En las últimas semanas el país se ha convertido en escenario de violentas movilizaciones contra las personas extranjeras africanas exigiendo su deportación. El Gobierno ha endurecido su política migratoria, anunciando un récord de expulsiones.
Sarah Babiker
La canción se llama Abahambe, y su versión oficial supera el millón de visualizaciones en youtube y cuenta con numerosos comentarios que explican cómo el tema les emociona y comparten el mensaje. ¡Que se vayan!, es el título del hit, y refleja un lema popularizado durante los disturbios anti personas inmigrantes que han tomado Sudáfrica en las últimas semanas. En estilo Amapiano, un género musical urbano surgido en sudáfrica en la pasada década, popular ya por todo el continente, tres personas cantan en inglés y lengua zulú: son Jacinta Ngobese-Zuma, Ngizwe Mchunu y Phakelumthakathi.
La primera de las intérpretes de esta canción, Jacinta Ngobese-Zuma es conocida por hechos ajenos a la música: se trata de la fundadora de March to March, la organización que está detrás de una campaña contra las personas inmigrantes de otros países africanos que tuvo el pasado 30 de junio su punto álgido. El movimiento de Ngobese-Zuma junto a otros actores afines, como la Fundación para el Desarrollo Insizwa Nobusizwa habían fijado una fecha límite para que los extranjeros sin documentación, de países como Malaui, Mozambique, Zimbabue, Nigeria y Ghana, abandonaran el país.
“Gracias por compartir este himno, pues no podré ir a la marcha”, lamenta un usuario de youtube sobre la canción, que llama a luchar por el país frente a las personas extranjeras, e invoca la memoria de Nelson mandela para justificar su objetivo de “limpiar el país”. La marcha del día 30 dejó decenas de escenas de persecución y acoso a personas extranjeras por todo el país. Una semana después, el jueves 9 de julio, una nueva marcha se convirtió en una redada popular puerta a puerta para expulsar a las personas que se consideraban migrantes irregulares. En ciudades como Johannesburgo, los manifestantes sacaban directamente a las personas de sus domicilios y las entregaban a la policía.
La líder de March to March Jacinta Ngobese-Zuma aseguraba el 30 de junio que se manifestarían cada jueves hasta conseguir que el gobierno tome en serio sus demandas. Así, el jueves 16 de julio se esperaba con cierta tensión, aun cuando no hay grandes movilizaciones anunciadas. La persecución a extranjeros ha sembrado el terror en las últimas semanas, con multitudes tomando las calles en ocasión del mencionado ultimátum.
Las personas migrantes se han convertido en el chivo expiatorio ante un desempleo que supera el 30%, con dos tercios de su población viviendo en situación de pobreza
Según Médicos Sin Fronteras, durante las últimas semanas de junio y primeras de julio se registraron al menos cuatro muertos y miles de personas huyeron del país. Las principales zonas urbanas afectadas serían las provincias de KwaZulu-Natal, donde se ubica la ciudad de Durban, Cabo Occidental, cuya capital es Ciudad del Cabo, y Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. La organización denunciaba que si bien los grupos agresores dicen perseguir solo a las personas indocumentadas, muchos de quienes habían sido atacados no estaban en situación de irregularidad administrativa.
El 3,9% de la población sudafricana (unos 2,4 millones de personas) ha nacido en el extranjero (frente a más de 10 millones en España que representan en torno a un 20% de la población). En los últimos meses miles de personas migrantes han sido retornadas por sus países o han dejado ellas mismas una Sudáfrica en la que se han convertido en el chivo expiatorio ante un desempleo que supera el 30%, con dos tercios de su población viviendo en situación de pobreza.
Una historia de beligerancia anti inmigración
March to March es heredero de otro importante actor contra las personas migrantes, la Operación Dudula, un movimiento que se generó en 2021, aún en plena pandemia, en las calles de Soweto, las mismas de las que proviene Nelson Mandela. Dudula significa “expulsar” y sus prácticas en este sentido se hicieron ya visibles en aquella época en la que cientos de personas arrasaron negocios de extranjeros e instauraron el terror entre la población migrante.
Los discursos anti-migración han prevalecido en el país desde el fin del apartheid, pero han tomado particular fuerza en los últimos años. La comunidad virtual Put South African First, que tomó impulso en la pandemia con una campaña online, comparte temores con otros movimientos similares en el resto del mundo, agitando la teoría del gran reemplazo y viendo cómo sus discursos se viralizan. Pero el último empujón a la crisis actual llegaría en abril, cuando Mazwi Kubheka, propietario de una Spaza Shop (pequeños colmados en los que se venden bienes de primera necesidad) desapareció durante dos meses. Desde estos movimientos apuntaban a que el secuestro se debía a la negativa de Kubheka de vender su negocio a extranjeros.
La campaña online #BringMazwiBack que se presentaba como una forma de coordinar a las comunidades para conseguir la liberación del joven, derivó en “un ecosistema de movilización contra la inmigración coordinado digitalmente”, según denunciaron algunos críticos, que señalaban cómo referentes en las redes en la línea de Jacinta Ngobese-Zuma construyeron una narrativa contra la migración a partir del caso.
El suceso, que seguía a la muerte de otro dueño de unos de estos establecimientos en Soweto, puso patas arriba el país, con patrullas de vigilantes persiguiendo a las personas extranjeras, en un marco de señalamiento contra los nacionales de otros países. Naciones Unidas denunciaba en abril, alarmada, la situación. La reaparición del joven, dos meses después, no aplacó los ánimos. Declaraba que había sido secuestrado y torturado, y acusaba a personas etíopes como autores. El gobierno sigue investigando, señalando que aún se desconoce la causa del secuestro, y que habría también ciudadanos sudafricanos implicados.
Tras el fin del apartheid, Sudáfrica abrazó el neoliberalismo, cristalizándose la desigualdad económica agravada por la privatización y el alza del paro
Lasspaza shop brotan en suburbios y en barrios populares, y son una parte importante de la economía local, y una forma de supervivencia para los sectores más empobrecidos de la sociedad. Como explican autores como David Harvey, tras el fin del apartheid, Sudáfrica abrazó el neoliberalismo, cristalizándose la desigualdad económica agravada por la privatización y el alza del paro. Las spaza shops se convirtieron en una opción para muchos ciudadanos, considerados ahora iguales por ley, pero excluidos por el abandono estructural y la pérdida de sus fuentes de subsistencia. También las personas migrantes entraron en este sector económico, lo que sembró tensiones.
En el universo anti migraciones sudafricano caben también formaciones políticas como el partido Action SA, encabezado por quien fuera el alcalde de Johannesburgo y que pide mano dura contra las personas africanas. Este espacio político anti inmigración pedía protección al gobierno en los últimos días tras el asesinato de uno de los líderes de March to March: Andile Mvuyelwa Somgxada, quien fue disparado a finales del pasado mes cuando salía de su casa. Pese a que la causa de su muerte sigue bajo investigación, sus seguidores ya lo han convertido en referente, definiendo al crimen como un “Acto de represalia”, y describiéndolo como: “un asesinato orquestado, del tipo que cometen los sicarios”.
Endurecimiento de la ley migratoria y biometría
El estallido de violencia en Sudáfrica ha causado el temor entre las personas migrantes que se han visto asediadas y convertidas en el chivo expiatorio de las dificultades del país. Cientos de ciudadanos han sido evacuados por sus gobiernos durante las últimas semanas y muchos otros han abandonado sus hogares por miedo a las represalias.
La persecución tomó tal dimensión que diversos gobiernos africanos han pedido explicaciones por el ataque a sus nacionales, provocándose una crisis diplomática con países como Nigeria, que acusan a Pretoria de inacción ante el racismo. En Pretoria, el presidente Ciryl Ramaphosa, ofrecía un discurso a la nación el pasado 9 de junio en el que manifestaba su comprensión hacia la frustración de la ciudadanía ante el desempleo los problemas económicos pero recordaba que las personas migrantes no eran culpables de esta situación, para poco después, describir la migración irregular como un gran desafío y prometía dejar atrás una época de políticas migratorias “débiles”, mientras que recordaba que solo el estado tenía potestad de perseguir la migración irregular.
El gobierno ha optado por una cierta ambigüedad. Con motivo de las marchas del 30 de junio, Ramaphosa se encontró con dos de los líderes de los movimientos anti inmigración, mostrando comprensión hacia sus demandas e insistiendo en que el gobierno estaba por ello endureciendo sus leyes migratorias, y pidiendo a los líderes que las manifestaciones fueran pacíficas. Además, pocos día después recordaba que solo las fuerzas de seguridad del estado están habilitadas para pedir la documentación o retener a las personas y ha insistido en la necesidad de respetar los derechos de las personas migrantes, de otro lado, ha hecho eco de los argumentos que relacionan la presencia de personas migrantes con la inseguridad o el desempleo.
No se ha tratado solo del discurso, el pasado abril se aprobaba una reforma legislativa más restrictiva presentada como una forma de mejorar el control de los flujos migratorios. Bajo el nombre de “Libro blanco”, la ley se propone como objetivo “poner freno al fraude y los abusos, reforzar la seguridad y digitalizar los servicios, al tiempo que se atrae talento e inversión. Estos cambios sitúan a Sudáfrica en línea con las tendencias mundiales”, explica una agencia informativa dependiente del gobierno. Mientras en abril Pretoria reivindicaba haber deportado a más de 100.000 personas en los dos años previos, el pasado lunes anunciaba la ejecución de 53.000 deportaciones, solo en unas semanas.
La reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada
Respecto a la reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada, introduciendo nuevas fórmulas como las residencias para nómadas digitales. Otra pata de la nueva legislación es el control a través de la toma de información biométrica en la estela de otros actores como la UE.
En este marco, a principios de julio se anunciaba que el Ministerio del Interior de Sudáfrica está trabajando en un sistema biométrico de gestión de expedientes, que incluirá dispositivos para que los inspectores de inmigración puedan verificar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros en los controles que realiza sobre terreno. Para ello Pretoria busca un contratista que suministre este tipo de tecnologías en un tiempo récord, con el 24 de julio como límite.
No son pocas las voces de alarma ante lo que consideran una vuelta de tuerca de vigilancia que puede conducir a errores y vulnerar más los derechos humanos de las personas migrantes. Cientos de miles de personas que temen enfrentarse un jueves más a la violencia de las patrullas de vigilantes que han popularizado la persecución racial en el país que venció el apartheid.
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