La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y comunidades mapuche autónomas denunciaron una nueva arremetida represiva del Estado chileno contra la resistencia más consecuente del Wallmapu.
En un momento en el cual la lucha por la autonomía territorial del Wallmapu está avanzando contra las grandes empresas capitalistas, desarrollando acciones de sabotaje contra la industria forestal, la estrategia del Estado chileno para combatir la resistencia del pueblo mapuche se manifiesta nuevamente como “garrote y zanahoria”.
Ejemplo de esto son los hechos ocurridos el jueves 7 de enero: mientras el Tribunal Oral de Angol daba a conocer el veredicto del juicio por el caso de Camilo Catrillanca (comunero mapuche asesinado en 2018), condenando a dos ex sargentos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) por “homicidio simple consumado” y “disparos injustificados”, y a cuatro policías y un abogado por obstruir la investigación del caso. En tanto, fueron allanadas y reprimidas más de seis comunidades mapuche que se dirigían a la ciudad de Angol para presenciar la lectura de la sentencia del caso. En la localidad de Temuco, la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó detenida a la propia familia de Camilo Catrillanca (su viuda, su madre y su hija de 7 años de edad).
Este hecho de violencia institucional del Estado chileno contra la familia de un comunero mapuche asesinado pudo ser captado y sacado a la luz por el fotógrafo independiente Camilo Tapia, que el pasado 27 de enero fue localizado en su domicilio por la misma PDI y llevado al cuartel policial para declarar como testigo por las fotografías que tomó el día del operativo que buscaban impedir la movilización de las comunidades mapuche.
Lo que queda claro es que, mientras se lleva adelante el proceso constituyente, el pueblo nación mapuche vuelve a ser el enemigo interno a destruir para un Estado terrorista y colonial, que no sólo utiliza su aparato represivo, sino que también emprende montajes jurídicos-policiales para intentar vincular a la resistencia mapuche con el narcotráfico. Así lo expresó la CAM en su último comunicado, publicado el 18 de enero de este año: “Estas operaciones político-policiales se enmarcan en una fuerte campaña institucional de carácter racista que pretende vincular a la causa mapuche con el narcotráfico y el crimen organizado. Un escenario donde se vislumbra, aparte de la estigmatización social de los medios de comunicación, la emergencia de las voces del empresariado, del latifundio y de las autoridades de gobierno, quienes sostienen que la lucha mapuche es ilegítima, terrorista y delincuencial. Una estrategia que combina distintas formas de funcionamiento; por un lado, la política-represiva y, por otra, la política-intervencionista-integracionista. No obstante, ambas tienen como eje central intentar desarmar nuestros planteamientos y arrinconar las expresiones del weichan mapuche”.
Esta grotesca vinculación persigue el objetivo de imponer de manera artificial la realidad del narcotráfico en el territorio mapuche, para, de este modo, legitimar un futuro accionar del Estado y su aparato represivo “contra las redes criminales” que operan en la zona.
En el comunicado, la Coordinadora Arauco Malleco y las comunidades en resistencia alertaron sobre la presencia e influencia de agentes externos en las comunidades, tratando de introducir drogas, principalmente en los weche (jóvenes), con el fin de transformarlos en consumidores y armar bandas dedicadas al tráfico. En el comunicado, se identificó a las drogas como un flagelo del sistema capitalista que azota a los sectores populares y que, de introducirse en la vida de las comunidades en resistencia, destruirá la matriz social, política y cultural del pueblo nación mapuche: “Entendiendo que este sistema y su orden jurídico, militar e institucional pretende exterminar física y políticamente a nuestro pueblo de cualquier modo, no trepida en introducir todos los males que están a su disposición. Hacer frente a este flagelo es también hacer frente al sistema de sumisión winka y a todas sus expresiones que han desestructurado a nuestra realidad”.
Por otro lado, la organización autonomista mapuche manifestó su indignación con ciertos “dirigentes rastreros”, “operadores políticos” y “pseudo-intelectuales mapuche” que pretenden “teñir de multiculturalismo el proceso constituyente que han instalado los chilenos”. Identificaron al proceso constituyente y sus escaños reservados para los pueblos indígenas como la expresión de la dinámica de cooptación que la institucionalidad capitalista ha montado para la continuidad colonial. Las bancas reservadas significan la cuota de participación indígena que el Estado chileno ofrece para la gestión del capitalismo en el país, en el marco de una mayor consolidación de la lucha revolucionaria mapuche, con la práctica del sabotaje (destrucción de maquinaria y camiones) a la industria forestal y el enfrentamiento con las fuerzas represivas como algunas de sus manifestaciones de resistencia y de defensa del territorio ancestral.
En el comunicado, apuntaron que “los escaños reservados y la participación en la constituyente representan más de lo mismo; surgen desde el poder winka y para el poder winka. Y vemos con rabia y dolor cómo nuevamente en esta coyuntura se instala este artilugio en la política queriendo convencernos de que es la vía para lograr nuestros derechos fundamentales. Una vez más, cierta dirigencia, la cual no tiene las prerrogativas ganadas en la lucha territorial, sedienta de poder, intentan encausar al movimiento mapuche a la vía institucional, desconociendo una lucha que ha significado la muerte de nuestros weichafe, la cárcel política, la tortura y la represión de las comunidades en lucha”.
“Hacemos un llamado a nuestro pueblo nación a dar continuidad a la lucha autonomista y revolucionaria fortaleciendo la resistencia al capitalismo, ejerciendo el verdadero control territorial, disputando y combatiendo contra nuestros verdaderos enemigos –finalizaron-. Esta es la única vía para reconstruir nuestra nación en su matriz cultural sostenida por nuestros espacios territoriales y políticos, una vez liberados. Debemos romper con las estructuras de poder colonial, insubordinarnos a la cultura winka y sus basuras enajenantes”.
Europa/España/21-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
«La Ley Trans no borra derechos, borra privilegios”, declara el partido europeo Anticapitalistas.
La federación de colectivos trans del Estado Español, Plataforma Trans, informó desde su cuenta en Twitter que la activista por los derechos humanos del Colectivo LGTBI, Mar Cambrollé Jurado realizará huelga de hambre, en el caso de no ser aprobada la Ley Trans en menos de un mes.
“Junto con representantes de personas trans y madres de menores trans anuncian huelga de hambre sí en un mes la Ley Trans no se registra en el Congreso español por el Partido Podemos y bloque investidura”, anunció Plataforma Trans en su mensaje digital.
“Queremos luz y taquígrafos en nuestros derechos (…). Nos dejaremos la piel, porque personas trans estamos acostumbradas a poner el cuerpo en primera línea, porque tenemos tanto sufrimiento y golpes en la mochila que ninguno más nos parará, porque no tenemos hipotecas, ni miedo”, puntualiza el mensaje.
Asimismo valoró que “no acceder en igualdad de condiciones a derechos básicos, empleo, salud, educación, identidad, protección de infancias, migrantes, personas no binarias, es inseguridad jurídica”.
Por su parte la Asociación Española de Transexuales (AET Transexualia) expresó en su cuenta en Twitter que pedimos a todos los grupos de la investidura que den un paso al frente por los derechos trans y que registren Ley Trans Estatal rompiendo así la posición de bloqueo llevada a cabo por la vicepresidenta Carmen Calvo”.
La Unión Trans Obrera, indicó que “la oposición a la Ley Trans solo se explica dentro del más bochornoso oportunismo. Oportunismo por parte del PSOE que no es su ley, por eso se explica la oposición de Carmen Calvo. Pero no es el único oportunismo que encontramos”.
“Aprobada la ley, la lucha seguirá, pues seguirá existiendo el capitalismo y aunque las personas trans podamos acceder al empleo, seguiremos viviendo bajo las leyes de explotación”, la Unión Trans Obrera. «Hoy es la comunidad trans, mañana les tocará a otros”, agregó el colectivo.
Por su parte, el partido europeo Anticapitalistas anunció en declaración oficial que “el reconocimiento de los derechos de las personas trans se ha convertido en una batalla central. La Ley Trans no borra derechos, borra privilegios (…). El sistema necesita orden y su orden pasa por negar nuestra diversidad”.
«Tenemos derechos a ser quienes queramos ser (…) sin que necesitemos el visto bueno de un siquiatra o que necesitemos eliminar toda sospecha de engaño o criminalidad»,puntualiza la declaración haciendo referencia a los requisitos exigidos por la legislación española en el momento de realizar cambio de sexo.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colectivos-reclaman-aprobacion-congreso-espanol–20210218-0035.html
Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron hoy miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19).
La primera etapa hace hincapié en el distanciamiento social y en el uso de mascarillas, y contempla el regreso de cuatro grupos, que corresponden al nivel maternal, al nivel de infantes, a primer, segundo y tercer grado de la escuela primaria, y al primer y segundo año del nivel secundario.
«Todo lo que tiene que ver con la preparación de la vuelta a clases para los docentes, no sólo de esta escuela, sino en general, de toda la ciudad de Buenos Aires, viene con muchas expectativas», dijo a Xinhua la directora de la Escuela Nº 28, Mónica Deschner.
El establecimiento es el primero de carácter público bilingüe español-chino, en el marco de un acuerdo entre las ciudades de Buenos Aires y Beijing, y está ubicado en el barrio de Parque de los Patricios, en la zona sur de la capital argentina.
Las clases fueron suspendidas en Argentina mediante anuncio del Ejecutivo nacional el 15 de marzo de 2020, medida que comenzó a regir al día siguiente, para contener la propagación de la pandemia.
Once meses después, el regreso a clases presenciales se realiza «con una gran carga emocional, porque estuvimos prácticamente un año sin la concurrencia, sin poder ver a nuestros niños y niñas de los distintos grupos», resaltó Deschner.
«Estamos expectantes, estamos emocionados, y con toda la preparación que implica después de un año de no verlos», añadió.
El ciclo lectivo del año pasado se vio afectado por las restricciones derivadas de la pandemia, y la mayor parte del sistema educativo del país se volcó a las clases a distancia, con la modalidad virtual o bien mediante el envío de cuadernillos a las viviendas de los alumnos en zonas con bajo acceso a internet.
Para el regreso a las aulas, las autoridades educativas del nivel nacional y local dialogaron con sindicatos docentes, con gremios del personal no docente y con familiares de alumnos, a fin de consensuar los protocolos que permitan un regreso seguro a las aulas.
Ese protocolo incluye el uso de tapabocas, limpieza de manos con alcohol en gel y la toma de temperatura en el ingreso, que es de manera escalonada, cada 10 minutos según el grado o año; y distancia social de 1,5 metros como mínimo, para lo cual se redistribuyó el mobiliario.
Las autoridades porteñas informaron que el tapabocas es obligatorio para alumnos mayores a cinco años, mientras que los docentes deben contar con máscaras de acetato. Además, indicaron que se mantienen abiertas las puertas y ventanas para permitir la circulación del aire, y que habrá recreos, pero sin contacto entre las distintas burbujas, que corresponden a cada curso.
Deschner dijo a Xinhua que en la nueva etapa corresponde realizar «un trabajo de contenidos y un trabajo de afecto».
«Hay que trabajar muchísimo el afecto y la revinculación, que estos chicos no tuvieron» en casi todo un año, añadió la directora.
El regreso a las aulas en Buenos Aires se realiza de manera escalonada, por lo cual la semana próxima lo harán los estudiantes de los últimos cuatro grados de primaria y de la modalidad Especial, y el 1 de marzo los estudiantes de los tres últimos años del nivel secundario y de los últimos cuatro años de las escuelas técnicas.
En cambio, los estudiantes de las escuelas para adultos volverán recién el 8 de marzo, mientras que el día 22 de ese mes lo harán los alumnos de niveles terciarios y de los institutos de formación profesional y de docentes.
A nivel nacional, regresaron a las aulas también este lunes los estudiantes de la provincia de Jujuy (noroeste), mientras que la mayor parte de las provincias del país se sumarán el 1 de marzo próximo.
El país sudamericano registró su primer caso de la COVID-19 el 3 de marzo de 2020 y confirmó hasta el martes 2.033.060 contagios y 50.432 decesos, mientras que las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuestas por el gobierno argentino para controlar la pandemia se extenderán hasta el 28 de febrero.
Una maestra pega cintas como señalización en un pasillo de la Escuela No. 21 durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2021. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Una alumna ingresa a la Escuela No. 21, durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2021. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Misael (i), de 7 años y alumno del tercer grado, se dirige a su escuela acompañado de su madre Claudia (d), durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2021. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Una mujer desinfecta las manos de sus hijos previo a ingresar a la Escuela No. 21 durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2021. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Imagen del 17 de febrero de 2021 de escritorios marcados para mantener el distanciamiento social entre los alumnos en una aula de la Escuela No. 21 durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Marcela Durak (d), directora de la Escuela No. 21, realiza una revisión de temperatura corporal a una alumna, durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2021. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Una maestra ayuda a su colega a colocarse una careta en una aula de la Escuela No. 21 durante el primer día de clases presenciales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2021. Alumnos de la capital argentina de Buenos Aires regresaron el miércoles a clases presenciales luego de casi un año sin concurrir a las aulas, en medio de la emoción de docentes y bajo estrictos protocolos sanitarios ante la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). (Xinhua/Martín Zabala)
Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/18/c_139748593.htm
Agora, sem vacina e sem imunização de estudantes, professores, técnicos e terceirizados, ele quer retomar as aulas presenciais nas Instituições Federais de Ensino a partir de 1º de março, sem nenhum protocolo claro de segurança e pondo em risco milhões de vidas.
Não podemos permitir esse absurdo! Aula presencial só com vacina para todos!
Fonte e imagem: https://sinasefe.org.br/site/ministro-da-educacao-quer-empurrar-estudantes-e-trabalhadores-para-a-morte/
América Central/República Dominicana/21-02-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró este jueves que todavía no hay fecha para el retorno a clases de manera presencial, pero espera que ese momento llegue pronto.
En tal sentido, el funcionario se mostró de acuerdo con el presidente Luis Abinader, quien indicó que la llegada de la vacuna contra el coronavirus es una esperanza.
“Nadie todavía puede decir eso (la fecha exacta de retorno), pero será pronto. Como ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, la llegada de la vacuna es la esperanza. Es la idea de que pronto, Dios mediante, juntos, como nación, vamos a salir de esta”, afirmó.
Además, Fulcar adelantó que trabajan en la reparación de las aulas que recientemente fueron licitadas, con el objetivo de que estén debidamente acondicionadas cuando llegue el momento de retorno de la docencia presencial
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/no-hay-fecha-del-retorno-a-clases-presenciales-pero-se-adecuan-algunas-aulas-8914684.html
Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.
La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES
En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.
Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.
“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.
“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.
El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.
El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.
“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.
Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.
“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.
El informe plantea cuatro hallazgos principales:
Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.
“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.
El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.
Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación. Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.
“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.
Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú
En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.
“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.
En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.
Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.
En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.
En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.
“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.
En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.
“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.
El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.
Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.
El software sería capaz de leer las expresiones faciales de los estudiantes para determinar su estado de ánimo.
A raíz de la pandemia, la virtualidad se ha tomado muchos aspectos de la vida cotidiana. La educación no es la excepción. Las dinámicas que tradicionalmente se desarrollaban en un aula de clases, o en el colegio, se han ido perdiendo y hoy es más difícil para los profesores saber cómo los alumnos reciben su metodología o si están comprendiendo los temas de clase, entre otras cosas.
Desde hace mucho tiempo el lenguaje corporal de una persona se ha vuelto fundamental en el día a día, y este incluso comunica mucho más que las palabras. Con el objetivo de responder a este limitante, la empresa Fine Solutions desarrolló un software de inteligencia artificial que es capaz de analizar las expresiones faciales de los alumnos y así registrar sus emociones.
A través de la posición de sus ojos, cejas y boca la nueva tecnología detecta emociones como felicidad, enojo, tristeza, miedo, disgusto e incluso sorpresa, con un rango de efectividad del 85 %. La empresa tecnológica es una de las muchas que hacen parte de la industria de reconocimiento facial y detección de emociones.
Este sector de innovación y tecnología ha estado en constante crecimiento y desde la pandemia ha logrado incrementar su productividad significativamente, se estima que para 2014 el sector moverá al menos 56 mil millones de dólares en todo el mundo.
¿Qué es el reconocimiento facial y cómo funciona?
El reconocimiento facial es un de la tecnología que además de emocionante puede resultar problemático. Es una forma de autenticación biométrica que utiliza medidas corporales para verificar tu identidad. Funciona gracias a un subconjunto de datos biométricos que identifica a las personas mediante la medición de la forma y estructura únicas de sus rostros.
El reconocimiento facial ha sido una las mayores revoluciones tecnológicas e importantes de la década, se puede considerar un adelanto tecnológico problemático porque ha generado debates sobre la protección de datos y la legislación que debería existir al respecto.
Uno de los primeros países en utilizar esta novedosa tecnología fue China, que la han usado a modo de salvaguarda de la seguridad en las calles, allí existen más de 300 millones de cámaras de seguridad, motivo que les permite reconocer en pocos segundos a una persona entre la multitud.
En estados Unidos, hace más de dos años se realizó una prueba piloto de una tecnología similar, sin embargo, su eficacia fue casi que nula. No obstante, Estados Unidos sigue adelante con la implementación del sistema, inclusive, el propio FBI lleva un registro de criminales en 16 estados gracias a que las bases de datos tienen el registro facial de la mitad de la población adulta.
Por su parte las autoridades de Londres y Gales lo han implementado como conejillo de Indias logrando varios arrestos. No obstante, su uso generó varias protestas pues la población sentía que estaban violando su privacidad.
Otros países como Emiratos Árabes, India, Malasya y singapur, usan estos mecanismos con frecuencia, puesto que su sistema de vigilancia está basado en el reconocimiento facial. En la pequeña y millonaria ciudad estado, que incorporó tecnología china y japonesa, tienen incluso un avance aún más futurista: reciben ayuda de un robot autónomo. Se trata del Multi-purpose All-Terrain Autonomous Robot.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
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Uno de los primeros países en utilizar esta novedosa tecnología fue China, que la han usado a modo de salvaguarda de la seguridad en las calles, allí existen más de 300 millones de cámaras de seguridad, motivo que les permite reconocer en pocos segundos a una persona entre la multitud. – Foto: AFP
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