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¿Se deben prohibir las tareas escolares en casa? Factores para valorarlas o desestimarlas

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Recientemente, diversos medios de comunicación han difundido notas en las que se recomienda la eliminación de tareas escolares domiciliarias y la existencia de las mismas ya es tema de debate en numerosos centros escolares. El panorama de este tema es muy diverso: desde países que apenas le dan importancia a las tareas escolares, como Finlandia, hasta otros donde la carga excesiva de trabajo fuera de la escuela y las fuertes presiones sociales por el éxito educativo se asocian incluso con las altas tasas de suicidio entre menores, como Corea del Sur.  Las posturas han sido muy diversas: pasando por casos como el de Francia, cuyo presidente en 2012 prohibió este tipo de actividades en todo el país, hasta otros como el del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que decidió limitar el valor de las tareas escolares domiciliarias en las calificaciones de los estudiantes. La diversidad de opiniones en torno a esta práctica escolar de profundo arraigo hace necesario realizar un análisis que considere no sólo factores académicos, sino también sociales, económicos, culturales y organizativos del sistema educativo.

Según datos de la OCDE (2014), el tiempo semanal que los alumnos de quince años de esta organización destinan a la realización de tareas escolares en casa ha disminuido de 2003 a 2012, pasando de 5.9 horas semanales a 4.9. De acuerdo con esta organización, las tareas escolares domiciliarias tienen un impacto positivo en el rendimiento de los alumnos en pruebas académicas: “quienes pasan más tiempo haciendo tareas escolares en casa tienden a puntuar más alto en PISA, así como sus escuelas” (2014, p. 4). No obstante lo anterior, pareciera que ésta aseveración no es aplicable en todos los casos, pues diversos países que lideran la cantidad de tiempo que sus alumnos invierten en la realización de tareas escolares en casa, no se encuentran en las posiciones más altas en cuanto a puntajes en la prueba PISA o viceversa.

La relación entre el rendimiento de los alumnos en la prueba PISA 2012 y el tiempo que se destina a efectuar tareas escolares en el hogar es confusa y cambiante: Rusia, el país con alumnos que más horas dedican a efectuar tarea (casi 10 semanales), no aparece siquiera en los primeros treinta mejores puntajes del examen; por su parte, Finlandia, el país de la OCDE que menos tiempo dedica a la realización de labores escolares en casa (menos de tres horas semanales), tiene el décimo segundo mejor puntaje en la prueba; finalmente, en el caso de Hong Kong, hay correspondencia: se ubica entre los primeros diez en realización de tareas y en puntaje obtenido en la prueba. Así pues, pareciera que los efectos de las tareas domiciliarias no son tan significativos, al menos, en los resultados de exámenes como PISA, aunque cabe aclarar, que el éxito educativo no necesariamente es sinónimo de puntajes altos en pruebas estandarizadas y que éstas son incapaces de medir integralmente la formación que los estudiantes reciben.

Son diversos los factores que deben considerarse para la realización de labores escolares fuera del horario escolar. Según el INEE (2017b), existen condiciones del contexto socio económico que pueden inferir en la realización de este tipo de actividades: “el trabajo infantil, por ejemplo, disminuye el tiempo y las energías que pueden dedicarse al estudio; por otra parte, el aprendizaje puede consolidarse cuando existen experiencias en familia relacionadas, de manera intencional o no, con lo aprendido en la escuela” (p. 61). Así pues, cuando los alumnos llevan tareas escolares a sus hogares, se enfrentan a condiciones muy diversas en cuanto a la facilidad o dificultad para realizarlas, de modo que el encargo de este tipo de labores pudiera ser motivo de un aumento de la desigualdad en cuanto a aprovechamiento escolar entre los alumnos de mejores y peores contextos.

El trabajo infantil representa un obstáculo considerable para la realización de tareas escolares en casa, pues reduce el tiempo y la energía para efectuar estas actividades adecuadamente. En nuestro país, de acuerdo con el INEE (2017b, p. 71) y considerando los resultados de la prueba PLANEA 2015, existen entidades federativas donde la mayoría de sus estudiantes de sexto de primaria trabajan –con o sin remuneración–, tal es el caso de Guerrero (69.5%), Chiapas (60.2%) y  Tabasco (51.8%), mientras que en otras entidades como Ciudad de México (27.3%), Nuevo León (29.2%) o Coahuila (31%), la mayoría de los alumnos de ese grado no realizan alguna actividad laboral. Es evidente entonces que aquellos estudiantes que trabajan se encontrarán en desventaja contra aquellos que no lo hacen, lo que, nuevamente, pudiera representar una situación que promueva la desigualdad entre los alumnos de contextos opuestos.

Otro factor a tener en cuenta es la escolaridad de los padres, pues el soporte cultural que rodea al alumno es fundamental para incidir no sólo en la realización de tareas domiciliarias, sino en el logro educativo en general. Los efectos de la escolaridad de los padres no dejan lugar a dudas sobre la trascendencia de este factor: en la prueba PLANEA 2015, “a nivel de alumno, por cada nivel educativo que ha cursado el padre del estudiante, se presenta un incremento de 6 puntos en Lenguaje y de 4 en Matemáticas” (INEE, 2017a, p. 151). Así pues, la realización de tareas escolares en casa es una experiencia radicalmente distinta para quien tiene acceso a material bibliográfico, tecnología y cuenta con padres con un nivel educativo elevado, a quien realiza esta actividad después de una jornada laboral agotadora, sin mayor apoyo que el lápiz y el papel sobre el que escribe.

Un elemento a considerar para valorar la pertinencia de las tareas escolares domiciliarias es el tiempo que pasan los estudiantes en la escuela. En promedio en los países de la OCDE “los estudiantes de educación primaria tienen 185 días de enseñanza por año y los estudiantes de secundaria inferior tienen 184” (OCDE, 2016, p. 404), variando desde 170 a más de 200 días en el caso de algunos países. En cuanto al tiempo de enseñanza, los alumnos de primaria y secundaria inferior de los países de esta organización, reciben, en promedio, 7,540 horas de enseñanza formal en el aula a lo largo de nueve años (OCDE, 2016, p. 405). Así, se puede establecer que los estudiantes pasan un promedio de cuatro horas y media diarias en la escuela.

México es uno de los países punteros en este rubro, al ubicarse en la octava posición en cuanto a mayor número de horas totales destinadas en el trayecto de educación primaria y secundaria, con más de 8,000 horas, mientras que otros países como Finlandia, Corea y Suecia apenas superan las 6,000 horas.  Aunado a lo anterior, pareciera que el gobierno federal tiene la intención de incrementar aún más el tiempo que los niños y jóvenes pasan en las escuelas: en los últimos años se ha fortalecido el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual se logró implementar, para el ciclo escolar 2016-2017, en 25,032 planteles, casi el triple (273.2%) que hace cuatro años, según da cuenta el quinto informe presidencial. El incremento del tiempo que los alumnos pasan en los centros escolares debería representar, lógicamente, una disminución de la carga de trabajo escolar que se destina para realizarse en los hogares de los alumnos: sería insensato encargar a los estudiantes actividades escolares para casa cuando estuvieron en la escuela, en algunos casos, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

Otro factor a considerar es el referente a la relación entre el número de alumnos y el profesor. Mientras la media de la OCDE es de 14 alumnos por cada maestro de educación primaria y secundaria, en nuestro país es de más del doble: 30; de hecho, en educación secundaria, el número de alumnos (33) para cada profesor mexicano, es casi el triple del resto de los profesores de la organización (13). Sin duda la proporción de alumnos por profesor es fundamental para dar mayor pertinencia a las actividades escolares efectuadas en casa, pues su conveniencia radica no sólo en su realización, sino en la revisión y retroalimentación que se obtiene por parte del docente. Así, se establece una proporción inversa: mientras más se incrementa el número de alumnos para un profesor, menor es la oportunidad que éste tiene para evaluar a profundidad las tareas encargadas.

Si bien se han mencionado algunos obstáculos y riesgos referentes al encargo de tareas domiciliarias, es justo también señalar que buena parte de los docentes defiende su pertinencia sobre todo considerando argumentos académicos y formativos. Así, por ejemplo, el Departamento de Educación de los Estados Unidos (2003, p. 1) menciona múltiples efectos positivos de este tipo de actividades: facilita recordar y comprender lo trabajado en el aula, propicia la adquisición de hábitos y métodos de estudio que podrán ser aplicables incluso después de la vida escolar, permite desarrollar habilidades para el aprendizaje no sólo en el aula, posibilita el cultivo de la independencia y la responsabilidad, así como la capacidad para organizar el tiempo adecuadamente.

Resulta difícil establecer si las tareas escolares deben continuar o desaparecer, pero es innegable que para el debate deben tomarse en cuenta factores como el trabajo infantil, escolaridad de los padres de familia, tiempo que los alumnos pasan en la escuela, tamaño de los grupos escolares, pertinencia de las actividades encargadas y disponibilidad para el descanso, la  convivencia familiar, el ejercicio físico y las actividades recreativas. Cada escuela y cada maestro debe valorar, además de la significatividad y la complejidad de las actividades encargadas, las condiciones del contexto que puedan hacer viable o inviable la realización de trabajos escolares en casa. Sin duda las tareas escolares domiciliarias, bien diseñadas, representan una oportunidad para propiciar y reforzar el aprendizaje, sin embargo se debe poner atención en que éstas no sean el motivo para promover la desigualdad que, de por sí, ya se encuentra bien enraizada en nuestro sistema educativo.

REFERENCIAS.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. Consejos prácticos para los padres sobre la tarea escolar. Washington: autor, 2003.

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Quinto informe de gobierno. 2016.2017. México: autor, 2017.

INEE. Informe de resultados PLANEA 2015. El aprendizaje de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria en México. Lenguaje y comunicación y Matemáticas. México: autor, 2017.

INEE. La Educación Obligatoria en México. Informe 2017. México: autor, 2017.

OCDE. Panorama de la Educación 2016. Indicadores de la OCDE. Madrid: Santillana, 2016.

OCDE. Pisa in focus. Disponible en: http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-in-focus_22260919 (Consultado: 15 de noviembre de 2017).

Fuente: http://www.educacionfutura.org/se-deben-prohibir-las-tareas-escolares-en-casa-factores-para-valorarlas-o-desestimarlas/

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Al perro más flaco se le cargan las pulgas: la inequidad del sistema educativo

Por: Rogelio Alonso

El contexto socioeconómico que rodea a las escuelas capitalinas y chiapanecas es radicalmente opuesto. El ingreso per cápita de ambas entidades advierte una diferencia radical: los de la Ciudad de México ($5,633) ganan más del tripe que los de Chiapas ($1,730). Así, mientras el 81.4% de los alumnos chiapanecos de primaria y secundaria tienen un nivel alto o muy alto de marginación, sólo el 8.3% de los estudiantes capitalinos de esos niveles sufren de los mismos grados de marginación. La pobreza que azota a los chiapanecos es de tal magnitud que más de un cuarto de la población tiene carencias alimentarias (27.5%) y más de la mitad carencias en su vivienda (57.4%); en la Ciudad de México, las dos carencias mencionadas afectan a muy pocos (11.7% y 1.7%, respectivamente).

El 14.8% de la población de Chiapas es analfabeta, mientras que en la capital del país el analfabetismo es prácticamente un fenómeno erradicado (1.5%). Considerando lo anterior, si nuestro sistema educativo comulgara con la equidad, se deberían observar esfuerzos adicionales en el estado del sur para alcanzar niveles de bienestar como los de la capital del país, es decir, se debería dar más a los que más necesitan. Desafortunadamente, la realidad y los números en el ámbito educativo demuestran lo contrario.

Las posibilidades de ingresar y permanecer en una escuela son diferentes entre las dos entidades en cuestión. Aunque la tasa de asistencia para edades típicas de preescolar y primaria tiene ligera diferencia en favor de la capital del país (2.5% más que Chiapas), prácticamente se quintuplica nuevamente a favor de los capitalinos (13.6%) cuando los alumnos transitan por las edades convencionales de educación secundaria y media superior. Esto pudiera tener una explicación evidente: a medida que crecen, los alumnos de contextos desfavorecidos van convirtiéndose en una fuente de ingreso para sus hogares. Lo anterior se confirma al observar que casi dos de cada tres alumnos chiapanecos (60.2%) de sexto grado de primaria  trabajan, mientras que sólo una cuarta parte (27.2%) de los capitalinos lo hacen. El trabajo, además de representar un obstáculo para la adquisición de los aprendizajes (cansancio, falta de tiempo, ausentismo, etc.), se traduce en la disminución de la escolaridad de la población: mientras el 92.8% de los capitalinos de 20 a 24 años ha cursado la educación básica completa, sólo dos de cada tres chiapanecos (67.3%) lo ha hecho.

Suponiendo que chiapanecos y capitalinos tuvieran las mismas oportunidades para ingresar y permanecer en las escuelas, los primeros se enfrentarían a una dificultad adicional: la infraestructura de sus escuelas es inferior. En cuanto a condiciones materiales, indudablemente los habitantes de la Ciudad de México gozan de mejores escuelas. Lo anterior se refleja, por ejemplo, en que casi todas los planteles públicos de la capital del país cuentan con computadoras (95.6%) e internet (90.7%), mientras que en el estado sureño sólo una de cada cuatro tiene ordenadores (25.7%) y casi uno de cada diez (8.9%) cuenta con conectividad a internet; en Chiapas aproximadamente una de cada cinco escuelas (19.4%) tiene paredes precarias, mientras que en la Ciudad de México esto sucede sólo con uno de cada veinticinco planteles (4.3%). De este modo mientras en la capital del país el 70.9% de las escuelas no reporta alguna carencia en cuanto a infraestructura, en el estado del sur esto sucede sólo con el 6% de los centros escolares: una diferencia abismal.   

Si bien no se debe ignorar la influencia de la situación geográfica, la diferencia de disponibilidad de personal en las escuelas resulta alarmante entre las dos entidades en cuestión. En cuanto a personal docente, en Chiapas el 25% de los alumnos de primaria asistan a escuelas multigrado, mientras que en la ciudad de México la proporción es diez veces menor (2.5%). Es decir, los estudiantes de la Ciudad de México tienen mayores probabilidades de contar con un maestro que se dedique únicamente al grado escolar que asisten, con las ventajas que esto conlleva en relación a las dificultades que representa el trabajo con más de un grado.  La falta de personal hace que la inequidad se extienda incluso a los alumnos con alguna discapacidad. En la Ciudad de México, un estudiante discapacitado tiene mayores posibilidades de recibir un servicio educativo acorde a sus necesidades, pues tres de cada cuatro escuelas (74.5%) de preescolar a secundaria cuenta con USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular), mientras que en Chiapas sólo una de cada cuatro (27.1%).

En nuestro país, si bien existen acciones aisladas, parece que no hay una estrategia clara que evite tanta desigualdad en el ámbito educativo. Considerando lo anterior, vale la pena voltear la mirada a Francia. En aquel país, las escuelas en contextos difíciles, como aquellas en las periferias de las ciudades, entran en el programa Zona de Educación Prioritaria (ZEP): en este tipo de escuelas “debido a los recursos adicionales, las clases en número de alumnos son más pequeñas (menos de 25), los maestros tienen mejores salarios, y los recursos para actividades adicionales son mayores” (Andere, 2007, p. 79). Además, las escuelas situadas en este programa reciben otros apoyos, tales como personal médico, equipamiento y recursos para actividades artísticas y deportivas.  Si bien es justo señalar que el programa, a 35 años de su creación, requiere ciertos ajustes y los frutos que ha traído no han servido para erradicar del todo las dificultades que aquejaban a estas escuelas, vale la pena resaltar el principio que orienta su fundación: evitar la exclusión dando más a quien más lo necesita. Un ejemplo de equidad aplicada.

Los casos de la Ciudad de México y Chiapas son ejemplos bastante ilustrativos de uno de los peores defectos de nuestro sistema educativo: la inequidad, es decir, dar las mejores escuelas y los mejores servicios a quienes se encuentran en condiciones más favorables, mientras se brindan las peores escuelas y los servicios más deficientes a quienes más requieren superarse a través de la educación. No obstante que los chiapanecos tienen un contexto significativamente más desfavorable antes de pisar una escuela, el sistema educativo mexicano hace que su experiencia educativa sea aún más complicada. Como si sufrir de pobreza, hambre y contextos culturales adversos fuera poca cosa, las autoridades parecen ver con indiferencia (o impotencia, en el mejor de los casos) el hecho de que las escuelas de los alumnos chiapanecos tengan deficiencias tan severas. Pareciera pues, con casos como los expuestos en este escrito, que nuestro sistema educativo se esfuerza por hacer realidad un sabio refrán popular: “al perro más flaco se le cargan las pulgas”. 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS

ANDERE, Eduardo. ¿Cómo es la mejor educación en el mundo? Políticas educativas y escuelas en 19 países. México: Santillana, 2007.

INEE. La Educación Obligatoria en México. Informe 2017. México: autor, 2017.

INEE. Panorama Educativo de México 2015. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior. México: autor, 2016.

INEE. Principales cifras. Educación básica y media superior. Inicio del ciclo escolar 2015-2016. México: autor, 2017.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/al-perro-mas-flaco-se-le-cargan-las-pulgas-la-inequidad-del-sistema-educativo/

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Lo malo casi no se cuenta: el Quinto Informe educativo de Peña Nieto

México / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Rogelio Javier Alonso Ruiz / Fuente: Educación Futura

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, rindió un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno. Tal evento, desarrollado en Palacio Nacional, reunió a gran cantidad de personajes que no se cansaron de aplaudir los innumerables logros que el mandatario expuso en su discurso. El informe, plagado de logros y escaso de errores y desafíos, presentaba un México radicalmente diferente al de la realidad cotidiana a la que se enfrentan millones de mexicanos. En materia educativa, la línea fue la misma: se presentó, aunque mediante aseveraciones superficiales, un sistema educativo con mejoras sustanciales en temas torales, tales como la calidad, la cobertura y la infraestructura. Sin embargo, la realidad educativa mexicana dista mucho de la prosperidad que tanto presume el jefe del poder ejecutivo en sus palabras.

Uno de los logros que el presidente Peña enfatizó en su discurso fue el aumento en la cobertura de Educación Media Superior (de 66 a 82% en cuatro años, en cuanto a tasa bruta) y Superior (de 32 a 37%). El mandatario, para no quitar brillo a tales logros, prefirió omitir que, siguiendo otro criterio de cálculo de cobertura más fidedigno (tasa neta), ésta bajaría en Media Superior de 82% a 57%. Asimismo, el jefe del ejecutivo prefirió no abordar en su discurso a un nivel educativo que tiene problemas serios de cobertura: en cuanto a la atención a alumnos de 3, 4 y 5 años, es decir, los que están en edad de asistir a escuelas preescolares, se tenía un porcentaje de atención de 70% de la población durante el ciclo escolar 2012-2013, logrando un insípido avance de 2.3% para el ciclo escolar 2015-2016. Lo anterior, significa que en la actualidad uno de cada cuatro infantes en edad de recibir educación preescolar, no tienen la oportunidad de hacerlo ya que no existe la suficiente cobertura para brindar este servicio.

El presidente hizo alusión a la implementación de la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales; si bien mencionó sus propósitos principales (actualización pedagógica y profesionalización de profesores) no dio mayores detalles de las acciones que se han emprendido a raíz de tal estrategia ni de los beneficios que han reportado las mismas. Sin embargo, el supuesto fortalecimiento está en entredicho: Peña no mencionó que durante los primeros cinco años de su mandato, se ha marcado una tendencia de debilitamiento de las Escuelas Normales, pues la matrícula nacional ha pasado de 131,025 alumnos en el ciclo escolar 2012-2013 a 93,766 en el ciclo 2016-2017 (es decir, una disminución de más de una cuarta parte). Cabe mencionar también la disminución de docentes normalistas: de 18,253 profesores a 15,373 en el periodo señalado anteriormente. A estas cifras se suma la desaparición de 29 Escuelas Normales durante los cuatro primeros años del mandato de Peña.  La crisis normalista sin duda se agudizará en los próximos años, pues la matrícula de ingreso ha tenido un desplome de 2012 a 2016: ha ido de 35,853 a 25,209 alumnos, es decir, la matrícula de ingreso ha tenido una disminución de casi una tercera parte. ¿Estas cifras es lo que el presidente entiende por transformación y fortalecimiento de las Normales?

El presidente destacó orgulloso que durante lo que va de su sexenio se han invertido más de 80 mil millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura educativa, monto que, según el mandatario, es superior a lo que se invirtió en total en los dos periodos presidenciales anteriores. Lo anterior hace suponer un cambio radical en las condiciones físicas de las escuelas, sin embargo, tales cifras ocultan datos alarmantes en términos de infraestructura educativa elemental: según el estudio Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014 (INEE, 2016), ni siquiera la mitad de las escuelas primarias cuentan con los servicios básicos de agua, luz y drenaje (45%) o sus alumnos tienen acceso a una computadora que funciona (43%); tres de cada 10 planteles no dispone de tazas sanitarias suficientes para sus alumnos y casi uno de cada tres profesores (31%) de cuarto, quinto y sexto grados percibe que el tamaño de su salón es inadecuado para la cantidad de estudiantes que atiende. Además, sólo el 41% de las escuelas indígenas tienen agua todos los días de la semana y 62% electricidad durante el mismo periodo; por si fuera poco, de este tipo de instituciones educativas, una de cada cien tiene techo de cartón.

El jefe del poder ejecutivo se refirió a la aplicación la Ley General del Servicio Profesional Docente como uno de los logros más destacados de su labor, haciendo notar que a partir de su implementación se tomó, según sus palabras, al mérito como única vía de ingreso, permanencia y promoción de los docentes. La evaluación docente, supuestamente validadora del mérito, tiene múltiples fallas que han sido señaladas por diversos expertos: desde problemas de relevancia del contenido, hasta la ausencia de la observación directa del profesor y la omisión de evidencias de desempeño. Según la Encuesta de satisfacción de los docentes que participaron en la evaluación del desempeño. Entrevistas con actores educativos. Ciclo escolar 2015-2016 (INEE, 2016, pp. 20 y 30), la opinión mayoritaria de los docentes en torno a los instrumentos de evaluación (examen, 31%; expediente de evidencias, 44%) apunta hacia una escasa pertinencia de los mismos para demostrar y someter a valoración su desempeño profesional. Las falles de la evaluación docente han llegado al grado de que el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha descalificado los procesos evaluativos de personal docente con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, aludiendo a errores en el diseño de los instrumentos utilizados, derivando en una insuficiencia de la validez de los resultados generados.

Sin ofrecer mayores detalles, Peña Nieto señaló que los programas de formación continua de los profesores son cada vez mejores a partir de la implementación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. No obstante lo anterior, el documento La Educación Obligatoria en México. Informe 2017 (INEE, 2017), señala que los procesos de tutoría a los maestros de nuevo ingreso fueron desastrosos: casi la mitad de los tutorados (44%) no recibió al menos una sesión de tutoría, mientras que ni siquiera un tercio de los tutores del ciclo escolar 2014-2015 afirmaron haber obtenido incentivos económicos por haber ejercido tal función. Según el documento Los docentes en México. Informe 2015 (INEE, 2015), en 2013, el presupuesto otorgado al Sistema Nacional de Formación Continua se tradujo en un raquítico promedio de 363.91 pesos para las actividades formativas de cada docente de Educación Básica. La publicación anterior también menciona que, derivado de la escases de recursos asignados al sistema en cuestión, cada Centro de Maestros (instituciones especializadas en la capacitación docente) “atendía a 267 escuelas […], y para hacerlo, 83% del conjunto total contaban con un equipo conformado por no más de diez personas” (INEE, p.117).

Asimismo, el mandatario anunció una medida purificadora en el ámbito educativo: mediante una auditoría al FONE se detectaron y cancelaron 40 mil plazas de la nómina magisterial, lo que representa un ahorro de casi cinco mil millones de pesos anuales. Sin embargo, al presidente Peña “se le olvidó” mencionar también, en términos de pulcritud de manejo de los recursos públicos, que los desvíos no tienen únicamente como destino los bolsillos de profesores, sino también los de diversos funcionarios de su gobierno, tal como quedó demostrado en una investigación periodística reciente en la que se da a conocer un fraude multimillonario (tres mil millones de pesos) que implica a universidades públicas en complicidad con algunas secretarías y dependencias del gobierno federal.

Durante su discurso, el presidente no escatimó en elogios para el Nuevo Modelo Educativo al cual, incluso, lo catalogó como la base para una auténtica “revolución pedagógica”. Sin embargo, olvidó decir que en materia pedagógica, precisamente, los postulados que se establecen en tal documento tienen varios años, e incluso décadas, en la cultura magisterial: aprender a aprender, aprendizajes significativos, aprendizaje social, evaluación formativa, etc. Así pues, es evidente que el documento referido no representa ninguna innovación, como lo suponen los spots y discursos oficiales, en cuanto a la manera en que los docentes y alumnos realizan, respectivamente, las tareas de enseñanza y aprendizaje. El presidente no señaló, por ejemplo, que los principios pedagógicos del Modelo Educativo son esencialmente idénticos a los del Plan de Estudios 2011 e, incluso, a las orientaciones pedagógicas del Plan y Programas de Estudio de 1993.

Sin dar mayores detalles, el presidente anunció que se han dado pasos significativos en la profesionalización del magisterio. Por lo visto, la lógica del presidente supone que la profesionalización radica únicamente en la actualización y capacitación de los profesores, sin embargo, ésta abarca otro elemento fundamental (Torres, 1998): el económico. Durante el actual sexenio, el poder adquisitivo de los docentes va en un declive sostenido, pues sus aumentos salariales anuales son cada vez más raquíticos (del 4.9% en 2009 al 3.08% en 2017) de tal suerte que el último, el más bajo en mucho tiempo, ni siquiera representa la mitad del porcentaje de inflación que se ha dado en el presente año. Por tal motivo, resulta risible y hasta cínico que el mandatario, aun cuando se ha encargado de golpear la economía del magisterio, haya tenido el atrevimiento de reconocer y aplaudir a los maestros mexicanos.

Por lo visto, el presidente no tiene mucho que presumir en cuanto a logros educativos. En su quinto informe no le ha quedado más que presentar verdades a medias, aspiraciones y estadísticas descontextualizadas. En lo que va de su sexenio, temas importantes como la calidad, la cobertura y la infraestructura educativas, así como la formación y la profesionalización docente, no han tenido las mejoras sustanciales que se esperaban. Por tal motivo, es entendible que se tengan que gastar cantidades exorbitantes en promocionar la obra educativa: por ejemplo, para promocionar las bondades de la Reforma Educativa se han gastado 900 millones de pesos en los últimos tres años. Al igual que los spots oficiales, los discursos del presidente  no van más allá de enunciados superficiales carentes de un sustento de peso y presentan un México diametralmente opuesto al que conocemos millones de mexicanos.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS

INEE. Encuesta de satisfacción de los docentes que participaron en la evaluación del desempeño. Entrevistas con actores educativos. Ciclo escolar 2015-2016. México: INEE, 2016.

INEE. Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014. México: INEE, 2016.

INEE. La Educación Obligatoria en México. Informe 2017. México: INEE, 2017.

INEE. Los docentes en México. Informe 2015. México: INEE, 2015.

SEP. Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. México: SEP, 2017.

SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras 2012-2013. México: SEP, 2013.

SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras 2015-2016. México: SEP, 2017.

TORRES, Jurjo. El curriculum oculto. Madrid: Morata, 1998.

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Lo malo casi no se cuenta: el Quinto Informe educativo de Peña Nieto

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Transformación de las normales: desafíos contra su extinción

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Con la implementación de la Reforma Educativa, las autoridades insistieron, una y otra vez, que las Normales no desaparecerían, sino que sólo se transformarían y modernizarían. Al pasar el tiempo, este discurso se ha desvanecido a la luz de hechos tales como el desplome de la población estudiantil normalista en los últimos años. Recientemente, el Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, ha anunciado una estrategia para fortalecer las Escuelas Normales en busca de prepararlas para la implementación del Modelo Educativo presentado a finales de 2016. Lo mencionado en este plan, además de lo establecido en el mismo Modelo Educativo, deja entrever diversos desafíos para las Escuelas Normales que, de no ser superados, algunos de ellos pudieran significar la posible extinción de estas notables instituciones.

A raíz de lo establecido en los próximos documentos rectores de la Educación Básica y de las estrategias anunciadas por Nuño para fortalecer a las Normales, se visulmbran dos retos importantes para estas instituciones: el primero se refiere a revertir la pérdida de estudiantes en las Normales producto de la apertura del servicio magisterial a los universitarios; el segundo, se refiere a los riesgos que implica la implementación de mecanismos de evaluación para el ingreso y la promoción, cuando gran parte de la planta docente normalista no forma de contrato por basificación.

Sin lugar a dudas, uno de los retos de las Escuelas Normales es revertir la tendencia a la baja en su matrícula. Tan solo en cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2016), la matrícula normalista ha decrecido más de una cuarta parte (28.5%), al pasar de 131,025 alumnos al inicio del sexenio, a 93,766 estudiantes en 2016. La situación anterior es motivada por diversos factores entre los que destacan el cierre premeditado de espacios por parte de las autoridades educativas (véanse los casos recientes de lucha de diversas Normales Rurales), hasta el linchamiento mediático de la figura del profesor, la precarización de la docencia a partir de la Reforma Educativa (condiciones de ingreso, permanencia y promoción más exigentes a cambio de la misma retribución económica, despidos “sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa”, etc.) o el constante deterioro del poder adquisitivo de los profesores (basta recordar el raquítico aumento salarial conseguido por el SNTE ante el gobierno, el cual ni siquiera alcanza para hacer frente a la inflación del año en curso). Los elementos señalados anteriormente han mermado el interés de los egresados de bachillerato por formarse como profesores.

Aunado a lo ya mencionado, se encuentra un hecho clave enunciado en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad: “por primera vez el sector [educativo] se abre a profesionistas con vocación docente, pero con una formación universitaria diversa” (SEP, 2017, p. 140). Esto, evidentemente, pone en una situación de desventaja considerable a las Escuelas Normales ante el resto de las Instituciones de Educación Superior. Así pues, las Universidades no sólo ofrecerán a sus estudiantes la posibilidad de ejercer en el campo laboral para el que fueron formados, sino, además, en el magisterio. En contraste, las Escuelas Normales sólo podrán ofertar a sus estudiantes la posibilidad de ejercer en el campo educativo. Mientras, para desempeñar la misma labor, a los universitarios les bastará con tener un perfil afín, los normalistas contarán con un perfil especializado. Así pues, aquellos que tengan en mente cursar una carrera normalista quizá sean disuadidos al considerar que estudiarán durante cuatro años para dedicarse a algo que para los universitarios representará, quizá, un plato de segunda mesa. El hecho mencionado al inicio del párrafo supone, además, por parte de las autoridades, un evidente desprecio de las habilidades pedagógicas en aras de favorecer los conocimientos disciplinares.

Para los docentes de las Escuelas Normales, existe otro riesgo importante además de la pérdida de alumnos: la implementación de mecanismos de evaluación para el ingreso al servicio de este tipo de instituciones. En el ciclo escolar 2016-2017, según cifras del SIBEN (Sistema de Información Básica de la Educación Normal), sólo 58.9% de los docentes normalistas del país estaban basificados. El problema anterior se acentúa en entidades como Guanajuato (20.7%), Colima (25.2%) y Yucatán (29.9%), en las cuales ni siquiera puede decirse que uno de cada tres docentes está basificado. De este modo, al igual que como ya sucedió en Educación Básica desde hace tres años, se generará una incertidumbre laboral motivada por el hecho de ver ofertado un puesto de trabajo que ha sido cubierto por años. Además, la carencia de personal docente basificado sin duda pudiera representar una condición propicia para que las Normales sean desmanteladas en un futuro no tan lejano y continuar con la inercia a la baja en cuanto al volumen de estas instituciones.

En suma, el panorama a corto plazo para las Normales es bastante complicado. No basta, como supone el nuevo Modelo Educativo, que las Escuelas Normales sean vistas “como escuelas sólidas, con infraestructura adecuada, maestros preparados, ambientes propicios para el aprendizaje, y programas de estudio pertinentes” (SEP, 2017, p. 141) para su revitalización y consolidación a futuro. Por más esfuerzos que se hagan al interior de estas instituciones centenarias, mientras la docencia siga deteriorándose social y económicamente, difícilmente las carreras normalistas serán una opción atractiva para la juventud mexicana. Mientras las autoridades educativas sigan haciendo creer que el mérito de un docente se reduce a su desempeño en un examen, cualquier institución se jactará de formar profesores, desvalorizando entonces la función de las Escuelas Normales. Así pues, los retos de estas instituciones no se limitan a sus propios muros, sino que abarcan un horizonte mucho más amplio: implican no sólo resolver sus problemas internos (laborales, profesionales, administrativos, académicos, etc.), sino sumarse a la lucha por la dignificación de la figura del docente. Si el normalismo sigue viendo pasivamente cómo el gobierno maltrata al docente, terminará cavando su propia tumba al lado de la de esta trascendental profesión.

*Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS:

SEP. Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. México: SEP, 2017.

SEP. Sistema de Información Básica de la Educación Normal. (Disponible en:www.siben.sep.gob.mx).

SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras 2015-2016. México: SEP, 2017.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/transformacion-de-las-normales-desafios-contra-su-extincion/
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