Durante la Emergencia Sanitaria por Covid 19, se intensificaron las violencias estructurales hacia las mujeres en México. En distintos ámbitos desde lo familiar y comunitario a lo institucional, tanto en lo físico como en lo virtual. Sus derechos fueron violentados en la salud, la educación, lo laboral, la vivienda, entre otros. Los aislamientos con agresores, el detrimento en las condiciones de vida, la falta de protección en los espacios públicos, las restricciones de movimiento y las múltiples preocupaciones económicas, así como la fuerte sobrecarga psicológica del encierro, significó la reducción de posibilidades para las mujeres. Además de ser las principales cuidadoras de quienes se enfermaron tanto en hospitales como en los hogares.
La situación extrema de riesgo a la vida, seguridad e integridad se incrementó, debido a la falta de eficacia del Estado mexicano para implementar medidas urgentes de prevención y a los vacíos en el acceso a un sistema de justicia que mantiene un carácter patriarcal. En la política de gobierno federal y de las entidades, el asesinato de las mujeres, adolescentes y niñas, es un asunto de menor importancia, que envía mensajes de permisividad a los feminicidas.
De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México y Brasil son los países con mayor número de casos de asesinatos de mujeres, en la segunda entidad, América Latina, más letal en el mundo.1 Esta preocupante estadística se agravó. El reporte especial Las dos Pandemias, publicó que en el mes de abril de 2020, en nuestro país fueron asesinadas en promedio, 11.2 mujeres por día.2
En el Estado de Chiapas, el feminicidio y la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es preocupante. El Observatorio Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres, registró: 46 feminicidios al mes de septiembre.3 En el mismo lapso, hay al menos 151 mujeres desaparecidas y es alarmante que en su mayoría son menores de edad.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró un aumento en los casos de Atención de la Violencia hacia las Mujeres, en el segundo semestre de 2020, respecto al mismo lapso en 2019. Con un total de 22 casos, del mes de julio a septiembre.4Los cuales siguen el patrón de violencia en el ámbito familiar con la omisión de autoridades de los distintos niveles, específicamente de las instancias encargadas de procurar justicia a mujeres y niñas.
En medio de las restricciones de la Pandemia y el incremento de la violencia hacia ellas, las mujeres en México y en Chiapas continúan organizándose en la reivindicación de la vida. A pesar de enfrentarse al asesinato, la privación de la libertad, la criminalización, la estigmatización y la judicialización. La Red Nacional de Defensoras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras denunciaron, las intimidaciones a las Mujeres Autoconvocadas que asistieron a la Marcha de Las Catrinas, el 30 de octubre de 2020, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas5.“Estos hechos se suman a los actos de represión y violencia contra protestas de feministas y de defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en otros lugares del país.”
Ante la falta de garantías y los antecedentes de represión policiaca a manifestaciones de mujeres en diversas entidades6, el Frayba se suma a la exigencia al Estado mexicano de respetar el derecho a la libre expresión y organización, de quienes saldrán a las calles en el Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres.
*-*
1 Una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina por el hecho de ser mujer. 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.france24.com/es/20200303-dia-de-la-mujer-feminicidios-latinoamericano-violencia-genero.
2 Equis: Justicia para las mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta. Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México, en el contexto de COVID. Informe elaborado para la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf
3 Datos disponibles en la página: https://web.facebook.com/ObsFeministaCh
4Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Persiste violencia hacia las mujeres en Chiapas. Boletín 07. 13 de abril de 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/persiste-violencia-hacia-las-mujeres-en-chiapas/
5Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas” el pasado 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas. 24 de noviembre de 2020. Disponible en: Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas” el pasado 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas.
610 de septiembre, en Culiacán, Sinaloa; 11 de septiembre, en el municipio de Ecatepec, Estado de México; 28 de septiembre en Veracruz; 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, entre otras.
Los expertos alertan del incremento de la depresión, la ansiedad, el estrés, la irritabilidad y la apatía entre el alumnado.
Las necesidades de atención emocional a los alumnos y de asesoramiento a los equipos docentes y las familias acentuadas por el cierre de los centros de enseñanza durante la primera fase de la pandemia han puesto de relieve el «papel imprescindible» de los psicólogos educativos.
Así lo aseguran cinco expertos que firman conjuntamente el análisis «La importancia del profesional de la psicología educativa en tiempos de pandemia«, recogida en el »Anuario de la educación de las Islas Baleares 2020«, que ha publicado la UIB con el apoyo de la Fundación Guillen Cifre.
Los investigadores señalan en el resumen de su artículo que «los principales actores del sistema educativo han sufrido diferentes consecuencias psicológicas» a causa de las modificaciones que la pandemia ha impuesto en el ámbito escolar, ante la que el psicólogo educativo «no ha podido intervenir suficientemente».
Parte de estas consecuencias psicológicas derivan de las dificultades específicas agravadas de los alumnos con menos recursos económicos, que «han perdido un trimestre escolar al verse descolgados por la brecha digital y la imposibilidad de seguir las clases virtuales«.
«Las situaciones límite y de violencia intrafamiliar en que se encuentran algunos alumnos se han degradado aún más«, inciden los autores del estudio: Shannon de Jesús, Juana María Ribas, Victoria Gongález, Cinthia Frías y Pere Joan Joy.
El análisis, uno de los seis artículos de un monográfico dedicado al coronavirus dentro de un anuario que cuenta en total con treinta y uno, indica que «en general, se ha acelerado el fracaso escolar ante la imposibilidad de contar con un apoyo presencial y continuo por parte del profesorado, que no siempre ha estado a la altura en cuanto al dominio de las nuevas tecnologías«.
No obstante, «algunos alumnos han mejorado su capacidad de estudio por el hecho de encontrarse una modalidad de educación a distancia en la cual se siente cómodos y en la que pueden autogestionar el ritmo de trabajo».
Impacto incalculable
Más allá de las consecuencias psicológicas de carácter educativo, «un gran porcentaje de estudiantes» han sufrido el impacto «del confinamiento y la privación de sus rutinas y actividades previas a la declaración del estado de alarma».
Esto se ha puesto de manifiesto en su «estabilidad emocional y conductual« y ha tenido también como consecuencia el aumento del tiempo de uso de tecnologías de la comunicación.
Los especialistas citan estudios en los que se pone de manifiesto el incremento de la depresión, la ansiedad, el estrés, la irritabilidad y la apatía entre el alumnado, más desmotivado a la hora de afrontar sus tareas.
En este contexto, el psicólogo educativo «se convierte en una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro«, tanto por su capacidad para evaluar las situaciones que se produzcan como por la de proponer planes de acción para afrontarlas.
Uno de los retos de los profesionales de la psicología que trabajan en los centros de enseñanza es mejorar en el uso de «los medios telemáticos para poder seguir acompañando a los alumnos y sus familias», lo que requiere mejoras en la formación.
Durante el cierre escolar del último trimestre del curso 2019-2020, «se ha evidenciado que aquellos entornos educativos que han contado con un psicólogo educativo han sabido adaptarse de mejor manera» a los desafíos, inciden los especialistas.
Constatan que, además de los estudiantes y los profesores, «muchas familias han necesitado ayuda del psicólogo educativo» y lo han solicitado directamente o a través del centro, aunque también ha sido patente la desconexión de algunas otras.
El monográfico sobre el impacto de la pandemia del «Anuario de la educación de las Islas Baleares 2020» también incluye análisis sobre las lecciones de la crisis sanitaria respecto a la educación en casa, los efectos sobre la etapa de Infantil y la implicación de las familias.
Fuente e imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-pandemia-demuestra-papel-imprescindible-psicologos-escolares-202011300056_noticia.html
Estos participantes fueron becados por Inafocam para fortalecer su formación en la Especialidad en Educación Inicial y la Especialidad en Acompañamiento Pedagógico. Ambos programas se desarrollan de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.
El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) llevaron a cabo un acto de firma contrato compromiso en el que 152 docentes del área metropolitana se comprometen a cumplir con los deberes del proceso de formación que se desarrolla en la citada institución de educación superior.
Estuvieron presentes coordinadores docentes y técnicos docentes que laboran en los niveles de Inicial y de Primaria del sistema educativo dominicano de las regionales 04 (de San Cristóbal), 10 y 15 (de Santo Domingo) y 17 (de Monte Plata).
Estos participantes fueron becados por Inafocam para fortalecer su formación en la Especialidad en Educación Inicial y la Especialidad en Acompañamiento Pedagógico. Ambos programas se desarrollan de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.
La actividad se desarrolló este miércoles en el Salón Osvaldo García de la Concha de INTEC bajo la coordinación de Pascuala Matos coordinadora de programas de posgrados del Inafocam. El acto de firma del documento legal estuvo dirigido por Raquel Liriano y Ángela Acosta del Departamento Jurídico de este instituto.
Los representantes del Inafocam exhortaron a los becarios a comprometerse con el proceso de formación docente que se desarrolla en el INTEC. Dijeron que estos programas forman parte de los planes de la institución que representan para la creación de una masa crítica de especialistas en las diferentes áreas curriculares y transversales del currículo educativo por competencia.
Se les recordó la importancia que tienen los docentes y los técnicos docentes en la calidad de los aprendizajes escolares y que por esto el Inafocam compromete a los participantes en los programas que desarrolla a nivel nacional para que asuman con rigor el proceso formativo universitario.
En el documento entregado por los técnicos jurídicos del Inafocam se informó a los participantes de los programas de posgrado de los compromisos y responsabilidades que asumen como becarios de la institución responsable de la formación y capacitación de los maestros del sector educativo público.
Fuente e imagen: https://acento.com.do/actualidad/becarios-de-inafocam-e-intec-daran-inicio-a-especialidades-en-educacion-inicial-y-acompanamiento-pedagogico-8888276.html
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El Enano discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las seis de la mañana. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las siete empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al Enano como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces, pero no solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: “Viejo ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí, no?”.
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. La mujer que elige llamarse Cindy sin apellido por seguridad, saludó al Enano. “Buenos días, a ver cómo nos va hoy”, le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de Covid-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 kilómetros del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del valle de Sula, que concentra el 80% de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la Covid-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos. Equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 mil empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus de El Enano circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que ronda los nueve millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el gobierno para hacer mascarillas a cambio de US$128,000 y batas quirúrgicas, por US$443,944. Las maquilas las fabricarían. Solamente en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande.
El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160,000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54,000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al Enano, dirá ella después, fue un presagio.
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 AM del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.
La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (US$560.000).
Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy, 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132,000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (US$48) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno
“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta US$8. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la Covid-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1,300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
María Medina cuenta que en la maquila Jerzees hubo varios contagiados por COVID-19 e incluso fallecidos; sin embargo, las operaciones de trabajo nunca se detuvieron.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar». Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», dice.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus de El Enano se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial # 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-gobierno-de-honduras-subsidia-el-trabajo-de-fabricas-de-ropa-mientras-su-policia-ataca-a-31-trabajadoras-durante-la-pandemia/
La Universidad Cooperativa de Colombia se la juega por este modelo de educación que mezcla estrategias virtuales y presenciales.
Desde hace algunos años ha tomado fuerza en Colombia lo que se conoce como B-learning, una modalidad de formación educativa que mezcla elementos tanto de la educación presencial como de la virtual.
Según la Universidad Cooperativa de Colombia, institución que le ha apostado a este modelo, una manera de traducir el término, tal vez la más aceptada, es aprendizaje combinado, que consiste en ofrecer cursos reuniendo, en efecto, estrategias presenciales y virtuales.
Es así como la universidad reservó los encuentros presenciales para aquellas actividades prácticas que requirieren espacios y herramientas especiales: ciertos laboratorios y clínicas en las áreas de ingeniería y salud, por ejemplo.
En tanto, las actividades virtuales se orientaron hacia la búsqueda de información y los encuentros profesores – alumnos, en algunos momentos de manera sincrónica y en otros asincrónica.
De acuerdo con voceros de la universidad, como la alternancia es una variable independiente que depende de la evolución de la pandemia y de las decisiones de las autoridades, se sabía que sería posible que algunas actividades programadas para ser presenciales podrían suspenderse en algunas ciudades donde se tiene alguno de los campus. Así, por ejemplo, la entidad educativa sabía que mientras en Medellín podría haber alguna restricción, en Santa Marta no. Por eso, para cada actividad presencial que se tenía prevista, se diseñó también la actividad virtual que entraría a suplirla cuando la alternancia impidiera asistir a los campus.
La estrategia
El diseño que se tenía de los cursos en el primer semestre de 2020 se hizo finalizando el 2019, es decir, se planteó para una modalidad presencial. Cuando, por razones de la pandemia, comenzó el período de confinamiento, la institución se encontró con cursos diseñados precisamente para la dinámica presencial, que ya no era posible. Fue así como “echó mano”, entonces, de estrategias que le permitieron trabajar de manera remota.
Así las cosas, cuando el Gobierno Nacional planteó la alternancia como opción para continuar el desarrollo de las actividades académicas, la universidad encontró que la modalidad combinada era la mejor manera de concretar dicha opción.
Para el segundo semestre, la universidad decidió volcarse hacia la modalidad combinada, aprovechando la experiencia que había desarrollado en la misma con algunos cursos que se habían ofrecido en 2019 en la sede de Pereira en el marco de un proyecto denominado “Ligre”, haciendo referencia al resultado de hibridar el león y el tigre. Fue así como elaboró un modelo de diseño instruccional en el que se orientaba la construcción de los cursos combinados.
Contenido elaborado con apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/modalidad-combinada-alternativa-eficaz-para-la-educacion-superior/202011/
Son 25 millones, en todo el mundo, trabajando para nuestro bienestar consumista. A los Estados europeos les gusta recordar que abolieron la esclavitud. Si tan solo fuera verdad. Nunca ha habido tantas personas esclavas como ahora. Nunca ha sido tan rentable.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es el tercer tráfico ilícito más prolífico del mundo después de las armas y las drogas. En promedio, una sola persona esclava produce una ganancia de 3.978 dólares al año. La rentabilidad anual de estas personas superaría los 150 mil millones de dólares. La esclavitud probablemente nunca ha sido tan lucrativa.
El trabajo forzoso está definido por la OIT de la siguiente manera: “Todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de cualquier castigo y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente” .
¿Quiénes son las y los esclavos? La OIT distingue tres categorías de esclavitud: el trabajo forzoso impuesto por el sector privado, el trabajo forzoso impuesto por el Estado y la explotación sexual. En el sector privado es donde se encuentra el mayor número de personas esclavizadas (16 millones en 2016); la mitad de esas personas esclavas están en esa situación como consecuencia de la obligación de la devolución de una deuda.
En el caso de la explotación sexual, hay alrededor de 3,8 millones de víctimas adultas y 1 millón de niños y niñas en todo el mundo. Y de estas casi 5 millones de personas esclavas sexuales: el 99% son mujeres o niñas .
Finalmente, se han contabilizado 4,1 millones de personas esclavizadas por el Estado. Citemos, por ejemplo, el ilustre caso americano. En efecto, en los Estados Unidos, las cárceles son el tercer empleador más grande del país.
De los 25 millones de personas esclavas, el 10% (2.500.000) se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado, el 22% (o 5.500.000) se encuentran en situación de trabajo forzoso con fines de explotación sexual y, finalmente, el 68% (es decir, 17.000.000) se encuentran en situación de trabajo con fines de explotación laboral. Por tanto, los sectores más afectados son: agricultura, pesca, minería, industria, servicios y trabajo doméstico. Si a eso le sumamos 15 millones de personas (mujeres y niñas en el 99% de los casos) en situación de explotación sexual, tenemos una situación mundialmente deplorable.
RECUADRO
La esclavitud moderna
Nuestro sistema capitalista explota el mundo y a sus habitantes para su beneficio
40.300.000 es el número de personas reducidas a la esclavitud en el mundo. 25 millones por trabajos forzosos, 15 millones por matrimonio forzado. En estas cifras no están contabilizadas las víctimas de tráfico de órganos (como los Ouigures de China) ni las y los niños soldados (250.000 en 2018).
La esclavitud moderna comprende:
El trabajo forzoso: “Todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de cualquier castigo y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente”.
La trata de seres humanos, que reúne 3 elementos: la acción (el reclutamiento, el alojamiento, etc.), el medio (abuso de vulnerabilidad, uso de la fuerza, etc.) y el objetivo (la explotación: sexual, económica, doméstica, etc.).
La esclavitud por la deuda: exigir la devolución de una deuda mediante el trabajo. Utilizado tanto por las y los empleadores que recurren al trabajo forzosa como por quienes trafican con seres humanos.
El 50% está en esta situación para devolver una deuda. Un millón de niños y niñas en todo el mundo son víctimas de trata de seres humanos. Cada esclavo produce al año 4.000 dólares como media a quien le explota. El 71% de las personas esclavas en el mundo son mujeres o niñas. Una persona de cada cuatro reducida a la esclavitud en el mundo es un niño o una niña.
Para ver la infografía sobre el número de personas esclavas por país, https://pour.press/lesclavage-na-jamais-ete-aussi-moderne/
La esclavitud también existe, y sobre todo, aquí
Contrariamente a lo que se cree normalmente, los estudios muestran que hay esclavitud en todos los continentes del mundo.
Para el trabajo forzoso, en Asia-Pacífico contamos con 4 esclavos por cada 1.000 personas. En Europa y Asia Central es de 3,6 personas por cada 1.000, 2,8 por 1.000 en África, 2,2 por 1.000 en los Estados Árabes y 1,3 por 1.000 en las Américas (las dos últimas cifras deben moderarse ya que tenemos muy poca información sobre la realidad in situ).
Por lo tanto aquí, en Europa, la cuna autoasignada de los derechos humanos, todavía estamos hundidos en la agonía del trabajo forzoso. El horror no se perpetúa sólo en los países en desarrollo sino, también sin duda en nuestras grandes avenidas luminosas pavimentadas con buenas intenciones.
Inge Ghijs, editora del periódico De Standaard dirigió la investigación sobre este tema en su libro: “Esclavos y esclavas domésticas: humilladas y humilladosos, violadas y violados, escondidas y escondidos” .
En él, la autora nos adentra en las instituciones diplomáticas de Bruselas u otras familias acomodadas (o menos acomodadas, ya que la clase media tampoco se priva de mujeres trabajadoras de hogar) ansiosas por encontrar una trabajadora para cuidar a sus hijos e hijas.
Inge Ghijs tuvo dificultades para encontrar personas dispuestas a colaborar para aclarar este espinoso tema. Las personas víctimas a menudo temen las represalias y las familias o las y los embajadores son muy cautelosos ante la idea de aparecer como esclavistas.
Sin embargo, a fuerza de determinación, Inge Ghijs logró obtener cierta información esencial, como el estatus especial de los comerciantes de diamantes indios:
“[…] Además de algunos diplomáticos, los indios son los únicos habitantes de Bélgica que tienen autorización oficial para contratar a un ciudadano de fuera de la UE como empleada o empleado de hogar interno. Los empleadores solo pueden recibir un permiso de trabajo para un empleado de fuera de la UE si no hay un trabajador similar disponible en el mercado laboral belga. La Comunidad Flamenca asume que hay suficientes belgas que pueden trabajar como empleadas y empleados de hogar internos. […] Por razones religiosas, las y los comerciantes de diamantes indios son una excepción».
Las alrededor de 1.177 personas indias que viven en Amberes son predominantemente de la fe jainista. De casta superior y muy activos en el comercio de diamantes, las y los jainistas deben seguir una dieta muy estricta y solo pueden comer alimentos que hayan sido preparados por manos puras, es decir, cocineros indios. Las y los jainistas, por tanto, traen a las castas indias inferiores para que les sirvan como cocineros, pero también como empleadas y empleados del hogar. Como explica Marc Vandenabeele, alcalde de Aartselaar y ex director general del High Diamond Council:
“Algunos cocineros indios son tratados muy bien, otros no. A veces, como pago, solo se les aloja y se les alimenta. A veces reciben 250 euros, pero tienen que reembolsar la mitad por la comida y el alojamiento. Hay algunos que reciben solo un poco de dinero de bolsillo, el resto de su salario va a sus familias en la India. Pero también hay algunos que están bien pagados y que reciben su salario completo en persona. No es raro que estén alojados en condiciones espantosas, en el sótano o en el ático, con solo una cama o colchón y un lavabo. Todavía tienen prohibido vivir solos. De hecho, están encerrados en la casa de su empleador.
Si solo hay un cocinero en casa, su tarea es muy pesada porque las comidas indias requieren mucho trabajo. Siempre hay quince o veinte platos diferentes. Se necesitan horas de preparación. […] Si en Amberes este cocinero se escapa, automáticamente significa que habrá consecuencias para el resto de su familia en la India. Quizás toda la familia se quede sin trabajo. Además, los cocineros solo hablan indio, no inglés. Por tanto, no pueden comunicarse».
No es solo en Amberes donde está floreciendo la trata de personas. Inge Ghijs nos cuenta sobre los anuncios clasificados en los periódicos:
“Mujer negra brasileña busca trabajo como empleada de hogar interna»
«Mujer joven busca trabajo como interna»
«Mujer busca trabajo de cuidado de niños, preparación de la comida, paseo del perro”
Cada semana, periódicos como el diario de Bruselas Le Soir publican anuncios clasificados de familias que buscan una trabajadora de hogar interna y trabajadoras de hogar que ofrezcan sus servicios. Este tipo de anuncios se pueden encontrar en tiendas y supermercados de las grandes ciudades. Todo esto prueba que existen, pero encontrarlas es una historia diferente».
Poco a poco, Inge Ghijs se ha ido encontrando con estas mujeres en las sombras. Traídas a Bélgica por primas o primos lejanos. Por muchas maravillas que se les hubiera prometido, estas mujeres se encuentran muy frecuentemente con todo tipo de situaciones lamentables. Además, se encuentran atrapadas en Bélgica teniendo que reembolsar un boleto de avión comprado a crédito mientras tienen que enviar dinero a casa para sus hijos e hijas. Su visado es a menudo confiscado por la familia de acogida y se encuentran bloqueadas, sin poder hablar con nadie y especialmente con la policía.
A esto se suman sus propias necesidades, que, en su mayor parte, no son tenidas en cuenta por las familias. María, una empleada de hogar brasileña, explica:
“Me endeudé para venir a Bélgica. Gano 500€ al mes, pero tengo que pagar 85€ cada mes para reembolsar mi billete de avión. Además, tengo que enviar dinero a mi esposo y a mi hija porque mi esposo está desempleado. También le envío dinero a mi padre porque está enfermo. ¡Y todavía necesito un poco de dinero para poder comprar comida! Y pagar una tarjeta de teléfono móvil porque mi llamada telefónica semanal a mi hija es lo único que me ayuda a seguir adelante».
El tímido susurro de una vergüenza nacional
María está lejos de ser la única en esta situación. El número de personas esclavas en Bélgica se estima en 23.000. Inge Ghijs cree que desde la fuga de cerebros de hace unas décadas, nosotros, los países occidentales, hemos llegado a una fuga de cuidados. Es decir, que nuestros países desarrollados se están apropiando de un número significativo de madres extranjeras. Estas últimas llegan a cuidar de los hijos que no son suyos, pudiendo incluso convertirse en su madre sustituta. Mientras, en su país de origen, sus hijos anhelan una madre ausente que ha cruzado los océanos para ofrecerles un futuro mejor. A menudo, la incomprensión y el odio dominan los sentimientos de estos niños hacia su madre.
Además, hay una cantidad impresionante de niños desaparecidos por año. Dos mil expedientes abiertos por desaparición por año en Bélgica. 250.000 en Europa.
Las cifras más preocupantes se refieren a los menores extranjeros no acompañados (MENA). De hecho, en los últimos años, una serie de desapariciones inexplicables han afectado a personas refugiadas menores en Bélgica. Ya en 2005, Child Focus dio la alarma: “Uno de cada cuatro MENA desaparece después de haber solicitado asilo«. Unos 10.000 han desaparecido en Europa desde 2015. Estas desapariciones pueden explicarse por el deseo del niño de salir del centro por sus propios medios, o por el apetito de ciertas redes de pedo-prostitución, en el más completo silencio de la opinión pública.
En cualquier caso, tenemos la obligación, como Estados europeos, de darnos cuenta de nuestra arrogancia cuando pregonamos que hemos abolido la servidumbre. Nos beneficiamos a diario de una esclavitud latente, hecha casi invisible por la fuerza de nuestra ceguera. Mientras nuestra sociedad continúe produciendo seres y no seres, la esclavitud moderna no dejará de prosperar.
El expulsión de estas realidades de nuestras mentes parece funcionar a la perfección. La esclavitud es ilegal en la mayor parte del mundo, sin embargo, nunca ha sido tan prolífica, nunca ha sido tan fácil. El progreso tecnológico facilita la coerción humana y la gestión a gran escala del tráfico de personas. Ya no podemos escondernos en la hipocresía.
Nuestros países europeos no dejan de querer civilizar al mundo entero, convencidos de que tenemos todas las claves de los problemas que nos creamos. Sin embargo, este panorama de la situación mundial de la esclavitud nos demuestra que los males están dentro de nuestra sociedad. Dejemos de señalar con el dedo los horrores que ocurren a miles de kilómetros de nuestros propios extravíos. En Bruselas, en Amberes, en Lieja, nos cruzamos con ellas y ellos. Con estas mujeres, hombres y niños, una miríada de personas dolientes. Pero, ¿ya les vemos?
Este martes empieza en la Cámara de diputados de Argentina el debate por la legalización del aborto. Entrevistamos a Andrea D’Atri, fundadora de la agrupación Pan y Rosas sobre cuáles son las expectativas y que se juega esta semana.
¿Qué opinas del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que empieza a debatirse esta semana?
En primer lugar, aclarar que el proyecto enviado por el presidente se debate junto con el que fue presentado por octava vez, en 2019, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Tienen en común que ambos legalizan la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Hay otros artículos que son coincidentes; sin embargo, hay algunos puntos esenciales en los que difieren y habrá que pelear para que se apruebe un proyecto que incluya la mayor amplitud de derechos para las mujeres y personas gestantes, lo que será cuestionado nuevamente por los fundamentalistas antiderechos, sectores reaccionarios y cúpulas eclesiásticas que tienen sus representantes y adherentes tanto en el bloque de Juntos por el Cambio como también en el propio oficialismo.
Andrea D’Atri junto a Nora Cortiñas y otras referentes del movimiento de mujeres, durante la primera presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, mayo 2007.
Incorpora la objeción de conciencia algo que no estaba en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto…
Sí,la objeción de conciencia ya fue incorporada en el debate que se realizó en 2018 que terminó con la media sanción en Diputados y el rechazo de la ley en el Senado. Sin embargo, en esa oportunidad, el proyecto establecía claramente en el artículo 11 que «Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.» Es decir, aunque se permite la objeción de conciencia individual, por parte de los profesionales que así lo requieran, está expresamente prohibido que una institución pueda adherir a la objeción de conciencia. Toda institución sanitaria debe garantizar que haya personal idóneo que no objete la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, el proyecto del oficialismo establece el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y solo indica que el mismo debe «Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones», pero omite la referencia a las instituciones y tampoco establece quién regularía y velaría porque se cumpla la derivación de quien solicita la IVE. Esto va a llevar, indefectiblemente, al incumplimiento del derecho como ya se ha visto que sucedió en Uruguay, donde hay objeción de conciencia por todos los profesionales de un departamento entero del país.
¿Cuáles son las otras diferencias?
Entre las más peligrosas, que se prolonga de 5 a 10 días el período máximo que se establece entre la solicitud de IVE y su realización. Y otra cosa es que se propone una pena de 3 meses a 1 año de prisión a las personas que practicaran un aborto pasadas las 14 semanas de gestación. En el proyecto original de la Campaña por el Derecho al Aborto no se establecía ninguna sanción a las mujeres y personas gestantes que incurrieran en esta situación.
En representación de Pan y Rosas, alegando a favor de la legalización del aborto, en las audiencias de debate de la ley en Diputados, 2018
¿Hay expectativas en que esta vez finalmente «Sea Ley»?
La única fuerza que tenemos para enfrentar sus presiones y maniobras en el Congreso, es nuestra movilización.
Por eso no tenemos que abandonar las calles. Siempre que eso sucede, avanza la derecha corriendo la vara del debate y limitando más aún nuestros derechos.
Pan y Rosas presente durante la vigilia en el Congreso cuando se dio media sanción a la ley en 2018
¿Qué harán los diputados del Frente de Izquierda en esta oportunidad?
Lo mismo que hicimos en 2018 y que sostenemos en las calles, en las campañas electorales, en el programa del Frente de Izquierda y en cada una de las organizaciones que lo integramos: defender el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir y que se eviten las muertes por abortos inseguros y clandestinos. Somos el único bloque del Congreso cuyos integrantes sostienen la misma posición, y no hay «sorpresas» de último momento. Siempre apoyamos, impulsamos y nos movilizamos por el proyecto de legalización del aborto que surgió del propio movimiento de mujeres y que tiene una trayectoria de más de una década de lucha y presentaciones que fueron cajoneadas en el Congreso largamente.
Nuestro compromiso no varía según las oportunidades políticas, como sí sucede con los bloques del oficialismo y de la oposición de Juntos por el Cambio: apoyaremos la ley que el movimiento de mujeres y la marea verde considere que garantiza este derecho fundamental.
Los derechos no se mendigan, se conquistan y el movimiento de mujeres en Argentina no tiene ninguna deuda con ningún gobierno; si llegamos hasta aquí es por nuestra propia lucha y movilización que persistió durante tantos años y alcanzó una masividad inaudita más recientemente sobre la que ya no hay marcha atrás. ¿Será ley? No podemos saberlo de antemano, porque eso será el resultado de una batalla que está en curso y que tenemos que salir a pelearla dentro y, sobre todo, fuera del recinto.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
A Flourish hierarchy chart
Users Today : 48
Total Users : 35474795
Views Today : 54
Total views : 3574847