Author: Ramón Guzmán Ramos

América del Norte/México/Fuente:http://www.cambiodemichoacan.com.mx/

Por: Ramón Guzmán Ramos.

El movimiento contra la Reforma Educativa irrumpió en el escenario nacional en un momento de hartazgo social generalizado. El Estado mexicano ha abusado tanto de la población que ya no encuentra margen para justificar las medidas que anuncia y que aplica cada día en el mismo sentido.

Fue por ello que, cuando se desató esta campaña de linchamiento contra la causa de los maestros, no tuvo el efecto que desde el Estado esperaban para mantener la aplicación de la mano dura hasta la extinción del movimiento. Diversas organizaciones y movimientos sociales se pronunciaron en favor de la lucha de los maestros y le exigieron al gobierno que abriera una mesa de diálogo para encauzar el conflicto por la vía de la negociación.

Nochixtlán fue un costo que el movimiento no tenía por qué pagar para que pudiera abrirse esta vía. El gobierno federal, sin embargo, no ha mostrado voluntad para aceptar que la demanda principal del magisterio es legítima y que es necesario eliminar de la reforma el carácter punitivo y antipedagógico que la anima.

La mesa que ha tenido lugar en la Segob ha servido apenas para regularizar la situación laboral de los maestros afectados, lo cual, por supuesto, es un logro significativo, aunque la ley como tal sigue intacta. Es obvio que el gobierno recurre a su propia experiencia en el tratamiento de este tipo de conflictos y le apuesta al desgaste, a una nueva etapa de desprestigio del movimiento, lo cual le daría la justificación que está necesitando para sofocar por la fuerza el descontento magisterial.

Si el movimiento se quedara aislado y entrara a una etapa de desmotivación y repliegue desordenado, la vía de la represión quedaría totalmente abierta. Es el punto en que se encuentra el movimiento. La mesa de negociación está trabada y no hay perspectiva de que el gobierno federal ceda. Lo más probable es que esté esperando a que el movimiento llegue a su punto máximo de ascenso y acabe por perder su impulso original.

El inicio del nuevo ciclo escolar podría ser la clave para ambas partes. Si los maestros hacen efectivo el acuerdo de no volver a clases el próximo 22 de agosto, las cosas se les podrían complicar. El gobierno ha vuelto a poner en marcha todo el aparato propagandístico de que dispone para lanzar otro anatema en su contra. Sabe que allí está en estos momentos su flanco más débil.

Lo que ha sido hasta ahora el arma más efectiva de los maestros para mantener su lucha en los espacios públicos, esto es, el paro de labores indefinido, a partir de este lunes se podría revertir en su contra. Los contingentes de la CNTE se incorporaron al paro indefinido de manera gradual, aunque arrancó formalmente el 15 de mayo pasado. Podríamos decir que los maestros llevaban al menos un 90 por ciento del programa de estudios cumplido.

En esta última etapa los docentes suelen dedicar el tiempo a reforzar lo que se ha aprendido en las aulas, a valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a recuperar a los alumnos que se encuentran en riesgo de reprobar, a preparar los trabajos de fin de curso. Otra es la situación del inicio del nuevo ciclo escolar. Es de esperar que los padres de familia, incluso los que han apoyado y visto con simpatía la lucha de los mentores, no vieran con agrado que algo así sucediera.

Nadie creería que es el gobierno federal el que está poniendo el riesgo el ciclo escolar 2016-2017. El gobierno y los grandes empresarios de México han puesto en marcha una nueva campaña de linchamiento contra el magisterio, ahora por lo que se refiere al arranque del nuevo proceso educativo. La intención que los mueve es que los maestros se desmovilicen al regresar a las escuelas y de esa manera sea más fácil prolongar sin mayores problemas el conflicto hasta que se apague por sí solo. En caso de que los maestros, como lo han acordado, decidan mantener su paro de labores indefinido más allá del 22 de agosto, entonces se exponen a perder el apoyo y solidaridad de quienes los han acompañado en esta etapa de su lucha y, una vez aislados, sometidos a este nuevo proceso inquisitorial, sean llevados a la hoguera.

Cualquiera diría que se trata de una disyuntiva del demonio. El paro de labores indefinido es una medida que el movimiento magisterial adoptó cuando se vio en la necesidad de aumentar la presión en contra del gobierno, y de liberar a sus bases para la ocupación organizada de los espacios públicos. En esta fase del conflicto, sin embargo, se podría convertir en una táctica contraproducente. Los maestros en rebeldía tendrían que reconsiderar muy concienzudamente el acuerdo y revisarlo a la luz de las circunstancias emergentes.

El riesgo de mantenerse fuera de las aulas es el de volver a quedar aislados socialmente. Se trata de una medida que estaría rebasando el grado de tolerancia que los padres de familia han mostrado con el movimiento. Hasta ahora, no hemos visto una reacción organizada y generalizada en contra de una medida como ésta, pero existe el riesgo de que la propaganda oficialista pudiera orientar la confusión que ella misma crea en este sentido.

El movimiento tendría que hacer una revisión a fondo de la estrategia que ha adoptado. Es hora de considerar también a los alumnos y a los padres de familia, a los sectores de la sociedad que honestamente han estado apoyando la lucha de los maestros y que ahora claman por la vuelta a clases. Y es hora de que el movimiento se plantee en serio recuperar la aprobación de la sociedad.

La lucha no se agota en una sola medida. Sería muy obtuso de su parte si el movimiento apuesta todo a este camino. Hay un abanico rico de posibilidades para darle al movimiento variedad y frescura en sus acciones. Las acciones de un movimiento, por cierto, no pueden contradecir el fin que persigue. Entre los medios y el fin tendría que darse una relación de armonía ética para que el propio movimiento no se deslegitime. Porque, por muy legítimo que sea el fin que se persigue, si los medios no lo son, entonces éstos terminan por quitarle legitimidad a aquél.

El gobierno federal ha declarado una y otra vez que no está en sus manos abrogar la reforma, ni siquiera tocarla porque es ley y “la ley no se negocia”. Si el gobierno tuviera voluntad de reconocer que su reforma ha topado con piedra y que no será posible que se convierta ya en una realidad que permee las escuelas, tendría que aceptar que no hay de otra.

El camino entonces es que el Ejecutivo envíe al Congreso una iniciativa para reformar la reforma, para eliminar de su cuerpo todos los elementos que los maestros han señalado como violatorios de sus derechos laborales, y antipedagógicos.

La otra ruta es la estrictamente legislativa, una que el movimiento magisterial no ha probado con la determinación que se esperaba. Habría que pensar en elaborar una iniciativa de tipo ciudadano para llevarla al Congreso y dirigir la presión hacia este órgano legislativo.

Habría que sentarse con cada diputado en su distrito, y con cada senador en su estado, para exponerles detalladamente la propuesta y que asuman una postura al respecto. La escuela es el espacio natural donde los maestros conviven cotidianamente con sus alumnos y con los padres de familia, donde se construyen relaciones de afecto y de respeto, donde se entra en contacto con el conocimiento o se elabora conocimiento específico para comprender el mundo y desarrollar en los muchachos las capacidades que necesitan para enfrentarse a la vida.

Es por una escuela así, libre de injerencias contrarias al interés histórico del país y al desarrollo integral de las nuevas generaciones, que los maestros han salido a luchar. Es hora de volver y replantearse desde allí el camino, lo que de ninguna manera significa que haya que claudicar.

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