La Educación: ¿Negocio o ascensor social?

Por: Redes libertarias

Paco Marcellán
Profesor de universidad y militante libertario, miembro de la redacción de Redes Libertarias

Los antecedentes y el contexto actual

Desde la implantación en 1970 de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (conocida también como LGE o Ley Villar Palasí, ministro de Educación y Ciencia bajo cuyo mandato se aprobó ) en el marco del desarrollismo económico de los últimos coletazos del franquismo hemos asistido a una penetración ideológica del concepto de la formación orientada hacia el empleo e integración en el sistema productivo de los egresados junto a la exaltación de la meritocracia y el mantra de la equidad. Tanto la formación básica como la Formación Profesional y la Universidad, independientemente de las altas tasas de fracaso escolar al finalizar la fase obligatoria (EGB) que con carácter universal se contemplaba en la citada ley, fueron la clave del desarrollo posterior de la LGE. Quienes no conseguían obtener la certificación básica (graduado escolar) se incorporaban en los escalones inferiores del sis‐ tema productivo con las perspectivas de precariedad y salarios de miseria inherentes. La apuesta de la Formación Profesional era muy reducida y la eclosión del sistema universitario que pasa de los 50.000 estudiantes a mediados de los años sesenta a más de 500.000 a finales de los setenta permite crear la ilusión de que una formación especializada en áreas tecnológicas y económicas, pero también en derecho y medicina, era un pasaporte para unos puestos de trabajo acordes a las perspectivas en profesiones de dichos perfiles y la consolidación de una posición que en muchos casos permitía a las clases medias y trabajadoras avanzar en su estatus en la escala social a través de sus retoños.

Por otra parte, el predominante peso de la enseñanza privada, fundamentalmente vinculada a órdenes religiosas, en los niveles no universitarios frente a la enseñanza pública, constituía un lastre tanto desde una perspectiva ideológica (en cuanto transmisora de los valores nacional‐católicos) como de clase y desde luego facilitaba la preservación de la clase dirigente a través de las redes de socialización que se generaban en su seno.

Las políticas de recortes presupuestarios, aumento progresivo de las tasas públicas, junto al incremento de la oferta privada, llevan a un colapso del sistema público de educación superior

Los años ochenta contemplan un reformismo educativo a través de los gobiernos socialistas que se traduce en leyes ad hoc en el ámbito no universitario con el modelo de centros concertados y privados ante la imposibilidad de una acción estructural para la creación de nuevos centros públicos que pudieran acoger a los escolares atendiendo a la proximidad de su domicilio y a requisitos económicos básicos que prefiguraran criterio de accesibilidad e igualdad. No solo las limitaciones presupuestarias en un periodo de crisis económica sino también el evitar un conflicto directo con la patronal de los centros privados constituyeron los ejes de unas reformas que asentaron un modelo educativo que sigue vigente en la actualidad y que no han alterado el status tradicional sobre todo en el medio urbano. En el ámbito universitario, la creación de nuevos centros distribuidos por todo el territorio para atender la demandas económico‐sociales de los sectores productivos en fase de remodelación tras la reconversión del modelo industrial heredada del franquismo, permite configurar una estructura que hasta finales de la década de los noventa representa un carácter preponderante del sector público frente a las universidades católicas o de la Iglesia reconocidas tras el concordato de los años cincuenta, renovado durante la transición por los gobiernos de UCD (Deusto, Comillas, Raimon Llull, Pontificia de Salamanca, Universidad de Navarra) vinculadas las tres primeras a la Compañía de Jesús, y las otras dos a la Conferencia Episcopal y el Opus Dei, respectivamente, en las que se forma una parte notable de la clase dirigente en el periodo postransición. El papel del Instituto de Empresa, IESE y ESADE como aglutinadores de la formación empresarial es relevante. No obstante, en base a los denominados «centros adscritos» a las universidades públicas, se va configurando desde mediados de los años noventa del pasado siglo una estructura que facilitará la reconversión de muchos de ellos en universidades privadas vinculadas a grupos empresariales y religiosos. En particular, CUNEF, cuyo titular es la Asociación Española de Banca, o la Universidad Internacional de la Empresa, propiedad del grupo Planeta, fondos de inversión extranjeros (Universidad Europea de la que son propietarios el fondo Permira y el nórdico EQT, o la Universidad Alfonso X el Sabio con el fondo CVC accionista mayoritario de su capital) así como a colectivos religiosos de carácter ultra-católico (caso de CEU, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Católica de Murcia) con un papel creciente de universidades que ofrecen estudios a distancia (como la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR, con una presencia destacada en Latinoamérica). En el momento actual, asistimos a una eclosión del sector de la educación superior con 44 universidades privadas frente a 50 universidades públicas. Su consolidación está vinculada a las políticas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular del «todo por el mercado» y la «libertad de educación» como contrapartida a la infrafinanciación del sistema público con limitaciones notables en su capacidad para admitir estudiantes, ampliar su profesorado y desarrollar el concepto de «autonomía universitaria» reconocido en la Constitución de 1978. Las políticas de recortes presupuestarios, aumento progresivo de las tasas públicas junto al incremento de la oferta privada llevan a un colapso del sistema público de educación superior cuyas perspectivas en el medio plazo son bastante oscuras.

Ideología y educación

La permanencia y consolidación de circuitos privados en todos los ámbitos educativos y la inacción del sistema público dada su dependencia de las vicisitudes políticas en las administraciones con competencias en materia educativa constituyen los ejes de un debate que no se explicita y no sirven como elemento de respuesta colectiva dados sus claros componentes ideológicos. Junto a ello, la presencia de población migrante escolar sirve de disuasión a sectores de las clases medias para optar por el sistema público no universitario y lanzarse a la enseñanza concertada como instrumento de representación social y su continuidad en un sistema universitario privado creado ad hoc y basado en las redes clientelares antes señaladas.

Al margen de las elevadas tasas académicas de las universidades privadas (entre 1.500 y 2.000 euros mensuales en el caso de los títulos de grado), la oferta orientada a másteres (representa un 60% del total) de alto coste económico para los estudiantes, la coherencia ideológica y cultural con la educación recibida en la fase preuniversitaria así como la potenciación de redes de egresados en las que prima esa identidad de grupo social vinculado a la institución académica, sirven de base para una atracción que podríamos calificar de espejo de la sociedad del espectáculo en que vivimos. El sistema público presenta una patética carencia de recursos y la ausencia de una orientación bien definida no solo por parte de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, personal de administración y servicios) sino por la denominada «sociedad civil» que asiste a una desvalorización del sistema público en base a su «falta de rendimiento» (más allá de las tasas de egresados y la duración de los estudios). Por otra parte, la ausencia de libertad (¿?) de expresión política en su seno aducida por los sectores neoliberales (la Comunidad de Madrid en su borrador de Ley Universitaria contempla las sanciones a alumnos y alumnas por fomentar y participar en acciones solidarias y de carácter político) incide en la actuación de muchas de las universidades privadas fuertemente ideologizadas y plataforma de expresión de sectores de la derecha negacionista y reaccionaria (NEOS, comandada por Jaime Mayor Oreja en el caso del CEU‐San Pablo, vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, el Instituto Atlántico de Gobierno en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, vinculado a los Legionarios de Cristo y con un papel protagonista de José María Aznar, como muestras significativas).

La escasa rendición de cuentas por parte de las universidades públicas en relación con sus tareas de investigación y transferencia y también una escasa presencia y definición ante problemas que superan el propio ámbito académico, las llevan a un ensimismamiento y enclaustramiento suicida. Por otra parte, las puertas giratorias llevan a antiguos Rectores de universidades públicas a dar el salto como responsables de universidades privadas para aplicar el know how adquirido durante su gestión en el sector público.

La dicotomía público-privada se asocia a un modelo de la educación como negocio con el señuelo del empleo a futuro y las redes trabadas desde las instituciones para llevarlas a cabo

Internamente, el individualismo neoliberal causa un impacto notable en el profesorado de todos los ámbitos educativos. En el caso de la enseñanza pública, frente al trabajo colectivo se impone el «sálvese quien pueda», los equipos directivos son correas de transmisión de los responsables políticos tanto de ámbito autonómico como estatal, los mecanismos de inspección escolar son auténticos búnkeres orientados al control disciplinario. Por otra parte, los rankings y evaluaciones externas (los   diseñados   por las diferentes comunidades autónomas, algunos medios de comunicación, así como PISA en el ámbito no universitario, ARWU/ Shanghai y CyD en el caso universitario) sirven de comidilla mediática en el momento de su aparición pero en modo alguno permiten detectar fallos en el sistema desde una perspectiva comparada con otros modelos educativos e invitan a una reflexión colectiva sobre el qué hacer en el presente para configurar el futuro. En esa dirección, el sistema educativo es un fiel reflejo de la realidad cotidiana de nuestro país en la que los de abajo no disponen de instrumentos para contrarrestar la dominación de los de arriba y asisten a un proceso   de   servidumbre   voluntaria   en la que los deseos autogestionarios colectivos no pueden desarrollarse de manera autónoma. El señuelo de universidad orientada al empleo (común tanto en el sector público como el privado) impide una visión orientada a la comprensión crítica de la realidad social que podrían servir de justificantes a un sistema de educación superior.

Educación y movilidad social. ¿Hay efecto ascensor?

De los análisis precedentes se vislumbra el carácter clasista dominante en nuestro sistema educativo. No sólo desde la perspectiva de las instituciones escolares en sus diferentes niveles, sino de los contenidos y objetivos que se aducen para justificar el modelo vigente. La dicotomía público‐privada se asocia a un modelo de la educación como negocio con el señuelo del empleo a futuro y las redes trabadas desde las instituciones para llevarlas a cabo.

El ejemplo universitario puede servir de muestra fehaciente, en el que la deficiencia de las políticas públicas se ve contrarrestada con un peso creciente del sector privado, que ya ha superado la fase de las universidades corporativas (empresas que ofrecen educación superior ad hoc con la justificación de adecuar su personal presente y futuro a sus necesidades formativas). Las propias administraciones públicas de rango autonómico hacen y deshacen a su gusto facilitando la creación de títulos con deficiencias de cualificación en el profesorado de muchas universidades privadas y una vocación de negocio recurrente.

Pero es quizá en el sector de la Formación Profesional (FP) donde estamos asistiendo a un cambio de paradigma notable. En el curso 2022‐2023 ha superado los 1,1 millones de estudiantes tras crecer más de un 55% en los últimos 10 años. Pero mientras que los estudiantes de centros públicos se han incrementado en un 31%, representando en la actualidad un 65% del total y los de la educación privada concertada (un 13% del total) lo han hecho en un 23%, los de los centros privados sin subvención pública se han incrementado un 483%, representando un 22%. El auge de los centros privados se sustenta, en gran medida, en el desarrollo intensivo de los cursos a distancia (117.192 estudiantes frente a los 85.728 del sector público en esta modalidad). Estos datos que figuran en el estudio Radiografía de los centros de FP en España difundido por CaixaBank Dualiza y Orkestra‐Instituto Vasco de Competitividad insisten en que los estudiantes de este nivel educativo (un 75% de ellos de edades inferiores a 25 años) lo ven como «una vía útil y válida para formarse y cualificarse» frente a las dificultades inherentes a la formación universitaria en la que la sobrecualificación, la ausencia de correlación entre formación académica y competencias demandadas en el mercado laboral, la precarización del empleo y el énfasis en perfiles STEM hace que los índices de paro en titulaciones del ámbito humanístico y de ciencias sociales sea preocupante y lleve a la búsqueda de alternativas ajenas a la formación recibida.

Problemas como la equidad, reflejada en la falta de respuesta del sistema público a la alta demanda de estudiantes en FP, por otra parte gratuita salvo en el grado superior (400 euros anuales) frente a los 2.500‐6.000 euros en la privada, en la que de nuevo los fondos de inversión juegan un papel importante, muestran que las leyes de mercado y el negocio educativo se imponen en este sector emergente centrado en áreas como Comercio y Marketing, Actividades Físicas y Deportivas, Imagen y Sonido así como Sanidad que reflejan fehacientemente el modelo productivo español. Sin olvidar una componente de género en la elección de estas áreas por parte de los y las estudiantes, peor retribuidas profesionalmente que las de ámbito tecnológico, que curiosamente atraen un menor número de estudiantes.

Concluyendo

Se nos señala por activa y pasiva el papel de la formación con una visión orientada al empleo en una sociedad del conocimiento caracterizada por una exponencial mutación tecnológica y social. Todo ello olvidando un elemento clave que es la formación de personas críticas que se doten de sus propios instrumentos para analizar una realidad mediatizada por una información sesgada y unidireccional. Por otra parte, hemos de resaltar que una comunidad de aprendizaje se basa en personas que desean aprender libremente apoyadas en aquellos y aquellas que tiene conocimientos que desean compartir (la figura del maestro/a‐compañero/a) sin imposiciones basadas en la autoridad delegada por el poder, en los que el medio familiar debe dotarse de elementos cómplices con el educativo dada la repercusión que tiene en la propia formación de los estudiantes, y el papel de la educación permanente no reglada a lo largo de la vida que permite socializar el conocimiento. Aquí se abren perspectivas para un enfoque libertario basado en una perspectiva antiautoritaria y en el que la percepción global e interactiva debe desempeñar un papel central frente a la jerarquía de conocimientos y la especialización que puede alcanzar niveles aberrantes.

Fuente de la información e imagen:  https://redeslibertarias.com