Organismo calificó de «graves» los antecedentes sobre el caso.
Una ola de reacciones ha generado el caso sobre el ingreso irregular a Chile de niños de origen haitiano, bajo el argumento de reunificación familiar.
Ahora fue el turno del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que calificó como «graves» los antecedentes sobre el caso y llamó a investigar con la mayor celeridad.
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/06/17/1203146/unicef-ninos-haitianos-donde-estan.html
El Observatorio de Universidades (OBU) presentó este jueves un alarmante informe titulado “La comunidad universitaria frente a la asfixia presupuestaria”, el cual devela la crítica situación que atraviesan las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en el país. Los datos muestran una brecha dramática entre los recursos solicitados por las casas de estudio y lo finalmente aprobado por el Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las estadísticas presentadas por el director del OBU, Carlos Meléndez, el indicador de déficit presupuestario en las universidades venezolanas ha oscilado entre el 85% y, en algunos casos, hasta el 99%. Esta alarmante carencia de recursos ha sumido a la educación superior en una profunda crisis de infraestructura, investigación y precarización salarial para docentes y personal administrativo.
Meléndez destacó que el descontento no ha sido silencioso. En el período comprendido entre 2020 y 2025, el observatorio registró más de 1,220 denuncias y protestas en exigencia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, lo que se traduce en un promedio de al menos 1.5 manifestaciones por semana por parte del sector universitario.
El informe también pone el foco en el cambio de diseño del sistema de educación superior. Actualmente, el 85% de las universidades públicas del país están bajo el control directo del gobierno, el cual impone autoridades y alinea las agendas institucionales. «La agenda política gubernamental ha estado totalmente de espaldas a las exigencias de los distintos actores universitarios», señaló Meléndez.
Entre 2014 y 2025, el número de instituciones de educación superior creadas o intervenidas por el Estado aumentó en un 34%, una cifra que contrasta irónicamente con la disminución de la matrícula estudiantil en ese mismo porcentaje. Además, el OBU reveló que más del 50% de las informaciones publicadas por el Ministerio de Educación Universitaria están destinadas a efemérides y actividades de proselitismo político, en lugar de soluciones académicas.
Ante la falta de respuesta oficial, el ecosistema de actores reivindicativos ha encontrado un aliado crucial en la prensa. El director del OBU ofreció un reconocimiento especial a los medios de comunicación regionales, mencionando de forma destacada a El Impulso, La Prensa de Lara, El Diario de los Andes, El Carabobeño, entre otros, por ser los principales difusores de la crisis y servir como catalizadores de las denuncias de los gremios y estudiantes en la agenda pública nacional.
La universidad pública volvió a las calles en Argentina. Estudiantes, docentes y trabajadores realizan nuevas protestas contra los recortes al presupuesto impulsados por el gobierno del derechista Javier Milei.
Durante la jornada del 17 de junio, la comunidad académica llevó a cabo huelgas, movilizaciones y clases públicas en los principales puntos del país.
Los manifestantes exigen mayor financiamiento y denuncian que el presupuesto actual no alcanza para cubrir los servicios básicos de las aulas, lo que mantiene a las facultades al borde del ahogo operativo.
Se trata de un nuevo paro nacional de una semana (del 16 al 20 de junio de 2026), impulsado por los gremios docentes que rechazan el reciente pacto firmado entre el Gobierno y los rectores.
Pese a que el Poder Ejecutivo alcanzó un principio de acuerdo presupuestario con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la semana pasada, las bases de trabajadores y sindicatos como CONADU y CONADU Histórica consideran la recomposición salarial insuficiente y exigen la aplicación irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras que los estudiantes y trabajadores sostienen el plan de lucha en las calles para evitar lo que consideran el desmantelamiento de la universidad pública argentina.
CCOO, UGT y Confapa anunciaron ayer la convocatoria de un paro indefinido en la enseñanza pública madrileña a partir de septiembre, mientras la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma decisión junto a CGT. Madrid, la comunidad más rica del Estado y la que menos invierte en educación, se suma así al ciclo de luchas que están protagonizando Catalunya y País Valencià.
CCOO, UGT y la confederación de familias Confapa anunciaron este miércoles que convocarán una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria a partir del primer día del próximo curso escolar. Horas después, la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma resolución, junto al sindicato CGT.
El movimiento educativo madrileño da así un salto que llevaba meses gestándose. La Comunidad de Madrid, una de las regiones más ricas del Estado español, aparece sistemáticamente entre los últimos lugares en inversión en educación: destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional, y está entre las peores en retribución docente. Esa combinación de riqueza obscena, contracara de la privatización y degradación sistemática de los servicios públicos, explica la acumulación de rabia en las plantillas: ratios inasumibles, sueldos que no alcanzan para vivir, centros en ruinas, una burocracia sofocante y una administración que alimenta la concertada y la privada mientras liquida la escuela pública.
Una primavera de huelgas educativas
La convocatoria no surge de la nada. Este último trimestre ha sido una verdadera primavera de movilizaciones en la educación de buena parte del Estado. La decisión se ve marcada por la impresionante huelga sostenida que vienen llevando a cabo todos los sectores educativos de Catalunya, por la huelga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana, las jornadas de huelga en Aragón, y de las educadoras del 0-3 de Madrid, que llevan dos meses de huelga indefinida.
En ese marco, Menos Lectivas venía debatiendo la necesidad de plantear una huelga indefinida al inicio del próximo curso. Y este mismo miércoles en asamblea general se decidió por amplia mayoría de quienes participaban de avanzar en ese camino.
Las reivindicaciones son las mismas que resuenan en todo el estado: subida salarial, reducción de horas lectivas, bajada de ratios, fin de las externalizaciones, inversión en infraestructuras y fin de la burocracia que devora el tiempo de enseñanza. Demandas concretas, urgentes y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva años ignorando con la complicidad del gobierno central.
La burocracia sindical llega tarde y con sus propias cuentas
Hay que decirlo con claridad: CCOO y UGT han anunciado esta huelga indefinida sin consultar a la red de asambleas que compone el movimiento educativo madrileño y sin coordinar con Menos Lectivas ni con la plataforma de PLEI que hoy está en lucha. La convocatoria llega además a pocos meses de las elecciones sindicales de diciembre, lo que plantea una pregunta legítima: ¿responde esta iniciativa al pulso real de las plantillas o es una maniobra para recuperar terreno ante una base que les viene superando por la izquierda?
La experiencia reciente -y especialmente la muy reciente de Catalunya, donde las burocracias de CCOO y UGT firmaron un acuerdo vergonzoso a espaldas de los docentes para desactivar la huelga antes de que se convirtiera en algo más- obliga a desconfiar de las cúpulas sindicales burocráticas. Pero al mismo tiempo, obliga a exigirles que la huelga sea efectiva, de todos los sectores educativos y convocada en frente único por todos los sindicatos y plataformas.
Lo que hace falta ahora: un plan construido desde abajo
La unidad no se decreta desde los despachos: se construye en las asambleas de centro, con las plantillas discutiendo el plan de lucha, los pliegos de condiciones y los mecanismos de seguimiento.
Para que la huelga indefinida de septiembre sea una huelga de verdad, hace falta ampliarla más allá del profesorado de Primaria y Secundaria: las educadoras del 0-3 que ya llevan semanas en pie, el personal de administración y servicios, los integradores sociales y las trabajadoras y los trabajadores de atención educativa, el personal universitario. Una huelga unitaria y amplia que convoque a las familias, las y los estudiantes y la comunidad a sumarse a la lucha. Que sea organizada desde abajo, a través de asambleas y coordinadoras, para hacer una huelga activa con manifestaciones, cortes, encierros y todas las medidas necesarias para poner contra las cuerdas a Ayuso y que no se venda por un acuerdo de mínimos antes de que empiece. Las condiciones están dadas. ¡Hay que seguir el ejemplo de Catalunya y País Valencià!
https://www.izquierdadiario.es/La-educacion-madrilena-hacia-la-huelga-indefinida-para-el-curso-26-27-las-asambleas-deben-marcar-el
Por ANNIE MA
La administración del presidente Donald Trump aceleró el martes el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, al delegar gran parte de su trabajo destinado a proteger a los estudiantes en riesgo del país, en una medida que recorta la gran mayoría de sus funciones para que otras agencias se encarguen de ellas.
El Departamento de Justicia se encargará de la aplicación de los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial, anunciaron funcionarios gubernamentales.
Las dos agencias afectadas —la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— defienden los derechos de los niños con discapacidades y de quienes sufren discriminación por raza, sexo o religión. Los defensores temen que el cambio pueda significar fallas en la comunicación para familias y funcionarios escolares que necesitan ayuda.
El mandatario republicano hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, diciendo que “devolvería la educación a los estados, donde corresponda”. Aunque solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaría de Educación, Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha suscrito acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su departamento.
McMahon señaló que los acuerdos asignan las responsabilidades federales a las agencias mejor posicionadas para apoyarlas.
“El gobierno de Trump ha sido claro: al tiempo que reducimos la microgestión federal cuando obstaculizamos el éxito, estamos igualmente comprometidos a reforzar la eficacia de la supervisión federal donde sea esencial”, dijo McMahon en un comunicado por escrito.
Los defensores dijeron que los cambios provocarían incertidumbre en torno a los servicios de los que dependen millones de estudiantes y familias.
“Como ocurre con demasiada frecuencia, los estudiantes tradicionalmente desatendidos, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes negros y latinos, los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes en comunidades rurales, soportarán la mayor parte de la carga creada por esta imprudente decisión, a la que las comunidades de las discapacidades y los derechos civiles ya se han opuesto vehementemente”, señaló en un comunicado por escrito EdTrust, un grupo de análisis con sede en Washington, DC, que aboga por la equidad educativo.
El Departamento de Educación ya ha transferido algunos de sus programas mediante 10 acuerdos internos anteriores, pero las agencias afectadas por el anuncio del martes estaban entre las más observadas.
La Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación administra millas de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento de los estados con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles, que ha sido reducida por despidos masivos, investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.
El Departamento de Justicia también asumirá el trabajo de proteger la privacidad de los estudiantes y brindará a las escuelas cierta capacitación y asesoramiento.
Aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia asumirán la mayoría de las tareas cotidianas de las oficinas asignadas, el Departamento de Educación seguirá realizando algunas labores, como responder a auditorías y emitir determinaciones finales en casos de derechos civiles, que por ley está explícitamente obligado a hacer.
El representante demócrata por Virginia, Bobby Scott, miembro de mayor rango del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que el anuncio del martes fue una medida política destinada a cumplir la promesa de campaña del presidente. Los cambios, dijo, probablemente ampliarán las desigualdades para los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades.
Los acuerdos dispersan programas educativos a agencias que no tienen la experiencia para administrarlos, dijo la senadora demócrata por Washington Patty Murray.
“En lugar de ayudar a los niños a una gran educación, esta administración gasta su tiempo, energía y recursos de los contribuyentes obsesionados con dónde se sientan los empleados e intentando ilegalmente cerrar el Departamento de Educación”, dijo la senadora en un comunicado por escrito.
Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, dijo que las medidas generarán caos para familias, estudiantes y escuelas.
“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación”, afirmó Gittleman en un comunicado por escrito.
El traslado de la educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos alarmó especialmente a los defensores de las personas con discapacidades, quienes dicen que la supervisión de si las escuelas atienden adecuadamente a los niños con discapacidades la manejan mejor los expertos en educación, no los expertos médicos.
«La IDEA está destinada a equipar a los estudiantes mientras aprenden junto a sus compañeros, no a curarlos —el Departamento de Salud y Servicios Humanos no está preparado para supervisar y administrar el programa IDEA de manera efectiva. Los sistemas de salud y educación hablan en idiomas completamente diferentes, e incluyen variaciones en terminología, capacitación y disciplinas», dijo Jennifer Coco, directora ejecutiva interina del Center for Learner Equity.
El Departamento de Educación señaló que McMahon pasó más de seis meses en sesiones de escucha con familias, defensores y educadores para comprender mejor las preocupaciones sobre cómo el desmantelamiento del departamento podría afectar la educación especial. Muchas familias expresaron preocupaciones sobre obstáculos para los servicios adecuados para sus hijos, pero Coco dijo que los participantes en esas sesiones estaban unidos en su oposición a trasladar la supervisión de la educación especial fuera del Departamento de Educación.
“Creo que estamos de acuerdo en el problema”, dijo Coco. “Tenemos un marcado desacuerdo sobre la solución y estas transferencias de hoy no parecen una solución a ese problema”.
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La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave
La normativa impone un veto directo en primaria y exige el consentimiento explícito de los padres para secundaria, dejando desprotegidos a los menores procedentes de los entornos más vulnerables.
En Roma, el Senado italiano aprobó el pasado 5 de junio el texto definitivo de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, con un resultado de 78 votos a favor y 38 en contra. Esta nueva legislación, que ya había superado previamente su trámite en la Cámara de Diputados tras tensos debates parlamentarios el pasado mes de noviembre, regula de forma estricta la implementación de las horas destinadas a impartir contenidos de educación sexual en los centros educativos de todo el país, relegando el estudio de la sexualidad exclusivamente al ámbito de la biología.
Según informa il manifesto, la normativa establece una prohibición total de estos programas en la educación primaria. A partir de la educación secundaria, equivalente a los 12 años de edad en adelante, la realización de estos talleres estará condicionada al consentimiento previo y expreso de los progenitores. Las familias dispondrán, además, del derecho a revisar detalladamente los materiales didácticos que se vayan a utilizar y a “evaluar la idoneidad de los profesionales externos implicados en las actividades”. Esta postura coincide con las declaraciones de la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, quien ha defendido públicamente que “la formación de los niños en materias tan delicadas debe corresponder en exclusiva al ámbito familiar”.
Por su parte, el ministro Giuseppe Valditara calificó la aprobación de la ley como “un paso histórico para el sistema educativo”, argumentando que la medida tiene como propósito fundamental “proteger a los estudiantes de la propaganda de género y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas”. Esta perspectiva ha sido respaldada firmemente por las fuerzas ultraderechistas de la mayoría gubernamental, integradas por los partidos de la Lega y Fratelli d’Italia, así como por asociaciones familiares de corte ultraconservador. El Movimiento de Padres Italianos (Moige) y el colectivo Pro Vita & Famiglia, representado por su portavoz Jacopo Coghe, manifestaron su satisfacción ante el resultado de la votación en el Senado, atribuyéndose el éxito de una ley que consideran “un freno necesario”.
Sin embargo, la aprobación de la ley ha desatado una profunda preocupación y el rechazo inmediato de múltiples organizaciones y entidades dedicadas a la prevención de la violencia de género. La federación Arcigay criticó duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola como “un grave retroceso autoritario que no logrará hacer desaparecer las dudas e inquietudes de los jóvenes”. Del mismo modo, la organización Una, Nessuna e Centomila subrayó la contradicción que supone obstaculizar la información afectivo-sexual en las aulas en un contexto marcado por el incremento de las infecciones de transmisión sexual y las agresiones sexuales entre la población adolescente.
Desde el ámbito técnico y pedagógico, entidades como la asociación Educare alle Differenze denunciaron en declaraciones recogidas por medios de comunicación como El Salto que la nueva ley “estigmatiza la educación afectiva y generará un clima de censura y persecución sobre el profesorado”. Además, la red institucional Ready y diversos expertos en salud pública recordaron que el texto aprobado colisiona frontalmente con las recomendaciones internacionales fijadas por la OMS, la Unesco y los principios de la Convención de Estambul. Advierten también de que la falta de herramientas educativas en los entornos escolares formales dejará desprotegidos a los menores procedentes de entornos vulnerables y trasladará el aprendizaje sobre la sexualidad al ámbito descontrolado de la pornografía en internet.
https://diariosocialista.net/2026/06/17/italia-prohibe-la-educacion-sexual-en-las-escuelas/
También: El Mundial 2026. Experiencias agrarias esperanzadoras. Cuba: sexto cargamento de ayuda humanitaria de México y Belice. Movimientos sociales y gobierno progresista.
Los maestros democráticos han estado en las trincheras contra el neoliberalismo durante cuatro décadas, y hoy día el legado de ese proyecto nacional derrotado sigue teniendo consecuencias que, para ellos, son intolerables. Una vez más, su resistencia se expresa en las calles de México al arrancar la Copa del Mundo, con miles de maestros militantes de la CNTE en huelga para exigir mejores prestaciones de jubilación y un aumento salarial del 100 por ciento. El gobierno de Claudia Sheinbaum ofrece una serie de cambios en el sistema, pero reitera que después de 40 años de neoliberalismo el Estado no tiene los fondos necesarios para atender las demandas del magisterio democrático.
El jueves se jugó en México el primer partido de la Copa del Mundo, con numerosas protestas, pero sin incidentes graves. Sin embargo, las tensiones siguen y la movilización de los maestros en gran parte del país es uno de los desafíos sociales más difíciles que ha enfrentado el gobierno antineoliberal de Sheinbaum.
La principal demanda de los maestros es revertir una ley de 2007 que sustituye un régimen de pensiones públicas –que garantiza un monto específico– con un sistema de cuentas individuales gestionadas principalmente por las AFORE; según los docentes, este sistema los condena a percibir sólo 30 por ciento de lo que les corresponde. De hecho, esa demanda central no es nueva: los profesores llevan más de 18 años movilizados contra la ley de pensiones de 2007 y han interpuesto más de 2 millones de amparos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo en la mesa de negociación que no es posible regresar al sistema solidario de pensiones, ya que costaría el equivalente a 20 puntos del PIB, pero ha propuesto la creación de una aseguradora especializada en el pago de pensiones y fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Rodríguez afirmó que el gobierno cumpliría con otra de las demandas de los maestros al eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). Además, el gobierno señaló que durante la Cuarta Transformación, el magisterio nacional recuperó poder adquisitivo y se han basificado a más de un millón 200 mil docentes.
La CNTE insiste en un diálogo directo con la Presidenta. “El cuadro es complicado”, escribe Julio Hernández López, en su columna Astillero. “Como candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum prometió a la CNTE cumplir con la exigencia de abolir las normas de retiro y pensiones que los profesores consideran lesivas, ya como Presidenta de la República ha expresado que no hay condiciones presupuestales para cumplir lo prometido”.
Vale recordar que México es uno de los países de la OCDE con los peores salarios magisteriales: en 2023 eran 23 por ciento menores que el promedio. El promedio mensual de pensiones de los maestros es de cerca de 7 mil pesos.
La movilización de los maestros en esta coyuntura ha intensificado las tensiones con las autoridades locales y federales, quienes han impedido la instalación de un plantón en el Zócalo –espacio reservado para el Fan Fest de la FIFA– que ha llevado a denuncias de represión, con un profesor herido de gravedad. Pero el gobierno también criticó lo que calificó como actos de provocación de los manifestantes. La presidenta Sheinbaum los condenó como actos de violencia que ya no responden únicamente a demandas legítimas, sino a una estrategia para proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México. Hizo un “llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica”, y subrayó que aunque los provocadores buscan una respuesta violenta, su gobierno jamás reprimirá a los manifestantes. En un editorial, La Jornada advirtió que “la tentación de aprovechar la coyuntura para empujar sus demandas en coincidencia con la ultraderecha puede tener un enorme costo en términos de respaldo popular y solidaridad con sus causas”.
En el fondo, la disputa es resultado de 40 años de neoliberalismo. El expolio de activos públicos durante las privatizaciones de la década de 1990 y las modificaciones del sistema de pensiones de 2007 prepararon el terreno para la crisis actual. “Mientras los bancos y las Afore han tenido rendimientos multimillonarios, los maestros y servidores del Estado se retiran con pensiones, frecuentemente, miserables”, señala Luis Hernández Navarro. “El presupuesto gubernamental no alcanza porque los ricos no pagan suficientes impuestos. Hace falta una reforma fiscal que grave al capital”.
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