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El silencio institucionalizado en Afganistán y el coste de la inacción

Por Nasratullah Taban

Cuatro años después del regreso de los talibanes al poder Afganistán experimenta lo que muchos llaman un “gran silenciamiento”. Esto no es solo resultado de la guerra o de problemas económicos, sino un esfuerzo deliberado de los talibanes por silenciar voces. En la teoría de la comunicación, un grupo se considera “silenciado” cuando quienes ostentan el poder controlan las principales formas de expresión, como el idioma, la legislación y los medios de comunicación. Esto impide que los grupos marginados compartan sus experiencias de forma comprensible para otros.

Para los periodistas, las mujeres y las minorías étnicas afganas, esto no es solo una teoría; es una realidad cotidiana impuesta por los talibanes. Las calles están tranquilas, no porque haya paz, sino porque los talibanes han creado una cultura del silencio donde hablar puede costarle la vida a alguien.

Afganistán tuvo una vez uno de los panoramas mediáticos más dinámicos del sur y centro de Asia. Cientos de canales de televisión, emisoras de radio, periódicos y plataformas onlineinformaban sobre política, corrupción y problemas sociales. Los periodistas arriesgaban sus vidas para exigir cuentas a los poderosos. Hoy en día, operan menos de 50 medios de comunicación independientes en todo el país, en comparación con los más de 400 de 2021. Human Rights Watch informa que decenas de periodistas han sido amenazados, detenidos arbitrariamente o golpeados sólo en el último año. Las reporteras, que antes eran voces destacadas en las redacciones y en la radio, se han visto obligadas a abandonar su puesto. Muchas periodistas informan que viven con miedo constante, conscientes de que cada artículo podría provocar represalias. En este clima, la verdad misma se ha vuelto peligrosa.

Mujeres y hazaras en el punto de mira

Las mujeres y las niñas han sufrido las pérdidas más dramáticas y visibles bajo el régimen talibán. La UNESCO estima que más de 22 millones de niñas tienen prohibido el acceso a la escuela secundaria y la universidad, lo que revierte décadas de progreso educativo. Muchas nunca volverán a las aulas. A las mujeres se les impide trabajar en la mayoría de los sectores, deben viajar con tutores masculinos y son vigiladas constantemente por la policía moral. Se les han cerrado prácticamente los espacios públicos, los lugares de trabajo y las áreas recreativas.

Los observadores describen haber visto desaparecer ante sus ojos a toda una generación de niñas. Las consecuencias se extienden mucho más allá de las aulas. Los hospitales operan sin personal femenino, las empresas pierden colaboradores vitales y las familias luchan por sobrevivir. En Afganistán hoy, la mitad de la población está prácticamente silenciada, incapaz de participar en la construcción de la sociedad que la rodea.

En medio de estas restricciones, la minoría hazara de Afganistán se enfrenta a una crisis silenciosa pero persistente. Los hazaras, que son mayoritariamente musulmanes chiíes, han sufrido discriminación desde hace mucho tiempo. Bajo el régimen talibán, se han intensificado los desalojos forzosos, la confiscación de tierras y los ataques selectivos. Los informes documentan ejecuciones extrajudiciales, tortura e intimidación contra civiles hazara. Las mujeres hazara son particularmente vulnerables y sufren opresión tanto por su género como por su etnia. Muchas viven bajo un miedo constante, con escasa protección del Estado. A nivel internacional, su difícil situación es a menudo ignorada, pero refleja un ataque sistemático contra una población minoritaria y la fragilidad de los derechos bajo el régimen talibán.

Los talibanes gobiernan sin elecciones, tribunales independientes ni partidos políticos. Las leyes se promulgan por decreto, las detenciones arbitrarias son rutinarias y las protestas pacíficas son violentamente reprimidas. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes viven con miedo, sopesando cada palabra, cada publicación en redes sociales y cada gesto público ante la posibilidad de represalias. La falta de rendición de cuentas ha creado una cultura de impunidad, donde el silencio es a menudo el único medio de supervivencia y la valentía conlleva un gran riesgo personal.

Estado de impunidad y ruina económica

El colapso económico ha agravado estas dificultades. Las sanciones internacionales, combinadas con la reducción de la ayuda exterior, han dejado a millones de personas en riesgo de hambre. Casi la mitad de los hogares afganos dependen de la ayuda humanitaria, y más de 23 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria, incluyendo casi 10 millones al borde de la hambruna, según las Naciones Unidas. Las restricciones al trabajo de las mujeres han reducido aún más los ingresos familiares, mientras que las agencias humanitarias tienen dificultades para entregar la ayuda porque el personal femenino no puede desempeñar muchas funciones esenciales.

Las niñas permanecen ociosas en casa, las escuelas están cerradas y las familias luchan a diario por sobrevivir. El país se enfrenta no sólo a una crisis humanitaria, sino también a una crisis social y generacional, a medida que se desvanecen las oportunidades de aprendizaje, trabajo y libertades básicas.

Cuatro años bajo el régimen talibán han dejado a Afganistán más tranquilo, pero no en paz. Las voces están silenciadas, no ausentes. Organismos jurídicos internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, han comenzado a investigar a altos líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad, en particular persecución por motivos de género. Sin embargo, la aplicación de la ley sigue siendo difícil. Mientras tanto, los afganos comunes siguen viviendo con miedo y privaciones.

¿Qué puede hacer el mundo?

Si el orden global continúa tratando el silenciamiento de Afganistán como un problema interno afgano en lugar de una violación de las normas internacionales, se corre el riesgo de sentar un precedente de que el apartheid de género y la persecución de minorías son costes aceptables para la estabilidad regional.

Para superar el estancamiento actual, la comunidad internacional debería considerar estos cambios de política:

  • Convertir el apartheid de género en un crimen de lesa humanidad: La ONU y sus Estados miembros deberían respaldar la inclusión del término “apartheid de género” en el borrador de la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Esto crearía las herramientas legales necesarias para responsabilizar a los líderes talibanes por la exclusión de mujeres y niñas, como se describió anteriormente.
  • Establecer un Observatorio Internacional Permanente para los Derechos de las Minorías: Dado que la comunidad hazara ha sido blanco de ataques, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería crear un equipo dedicado y bien financiado para rastrear e informar sobre la violencia étnica y las confiscaciones de tierras a medida que se produzcan.
  • Vincular la diplomacia con la libertad de prensa: No se deben llevar a cabo futuras conversaciones diplomáticas ni asistencia técnica a menos que los talibanes restablezcan las licencias de los medios de comunicación independientes y pongan fin a la detención arbitraria de periodistas.
  • Apoyar un “santuario digital” para la educación superior: Los donantes internacionales deberían pasar de la construcción de escuelas físicas a la financiación de plataformas educativas online sólidas y acreditadas, e internet satelital. Esto ayudará a garantizar que el cierre de escuelas por parte de los talibanes no cree una “generación perdida”.

Afganistán es hoy una nación silenciada. A las niñas se les niega la educación, a las mujeres se les impide trabajar y las minorías viven bajo constante amenaza. Para muchos, la esperanza se ha convertido en un acto silencioso y privado, oculto tras puertas cerradas. Pero la gente resiste, sobrevive y espera. Y en su silencio yace un duro recordatorio: cuatro años de gobierno talibán han cambiado Afganistán, y el mundo no puede ignorarlo.

Nasratullah Taban es un periodista independiente que cubre cuestiones relativas a Afganistán y Asia Central, con especial atención a medios de comunicación, extremismo y derechos humanos.

Texto en inglés: Foreign Policy in Focus, traducido por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2026/02/11/el-silencio-institucionalizado-en-afganistan-y-el-coste-de-la-inaccion/

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Programa de la conferencia internacional antifascista y antiimperialista de Porto Alegre – Brasil (26 al 29 de marzo de 2026)

Por: CADTM

Publicamos el programa de la conferencia internacional antifascista y antiimperialista que se celebrará en Porto Alegre – Brasil. La Conferencia estará precedida por un foro de parlamentarios y autoridades locales que tendrá lugar en el salón de la asamblea legislativa del Estado de Rio Grande do Sul el jueves 26 de marzo de 14:00 a 17:30. En él participarán parlamentarios y otros representantes electos de diferentes países de Europa y de las Américas.
El programa de la conferencia propiamente dicha comenzará a las 18:00 del jueves 26 de marzo de 2026 con una marcha de apertura por las calles de Porto Alegre, ciudad donde hace 25 años se realizó el primer Foro Social Mundial.

Posteriormente, desde la mañana del viernes 27 de marzo hasta el domingo 29 de marzo a las 18:00, se llevarán a cabo sucesivamente 10 grandes conferencias y decenas de actividades autogestionadas. Las actividades se realizarán principalmente en el campus de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) situado en la ciudad de Porto Alegre. A continuación, el programa de las grandes conferencias y el horario detallado.

 JUEVES 26 DE MARZO DE 2026

Foro de las autoridades antifascistas

14:00 – Apertura del Foro de las autoridades antifascistas
14:30 – Mesa redonda de parlamentarios: «Papel y límites de la acción institucional en la lucha democrática»
16:00 – Mesa redonda de gobiernos: «La radicalización de la democracia en los gobiernos populares»
17:30 – Cierre

18:00 – MARCHA DE APERTURA DE LA 1ª Conferencia INTERNACIONAL ANTIFASCISTA POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS*

 VIERNES 27 DE MARZO DE 2026

09:00 – Apertura (Comité organizador)
09:30 – 1ª Gran conferencia: La ofensiva de la extrema derecha en el mundo: causas, consecuencias y desafíos
12:00 a 14:00 – Actividades autogestionadas
14:30 – 2ª Gran conferencia: La lucha de los trabajadores contra el neoliberalismo y el fascismo
17:00 – 3ª Gran conferencia: Brasil bajo la amenaza de la extrema derecha y del imperialismo
19:00 – 4ª Gran conferencia: La solidaridad entre los pueblos y la lucha antiimperialista

 SÁBADO 28 DE MARZO DE 2026

08:30 a 10:30 – Actividades autogestionadas
11:00 a 13:00 – Actividades autogestionadas
14:00 – Apertura de la jornada (Comité organizador)
14:30 – 5ª Gran conferencia: La resistencia palestina al genocidio y a la opresión del Estado de Israel
16:30 – 6ª Gran conferencia: La lucha contra el fascismo en las Américas
19:00 – 7ª Gran conferencia: La lucha contra el negacionismo climático y por la reforma agraria en el contexto de la crisis ambiental

 DOMINGO 29 DE MARZO DE 2026

09:00 – Apertura de la jornada (Comité organizador)
09:30 – 8ª Gran conferencia: Antirracismo, feminismo y derechos civiles en la lucha contra el fascismo
11:30 – 9ª Gran conferencia: Educación, ciencia y tecnología para la soberanía de los pueblos
14:30 – 10ª Gran conferencia: Resistencias, articulaciones y alternativas democráticas
16:30 – Asamblea general y aprobación de la Carta de Porto Alegre
18:00 – Cierre

https://www.cadtm.org/Programa-de-la-conferencia-internacional-antifascista-y-antiimperialista-de#jueves_26_de_marzo_de_2026

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España: Tras una huelga educativa en Aragón histórica, ¿cómo luchamos contra los ataques a la pública?

A pesar de la no convocatoria de cinco sindicatos para no molestar durante la campaña electoral, la huelga educativa de tres días en Aragón vació centros y llenó plazas en todo Aragón. Ahora, ¿cómo seguir?. La energía mostrada no puede disiparse: organicemos la lucha por la educación y los servicios públicos.

Por: Jorge Remacha/Jorge Calderón

Algo se está moviendo en los centros educativos. En Catalunya la manifestación del 24 de enero fue el anuncio de un nuevo ciclo de huelgas que empieza el 11 de febrero. También en la Comunidad de Madrid continúa dándose una importante lucha contra la desfinanciación de la educación pública, especialmente la universitaria. Andalucía, Extremadura, Asturias… un reguero de protestas no cesa.

En Aragón cunde entre amplios sectores la preocupación ante los planes privatizadores que podría implantar un gobierno que reedite medidas de derechas tras las elecciones anticipadas del 8F. Pero esta preocupación se combina con la experiencia de una huelga educativa histórica, que muestra que hay posibilidad de responder cualquier ataque a la educación pública.

En las tres capitales aragonesas, y con una gran presencia en el mundo rural, se acaba de demostrar que hay fuerzas para movilizarse con una gran huelga educativa de tres días el 20, 21 y 22 de enero, con seguimientos en torno al 50% y multitudinarias movilizaciones. Fue convocada por CGT y seguida por amplios sectores más allá del propio sindicato (segunda fuerza sindical en la educación pública en Aragón), a pesar de los comunicados en contra de la huelga de CCOO, UGT, CSIF, ANPE, STEA y la asociación de familias FAPAR, justificando que “el contexto actual de proceso electoral en Aragón no es el más adecuado para dicha convocatoria.”

Llamar a no movilizarse ni hacer huelgas durante la campaña electoral aragonesa es un regalo de la burocracia de estos sindicatos a los planes privatizadores del gobierno de la derecha de Azcón. También es una traición a sus propias bases, muchas de las cuales participaron de las manifestaciones de la huelga educativa. Finalmente, es un desacierto que ha sido contestado por manifestaciones masivas, a pesar de la llamada a la desmovilización de estos sindicatos.

Esta huelga muestra que organizar los combates desde abajo, empuja a salir a los sectores cuyas direcciones pueden estar menos decididas o incluso en contra de movilizarse. A las prácticas burocráticas de las direcciones sindicales allá donde se den, hay que imponer la autoorganización desde abajo y la llamada a la unidad de acción.

“Que esta huelga se note en las urnas” ¿Para hacer bloque con Azcón o con el PSOE que implantó la concertada?”

La gran fuerza de la huelga educativa (y el potencial que aún puede desplegar) no puede subordinarse, ni ser base de maniobra, para hacer peticiones a gobiernos con el PP o con el PSOE. Ambos partidos han asegurado durante décadas los recortes y privatizaciones educativas en Aragón.

El PP defiende dentro y fuera de la comunidad el avance en la privatización, sostenido en la destrucción de los servicios públicos. VOX se suma a esta tarea y pretende pelear por imponer más censura y adoctrinamiento reaccionario en la educación. Aragón Existe podría ser un aliado puntual de este bloque, relevando al PAR.

El PSOE trata de permitirse un doble juego de discursos en defensa de la educación pública, al tiempo que es el partido que en 1985 inauguró el esquema actual de la escuela concertada en la LODE. Lo vendió como una solución temporal para calmar las luchas de la comunidad educativa y al mismo tiempo mantener el poder de la educación religiosa tras el franquismo reciente. Esa solución temporal ya lleva cuatro décadas.

Ninguno de los partidos que quiere reeditar un gobierno con el PSOE, como Podemos, CHA o Sumar-IU, nos va a dar este mensaje en campaña electoral. Todos ellos han gobernado con el PSOE en Aragón o lo hacen en el gobierno central, manteniendo en lo esencial todo atado y bien atado para la patronal aragonesa y su depredación de los servicios públicos.

“¡Presupuestos militares, para escuelas y hospitales!”

Y es que, si en las manifestaciones de la huelga educativa se cantaba “¡Presupuestos militares, para escuelas y hospitales!” esta idea señala directamente al gobierno de Azcón con su desvío de fondos para favorecer el “hub” de la industria de la guerra en Aragón, desde los convenios de UNIZAR a los centros de datos, pasando por Instalaza. Pero este cántico también señala al gobierno central de PSOE-Sumar (y al anterior con Podemos) que desviaron esos presupuestos a aumentar el gasto militar y en barreras a las personas migrantes, en sintonía con las peticiones de la OTAN.

El resultado ya lo conocemos: una masacre en Melilla, miles de muertes en el Mediterráneo, nuevas cárceles españolas para migrantes en terceros países, compra y venta de armas a Israel con o sin embargos fake y aumento de las ganancias en los fabricantes de armas.

El Gobierno del PSOE y Sumar, ha comprometido más de 60.000 millones de euros en gasto militar. Si la huelga educativa aragonesa denunciaba el desvío de los nuevos 20 millones de Azcón para la concertada (un total de 1.013 millones para 2025-2031), recordemos que estos 60.000 millones se derivan al rearme imperialista y se financia con recortes en la educación, el transporte y la sanidad pública, que luego impone nuevamente cada gobierno autonómico.

¿Qué hacer con la fuerza mostrada el 20,21 y 22 en Aragón para luchar por la educación pública?

Pero entonces, ¿con la fuerza mostrada el 20,21 y 22 en Aragón para luchar por la educación pública, qué hacemos? No hay que esperar a después de las elecciones, ni dejar que se enfríe la situación, porque se ha se ha demostrado que hay fuerza y ganas de luchar.

Antes de la huelga educativa CCOO, UGT, CSIF, ANPE y STEA afirmaban que sí estaban dispuestos a ir a la huelga educativa, en la que se ha mostrado una gran disposición de la comunidad educativa a luchar, a pesar de su no convocatoria. En una nueva convocatoria de huelga ahora podrán demostrar si es verdad que estaban dispuestos a convocar huelga después del 8F, como dijeron.

Como decía CGT para llamar al resto de sindicatos a secundar la huelga «detener la huelga porque haya elecciones sería un error, porque la privatización no se detiene porque haya elecciones».

El gobierno que salga después del 8F en Aragón va a mantener en lo esencial el programa privatizador. No salir a pelear para parar las privatizaciones en educación pronto es desperdiciar las fuerzas que se han demostrado en la huelga, causando un golpe a la capacidad de imponerse de la comunidad educativa y dando un balón de oxígeno a gobiernos privatizadores.

CGT, como sindicato convocante, tiene que organizar asambleas en los centros, llamando a todos los sindicatos de enseñanza que han dado la espalda a esta huelga. Que sean organizadas democráticamente, con libertad de tendencias políticas y sindicales, para debatir en común y coordinar un plan de lucha de la comunidad educativa contra los conciertos y la desfinanciación en la educación pública.

Estas asambleas no pueden dejar fuera a los trabajadores de los centros que no son públicos, que quedan bajo el control de patronales y contratas con un largo historial de irregularidades. Tratar de unir esa brecha, así como sumar a interinas, es fundamental. Y aún hay más sectores de los servicios públicos, la juventud y la comunidad educativa que pueden confluir de forma más presente.

Contracorriente convocó la huelga de estudiantes en apoyo al resto de la comunidad educativa, pero es necesario ir más allá. El resto del movimiento estudiantil tiene que entrar en escena, junto a trabajadores docentes y no docentes. También, les docentes tienen que defender el derecho a huelga estudiantil frente a las directrices que envía a los centros el Servicio Provincial tratando de dificultar su derecho a huelga.

Como dice Cynthia Lub en un artículo anterior: “los ataques en la educación pública son un ataque contra los hijos e hijas de la clase trabajadora, para conseguir una mano de obra subordinada a la voluntad de las empresas, preparándola y disciplinándola para ser carne de cañón en las nuevas guerras. Por eso, necesitamos que el movimiento estudiantil se sume a organizar la huelga desde abajo, con asambleas de docentes, no docentes y alumnas en cada centro de estudio.”

Autoorganizarse con asambleas de base en los centros y tomar reivindicaciones de otros sectores en lucha han sido dos claves fundamentales para sumar fuerzas en otras luchas recientes de la comunidad educativa. Estas asambleas de base, deben confluir en una gran asamblea general de toda la comunidad educativa, que exponga lo votado en cada centro y sea la base de las futuras movilizaciones. También es necesario que los sindicatos llamen a la coordinación para unir las luchas del sector público en todo el Estado, con la perspectiva de preparar una huelga general de los servicios públicos, organizada desde abajo y democráticamente en todos los centros de trabajo de la educación, la sanidad o los transportes.

Como dijimos en un artículo anterior, “en Catalunya y en la Comunidad de Madrid fueron elementos clave a la hora de levantar movilizaciones históricas estos cursos y fortalecer la organización de un sector docente solidario con la situación de un alumnado cada vez más diverso y con grandes dificultades, como vimos con la creación de la Plataforma de Docentes contra los Desahucios o con el apoyo a las acciones y huelgas por Palestina. También las movilizaciones del curso pasado en Asturias, Andalucía o Extremadura marcan un punto de apoyo.”

Como demostró la gran afluencia de familias a la huelga educativa aragonesa, hay que compartir la lucha y las preocupaciones de la comunidad que nos rodea. Esta unidad es una base para sostener las movilizaciones futuras y rodearlas de solidaridad. Herramientas como éstas pueden ser determinantes para poder confluir con la lucha de la sanidad, el transporte y más sectores que pelean contra la privatización de los servicios públicos.

Una educación distinta

Desde la CRT cuestionamos el actual sistema educativo dirigido por el Estado y al servicio de seguir reproduciendo la sociedad capitalista. Para imaginar una educación diferente, al servicio de las necesidades de la mayoría trabajadora y gestionada democráticamente desde abajo (abriendo oportunidades para la emergencia de nuevas pedagogías), no es posible separarla de la pelea por superar los grandes problemas de desfinanciación y ataques que sufre la educación pública.

Tampoco podemos imaginar una educación diferente de forma separada de los combates diarios en los hogares de nuestro alumnado, desde la vivienda al salario, pasando por el racismo de estado, las ofensivas imperialistas o la degradación de los servicios públicos. La escuela no es una isla aparte. En definitiva, no podemos separar la pelea por una educación sobre nuevas bases de la pelea por conquistar una sociedad sobre nuevas bases.

Por eso, proponemos una serie de medidas que tratan de tender un puente entre demandas actuales en defensa de la educación pública y objetivos que ponen en cuestión la sociedad capitalista y su escuela tal y como están. No se trata de una lista de medidas para enmarcar, sino que la pensamos unida a las propuestas anteriores para organizarse en común y sumar fuerzas con el resto de la comunidad educativa, el movimiento obrero y la juventud.

Por el paso de los centros educativos a una red única 100% pública y fin de los conciertos educativos y su personal. Separación de Iglesia y Estado. Educación pública, laica, gratuita y universal de los 0-3 años a los estudios universitarios y de FP, financiada con impuestos a las grandes fortunas y empresas.

Reapertura de las vías cerradas en los centros públicos, con aumento de plazas y fijeza de plantilla para asegurar la bajada de ratios y mejorar la calidad educativa. Pase a plantilla fija de interinas y del personal externalizado, refuerzo de los servicios de limpieza, conserjería, traducción, personal psi, atención socioeducativa, educación sexual y apoyo escolar recortados durante años, así como de los servicios privatizados en los campus universitarios. Por la gestión democrática en los centros educativos a través de asambleas de docentes y no docentes, junto a la comunidad educativa y la coordinación con el movimiento estudiantil.

Becas-salario para los estudiantes de rentas bajas y necesidad de transporte en Universidad y FP. En FP, pase a la pública, prácticas remuneradas, plenos derechos laborales. Ruptura de todos los acuerdos universitarios con el Ejército, empresas que invierten en armamento, que se enriquecen del expolio imperialista en África y América Latina e instituciones israelíes. Por una universidad dirigida por sus estudiantes, docentes y trabajadores con representación acorde a su peso en la comunidad universitaria. En tiempo de tambores de guerra y de nuevos combates en la educación, un grito debe unir nuestras luchas: ¡abajo los presupuestos militares, arriba los de los servicios públicos!

¡Por una educación 100% pública, gratuita, laica y de calidad! ¡Por la lucha en educación! ¡Organicemos la lucha y la huelga en educación!

https://www.izquierdadiario.es/Tras-una-huelga-educativa-en-Aragon-historica-como-luchamos-contra-los-ataques-a-la-publica

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Alfabetizar ante el algoritmo: La urgencia de una Educación Mediática

Por Francisco Espinosa

La Educación Mediática no es un invento moderno. Su origen es tan antiguo como la necesidad de entender los códigos que usamos para comunicarnos.

En 2016, el Perú dio un paso trascendental hacia la modernización de sus aulas con la aprobación del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Este documento sentó, por fin, las bases para una transición hacia un sistema de competencias, alineándose con el mandato constitucional de brindar educación de calidad a todos los peruanos y con los objetivos globales de desarrollo. Sin embargo, en la letra pequeña de este gran avance persiste un silencio incómodo: la ausencia de una política pedagógica explícitamente centrada en el estudio crítico de los medios.

Para entender la gravedad de este vacío, hay que definir algunos conceptos. La Educación Mediática no es un invento moderno. Su origen es tan antiguo como la necesidad de entender los códigos que usamos para comunicarnos. Desde el momento en que alguien pintó una pared rupestre o encendió una señal de humo, nacieron reglas de comunicación que debían ser interpretadas. Decodificar un mensaje, ya sea un telegrama o un tweet, es una competencia que se debe aprender.

Históricamente, el lugar de esta disciplina en la agenda pública ha sido intermitente, entrando en estados de “hibernación” dictados por las demandas de cada época. Durante el reinado del libro, por ejemplo, la prioridad absoluta fue la lectoescritura. A mediados del siglo XX, la radio y el cine exigieron nuevas claves de lectura, un ciclo que se repitió en los 80 con la televisión satelital.

Pero hoy, esa pausa ya no es viable. La “infodemia” actual ha convertido a la Educación Mediática en algo imprescindible. La capacidad de procesamiento digital y la omnipresencia de internet han detonado una explosión de contenidos sin precedentes. El ciudadano de hoy no es un receptor pasivo que lee el diario por la mañana, sino un nodo activo que interactúa con streaming, podcasts, blogs y redes sociales en un bucle infinito.

Aquí yace el error fundamental: confundir destreza técnica con pensamiento crítico. Ante este ecosistema complejo, la respuesta educativa no puede limitarse a enseñar cómo usar la tecnología. No basta con que el alumno sepa deslizar el dedo por una tableta o instalar una aplicación; el verdadero reto es comprender qué ocurre detrás de la pantalla. Una democracia saludable necesita ciudadanos que entiendan las reglas del juego: ¿qué intereses controlan lo que veo?, ¿cómo moldean estas plataformas mi visión política?

El analfabetismo del siglo XXI no consiste en no saber leer, sino en no entender el algoritmo. Hoy, el pensamiento crítico depende de responder preguntas que el currículo apenas roza: ¿por qué mi red social me muestra esto y no aquello?, ¿cómo funciona el negocio publicitario que monetiza mi atención?, ¿cómo protejo mi privacidad o uso la Inteligencia Artificial éticamente?

Si bien el currículo actual contempla competencias en ciencia y tecnología, así como competencias transversales vinculadas al entorno digital, este enfoque resulta insuficiente en la práctica. En la dinámica escolar, lo que se etiqueta como “transversal” corre el riesgo de volverse invisible, pues aquello que es responsabilidad de todas las áreas, a menudo termina no siendo prioridad de ninguna.

Mientras no le demos a la Educación Mediática un espacio propio, seguiremos ofreciendo respuestas incompletas a uno de los problemas centrales de nuestra época. Es hora de que la sociedad civil, el sector privado y, sobre todo, los partidos políticos, dejen de ver esto como un tema técnico y lo asuman como una urgencia cívica. Debemos abogar por la implementación formal y explícita de esta disciplina en las escuelas. Solo cuando enseñemos a cuestionar el medio tanto como el mensaje, estaremos cumpliendo realmente con el deber de ofrecer una educación competente y de calidad para todos los peruanos.

https://www.infobae.com/peru/2026/02/06/alfabetizar-ante-el-algoritmo-la-urgencia-de-una-educacion-mediatica/

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Convención Fiscal de la ONU: la sociedad civil impulsa la transformación del sistema tributario frente a posiciones conservadoras

Esta semana inició la Cuarta Sesión de Negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, que se desarrollará hasta el 13 de febrero. Este ciclo de negociaciones es una oportunidad para avanzar hacia un marco global de cooperación fiscal, que permita abordar desigualdades, impulsar el desarrollo sostenible y consolidar un sistema tributario internacional justo.

Latindadd participa como representante de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con Nathalie Beghin, co-presidenta; Adrián Falco, coordinador del área de Justicia Fiscal; y Luis Moreno, chair de la Global Alliance for Tax Justice (GATJ) y director de Fiscalidad Internacional de la red latinoamericana. Su participación busca asegurar que las preocupaciones del Sur Global estén presentes en los debates de la Convención.

Los que discutirá esta ronda

Durante estas dos primeras semanas se discutirán artículos centrales del texto preliminar de la Convención, así como los Protocolos 1 y 2. Entre ellos:

  • Artículo 4 – Desarrollo sostenible: vincular la tributación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos humanos, igualdad de género y mecanismos de monitoreo.
  • Artículo 5 – Asignación de derechos tributarios: definir criterios de imposición basados en creación de valor y actividades económicas, cuidando riesgos de doble tributación y renegociación de tratados.
  • Artículo 7 – Cooperación contra la evasión, la elusión y los flujos financieros ilícitos: fortalecer la cooperación internacional para prevenir y combatirlos mediante el intercambio de información, la transparencia y el apoyo mutuo entre Estados.
  • Artículo 15 – Relación con otros acuerdos: garantizar coherencia con tratados fiscales existentes y seguridad jurídica.
  • Protocolo 1 – Tributación de servicios digitales: establecer opciones para gravar ingresos derivados de servicios transfronterizos en la economía digital.
  • Protocolo 2 – Prevención y resolución de disputas fiscales: definir mecanismos que faciliten la resolución efectiva de conflictos tributarios internacionales.

Ambición contra cautela

La jornada inicial mostró diferencias de enfoque entre quienes buscan impulsar cambios más profundos en el sistema fiscal global y quienes priorizan mantener las reglas vigentes.

Desde la sociedad civil, se planteó que la Convención no puede ser solo un documento “esquelético” o declarativo. Debe incluir mecanismos que generen impactos concretos en desarrollo sostenible y justicia fiscal. Los sistemas tributarios no son neutrales; si no incorporan un enfoque de derechos humanos y de género seguirán reproduciendo desigualdades.

Entre las demandas principales está la puesta en práctica del principio de “quien contamina, paga”, reforzado por propuestas de incorporar una tributación ambiental progresiva sobre actividades contaminantes, así como medidas para gravar de manera efectiva a las grandes fortunas, a las empresas multinacionales y a las industrias extractivas, y para combatir los flujos financieros ilícitos mediante mayor transparencia y un registro global de activos.

En contraste, los delegados estatales mostraron cautela frente a compromisos más concretos. Algunos países se mostraron reticentes a incluir mecanismos de monitoreo de derechos humanos en el texto base, mientras economías del Norte Global, como Suiza, Japón, Canadá y varios miembros de la Unión Europea, centraron sus intervenciones en la “seguridad jurídica”, rechazando cualquier formulación que implique renegociación automática de tratados o derechos de imposición sin presencia física, por riesgo de doble tributación.

Fricciones y limitaciones en la negociación

La sociedad civil expresó su desacuerdo frente a la estrategia de algunos países desarrollados de mantener la discusión en un nivel general. La insistencia en expresiones como “de conformidad con las leyes nacionales”, señalaron, impide que la Convención adopte cambios concretos que generen un impacto real en la justicia fiscal y el desarrollo sostenible.

Este reclamo se vincula con la preocupación por evitar que la Convención quede subordinada a acuerdos bilaterales o espacios no inclusivos, y con la demanda de eliminar prácticas como los acuerdos de precios anticipados secretos y la inclusión de mecanismos de arbitraje que refuercen tratamientos preferenciales a grandes corporaciones.

Al mismo tiempo, varias economías desarrolladas y jurisdicciones consideradas guaridas fiscales han bloqueado propuestas más ambiciosas, reforzando un enfoque que mantiene la Convención como un marco “de alto nivel” sin contenido concreto. Este enfoque corre el riesgo de convertir el proceso en un ejercicio simbólico mientras las desigualdades fiscales globales continúan creciendo.

Latindadd seguirá participando activamente durante estas dos semanas, promoviendo que los países de América Latina y el Caribe contribuyan a construir una Convención Fiscal capaz de transformar las reglas tributarias globales, orientándolas hacia el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del planeta.

Convención Fiscal de la ONU: la sociedad civil impulsa la transformación del sistema tributario frente a posiciones conservadoras

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El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en masificar la IA personalizada en la educación pública

Más de un millón de estudiantes de El Salvador tendrán acceso a un tutor gratuito basado en inteligencia artificial (IA) luego de la alianza anunciada entre el presidente Nayib Bukele y el empresario tecnológico Elon Musk. El acuerdo implica la incorporación de Grok, la herramienta desarrollada por xAI, en las más de 5,000 escuelas públicas del país.

El programa marca la primera experiencia nacional en el mundo donde el aprendizaje personalizado impulsado por IA se implementa de manera masiva en la educación pública.

La compañía xAI, propiedad de Elon Musk, detalló que la plataforma Grok ofrecerá acompañamiento académico a estudiantes de primaria y secundaria, ajustando la instrucción al currículo nacional y adaptándose al ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno.

Según DPL News, la iniciativa busca asegurar que todos los estudiantes, sin importar su origen o ubicación, accedan a tutoría educativa de alto nivel. El acompañamiento será individualizado y se integrará al proceso pedagógico, sin desplazar el rol de los docentes, quienes continuarán al frente de la instrucción en el aula.

La implementación de Grok se desarrollará durante los próximos dos años y contempla no solo la integración tecnológica, sino también la creación de metodologías, bases de datos y lineamientos regulatorios.

USO RESPONSABLE DE LA IA

El plan incluye la definición de marcos de gobernanza, auditoría y seguridad para promover un uso responsable de la IA en el entorno educativo salvadoreño. La empresa xAI destacó que Grok proporcionará respuestas claras y contextualizadas, tomando en cuenta factores locales y humanos para que la adopción resulte sostenible y pertinente.

El Salvador se posiciona así como pionero en la adopción de tecnología educativa basada en inteligencia artificial a nivel nacional, en una etapa en la que el presidente Bukele ha impulsado reformas en el sistema educativo.

Entre estas medidas figuran nuevas normas de disciplina y cortesía, la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en los centros educativo, la reactivación de los lunes cívicos, la entrega de paquetes escolares con herramientas tecnológicas y, más recientemente, el lanzamiento del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, presentado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.

Según información ofrecida por DPL News, el convenio entre el Gobierno y xAI también contempla la posibilidad de que los lineamientos regulatorios, metodologías y marcos de gobernanza elaborados en El Salvador funcionen como referencia internacional. El paquete tecnológico incluye auditorías periódicas y mecanismos de control orientados a la transparencia y la seguridad de los datos de los estudiantes.

La experiencia salvadoreña con Grok la observarán otros países que exploran el uso de inteligencia artificial en la educación pública. El impacto del programa, su capacidad para reducir brechas educativas y los desafíos asociados a la confiabilidad de los contenidos serán temas de análisis en el sector educativo, tecnológico y en la agenda pública internacional.

Información: Infobae

Foto: Agencia

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Trump exige 1.000 millones de dólares a Harvard mientras el enfrentamiento se intensifica

El arrebato de Trump parece dejar a ambas partes firmemente atrincheradas en un conflicto que Trump había dicho anteriormente que estaba llegando a su fin.

El presidente Donald Trump está exigiendo un pago de 1.000 millones de dólares a la Universidad de Harvard para poner fin a su prolongado enfrentamiento con esa institución académica, duplicando la cantidad que había solicitado anteriormente mientras las partes parecen estar alejándose de un acuerdo.

El presidente elevó el monto en un mensaje en las redes sociales el lunes por la noche, diciendo que Harvard ha estado “comportándose muy mal”. Afirmó que la universidad debe pagar al gobierno directamente como parte de cualquier acuerdo, algo a lo que Harvard se ha opuesto, y que su administración no quiere “nada más que ver” con esa casa de estudios en el futuro.

Los comentarios de Trump en Truth Social fueron en respuesta a un informe del New York Times según el cual el mandatario retiró su demanda de un pago financiero. Trump negó que estuviera retrocediendo

Los funcionarios de Harvard no han comentado al respecto.

El arrebato de Trump parece dejar a ambas partes firmemente atrincheradas en un conflicto que Trump había dicho anteriormente que estaba llegando a su fin.

En junio pasado, Trump declaró que un acuerdo estaba a solo días de concretarse y que Harvard había actuado “muy apropiadamente” durante las negociaciones. Más tarde dijo que se estaba finalizando un acuerdo que requeriría que Harvard destinara 500 millones de dólares a la creación de una “serie de escuelas de oficios” en lugar de un pago al gobierno.

Ese acuerdo parece haberse desmoronado por completo. En su publicación en redes sociales, Trump declaró que la propuesta de la escuela de oficios había sido rechazada porque era “complicada” y “totalmente inadecuada”.

Harvard ha sido durante mucho tiempo el principal objetivo de Trump en su campaña para obligar a las universidades a obedecer sus órdenes. El gobierno le ha quitado a Harvard miles de millones de dólares en fondos de investigación e intentaron bloquear su inscripción de estudiantes extranjeros después de que el campus rechazara una serie de demandas del gobierno el pasado abril.

La Casa Blanca sostiene que está castigando a Harvard por tolerar el sesgo antijudío en el campus.

En un par de demandas, Harvard denunció que está siendo penalizada injustamente por negarse a adoptar las opiniones de la administración. Un juez federal coincidió con eso en diciembre, revirtiendo los recortes de fondos y calificando el argumento del antisemitismo como una “cortina de humo”.

La última escalada de Trump se produce mientras otros intentos suyos de controlar la educación superior están tambaleándose.

El otoño pasado, la Casa Blanca invitó a nueve universidades a unirse a un “pacto” que ofrecía prioridad de financiamiento a cambio de adoptar la agenda de Trump. Ninguna de las escuelas aceptó. En enero, la administración abandonó su defensa de un documento del Departamento de Educación que amenazaba con recortar el financiamiento de las escuelas por políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Cuando asumió el cargo para su segundo mandato, Trump prometió arremeter contra las universidades de élite que, según él, habían sido invadidas por el pensamiento liberal y el sesgo antijudío. Sus funcionarios han congelado enormes sumas de fondos de investigación, de los cuales las universidades han llegado a depender para la investigación científica y médica.

Varias universidades han llegado a acuerdos con la Casa Blanca para restaurar el financiamiento. Algunos acuerdos han incluido pagos directos al gobierno, incluyendo 200 millones de dólares de la Universidad de Columbia. La Universidad de Brown acordó pagar 50 millones de dólares a grupos de desarrollo de la fuerza laboral estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2026-02-03/trump-exige-1-000-millones-de-dolares-harvard-mientras-el-enfrentamiento-se-intensifica

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