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Sin tiempo que perder: la elaboración de libros de texto

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

«Inquietan pues las condiciones en las que se gestarán los próximos libros de texto gratuito. Da la impresión que hay prisa, tanta que se omiten o sobreponen procesos.»

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer la Convocatoria para el registro de los aspirantes para la innovación de la nueva familia de libros de texto gratuitos de 3° a 6°, para educación primaria. El llamado va dirigido a docentes, autoridades escolares, pedagogos, investigadores y bibliotecarios que deseen contribuir a la elaboración de los próximos libros de texto. Los materiales a diseñar deberán estar en manos de los estudiantes en aproximadamente un año, pues para entonces, nuevamente en el ocaso del sexenio presidencial, el marco curricular se aplicará de manera generalizada en las escuelas del país. No hay tiempo que perder, la cuenta regresiva es breve.

Hace algunas semanas, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) dio a conocer el documento Recomendaciones de mejora al plan y programas de estudio de educación básica 2022 y propuestas de colaboración (2022). En el escrito, además de reconocerse las bondades del marco curricular en construcción, aparecen sugerencias no en la fachada, sino en los cimientos del mismo: el replanteamiento de algunos ejes articuladores (p. 19), la construcción de “una base formativa común-indispensable de contenidos” (p.33) o la revisión de la conveniencia de proponer asignaturas por separado (p. 23). Se expresan dudas sobre “las condiciones institucionales que posibiliten el trabajo por campos formativos” (p. 21). ¿No serían, las anteriores, circunstancias que tendrían que ser solventadas previo al diseño de los libros de texto?

Una de las fortalezas que los organizadores del proceso de diseño señalan es que quienes construirán los libros de texto son los maestros. Sin embargo, la MEJOREDU advierte “retos importantes para la comprensión y concreción de los componentes curriculares por parte de las y los docentes” (2022, p. 30): no queda claro cuál es el referente principal para la enseñanza y la evaluación (contenidos, diálogos o progresiones de aprendizaje) o la gradualidad de saberes y conocimientos entre un grado y otro, por ejemplo. Las orientaciones didácticas, a decir de la Comisión, merecen una revisión (p. 31). Considerando el diagnóstico de la MEJOREDU en cuanto a los pendientes para comprender el marco curricular por parte de los docentes, parece arriesgado que éstos ahora se aventuren a la elaboración de los libros de texto.

Dado que en el próximo ciclo escolar los docentes participarán en sesiones de capacitación sobre el nuevo plan de estudios, se especula que la versión definitiva del documento no tardará en aparecer. Es una incógnita si la SEP atenderá las recomendaciones de la MEJOREDU. En tal caso, ¿habrá tiempo suficiente para realizar modificaciones significativas a partir de las observaciones de la Comisión y de las múltiples asambleas en las que, se dijo, se contó con la voz crítica de decenas de miles de profesores? ¿Es aconsejable emprender la elaboración de libros de texto cuando, de acuerdo con la institución que se asume como conciencia del sistema educativo, el marco curricular aún requiere modificaciones importantes que se antoja tomen tiempo en concretarse?

Finalmente, hay otra condición que llama la atención en el proceso de elaboración de libros de texto: la falta de remuneración a los participantes. Lo anterior preocupa por dos razones. La primera, porque perpetúa un discurso que romantiza la vocación magisterial, situación que impide, como en este caso, al docente una condición básica de cualquier profesional: el pago por sus servicios. En cambio, se le ensalza banalmente por sacrificar tiempo familiar o de descanso. La segunda razón de las preocupaciones tiene que ver con el hecho de que la ausencia de pago pudiera ser un reflejo del valor que se le da al proceso.

Inquietan pues las condiciones en las que se gestarán los próximos libros de texto gratuito. Da la impresión que hay prisa, tanta que se omiten o sobreponen procesos. Tanta que, en entidades como Colima, se invitó a los maestros a registrarse como participantes del diseño de los libros de texto, sin tener lista aún la convocatoria para tal actividad: había que ganarle tiempo al tiempo, dijeron. Pudiera decirse que la inversión del orden de la convocatoria y el registro es un hecho sin importancia, pero dado el contexto descrito, parece más una situación sintomática. Ojalá, por el bien de un recurso educativo histórico tan valioso como el libro de texto gratuito, la prisa no sea la consejera pues, dicen, es la peor.

REFERENCIAS

MEJOREDU. (2022). Recomendaciones de mejora al plan y programas de estudio de educación básica 2022 y propuestas de colaboración. México: autor.


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El remedio y la enfermedad

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Como en muchas otras escuelas del país, una primaria urbana céntrica de la capital de Colima realizó un diagnóstico de su alumnado al inicio del ciclo escolar. Con este ejercicio se detectó, entre otras situaciones, retrasos considerables en los procesos de alfabetización entre estudiantes de primero a tercer grados. A partir de ello, se diseñó una estrategia remedial para acelerar el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura.

La estrategia consistió en brindar a los niños actividades de alfabetización según los niveles en los que se situaban. En los primeros meses, estudiantes de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Colima, que prestaban su servicio social constitucional, fueron asignadas como auxiliares en los grupos escolares para, con el apoyo de los docentes titulares, atender a los niños diagnosticados con carencias en alfabetización, a través de actividades semanales específicas de la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), de Margarita Gómez Palacio.

Posteriormente, para ampliar los beneficios de la estrategia, se decidió que los niños asistieran diariamente, por una hora, a un taller para realizar las actividades de acceso a la lectoescritura, donde además de las estudiantes auxiliares, se contó con la orientación del personal de la USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) del plantel.  A la fecha de publicación de este escrito, prácticamente se había erradicado de la escuela los niveles conceptuales presilábico y silábico del proceso de adquisición de la lengua escrita.

Lo narrado hasta aquí da muestra de algunos de los efectos que, a partir de la promoción automática del alumnado en los últimos ciclos escolares, se han manifestado y cómo han sido atendidos desde los esfuerzos y las posibilidades de cada plantel. A partir de lo contado, surgen dudas también: ¿Qué habrá pasado con las escuelas que no cuentan con las condiciones de personal y organización como la referida? ¿Cuáles habrán sido sus posibilidades para atender el rezago generalizado que ha conllevado la promoción automática? ¿Cuál ha sido el papel de la autoridad educativa central?

Recientemente ha provocado gran revuelo en la opinión pública el hecho de que, por tercer año consecutivo, no habrá reprobados en las escuelas mexicanas. Debería quedar claro que, con o sin reprobación, el golpe está dado: el déficit en los aprendizajes (indudablemente agudizado con la pandemia) perdurará varios años. Pareciera entonces que hay confusión en la polémica en torno a la promoción automática. El debate debería centrarse no en enaltecer los supuestos beneficios de la reprobación (muy cuestionada por especialistas en evaluación), sino en preguntar qué se ha hecho para acompañar la promoción automática. Y de esta pregunta, parece, la autoridad educativa sale mal librada.

Desde luego que es deseable que la escuela se haga cargo de su propio destino y generar, como en el ejemplo abordado, soluciones para sus propios problemas.  Sin embargo, Santos Guerra (2002) desaconseja la autonomía escolar “si provoca el sálvese quien pueda” (p. 95). En ese sentido, sin minimizar las responsabilidades de cada centro escolar, queda en entredicho el papel de la autoridad central ante el fenómeno de la promoción automática y las acciones de acompañamiento que ameritaría. Sin caer en peticiones utópicas, vale la pena preguntarse: ¿por qué no promover, a escala nacional, una cruzada de futuros maestros, como los de la escuela referida, para auxiliar en las acciones remediales en los contextos más adversos? ¿Por qué no focalizar y asegurar la atención en problemas generales como lectura y razonamiento matemático? ¿Por qué no generar un currículo condensado emergente? Da la impresión que la autoridad se centró en la arista administrativa del problema y pronto encontró la solución: que todos pasen.

Podremos haber celebrado en el mediano y largo plazo que, ante los estragos de la pandemia, en nuestro sistema educativo se contuvo la extraedad grave, la reprobación o el abandono escolar, pero ¿a cambio de qué? ¿de un déficit profundo e irreversible en los aprendizajes? Urge entonces atacar los efectos secundarios que una promoción automática, más administrativa que pedagógica, sin una estrategia complementaria por parte de la autoridad central, pueda conllevar. Ojalá no se haga tarde para evitar que sea peor el remedio que la enfermedad.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
Santos Guerra, M. (2002). La escuela que aprende. Madrid: Morata.

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¿El ciclo escolar más difícil?

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Educar siempre ha sido una tarea compleja, pero quizá para muchos docentes colimenses el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser recordado como uno de los más difíciles, si no el que más. Condiciones económicas, laborales, sociales, sanitarias, organizativas y políticas formaron un coctel que ha indigestado a las escuelas.    

Una primera dificultad tuvo que ver con lo sanitario. Las medidas implementadas en las escuelas trajeron consigo que la asistencia del alumnado se limitara. Los aislamientos de casos sospechosos y confirmados y el temor a la infección se reflejaron en las listas de asistencia de los grupos. La ola de contagios trajo consigo, sobre todo en las fases más agudas de la pandemia, ausencia de personal escolar.

Otra ola, pero de violencia y tragedias, ha tenido efectos negativos en la actividad educativa colimense. El miedo y las amenazas han mermado la asistencia y la matrícula escolar en las zonas de mayor inseguridad. Se han tenido que implementar no sólo simulacros ante balaceras sino protocolos de cierre forzoso. Por si fuera poco, ante la crisis referida, el apoyo que esperarían las escuelas ha sido insuficiente: “que cada director decida”, fue la respuesta de la máxima autoridad educativa. No es un secreto que el miedo es un adversario del aprendizaje.

La situación económica de los planteles también fue desfavorable.  Las arcas escolares se encontraban, en muchos casos, vacías cuando se tuvieron que absorber los gastos que implicaba la preparación del protocolo sanitario y el acondicionamiento de un edificio abandonado por casi dos años.  La asistencia por subgrupos durante buena parte del ciclo escolar implicó que los ingresos se redujeran. El sostenimiento dependió en una amplia proporción de las aportaciones voluntarias de los padres de familia. Aunque no les espanta la austeridad, las escuelas tuvieron que apretarse aún más el cinturón.

Pocas veces la infraestructura educativa colimense había sido víctima de tantos robos y destrozos. La reanudación de la actividad presencial se retardó debido a las malas condiciones físicas de las escuelas. Muchas quedaron sin agua o electricidad. La atención de las autoridades se fue dando a un ritmo incomprensiblemente lento y, en muchos casos, nuevamente fueron los padres de familia y hasta los maestros los que terminaron costeando las reparaciones. Existen centros escolares que siguen reclamando la intervención de las autoridades.

En el aspecto organizativo, el apetito de las autoridades por solicitar a las escuelas datos y documentos parece que se recargó. Se duplican solicitudes de información: registrar la asistencia diaria del alumnado a la autoridad local, pero también a la federal; de igual manera, a las supervisiones escolares los casos de COVID-19, aunque éstos hayan reportados a la plataforma de control escolar. Informes de evaluaciones de aprendizajes, que seguramente están arrumbados en alguna oficina, también han sido requeridos quién sabe para qué, sin generar algún tipo de retroalimentación o seguimiento. Es un enigma, en muchos trámites y solicitudes de información, su justificación: pareciera que se pide por pedir.

En lo pedagógico, la vuelta presencial a las escuelas ha significado el momento de constatar el impacto de la pandemia en los aprendizajes. En muchos casos la pantalla engañó, ofreció una ilusión de éxito que se derrumbó al primer soplido en las aulas. El desfase entre el grado escolar y el logro de aprendizaje se incrementó. Hoy no es raro encontrar a docentes de primaria alta enfocados en la alfabetización inicial. La heterogeneidad de los niveles de aprendizaje de los alumnos de un mismo grupo propició que el reto pedagógico creciera sustancialmente.

Desde el punto de vista de las políticas educativas, las medidas de asistencia voluntaria y no reprobación, aunque en su momento tuvieron justificación, han traído efectos adversos para la escuela. Para algunos padres de familia tales disposiciones han representado la posibilidad de desentenderse de obligaciones elementales. Pareciera, ya con el paso del tiempo, que las medidas referidas debieron contar con una advertencia elemental: nada con exceso, todo con medida.

Por si fuera poco, ante este rosario de adversidades, debe citarse a una mayor: los problemas de pago al magisterio. Aunque ya es una desafortunada y dolorosa tradición que docentes de Inglés o de Telebachilleratos sufran, año con año, intermitencias salariales, en este ciclo escolar se sumaron los profesores del sistema de sostenimiento estatal. Además de malestar, el impago de las quincenas provocó en los docentes distracción sobre su labor pedagógica, así como, en algunos casos, paros aislados en los centros escolares.

Se remó a contracorriente durante el ciclo escolar 2021-2022. El desgaste del magisterio empieza a ser evidente cuando se acercan las últimas semanas de un calendario escolar cuya extensión ha sido ampliamente cuestionada. No obstante la alegría que representó el reencuentro entre la comunidad educativa durante el presente ciclo escolar, quizá la razón del descontento sobre su prolongación sea el desgaste provocado por un viaje tan accidentado como el descrito aquí.  Cada docente, en su estuche de experiencias personales, podrá guardar algún periodo especialmente difícil para él, por condiciones específicas, ¿cuántos seleccionarán el presente ciclo escolar?

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

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Asistencia voluntaria, promoción automática y efectos secundarios.

 Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Un padre de familia llegó a una escuela primaria urbana en el centro de la ciudad para solicitar inscribir a su hijo. Al ser atendido por el director del plantel y ser cuestionado sobre el grado solicitado, el padre del menor titubeó. Dijo un grado, luego otro, hasta terminar por confundirse y ser incapaz de dar una respuesta certera. La situación anterior quizá pueda relacionarse, entre otros factores, con dos medidas que se han implementado en los últimos ciclos escolares, con motivo de la emergencia sanitaria: la asistencia voluntaria y la promoción automática. Quizá desde las oficinas no se perciba, pero desde las escuelas se observa que ha acrecentado el desentendimiento de las obligaciones escolares de algunos padres de familia.

Por disposición del acuerdo 23/08/21, si bien se reanudó el servicio presencial en los planteles, el ciclo escolar 2021-2022 se desarrolló dando la posibilidad a los padres de familia de, voluntariamente, optar por no llevar a sus hijos a la escuela. Además, todo parece indicar que, por tercer ciclo escolar consecutivo, los estudiantes de educación básica serán promovidos automáticamente. No se puede negar que, en su momento, la asistencia voluntaria y la promoción automática tuvieron justificación, pero vale la pena reflexionar sobre las repercusiones de estas dos medidas dada su aplicación tan prolongada.

Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, expresó en diciembre del año pasado que habían regresado a las escuelas, de manera presencial, 24,063,286 alumnos en 196,524 escuelas de todo el país. Si se toman como referencia la matrícula oficial de educación básica del ciclo anterior (35,588,589 alumnos), una tercera parte del alumnado continuó, en el mejor de los casos, estudiando desde casa, si no es que algunos truncaron su trayecto escolar. Es imposible saber cuántos de éstos se encontraban voluntariamente en su hogar.

La asistencia voluntaria fue determinante para disminuir las tensiones al reabrir los planteles escolares, siendo una medida implementada no sólo en México sino en diversas regiones del mundo para promover un regreso gradual. Sin embargo, valdría la pena analizar las repercusiones de su aplicación tan extensa. ¿Por qué no reanudar la obligatoriedad del envío de los hijos a la escuela cuando las autoridades de salud han señalado una y otra vez que ésta no representa un espacio de riesgo sanitario o cuando se ha dicho ya que el COVID-19 llegó para quedarse?

Las autoridades educativas han caído en una contradicción al intentar recuperar la matrícula escolar: exigen a directivos y docentes acciones para revertir el abandono escolar, incluso mediante visitas domiciliarias, mientras sigue siendo voluntario estar o no en la escuela. Sin soslayar los estragos económicos y sociales que la pandemia ha dejado y que indudablemente han menguado las posibilidades de ir a estudiar, parecería lógico suponer que el primer paso para recuperar al alumnado es reanudar la obligatoriedad presencial. Lejos estamos de que los porcentajes de asistencia escolar, como en lineamientos de evaluación anteriores, sean considerados como requisito mínimo para la acreditación de un grado.

Por otra parte, la promoción automática evitó que se agudizaran problemas como la repetición escolar o la extraedad grave. Sin embargo, es necesario revisar si tal media ha contado con estrategias efectivas para que, en cambio, se pueda hablar de una promoción acompañada. El periodo de regularización de tres meses al inicio del ciclo escolar, propuesto por la autoridad educativa federal, fue insuficiente. Pareciera que se minimizó el impacto de la pandemia en los aprendizajes, pues la secretaria de Educación aseguraba que era posible realizar actividades remediales a la par del desarrollo de los programas escolares de cada grado. Queda la incógnita si la práctica pedagógica en las aulas realmente privilegió los aprendizajes fundamentales y si hubiera resultado útil la generación de un currículum mínimo para efectos de regularización.

No se intenta decir que la reprobación sea el remedio para los problemas de aprendizaje, pues varios especialistas advierten sobre lo inadecuado de esta acción. Tampoco se sugiere, por más ingenuo que parezca, que la asistencia diaria borraría el impacto de la pandemia en las condiciones del alumnado para aprender. En su momento, sobre todo cuando la enseñanza remota era generalizada, ambas medidas resultaban necesarias. Sin embargo, a la fecha, hay elementos para señalar que dejaron de tener pertinencia en los últimos meses. Es importante que la continuidad de ambas disposiciones dependa de la perspectiva de quien puede distinguir con mayor claridad sus efectos reales: el docente de grupo.

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

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Ni maestros de primera, ni maestros de segunda

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

 

«Que el mérito mal entendido y el individualismo no lleven a la desunión y a formular prejuicios, ni a suponer que existen maestros de primera y de segunda»

La mañana del 15 de mayo, en evento para celebrar el Día del Maestro, la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, anunció un incremento salarial diferenciado en función de las percepciones de los docentes. Al día siguiente, en la conferencia matutina presidencial, se detalló que, además de un incremento generalizado de 3.5% en salario y 1.8% en prestaciones, se otorgaría un 1% más al salario y, adicionalmente, 3%, 2% o 1% para aquellos grupos de maestros con ingresos más bajos (menos de $10,000, de $10,000 a $15,000 y de $15,000 a $20,000, respectivamente). En suma, los profesores de menores ingresos podrían aumentar su salario hasta 7.5%.

El incremento salarial diferenciado provocó reacciones muy diversas. Algunos aplaudieron el hecho de que se busque reducir las brechas entre los mayores y menores ingresos de los profesores. En contraparte, llama la atención que un sector del magisterio, a través de redes sociales, haya tachado los aumentos diferenciados como injustos, no por insuficiencia, sino por su focalización. Entre los argumentos esgrimidos al respecto, se entrevé una idea desvirtuada del mérito: “¿Cómo a esos que nunca han pasado un examen les van a elevar su sueldo?” parecen preguntarse muchos con asombro e indignación. Así pues, el aumento para quienes menos ganan se observa como una afrenta para los que a través de esquemas de promoción horizontal o vertical han accedido a mejores salarios. Un premio a la mediocridad, dicen otros. Los argumentos no son muy lejanos de aquellos empleados para descalificar los apoyos otorgados a los jóvenes sin estudio y empleo: dinero “regalado”.

¿Son correctas las afirmaciones del párrafo anterior? ¿Hay una manifiesta falta de interés o capacidad de quienes menos ganan? ¿Han sido suficientes los presupuestos de promoción horizontal de los últimos años para abrigar a todos los profesores que se preparan y realizan su trabajo adecuadamente? ¿Deben ser los esquemas de promoción horizontal la única llave para un salario digno? ¿Han sido adecuados, en todo caso, sus mecanismos para seleccionar a quienes merecen una mejora salarial? ¿Es del todo despreciable una política de nivelación de salarios? ¿Hablamos de equidad sólo de dientes para afuera? Respuestas a preguntas como las anteriores deberían servir para matizar los juicios sobre la focalización de los aumentos.

 

De acuerdo a las cifras presentadas, serían 957,035 docentes, de los poco más de 2 millones que conforman el Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles, los que se harían acreedores a incrementos diferenciados. Es decir, la medida abarca a casi la mitad del universo de docentes, mientras que a tres cuartas partes del magisterio de educación básica. Con los aumentos anunciados, ese casi millón de profesores se acercaría, al menos un poco, a las percepciones del resto de maestros del país.

Si bien las reflexiones anteriores no intentan desviar la atención sobre la suficiencia o insuficiencia de los últimos incrementos salariales o el nivel de percepciones de los docentes en relación al de otros países, sí ponen de manifiesto que ha permeado en parte del magisterio mexicano una idea desvirtuada de mérito que busca condicionar ingresos mínimos dignos a la participación en sistemas selectivos de promoción (cuya eje es la aprobación de un examen), que no combaten de fondo, sino que maquillan, la precarización de las condiciones salariales del magisterio. Sacan a la luz también, en algunos casos, el individualismo que prevalece sobre el interés colectivo.

Desde luego que es necesario seguir exigiendo mejoras salariales para el magisterio. Lo otorgado hasta hoy seguramente seguirá siendo insuficiente para brindar condiciones salariales dignas al profesorado o para acercarnos a los niveles de otras regiones. Se requiere poner a prueba, con datos reales, la revalorización del magisterio que tanto se ha mencionado en los discursos oficiales. Pero que esas exigencias no caigan en la legitimación de los sistemas selectivos de promoción como única vía de acceso a ingresos dignos. El bienestar salarial del magisterio no puede ser excluyente y depender de aprobar un examen. Que el mérito mal entendido y el individualismo no lleven a la desunión y a formular prejuicios, ni a suponer que existen maestros de primera y de segunda.

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Alto a la desinformación: no habrá dieces regalados

POR: ROGELIO JAVIER ALONSO RUIZ

«El marco curricular (como planteamiento que es) no desalienta la evaluación. Al contrario. Advierte su importancia como mecanismo para el acompañamiento.»

Poco más de una centena de académicos y personajes de la vida pública firmaron un manifiesto titulado “En defensa de la educación” (t.ly/HHpK), en el que expresan su preocupación sobre los riesgos que advierten en la propuesta de marco curricular presentada por la autoridad educativa federal. Ya algunos de los postulados del manifiesto han encontrado eco en diversos medios de comunicación. Pese a lo sano para el debate que resulta que un grupo tan abundante se reúna a conformar una crítica hacia un asunto de interés nacional, no se puede soslayar que el escrito producido tiene algunas imprecisiones. Una de ellas tiene que ver con la evaluación.

El manifiesto señala categóricamente que “el maestro no evaluará a los alumnos con exámenes ni pondrá calificaciones, los alumnos se calificarán a sí mismos”. Tal afirmación pudiera servir de inspiración, para quienes no estén muy adentrados en el acontecer escolar, para formar escenas extrañas en la imaginación: profesores entregando a sus estudiantes las boletas de calificaciones para que las llenen a su antojo. Puros dieces, hasta para los que se fueron de pinta o se dormían cada clase. Una invitación, a través de la negligencia en las prácticas evaluativas, a la mediocridad académica. Sin embargo, lo que plantea el bosquejo de marco curricular es muy distinto.

Si bien la propuesta curricular señala que “no se evalúa para emitir una calificación” (DGDC, 2022, p. 70) también contempla “el otorgamiento de calificaciones” (DGDC, 2022, p. 71). La aparente contradicción es fácil de resolver:  la asignación de notas corresponde a un proceso denominado acreditación (cuya existencia no está amenazada, por cierto), mientras que la valoración y mejoramiento del proceso concierne a la evaluación; el marco curricular enfatiza que estas dos acciones corresponden a “dos momentos diferentes” (DGDC, 2022, p. 70).

No hay razón pues para suponer que los docentes se abstendrán de otorgar notas, pues el plan de estudios considera que “calificaciones y certificados [se emitirán] de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso” (DGDC, 2022, p. 71). El hecho de que los estudiantes, a través de la evaluación, “participen en la interpretación de sus propios avances” (DGDC, 2022, p. 71) no significa que arrebaten de los docentes la facultad de determinar la acreditación. Parece pues que no hay una base sólida para afirmar que los alumnos se encargarán de esta tarea mientras los profesores se desentienden de la misma.

Sobre la supuesta extinción de exámenes, el marco curricular no desaconseja su uso, simplemente previene sobre su insuficiencia como evidencia única de aprendizaje (DGDC, 2022, p. 154). Recomienda, por lo tanto, la utilización de “diversos métodos e instrumentos” (DGDC, 2022, p. 71). Lo propuesta de plan de estudios condena en cambio a las pruebas estandarizadas de gran escala, pero esto no debería entenderse como una satanización de los exámenes en sí mismos.

¿Por qué los signatarios del manifiesto incurrieron en una aseveración sin fundamentos que quizá intenta sugerir un menosprecio por la evaluación en el aula? ¿Realmente los errores pasaron desapercibidos frente a tantos ojos?

El marco curricular (como planteamiento que es) no desalienta la evaluación. Al contrario. Advierte su importancia como mecanismo para el acompañamiento, la retroalimentación y el mejoramiento de los aprendizajes. Promueve un enfoque formativo, así como procedimientos e instrumentos que impliquen la participación y el diálogo entre evaluados y evaluadores.

Los argumentos presentados en este escrito no pretenden interferir con la necesaria crítica hacia la propuesta curricular del gobierno federal, ni negar las áreas de mejora que presenta. Sin duda se requieren ideas para su enriquecimiento, pero éstas no pueden surgir de interpretaciones flagrantemente imprecisas.

REFERENCIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. (2022). Marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. México: autor.

Fuente de la información e imagen: http://proferogelio.blogspot.com/

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Alto a la desinformación: los grados escolares no desaparecen

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

El pasado 23 de abril de 2022, el periódico El Universal emitió una nota referente a la propuesta de marco curricular que se encuentra aún en construcción. En el encabezado se leía “SEP va por desaparecer grados escolares, especialistas ven ocurrencia” (t.ly/Q8L4). Pese al título, éste no encuentra sustento siquiera en los expertos cuyas ideas dieron contenido al texto, pues incluso uno de ellos advierte que actualmente la consolidación de aprendizajes responde a un proceso comprendido en conjuntos de grados sucesivos, situación que continúa en la propuesta curricular. Lo anterior se ha tergiversado, atendiendo al encabezado, como un intento de desaparición. Cualquiera con un poco de gis en las manos podría dar fe que aprendizajes como los relativos a la alfabetización inicial formal se afianzan, cuando menos, en los dos grados iniciales de primaria.

Si en el buscador de noticias de Google uno teclea “SEP grados”, aparecerán cuando menos, a la fecha de publicación de este escrito, una decena de notas de diferentes periódicos que hacen eco de la supuesta extinción. Hubo incluso un dirigente nacional de un partido político que expresó su preocupación ante el asunto.

Desde luego que la propuesta de marco curricular debe ser sometida a la crítica, pero ésta debe partir de un análisis preciso de lo que establece. Los medios de comunicación tienen un papel importante en ello. Deben ser responsables del contenido de sus notas y no alentar a la desinformación ni al catastrofismo donde no debe haberlo. Tanto hay por arreglar en la vida educativa del país, tanto por condenar y proponer, que lo menos que se requiere es una crítica extraviada.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. (2022). Marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. México: autor.

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