La Asociación Nacional de Normandistas e Institutarios de Haití califica hoy de abrumadores los desafíos del sistema educativo y propuso formas concretas para evitar su colapso.
«Es una realidad sombría, las escuelas están desorganizadas por la inseguridad, los maestros abandonados y los estudiantes privados de una enseñanza de calidad», subraya una carta abierta de la agrupación al ministro de Educación Nacional y Formación Profesional, Augustin Antoine.
La educación, la verdadera alma de una nación, está ahora en peligro, y es más complicado ante el incremento del número de desplazados forzosos debido a la violencia.
El movimiento de las familias compromete seriamente el acceso a la instrucción, especialmente en las zonas más vulnerables, puntualiza el texto divulgado por el diario Le National. Los maestros sufren los efectos de la crisis económica, no son bien atendidos y su calidad de vida sigue deteriorándose, por lo que muchos deciden abandonar el país en busca de mejores oportunidades dejando una vacío en el sistema educativo.
Es necesario y urgente el ajuste de los salarios y el otorgamiento de una tarjeta de débito a los profesionales del sector ante el alto costo de la vida y la inflación galopante que vive el país en los últimos años.
La asociación pidió también dotar a todas las escuelas públicas de un comedor escolar para luchar contra el hambre, un gran obstáculo para el aprendizaje.
Recomendó el nombramiento de nuevos maestros e inspectores sobre la base de sus calificaciones, y el establecimiento de préstamos hipotecarios a largo plazo para permitir que los educadores tengan acceso a una vivienda y un transporte dignos.
Solo mejorando las condiciones de los maestros podría lograrse una enseñanza liberadora en la perspectiva de un nuevo Haití.
La asociación hizo un llamado a tomar medidas urgentes para corregir la situación teniendo en cuenta el apoyo a estudiantes, padres de familia y docentes afectados por la inseguridad a través de programas de apoyo psicosocial, financiero y logístico.
En caso de que la cartera mencionada obvie las demandas, será inevitable una huelga nacional y generalizada, advirtieron los miembros de la agrupación.
Hace 38 años, en 1986, se intenta sin éxito introducir las primeras reformas negativas a la CSS. El Dr. Mauro Zúñiga, secretario general de la Amoacss y diversos grupos organizados de la sociedad civil impidieron que la reforma fructificara.
El Dr. Zúñiga señalaba que la CSS es un espejo de la sociedad. Esto significa que “si vivimos en un país: con tasas de desempleo bajas; con salarios reales altos; con inclusión importante del trabajo informal a la CSS,’’ habrá aumento de los ingresos a la institución y la misma podrá responder a sus retos económicos, aumentando los beneficios de la población asegurada de forma sostenible.
Posteriormente, en la década de los 90, la aplicación de las medidas económicas neoliberales con la privatización (Irhe-Intel), los puertos, ingenios, entre otras acciones aplicadas, agudizaron la situación económica del país y por ende de la CSS. Sin una correspondencia con el modelo económico que se desarrolla, los gobiernos a lo largo del tiempo han impuesto reformas como:
1. Paramétricas contempladas en: disminución del monto de las pensiones; aumento de la edad de jubilación; aumento de la cantidad de cuotas; y disminución de la calidad de los servicios médicos.
2. Privatización de la Caja de Seguro Social: estableciendo una relación individual entre los asegurados “clientes” y la institución; favoreciendo solo a los asegurados de altos ingresos; y externalización de los servicios de la CSS.
La sociedad panameña, trabajadores, maestros, profesionales y la ciudadanía en general, han resistido a los distintos Gobiernos, desde los militares, para impedir la privatización de la CSS.
En el 2005 comienza la privatización con las cuentas individuales, medida esta que ha sido un rotundo fracaso en los países en los que se ha implementado y de igual manera en Panamá no podemos continuar con esa receta cuando ya fracasó. Actualmente, se discute una propuesta del Ejecutivo que plantea las cuentas individuales, (privatización), se elimina la tasa de reemplazo, o sea el 60 % del salario que se paga de la pensión.
Ahora, el anteproyecto de ley 163 en su artículo 62, dice, se modifica el artículo 101 de la ley 51 del 2005 para que quede así: artículo 101, recursos de la CSS, para cubrir los gastos de administración que demande la gestión administrativa de la institución y las prestaciones de los riesgos de enfermedad, maternidad, y de invalidez, vejez, y muerte, estarán constituidos por los siguientes ingresos. Se establecen 28 literales y el literal 21 dice lo siguiente: los montos que según la reglamentación vigente de la CSS sean pagados por los dependientes de los asegurados para cubrir las prestaciones en salud de riesgo de enfermedad y maternidad. O sea que el beneficiario tendrá que pagar su atención en la CSS.
La propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) plantea lo siguiente: el Beneficio Definido de una taza de reemplazo básica del 60% del salario, que se mantenga; la edad de retiro de mujeres a los 57 y hombres a los 62, y la mayor cobertura de toda la clase trabajadora, incluyendo a los trabajadores informales; la vuelta en su totalidad al Sistema Solidario.
Demandamos:
1. Que se retorne al sistema solidario de Beneficio Definido.
2. Que se mantenga la administración pública de las reservas.
3. Incrementar los rendimientos de las inversiones, y transformar las inversiones directas y en proyectos de desarrollo nacional.
4. Que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional con la seguridad social y aumente el gasto Público en Pensiones.
5. Que se facilite la incorporación de los trabajadores informales.
6. Que se establezca una pensión mínima por el orden del costo de la Canasta Básica Alimenticia.
7. Que las pensiones sean indexadas para que recuperen su poder de compra.
8. Que se cobre y aumente la penalización de la evasión y mora de las cuotas por parte de los empresarios.
9. Extender la pensión de viudez a 10 años en vez de 5.
Mención especial merece la mujer panameña, porque el Proyecto 163 violenta sus derechos al no reconocer el valioso aporte que hace la mujer a la sociedad:
• Hay más de 73 mil mujeres que son receptoras del programa 120 a los 65, programa de muy bajo monto ya que debiería ser de B/.400, que cubra la Canasta de Alimentos.
• Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres y se incrementa en el caso de mujeres jóvenes; en las campesinas, indígenas, afrodescendientes y migrantes.
• Las mujeres protagonizan alrededor del 74% del total de los contratos a tiempo parcial.
• Acceden a trabajos de baja calificación y menor remuneración, a pesar de tener mayor nivel de estudios académico.
• No se reconoce el trabajo no-remunerado que realizan las mujeres en los hogares, entre ellos: Cuidado de personas dependientes (niños, enfermos, adultos mayores), tareas domésticas, entre otras.
• Sufren interrupciones reiteradas de su carrera laboral debido a la maternidad y tareas de cuidados en el hogar.
• Por esto las mujeres participan menos en la vida laboral y acumulan menor densidad de cotizaciones.
• Se utilizan tablas de mayor esperanza de vida discriminatorias a las mujeres, no es lo mismo la esperanza de vida de una mujer rural que una del área urbana y depende del trabajo que realice.
• Las adultas mayores, como resultado de la desigualdad, viven condiciones de mayor pobreza, en viudez, soledad y peores condiciones de vida.
Informe revela alarmante aumento de violencia sexual contra menores de edad en Haití
Las denuncias por violencia sexual contra menores de edad en Haití han aumentado un alarmante 1.000 % en lo que va de 2024, revelando la magnitud de la “catástrofe humanitaria” que enfrenta el país, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En un informe presentado ante el Consejo Económico y Social de la ONU, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, destacó que los grupos armados están abusando de los niños de manera “recurrente”, y sus acciones incluyen asesinatos o mutilaciones.
Each day, Haitians endure some of the worst abuses, and threats to their lives that we are seeing anywhere in the world.
Russell calificó estos hechos como una “aberración” y el “colmo del horror”, y señaló que las bandas paramilitares han comenzado a reclutar menores para aumentar sus filas. Se estima que hasta el 50 % de los integrantes de estas pandillas son niños y adolescentes, lo que representa un incremento del 70 % en la captación de este grupo vulnerable durante el último año.
“Se les utiliza como informadores, cocineros y esclavos sexuales, y se les obliga a perpetrar actos violentos”, afirmó Russell, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste más atención a la población haitiana, que “ha sufrido demasiado” y “durante demasiado tiempo”.
Según estimaciones de la ONU, de las 5,5 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en Haití, tres millones son niños, quienes representan cerca de la mitad de los más de 700.000 desplazados internos. La situación se agrava aún más debido a que las organizaciones humanitarias enfrentan serias dificultades para llevar a cabo su labor a causa de la violencia, que afecta directamente a 2,7 millones de personas.
La comunidad internacional se enfrenta a un urgente llamado a la acción para abordar esta crisis humanitaria y proteger a los más vulnerables en Haití.
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
El profesor Jose Cambra (Panamá) informa los antecedentes y las causas del actual conflicto docente y social en Panamá
Las últimas semanas se han realizado asambleas y reuniones de los gremios docentes y el movimiento social de ese país, en la que parece ser la antesala de una nueva confrontación entre las políticas neoliberales y las aspiraciones ciudadanas.
Les invitamos a ver el informe presentado por el profesor CAMBRA directivo de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)
El XIII Festival de Arte Popular Mercedes Sosa se concibe como un espacio de constante intercambio.
La Casa de las Américas en La Habana conmemora el 50 aniversario de la histórica visita de Mercedes Sosa a Cuba con el XIII Festival de Arte Popular Mercedes Sosa, un evento cultural que se celebrará el jueves y viernes próximos.
Esta edición del Festival, auspiciada por la Fundación Mercedes Sosa con el apoyo de otros proyectos, se inaugurará con el panel «Mercedes en Casa», en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas, en el Vedado.
Araceli Matus, nieta de la artista, Amaury Pérez, Augusto Blanca y otros invitados especiales participarán, moderados por María Elena Vinueza, directora de música de la institución.
Habana – Casa de las Américas – 28 y 29 de Noviembre
El programa incluye la proyección de los documentales «Mercedes Sosa» y «Mercedes Sosa: la voz de Latinoamérica».
El cierre del festival contó con un concierto protagonizado por el cantautor argentino Pancho Cabral, junto a los trovadores cubanos Augusto Blanca, Heidi Igualada, Santa Massiel y Ana Irma Pereyó.
Este XIII Festival de Arte Popular Mercedes Sosa se concibe como un espacio inclusivo y de constante intercambio, donde artistas consagrados y jóvenes talentos comparten, inspirados por el legado de Mercedes Sosa, un ícono de la lucha social, la coherencia artística y el amor por Latinoamérica.
Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/casa-de-las-americas-acoge-festival-en-homenaje-a-mercedes-sosa/
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) está en el proceso de negociación colectiva con el patrono. Sin embargo, algunos docentes no son miembros del sindicato que les representa y que lucha por mejorar sus condiciones laborales y de vida. Veamos por qué es valioso que los docentes universitarios tengan un sindicato y que lo apoyen activamente.
Salarios. Los sindicatos de trabajadores son el principal factor en el alza en los salarios de los trabajadores. Los salarios de los trabajadores sindicalizados son claramente más altos (Center for American Progress, 2024; U.S. Bureau of Labor Statistics, 2024b). Eso también sucede entre los docentes universitarios (California Teachers Association, 2018; National Education Association, 2023).
Para la APPU es importantísimo ajustar la escala salarial docente del Sistema UPR a la inflación, pues esa escala no cambia desde 2013 (Junta de Gobierno UPR, 2013). La inflación acumulada durante esos 11 años ha reducido los salarios reales de los docentes en un 35%. Usando la calculadora de inflación del U.S. Bureau of Labor Statistics (2024a), y asumiendo 24 créditos y grado doctoral para todos los casos, estos serían los salarios base anuales que compensarían la inflación:
Rango
Salario actual
Salario ajustado a inflación
Catedrático Auxiliar
$62,256
$84,146
Catedrático Asociado
$69,336
$93,715
Catedrático
$80,124
$108,296
Pero la máxima prioridad de la APPU debe ser aumentar el salario de los docentes sin plaza (DSP), especialmente el de los contratados a tarea parcial. El patrono les paga solo $681 por crédito ($2,043 por sección de tres créditos); prorrateado a 24 créditos al año eso equivale a $16,344 anuales, lo cual viola el principio constitucional de igual paga por igual trabajo. Dicho salario debe multiplicarse por 3.81. El salario de los DSP contratados a tarea completa debe subir de $46,821 a $62,256, pues realizan las mismas tareas que los Catedráticos Auxiliares.
Equidad socioeconómica. La igualdad socioeconómica genera mejores sociedades (Pickett & Wilkinson, 2010) y la sindicalización es determinante para una distribución equitativa del ingreso (Economic Policy Institute, 2021). Las altas tasas de sindicalización también fomentan mejores condiciones laborales para los talleres de trabajo no unionados (Economic Policy Institute, 2021): los aumentos salariales que la APPU logre impulsarán mejorías en las pésimas condiciones laborales de los docentes de las universidades privadas. Dicho progreso en condiciones laborales también mejorará la calidad de la educación, pues con mejores salarios los docentes no tendrán que sobre extender su jornada laboral para compensar la bajísima paga que reciben.
A medida que disminuye el número de afiliados a los sindicatos, aumenta la desigualdad de ingresos.
Salud. Los sindicatos son el principal factor en la promoción de buenas condiciones de salud en el taller de trabajo. La OSHA, oficina de seguridad y salud ocupacional, se creó debido a presión pública protagonizada por las uniones. Desde el establecimiento de dicha oficina, las muertes en los lugares de trabajo han decrecido en un 60% y las tasas de lesiones y de enfermedades laborales se han reducido en un 40% (Occupational Safety and Health Administration, 2024). Ante el colapso de la planta física del Recinto de Río Piedras y los múltiples edificios tóxicos en otros recintos, es imperativo que los sindicatos universitarios exijan lugares de trabajo saludables.
Jornada laboral. Durante la primera mitad del siglo 20, el movimiento obrero logró reducir a ocho horas las larguísimas jornadas laborales impuestas por la avaricia capitalista durante los comienzos de la revolución industrial (Astarita, 2023). Eso permitió más tiempo libre, compartir con las familias y mejor salud. Desde la década de los 1980, los patronos han impuesto el neoliberalismo, el cual eliminó leyes protectoras de los trabajadores y prolongó la jornada laboral (Rosario, 2014; Astarita, 2023). Para compensar los míseros salarios, muchos docentes contratados a tarea parcial trabajan en varias universidades simultáneamente: 6 o 7 secciones por semestre, cobrando $2,043 por sección en la UPR y hasta solo $1,200 en las privadas; eso se traduce a ingresos que rondan los $20,000 anuales por jornadas de trabajo de 60 y 70 horas semanales. Este problema se soluciona aumentando el salario de los DSP contratados a tarea parcial y abriendo plazas.
Permanencia. La estabilidad laboral es crucial. Sobre 1,500 de los 3,400 docentes de la UPR no tienen plaza: sufren desempleo estacional y están expuestos a que no les renueven el contrato. Esto vulnera la libertad académica (American Association of University Professors, 1993). Debido a que dicha libertad es un principio fundamental de la universidad (Comisión de Derechos Civiles, 1967), y como la permanencia garantiza esa libertad, esta debe existir como norma (American Association of University Professors, 1993 y 1940). Para la UPR esto significa abrir unas 1,000 plazas para compensar la eliminación que el patrono ha implantado durante los últimos 30 años.
Servicios médicos. Los servicios médicos debieran ser un derecho humano. Incluso en muchos países capitalistas, el movimiento obrero y los partidos de izquierda han logrado conquistar ese derecho. Pero en PR los servicios de salud son mercancía; por eso el plan médico es clave. Bajo la presidencia de María Gisela Rosado, la APPU consiguió plan médico para los DSP contratados a tarea completa, pero el patrono no ha cumplido consistentemente con este acuerdo. Los docentes sin plaza contratados a tarea parcial no tienen derecho a plan médico. Aspiramos a que todo docente tenga plan médico.
Jubilación. Dejar de trabajar una vez alcanzada una edad mayor y vivir en condiciones socioeconómicas dignas en ese periodo de la vida es un derecho humano. Los patronos tienden a relegarlo. El dinero recibido luego de jubilarse no es una dádiva; es salario diferido, valor que el trabajador generó en periodos previos de su existencia. Actualmente la UPR le adeuda $107 millones al Sistema de Retiro (Martínez, 2024). Este incumplimiento patronal amenaza las finanzas de dicho sistema. El patrono debe cumplir con su responsabilidad y pagar lo que debe.
Dejar de trabajar una vez alcanzada una edad mayor y vivir en condiciones dignas es un derecho humano.
Equidad. Los sindicatos de trabajadores son factor importante para combatir el discrimen por género, orientación sexual, etnia y raza. (Economic Policy Institute, 2021; Center for American Progress, 2024). Dado el carácter eurodescendiente y masculino de la clase dominante, y el perfil femenino, afrodescendiente e inmigrante de la clase trabajadora, nuestros sindicatos son cruciales para que estas minorías mejoren sus condiciones de vida.
Democracia. Sin sindicato, el patrono rige unilateralmente; dotados de ese instrumento, las condiciones laborales resultan del diálogo entre trabajadores y patronos. Necesitamos sindicatos democráticos: con líderes electos por su membresía, que rindan cuentas de su desempeño y de las finanzas organizacionales, y que respeten las decisiones de la base. El desarrollo del poder sindical como instrumento del poder de los trabajadores puede culminar en gobernanza compartida (American Association of University Professors, 2024). Similarmente, la sindicalización es compatible con una reforma universitaria que establezca una universidad democrática en la que los miembros de dicha comunidad escojan los directivos, participen de las principales decisiones, como definir las estructuras decisionales, el presupuesto y el currículo.
Mejor universidad. Reiteradamente los estudios demuestran que la sindicalización docente tiende a reducir los gastos administrativos, conseguir mayores asignaciones presupuestarias gubernamentales, aumentar la inversión en enseñanza y aumentar las tasas de graduación (Rhoades, 2011; Schmidt, 2013; Cassell & Halaseh, 2014; Baute, 2020; Maloney, 2023). Las universidades mejoran cuando invierten más en sus docentes, pues las condiciones laborales de estos son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.
Mirando al futuro. La organización sindical siempre es necesaria. Esto es así independientemente del partido de turno (fascista, conservador, progresista…), del tipo de Estado (dictadura, democracia…) y del sistema socioeconómico (capitalismo neoliberal, capitalismo suavizado, socialismo…) que están vigentes.
Ante una dictadura fascista, los sindicatos son cruciales para mejorar condiciones laborales, o al menos para resistir la degradación de las mismas que los patronos pretenden imponer unilateralmente, y para promover la democratización política. Si hay democracia liberal, es imperativo usar los derechos de organizarse sindicalmente para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, para denunciar los límites que el modo de producción capitalista impone a la mejoría en condiciones de vida de las clases trabajadoras y a la democracia, y para promover propuestas de cambio social basadas en la propiedad colectiva y en el poder político de la clase trabajadora. En contextos de socialismo burocrático, los sindicatos pueden fungir como órgano clave para combatir el autoritarismo de los directivos estatales y para impulsar la democratización de la política, la gestión empresarial y la sociedad. Si se lograra el predominio de la propiedad colectiva y del control democrático de la política y de las empresas por parte de sus trabajadores, los sindicatos serían garante de buenas condiciones laborales y servirían de contrapeso a cualquier posible desmán de los gerentes de las empresas, aún si estos son electos democráticamente por los trabajadores en asambleas en la que estos discuten y deciden lo fundamental de la empresa (qué producir, organización del trabajo, presupuesto, duración de la jornada laboral, salarios…).
Por lo tanto, la organización sindical es imprescindible, indistintamente del partido gobernante o del sistema político o económico vigente. Siempre nos corresponde defender los derechos conquistados e intentar conquistar nuevos. Durante los próximos cuatro años enfrentaremos gobiernos de derecha conservadora-neoliberal en PR y de derecha neofascista en Estados Unidos. Es predecible una dura ofensiva patronal. Ante eso, nos toca defender a la UPR y su presupuesto, desarrollar nuestro sindicato y apoyar al comité negociador de la APPU.
Referencias
American Association of University Professors (1940). 1940 Statement of Principles on Academic Freedom. https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure
American Association of University Professors (1993). The status of non-tenure-track faculty. https://www.aaup.org/report/status-non-tenure-track-faculty
American Association of University Professors (2024). FAQ on shared governance. https://www.aaup.org/programs/shared-governance/faqs-shared-governance
Astarita, R. (2023). Discusiones sobre la jornada laboral. Sin permiso. https://www.sinpermiso.info/textos/discusiones-sobre-la-jornada-laboral
Baute, A. (2020). Collective Bargaining and Community Colleges: Faculty Unionization Effects on Student Outcomes. Doctoral Dissertation on Educational Leadership. Indiana State University. https://scholars.indianastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2887&context=etds
California Teachers Association (2018). Unions make a difference in higher education. California Educator. https://www.cta.org/educator/posts/unions-make-a-difference-in-higher-education
Cassell, M. & Halaseh, O. (2014). The impact of unionization on university performance. Journal of Collective Bargaining in the Academy. Vol. 6. https://thekeep.eiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=jcba
Center for American Progress (2024). 4 ways unions make our economy and democracy stronger. https://www.americanprogress.org/article/4-ways-unions-make-our-economy-and-democracy-stronger/#:~:text=Study%20after%20study%20has%20shown,counterbalance%20to%20wealthy%20interest%20groups.
Comisión de Derechos Civiles (1967). La Libertad Académica en la Universidad de Puerto Rico. Revista del Colegio de Abogados y Abogadas, Vol. XXVII, núm. 4. https://cdc.pr.gov/InstitutoDeEducacion/RecursosEducativos/Informes/La%20Libertad%20Académica%20en%20la%20UPR%201967-CDC-006.pdf
Economic Policy Institute (2021). Unions help reduce disparity and strengthen our democracy. https://www.epi.org/publication/unions-help-reduce-disparities-and-strengthen-our-democracy/
Junta de Gobierno UPR (2013). Certificación 52, 2012-2013. https://apicertificaciones.upr.edu/file/download/25392
Maloney, T. (2023). The Effect of University Faculty Unions on Institutional Outcomes. Master’s Thesis in Economics, Miami University. https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/ws/send_file/send?accession=miami1682090412263005&disposition=inline
Martínez, N. (2024). Preocupante: aumenta la deuda de la UPR con su Sistema de Retiro; va por $107 millones. WIPR. https://wipr.pr/preocupante-aumenta-la-deuda-de-la-upr-con-su-sistema-de-retiro-va-por-107-millones/
National Education Association (2023). Higher education faculty pay 2023. A post-pandemic look at faculty salaries. Educator Pay Data. https://www.nea.org/resource-library/educator-pay-and-student-spending-how-does-your-state-rank/he-2023#:~:text=Faculty%20who%20collectively%20bargain%20earn,at%20research%20universities%2C%20it’s%20%246%2C000.
Occupational Safety and Health Administration (2024). OSHA’s 30th Anniversary. https://www.osha.gov/aboutosha/30-years
Rhoades, G. (2011). Faculty Unions, Business Models, and the Academy’s Future. Change: The Magazine of Higher Learning, 43(6). https://doi.org/10.1080/00091383.2011.599299
Rosario, R. (2014). “Las condiciones laborales de los profesores en la universidad contemporánea”. Revista Kálathos, Vol. 7, núm. 2. http://kalathos.metro.inter.edu/archivo.asp?ano=2014
Schmidt, P. (2013). Universities benefit from their faculties’ unionization, study finds. https://psuaaup.net/blog/entry/universities-benefit-from-their-faculties-unionization-study-finds-faculty
U.S. Bureau of Labor Statistics (2024a). CPI Inflation Calculator. https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
U.S. Bureau of Labor Statistics (2024b). Union Member Summary. https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm
Pickett, K. & Wilkinson, R. (2010). The Spirit Level. Penguin Books
El número de niños reclutados por grupos armados en Haití se dispara un 70% en un año, según UNICEF
El ciclo de sufrimiento continúa mientras la violencia armada lleva partes del país al caos
PUERTO PRÍNCIPE/NUEVA YORK, 25 de noviembre de 2024 – El número de niños reclutados por grupos armados en Haití aumentó un 70 por ciento en el último año, según las últimas estimaciones de UNICEF.
El aumento sin precedentes, registrado entre los segundos trimestres de 2023 y 2024, apunta a un empeoramiento de la crisis de protección de los niños en la isla caribeña asolada por la violencia. En la actualidad, hasta la mitad de todos los miembros de los grupos armados son niños.
“Los niños de Haití están atrapados en un círculo vicioso: son reclutados por los mismos grupos armados que alimentan su desesperación, y la cifra va en aumento”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF y Defensora Principal del Comité Permanente entre Organismos para Haití, Catherine Russell. “Esta tendencia inaceptable debe revertirse garantizando que la seguridad y el bienestar de los niños sean una prioridad para todas las partes”.
El aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados se ha visto impulsado por la creciente violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y el colapso casi total de las infraestructuras críticas y los servicios sociales en Haití. A menudo se obliga a los niños a unirse para apoyar a sus familias o se amenaza su seguridad. Muchos son reclutados después de haber sido separados de sus cuidadores, privados de protección y opciones de supervivencia.
Mientras tanto, los niños que viven en las zonas cada vez menos numerosas que quedan fuera del control de los grupos armados suelen ser vistos con sospecha y corren el riesgo de ser tildados de espías o incluso asesinados por movimientos de justicieros. Cuando desertan o se niegan a sumarse a la violencia, su vida y su seguridad corren un riesgo inmediato.
“En muchas partes de Haití, los niños sufren atrocidades que ningún niño debería sufrir jamás, lo que les deja cicatrices psicológicas y emocionales que podrían perseguirlos durante toda la vida”, añadió Russell. “El caos y el horror se han convertido en parte de la vida cotidiana”.
En la capital, Puerto Príncipe, 1,2 millones de niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. Se estima que el 25% de los 703.000 desplazados internos del país (365.000 niños) se encuentran actualmente en la ciudad, viviendo en condiciones muy precarias y expuestos a múltiples amenazas.
En Haití, los ataques sexuales y las violaciones se han vuelto una práctica generalizada. Según la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, el número de niños expuestos a la violencia sexual se multiplicó por diez tan solo este año.
En 2024, UNICEF ha llegado a más de 25.000 personas brindándoles servicios y apoyo relacionados con la violencia sexual y de género, incluida la gestión de casos multisectorial, apoyo psicosocial y sensibilización comunitaria.
En respuesta a la crisis de protección que enfrentan los niños reclutados por grupos armados o en riesgo de reclutamiento en Haití, UNICEF ha capacitado a las fuerzas de seguridad y a organizaciones de la sociedad civil sobre medidas de protección infantil para salvaguardar sus derechos.
Además, UNICEF ha brindado atención provisional a niños previamente vinculados con grupos armados, ofreciendo apoyo psicosocial, alimentos y servicios de búsqueda y reunificación familiar.
UNICEF insta a todas las partes en Haití, incluidas las fuerzas de seguridad y el Gobierno, a:
Priorizar la seguridad y protección de todos los niños y garantizar que sean tratados como niños ante todo, tomando todas las medidas para evitar más asesinatos y lesiones de niños, incluidos los reclutados.
Apoyar la liberación inmediata de los niños reclutados por grupos armados y su entrega inmediata a actores civiles de protección infantil para su recuperación y reintegración.
Garantizar los derechos y la protección de todos los niños de Haití es un elemento central de cualquier agenda presente y futura. Los niños deben estar protegidos del reclutamiento, la violencia sexual y otras formas de violencia, y deben tener acceso seguro a servicios básicos, como educación, salud, nutrición y protección infantil.
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Notas para los editores: El reclutamiento y la utilización de niños por parte de grupos armados, así como la explotación y el abuso sexuales, constituyen graves violaciones de sus derechos. El reclutamiento de niños de cualquier edad en grupos armados constituye una violación del derecho internacional. Todos los niños encontrados durante las operaciones de seguridad deben ser entregados a agentes estatales de protección de la infancia, de conformidad con el Protocolo de Entrega de Niños para la liberación y reintegración de niños asociados a grupos armados, que fue validado por el Estado, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil el año pasado. Esto tiene como objetivo garantizar que los niños real o presuntamente asociados a grupos armados, incluidos aquellos acusados de haber cometido delitos, sean considerados principalmente víctimas de violaciones del derecho internacional o abusos, en lugar de autores de esos delitos, de conformidad con el derecho internacional pertinente.
Fuente de la Información: https://www.unicef.org/press-releases/number-children-haiti-recruited-armed-groups-soars-70-cent-one-year-unicef
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