Author: Rogelio Javier Alonso Ruiz

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Pobreza y educación: ¿quién gana la batalla?

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Se cuenta con admiración la hazaña del indio oaxaqueño analfabeta que cuidaba ovejas en un pueblo miserable y después de estudiar leyes llegó a ser presidente del país. Más recientemente, se narra con asombro la historia de la niña de origen precario que tomaba clases al lado de un basurero y maravilló al mundo con sus aptitudes matemáticas, siendo catalogada como la sucesora de Steve Jobs. ¿Por qué estos dos hechos, tan distantes en el tiempo, son recordados con tanta fascinación? ¿Son su admiración un reconocimiento a que, generalmente, la pobreza a impide la trascendencia a través de la educación? Los discursos oficiales no dudan en presentar a la educación como el principal factor de cambio para el logro del bienestar individual y colectivo. Es indiscutible tal afirmación, sin embargo, los discursos soslayan una situación adversa: es la misma pobreza la que impide que los individuos puedan acceder a oportunidades educativas que les permitan superar la miseria; desafortunadamente, casos como los mencionados son excepciones a una generalidad confirmada por los principales indicadores educativos. Tal vez por eso llegan a ser noticia y hasta proezas legendarias que trascienden los siglos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el INEGI en el 2016, las tres entidades con mayor pobreza en el país son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en las que más del 40% de su población se encuentra ubicada en el nivel más bajo de ingreso, es decir, con un paupérrimo promedio de $825 mensuales per cápita. Lo anterior contrasta radicalmente con entidades como Nuevo León, Baja California o Ciudad de México, en las que más del 30% de su población se encuentra en el nivel más alto de ingreso ($10,542 mensuales, per cápita) (INEE, 2018, pp. 53-54). Las adversidades económicas de las primeras entidades mencionadas se trasladan, también, a la realidad educativa. Para confirmar que la pobreza es el principal impedimento precisamente para que los habitantes de estos gocen cabalmente de su derecho a la educación basta observar algunos indicadores: años de escolaridad, extraedad grave y abandono.

En cuanto a la escolaridad de personas mayores de quince años, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tiene un promedio de 7.6 años, es decir, si se considera que se estudia al menos un año de preescolar, las personas de estas entidades federativas apenas estarían rozando la educación secundaria. Por el contrario, la media nacional es de 9.2 años de escolaridad (INEE, 2018, p. 126) PANORAMA. Otro indicador que refleja las penurias de las entidades pobres mencionadas es la presencia de alumnos con extraedad grave, es decir, aquellos que tienen dos o más años de edad que la edad idónea para el grado escolar que cursan. En ese sentido, la media de porcentaje de alumnos con extraedad grave en primaria, secundaria y media superior es de 1.4%, 2.8% y 12.3%, respectivamente. En el caso de la media de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los porcentajes se incrementan considerablemente: 3.6%, 6.6% y 12.5%. Se observa entonces que el fenómeno de la extraedad grave en las escuelas se duplica en los niveles de primaria y secundaria, mientras que es prácticamente el mismo en bachillerato, quizá explicado esto último debido a la falta de cobertura generalizada en toda la geografía del país.

En lo referente al abandono, a nivel nacional, el porcentaje es de 0.7% para educación primaria y 4.4% para educación secundaria. Al igual que en los casos anteriores, las tres entidades a las que se ha aludido sobrepasan los niveles nacionales promedio: en educación primaria, el nivel de abandono es del doble con respecto a la media nacional, situándose en 1.5%, mientras que en secundaria el abandono tiene un porcentaje de 5.7%. De esta forma, se observa una coincidencia en los indicadores analizados: tienden a ubicarse en niveles desfavorables cuando se trata de entidades pobres, como las que se han analizado.

Se observa pues que la pobreza es un mal que impide el goce a plenitud del derecho educativo. Su erradicación es una condición esencial para que los individuos puedan asistir a una escuela y cosechar frutos a partir de esta experiencia. La pobreza, al igual que otras condiciones como la discapacidad o el origen étnico, constituyen obstáculos que propician que la marginación y las desigualdades no puedan ser superadas a través de la educación. El mismo indio oaxaqueño al que se hacía alusión al inicio de este texto, Benito Juárez, emblema de la superación de condiciones adversas a través de los libros, reconocía que “el hombre que carece de lo preciso para alimentar a su familia, ve la instrucción de sus hijos como un bien muy remoto, o como un obstáculo para conseguir el sustento diario” (Salmerón, 2015, p. 40). Incluso, señalaba que la educación “no resolvería los problemas del pueblo, si no se atendía antes a la miseria pública” (Salmerón, 2015, p.39), dejando así en entredicho la tan aceptada idea de que, por sí sola, la educación representará el detonante del bienestar entre los pueblos. Las estadísticas demuestran pues que casos como el del pastor indígena que llegó a ser presidente o “la próxima Steve Jobs” desafortunadamente no son generalizables: las oportunidades educativas son difíciles y de menor calidad para quienes provienen de estratos sociales bajos, siendo esto una expresión más de la lamentable vocación discriminatoria de nuestro sistema educativo. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS

INEE. La educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018a.

INEE. Panorama educativo de México 2017. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor, 2018b.

SALMERÓN, Pedro. Juárez. La rebelión interminable. México: Para Leer en Libertad, 2015.

Imagen: https://3.bp.blogspot.com/-ysBVN5EvCnw/XHcTkxWUJqI/AAAAAAAAdvo/0BeUADjKnTIBt3Wt2as6mZw0fG_G3O5hwCLcBGAs/s320/istockphoto-465496623-612×612.jpg

Fuente: http://proferogelio.blogspot.com/2019/02/pobreza-y-educacion-quien-gana-la.html

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Cuotas escolares: entre la gratuidad y el abandono.

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

El Artículo Tercero Constitucional establece que uno de los rasgos fundamentales de la educación mexicana es la gratuidad. Asimismo, en el artículo sexto de las disposiciones generales de la Ley General de Educación, se determina la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los niños y jóvenes. De esta forma, la inscripción, el acceso a la escuela, la realización de trámites o el otorgamiento de algún beneficio, no pueden estar condicionados al pago de alguna cuota, buscando así propiciar un trato igualitario para los alumnos. No obstante lo anterior, la Ley General de Educación no niega o prohíbe la existencia de las cuotas escolares, sino que les otorga el carácter de voluntarias y, por ende, intrascendentes para el goce del derecho a la educación.

Fue en el año 2013 cuando en el Senado de la República se abordó el tema de las cuotas escolares para hacer posteriormente una modificación al artículo mencionado de la Ley General de Educación. En la argumentación de los legisladores, se destacaba que las aportaciones voluntarias ascendieron, en 2010, a más de 6 mil 380 millones de pesos, lo que representaba un promedio de 690 pesos en casi la totalidad de las escuelas en contexto favorable. Ante tales cifras tan exorbitantes, vale la pena preguntarse: ¿qué está haciendo o dejando de hacer la autoridad educativa para que la operación de las escuelas requiera aportaciones con un monto de tales dimensiones? ¿son tales cifras un reflejo del deseo por maestros, directivos o asociaciones de padres de familia por lucrar con el derecho educativo o son consecuencia de los múltiples obstáculos en el funcionamiento normal de las escuelas del país?

La situación de infraestructura física de las escuelas mexicanas representa un caldo propicio para que las cuotas escolares proliferen. “El hecho es que ante la insuficiencia de recursos, los padres de familia tienen que aportar al gasto corriente para mantener la escuela de sus hijos en condiciones funcionales” (López, 2005, p. 249). Son los padres, en muchos casos, quienes se niegan a ver con indiferencia las carencias en los planteles escolares, no así quienes por ley deberían estar obligados a evitar esta situación. Las dolorosas e indignantes estadísticas de la situación física de las escuelas a las que asisten sus hijos sin duda pueden conmover a más de un padre de familia, para ello, una pequeña muestra: según el INEE (2018), “sólo una tercera parte de las primarias públicas tiene al menos una computadora para uso educativo” (p. 140), “uno de cada 10 preescolares y primarias no dispone de un sanitario en su inmueble” (p. 136) y “en alrededor de cuatro de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento, pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos” (p. 136).  Ante estos ejemplos de abandono, las cuotas escolares encuentran eco entre los padres de familia, quienes quizá por injusticia o por sentido de colaboración, terminan por asumir voluntariamente gastos que en realidad le corresponderían a otros cubrir.

Cabe decir también que la existencia de cuotas escolares, aunque sean voluntarias, son un factor que aumenta la de por sí alarmante desigualdad que impera en el panorama educativo mexicano. Sobra mencionar, como es lógico, que serán los padres en contextos socioeconómicos favorables los que mayores aportaciones económicas puedan hacer en beneficio de la escuela, situando así en desventaja a aquellas que se encuentran en entornos desfavorables. De este modo, se abona a uno de los principios más lastimosos del servicio educativo mexicana: dar las mejores experiencias educativas a quienes están mejor acomodados y dar las peores a quienes se encuentran en situaciones de mayor desventaja, perpetuando e incrementando así las diferencias sociales.

Así pues, se puede concluir en una situación contradictoria con respecto a las cuotas escolares: es inadmisible que sean utilizadas como pretexto para acceder al derecho a la educación, sin embargo, bajo las lamentables condiciones de infraestructura física que imperan a lo largo de la geografía nacional, su presencia en muchos casos, siempre y cuando sea voluntaria, se escuda en superar precisamente aquellos obstáculos que impiden que las escuelas operen con normalidad. A pesar del mañoso discurso que manejan las autoridades, en los que se presentan prácticamente como delincuentes a directivos escolares o asociaciones de padres de familia, cabe decir que el tema de las cuotas escolares no debería ser visto como un motivo de enfrentamiento entre la escuela y los padres de familia. La escuela se encuentra entre la espada (las condiciones para su operatividad) y la pared (la gratuidad). En todo caso, la existencia (y la necesidad) de cuotas escolares voluntarias debería ser un motivo de reclamo de los padres de familia hacia las autoridades que han propiciado que muchas escuelas estén en auténtico estado de abandono. No son los maestros, los directivos o las asociaciones de padres de familia quienes han provocado que existan escuelas con techos de cartón o sin sanitarios para los alumnos, como la misma estadística oficial lo puede confirmar.

Dentro de su ámbito de gestión, las escuelas deben buscar los medios para hacer viable su buen funcionamiento, aunque cabe aclarar que, de ninguna manera, el cobro de cuotas obligatorias debe ser una opción a considerar, pues es un atentado grave contra la gratuidad del derecho educativo. Las cuotas escolares, sean voluntarias o no, tampoco deben ser vistas como un remplazo de aquello que la capacidad de gestión de la escuela y, sobre todo de la parte directiva, debería lograr. No deben ser, en suma, un motivo para la exclusión de un solo alumno ni un medio exclusivo para la operatividad del plantel. Por otra parte, en vez de discursos condenatorios sobre las aportaciones económicas de los padres de familia a la escuela, la mejor manera que tienen los actores políticos para inhibir las cuotas escolares es procurar, como no lo han hecho hasta hoy, que ninguna escuela tenga carencias tan indignantes que ya no sólo les impidan ser espacios aptos para aprender, sino para estar seguros o, increíblemente, para satisfacer necesidades fisiológicas.  Como se observa, responder si son válidas o no las cuotas escolares voluntarias no cabe en un simple “sí” o “no”.

REFERENCIAS

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ley General de Educación. México: autor, 1993.

INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018.

LÓPEZ, Adolfo, et al. El sostenimiento de la educación en México. México: UAEM, 2005.

SENADO DE LA REPÚBLICA. Boletín 1516: Prohíbe Senado cuotas en escuelas públicas. Disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/6795-boletin-1516-prohibe-senado-cuotas-en-escuelas-publicas.html (consultado el 15 de febrero de 2019

Fuente e imagen: https://proferogelio.blogspot.com/2019/02/cuotas-escolares-entre-la-gratuidad-y.html?m=1&fbclid=IwAR2JR_s6Vx8Q1p2v8rOuAmgvUolfh-OtPUubxr95omVbs5wWAfl1QfKY22w

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Descarga administrativa: quimera de las escuelas mexicanas

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Redacción: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Desde hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el Sistema Básico de Mejora (SBM), buscando orientar así a las escuelas hacia la atención de prioridades educativas esenciales, tales como la mejora del aprendizaje de sus alumnos o la normalización del funcionamiento de los centros escolares. Para lograr esto, dentro del SBM se contemplan cuatro condiciones, entre las que destaca la Descarga administrativa, la cual deberá ser entendida como la simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, con el propósito no sólo de reducirlos, sino de orientarlos predominantemente hacia una pertinencia académica. Así pues, se busca que la labor de las escuelas prioricen lo académico por sobre lo administrativo.

El artículo 22 de la Ley General de Educación señala que “las autoridades educativas, en sus respectivas competencias revisarán paralelamente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros [y] lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia”. Al respecto, la SEP (2017) reconoce que para fortalecer el liderazgo educativo es necesario, entre otras condiciones, “disminuir la carga administrativa que, tradicionalmente, ha tenido el director para que pueda enfocarse en la conducción de las tareas académicas de su plantel” (p.37). No obstante que la descarga administrativa es un mandato legal, el INEE (2018) reconoce, al respecto, que entre los problemas más notorios de nuestro sistema educativo se encuentra que “prevalece […] un modelo de administración excesivamente burocrático que limita la capacidad de gestión de las escuelas” (p. 30) y además, que “la sobrecarga de tareas burocráticas para los docentes y autoridades escolares limita el tiempo disponible para su formación continua” (p. 18).

En sintonía con la última idea del párrafo anterior, llama la atención un hecho reciente que ha causado inquietud entre los docentes y directivos de educación primaria del país: el surgimiento de un nuevo registro de evaluación de los alumnos. Lo primero que salta a la vista es que, a diferencia de otros ciclos escolares, en los que el informe de evaluación que se entrega a los padres de familia comprendía una cuartilla, en esta ocasión puede llegar a tener más de diez. Asimismo, para la captura de la calificación, anteriormente la plataforma en la que se efectúa esta actividad solicitaba únicamente la calificación final de cada estudiante, mientras que ahora ésta tendrá que ser desglosada en varios aspectos, que serán promediados para asignar una calificación final. De este modo, el trabajo de los docentes para registrar sus calificaciones también se incrementó: mientras el ciclo escolar pasado, para registrar la calificación de matemáticas en cuarto grado, un maestro de un grupo de 20 alumnos tenía que llenar 20 campos en el formato correspondiente, en esta ocasión tendrá que llenar, como mínimo, 60 campos, es decir, el triple.

Por si fuera poco, en el área de Formación académica, los docentes tendrán que expresar las calificaciones de dos maneras diferentes: una con escala numérica y otra por nivel de desempeño. Las modificaciones en el registro de calificaciones han  tenido incluso objeciones que apuntan hacia cuestiones de racionalización del uso de recursos y cuidado del medio ambiente: siguiendo con el ejemplo del maestro del párrafo anterior, de requerir 20 hojas para imprimir las boletas de su grupo, ahora necesitará 220, de acuerdo al formato oficial de reporte de evaluación. Aunado a lo anterior, la acostumbrada mala comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos de autoridades educativas ha generado una diversidad de interpretaciones que redundan en la confusión de docentes y directivos. En suma, se observa que las autoridades educativas convirtieron el registro de evaluación y su comunicación a los padres de familia en un proceso más complejo y laborioso para el docente y el directivo, sin que se adviertan posibles beneficios académicos.

El registro de calificaciones es uno de tantos procesos administrativos que pudieran ser simplificados en las escuelas. Entre estos procesos existen varios ejemplos. Por señalar uno, se puede citar el llenado del Formato 911 por parte de los directivos: en este formato se solicitan datos estadísticos de la escuela referentes a su matrícula y su trayectoria escolar, condiciones materiales de la escuela, personal, etc. Si bien mucha de la información que se pide en tal formato pudiera ser proporcionada automáticamente por una base de datos informática, la SEP ha preferido que los directivos realicen este procedimiento manualmente. Otro ejemplo de un trámite posiblemente innecesario es la actualización de la plantilla laboral por parte de los directivos escolares ante la autoridad educativa: resulta difícil de entender que el patrón, en este caso, la SEP, no tenga conocimiento de los datos personales, académicos y laborales de cada uno de los trabajadores a los cuales les paga un salario y, por tanto, tenga que solicitar a los directivos que se los proporcione, encargando para esto una tarea que implica tiempo y esfuerzo considerable.

La sobrecarga administrativa no es un fenómeno exclusivo de las escuelas mexicanas. De acuerdo con el estudio TALIS 2013 (OCDE, 2014), el tiempo de trabajo de los directores de educación primaria de seis países (entre los que se encuentra México) se concentra, sobre todo, en actividades administrativas (42%). Estas tareas sobrepasan por mucho a otras como las relativas a interacción con estudiantes (13%) o padres (11%) y a tareas relacionadas con el currículum y la labor pedagógica de los profesores (23%). Así pues, si bien la labor del directivo debe atender asuntos administrativos, queda claro que no sólo en México, sino en otras regiones del mundo, se privilegia –quizá en exceso– la labor administrativa del director por sobre las tareas pedagógicas y de organización escolar.

En suma, se observa que la descarga administrativa propuesta por la SEP ha quedado como una promesa que nunca se concretó en las escuelas mexicanas. Sin negar que dentro de las escuelas son necesarias las tareas administrativas, es importante que éstas no se conviertan en un impedimento para que los directores, y mucho menos los docentes, realicen actividades que impacten directamente ligadas al aprendizaje de los alumnos. Es preciso entonces no sólo que se simplifiquen los procesos administrativos sino que, además, se depuren privilegiando, en la medida de lo posible, su pertinencia pedagógica. Asimismo, es necesario que en algunos niveles educativos se haga realidad la figura de subdirector administrativo, la cual sin duda sería provechosa para permitir que no se desatiendan asuntos académicos prioritarios de los planteles. Urge entonces, por el bien de la calidad del servicio educativo brindado, que la descarga administrativa deje de ser un anhelo de las escuelas mexicanas y se concrete en la práctica cotidiana.

REFERENCIAS

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ley General de Educación. México: autor, 1993.

INEE. Educación para la democracia y el desarrollo de México. México: autor, 2018.

OCDE. New insights from TALIS 2013. Teaching and learning in primary and upper secondary education. 2014.

SEP. Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación obligatoria. México: autor, 2017.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/descarga-administrativa-quimera-de-las-escuelas-mexicanas/

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Asistir a la escuela: sueño imposible de millones de mexicanos

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

De manera contradictoria, la educación obligatoria dista de ser universal. Si bien es un mandato constitucional que todo mexicano curse desde la educación preescolar hasta la educación media superior, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2018a, p. 282), para el ciclo escolar 2016-2017 existían más de tres millones de niños y jóvenes que no estaban matriculados en su nivel correspondiente dentro de los que comprende el tramo educativo obligatorio. Así pues, por diversas razones, había una gran cantidad de niños y jóvenes que no tenían las posibilidades de ejercer su derecho a la educación. La presencia y ausencia de alumnos en la escuela se resume en la siguiente proporción: por cada alumno fuera de la escuela (3,325,310 en total) existen diez dentro de ella (30,112,010 en total) (INEE,2018a, p. 282).

A nivel nacional, se puede afirmar que conforme se avanza en edad típica para ejercer la educación obligatoria (3 a 17 años), la población va dejando de asistir a la escuela. Si bien en el primer año de este trayecto la población no matriculada es considerable (56.5%), de los cinco a los 11 años la matriculación es prácticamente universal. El drama inicia a partir de la edad típica para educación secundaria y hasta media superior, pues el porcentaje de no matriculados comienza un crecimiento sostenido y vigoroso que lleva del 2% a los 12 años al 42.4% a los 17 (INEE, 2018b, p.286). La crisis se hace aún más aguda al ingresar al nivel superior: la tasa de matriculación de alumnos en edades típicas para este nivel supera en todos los casos el 60% de la población nacional.

Las posibilidades de tener acceso a una escuela se ven afectada, además, por una serie de variables que reafirman la naturaleza discriminatoria del Sistema Educativo Nacional. Por ejemplo, situándonos en el tramo final de la educación obligatoria (bachillerato o edad típica de 15 a 17 años), los hablantes de lenguas indígenas tienen una tasa de asistencia casi 20% menor que los no hablantes de lenguas indígenas (56.7% de los primeros, por 74.4% de los segundos); quienes provienen de hogares cuyo jefe no tiene instrucción tienen casi la mitad de tasa de asistencia (53.1%) de aquellos en los que el jefe tiene escolaridad superior (94.7%); así como los casos anteriores, la asistencia a un centro escolar se ve seriamente afectada en función de la presencia de otros rasgos, tales como el grado de marginación las condición de discapacidad o de pobreza (INEE, 2018a, p. 113). Lo anterior quiere decir que el problema para poder asistir a una escuela no es generalizado entre la población nacional, sino que se ensaña precisamente en aquellos grupos poblacionales que de por sí ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. De este modo, al no ser capaz de retener a alumnos de este tipo de grupos poblacionales, el sistema educativo hace eco de la enorme injusticia y desigualdad social que imperan en nuestro país.

Una vez que los alumnos son capaces de matricularse en el nivel educativo que les corresponde surge un nuevo reto: la permanencia en el mismo. Si bien el INEE (2018b, p. 336) destaca que los índices de abandono han disminuido levemente desde el ciclo escolar 2001-2002, aun se sitúan en niveles preocupantes, sobre todo en la educación secundaria y media superior. De acuerdo con la misma fuente, durante el ciclo escolar 2015-2016 abandonaron la escuela 1,180,500 alumnos desde educación primaria hasta educación media superior. ¿Qué tanto representa esto? Si consideramos que el calendario escolar de aquel entonces comprendía 200 días, esto quiere decir que por cada día escolar 5,902.5 estudiantes se dieron de baja en todo el país. Dicho de otra forma, por cada hora transcurrida durante los días escolares, ¡se dieron de baja cuatro alumnos! Así pues, concluido el primer día del ciclo escolar, se podría estimar que ya se han ido de la escuela casi seis mil alumnos: ¿cuántas escuelas vacías significará esto? Tan solo imaginarlo resulta escalofriante.

Ya sea por desafiar y burlar a la autoridad o por experimentar aventuras peligrosas, deseos típicos de la adolescencia, muchos estudiantes de secundaria y bachillerato alguna vez llevaron a cabo la fuga de clases. Desafortunadamente, tal acción no sólo representa una anécdota entre quienes la practicaron, sino que, revisando las estadísticas, se observa que existe una fuga masiva  de estudiantes en tales niveles educativos: para el ciclo escolar 2015-2016, “se fugaron”, pero no regresaron nunca, 310,893 estudiantes de secundaria y bachillerato (INEE, 2018b, p. 336). Desafortunadamente, quienes conforman tal fuga masiva no tendrán motivos para compartir este hecho como una anécdota divertida y memorable entre sus compañeros de clase, sino que se verán condenados a  sufrir las consecuencias del alejamiento de la vida escolar. La falta de oferta educativa y las adversas condiciones sociales conforman un coctel que hace difícil el acceso y la permanencia en la educación secundaria y media superior.

Ante los escandalosos datos que se han escrito surgen algunos cuestionamientos: si el Sistema Educativo no es capaz de asegurar con firmeza el primer paso al ejercicio del derecho a la educación (el acceso físico a una escuela), ¿será capaz de garantizar que quienes lograron ingresar a una escuela ejerzan este derecho recibiendo un servicio de calidad? Si entre no matriculados y “desertores” (término por demás injusto) hay más de cuatro millones de niños y jóvenes , ¿se debe pensar en el servicio educativo que se ofrece en México como un medio para propiciar la movilización social o, por el contrario, para perpetuar las desigualdades sociales? ¿Es realista y viable pensar en aspirar a mejores resultados de aprendizaje  cuando las condiciones sociales ni siquiera dejan que millones de alumnos tomen sus clases diariamente? En tiempos de cambios políticos en que se discuten ampliamente temas como las condiciones laborales del magisterio o la pertinencia de los programas de estudio, es urgente que el debate público se centre también en otras asignaturas pendientes, tales como la cobertura y la matriculación, junto con muchas otras que laceran gravemente el derecho consagrado en el artículo tercero constitucional.

Referencias

INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018a.

INEE. Panorama educativo de México 2017. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor, 2018b.

SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. México: autor, 2017.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/asistir-a-la-escuela-sueno-imposible-de-millones-de-mexicanos/

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Evaluar el aprendizaje no es evaluar la enseñanza

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

En días pasados, quien se perfila para asumir el mando de la Secretaría de Educación Pública cuando inicie el nuevo gobierno de la República, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado que se planean cambios importantes en la evaluación docente, desvinculándola de la permanencia en el servicio y eliminando prácticas como el polémico examen de conocimientos. Entre las modificaciones que considera, destaca una que sin duda pudiera ser arriesgada: basar la evaluación docente en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Lo anterior pudiera parecer adecuado para la mayoría, pues la idea de que “un buen maestro es aquel que hace aprender a sus alumnos” goza de aceptación entre la población, de modo que si los estudiantes no aprenden, se puede deducir, de primera intención y sin mayores pesquisas de por medio, que el trabajo del maestro sería deficiente. Nada más alejado de la realidad e injusto para el profesor.

Evaluar al docente en función de los resultados de aprendizaje de sus alumnos evidencia un desconocimiento de un principio básico: la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos que no se encuentran vinculados necesariamente por una relación de causa-efecto (Gvirtz y Palamidessi, 2006, p. 135). Si bien el propósito de enseñar consiste en facilitar las condiciones para que se efectúen las tareas de aprendizaje, los resultados de éstas últimas no pueden considerarse como un sinónimo de la calidad de las acciones de quien instruye. Pudiera decirse entonces que una enseñanza óptima a lo más que puede aspirar es a incrementar las probabilidades de que los pupilos aprendan, mas nunca a garantizar esto. Desde luego, lo anterior no implica una desvalorización de una buena enseñanza ni mucho menos se intentan aminorar los efectos nocivos de malas prácticas pedagógicas, pero es conveniente establecer el límite hasta el cual puede llegar la tarea de enseñar. Es un error decir que una buena enseñanza deba garantizar el aprendizaje.

La idea del próximo secretario de educación para evaluar a los docentes corresponde a los modelos de valor agregado (Martínez Rizo, 2016, p. 32), es decir, aquellos que determinan la calidad de la enseñanza infiriéndola a partir de resultados de aprendizaje, comparando éstos al inicio y al final de un curso y asumiendo que su diferencia es atribuible al desempeño del profesor. A pesar de que la idea que sustenta este modelo pueda aparentar  ser justa para el maestro, esconde un defecto importante: el modelo hace énfasis en el “resultado” de la enseñanza, mas no en el proceso mismo.  ¿Cómo considerar las altas y bajas de alumnos en el grupo que atiende el maestro? ¿Por qué, por ejemplo, en sexto grado de primaria se le tendrían que atribuir los resultados de un grupo a un solo maestro cuando el desempeño de los alumnos es el reflejo de, por lo menos, cinco docentes más?

Optar por un sistema de evaluación docente basado en los alcances de aprendizaje de los estudiantes puede tener algunos problemas. De acuerdo con Martínez (2016, p. 65), una primera complicación es llevar a la práctica mediciones del aprendizaje que no sólo contemplen aspectos que se presten a ser valorados con exámenes estandarizados. Lo anterior, implicaría que todo aquellos resultados del aprendizaje que no pueda ser plasmados en un examen escrito, serán desechados para la valoración del profesor.  El segundo problema, más importante aún, es “la dificultad de atribuir a la enseñanza de un maestro en particular los resultados del aprendizaje de ciertos alumnos, controlando bien los demás factores que inciden en esos resultados” (Martínez Rizo, 2016, p. 65). De este modo, sobre todo en evaluaciones a gran escala, sería sumamente complicado (si no es que imposible) separar los límites de influencia de los numerosos factores que determinan el logro de aprendizajes en los alumnos, para aislar únicamente lo referente a la acción del profesor.

Desde luego, aunque se ha dicho que la enseñanza y el aprendizaje no necesariamente tienen una relación de causa-efecto, el rendimiento de los alumnos pudiera tomarse “como criterio para validar otros instrumentos basados en observaciones de la práctica docente, en encuestas entre alumnos o maestros, o en la revisión de materiales con evidencias de la práctica en el aula” (Martínez Rizo, 2016, p. 66).Es decir, los rendimientos en evaluaciones de aprendizaje no pueden ser tomados como pruebas contundentes para determinar la calidad de un docente, sino como uno de tantos elementos que pudieran permitir una discusión sobre el asunto.

Vale la pena revisar la experiencia de países iberoamericanos en cuanto a evaluación docente. Según lo expuesto por Felipe Martínez (2016), no se observa, a excepción de Cuba, que se tome en cuenta la valoración de los resultados del aprendizaje de los alumnos para determinar la calidad de la función del docente. Así, por ejemplo, en Uruguay se evalúa la aptitud del docente “con base en los informes de las visitas anuales de inspección al aula, en el juicio del director de la escuela, el cumplimiento de registro y documentación, los cursos de capacitación […] y en observaciones de orden disciplinario” (p. 77). En Estados Unidos, la institución encargada de valorar la calidad de los docentes, la National Comprehensive Center for Teacher Quality, establece, entre diversos rasgos, que un buen profesor es aquel que “ayuda [a sus alumnos] a alcanzar altos niveles de aprendizaje, según medidas de valor agregado” y “contribuye a alcanzar resultados positivos académicos” (Potemski, 2011, p. 3); como se observa, la función del docente no pasa de ayudar o contribuir al logro de los resultados, mas no a concretarlos.

La práctica de una evaluación docente basada en el resultado de los aprendizajes de los alumnos pudiera significar además una medida que tienda a incrementar la de por sí alarmante inequidad de nuestro sistema educativo: se pudiera promover entre los docentes un desprecio por aquellas instituciones escolares en contextos adversos, pues los efectos de los factores desfavorables que se reflejan en el rendimiento académico de los alumnos, pudieran ir en detrimento de la valoración que se haga sobre la calidad de la función del docente. Aun cuando se pudiera argumentar la importancia de la vocación del profesor, sería lógico que éste buscara escuelas que le permitieran obtener buenos resultados en aras de lograr una buena valoración que redunde no sólo en la conservación de su trabajo, sino en la obtención de incentivos laborales o económicos. En la extinta Carrera Magisterial, el sistema de evaluación consideraba entre sus factores el resultado del grupo atendido por el profesor en un examen estandarizado, lo que provocaba que los maestros de escuelas en contextos desfavorecidos se encontraran en desventaja con respecto al resto de los docentes.

Así pues, parece que no es una buena idea evaluar a los docentes con base en los resultados de los alumnos, máxime en un sistema educativo como el mexicano, caracterizado por brindar oportunidades de aprendizaje radicalmente diferenciadas entre los alumnos a los que atiende. Desde luego que los docentes deben procurar buenos resultados de aprendizaje en sus alumnos, pero éstos no deben asumirse como un indicador fiel de la calidad de las acciones que está realizando. Una buena evaluación docente debe pasar por la observación directa, la evaluación entre pares, las entrevistas con diversos actores de la comunidad escolar, el análisis de productos, etc. Evaluar al docente en función de los resultados de sus alumnos sin duda perpetuará la idea errónea de que el principal responsable de la misión educativa es el profesor, aminorando la influencia que para este fin tienen la familia, el gobierno y el entorno cultural y social que rodea al alumno. Siguiendo la lógica del enfoque en los resultados: ¿sería justo juzgar a un médico como incompetente si uno de sus pacientes muere? Seguramente, la respuesta no cabe en un escueto “sí” o “no”, pues habría que estudiar la situación considerando varias aristas: desde el historial personal del paciente, pasando por las condiciones sociales, culturales y económicas del entorno, hasta la calidad de instrumentos e instalaciones con las que el doctor dispone. Así de difícil también sería intentar evaluar a un maestro tomando como referencia el resultado de aprendizaje de un alumno.

Si bien es importante destacar aspectos positivos de la propuesta de evaluación docente del próximo gobierno federal, tales como regionalizarla, desvincularla de la permanencia en el servicio o privilegiar la actualización y capacitación antes que la evaluación, también se deben advertir peligros tales como asociarla a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior, como ya se dijo, es riesgoso en el sentido de que la evaluación pudiera no reflejar fielmente el desempeño del maestro. Asimismo, pudiera ser una medida inequitativa en relación a la diversidad de contextos en las que los profesores y los alumnos se desenvuelven.  Las próximas autoridades deberán hacer un esfuerzo por reformular la evaluación docente de modo que el trabajo de los profesores sea valorado de una manera pertinente, justa, transparente y consensuada, lo que redundaría sin duda en la mejora profesional del magisterio.

Twitter: @proferoger85

 REFERENCIAS

GVIRTZ, Silvina y Mariano PALAMIDESSI. El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. Buenos Aires: Aique, 2006.

MARTÍNEZ RIZO, Felipe. La evaluación de docentes de educación básica. Una revisión de la experiencia internacional.México: INEE, 2016.

POTEMSKI, A. et al. Alternative Measures of Teacher Performance. Washington: National Comprehensive Center for Teacher Quiality, 2011.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/evaluar-el-aprendizaje-no-es-evaluar-la-ensenanza/

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La agonía del partido que nunca fue de los maestros

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Autor: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Se estima que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene aproximadamente 1,619,990 agremiados y está dividido en 61 secciones sindicales, con presencia en las 32 entidades federativas del país. La compleja estructura del SNTE lo posiciona como el sindicato más grande de América Latina, teniendo una influencia que se extiende por toda la geografía nacional y que sobrepasa los ámbitos meramente laborales. La participación política del sindicato ha sido constante desde su creación, pero no es sino hasta 2005, tras diferencias entre la entonces dirigente del SNTE y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se adhería el sindicato, que surge “el partido de los maestros”: Nueva Alianza. No obstante que “el artículo 41 constitucional señala que queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa” (Hernández, 2011, p. 405), la injerencia de miembros de comités sindicales en las tareas partidistas turquesa es una realidad.

Si bien la influencia tras bambalinas de la otrora dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, para mover las aguas de la política nacional está fuera de duda, el trayecto del partido Nueva Alianza en la vida política del país no registra triunfos importantes: la mayoría de sus “victorias” se han dado al aliarse con fuerzas políticas mayores.   No obstante lo anterior, nunca el partido había tenido unos resultados tan catastróficos como los obtenidos en las elecciones federales de 2018. Con 92% de casillas electorales capturadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al momento de escribir este texto, el partido presenta resultados que lo tienen al borde de perder el registro nacional: 1.11% en la elección presidencial, 2.45% en senadurías y 2.63% en diputaciones. Las cifras anteriores, calculadas quitando los votos nulos, como determina la Ley, son insuficientes para alcanzar el 3% mínimo que requiere en alguna de esas tres votaciones para conservar su registro.

Ante estos resultados tan pobres surgen varias interrogantes: ¿cómo un partido como Nueva Alianza, que está vinculado a una de las organizaciones más importantes del país, como el SNTE, pudo obtener resultados tan devastadores? ¿no es la base de agremiados lo suficientemente robusta para cosechar mejores cuentas? Aunque es cierto que los afiliados al SNTE no necesariamente son simpatizantes a Nueva Alianza, ¿por qué no pudo, en ninguna de las elecciones federales que participó, asegurar al menos un número de votantes más o menos similar al número de agremiados de su organización madre? ¿Es de tal magnitud el rompimiento entre los comités sindicales (principales promotores del partido político) y la base magisterial? Si bien la mayoría de los partidos excusará su fracaso en las elecciones de este año en el surgimiento de la arrasadora ola electoral del partido de oposición principal, lo anterior no debe alejarnos la vista de un hecho innegable: el hartazgo del magisterio y su falta de identificación con las acciones políticas de su sindicato y con el partido supuestamente más afín a sus intereses.

El caso de la elección presidencial fue emblemático en cuanto a la lejanía de los intereses de Nueva Alianza con respecto a los de la base magisterial. No obstante que el proyecto educativo de la administración federal saliente se basó en el desprestigio del docente y la consecuente afectación de sus derechos laborales, los dirigentes del partido turquesa decidieron aliarse precisamente con quien ofrecía dar continuidad a las políticas derivadas a partir de la aprobación de la Reforma Educativa. Nueva Alianza decidió ponerse a las órdenes de una campaña electoral coordinada  por el exsecretario de educación que gastó millones de pesos en publicidad oficial y gozaba de un amplio descrédito entre los docentes del país. Incluso, Juan Díaz de la Torre, dirigente en el sindicato y también en el partido político, no dudó en ofrecerle a José Antonio Meade un ejército de maestros para apoyarlo en su campaña electoral. Todo lo anterior, ignorando el profundo resentimiento de gran parte del magisterio en relación a los gobernantes del partido al que se decidió apoyar en los comicios.

Al momento de escribir estas líneas, en el que se ha computado el 92% de las casillas electorales, parece ser cuestión de tiempo para que se consume la desaparición del partido político que nunca fue de los maestros, sino de las cúpulas sindicales y cuyos principales operadores son los miembros de los comités ejecutivos seccionales. De salvar milagrosamente el registro, el partido político deberá renacer prácticamente de entre sus cenizas  y dar un viraje radical a sus rumbos, si es que no quiere repetir una tragedia como la vivida en estos comicios. Deberá lavar con acciones futuras los errores cometidos en el pasado y recobrar, a muy largo plazo, la credibilidad dentro de los trabajadores de la educación, si es que esto aún es posible.

Nueva Alianza deberá recordar que su principal sustento debe ser el magisterio y, en la medida que ella misma y su organización madre, el SNTE, sigan consintiendo tantos golpes por parte de las autoridades al docente y a la educación pública en general,  los resultados no tendrán mejoras significativas. Mientras se siga permitiendo que impunemente las autoridades afecten el poder adquisitivo de los profesores, apliquen evaluaciones injustas y defectuosas, demeriten el peso de la formación normalista, construyan escuelas sin siquiera servicios básicos y otra larga lista de atrocidades, Nueva Alianza seguirá sumida como una fuerza política prácticamente insignificante en la vida del país, destinada a “ganar” únicamente cuando se adhiere a otras fuerzas políticas. Sólo cuando los docentes observen en el SNTE a una organización auténticamente democráctica y transparente, ferozmente combativa ante los agravios de las autoridades hacia el magisterio, el número de votos recibidos por Nueva Alianza se acercará, probablemente, al número de agremiados al SNTE.

REFERENCIAS

HERNÁNDEZ, Luis. Cero en conducta. Crónica de la resistencia magisterial. México: Brigada para leer en libertad, 2011. Disponible en: http://brigadaparaleerenlibertad.com/programas/cero-en-conducta/

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Que todos los días sean del maestro

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Por: Rogelio Javier Alonso Gil

Una de las fechas festivas más importantes del calendario mexicano sin duda lo es el Día del Maestro. Cada 15 de mayo es común escuchar discursos enalteciendo la loable tarea de quienes dedican su vida a la formación de la niñez y la juventud. En esta fecha  se vierten infinitas muestras de gratitud y de elogios que hacen soñar con la reivindicación del profesorado. Pero, ante todo este vendaval, que va desde la entrega de la manzana del alumno agradecido y sincero, hasta el discurso más hipócrita  de un político opresor del magisterio, cabe preguntarse ¿para qué debe servir realmente el 15 de mayo? ¿qué sentido le debemos dar a la celebración del Día del Maestro? ¿qué es lo que debemos recordar en esta fecha?
Que el 15 de mayo sea motivo de reconocimiento para aquellos profesores que inspiran a sus pupilos en la búsqueda de un mundo más próspero, justo y libre. Un reconocimiento no sólo a quienes ejercen esta función desde el aula, sino en cualquier espacio, sintiéndose responsables de la misión transformadora y liberadora que por naturaleza debe tener la docencia. No es fortuito que Miguel Hidalgo, además de cura, docente polémico, iniciara el movimiento de independencia y desafiara las leyes virreinales, al liberar a los presos y decirles con sabiduría: “su justicia no es nuestra justicia”. No es casualidad que el Plan de Ayala, quizá el documento más representativo de la justicia social, surgido durante el México revolucionario, haya sido escrito por la pluma de un destacado maestro rural morelense: Otilio Montaño.
Así pues, estos dos personajes han llevado más allá de las aulas sus funciones como docentes. Recordemos que Freire(2005), establecía sobre la misión educativa que “la liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (p. 90) y han llevado a su esplendor uno de los supuestos de este pensador brasileño sobre la pedagogía de la liberación: “el mundo ahora, ya no es algo sobre lo que se habla con falsas palabras, sino el mediatizador de los sujetos de los educandos, la incidencia de la acción transformadora de los hombres, de los cuales resulta su humanización” (Freire, 2005, p. 100).
Que esta fecha nos recuerde la importancia del papel del maestro en las transformaciones que requiere el país, sobre todo como ideólogo más cercano a las masas, tal como lo demostraron numerosos docentes durante la Revolución Mexicana, en la que participaron decisivamente personajes como Esteban Baca, Otilio Montaño o Alberto Carrera Torres. Pocas o ninguna profesión puede brindar la cercanía social para conocer y entender de manera tan directa los males que aquejan a los inconformes. Quizá pueda debatirse que la lucha revolucionaria de personajes como los anteriores se efectuó primordialmente al margen de sus actividades docentes, pero eso no opaca en ningún sentido la trascendencia de su figura como maestros para enrolarse en las actividades revolucionarias: “la única y mayor ventaja que el maestro tiene sobre otros elementos intelectuales en cualquier situación revolucionaria, es la combinación de respeto y confianza, que hacia ellos manifiestan los grupos disgustados, incluso los militares, pero, sobre todo, la impetuosa multitud” (Cockcfrot, 1978, p. 568).
Que este día sirva también para festejar a aquellos maestros que no venden su dignidad ni siquiera por favores políticos o económicos: desde migajas hasta banquetes opulentos. Que nos recuerde que, en sintonía con lo anterior, alguna vez un profesor llamado Librado Rivera, brillante magonista precursor de la Revolución Mexicana,  demostró que la congruencia ideológica y la decencia no tienen precio, a pesar de los tentadores anzuelos que perversamente pueda tender el poder: “se me ofreció una curul para senador, otra para diputado (…), pero nada de eso acepté a pesar de la miseria en que siempre he vivido” (Taibo II, p. 16), dijo el implacable profesor Rivera, negándose así a traicionarse a sí mismo y a las causas por las que luchaba, a cambio de dádivas del gobierno y un poco de comodidad personal. Tengamos así presente que los maestros, ejemplo por excelencia de la niñez y la juventud, deben manifestar entereza y solidez en sus pensamientos y obras y compromiso con su obra de transformación.
Que esta fecha tan especial sea motivo para que recordemos todas las penurias que pasaron quienes nos antecedieron en el ejercicio de esta dichosa profesión, desde los maestros perseguidos y mutilados en tiempos de la Cristiada y la educación socialista , hasta los profesores brutalmente reprimidos por los gobiernos más recientes en respuesta a las manifestaciones de protesta a las políticas de desprofesionalización del magisterio. Que conmemoremos también los vastos momentos gloriosos para el magisterio: el nacimiento del normalismo en la época porfirista, los años de oro de la Escuela Rural Mexicana, la participación de los maestros itinerantes en las Misiones Culturales, la elevación al grado de licenciatura de las carreras normalistas, entre otros.
Que sirva este día también para tener presentes, no como rencores que amarguen la fecha, sino como la contemplación de heridas de guerra, las ofensas de aquellos maestros que han traicionado y escupido a su propia profesión, sobre todo desde las más altas esferas del poder. Ejemplos sobran: desde Plutarco Elías Calles, padre fundador del hoy Partido Revolucionario Institucional, quien, a pesar de haber sido maestro, como candidato presidencial tachaba a la docencia como una profesión “pusilánime y falta de carácter” (Arnaut, p. 55), hasta aquellos que, en los últimos años, han permitido que el opresor del magisterio obre a placer, incluso negociando beneficios políticos y personales en detrimento de la defensa de los derechos del profesorado. Así pues, este día debe servir para honrar la memoria histórica de nuestra profesión y colocarla como piedra angular de nuestra identidad y de nuestro amor por el trabajo cotidiano en las aulas.
Ojalá este 15 de mayo sirva de recordatorio a los docentes que por nuestras venas corre la misma sangre que ilustres profesores como Hidalgo, Rivera y Montaño, quienes, de formas diferentes y, cabe decir, traspasando los límites del aula, fueron motores de algunas de las transformaciones más importantes de nuestra nación. Que honremos la memoria de todos aquellos que transitaron nuestro camino bajo condiciones más adversas y cosecharon a su vez logros que han servido de cimiento para la construcción de nuestro país. Que nos permita recordar que el maestro, por naturaleza, debe ser crítico de la realidad y, como asevera Freire (2005) procurar “un esfuerzo permanente a través del cual los hombres [vayan] percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo, en el que y con el que están” (p.96). Por todo lo anterior, esta fecha tan especial en el calendario nacional debe ser motivo para congratularnos de la obra que el magisterio ha legado al país. Que todos los días sean Días del Maestro, que todos los días celebremos y reconozcamos la trascendencia de cada profesor y su labor cotidiana, que todos los días valoremos que en un aula hay personas que no sólo se encargan de alfabetizar para leer un escrito, sino para leer el mundo.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. REFERENCIAS

ARNAUT, Alberto. Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México, 1887-1994. México: SEP, 1998.
COCKCROFT, James. El maestro de primaria en la Revolución mexicana. México: Movimiento, 1978.
FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores, 2005.
TAIBO II, Paco. Librado Rivera: el último de los magoneros. México: Para leer en libertad, 2010.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/que-todos-los-dias-sean-del-maestro/
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