Bruselas, el primer ministro soberanista Viktor Orban encargó millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a Rusia y China, convirtiendo a Hungría en el único país de los 27 que desafía las normas de la Unión Europea.
Pero mientras los medios de comunicación afines al gobierno alaban los méritos de las vacunas chinas Sputnik V y Sinopharm, ambas son rechazadas por muchos húngaros, según los sondeos de opinión.
Prefieren las validadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es decir, la de Pfizer-BioNTech, Moderna o AstraZeneca.
Para este jubilado de 75 años, que espera su turno junto a otros entusiastas candidatos, este escepticismo es totalmente injustificado. «La culpa es de ciertos medios de comunicación que siembran la incertidumbre y luego la gente duda en elegir las vacunas no occidentales», ironiza sobre los 10 millones de personas que se creen todos «expertos».
– Falta de datos –
Hasta ahora, Hungría recibió 550.000 dosis de Pekín, que se distribuyeron inmediatamente a los médicos de familia.
Se espera otro millón en marzo y abril, y otros 3,5 millones en mayo, según los datos facilitados por el gobierno.
Los diseñadores de Sinopharm afirman una eficacia del 79%, pero los datos en los que se basan no fueron publicados. Ante esta falta de información, algunos profesionales de la salud se muestran reacios a administrarla a sus pacientes, informó el jueves la prensa local.
La Asociación de Médicos MOK había estimado a principios de febrero «no poder, en conciencia, recomendar el uso de este producto a sus miembros», por falta de documentación suficiente.
Sin embargo, el Centro Nacional de Salud Pública (NNK) siguió adelante y dio su aprobación definitiva la semana pasada, sin responder a sus temores.
Por su parte, la doctora Emese Bone afirma haber recibido poco rechazo por parte de sus pacientes. «Alrededor del 70% de las 67 personas que tenía en mi lista aceptaron venir», explica a la AFP, y «sólo un puñado de ellas estaban preocupadas por la falta de aprobación de la EMA».
Entre los reticentes, «algunas personas mayores, preocupadas por los efectos secundarios, prefieren esperar, aunque piensan que cualquier cosa es mejor que contagiarse del covid-19».
– Cualquier vacuna –
Ilona Mester, de 59 años, está «deseando» recibir la segunda inyección dentro de un mes, explica saliendo del centro de vacunación. «He leído cosas buenas sobre la vacuna china, y no dudé mucho antes de aceptar. Para ser sincera, habría aceptado cualquier vacuna».
Todos los que estaban en la cola se habían preinscrito en el sitio web del gobierno, que cuenta con 2,5 millones de inscritos.
«Tal vez habrían preferido Pfizer o Moderna, pero quién sabe lo que estará disponible más adelante y, sobre todo, cuándo», comenta una enfermera del centro, Szilvi Eszes.
Hasta la fecha, casi medio millón de húngaros recibieron al menos una dosis, principalmente de Pfizer, pero la llegada de los lotes chinos debería permitir aumentar rápidamente el número, se congratulan las autoridades médicas del país.
Viktor Orban, que espera recibir las dosis de Sinopharm la semana próxima, subraya la urgencia de la campaña de vacunación, ya que el número de contaminaciones diarias aumenta considerablemente.
A Hungría le esperan «las dos semanas más difíciles» desde la aparición de la pandemia, advirtió el dirigente, al tiempo que anunció una prórroga hasta el 15 de marzo del confinamiento parcial vigente desde noviembre.
Un año después de la confirmación en Grecia del primer caso de covid-19 y con un nivel de contagios que se vuelve a acercar a los 2.000 casos diarios las autoridades sanitarias decidieron este viernes prolongar las medidas restrictivas al menos hasta el 8 de marzo.
Para el caso de la región capitalina de Atica, la que mayor presión está viviendo, esto significa que se mantiene cerrada la educación y el comercio, mientras que en otras partes del país, los colegios -con excepción del nivel superior de la secundaria- llevan semanas abiertos y lo mismo las tiendas, aunque con restricciones.
En las empresas y en el sector público se mantiene la obligación de teletrabajo para al menos el 50 % de la plantilla.
Además, continúa el toque de queda a partir de las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, prohibición de salir a la calle que en las zonas rojas como Atica empieza a las seis de la tarde los fines de semana.
Desde hace cuatro meses está además prohibido el desplazamiento de una región del país a otra, aunque con una serie de excepciones.
La decisión de mantener las cosas como estaban se ha tomado ante la fuerte presión que siguen experimentando los hospitales públicos, especialmente en Atica, donde vive el 40 % de la población y donde el 90 % de las uci están ocupadas.
A pesar del alto número de nuevos contagios, que los expertos atribuyen a las nuevas variantes de la covid-19, al mal tiempo de las últimas semanas y al hartazgo de la ciudadanía tras casi cuatro meses de restricciones, el número de los fallecimientos diarios se mantiene relativamente bajo, entre 20 y 40.
Los expertos atribuyen el descenso de los decesos sobre todo a que la campaña de vacunación está teniendo primeros efectos entre la población mayor.
Según los datos oficiales desde que comenzaron las vacunaciones, el 28 del pasado diciembre, más de 850.000 personas han recibido al menos una dosis de vacuna.
En las ultimas 24 horas se registraron 1.790 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total a 188.201 desde el estallido de la pandemia. Además, fallecieron 29 personas, lo que sitúa en 6.439 el número de fallecidos hasta el momento.
La tasa de positividad sobre las 50.334 pruebas realizadas en las ultimas 24 horas fue del 3,55 %.
Al machismo aún presente en sus comunidades, se suman la falta de educación sexual, el acoso de profesores, las trabas para denunciar y el maltrato del personal de salud hacia las jóvenes indígenas que enfrentan la violencia sexual desde la niñez.
«A veces por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera. Entonces ahí es donde sus patrones o sus jefes se aprovechan de ellas. Muchas veces los padres piensan que nosotras tenemos la culpa», cuenta ‘Rosa’, una joven yanesha de 19 años. Ella habita en la comunidad nativa Ñagazu, en Pasco, región del centro del Perú. De acuerdo al ‘Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas‘ del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), en 2019 las niñas indígenas de Pasco solo interpusieron denuncias por violencia sexual en 50% de los casos.
En la experiencia de ‘Rosa’, los padres no apoyan a las adolescentes que sufren una violación. Peor aún, las castigan. “Es algo que al escuchar las demás, también da miedo. Piensan que sus padres van a actuar igual”, explica. Ese es solo uno de los obstáculos que enfrentan las niñas y jóvenes indígenas para obtener justicia.
El costo de denunciar
Pese a las diferencias que existen entre las comunidades indígenas de nuestro país, todas comparten una constante: trabas para interponer una denuncia formal, más aún en casos de violencia.
‘María’ tiene 26 años y se identifica como mujer indígena quechua. Nació en el distrito de Cayara, Ayacucho, pero se mudó a Huamanga para estudiar. Ahí, hizo sus prácticas en psicología en un centro al que acudían mujeres de zona rural que habían sufrido violencia. “Terminan abandonando sus demandas porque dicen ‘es muy lejos, gasto pasaje, con quién dejo mis animales’ y dejan el caso”, comenta.
Desde Pasco, ‘Rosa’ observa una situación similar. En su comunidad, el primer paso para reportar casos de violencia es reportarlo al jefe y elaborar un acta. Es posible que se sancione al presunto agresor, o que se le perdone. Cuando hay varios antecedentes, el caso pasa a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Asolescente (DEMUNA) o al Centro de Emergencia Mujer (CEM).
«¿Qué pasa si el jefe de la comunidad en vez de apoyarnos solo lo archiva? Ellos piensan que es un gasto, que mejor es no gastar nada. Y las entidades responsables muchas veces no logran aconsejar a las jóvenes qué hacer cuando sucede un caso de violencia sexual», cuenta.
Este año se presentó ante las Naciones Unidas el caso de ‘Camila‘, una niña indígena que quedó embarazada por continuas violaciones de su padre. En lugar de protegerla, una fiscal la acusó de provocarse un aborto y abrió una investigación donde Camila fue revictimizada una y otra vez.
Por situaciones así, la activista indígena Gladis Vila sostiene que no son solo el tiempo y el presupuesto lo que desaniman a las víctimas de denunciar. También es la desconfianza en el sistema judicial. «En muchos casos, finalmente la instancia declara la denuncia improcedente. Entonces, ¿has hecho tanto para qué? Estos ejemplos hacen que nadie más quiera denunciar», explica.
Cuando el agresor está en las aulas
‘Pierina’ tiene 18 años y es una joven asháninka de la comunidad de Cushiviani, Junín. En el colegio, fue testigo de cómo profesores se acercaban a sus compañeras, hacían comentarios sobre sus cuerpos e incluso las invitaban a sus casas. También a ella le sucedió.
«Me hacía gestos que no me gustaban para nada. Traté de ignorarlo, hasta que una vez me dijo que pasara a su salón, donde no había nadie. Le dije ‘no profesor, yo no’. ‘¿Te vas a asustar? No te va a pasar nada’, me decía. Desde esa fecha, no me quiero acercar. No lo saludo, no me importa que me diga mal educada», señala.
Además de esos incidentes, ‘Pierina’ cuenta que el profesor le envía mensajes por redes sociales. Ella guarda las conversaciones y le contó a su mamá. «Si en algún momento él me baja las notas, yo lo denuncio. Hago mi denuncia por escrito», asegura.
No se trata de un caso aislado. Pero, como consta en el reporte nacional elaborado por CHIRAPAQ, la mayoría de estas situaciones se normaliza y la única alternativa que se le da a las adolescentes es que ignoren o eviten a los profesores.
En 2001, Gladis Vila acompañó la denuncia contra un profesor acusado de violar a 72 niñas en un colegio de Huancavelica. “Muchas mamás me decían: “mejor no digamos que mi hija ha sufrido eso, ¿porque quién va a querer casarse con mi hija si ha sido violada?”, cuenta. Para ella, lo más decepcionante del caso fue que después de tanto esfuerzo, la única sanción que recibió el docente fue administrativa.
“Lo único que hacen es sacarlo del colegio. Y hemos encontrado docentes que han hecho lo mismo en varias comunidades, son reincidentes, pero eso nadie lo ve”, indica Vila. Así, solo algunos casos son sancionados por el Ministerio de Educación y difícilmente llegan a tener una sanción penal.
Educación sexual ausente
Cuando ‘Pierina’ estaba en cuarto de secundaria, una de sus amigas quedó embarazada. En el colegio, los profesores bromeaban sobre los métodos anticonceptivos que podían usar. «Un profesor nos decía ‘Abstenerse chicos, abstenerse. Nada, nada, nada. Ese es el mejor método’», relata.
‘María’, joven quechua de Ayacucho, estudió en un colegio religioso. Recuerda que ahí el discurso se centraba que como mujeres se tenían que comportar, pero una vez acompañó a una amiga cuando se iba poner una ampolla mensual y aprovechó para hacer preguntas a una obstetra. «La experiencia no fue buena. Te hacen sentir como que por qué tú estás pidiendo esa información siendo tan joven», explica.
Sin una guía, las adolescentes embarazadas también reciben mal trato por parte del personal de salud. “Cuando mi compañera dio a luz, en el hospital le dijeron ¿Ya ves por estar con tus locuras? y le empezaron a hablar así ¿ves? Por andar en esto, haciendo esas cosas, ¡ay los adolescentes! decían”, cuenta ‘Pierina’. La joven asháninka conoce casos en los que se discriminaba a personas de su comunidad por hablar en su lengua. “‘Habla bonito que yo no te entiendo’, les gritaban”.
En casos de violación sexual, las niñas y adolescentes deben recibir el kit de emergencia que contiene la píldora del día siguiente para evitar embarazos no deseados. “En las comunidades es un lujo tener ese acceso. Te hacen demostrar que efectivamente has sido violada, pareciera que quieren un vídeo del momento. Realmente estamos llevando a las niñas y adolescentes a una situación crítica”, lamenta Gladis Vila.
En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una directiva que precisa la obligación de una atención diferenciada para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, además de otros grupos vulnerables. Un avance importante, pero no una solución. “Es una parte, pero tiene que caminar junto con la educación», concluye Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ.
Hasta que no cambien esas mentalidades, la salud de las niñas y adolescentes indígenas siguen en riesgo.
Desprotegidas
Entre 2012 y 2020, cada día al menos una niña de 10 a 14 años que vive en zonas rurales se convierte en madre, de acuerdo al reporte de CHIRAPAQ. En ese período, la tasa de crecimiento promedio de la maternidad infantil forzada fue de 78% para niñas rurales. Un contraste alarmante con la tasa para el caso de niñas urbanas: 29%.
La relación de estas cifras con la violencia sexual es innegable, pues las relaciones sexuales con menores de 14 años, se consideran una violación. En 2019, se registraton 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre 10 y 14 años. Además, 731 casos en jóvenes de 15 a 29.
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