Por. Roberto Motta Alvarado

Los conflictos entre profesores y maestros con el Ministerio de Educación (Meduca) desde hace décadas acaparan con frecuencia los medios de comunicación hablados y escritos. Las dificultades se dan por la falta de mantenimiento y construcción de las escuelas más la demora en la paga de salarios a los educadores, especialmente a los que trabajan en lugares de difícil acceso. Las deficiencias en los planes de estudio y la mediocre formación de los maestros y profesores agravan la crítica situación educativa panameña, que se hace endémica.

El rechazo de la reforma educativa de finales de la década de 1970 provocó un vacío que todavía no se resuelve y, en consecuencia, carecemos de un sistema educativo que vaya a tono con los cambios tecnológicos del siglo XXI. Los reclamos por mejorar la educación son permanentes, pero nunca se concretan en acciones efectivas. El mediocre rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo los de las escuelas públicas, es notorio y exige respuestas inmediatas.

La problemática educativa demanda que el Meduca proceda con una radical reingeniería humana, administrativa y operativa. La entidad tiene más de 44 mil funcionarios, entre docentes y personal administrativo; del total anterior 13 mil 500 son administrativos y, de ellos, 2 mil son jubilados. La gigantesca burocracia hace que el ministerio sea deficiente e ineficaz en sus procedimientos y acciones a tomar.

La estructura administrativa data de la década de 1960, cuando Panamá no pasaba de un millón 500 mil habitantes; hoy somos más de cuatro millones.

El sentido común indica que es imposible realizar un cambio efectivo en la educación con una estructura obsoleta. Cualquier empresa privada que no se actualice a los cambios tecnológicos actuales fracasa; algo similar debe ocurrir en la administración pública.

La relación profesional y amigable con distintos ministros, me ha ofrecido una panorámica deprimente. Uno me confesó que la planilla del Meduca la llevaba, manualmente, un funcionario miembro del partido político de turno; otro relató que cuando intentó trasladar a la biblioteca a una maestra jubilada, que trabajaba en las oficinas administrativas, esta se negó, pues la Ley Orgánica de Educación la amparaba. He sabido que muchos de los nombramientos de directores y supervisores de las escuelas se hacen o hacían por recomendaciones de los dirigentes magisteriales y políticos.

Años atrás, un asesor del Programa de Reforma Educativa de América Latina me informó que acababa de asesorar al Ministerio de Educación de Colombia y que, de 3 mil o más funcionarios administrativos, los habían reducido a 800.

¿Por qué no es posible hacerlo con 13 mil 500 funcionarios administrativos y 2 mil jubilados que tiene el Meduca?

Podríamos seguir hablando –pero sería de no terminar– de todo lo que se escucha entre corrillos sobre lo que acontece en ese ministerio.

La revolución educativa que requiere Panamá solo es posible si desaparece el clientelismo de los políticos y de los gremios de educadores; si ellos comprenden, de una vez por todas, que la educación debe ser elevada a política de Estado que trascienda los gobiernos. De no hacerse esta reingeniería, urgente y necesaria, todos los demás cambios serán inútiles.

La prioridad de los panameños durante el siglo XX fue la recuperación del Canal; para el siglo XXI debe ser la educación. El reto de la nación panameña, para afrontar los desafíos y oportunidades de la globalización del conocimiento es tener una educación de calidad y pertinencia.

Fuente: http://www.prensa.com/opinion/educacion-futuro-Roberto-Motta-Alvarado_0_4585041632.html

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